Políticas públicas y servicios financieros rurales en Guatemala

Transcripción

1 Políticas públicas y servicios financieros rurales en Guatemala

2 Políticas públicas y servicios financieros rurales en Guatemala FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA UNIDAD REGIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA RUTA PROGRAMA DE APOYO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES - SERFIRURAL Iris Villalobos Michelle Deugd Enero 2006

3 Nota de los autores Los autores agradecen los valiosos comentarios de Edgar Búcaro, así como de todas las personas que fueron entrevistadas y cuyos nombres aparecen como anexo al documento. Las afirmaciones y opiniones expresadas en este documento son responsabilidad plena de los autores. El contenido de este documento no necesariamente refleja la opinión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Las visiones e interpretaciones de los autores no representan necesariamente las de la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) y sus instituciones participantes, ni las del Programa de Apoyo a los Servicios Financieros Rurales (SERFIRURAL). FIDA ( El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es el organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas en la reducción de la pobreza rural. El FIDA centra sus actividades de préstamos y donaciones, la participación en estrategias de lucha contra la pobreza, el diálogo de políticas y la gestión del conocimiento en tres objetivos principales: fortalecer las capacidades de los pobres rurales y sus organizaciones, fomentar un acceso más equitativo de los pobres rurales a los recursos (naturales, tecnológicos, productivos), y mejorar el acceso de los pobres rurales a los servicios y mercados. RUTA ( El Proyecto RUTA es una iniciativa conjunta de los gobiernos centroamericanos y de un grupo de siete agencias socias: Banco Mundial, BID, DFID, FAO, FIDA, IICA e IFPRI. RUTA busca contribuir al crecimiento rural sostenible para que se reduzca la pobreza en Centroamérica, mediante el desarrollo de capacidades nacionales y regionales. RUTA está adscrito a los siete Ministerios de Agricultura y Ganadería del Istmo, y cuenta con el apoyo técnico y financiero de las agencias socias. SERFIRURAL ( El Programa Apoyo a los Servicios Financieros Rurales (SERFIRURAL) es un programa regional de asistencia técnica en finanzas rurales establecido con donación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). SERFIRURAL se desarrolla en la subregión de Centroamérica, México y Panamá, y su objetivo es ampliar el acceso de los pobres rurales a servicios financieros sostenibles contribuyendo a mejorar la calidad y cobertura de los servicios que prestan las instituciones financieras. CDR-ULA ( El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CDR) es una fundación holandesa-costarricense fundada hace 15 años por la Universidad Libre de Amsterdam, que brinda servicios profesionales y de asesoría a agencias y proyectos de desarrollo, en temas rurales socio-económicos en América Central, América del Sur y el Caribe. Adicionalmente, tiene el mandato de llevar a cabo y promover investigación académica sobre temas relacionados con el desarrollo rural en esta zona geográfica. 2

4 Contenido Siglas y abreviaturas...4 Introducción... 5 Capítulo 1. Contexto nacional Características de la población y niveles de pobreza Población rural y actividades económicas relevantes Evolución macroeconómica...9 Capítulo 2. Marco general de políticas públicas y servicios financieros rurales Evolución del mercado financiero Estructura del sistema financiero rural El sistema financiero regulado y su alcance rural...11 Estructura del sistema financiero regulado...11 El marco legal del sistema financiero regulado El sistema financiero no convencional y su alcance rural...14 La estructura del sistema financiero no convencional...14 El marco legal del sistema financiero no convencional Otras iniciativas de ley relacionadas con el financiamiento no convencional Otras marcos legales relacionados con el financiamiento rural...19 Capítulo 3. Políticas públicas de combate a la pobreza y servicios financieros rurales Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Ministerio de Agricultura y Ganadería (GUATE INVIERTE) Presidencia de la República Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivivenda...26 Capítulo 4. Análisis crítico de las políticas Demanda de servicios financieros y nivel de profundización de los mercados rurales Análisis de las políticas...28 Anexos

5 Siglas y abreviaturas BANCAFE BANRURAL BANPRODE CAN CDRO CNOC CONACE CRYSOL EHMP ENCOVI ENIGFAM FAFIDESS FDLG FENACOACO FHA FUNDESOL GDR IGSS IIA INE INFOM MINECO MYPE MIPYME OIT ONG PEA PIB PROMICRO REDCAMIF RED FASCO REDIMIF REFICOM RUTA SERFIRURAL URL Banco del Café, S.A. Banco de Desarrollo Rural, S.A. Banco Nacional de Promoción del Desarrollo (Proyecto de Ley) Comité Asesor Nacional para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas Consejo Nacional de la Competitividad Empresarial (propuesto) Fundación Crysol Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples Encuesta de Condiciones de Vida Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarrollo y Servicio Social Fideicomiso para el Desarrollo Local de Guatemala Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas Fundación de Desarrollo Social Gabinete de Desarrollo Rural Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Instituto de Incidencia Ambiental Instituto Nacional de Estadística Instituto de Fomento Municipal Ministerio de Economía Micro y Pequeñas Empresas Micro Pequeña y Mediana Empresa Organización Internacional del Trabajo Organización No Gubernamental Población Económicamente Activa Producto Interno Bruto Proyecto Centroamericano de Apoyo a Programas de Microempresa Red Centroamericana de Microfinanzas Red Financiera de Asociaciones Comunitarias Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala Red Financiera Comunitaria Unidad Regional de Asistencia Técnica Programa de Servicios Financieros Rurales Universidad Rafael Landívar 4

