PROPUESTA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Transcripción

1 A los candidatos presidenciales y a parlamentarios PROPUESTA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL (11 de julio 2013, Día del Periodista) Los estudios y debates realizados por los integrantes del Colegio de Periodistas de Chile, sus acuerdos tomados en diferentes instancias durante varios años, incluidos los últimos Congresos de la orden, han proporcionado las bases de la propuesta que presentamos ahora públicamente que contienen nuestros criterios de lo que debieran ser las políticas públicas en el área de la comunicación social y la información para favorecer el desarrollo de la sociedad chilena en su conjunto. Estas propuestas se hacen cargo igualmente de los diagnósticos y pronunciamientos de organizaciones representativas de la sociedad civil y de los movimientos sociales sobre las profundas deficiencias de la democracia en Chile, que nos remiten a un orden institucional excluyente que refleja el predominio absoluto del mercado, generando desigualdad, escaso pluralismo y afecta profundamente la participación ciudadana. Los derechos humanos no alcanzan aún plena realización y vigencia en nuestro país. Las áreas de la comunicación social y la información reflejan cabalmente esta situación. Por ello, el Colegio de Periodistas de Chile se hace parte de la lucha por un profundo cambio de la actual institucionalidad, sobre la base de una nueva Constitución que debe ser generada democráticamente a través de una Asamblea Constituyente y de mecanismos de participación y consulta de la ciudadanía.

2 Dado el importante desarrollo que tiene el movimiento social en Chile a la hora actual, se hace visible que el Estado no ha tenido una clara política pública en el área de la comunicación y la información, y al contrario, han sido las grandes empresas mediales y de telecomunicación las que se han apropiado de estos espacios, en desmedro de los intereses de la población. Este escenario negativo dentro del contexto de la sociedad de la información es un contrasentido y debe ser severamente corregido en beneficio del desarrollo democrático. DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y A LA INFORMACIÓN La nueva Constitución debe consagrar el Derecho a la Comunicación, en el marco de una concepción integral de los derechos humanos que va más allá de los derechos individuales, y resulta esencial para consolidar los derechos humanos de segunda y tercera generación, sobre todo en las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales. El Derecho a la Comunicación e Información está constituido por un conjunto de derechos que permiten a las personas, en todas partes, expresarse tanto como individuos como en forma colectiva mediante todos los medios de comunicación para mejorar sus condiciones de vida. El Derecho a la Comunicación e Información es vital para la participación plena en la sociedad y es, por lo tanto, un derecho humano universal que le pertenece a toda persona: mujer, u hombre, independiente de su edad. El Derecho a la Comunicación e Información incluye la libertad de expresión, la libertad de buscar, recibir e impartir información y conocimiento. Pero también añade a estas libertades los conceptos de accesibilidad, participación y diversidad étnica y cultural, tanto para los individuos como para las comunidades. El Derecho a la Comunicación e Información incluye la democratización de los medios, protección de los medios de comunicación tradicionales, derechos lingüísticos, y el derecho a gozar de los frutos de la creatividad humana. La nueva institucionalidad debe propender a un empoderamiento de la sociedad civil en que el ejercicio del Derecho a la Comunicación no esté subordinado al Estado ni a las llamadas leyes del mercado. La diversidad política y cultural en la propiedad y orientación de los medios de comunicación es esencial para estos efectos. Por tanto, la futura Constitución debe prohibir los monopolios y oligopolios comunicacionales, sean de signo privado o estatal. En el ámbito específico de nuestra profesión, el Colegio de Periodistas considera esencial la existencia de políticas públicas que garanticen el Derecho a la Información. Este principio está fundado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, unido al derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento, de manifestar creencias y recibir los aportes que genera la actividad científica, artística, política, cultural, tal como se observa en los artículos 18,19 y 27 1 de dicha Declaración. 1 Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

