Comentario de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Séptima) de 9 de diciembre de 2014, Asunto T-140/13

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1 15/12/ /12/2014 Comentario de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Séptima) de 9 de diciembre de 2014, Asunto T-140/13 Slavka Dimitrova Slavcheva Comentario a la 5ª webcast de la OCDE sobre el Action Plan on BEPS José Carlos Pedrosa López Disponible el public discussion draft de la acción 4 y de la acción 14 del Plan de Acción BEPS José Carlos Pedrosa López JURISPRUDENCIA - UNIÓN EUROPEA Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Séptima) de 9 de diciembre de 2014, Asunto: T-140/13 1 El Tribunal de Luxemburgo confirma la postura de la Comisión y declara el régimen de Tax Lease en la Ley de Impuesto sobre Sociedades española no constitutivo de ayudas de Estado y conforme a las exigencias del mercado interior. Tras la reforma de 2013, el artículo LIS goza de naturaleza general y carácter autónomo frente a la medida sectorial, sujeta de aprobación previa del anterior régimen de arrendamiento financiero. Partes: Netherlands Maritime Technology Association y Comisión Europea Síntesis 2 : Ayuda de Estado - Régimen español de amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero - Decisión que declara no concurrencia de ayuda estatal - Procedimiento de investigación formal no iniciado - Serias dificultades - Circunstancias y duración del examen preliminar - Examen insuficiente e incompleto 1. Comentario En el presente asunto el Tribunal General de la Unión Europea analiza un recurso de anulación interpuesto por la demandante Netherlands Maritime Technology Association ( Asociación marítima holandesa ) contra la Decisión de la Comisión Europea de 20 de noviembre de 2012 que concluye que el régimen español de amortización anticipada del coste de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero no supone ayuda de Estado. Concretamente, en el presente asunto el Tribunal General analiza, a efectos de los artículos Hasta la fecha, el pronunciamiento del Tribunal General es disponible en dos de las lenguas oficiales de la Unión, inglés y francés. 2 State aid Spanish scheme of early depreciation of certain assets acquired through financial leasing Decision finding no State aid Formal investigation procedure not initiated Serious difficulties Circumstances and length of the preliminary examination Insufficient and incomplete examination

2 1 y TFUE, el examen efectuado por la Comisión a través del que declara la no concurrencia de ayuda estatal. Conviene señalar que el presente asunto se sitúa temporalmente en el medio de una reforma del régimen de imposición para los contratos de arrendamiento financiero y, por esta razón es importante tener en cuenta algunas precisiones. El 1 de enero de 2013 con la Ley de 16/2012, de 27 de diciembre, entró en vigor el nuevo régimen fiscal previsto para determinados contratos de arrendamiento financiero, llamado también Tax Lease. Este nuevo régimen se aplica a la adquisición de ciertos activos, entre ellos los buques no construidos en serie y sustituye el anterior Tax Lease que fue objeto de investigación por la Comisión Europea bajo el procedimiento de Ayuda de Estado nº SA El nuevo régimen fue aprobado por la Comisión Europea mediante Decisión de 20 de noviembre de 2012 recaída en el asunto SA sobre la amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero. No obstante, el 8 de marzo de 2013 la Asociación Marítima Holandesa interpone un recurso de anulación ante el TGUE contra la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprueba el nuevo régimen de Tax Lease, alegando infracción del artículo TFUE y del artículo 4, apartados 2 y 3 del Reglamento (CE) 659/1999, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del artículo 108 TFUE. La demandante alega que el examen llevado a cabo por la Comisión sobre el nuevo régimen español de Tax Lease plantea serias dificultades que exigen el inicio del procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 4. 