6 Introducción El presente estudio se enmarca dentro de un proyecto de investigación sobre políticas públicas para el financiamiento rural en Mesoamérica, diseñado y financiado por la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) y el Programa de Apoyo a los Servicios Financieros Rurales (SERFIRURAL) con recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Ha sido elaborado por el CDR- ULA (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural) y ha contado con la edición técnica de RUTA y de SERFIRURAL. Esta investigación responde al interés de profundizar en el conocimiento de las políticas públicas que tienen un impacto sobre el desarrollo de los servicios financieros rurales, y de asesorar a los gobiernos del Istmo Centroamericano en el tema de financiamiento rural, con el fin de ofrecer alternativas para aumentar la oferta y mejorar el acceso de los pobres rurales a los servicios financieros. Con el propósito de identificar algunos de los nuevos lineamientos requeridos para ampliar dicha cobertura, la investigación abarcó cinco países: Honduras, Guatemala, México, Nicaragua y El Salvador. Los estudios plantean la diversidad y riqueza de las políticas públicas en el sector financiero rural de estos cinco países de Mesoamérica, y determinan la necesidad de diseñar políticas para que la población rural de menos recursos tenga un mayor acceso a servicios financieros. Los estudios realizan un análisis selectivo de políticas públicas para el financiamiento rural, analizando el contexto institucional, legal y normativo, así como identificando las mejores prácticas llevadas a cabo en los cinco países de la región. El proyecto de investigación se elaboró en dos etapas. En la primera, se desarrolló el marco conceptual del estudio y se realizó un examen detallado de material secundario por país, centrado en la observación de las políticas financieras, las políticas de desarrollo rural, las estrategias de reducción de la pobreza y las principales experiencias financieras que influyen tanto en el tema financiero como en el rural. A continuación se entrevistó a los principales actores del sector público, el sector privado (bancos comerciales y oferentes no bancarios) y agencias de cooperación internacional relacionadas con el tema de servicios financieros en cada uno de los países. Finalmente, se analizó en cada uno de los países el estado actual de los servicios financieros y se trató de identificar los factores políticos que inciden en su expansión en el ámbito nacional. El resultado de esta fase fue la elaboración de cinco informes de país: México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La segunda etapa consistió en la elaboración de un documento regional que integra los informes de país e identifica las iniciativas más prometedoras para sistematizar y aportar lecciones para el desarrollo de los servicios financieros rurales. También indentifica los principales obstáculos que las políticas públicas existentes presentan para lograr una mayor penetración de los servicios financieros en las áreas rurales y, finalmente, identificar los posibles nichos de intervención para RUTA y SERFIRURAL. 5

7 1. Contexto nacional 1.1 Características de la población y niveles de pobreza La extensión territorial de Guatemala es de 108,889,000 km 2, dividida en ocho regiones, 22 departamentos y 332 municipios. En el año 2000, la población guatemalteca se estimó en 11,385,441 habitantes, de los cuales el 50.6% eran mujeres (INE 2002). Con esta cifra, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con una densidad promedio de 105 habitantes/km 2. La población se caracteriza por una alta dispersión, con tendencia al aumento y poca densidad sobre todo en las áreas rurales. La mayor densidad se registra en el departamento de Guatemala con 1,196 habitantes/km2. La población es joven, con una edad media de 18 años. La población menor de 15 años representaba el 44.3%; los habitantes entre 15 y 64 el 51.6%, y los mayores de 65 años apenas alcanzaban el 4.1% (SNU, 2002). El estudio de pobreza elaborado por el Banco Mundial (2002) señala que en el año 2000 más de la mitad de todos los guatemaltecos (6.4 millones) vivía en condiciones de pobreza, y cerca del 16% vivía en pobreza extrema (1.8 millones). La pobreza es un fenómeno predominantemente rural. El 81% (5.2 millones) de todos los pobres y el 93% (1.6 millones) de los pobres extremos viven en áreas rurales (Cuadro 1.1). Los índices de pobreza más altos se encuentran entre la población indígena (76%), mientras para la no indígena son de 41%. La pobreza extrema es de 26% en la población indígena y de 8% en la no indígena (Cuadro 1.2). Si bien en los últimos años el país ha logrado algunos avances en la reducción de la pobreza general (de 62% a 57%), al menos la quinta parte de los guatemaltecos sigue subsistiendo en condiciones de pobreza extrema. Según estimaciones basadas en la ENEI 2004, el 21.9% de la población vivía con menos de 1 dólar diario. La situación de exclusión de la población indígena y de las áreas rurales trae como consecuencia peores indicadores de pobreza extrema, como se puede observar en el Gráfico 1. El 38% de la población indígena rural subsiste con menos de 1 dólar diario, lo que imposibilita el mínimo necesario para una alimentación adecuada. El 26.3% de los no indígenas rurales se encuentra en las mismas condiciones. La pobreza extrema afecta también las áreas urbanas y se hace más patente, nuevamente, entre la población indígena. Casi tres veces más indígenas que no indígenas urbanos están en esta situación (PNUD 2005). Cuadro 1.1 Guatemala: Incidencia Cuadro 1.2 Guatemala: Incidencia de de la Pobreza (2000) la Pobreza en la población indígena (2000) Clasificación Rural Urbano Total Población Total 6,987,587 4,397,854 11,385,441 Todos los pobres 5,205,352 1,192,551 6,397,903 Pobres extremos 1,663, ,583 1,786,682 Pobres no extremos 3,542,253 1,068,968 4,611,221 No pobres 1,782,235 3,205,303 4,987,538 Clasificación Indígena No Indígena Total Población total 4,844,032 6,541,409 11,385,441 Todos los pobres 3,687,600 2,710,303 6,397,903 Pobres extremos 1,281, ,008 1,786,682 Pobres no extremos 2,405,926 2,205,295 4,611,221 No pobres 1,156,432 3,831,106 4,987,538 Fuente: Banco Mundial (2002). Fuente: Banco Mundial (2002). 6

8 Gráfico 1. Población con menos de US$ 1diario (PPA) 38,0 17,6 21,9 26,3 6,1 No-indígenas urbanos Indígenas urbanos Total No-indígenas rurales Indígenas rurales Fuente: PNUD La desigualdad entre la población urbana, rural e indígena se refleja en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Guatemala tiene un IDH a nivel nacional de 0.672, mientras que la población rural presenta un IDH de 0.610, la indígena de y la no-indígena de Existen focos de pobreza diseminados por todo el país, pero hay un importante cinturón de pobreza en la región Norte y Nor-Occidente. La desigualdad medida mediante el índice de Gini 1 también es alta. Los índices Gini de consumo e ingreso son 0.48 y 0.57 respectivamente. Los indicadores sociales presentan valores bajos en comparación con los demás países de la región. Los logros educativos son extremadamente bajos. El promedio de escolaridad es 3.8 años, la tasa de matriculación neta para la escuela secundaria es de menos de 25% y el índice de analfabetismo es alto (sobre el 31% de la población). Los indicadores de salud son igualmente pobres y presentan índices extremadamente altos de mortalidad materna e infantil, niveles elevados de desnutrición y bajo acceso (menos de dos tercios de la población) a servicios básicos de salud (PNUD, 2003). 1.2 Población rural y actividades económicas relevantes El censo del Instituto Nacional de Estadística (2002) señala que la población rural 2 está compuesta por más de seis millones de personas, lo cual representa el 54% de la población total. El último informe de Desarrollo Humano y Ruralidad de Guatemala (PNUD, 2004) destaca los siguientes aspectos: 1 El Coeficiente de Gini es el indicador de desigualdad más utilizado a nivel internacional. Refleja el grado de desigualdad en la distribución de ingresos entre los estratos económicos, siendo el valor cero la igualdad absoluta y uno la desigualdad total. 2 El Censo define como población urbana a: cabeceras departamentales y municipales, al municipio de Guatemala, y a lugares con más de 2000 habitantes, alumbrado eléctrico y agua potable en los hogares. 7