3 Desde la recuperación democrática (1990), el sistema medial chileno ha funcionando bajo las condiciones del mercado de la información y de la entretención, generando una gran insatisfacción en amplios sectores de la población que no se sienten identificados con la actual cobertura. Tanto la sociedad civil como el Estado han tenido una escasa participación en lo que está configurado en la actualidad. Es el mercado, como sistema con serias deficiencias, el que ha regulado toda la producción y el consumo de la información que circula por los medios masivos y sin que los consumidores o perceptores tengan alguna real injerencia para corregirlo. La alta concentración en la propiedad de los medios de comunicación, en manos de grandes consorcios privados nacionales y extranjeros, impide o dificulta severamente que los ciudadanos ejerzan su derecho a ser adecuadamente informados, con respeto a la diversidad de puntos de vista y con independencia los intereses de los escasos dueños de los principales medios y sus avisadores. DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA MEDIATICA EN CHILE Chile presenta hoy uno de los mercados de medios de comunicación menos regulados del mundo, lo cual posibilita un acelerado proceso de concentración, tanto en la prensa escrita, como en la televisión, la radiodifusión y en el ámbito de las empresas de telecomunicaciones distribuidoras de contenidos. Al duopolio de la prensa escrita se sumó en los últimos años la penetración del grupo extranjero Prisa en la radiodifusión, mientras conglomerados empresariales locales (grupos Luksic, Falabella y Saieh) controlan la televisión abierta (universitaria y pública en sus orígenes). Esta estructura de propiedad de los medios genera una industria cultural con poca variedad de voces, con agendas temáticas concentradas en escasos temas y con poco valor informativo. La televisión abierta particularmente se ha concentrado en programas de entretención, de farándula, de reality y en general ocupa poco tiempo en aportar elementos para que la población y los ciudadanos puedan conocer mejor su entorno, la actualidad, los intereses en juego, formarse opinión y tomar decisiones. Los contenidos de la industria televisiva se estructuran sobre la base del rating y el avisaje publicitario. Internet y su desarrollo junto a las telecomunicaciones y la cibernética están produciendo cambios sustantivos en la forma de gobernar y de ser gobernados, en la manera de relacionarnos, en la velocidad y los volúmenes de información que circula, en el paso de una estructura pasiva de las audiencias a otra de carácter interactivo. Se ha abierto paso la multimedialidad que es a la vez un instrumento que mejora la comunicación, pero que también ha contribuido en muchos casos al aumento de la concentración de la propiedad de los medios. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

4 Las principales características actuales del sistema medial chileno son: 1.-Concentración en pocos grupos económicos de los principales canales de difusión en los diarios, radios y en la televisión. Los actuales métodos de medir el tiraje de los diarios, la audiencia de las radios y de la televisión no son enteramente fiables, lo que hace poco transparente todo el mercado de la publicidad, que es la base del financiamiento de todo el sistema. 2.-Baja exigencia de los públicos por cambiar la oferta de los medios a quienes se les ha ido acostumbrando a la información chatarra. Se ha desarrollado, con sobradas razones, más el derecho a la educación en la población chilena que el derecho a una información de calidad, fiable, oportuna y gratuita, la que sin duda forma parte también del proceso de formación del conjunto de la población. 3.-La agenda temática de los medios es reducida a pocos temas, pocos actores, escasas fuentes y casi nula contrastación de fuentes, lo que genera baja calidad de la información periodística. 4.-Una oferta basada en la dinámica del mercado donde en general la calidad de la información es incompatible con los costos, predominando la emoción y la entretención, el impacto, el morbo, el crimen despiadado por sobre la entrega de datos, de información útil a la población. A este fenómeno de espectacularización de los contenidos y formas de los mensajes en los medios se le denomina la industria cultural. Esta industria debe ser más regulada para que se modifiquen algunas conductas no deseadas y se dé paso a las expresiones culturales y políticas más diversas. La televisión abierta, principal canal de difusión, está dominada por la farándula, la ficción, los reality, los docureality, reduciendo los espacios para la cultura, la educación y la información de calidad. Escasean los espacios de debates de ideas y opiniones, los reportajes de calidad, casi no hay periodismo interpretativo y de opinión en los canales de televisión y se desconoce lo que ocurre en el mundo y en Latinoamérica. La nueva ley que se discute en el Congreso (Senado actualmente) pretende entregar nuevas concesiones para la televisión digital a los mismos actuales operadores y dejar fuera a nuevos emisores que pueden darle más diversidad a la oferta televisiva que multiplica por cuatro las actuales señales. 5.-El canal nacional de televisión (TVN) opera con las reglas del mercado para autofinanciarse, debilitando o anulando y distorsionando su verdadera misión de canal público, que debiera aportar a la cultura y a la información, lo que afecta la totalidad del sistema medial. La Empresa Periodística La Nación S.A., cuyo socio mayoritario es el Estado, está en liquidación y sólo sobrevive un portal en internet de incierto destino. 6.-La pluralidad y la diversidad de voces es escasa en el plano ideológico, político, editorial y cultural. En democracia actualmente hay menos circulación de medios escritos que los que había en los últimos años de la dictadura militar. 7.-El sistema medial chileno está usando las nuevas tecnologías de la infocomunicación de manera intensiva aunque no siempre de manera apropiada para generar participación o memoria histórica. La industria mediática avanza rápidamente hacia la convergencia medial (radio, TV, impresos e internet), poniendo nuevas exigencias laborales a los periodistas sin que mejoren sus condiciones laborales y aumentando la concentración de la propiedad, ahora en un sentido

