La venta de automóviles usados y las agencias intermediarias (ley )

Transcripción

1 La venta de automóviles usados y las agencias intermediarias (ley ) por Luis Moisset de Espanés E.D SUMARIO: I.- Introducción II.- El nuevo texto legal a) Obligación de inscribir b) Gratuidad c) Presión fiscal d) Venta entre comerciantes e) Mandato a favor de los intermediarios III.- Ámbito temporal de aplicación de la nueva ley a) Mandatos b) Transferencia a nombre de los intermediarios IV.- Conclusiones. I.- Introducción La aplicación del régimen de inscripción constitutiva al dominio de automotores no presenta dificultades en el momento de incorporación del vehículo al parque automotor, es decir en el caso de la primera venta del coche nuevo al usuario. Las agencias importadoras o concesionarias de automotores de fabricación nacional que, en razón de su profesión conocen el régimen legal vigente, se preocupan porque la unidad sea matriculada a nombre del adquirente. Los problemas se plantean posteriormente, cuando se comercializan vehículos usados y no se registran las transferencias, entregándose el automotor al adquirente, mientras la propiedad queda jurídicamente en manos del enajenante. En un primer momento la principal causa de esta anomalía puede haber sido el desconocimiento, por parte de los interesados, del régimen de dominio de los automotores, y aún hoy puede subsistir este motivo cuando el negocio se realiza entre dos particulares, legos ne materia jurídica. No sucede lo mismo, sin embargo, cuando interviene en la comercialización una

2 agencia, dedicada a la compraventa de coches usados que, por razones de su profesionalidad conoce o debe conocer las normas aplicables; y es menester señalar que la mayor parte de las transferencias de automotores usados pasa por manos de agencias de ese tipo. En conferencias, artículos y libros 1 hemos señalado que para terminar con la discordancia entre la realidad fáctica y los asientos registrales, una de las medidas prácticas más efectivas sería imponer a las agencias intermediarias la obligación de inscribir el vehículo a su nombre, pues en tal caso ellas mismas se preocuparían posteriormente, cuando el vehículo se reincorporase al uso efectivo, por lograr que se asentase en el Registro la nueva titularidad. Paralelamente, para que este paso por el Registro no tropezase con inconvenientes, propiciábamos la agilización y desgravación del trámite, tanto en materia de aranceles registrales, como en lo vinculado a impuestos a las transferencias, que deberían suprimirse o reducirse a expresiones mínimas, pues de lo contrario los interesados buscan cualquier medio para evadirlos. Lo cierto es que la realidad muestra que esos impuestos o aranceles no se abonan, ya que el intermediario nunca aparece como dueño del vehículo y oculta su titularidad bajo la forma de mandatos de venta o consignaciones, exigiendo al enajenante que deje los papeles firmados, con el nombre del adquirente en blanco, para completarse el día que el vehículo se revenda. Los inconvenientes que esta forma de proceder acarrea son múltiples: el titular registral continúa siendo dueño del vehículo y durante ese período pueden sus acreedores iniciar acciones judiciales en su contra y embargarlo. Puede también fallecer, y ser necesaria la sustanciación del juicio sucesorio; el nuevo adquirente con frecuencia no se preocupa por registrar la transferencia y las agencias tampoco lo hace, puesto que nunca figuraron como propietarios; todo ello ha generado abundantes litigios. Otras veces el formulario de inscripción que dejó firmado el enajenante, conocido como 08, tiene algún defecto que es observado por el Registro y cuando se busca al propietario para que suscriba un nuevo formulario, no se lo encuentra. En cada caso el único camino termina siendo un pleito, donde se verán involucrados por lo menos tres sujetos: propietario registral, agencia intermediaria y adquirente, y a veces más, porque ha habido varias transferencias sucesivas, sin que ninguna se registrara. Los nuevos textos acogen la recomendación que tantas veces formuláramos e imponen a los intermediarios la obligación de inscribir los coches a su nombre. Procuraremos analizar el mecanismo articulado y las posibilidades de que obtenga éxito. 1. Ver nuestro Dominio de automotores y publicidad registral, Buenos Aires, Hammurabi, 1981, p. 188 y siguientes; y Estudios de Derecho civil. Cartas y Polémicas, Córdoba-Buenos Aires, Zavalía, 1982 (en especial N 101, p. 67, N 106, p. 72 y N 121, p. 79). 2