9 a. El país continúa siendo mayoritariamente rural, aunque la brecha se redujo entre 1994 y 2002, influenciado por un cambio en la definición de población rural. b. Hay una brecha significativa entre el índice de desarrollo humano de la población rural (0.610) y la población urbana (0.747) en el c. La agricultura ha perdido importancia dentro de la economía nacional ya que la generación de empleo del sector agrícola se redujo de 74.3% en 1994 a 70.5% en d. La alta concentración de la tierra se redujo muy levemente entre 1979 y El coeficiente de Gini de la propiedad de la tierra pasó de en 1979 a en e. La composición de las exportaciones ha sufrido cambios significativos en los últimos años. En el 2003 los artículos de vestuario constituyeron el principal rubro de exportaciones, superando las exportaciones tradicionales. f. En el año 2003, las remesas representaban el 80.1% del valor total de exportaciones de bienes del país. En este mismo año, el 44.5% de los hogares urbanos y 55.2% de los rurales recibieron remesas del extranjero. La actividad agrícola sigue siendo la principal actividad económica de la población rural. El 70.5% de la población total permanece vinculada a la actividad agrícola. Cerca de 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) se desempeña en el sector agrícola, el cual genera un poco más de 23% del PIB. El informe también muestra que los principales usos que se dan a la tierra en el área rural son: cultivos anuales (38%), pastos (23.9%), cultivos permanentes (16.7%) y bosques (16.2%). De acuerdo con los resultados de diferentes encuestas nacionales (INE 1999 y 2000), la PEA se compone de unos cuatro millones de personas, en donde el desempleo abierto (basado en horas trabajadas) no es significativo, pero el subempleo (menos de 40 horas trabajadas y personas en busca de empleo) afecta a alrededor de un tercio de la PEA. Esta situación es más drástica en el área rural, donde se ubican el 77% de los trabajadores no remunerados del país y el 70% de las personas dedicadas al trabajo doméstico (CNOC, 2002). La economía de Guatemala sigue caracterizándose por su dependencia de la agricultura, aunque esa también es una fuente de desigualdad. La concentración de la tierra sigue siendo muy elevada: el 94.1% de las explotaciones (microfincas y fincas subfamiliares) suman sólo el 18.6%, mientras que el 1.5% (aquellas que tienen más de una caballería de extensión, 45 ha) suman el 63.5% de la superficie en fincas. (URL/IIA 2004). El 16% de la tierra es cultivada por microproductores con un promedio de 1.5 hectáreas (88% de los productores), mientras que un 65% de la tierra es cultivada por apenas un 2.5% de los productores (macroproductores). La participación sectorial en la conformación del PIB indica que la agricultura genera el 23%, la industria un 13% y los servicios el 58% destacando, entre otros, el comercio con 25% y el transporte, almacenamiento y comunicaciones con 12%. La distribución porcentual de la PEA en los sectores económicos es: agrícola 42%; comercio 16%, servicios 16%, industria 13%, y construcción 6%. Cerca del 50% de la PEA son trabajadores por cuenta propia (36%) y trabajadores familiares no remunerados (14%). A nivel de la producción interna, el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), que no incluye a los empresarios agropecuarios según la definición utilizada en el país, ocupa un lugar importante en la economía del país, pues genera el 78% del empleo y representa un 39% del PIB. Del total de MIPYMEs existentes, un 97.1% son microempresas cuyas propietarias son mujeres en un 80%. Por el contrario, las pequeñas empresas son propiedad de hombres en el 70% de los casos, y el otro 30% de mujeres (Ministerio de Economía, 2004). El Banco Mundial (2002) concluye que más de dos tercios de la población ocupada y tres cuartos de los pobres que trabajan lo hacen en actividades del sector informal. La estructura del sector 8

10 informal también difiere significativamente entre el área rural y la urbana. Los operadores de microfinanzas entrevistados durante la misión observan que las principales actividades productivas desarrolladas por la población rural son: la agricultura, la pecuaria, la artesanía y, en menor escala, el comercio y los servicios. Dentro de las actividades agrícolas, sobresale la siembra de granos básicos y en algunas regiones del país, el cultivo de hortalizas (SERFIRURAL, 2004). 1.3 Evolución macroeconómica Según el Fondo Monetario Internacional (2005), la firma de los Acuerdos de Paz permitió que el país lograra la estabilización macroeconómica, lograda con una fuerte disciplina fiscal, un aumento de las reservas monetarias internacionales y el fortalecimiento del sistema bancario. El Cuadro 1.3 presenta el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos en los últimos cinco años. En términos generales, se observa un incremento en la inflación a partir del año 2001, magnificado a partir del 2004 por el incremento en los precios del petróleo. En setiembre de 2005 la inflación doméstica fue de 5.99% y la importada de 2.79%, siendo la inflación total de 8.78%. El tipo de cambio ha mostrado estabilidad, observándose una tendencia a la baja en el último año. La tasa de interés activa tendió a la baja durante 2004 y Además, a partir de septiembre de 2003 se ha reducido la brecha entre las tasas activas y pasivas. Después de tres años de desaceleración del ritmo de crecimiento económico, la actividad real mejoró ligeramente en el 2004 y se espera una mejora para el 2005, la cual se estima en 3.2%. Cuadro 1.3 Evolución de los indicadores macroeconómicos de Guatemala, INDICADORES Inflación (%) Tasa de cambio promedio Tasa de interés pasiva (%) Tasa de interés activa (%) Tasa de crecimiento del PIB (%) PIB/ per cápita en USD 1,718 1,823 1,973 2,046 2, (a) Fuente: INE Guatemala. (a) El PIB/ per cápita se estima con base en el crecimiento del año. 9