5 transversal. Desde este punto de vista estamos frente a un sistema medial actualizado y con claras ideas de cómo aumentar el negocio, pero sin compromiso con la calidad y con baja responsabilidad social empresarial. 8.-La digitalización de la información ha permitido facilitar la entrega de servicios del Estado a la población, como es el caso de Impuestos Internos, Registro Civil y muchos servicios del Estado que operan diversas prestaciones por esta vía. Esto facilita también el diálogo entre autoridades y sociedad civil. No obstante hay mucho camino que mejorar en este ámbito. PROPUESTAS CONCRETAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN La superación y el mejoramiento de estas condiciones descritas son necesarios para profundizar la democracia. Estamos convencidos de que es posible mediante una política de Estado bien establecida lograr esta ampliación de la participación en la toma de decisiones, con la participación activa de la sociedad civil y de los periodistas. Propiciamos las siguientes decisiones: 1. En la nueva Constitución se debe incorporar el Derecho a la Comunicación y aludir expresamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho a la información y donde el Estado debe garantizar la libre circulación y expresión de todas las personas y organizaciones en la entrega, circulación y recepción de información. Los periodistas deben tener acceso efectivo a las fuentes de información, sin discriminación entre el sector público o privado (empresas) para que la población disponga de ellas. Se debe dar cabal cumplimiento al artículo 9º inciso II de la Ley de Prensa, sobre la obligación de los medios de comunicación de mantener a disposición del público y de las autoridades información fidedigna acerca de sus propietarios, controladores directos o indirectos, arrendatarios, comodatarios o concesionarios. Además se debe legislar para transparentar los intereses económicos de los propietarios o controladores de medios de comunicación en otros sectores, con el propósito de que las audiencias conozcan sus eventuales conflictos de intereses, así como fuentes de financiamiento ajenas a los ingresos publicitarios. El Estado a través de la Ley de Transparencia debe informar de los gastos comunicacionales de cada organismo público en medios de comunicación masivos y en campañas públicas. El Estado debe garantizar la distribución pluralista de la publicidad estatal, a través de acuerdos con los gobiernos regionales y las instituciones públicas del Estado. El Estado debiera asignar avisos pagados de sus actividades, donde se incluya a los canales pequeños de manera que les ayude a cumplir su labor local, provincial o regional. Es necesario modificar al Fondo de Medios Regionales para el aumento de sus recursos y de los tipos de proyectos a considerar, teniendo como objetivo central la creación de medios de comunicación independientes en las regiones. 2. Que la Constitución y las leyes reconozcan la existencia de tres clases de medios de comunicación social: a.- Los medios públicos: corresponden a un área pública, de propiedad estatal, y deben garantizar una información oportuna y útil para la sociedad. Actualmente están en esta área TVN y LA NACION, y podría haber otros medios de semejante naturaleza que, asumiendo la

