Homicidios de indígenas, : instrumento de apropiación violenta de la tierra

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1 Homicidios

2 Homicidios de indígenas, : instrumento de apropiación violenta de la tierra Natalia Lozano Mancera Politóloga Maestría en Estudios de Paz, Seguridad, Desarrollo y Resolución del Conflicto Internacional Candidata a Doctorado en Medios y Comunicación Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia 108

3 Según el censo realizado en el año 2005 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia habitan personas indígenas, pertenecientes a 87 pueblos que representan el 3,3 % de la población nacional. Por su parte, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (ONIC), afirma que en Colombia habitan 102 pueblos indígenas, de los cuales, 32 tienen una población menor de 500 personas; de estos, 18 tienen una población inferior a 200, y 10 tienen una población inferior a 100 individuos (1). La Corte Constitucional, en el Auto 004 de 2009, asegura que hay pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural debido al conflicto armado 1, por lo que conmina al Estado colombiano a tomar medidas para su protección mediante la elaboración de planes de salvaguarda para 34 pueblos indígenas que, según su criterio, se encuentran en mayor riesgo de desaparecer. El gobierno acató estas recomendaciones; sin embargo, la ONIC ha manifestado su preocupación al respecto, pues entre los pueblos con plan de salvaguarda sólo se incluyó a uno de aquellos cuya población es menor de 500 habitantes. Por otro lado, el Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN), en un estudio sobre la violencia política sufrida por este grupo poblacional entre los años 1974 y 2004, encontró que para dicho periodo la tasa de homicidios por cada habitantes del pueblo kankuamo fue 49 veces mayor que la tasa nacional y, si bien las cifras son menos alarmantes que esta última, las tasas de homicidios para varios pueblos indígenas nasa, embera y wayuu, entre otros son mayores que la nacional (3). Estos pocos datos dan idea de la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas en Colombia. En este artículo se propone dar una mirada a los homicidios contra personas indígenas ocurridos en los últimos 10 años y entenderlos, no como hechos aislados, sino como actos inscritos en la lógica del conflicto armado en el cual la violencia es ejercida como instrumento de estrategias e intereses definidos. El análisis se hará teniendo en cuenta diversas bases de datos sobre violaciones de derechos humanos, varios estudios sobre el impacto de diferentes proyectos productivos sobre los territorios y pueblos indígenas, así como varios documentos sobre las dinámicas del conflicto armado en los últimos diez años [ ] Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombiana continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad, ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural [ ]. (2) 2. Si bien la intención inicial de este artículo era llevar a cabo un análisis de las cifras de homicidios de miembros de grupos indígenas en los últimos diez años, hallando posibles tendencias departamentales, por pueblos y rol de las personas asesinadas dentro de su comunidad, al hacer la investigación fue evidente que muchos de estos datos no se encuentran, y otros difieren de un sistema de información al otro. Se consultaron aquí los datos de Noche y Niebla, las cifras de CECOIN publicadas en el libro Violencia Política, los informes del observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y se le solicitaron cifras a la ONIC. Finalmente, viendo la diferencia de los datos, se optó por no tomar en cuenta una sola de las fuentes sino todas ellas, buscando dar una visión más completa del fenómeno estudiado, pero haciendo énfasis en el análisis contextual y no en el estadístico. 109

4 El territorio La victimización de los grupos indígenas se da en un contexto en el que confluyen en su territorio diversos intereses. Afirma la Corte Constitucional que [ ] La titulación formal de tierras y la constitución de resguardos en la práctica no garantizan la posesión material por las comunidades; de hecho, sus territorios, sean o no parte de resguardos, son apropiados por grupos armados ilegales, delincuentes, narcotraficantes, colonos y agentes movidos por intereses económicos [ ] (2), y en muchas ocasiones, ante la resistencia indígena a ser despojados o sometidos en sus tierras, las masacres o asesinatos selectivos se convierten en el instrumento de dominación. Los territorios resultan valiosos para la explotación minera y de hidrocarburos, y para la implementación de megaproyectos para siembra de cultivos ilícitos, y como ruta para la salida de drogas o como zona estratégica en la disputa con otros actores armados. Mapa 1. Pueblos indígenas en riesgo en Colombia Fuente: 110