11 2. Marco general de políticas públicas y servicios financieros rurales 2.1 Evolución del mercado financiero El sistema financiero de Guatemala, como el de los otros países latinoamericanos, ha venido enfrentando un proceso de liberalización caracterizado por un menor control estatal y un proceso de modernización. En los años 70 y 80, las tasas de interés en Guatemala eran dictadas por la autoridad monetaria mediante criterios distintos a los del mercado. La política monetaria, cambiaria y crediticia se basaba en la determinación y regulación de los precios macroeconómicos a través de instrumentos de regulación directa. Durante esos años, imperaba la idea de mantener tasas de interés artificialmente bajas con el objeto de inducir un nivel de actividad económica más alto. A partir de 1989 se inició un proceso de liberalización de la tasa de interés y de los tipos de cambio. El proceso se acompañó con un programa de Modernización del Sistema Financiero Nacional, con el fin de elevar la competitividad y eficiencia funcional del sistema financiero para mejorar la asignación de recursos financieros entre las distintas actividades económicas, aumentar las corrientes de ahorro interno y externo, y reducir los costos y márgenes de intermediación financiera. En abril de 2002 se aprobó la nueva Ley de Bancos y Grupos Financieros, la cual busca una mayor eficiencia y estabilidad del sistema financiero. Durante los últimos años el sistema financiero ha seguido un proceso de modernización, reestructuración y fusión de varios bancos, estando pendiente la aprobación de varias leyes de compensación. 2.2 Estructura del sistema financiero rural Los principales oferentes de servicios financieros a la población rural en Guatemala son las instituciones del sistema financiero regulado y las organizaciones del sistema financiero no regulado. Dentro del sistema financiero regulado destaca el Banco de Desarrollo Rural S.A. (BANRURAL), con una importante cartera colocada en áreas rurales. Dentro del sistema no regulado destacan las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas agrícolas y las asociaciones y fundaciones catalogadas como Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD) o Instituciones de Microfinanzas (IMF s), que son Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con un 60% de la cartera colocada en áreas rurales. El Cuadro 2.1 describe la estructura de la oferta a clientes y la cartera para micro y pequeña empresa, pero no se dispone de información diferenciada por zona urbana y rural. Los bancos tienen la participación de cartera más alta (41,52% de los saldos de cartera), que comprende un 36% de los clientes. Les siguen las cooperativas federadas, con una participación en saldos de cartera de 40.49% y un 26.7% de clientes. Las OPD-IMFs, por su parte, absorben el 17.2% de la cartera y el 35.6% de los clientes con un promedio de crédito de Q. 5,400. Si se considera el monto promedio del crédito como un indicador aproximado del nivel de riqueza de los clientes, puede decirse que los bancos y cooperativas federadas atienden a los segmentos de de mayor capacidad económica, mientras que las OPD/IMFs tiene un mayor nivel de profundización hacia estratos de población con menores ingresos. 10

12 Cuadro 2.1 Estructura de la oferta de servicios financieros en relación a clientes, saldos de cartera y monto promedio por cliente Entidades Cartera (Saldos) Cartera Clientes Monto promedio Miles de Q. % No. % Miles de Q. Bancos (a) , ,10 12,2 Cooperativas Federadas a FENACOAC , ,74 16,1 OPD-IMFs (b) , ,60 5,1 Cooperativas no Federadas (c) , ,56 5,4 Total ,00% ,00% 10,6 Fuente: Presentación VICEMYPE, (a) Incluye los dos bancos del sistema que se especializan en atender la micro y pequeña empresa y que reportan sus datos al Boletín de Microfinanzas del VICEMIPYME. (b) Incluye a organizaciones privadas de desarrollo que se especializan en microfinanzas. (c) El concepto de no federadas hace referencia en este caso a cooperativas que no están representadas ni agremiadas a FENACOAC. 2.3 El sistema financiero regulado y su alcance rural Estructura del sistema financiero regulado El sistema financiero regulado o formal está constituido por 105 instituciones (Boletín Estadístico, diciembre 2005) de las cuales 44 son instituciones bancarias (27 bancos comerciales y 17 sociedades financieras) y 61 son instituciones no bancarias. El sector financiero formal está constituido por instituciones cuya autorización y supervisión es de carácter estatal, y está conformado por el sistema bancario y el sistema no bancario. El sistema financiero bancario incluye a 27 bancos comerciales (24 privados nacionales, 1 extranjero, 1 mixto y 1 estatal) y 17 sociedades financieras 3. El sistema financiero no bancario se rige por leyes específicas y está conformado por los almacenes generales de depósito (16), compañías de seguros (18), compañías de fianzas (12), casas de cambio (6), entidades fuera de plaza off shore- (11), 3 Sociedades financieras definidas por ley como instituciones especializadas en operaciones de banca de inversión (no captan depósitos y sus operaciones activas son de largo plazo). casas de bolsas (14), tarjetas de crédito (8), y otras instituciones (8), entre ellas el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA). Dentro del Sistema Financiero Nacional también interviene la banca regional a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que canaliza recursos financieros hacia los sectores productivos del país en forma directa, pero principalmente a través de la banca nacional e inclusive algunas IMF s. A pesar de que históricamente la banca no ha desempeñado un rol predominante en el financiamiento rural, en los últimos cinco años el cambio es notable, pues se observa un posicionamiento creciente del sector financiero en las zonas rurales. Destacan dos bancos con importante presencia en los mercados rurales: el Banco de Desarrollo Rural S.A. (BANRURAL), líder del mercado en financiamiento rural, y en un segundo plano el Banco del Café S.A. (BANCAFE). Según datos reportados por el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, la participación de ambos bancos (datos a diciembre de 2004) es de 91,854 clientes y una cartera de Q.1,124 millones (unos US$149.8 millones), abarcando un 36% de los clientes (VICEMYPE, 2005). 11