4 del Reglamento. Según la Asociación Marítima Holandesa la existencia de tales dificultades se revela por la evidencia de las circunstancias y la duración del procedimiento preliminar; y, debido a que el examen realizado por la Comisión es, en opinión de la demandante, insuficiente e incompleto. En primer lugar, en cuanto a la alegación de serias dificultades para determinar si la medida constituye o no una ayuda de Estado, el Tribunal General precisa que, aunque la Comisión no tiene margen de apreciación para iniciar el procedimiento previsto en el artículo TFUE, sí que goza de un cierto umbral de apreciación en la investigación y evaluación de las circunstancias del caso a fin de determinar la existencia o no de las serias dificultades. En este sentido, es la demandante la que ha de probar la existencia de dichas dificultades. (FFJJ 44, 26 y 47) En el presente caso, el Tribunal señala que contrariamente a las alegaciones sostenidas por la demandante, la Comisión ha participado activamente en la evaluación del anterior régimen de Tax Lease y ha estado en condiciones para determinar si la medida notificada por España respecto a la reforma en la Ley de Impuesto sobre Sociedades interna sería o no susceptible de producir los mismos efectos que los identificados en el régimen precedente. Es más, la Comisión 3 El 17 de julio de 2013, la Comisión emite su Decisición a raíz del procedimiento Ayuda de Estado nº SA por la que concluye la existencia de ayuda de Estado ilegal. Situación, que implica la devolución de las cantidades recibidas por los beneficiarios del anterior régimen de Tax Lease. Decision C(2011) 4494 final, State aid SA (11/C) (ex NN/11, ex CP 137/06) Tax regime applicable to certain finance lease agreements also known as the Spanish Tax Lease System, (summarised in OJ 2011 C 276, p. 5) 4 Decisión de 20 de noviembre 2012 respecto a las ayudas estatales SA (12 / N), relativa a la aplicación por parte del Reino de España de un régimen fiscal que permite la amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero.

3 recoge en la Decisión impugnada no solamente las características del nuevo Tax Lease, sino que también especifica cómo la medida notificada difiere del régimen anterior. En cuanto a la duración del examen preliminar, el Tribunal General determina que, a pesar de que la Comisión sobrepasó el plazo necesario para completar dicho examen, esta circunstancia solo puede consistir un indicio de graves dificultades si así lo admite la concurrencia de otros factores. (FFJJ 64, 65 y 67). En el presente asunto, según el Tribunal, no se aprecian factores adicionales que permitan determinar las graves dificultades de apreciación de la Comisión. Ciertamente, la razón por la que la duración del examen preliminar no ha de parecer excesiva radica en la falta de claridad de la medida notificada por España. Esta situación se desprende de las sucesivas propuestas de reforma del régimen y continúas aclaraciones por parte de España durante el año 2011 y Por tanto, el tiempo que la Comisión tuvo que dedicar al estudio de la documentación proporcionada no puede ser indicativo de graves dificultades experimentadas por esta Institución. Tampoco el Tribunal General admite las alegaciones de la demandante de que las serias dificultades de apreciación derivan de la complejidad que mostraba el contenido del dialogo entre la Comisión y España durante el examen preliminar, puesto que, en opinión del Alto Órgano, la naturaleza técnicas de los asuntos a tratar así lo exigían. Por tanto, el Tribunal General aprecia que las circunstancias que rodearon la marcha de la tramitación y su longitud no son suficientes por sí solas para indicar la existencia de graves dificultades que habría obligado a la Comisión de incoar el procedimiento de investigación previsto en el artículo TFUE. (FJ 76) En relación a las alegaciones de la Asociación Marítima Holandesa de que la medida notificada era insuficiente e incompleta y que, por ello, constituye una prueba de la existencia de serias dificultades, es preciso señalar que la demandante invoca una serie de argumentos en este sentido que el Tribunal General examina por separado y, finalmente, no admite ninguno de ellos. En primer lugar, frente a las alegaciones de la demandante de que la Comisión no evaluó los efectos de la medida notificada en su contexto, el