3 II.- El nuevo texto legal La ley , en vigencia desde el 29 de noviembre de 1983, ha modificado el artículo 9 del decreto-ley 6582/58, cuyos dos últimos párrafos expresan ahora:... Las personas físicas o jurídicas registradas en el organismo de aplicación como comerciantes habituales en la compraventa de automotores, deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior. En tal caso no abonarán arancel alguno por el acto y por su inscripción, siempre que dentro de los noventa (90) días contados desde esta última, la reventa se realice e inscriba. Si ello no ocurre, el arancel se deberá abonar dentro de los cinco (5) días de vencido dicho plazo; y a partir del sexto día el arancel se incrementará con el recargo por mora que fije el Poder Ejecutivo Nacional. El beneficio que otorga este artículo no regirá cuando el adquirente y el vendedor sean comerciantes habituales, y este último haya hecho uso de la exención al efectuar su adquisición. El organismo de aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la compraventa de automotores, y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción. a) Obligación de inscribir El principal objetivo que se persigue con estas modificaciones es asegurar la efectiva inscripción de las transferencias, como se expresa en la exposición de motivos 2 y para lograr ese fin se impone a los intermediarios en la comercialización de vehículos usados la obligación de inscribirlos a su nombre. En realidad este dispositivo se encuentra en concordancia con la obligación que pesa sobre todo adquirente de un vehículo de registrarlo en un plazo de diez días (nuevo texto del artículo 15) de celebrado el acto, pero la insistencia no es superflua: se pretende evitar con ella que los intermediarios en la comercialización de vehículos usados aleguen que no son adquirentes, sino simples mandatarios, comisionados para la venta del coche, o consignatarios, y que sólo han recibido la tenencia del vehículo, hasta que se formalice la venta a un nuevo usuario. Adviértase que aunque así fuese, el propietario del vehículo podrá forzar la inscripción a nombre del intermediario, por la vía de la comunicación al Registro, prevista en los nuevos 2. Dice la exposición de motivos: La principal falla del sistema vigente radica en la no concordancia plena entre las constancias registrales y la realidad, como consecuencia de la falta de inscripción de un número considerable de las transferencias que se celebran. Las modificaciones que se auspician al texto legal tienden a asegurar la efectiva inscripción de las transferencias, para permitir el cumplimiento de los objetivos básicos del régimen registral en materia automotor. 3