13 BANRURAL 4 desempeña un rol protagónico, por los niveles de cobertura y por la profundización que ha logrado alcanzar, así como por la filosofía, enfoque de trabajo y valores institucionales. Su principal objetivo es apoyar unidades económicas no atendidas por la banca tradicional, como la microempresa y micro/pequeños agricultores. Ofrece productos crediticios tales como crédito de consumo, crédito para la micro y pequeña empresa, y crédito agropecuario. Administra 52 fideicomisos con un capital autorizado de Q.3,477 millones (US$463 mil). Además, opera como banco de segundo piso ofreciendo financiamiento a organizaciones microfinancieras que canalizan sus servicios crediticios, por lo general, en áreas rurales del país. Otro servicio financiero que ofrece es la distribución de remesas. En 2004 realizó más de 450 mil operaciones por un monto de US$450 millones, mostrando un crecimiento del 181% en el número de remesas y de 259% en los montos con respecto a este mismo tipo de operaciones en el BANCAFE también tiene un papel importante en el financiamiento de MIPYMEs y el sector rural. Históricamente, BANCAFE ha sido un banco corporativo que en 1999 reorientó sus servicios hacia el público en general y a la MIPYME en particular. Es el único banco privado que ofrece atención especializada a la micro y pequeña empresa. Recientemente inició un fuerte proceso de expansión hacia los departamentos del interior del país. Cuenta con una unidad especializada en microfinanzas que ofrece un sistema de atención personalizada por medio de un producto enfocado a empresarios del área semi-urbana denominado BANCAFE Comunitario. A través de este programa impulsa el apoyo al sector de la micro y pequeña empresa, fortaleciendo el crecimiento y expansión de este segmento de mercado. 4 BANRURAL es producto de un proceso de reestructuración del BANDESA. Fue organizado como sociedad anónima con participación accionarial de varios sectores de la sociedad civil, como el movimiento cooperativo, organizaciones mayas, organizaciones no lucrativas, organizaciones de micro y pequeñas empresas, ex-trabajadores del BANDESA (ya liquidado) y público en general (Alfaro, 2003). En 1999, BANCAFE inició la primera prueba piloto con las MIPYMEs. A raíz de esta iniciativa, se institucionalizó el departamento de MIPYME, que ahora cuenta con 10% de la cartera total del banco, porcentaje que equivale a Q.300 millones colocados en este sector. Según la planificación estratégica del banco, se pretende colocar a corto plazo alrededor de 25% de su cartera total en este segmento. Esta cartera se coloca casi en un 100% en comercio y servicios. La estrategia de colocación es peinar la zona alrededor de cada agencia local para identificar clientes nuevos y colocar los fondos. Como resultado de esta estrategia de colocación, al observar los rubros financiados se puede concluir que la clientela atendida con este programa es semi-urbana y que la penetración a zonas verdaderamente rurales es muy limitada, tal y como confirmó el representante del banco. El banco no financia actividades agropecuarias debido a los riesgos que ello implica. Según el representante del banco no existen incentivos para meterse en estas zonas rurales o estos rubros, sobre todo para bancos privados que trabajan con fondos captados del público. El banco tiene experiencia en el manejo de fondos de garantía con recursos proporcionados por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (AID) y este método podría ser, según el entrevistado, parte de una política pública interesante para incentivar la colocación de créditos en zonas más rurales y actividades agropecuarias. Al diseñar una política utilizando esta herramienta, es muy importante considerar en su promoción y ejecución una clara separación entre el crédito y la garantía, porque si el público se entera que su financiamiento lo respaldan fondos del gobierno, no pagan, señala el representante del banco. Durante los últimos años, al menos cinco bancos privados han venido incursionando en el mercado de la microempresa, la pequeña empresa y las actividades agropecuarias, que son: G&T Continental, Banco Privado para el 12

14 Desarrollo/Bancasol, Banco de la República, Banco de los Trabajadores y Banco de Antigua. Además de los bancos descritos, existen instituciones que realizan intermediación financiera cuya autorización responde a una base legal genérica (Código de Comercio) y que no se encuentran bajo la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos. Las intermediarias financieras que conforman este sector, usualmente innovadoras, proporcionan los servicios que por ley les era prohibido prestar a las entidades reguladas 5. En cuanto al sistema financiero no bancario, la mayor parte de las instituciones financieras prestan muy pocos apoyos al sector rural, con excepción de algunas que ofrecen seguros y fianzas, y recepcionan remesas. El marco legal del sistema financiero regulado El sistema financiero regulado enfrentó un importante proceso de reestructuración que dotó al sistema de nuevas leyes financieras a partir de abril de Su objetivo principal era fortalecer la autonomía, la credibilidad y aumentar la efectividad para lograr la estabilidad del sistema financiero. El sistema financiero formal se encuentra regulado principalmente por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y la Ley de Supervisión Financiera. Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Decreto del Congreso de la República Nº , aprobada el 23 de abril de Vigente desde el 1 de junio de La Ley contempla: el objeto, funciones y aspectos financieros y contables, la dirección, administración y ejecución del Banco de Guatemala; la estabilización monetaria; las 5 Este grupo reúne a Organizaciones Privadas de Desarrollo, actor importante en la oferta de servicios financieros a la población rural de escasos recursos. operaciones del Banco; la relación con el Estado; la transparencia en la información y las sanciones. Esta ley es producto de un proceso de reestructuración cuyo objetivo fundamental ha sido superar la rigidez de una ley que operaba desde Dentro de sus aspectos relevantes, señala un mandato claro en cuanto al objetivo que deberían alcanzar las autoridades monetarias. Establece también los mecanismos de autonomía operacional del Banco de Guatemala, elimina la excesiva discrecionalidad para actuar como prestamista de última instancia, crea requerimientos de responsabilidad para el Banco de Guatemala y obliga a la transparencia en la conducción de la política monetaria. Ley Monetaria. Nº del Congreso de la República, del 24 de abril del Vigente desde el 1 de junio de Su contenido se encuentra estrechamente relacionado con la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y con la Ley de Libre Negociación de Divisas. Los principales aspectos de la Ley Monetaria son: a. Instaura al Banco de Guatemala como único emisor. b. La unidad monetaria se denomina Quetzal (Q.). c. El quetzal se utilizará como unidad de cuenta y medio de pago, salvo que las partes convencionalmente dispongan otra cosa. d. Garantiza la libre convertibilidad externa de la moneda, así como la movilidad de capitales. e. Señala la obligación del Banco Central de cambiar billetes y monedas de cualquier denominación por billetes o monedas nacionales, así como de amortizar o canjear las piezas nacionales deterioradas. f. Define los activos que constituyen las reservas monetarias internacionales. g. Especifica las denominaciones y características de los billetes, las denominaciones de moneda metálica, sus aleaciones y tolerancias (Banco de Guatemala, 2002). 13