5 Narcotráfico Según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para 2011 existían dentro del territorio indígena hectáreas con cultivos ilícitos, lo que corresponde al 9 % del total nacional de los territorios indígenas. Reportan, así, un incremento de 3,5 % con respecto al El mayor número de hectáreas sembradas dentro de los territorios indígenas se encuentra en la región del Pacífico donde hay hectáreas sembradas, seguido de los departamentos de Guaviare y Meta con hectáreas, después, 830 entre Putumayo y Caquetá, 375 en la Región Central del país, 390 en la Amazonía y 27 en la Sierra Nevada de Santa Marta (4). Al ser los territorios indígenas generalmente zonas de difícil acceso, son buscadas por los colonos para destinarlos al cultivo de coca. En algunos casos, cuando se han establecido estos cultivos en los resguardos, los indígenas deben dedicarse a su siembra pues la coca se convierte en la moneda de intercambio (5). La existencia de estos cultivos en los territorios indígenas implica un deterioro en la seguridad alimentaria de estos pueblos, al obstaculizar el acceso a sus territorios tradicionales de siembra, caza y pesca. Asimismo, los suelos, cultivos de alimentos y aguas se ven contaminadas por las fumigaciones realizadas con el fin de eliminar los cultivos de droga. Esto por mencionar solo uno de los impactos que genera el narcotráfico al establecerse en territorios indígenas. Hay, por otra parte, territorios indígenas que no son codiciados para el cultivo de la droga sino como zonas de paso estratégico para la salida de ésta, como los corredores de salida al Océano Pacífico, en Urabá o La Guajira. En un estudio reciente de la Fundación Ideas para la Paz, se analiza el accionar de los grupos paramilitares y las llamadas bandas emergentes encontrando que, si bien su principal fundamento ideológico es la lucha antisubversiva, en la práctica, sus principales móviles son intereses asociados al narcotráfico. Haciendo un análisis minucioso se demuestra en dicho informe que las zonas donde la presencia guerrillera representa un alto riesgo para la seguridad, no coinciden con las zonas de accionar paramilitar. Por el contrario, evidencia el estudio, que donde se producen asesinatos o masacres cometidos por grupos paramilitares son las mismas regiones con presencia de cultivos ilícitos o fundamentales en las rutas de comercialización de la droga (6). Minería e hidrocarburos La Contraloría General de la Nación, en su documento Minería en Colombia, afirma que el 80 % de las violaciones a los derechos humanos ocurren en territorios mineros y, de las violaciones de derechos humanos ocurridas a miembros de pueblos indígenas, el 89 % [ ] se cometieron en las áreas donde el agro y la pesca se cambiaron, a las buenas o a las malas, por oro y petróleo [ ] (7). Según estudios de Human Rights Everywhere, la siguiente es la relación entre proyectos mineros o petroleros y los pueblos indígenas más afectados por cada uno de ellos (8). 111

6 Cuadro 1. Pueblos indígenas y los recursos asociados a sus territorios RECURSO Explotación de hidrocarburos Infraestructura para explotación de hidrocarburos Exploración de hidrocarburos Carbón Oro Plata y platino Sulfuros polimetálicos Salinas Azufre y otros Níquel o ferroníquel Pijao, sikuani, awá, nasa, saliba Pijao, awá, wayuu, embera chamí PUEBLO Pijao, sikuani, nasa, awá, inga, u wa, saliba, wayuu Wayuu, yuko, chimila, wiwa, arhuaco, kogui, kankuamo, u wa, embera, embera katío, embera chamí, zenú, nasa, pijao, cañamomo, muisca Embera, embera chamí, embera katío, zenú, wounaan, pijao, nasa, guambiano, pasto, totoro, inga, kaementza, yanacona, puinabe, kurripaco, carijona, tariano Embera, embera katío, embera chamí Embera, embera katío, embera chamí Wayuu Nasa, coconuco Zenú Fuente: Mignorance F. Hidrocarburos: Tierra profanada: el impacto de los megaproyectos Human Rights Everywhere, ONIC; Por otro lado, el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas (ADPI) asegura que los pueblos indígenas del Amazonas, Guaviare, Arauca, Chocó y Nariño, están siendo afectados por las plantaciones extensivas de palma aceitera (9). Existe en la legislación colombiana el mecanismo de Consulta Previa que tiene como objeto consultar con los pueblos indígenas cualquier proyecto que se pretenda ejecutar en su territorio. Sin embargo, como también consta en el informe de la Contraloría, las intimidaciones a los pueblos indígenas y los desplazamientos forzados son utilizados por las empresas para omitir este paso, declarar la imposibilidad de realizarlo y obtener así licencias para sus proyectos (7). Muertes por las tierras y sus reclamos Según la ONIC, entre los años 2003 y 2012, se presentaron asesinatos de personas indígenas en Colombia. Cuadro 2. Homicidios de indígenas, Total Fuente: ONIC Estas cifras hacen evidente que, desde la proclamación del Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, los homicidios de los pueblos indígenas no han cesado; por el contrario, han aumentado respecto a los años anteriores. A continuación daremos una mirada al contexto en el cual se han dado estos asesinatos, encontrando que se van dando transformaciones en cuanto a la ubicación geográfica de los hechos y, asimismo, los pueblos que resultan más victimizados por estos. Estos cambios corresponden a variaciones en las dinámicas del conflicto armado, a la consolidación de los grupos armados en ciertos territorios y a los intereses geoestratégicos y económicos que van adquiriendo diversas regiones del país. En el norte Pueblo kankuamo. Durante los últimos años de la década de los noventa y los primeros de la década del dos mil, se dio la consolidación del dominio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre gran parte del territorio nacional. La Costa Atlántica se convirtió en territorio 112