4 artículos 15 y 27. En efecto, el párrafo 2 del artículo 15 aclara que el derecho de comunicar al Registro que no se ha efectuado la transferencia corresponde al propietario del automotor que por cualquier título hubiese entrado en la posesión o tenencia, si el poseedor o tenedor no inscribe su título en el Registro en el plazo indicado..., es decir, los diez días ya mencionados. Aunque el contrato exprese que se trata de una consignación, para que el intermediario, actuando como mandatario del propietario efectúe la venta, deberá inscribirse esa tenencia en el Registro que, sin duda, deberá prever la forma práctica de peticionar y concretar esos asientos registrales. La ley extrema las previsiones, reforzando su obligatoriedad y otorgándoles una imperatividad a la que no pueden sustraerse las partes, ya que pone de relieve que será nula toda cláusula que prohiba o limite esa facultad (artículo 15, párrafo 2!) Del propietario de comunicar al Registro que se ha entregado la posesión o tenencia del vehículo. Esta comunicación del propietario tiene como efecto la revocación de la autorización de circular (artículo 27), y el deber del Registro de notificar el hecho al adquirente para que inicie dentro de los 30 días el trámite de inscripción, bajo pena de secuestrar el automotor. b) Gratuidad Como medida correlativa de la obligatoriedad, se establece la gratuidad de la inscripción, eximiendo del pago de aranceles a quienes se hayan inscripto ante los organismos de aplicación como comerciantes habituales en el ramo de automotores. A la fecha de escribir estas líneas, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor no ha reglamentado todavía los requisitos que estos comerciantes habituales deben cumplir para inscribirse en tal carácter, y gozar -por tanto- del beneficio de la gratuidad, aunque debemos destacar que ya en 1981 se suprimió el impuesto a la transferencia de automotores, medida que habías aconsejado 3 y que tuvo alguna repercusión beneficiosa, pero resultó insuficiente para lograr el objetivo de sinceramiento registral. Ahora, siguiendo el mismo camino, se eximen del pago de aranceles las inscripciones que se efectúen por comerciantes habituales, pero la norma no tiene la amplitud que hubiese sido de desear, pues esa gratuidad es sólo transitoria. En sendas conferencias, dictadas en Río Gallegos 4 y Comodoro Rivadavía 5, hemos criticado la solución legal, pues favorece a quien 3. Ver nuestro Dominio de automotores. Transferencia, E.D (en especial punto IV, p ). 4. Asociación de Magistrados, Río Gallegos, 12 de diciembre de

5 menos lo necesita, es decir al comerciante que tiene la habilidad o la suerte de revender el vehículo en plazo breve (menos de 90 días) y pesa sobre aquellos que deben mantenerlos por más tiempo en sus playas de venta, de manera que a la inmovilización del capital por períodos prolongados, se suma la carga arancelaria. Y si el intermediario, transcurridos 95 días de la inscripción 6, demora en pagar los aranceles, comenzará a aplicársele un recargo por mora. La norma, tal como ha sido concebida, en lugar de alentar a los comerciantes a cumplir la ley puede impulsarlos a buscar artificios para burlarla y evitar que la presunta gratuidad termine convirtiéndose en una carga onerosa para ellos. c) Presión fiscal No terminan aquí los problemas; en los debates posteriores a las mencionadas conferencias hemos tenido oportunidad de apreciar que hay otro punto que preocupa a los comerciantes más aún que el pago de los aranceles: las cargas impositivas. La inscripción del automóvil usado a nombre del intermediario no está, al menos por ahora, liberada del pago del IVA 7, que debe tributarse en el momento de la transferencia y ello se convierte en un obstáculo para la pretensión del legislador de que estas inscripciones se efectúen. Al menos ésta es la explicación que suele darse a la actitud reticente del intermediario frente a la obligación de inscribir los vehículos a su nombre, aunque quizás en el trasfondo existan otras causas ocultas, también de carácter fiscal, que no se suele querer mencionar. Los intermediarios se quejan diciendo que si bien es cierto que la suma que ellos deben oblar en concepto de IVA al efectuar la inscripción luego podrá descontarse de lo que debe abonarse en la transferencia al usuario definitivo, el reintegro no es completo porque en los contratos de compraventa no figuran los valores reales y que, aunque la suma se recuperase íntegramente su desembolso significa inmovilizar un capital importante mientras no se consiga nuevo comprador para el vehículo. Se arguye, entonces, que teniendo el IVA como sujeto pasivo el consumidor final, no debería aplicarse en las compras efectuadas por quienes se dedican a la reventa de coches usados, ya que ellos no son realmente usuarios o consumidores del bien, y 5. Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, 14 de diciembre de Vencidos los 90 días por los cuales se concede gratuidad a la inscripción, si el coche no se ha vendido a un usuario debe pagarse el arancel dentro de los cinco días siguientes; a partir del día siguiente, es decir del día 96, se pagará recargo por mora (párafo 3 del nuevo artículo 9). 7. Las nuevas autoridades nacionales han anunciado la supresión del IVA, pero todavía no se ha concretado. 5