15 Ley de Bancos y Grupos Financieros. Decreto Nº del Congreso de la República, del 29 de abril de Vigente desde el 1 de junio del Regula la creación, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos y grupos financieros, así como el establecimiento y clausura de sucursales y oficinas de representación de bancos extranjeros. Añade que solo los bancos autorizados conforme a esta ley o leyes específicas, podrán realizar intermediación financiera bancaria, consistente en la realización habitual, en forma pública o privada, de actividades que consistan en la captación de dinero o cualquier otro instrumento representativo del mismo proveniente del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos. Con esta ley se espera contribuir a aumentar la competitividad de las entidades del sistema financiero y fortalecer la estabilidad del sistema de pagos de la economía nacional, el cual, de acuerdo con los procesos de apertura de las economías, debe ser capaz de insertarse adecuadamente en los mercados financieros internacionales. Ley de Supervisión Financiera. Decreto Nº del Congreso de la República, del 25 de abril de Vigente desde el 1 de junio de Este decreto establece que la Superintendencia de Bancos es un órgano de banca central, que actúa bajo la dirección de la Junta Monetaria, cuyo objetivo es vigilar e inspeccionar al Banco de Guatemala, a los bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, afianzadoras, aseguradoras, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y sus empresas controladoras, y las demás entidades que otras leyes dispongan (Banco de Guatemala, 2002). Las leyes citadas se aplican a la banca comercial, sociedades financieras, compañías de seguros y bolsa de valores. Ninguna de estas leyes se aplica a las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD) que ofrecen servicios de microcrédito ni a las cooperativas de ahorro y crédito que tienen su ley específica. No obstante, a partir del 28 de noviembre del 2001, se aprobó la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos (Decreto Nº ) que tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos. Para este efecto, deberán observar dicha Ley las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de la misma y las autoridades competentes. Las personas obligadas deben dar cumplimiento a lo establecido y para ello se creó la Intendencia de Verificación Especial. 2.4 El Sistema financiero no regulado o convencional y su alcance rural La estructura del sistema financiero no regulado o convencional Dentro del sistema financiero no regulado o convencional (o semi-formal) encontramos: a. Cooperativas de Ahorro y Crédito especializadas en servicios financieros. b. Organizaciones Privadas de Desarrollo (asociaciones y fundaciones), también denominadas Instituciones de Microfinanzas (IMFs), u organizaciones no gubernamentales especializadas principalmente en microcrédito. c. Cooperativas agrícolas, de vivienda, artesanales, consumo, pesca, forestal y otras organizaciones de desarrollo independientes que ofrecen diversos tipos de servicios, entre ellos crédito y servicios de desarrollo empresarial. 14

16 Existen 22 cooperativas de ahorro y crédito especializadas en servicios financieros agremiadas en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACOAC) que reúnen alrededor de 500,000 asociados que son atendidos en 200 puntos de servicio. Según datos del Ministerio de Economía, en diciembre de 2004 éstas contaban con una cartera de créditos de US$ millones y 71,381 clientes. Esto supone un 40.4% de la cartera total de la industria y un 26.7% de los clientes. Dentro del sistema financiero no regulado, juegan un papel importante en el área rural las organizaciones afiliadas a la Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF), que agrupa a 22 instituciones con cobertura en todo el país y que poseen el mayor nivel de especialización en microcrédito. Las instituciones de REDIMIF son las que tienen una mayor presencia en el área rural a nivel regional como red, ya que al 31 de diciembre de 2005 el 60% de su cartera total de Q. 86 millones (correspondiente a 151,201 clientes) estaba colocado en el área rural. Dentro de las organizaciones con mayor presencia en el área rural se pueden señalar: Génesis Empresarial, REFICOM, Fundación CRYSOL, SHARE, FAFIDESS, FAPE, FUNDEA, RAÍZ y FONDESOL. A pesar de la presencia de estas instituciones en el área rural, destaca la poca participación en el financiamiento de actividades agropecuarias, que representan tan sólo el 8,2% de la cartera agropecuaria y forestal (REDCAMIF, 2005). Otra red de instituciones de base comunitaria y con exclusiva participación en el área rural de Guatemala es la Red Financiera de Asociaciones Comunitarias (Red FASCO), que agrupa siete organizaciones con presencia en los departamentos de Quiché, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y Suchitepéquez. En conjunto, cuentan con una cartera de Q millones (US$ 5.8 millones) y 5,649 clientes (diciembre 2005). La cartera está colocada principalmente en comercio, artesanía, servicios e infraestructura. Sólo el 7% se dedica a la agricultura. En cuanto a las cooperativas agrícolas y de otra naturaleza, están afiliadas a federaciones especializadas según actividad e inclusive regionalizadas, como las siguientes: Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala, FEDECOAG; Federación de Cooperativas Agrícolas Regionales, FECOAR; Federación de Cooperativas de las Verapaces, FEDECOVERA; Federación de Cooperativas de Productos de Café de Guatemala, FEDECOCAGUA; Federación de Cooperativas Agroindustriales y de Manejo de Recursos Agro Forestales y Naturales, FECAIRAN; Federación de Cooperativas Pesqueras del Pacífico, FEDEPESCA; Federación de Cooperativas de Ixcán, FICCI; Federación de Cooperativas de Producción Artesanal, ARTEXCO; Federación de Cooperativas de Vivienda, FENACOVI; Federación de Cooperativas de Mercado El Quetzal, FECOMERQ; y Federación de Cooperativas de Consumo, FEDECCOM. Varias de estas federaciones integran la Confederación Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas, CONFECCOP. El conjunto de cooperativas que se agrupan en estas federaciones suman más de 1,574, aunque existen otras independientes que, en mayor o menor grado, llevan a cabo actividades de promoción del ahorro, otorgamiento de créditos, asesoría y servicios especiales dirigidos a grupos de mujeres, entre otros. La mayoría tienen incidencia en el financiamiento rural por su área de influencia y su naturaleza. Además de éstas organizaciones más o menos estructuradas, existen otras organizaciones de productores, asociaciones comunales, asociaciones de desarrollo y otros proyectos de desarrollo que por lo general operan en el ámbito local sin especialización, sin acceso a representatividad gremial, sin tecnología ni fuentes de fondeo, pero que juegan un rol importante en el financiamiento rural. Este grupo surgió de la implementación de diferentes proyectos de desarrollo en distintas áreas geográficas del país. Su presencia y permanencia en el mercado está hoy amenazada por las tendencias del mercado de apoyar sólo a organizaciones con alto potencial de crecimiento. 15