Tribunal precisa, al contrario, que la Comisión examinó efectivamente todas las disposiciones de la dicha media y reflejó posteriormente las conclusiones de su análisis en la Decisión impugnada. Asimismo, el Tribunal tampoco acepta la circunstancia invocada por la Asociación Marítima Holandesa de que la Comisión no presta suficiente atención a la cuestión de si la medida confiere de facto una ventaja selectiva. El Alto Órgano señala que las ventajas resultantes de una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos no puede constituir una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE. Efectivamente, de la Decisión impugnada de la Comisión se desprende claramente que el nuevo régimen notificado por el Estado español es una medida general, aplicable a todas las empresas que están sujetas al impuesto sobre la renta en España; y que según la lógica interna del sistema fiscal dicho régimen presenta ciertas particularidades en los supuestos de adquisición de activos a través de un contrato de arrendamiento financiero. Al Respecto, el Tribunal General concluye que la Comisión examinó debidamente la cuestión de si la medida notificada contiene un elemento de selectividad, razón por la que, contrariamente

4 a lo afirmado por la demandante, el examen efectuado por aquella institución no puede ser calificado de insuficiente. (FJ 92) También por razones de lógica interna del sistema fiscal interno determinadas por la Comisión en su examen, el Tribunal inadmite las alegaciones de la demandante de que la medida notificada es selectiva debido a que restringe la posibilidad de amortización anticipada solo a determinados activos, concretamente, los que están en estado de construcción. Según el Tribunal, esta es una exigencia de la coherencia del sistema fiscal interno que da respuesta a la necesidad de cubrir el coste de prefinanciación durante el periodo de construcción del buque. Al igual, puesto que el artículo de la LIS, objeto de examen por la Comisión, se refiere únicamente a los contratos de arrendamiento financiero, no procede imputar a esta Institución un análisis parcial de la medida, contrariamente a las pretensiones sostenidas por la Asociación Marítima Holandesa. Finalmente, debido a que la demandante tampoco ha demostrado las graves dificultades en las que se encontró la Comisión en su examen preliminar de la medida notificada, el Tribunal General concluye desestimando el recurso de anulación por infundado y condenar a costes la Asociación Holandesa. Por último, conviene señalar que el pronunciamiento del Tribunal General es recurrible en última instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión. 2. Antecedentes y explicación del régimen de Tax Lease aplicable La Netherlands Maritime Technology Association es una asociación que representa los intereses de los astilleros holandeses. En 2006 dicha asociación, junto con otros representantes de los astilleros holandeses, presenta ante la Comisión una denuncia en contra del régimen fiscal español de amortización anticipada Tax lease, que promueve la construcción de buques en astilleros españoles. Según los denunciantes, este régimen permite asegurar una rebaja entre 20 y 30% en el precio de construcción de buques. El 29 de junio de 2011 la Comisión Europea inicia, a través de la correspondiente Decisión (Decisión de incoación), el procedimiento de Ayuda de Estado nº SA previsto en el artículo TFUE contra el régimen fiscal aplicable en España a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, también conocido como el sistema español de arrendamiento fiscal. Este régimen fiscal se refiere a un conjunto de reglas y acuerdos que envuelven a varias partes para, en el caso concreto, la construcción de un buque. De acuerdo con la Decisión de incoación de la Comisión, entre las partes intervinientes una compañía naviera, un astillero, un banco, varios inversores y una sociedad de leasing, se suscriben varios acuerdos. En primer lugar, la empresa naviera que desea comprar un barco tomará ventaja del régimen fiscal español de Tax Lease al adquirir el bien del astillero por el precio neto del barco en virtud de un acuerdo de pago en cuotas periódicas suscrito entre ambas partes.