6 solamente debería tributarse el gravamen por quien luego adquiere el vehículo para usarlo. Hemos consultado el punto con un experto profesional, que al mismo tiempo es profesor universitario de la especialidad 8, quien nos ha explicado que en la práctica el IVA no resulta verdaderamente gravoso para los intermediarios, pues ellos lo descuenta de la suma que acreditan al propietario del vehículo usado; así, por ejemplo, si el coche s tasado en pesos y el adquirente debería pagar pesos de IVA, esa cifra no es pagada por el concesionario, sino que es descontada de la cantidad que se entrega al dueño del vehículo. Quizás la verdadera causa de la resistencia de los concesionarios se encuentra en otro gravamen fiscal: el impuesto a las ganancias. Muchos de los vehículos que se encuentran en las playas de los revendedores han sido adquiridos con lo que en la jerga comercial se conoce como dinero negro 9, y si se registra la titularidad de todos ellos sería muy fácil a la Dirección Impositiva verificar el movimiento real de la empresa, su volumen exacto de ventas, y poner coto a la evasión del impuesto a las ganancias y al manejo del dinero negro. Estimamos que una medida inteligente, que a la larga redundaría en provecho del Fisco, sería desgravar totalmente durante un lapso de 10 ó 20 años la inscripción de los vehículos usados y las ganancias que resulten de su comercialización, hasta que el público en general se habitúe a exigir la inscripción a nombre de los intermediarios. Recién cuando se haya creado la costumbre de inscribir, deberían reimplantarse los gravámenes fiscales, con alícuotas moderadas, pues al haber desaparecido las causas de evasión fiscal no se justificaría establecer alícuotas altas. Se lograría así el doble objetivo de fomentar la inscripción para lograr la concordancia de realidad y registro y hacer más justo el tributo, que pesaría sobre todos por igual, al eliminarse la evasión. d) Venta entre comerciantes La gratuidad de la inscripción no alcanza a las ventas entre dos comerciantes habituales, cuando ya uno de ellos se ha beneficiado con la exención (artículo 9, último párrafo). El dispositivo está dentro de la línea de pensamiento que ha inspirado al legislador: gratuidad limitada. Como nosotros consideramos que la gratuidad debe ser amplia y extenderse durante todo el tiempo que el vehículo se encuentre fuera de uso, en manos de los comerciantes encargados de su reventa, pensamos que toda venta a comerciante habitual de un vehículo usado, 8. El profesor Carlos H. RESK, a quien agradecemos las explicaciones que nos brindó. 9. Así suele denominarse a los capitales que evaden las cargas fiscales. 6

7 destinado a integrar el stock de mercaderías que el intermediario tiene para ofrecer al público, no debería pagar arancel de inscripción o pagar un arancel mínimo. Pero, si se acepta la gratuidad limitada en el tiempo, las ventas entre comerciantes podrían servir para burlar el dispositivo y lograr que por transferencias sucesivas -efectuadas dentro del plazo de 90 días- no se pagase el arancel. e) Mandato a favor de los intermediarios En los últimos tiempos se ha convertido en práctica muy difundida que las agencias intermediarias soliciten al propietario del automotor un mandato irrevocable para la venta del vehículo a un tercero. Si esta práctica continuase aplicándose sin limitación podría burlarse fácilmente la nueva disposición que ordena al intermediario inscribir el vehículo a su nombre, ya que proseguiría manteniéndolo a nombre del enajenante y se limitaría a actuar como simple mandatario en el momento en que encontrase un adquirente. El legislador ha procurado poner fin a este modo de proceder, disponiendo en el último párrafo del artículo 13:... Los mandatos para hacer transferencias de automotores, o para realizar trámites o formular peticiones ante el Registro o el organismo de aplicación, caducarán a los noventa (90) días de su otorgamiento, excepto cuando las facultades aludidas estén contenidas en poderes generales o se tratare de poderes para interponer recursos administrativos o judiciales. Se trata de una norma de carácter imperativo; de ahora en más los poderes de este tipo estarán sujetos a un plazo de caducidad. Además, si el mandatario pretende suscribir él -en lugar de las partes- la solicitud de inscripción, es decir el 08, el mandato deberá haber sido otorgado por escritura pública (artículo 13, penúltimo párrafo). La caducidad de los poderes es aplicable a todos los que se otorguen con posterioridad a la vigencia de la ley (es decir después del 29 de noviembre de 1983); más adelante analizaremos qué sucede con los poderes irrevocables otorgados con anterioridad. III.- Ámbito temporal de aplicación de la nueva ley Todo cambio de régimen legal plantea el problema de establecer cuáles son las situaciones regidas por la ley antigua y cuáles las situaciones regidas por los nuevos dispositivos, determinando también el momento en que las nuevas normas comenzarán a aplicarse. El artículo 3 del Código civil, que establece el efecto inmediato de las nuevas leyes, es la norma más importante para la solución de estos conflictos, pero en muchos casos particulares el 7