17 Estas organizaciones están afectadas por la exigencia de especialización en el sector y la masificación a la que se enfrentan las redes de microfinanzas, lo que les resta oportunidades de integración en el sector y de darse a conocer por el resto de actores. Algunos ejemplos en este campo son la iniciativa de la Red FASCO y los modelos de organización y de supervisión descentralizada implementados en México. Allí las organizaciones pequeñas se han organizado por medio de federaciones y, con una inversión importante del Estado, están implementando sistemas de organización, agremiación y supervisión para lograr la vinculación de los sistemas financieros rurales a sistemas financieros regulados. El marco legal del sistema financiero no regulado o convencional Ley General de Cooperativas Guatemala. Decreto 82/78, aprobado el 7 de diciembre de Es Política General y declara de interés nacional la promoción de las organizaciones cooperativas: El Estado impulsará una política de apoyo a las cooperativas y establecerá un régimen de fiscalización y control adecuados. Las entidades estatales, incluyendo las descentralizadas, cuyas actividades tengan relación con el movimiento cooperativo, coordinarán sus actividades a dicha política. Reglamento General de Cooperativas. Acuerdo gubernativo Nº ME 7/79, aprobado el 17 de julio de Declara de interés nacional la promoción de las organizaciones cooperativas y establece que el Estado impulsará una política de apoyo a las cooperativas y establecerá un régimen de fiscalización y control adecuados. La ley establece que las cooperativas, federaciones y confederaciones estarán sujetas a la fiscalización del Estado, el cual la ejercerá a través de la Inspección General de Cooperativas adscrita al Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP. Según el artículo 32 de la Ley, el INACOP tendrá como objetivos: a. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos relacionados con las cooperativas y en especial la presente ley y sus reglamentos. b. Promover la organización de cooperativas de los distintos tipos, conforme a las necesidades de los grupos que lo soliciten o promuevan. c. Proporcionar asistencia técnica y administrativa a los grupos precooperativos y a las cooperativas. En especial el movimiento cooperativo afiliado a FENACOAC cuenta con un sistema de autoregulación y/o supervisión. Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Decreto del Congreso de la República. Esta ley tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las ONG. El Estado facilitará su inscripción y registros correspondientes y ejercerá su fiscalización de conformidad con la Constitución Política de la República. Las organizaciones como asociaciones y fundaciones pueden quedar enmarcadas dentro de la categoría de ONG, ante todo si se acogen a ésta, pero se considera que resulta restrictiva y no atiende las expectativas, diferenciación y reconocimiento que requieren las que intervienen en microfinanzas. De tal forma, la regulación y supervisión de las organizaciones de desarrollo que se dedican a actividades de microcrédito es un tema de mucha actualidad y dinamismo en Guatemala. Ese dinamismo se observa en la formulación de propuestas (específicamente anteproyectos de ley), procesos de socialización y búsqueda de consenso sobre este tema. Se han elaborado dos anteproyectos de ley promovidos tanto por el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (como parte de la Política Nacional para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), como por la 16

18 Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala. Con el objetivo de desarrollar la industria microfinanciera dentro del nuevo paradigma de financiamiento rural, se ha considerado conveniente crear una normativa que permita contar con una plataforma jurídica e institucional apropiada, por lo que se plantean dos anteproyectos de ley: a) Ley de Sociedades de Microfinanzas y b) Anteproyecto de Ley de Entidades Financieras Civiles No Lucrativas. a. Anteproyecto de Ley de Sociedades de Microfinanzas Tiene por objeto regular la creación, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de sociedades de microfinanzas. Estas sociedades serán entidades que actuarán como intermediarias financieras no bancarias, especializadas en el otorgamiento de microcrédito y la prestación de otros servicios financieros conexos. Se plantea que deberán constituirse en forma de sociedades anónimas y únicamente aquellas autorizadas conforme a la Ley podrán operar como sociedades de microfinanzas y usar, en su denominación o en su nombre comercial, las palabras Entidad de Microfinanzas. Para realizar sus actividades, estas entidades se regirán por las disposiciones de la Ley, por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, por las disposiciones emitidas por la Junta Monetaria y por la Ley de Supervisión Financiera. Le compete a la Junta Monetaria otorgar o denegar la autorización para la constitución de sociedades de microfinanzas, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Corresponderá a la Superintendencia de Bancos su vigilancia e inspección. El capital social estará dividido y representado por acciones, las cuales deben ser nominativas. El monto de capital pagado mínimo inicial deberá ser no menor de Q millones (US$ 2.1 millones) el cuál podrá cubrirse con efectivo, bienes inmuebles que sean para su uso, o cartera crediticia tipo AAA o equivalente. Deberán tener un consejo de administración integrado por tres o más administradores, quienes serán los responsables de la dirección general de sus negocios. Les corresponde a estas entidades costear los servicios de vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. La cuota no excederá del uno por millar sobre el activo de las entidades. Las Sociedades de Microfinanzas autorizadas podrán efectuar las operaciones en moneda nacional o extranjera y prestar los servicios financieros que involucran operaciones activas y pasivas, tales como: recibir depósitos de ahorros, emitir bonos, recibir créditos, otorgar microcréditos y créditos de consumo, invertir en títulos valores, e invertir en acciones. También realizarán operaciones de confianza y servicios, tales como comprar y vender moneda extranjera, remesas y transferencias de fondos. Pactarán libremente con los usuarios las tasas de interés nominal. Cuando dicha tasa de interés incluya las comisiones, gastos y otros cargos vinculados al contrato, se le denominará tasa efectiva. Dentro de las actividades prohibidas se señalan: recibir depósitos monetarios, recibir depósitos con opción de inversiones financieras, abrir cartas de crédito y realizar operaciones de comercio exterior en general. También les está vedado admitir en garantía o adquirir sus propias acciones, o bien adquirir o conservar la propiedad de bienes inmuebles o muebles que no sean necesarios para el uso de la entidad, excepto cuando les sean adjudicados activos extraordinarios. La Ley plantea límites de crédito de hasta Q.80,000 para una persona individual o jurídica, y hasta el 1% del patrimonio computable de la sociedad de microfinanzas de que se trate, a una unidad de riesgo. Además plantea la creación de un Fondo de Protección de Depósitos, cuyo objeto es garantizar al depositante en sociedades de microfinanzas una cobertura de Q. 20,