6 multimedialidad, dieran lugar a una Radio, Televisión y prensa Nacional, de carácter público, autónomo de los gobiernos de turno. b.- Medios comerciales: corresponden al área privada, dedicada a comercializar sus productos y servicios, tal como operan en la actualidad. c.- Medios sin fines de lucro: Configuran una tercera área, de carácter social, en donde diversas organizaciones de la sociedad civil participen de los procesos de emitir, difundir y captar información y entretención y en tal sentido pueden optar a subvenciones del Estado. 3. A nivel constitucional y en concordancia con los principios del sistema internacional de derechos humanos, se prohibirá la existencia de monopolios y oligopolios de medios de comunicación, sean estatales o privados. 4. En el marco de una nueva Constitución, propiciar una Ley Orgánica de las Comunicaciones que absorba la dispersa legislación actual y propicie las políticas e institucionalidad que hagan posible el ejercicio del Derecho a la Comunicación y a la Información. 5. La nueva institucionalidad requerirá de nuevos organismos estatales que garanticen la democratización de las comunicaciones al servicio de la sociedad, tanto gubernamentales como autónomos. Se propone crear un Ministerio de la Comunicación Social que diseñe y ejecute las políticas en este ámbito. Al mismo tiempo, debe existir un ente autónomo cuya función principal sea garantizar el acceso equitativo a los servicios de radio y televisión, que cree una Defensoría de la Audiencia con financiamiento estatal, dotada de autonomía, que actuará en coordinación con universidades y otras entidades representativas de la sociedad civil que actúan en este ámbito. 6. La nueva Constitución debe proclamar el principio de que el espectro electromagnético es un patrimonio común de la humanidad y que el Estado debe garantizar la asignación de las frecuencias con un fin social, al margen de las presiones del mercado y de acuerdo a las tres clases de medios de comunicación. Debe introducir los principios de acceso equitativo mediante concurso y de reserva de espectro para los medios públicos y sin fines de lucro. No podrán transferirse las concesiones de radio y televisión. 7. Dotar a Televisión Nacional de un nuevo estatuto, que permita cumplir las finalidades de una televisión pública, que termine con el autofinanciamiento total y disponga de recursos para realizar programas no necesariamente de alto rating, y que se orienten al arte, la educación y el fomento del conocimiento científico. La modificación a la Ley de TVN debiera considerar un subsidio estatal para producción cultural y pluralismo político, social, de género y de pueblos originarios, que refuerce la autonomía de este canal respecto del Gobierno. 8. Disponer de un Fondo del Desarrollo y Fomento de la Información Periodística en que profesionales del área y personas de la sociedad civil puedan hacer reportajes que aporten datos, explicaciones, descripciones sobre diversos temas de interés general: alternativas energéticas para Chile, desarrollo de las provincias y regiones, información sobre la salud, sobre las drogas, los transgénicos, debate sobre la ingeniería genética, cómo funcionan los sistemas sociales y políticos en otros países de América Latina. Garantizar la publicación y la difusión de estas producciones en diversas plataformas para que los beneficios de este esfuerzo sean ampliamente compartidos.

7 9. Los medios de difusión, cualquiera sea su naturaleza, deben responder plenamente por la información que difunden, bajo el principio de responsabilidad ulterior y prohibición de censura previa. El Código de ética del Colegio de Periodistas debe ser validado para estos efectos como un instrumento para garantizar una información de calidad para la sociedad chilena. 10. En correspondencia con lo anterior es indispensable que se ratifique en la nueva Constitución que los colegios profesionales tienen la tuición ética sobre sus respectivas áreas profesionales, a través de una ley para la cual ya existe un proyecto que actualmente se encuentra en el Congreso. 11. Será parte de la nueva institucionalidad de las comunicaciones un Observatorio universitario, que monitoree la conducta de los medios escritos, electrónicos, radiales, televisivos y en diversos campos temáticos, reúna, clasifique información y genere la metainformación correspondiente, evalúe y distribuya estos resultados entre los interesados con vista a retroalimentar el sistema medial en las tres áreas para que mejore la producción informativa en beneficio de la población en su conjunto. En esta instancia deberá estar representado el Colegio de Periodistas. 12. Revisar y agilizar la tramitación en el Congreso Nacional de los principales proyectos de ley que afectan el ejercicio profesional del periodismo: -Estatuto del Periodista, que establezca la cláusula de conciencia, regule el mercado laboral por la vía de la exigencia del título profesional para ejercer y un sistema de acreditación educacional universitaria obligatorio para la carrera. -Tuición Ética efectiva del Colegio de Periodistas que reponga el carácter de Corporación de Derecho Público de las órdenes profesionales. 13. Mantener el actual portal con el estatuto de un medio público, como base de un medio periodístico escrito e impreso que restablezca la marca La Nación. Deberá coordinarse con la existencia de otros medios públicos en la perspectiva de la multimedialidad. 14. Sobre la televisión digital, se recomiendan 11 medidas de acuerdo a las Propuestas de la Mesa Ciudadanía y TV Digital, en la cual participa el Colegio de Periodistas. Transportador público: El Estado debe garantizar que exista un Canal de Televisión de Cobertura Nacional que transmita exclusivamente televisión educativa, cultural y comunitaria. Composición CNTV y TVN Debe modificarse la composición de los integrantes del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y del Directorio de Televisión Nacional (TVN), considerando el carácter más amplio que la televisión debe cumplir, a objeto de neutralizar la tendencia al actual cuoteo político, incorporando representantes de la producción independiente, las universidades y organizaciones sociales afines. Las actas de las sesiones del Directorio de TVN serán públicas y estarán disponibles para la ciudadanía en su respectivo sitio web. Obligación cable-operadoras