5 Por su parte y a efectos de la rebaja fiscal, la empresa naviera se compromete a no comprar el barco directamente desde el astillero, sino mediante una Agrupación de Interés Económico 5 creada por el banco interviniente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español. El banco, a su vez, introduce una sociedad de leasing a efectos de firmar un contrato para la compra del buque del astillero a un precio bruto. Este contrato reemplaza el inicial acuerdo. Entonces, la empresa leasing arrienda el buque a la Agrupación, permitiendo a sus miembros inversores que a efectos del Tax Lease deduzcan de su base imponible las cuotas pagadas a la empresa de arrendamiento. En cuanto a los pagos regulares, el contrato de arrendamiento entre la empresa leasing y la Agrupación establece una cuota adicional que constituye la rebaja obtenida en régimen de Tax Lease y que es la diferencia entre el precio neto establecido en el contrato inicial y el precio bruto efectivamente pagado por la empresa de leasing al astillero. Al final del contrato de arrendamiento, que es a corto plazo, no superior a los 4 años, la Agrupación se compromete a comprar el buque de la empresa de leasing. Después, el barco se revende, como en el principio se acordó, a la empresa de transporte por el precio neto en virtud de un contrato de fletamento a casco desnudo. De acuerdo con la Decisión de incoación de la Comisión, mediante este régimen de Tax Lease, se obtienen ventajas fiscales dentro de la Agrupación que después son distribuidas entre las partes interesadas. Esto es así debido a varios argumentos: Régimen español antes de la reforma por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre En primer lugar, de acuerdo a las normas contables españolas, los costes derivados del uso de un activo no deben ser influenciados por su modo de financiación y, por tanto, los activos arrendados han de apreciarse en la misma forma que los activos que se financian de cualquier otra manera. No obstante, el artículo 115 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades de 2004, objeto de disputa en el presente asunto junto con otras normas, trata el régimen fiscal de determinadas operaciones de arrendamiento financiero. En su apartado 6 el citado precepto permite la amortización acelerada, de entre tres a cuatro años, para los pagos realizados conforme arrendamiento financiero, posibilitando de esta forma, que se deprecie un buque a efectos fiscales más rápido que su desgaste real. Además, el artículo de la LIS de 2004 permite el adelanto de la depreciación del activo incluso antes de que el mismo entre en funcionamiento, es decir, con el comienzo de la construcción. Esta posibilidad de amortización anticipada a disposición a las Agrupaciones de Interés Económico está sujeta a autorización previa del Ministerio de Economía español en virtud del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de Asimismo, la amortización acelerada aumenta los costes de la Agrupación y crea pérdidas que los inversores pueden deducir de sus bases imponibles. También disminuye artificialmente el valor fiscal del buque en comparación con su valor real. Esta ganancia de capital asciende a un 5 La Agrupación de Interés Económico es una estructura fiscal transparente que agrupa a varios inversores que son los principales sujetos pasivos a efectos fiscales. Las pérdidas y las ganancias realizadas por la Agrupación se reparten entre sus miembros de forma proporcional según sus participaciones

6 pasivo oculto que, de acuerdo con las normas sobre el impuesto de sociedades, es imponible si el buque se revenda. Por otra parte, antes de la reventa del barco a la compañía naviera, la Agrupación, de conformidad con el contrato de fletamento a casco desnudo, solicita autorización a las autoridades fiscales para poder optar entre el sistema de impuesto de sociedades y el sistema de tributación del tonelaje previsto en los artículos 124 y 128 LIS. Este sistema prevé la tributación de las actividades relacionadas con el transporte marítimo basado en el tonelaje de los buques y sustituye el habitual impuesto de sociedades. En relación con lo anterior, pese a que el artículo de la LIS regula la tributación de las plusvalías realizadas cuando se revende un recipiente y dispone que la tributación de las plusvalías obtenidas de la venta de los buques sean sometidas al régimen del impuesto sobre el tonelaje, tratando estas ganancias como el resultado de la excesiva amortización realizada antes de que los buques entren en este sistema; este precepto no se aplicará si el buque fue adquirido en virtud de un contrato de arrendamiento financiero aprobado previamente por la autoridad tributaria en virtud del artículo de la LIS. Dicho buque se