19 b. Anteproyecto de Ley de Entidades Financieras Civiles No Lucrativas Tiene por finalidad regular la autorización, administración, información, operaciones y servicios de las entidades no lucrativas, constituidas y autorizadas como asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, que incluyan dentro de su objeto el otorgar financiamiento. Para realizar las operaciones y servicios, las entidades deberán obtener previamente la autorización respectiva del Ministerio de Economía. Se regirán, en su orden, por las disposiciones y reglamento de esta ley, por su escritura de constitución o instrumento de su creación, por sus estatutos y por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Los miembros del consejo de administración, junta directiva, representante legal, gerentes generales y/o directores ejecutivos, comité de crédito o quien haga sus veces, auditor interno o comisión de vigilancia serán civil, administrativa y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Deberán contar con una comisión de vigilancia o una auditoría interna que fiscalizará las operaciones y servicios de la entidad en la forma que lo establezca el reglamento que emita el Ministerio de Economía. Podrán realizar operaciones pasivas relacionadas con el fondeo de diferentes fuentes tales como gobierno, bancos nacionales y extranjeros, organismos de cooperación y préstamos del Estado. Dentro de las operaciones activas podrán otorgar préstamos, invertir en títulos valores garantizados por el Estado, constituir depósitos en bancos nacionales y extranjeros y, dentro de las operaciones de confianza, efectuar cobros y pagos por cuenta ajena, gestionar transferencias de fondos y operaciones de remesas. Pactarán libremente con los usuarios las tasas de interés nominal. Cuando dicha tasa de interés incluya todas las comisiones, gastos y otros cargos vinculados al contrato se le denominará tasa efectiva. Dentro de las prohibiciones se señala: Les está prohibido realizar las actividades que consistan en, o se relacionen con, la captación de dinero o de cualquier instrumento representativo de dinero de sus asociados y del público, independientemente de la forma jurídica de formalización, instrumentación o registro contable. La infracción a lo establecido en el presente párrafo hará incurrir en el delito de intermediación financiera (Anteproyecto de Ley de Entidades Financieras Civiles No Lucrativas, 2005). Tampoco les está permitido distribuir excedentes, dividendos, utilidades u otras ventajas o privilegios a favor de sus asociados, gerente general o representante legal, directores ejecutivos, integrantes del consejo de administración o junta directiva, o a cualesquiera otro miembro de la administración. Dentro de las políticas de apoyo a las MIPYMES se plantea también la revisión de la ley de cooperativas. La misión no logró constatar iniciativas o anteproyectos de ley en relación con este tema. 2.5 Otras iniciativas de ley relacionadas con el financiamiento no convencional Existen dos iniciativas de ley promovidas por el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se enmarcan dentro de la Política Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña Empresa y Mediana Empresa: a. Anteproyecto de Ley del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Tiene como objetivo contribuir al ordenamiento y desarrollo del sector; se plantea la necesidad de crear una ley que regule un sistema de garantías para que las MIPYMEs del país se integren en el sistema financiero formal. El objetivo es que éstas, a través de la creación de sociedades de garantías recíprocas, obtengan avales y otras garantías que les facilite la captación de recursos en mejores 18

20 condiciones de financiamiento, principalmente en cuanto a tasas de interés y plazo. El proyecto incorpora la creación de un fondo con aporte del Estado para impulsar el desarrollo del sistema de las sociedades a que hace referencia el anteproyecto de ley, regulando las funciones mínimas para su administración y las prohibiciones a que están sujetas. El objetivo de la ley es crear y regular el Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas y sus operaciones para facilitar el acceso de la MIPYME al financiamiento bancario y comercial, así como a las contrataciones y demás operaciones del giro normal de las empresas. El Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas lo conforman las Sociedades de Garantías Recíprocas, las Reafianzadoras de Sociedades de Garantías Recíprocas y el Fondo para el Desarrollo del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas. La Superintendencia de Bancos vigilará e inspeccionará a las entidades que conforman el Sistema. Las sociedades de garantías recíprocas se constituirán en forma de sociedades anónimas y se regirán por las disposiciones establecidas en el Código de Comercio de Guatemala y su escritura social, prevaleciendo las particularidades y excepciones que la ley dispone. El fin exclusivo es el de otorgar garantías personales a favor de sus socios partícipes, por aval o cualquier otra garantía legalmente permitida para el giro normal de las empresas, y brindar a dichos socios capacitación y asesoría. El capital inicial mínimo de este tipo de sociedades será de Q.10 millones y debe ser cubierto totalmente en efectivo. El Estado creará el Fondo para el Desarrollo del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas para la MIPYME con el objeto de promover su desarrollo. El fondo se constituiría con el aporte de Q.40 millones (US$ 5.3 millones) y otros aportes de organismos e instituciones nacionales e internacionales. b. Anteproyecto de Ley de creación del Banco Nacional de Promoción de Desarrollo (BANPRODE) Pretende la creación de un banco de segundo piso con el objetivo de unificar la forma legal y el funcionamiento de los programas Nacional para el Fomento de Microempresas y de Pequeñas Empresas y Global de Crédito para la Micro Empresa y Pequeña Empresa. El primero fue creado por el Estado para permitir la intermediación de los recursos vía entidades no bancarias mediante fideicomisos constituidos en algunos bancos del sistema. El segundo fue producto de un préstamo que obtuvo el Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, y que permite la intermediación de los recursos vía entidades bancarias mediante un fideicomiso constituido en el Banco de Guatemala. El banco de segundo piso se constituiría como un banco de capital mixto, organizado en forma de sociedad anónima, que permitiría la participación abierta del público en su capital social mediante la emisión de acciones nominativas, y la transparencia necesaria para conocer quiénes son los tenedores de los títulos. 2.6 Otros marcos legales relacionados con el financiamiento rural Resolución de Junta Monetaria, JM del 18 de Mayo del 2005 (Acta ). Se contempla como anexo al Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito que define y le da tratamiento al Microcrédito. En el Título I. Disposiciones Generales, Capítulo Quinto, Artículo 3, Definiciones, estipula: Microcréditos son aquellos activos crediticios otorgados a una sola persona individual o jurídica, que en su conjunto no sean mayores de ciento sesenta mil quetzales (Q.160,000) si se trata de moneda nacional, o el equivalente a veinte mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20,800) si 19