8 Las empresas de televisión de pago (televisión por cable) deben incorporar en sus paquetes básicos a los canales educativos, culturales y comunitarios que se transmitan en donde prestan sus servicios. Definición de concesiones comunitarias Las concesiones de carácter comunitario se deben otorgar mediante la decisión de un Comité Asesor del Consejo Nacional de Televisión especialmente constituido para esta función y que incluya a representantes de la respectiva comunidad. Las concesiones comunitarias recaerán en personas jurídicas sin fines de lucro. Estas velarán por la promoción del desarrollo social y local, como del capital social y comunitario. Consideramos un aporte en este sentido que las universidades estatales estén desarrollando de modo experimental una estación de Televisión on line. Las concesiones comunitarias deben ser indelegables, por lo que debe quedar prohibida su venta, cesión o transferencia. Solo podrán ser reasignadas por concurso público en los casos ya señalados de cese de titularidad. Las concesiones comunitarias no deben ser administradas o gestionadas por organizaciones de carácter político partidista o entidades religiosas regidas por la Ley Nº Prevención de la concentración del Espectro Se debe garantizar la desconcentración de la propiedad de las concesiones de televisión en pocos operadores, por tanto, nadie puede tener más de una concesión de aquellas que utilizan espectro electromagnético en la misma zona de cobertura, porque el espectro electromagnético es escaso y un bien de uso público que es patrimonio de la humanidad y nos pertenece a todos los chilenos en el área territorial del país. Reserva Espectro El Estado debe transparentar el espectro disponible y asegurar, por la vía de la reserva, que el 40% del total del espectro atribuido a televisión se destine a la transmisión de televisión educativa, cultural y comunitaria. Debe existir una efectiva regionalización, como asimismo un reconocimiento de las comunidades lingüísticas y étnicas en la asignación de señales comunitarias. Reconocimiento legal de Televisoras Comunitarias Considerando la actual existencia de canales comunitarios de televisión en plena operación, el Estado debe reconocer y validar su existencia. Porcentaje producción independiente Al menos un 40% de la programación deberá corresponder a creaciones audiovisuales de autores nacionales de producción independiente a las estaciones de televisión. Fomento integral a la televisión educativa, cultural y comunitaria Debe existir una política de fomento integral de la TV educativa, cultural y comunitaria que permita su desarrollo y gestión sustentable a futuro. Gratuidad y libre recepción Debe garantizarse la gratuidad en la recepción de la televisión digital.

9 Usos sociales de televisión digital Deben garantizarse los usos sociales asociados a la televisión digital, tales como telegobierno, tele-educación y tele-medicina. CONCLUSIONES: Para que la democracia chilena se profundice, se amplifique, es necesario que se garantice plenamente el derecho a la comunicación, se fomente la creación de nuevos medios y su circulación con nuevas voces, se abran nuevos espacios y fuentes de información para los profesionales como para el conjunto de la población, se termine con el control de los principales medios de difusión concentrado en pocos grupos económicos nacionales e internacionales, se regule y transparente el funcionamiento del mercado medial en beneficio de los intereses generales de la sociedad y se consagre la efectiva libertad de circulación y de producción de información. Para ello, se deberán crear condiciones para que la sociedad civil participe activamente del proceso de generación de información, consagrando las tres áreas de propiedad de medios de comunicación y el Estado debe asumir plenamente su responsabilidad social de facilitar la presencia de informaciones pluralista, variada, de calidad; se asegure a la población los servicios informativos que reporten conocimiento y utilidad al conjunto social. Igualmente, el Estado debe garantizar que los datos privados de las personas se mantengan en esa esfera, no sean objeto de abusos comerciales ni base para generar condiciones de amedrentamiento. Los beneficios de la sociedad de la información deben ser garantizados para la totalidad o la inmensa mayoría de los chilenos y ello implica una política activa del Estado, basado en los criterios generales que esta propuesta contiene. Los países que quieren ciudadanos bien informados y democracias activas, deben tener políticas que garanticen el acceso equilibrado de diferentes sectores de la población a la creación de información medial como a la que se instala en las redes sociales.