considera nuevo, independientemente si ya se ha utilizado o si ya ha sido amortizado y el cambio al sistema de impuesto sobre el tonelaje permite a la Agrupación evitar los impuestos sobre la plusvalía del buque sobre-depreciado. Estas disposiciones en su conjunto posibilitan que la Agrupación por un lado crea pérdidas que sus inversores pueden deducir de sus bases tributarias y, por otro lado, evitar los impuestos sobre las plusvalías del buque sobre-depreciado. La combinación de estos efectos admite asegurar una ganancia fiscal correspondiente a aproximadamente el 30% del precio bruto pagado por la empresa leasing al astillero. Esta ganancia se reparte después entre los miembros inversores de la Agrupación (10-15%) y la compañía naviera (85-90%). La Comisión considera, tras su investigación, que las ventajas que se deriven del régimen de amortización recogido en la LIS constituye ayudas de Estado en el sentido del artículo TFUE a favor de las partes involucradas en el esquema de arrendamiento de buques. No obstante, en mayo de 2012 España notifica a la Comisión una versión modificada del artículo de la LIS y presenta información adicional al respecto en los meses de julio, agosto y septiembre del mismo año. Durante el examen llevado a cabo por parte de la Comisión respecto a la medida notificada, Netherlands Maritime Technology Association solicita información sobre el progreso de aquel examen y señala que debe darse oportunidad a las terceras partes de presentar observaciones al respecto. Consecuentemente, mediante su Decisión de 20 de noviembre 2012, la Comisión considera que la medida notificada no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo del TFUE y, por tanto, es compatible con el mercado interior. La Comisión constata la aplicación opcional del nuevo artículo de la LIS y la no sujeción de dicho régimen fiscal a autorización previa por parte de las autoridades fiscales, siendo suficiente la mera notificación. También, la Comisión señala que la medida no favorecía determinadas empresas o sectores de actividad, sino que sometía a imposición a todas las empresas sujetas al impuesto sobre la renta en España. Asimismo, la Comisión considera que las restricciones de la medida notificada relativas a la sujeción de la amortización anticipada a ciertas condiciones son justificadas por razones de la naturaleza y la lógica interna del sistema fiscal español, debido a que tienen por objeto limitar

7 la posibilidad de amortización anticipada en los casos en los que se requiere al arrendatario la prefinanciación del activo, asumiendo el costo financiero del mismo antes de que entre en funcionamiento. Finalmente, la Comisión observa en su Decisión que las condiciones impuestas por la medida notificada gozan de un grado suficiente de precisión y objetividad para impedir una aplicación discrecional o discriminatoria por parte de las autoridades fiscales nacionales. Contra la Decisión de la Comisión, la parte demandante interpone un recurso de anulación, alegando que la Comisión incumplió el artículo 108 TFUE, apartado 3, y el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) del Consejo nº 659/1999. A este respecto, la demandante sostiene que existen pruebas suficientes de la existencia de serias dificultades para evaluar la medida propuesta, debidas a las circunstancias del caso y la insuficiente e incompleta naturaleza del examen de oficio llevado a cabo por la Comisión durante la fase preliminar. Por consiguiente, la demandante considera que la Comisión no pudo concluir correctamente, de conformidad con su examen preliminar, que la medida controvertida no fuese una ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. La demandante precisa que la Comisión no tenía otra opción que incoar la fase preliminar de examen prevista en el artículo 108 TFUE, apartado Recurso de anulación La parte demandante solicita al Tribunal General que: Anule la Decisión de la Comisión Europea de 20 de noviembre de 2012 respecto a la ayuda de estado SA.34736, relativa a la Amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 13 de diciembre de 2012 (DO 2012, C 384, p. 2). Condene en costas a la parte demandada. 4. Fallo 6 EL Tribunal General (Sala Séptima) decide: 1. Desestimar el recurso por infundado; 2. Ordenar a Netherlands Maritime Technology Association cargar con sus propias costas y con las efectuadas por la Comisión Europea; 3. El Reino de España cargará con sus propias costas. Slavka Dimitrova Slavcheva 6 The General Court (Seventh Chamber) hereby: 1. Dismisses the action as being unfounded; 2. Orders Netherlands Maritime Technology Association to bear its own costs and to pay those incurred by the European Commission; 3. Orders the Kingdom of Spain to bear its own costs.