8 legislador incluye algunos dispositivos de transición, que completan o restringen la solución general prevista por el Código. Resulta, pues, necesario armonizar unos y otros dispositivos para solucionar los problemas que pueden plantearse. Procuraremos realizar esa tarea. a) Mandatos Hemos dicho más arriba que respecto a los mandatos otorgados con posterioridad a la vigencia de la ley no hay problema alguno; en virtud del efecto inmediato de la ley nueva, proclamado por el artículo 3 del Código civil, se encontrarán todos ellos sometidos al plazo de caducidad de 90 días, que es imperativo y no puede ser dejado de lado por voluntad de las partes. Las normas imperativas dan forma la estatuto legal que rige ciertas relaciones jurídicas y al cual las partes deben someterse sin poder modificarlo 10 ; en este caso una nueva disposición imperativa, que establece la caducidad de los mandatos, ha sustraído del campo de la autonomía de la voluntad un sector que antes le estaba reservado y lo transforma en terreno regido por un estatuto legal, porque está en juego un interés público. Al respecto hemos dicho 11 que en tales casos la nueva norma se considera mejor y debe lograr aplicación en el menor plazo posible; por ello se admite el efecto inmediato, aunque ello signifique en cierta medida retroactividad, pues cambia la regulación de efectos de relaciones jurídicas contractuales nacidas con anterioridad a la vigencia de la nueva norma. De tal manera se cambia la regulación de los efectos futuros de la relación contractual, pues a partir de su entrada en vigencia la nueva norma niega facultades a la autonomía de la voluntad para continuar regulando ese sector de relaciones jurídicas. En el caso que analizamos el legislador establece un estatuto legal, creando un plazo de 90 días para los mandatos que se otorguen para la transferencia de automotores. La nueva norma imperativa alcanzará a las relaciones contractuales en curso de ejecución, pero el plazo comenzará a correr a partir de la fecha de vigencia de la ley De esta forma todos los mandatos irrevocables otorgados con anterioridad quedarán afectados por la caducidad, pero el plazo no se contará a partir de la fecha de celebración, sino desde el 29 de noviembre de 1983, por lo que caducarán el 27 de febrero de Estimamos que la norma especial de transición, contenida en el artículo 5 de la ley , que concede 120 días para regularizar las inscripciones de transferencias anteriores, no 10. Ver nuestro Irretroactividad de la ley, y el nuevo artículo 3 del Código civil2, Imp. Universidad Nacional, Córdoba, 1976 (distribuye ed. Zavalía). 11. Obra citada en nota anterior, p