8 ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES INTERNACIONALES - OCDE Comentario a la 5ª webcast de la OCDE sobre el Action Plan on BEPS La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 7 (OCDE) ha instaurado un sistema de conferencias on-line (webcast) que versan sobre aspectos relevantes del Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 8 (BEPS). Las webcasts que se emiten con carácter eventual en consonancia con los avances e informes publicados sobre el proyecto BEPS, permiten a la audiencia interesada tanto escuchar las explicaciones de las diferentes acciones como formular alguna cuestión al respecto. El pasado lunes 15 de diciembre se emitió la quinta webcast (no obstante la conferencia puede ser visionada en la web de la OCDE 9 ) en la que principalmente se destacaron los siguientes aspectos: Para situarse en el proyecto BEPS se mencionaron las acciones que ya han publicado su informe final (deliverable por su término en inglés), al margen de que durante este año 2015 puedan sufrir alguna modificación o complementación por las acciones que se encuentran actualmente en fase de estudio y desarrollo. En concreto se centraron en analizar brevemente las recomendaciones y medidas que durante este año se van a proponer. Así pues, por un lado se hizo referencia a los aspectos más notables y a las primeras evaluaciones sobre los cambios en la economía digital, respecto la acción 2 hybrid mismatch arrangements concluyeron que sobre todo hay analizar su interacción con la acción 3 strengthen CFC Rules y también comentaron la necesidad de precisar el contenido de la cláusula de limitación de beneficios (por su siglas en inglés LOB) de la acción 6, así como cuáles son los estándares mínimos que se deben implementación. Por otro lado, se remitieron a la importancia del régimen patent box de la acción 5 y a la importancia de mejorar la transparencia entre los Estados para la eliminación de regímenes preferenciales. Asimismo, respecto la acción 13 transfer pricing documentation and country by country reporting se manifiesto la publicación de una guía en el mes de febrero de Los responsables del proyecto agradecieron el apoyo prestado desde el primer momento del proyecto por el denominado Grupo G20. Destacaron la cumbre de Cairns 10 del septiembre de 2014 y sobre todo la cumbre de los líderes del G20 que tuvo lugar en Brisbane el 15 y 16 de noviembre de 2014, donde se expresó el máximo apoyo y compromiso para alcanzar los objetivos del proyecto durante el En segundo lugar, otro de los temas tratados fue la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones con los países en vías de desarrollo involucrándoles en los objetivos del proyecto

9 Acto seguido se centraron en las acciones sobre las que se van a emitir su informe final durante este año El responsable el correspondiente expuso el contenido de la acción, las principales cuestiones que suscitan, cómo van a ser abordadas y cuáles son los plazos de tiempo. Respecto a la acción 7 articial avoidance of Permanent establishment status. Marlies de Ruiter se remitió en primer lugar al borrador publicado el 31 de octubre de el cual propone cambios específicos en el Modelo de Convenio de la OCDE 12 (MC OCDE) y la aportación de comentarios para clarificar la atribución correspondiente de beneficios. Para evitar la erosión de las bases imponibles también manifestó la necesidad de incorporar cambios en la definición del término establecimiento permanente que se regula en el artículo 5 del MC OCDE y detallar el tratamiento y tributación sobre las ventas y acuerdos realizadas bajo la figura del comisionario, en relación a su conducta, riesgos, acciones que desarrolla y capacidad para trabajar en su nombre pero a cuenta de la entidad extranjera. Expone las 4 alternativas presentadas para asegurarse que existirá un establecimiento permanente donde la actividad ejercida por medio de un intermediario diferente de una agente independiente es el resultado de una serie de contratos con la entidad extranjera. Posteriormente, Achim Pross, reveló otro de los aspectos fundamentales de esta webcast, la nueva acción 4 limit base erosion via interest deductions and other financial payments. Esta acción se centra principalmente en el desarrollo de una serie de recomendaciones para diseñar normas que eviten la erosión de las bases imponibles por medio de la