9 se refiere para nada al plazo de caducidad de los mandatos, sino solamente a la obligación del adquirente de efectuar la registración a su nombre, y menciona de manera expresa las dos normas que de ellas tratan (artículos 15 y 27). De cualquier manera, si se entendiese aplicable el dispositivo del artículo 5 de la ley , los mandatos anteriores caducaría el 28 de marzo de b) Transferencia a nombre de los intermediarios Debemos insistir en que la ley impone a los comerciantes habituales de vehículos usados la obligación de inscribir las unidades a su nombre, aunque afirmen actuar en el carácter de tenedores (ver punto II, a) de este trabajo). Esa obligación debe cumplirse, normalmente, dentro de los 10 días de recibida la posesión o tenencia del coche (artículos 15 y 27), pero el legislador ha contemplado la necesidad de otorgar un plazo mayor para regularizar la situación de todos los vehículos que se encuentran en poder de los intermediarios (o de otros adquirentes) previendo en el artículo 5 (ley ), que: Dentro de los ciento veinte (120) días a partir de la vigencia de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro los contratos de transferencia de automotores celebrados con anterioridad a la referida fecha de entrada en vigencia, resultando a partir de esa oportunidad de aplicación para ellos las normas contenidas en los artículos 15 y 27 del decreto-ley 6582/58, ratificado por ley y sus modificatorias - Como la ley entró en vigencia el 29 de noviembre de 1983, el plazo de 120 se integrará el día 28 de marzo de Para que sus normas puedan cumplirse sin dificultades es menester que antes de esa fecha la Dirección Nacional de Registros del Automotor reglamente el modo de inscripción de los comerciantes habituales, para facilitar que registren los coches usados y no se les cobre el arancel. Qué sucederá si, vencido el plazo de 120 días no se han reglamentado todavía esas normas? La ley se encuentra ya vigente y la obligación de inscribir tiene operatividad inmediata; puede suceder que algunos propietarios que han entregado vehículos a revendedores, vencidos los 120 días que otorga el artículo 5 se presenten exigiendo que los pongan a su nombre. Podrán los intermediarios solicitar que se los exima de aranceles, aunque la reglamentación no se haya dictado? Creemos que sí, pues si la obligación de inscribir está vigente, la exención del arancel debe también aplicarse y para lograrla bastará que el peticionante acredite por cualquier medio su condición de comerciante y que se dedica a la reventa de automotores, ya que no puede privárselo de la gratuidad legal -correlativa del deber de registración- porque no se haya 9

10 dictado la reglamentación. Pensamos, incluso, que la misma solución es aplicable aunque no medie requerimiento de los titulares registrales y sea el propio comerciante quien tome la iniciativa de regularizar la situación de los vehículos que ha adquirido y tiene en su playa de ventas. Al proceder así está cumpliendo un deber legal y no puede retaceársele el beneficio correlativo porque la burocracia administrativa demore en reglamentar sus disposiciones. IV.- Conclusiones 1) El día 16 de noviembre de 1983 se sancionó y promulgó la ley que modifica el régimen de la propiedad de automotores. Esta ley se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el día 21 del mismo mes, y entró en vigencia el día 29. 2) El actual artículo 9 del decreto-ley 6582/58 (modificado por la ley ) establece que los comerciantes habituales deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa. Esta registración no abonará arancel, durante 90 días. 3) La gratuidad de la registración por los intermediarios debió establecerse de manera amplia y alcanzar también a los gravámenes fiscales. 4) El intermediario está obligado a inscribir el coche usado a su nombre, aunque lo reciba solamente como tenedor. 5) Los poderes otorgados para la venta de automotores están sujeteos a un plazo de caducidad de 90 días. 6) Los poderes otorgados con anterioridad a la vigencia de la ley, aunque sean irrevocables, caducarán el 27 de febrero de ) Las reventas de coches usados entre comerciantes no gozan del beneficio de la gratuidad de registración. 8) Las transferencias efectuadas antes de la vigencia de la nueva ley, disponen de 120 días de plazo (hasta el 28 de marzo de 1984) para regularizar su situación (artículo 5, ley ). 10