generación excesiva del pago intereses y su tratamiento como gastos deducibles. Pone de manifiesto la necesaria reacción para evitar situaciones de operaciones que se centran en la generación excesiva de deuda entre partes vinculadas con la intención de que las entidades puedan deducirse cuantías elevadas a modo de intereses, así como el uso de otros pagos económicos asimilables a los intereses. La acción trata de dar respuesta tanto a estas operaciones que pueden alcanzar situaciones hasta de doble no imposición como a un cúmulo de cuestiones conceptuales para distinguir un interés de un pago económicamente equivalente, la proposición de normas a adoptar, la opción de adoptar un umbral para considerar que es interés o no lo es, el tratamiento de la no deducibilidad del interés y la doble imposición, etc También propone dos métodos diferentes, así como la combinación de los mismos, para limitar la deducibilidad de los intereses y así evitar la erosión de las bases imponibles. El group-wide test y el fixed ratio test. Así como la proposición de normas que permitan el grado de deducibilidad en comparación de su posición con el grupo, normas anti- elusión que denieguen la deducción de intereses en determinadas operaciones. Así como, retenciones en los pagos de los intereses en el Estado de la fuente y comparativas de deducibilidad en base al arm s length test como si fuesen entidades independientes

10 Por último, desde una perspectiva más sosegada Sra. de Ruiter, expuso la acción 10 cuya rúbrica es low- value adding services haciendo referencia en un primer momento al discusión draft que se publicó el 3 de noviembre de Esencialmente, las propuestas tratan de reducir la erosión de las bases imponibles eliminando la posibilidad de atribuir excesivos gastos de gestión y gastos a la sede central. La acción 15 develop a multilateral instrument no deja de ser el punto de confluencia de la gran mayoría de las acciones del proyecto BEPS. A pesar de que en septiembre 2014 se publicó un informe 14 sobre el desarrollo del instrumento multilateral que ponía de manifiesto que este es factible y deseable, todavía quedan muchas acciones que de un modo u otro han de tener cabida en el mismo. No obstante, tal y como Raffaele Russo puso de manifiesto el contenido del mismo aún no está redactado, aunque está previsto que en enero de 2015 el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE analice el borrador de dicho texto. Así pues, el contenido se centra en el contexto y ámbito del instrumento, las modificaciones necesarias en los convenios bilaterales y los requisitos fundamentales en relación al convenio multilateral. Ante este panorama se corrobora los avances imparables del proyecto BEPS sobre las economías domésticas. Además, en relación a algún aspecto que parecía que estaba siendo un poco olvidado, como la importancia que se le había otorgado a los países en desarrollo, parece que poco a poco también sí que se tienen en cuenta a la vez que van asumiendo algún protagonismo en este plan de acción contra la erosión de las bases imponibles y la deslocalización de los beneficios hacia territorios de nula o baja tributación. José Carlos Pedrosa López Disponible el public discussion draft de la acción 4 y de la acción 14 del Plan de Acción BEPS El pasado 18 de diciembre la OCDE publicó el borrador de la acción 4 que trata de evitar la erosión de las bases imponibles a través de la excesiva deducibilidad de los intereses y de otros pagos financieros. El borrador está disponible en la página web de la OCDE. Se puede acceder al mismo a través de: Asimismo, también publicó el public discussion draft de la acción 14 que trata de mejorar la eficacia del procedimiento amistoso denominado por su terminología inglesa mutual agreement procedure (MAP). Del mismo, modo trata de ofrecer otros mecanismos para la resolución de conflictos entre Estados que puedan surgir a consecuencia de la incertidumbre de alguna de las acciones del Plan de Acción BEPS

11 También trata de examinar la posibilidad de complementar el actual procedimiento amistoso previsto en el artículo 25 del Modelo de Convenio de la OCDE con la introducción de un nueva cláusula de arbitraje vinculante. El borrador está disponible en la página web de la OCDE. Se puede acceder al mismo a través de: José Carlos Pedrosa López

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