7 del Bloque Norte y en el territorio kankuamo llegó a operar en el 2001 el Frente Mártires del Valle de Upar. La llegada de los paramilitares a esta región dio origen a lo que el Alto Relator de la Naciones Unidas para Asuntos Indígenas ha denominado como el etnocidio del pueblo kankuamo. Apoyados por una alianza entre empresarios y narcotraficantes de la región, los paramilitares entraron a disputarles el control territorial a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército Popular de Liberación (EPL) que estaban en la región desde finales de los años 80. Con el pretexto de castigar a los colaboradores de la guerrilla, cientos de kankuamos fueron asesinados (3). El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia asegura que los asesinatos de miembros del pueblo kankuamo fueron fruto de la confrontación entre guerrillas y paramilitares, donde cada uno de los bandos buscaba entre los civiles aliados del otro bando (10). CECOIN, por su parte, afirma que de los 207 asesinatos ocurridos entre 1995 y 2004, 131 fueron cometidos por paramilitares, 43 por guerrilleros, 25 por otros (paramilitares o fuerzas estatales) y 8 por fuerzas del Estado (3). Es importante recalcar que el año más violento que tuvieron que sufrir los kankuamos, el 2003, fue justo el mismo año en que su territorio fue proclamado como resguardo por el gobierno nacional. Este fenómeno se podría entender dentro de lo que Mauricio Romero 3 ha denominado el "proceso de contrarreforma agraria". Según este investigador, en Colombia tras la proclamación de una legislación de políticas incluyentes, como lo fue la Constitución de 1991 que otorgó instrumentos para la titulación de tierras colectivas a las minorías étnicas del país, las élites locales, atemorizadas por la inminente pérdida de privilegios, se aliaron, patrocinaron o conformaron grupos paramilitares con el fin de mantener el status quo rural (11). Dicha tesis se ve corroborada una vez más con las retaliaciones emprendidas por la mano negra 4 o el más reciente Ejército Anti-Restitución de Tierras. Según el documento Hoja de Cruz elaborado por la organización kankuama, en 2003 se presentaron 78 homicidios (12), y CECOIN habla de 58. El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia asegura que el 48 % de los homicidios de miembros del pueblo kankuamo entre 1995 y 2008, ocurrieron entre los años 2002 y Por otro lado, analizando los datos de Noche y Niebla se puede ver que el mayor número de asesinatos de miembros de pueblos indígenas en el año 2003 se dio en el departamento de César (14). De acuerdo con la misma fuente, al año siguiente este fenómeno se trasladaría a La Guajira. Pueblo wayuu. La Guajira, como es bien sabido, ha sido un lugar estratégico para el contrabando, el tráfico de drogas y el de armas. Los paramilitares entraron a la zona a tomar control de estas rutas. El asesinato de indígenas wayuu se dio en este contexto, cuando estos se resistían al control impuesto por los armados. De esta manera, mientras que en 1997 los homicidios en este departamento fueron 228, en el 2004 fueron 442 (15). Esta región del país estuvo también bajo la dominación del Bloque Norte. Si bien el asesinato de indígenas wayuu, sobre todo de sus líderes, fue una constante desde la incursión paramilitar en esta zona en el año 2001, el pico máximo de violencia se dio en 2004 cuando se perpetró la masacre de Bahía Portete, en la cual hombres del Frente Contrainsurgencia Wayuu asesinaron cuatro personas y desaparecieron a dos más. Después de la masacre, la Defensoría del Pueblo registró el desplazamiento de 808 personas del pueblo wayuu. Hay una particularidad en el ingreso de los grupos paramilitares en La Guajira, donde indígenas wayuu favorecieron la entrada de este grupo armado. Esto dio como fruto unas tácticas 3. Investigador colombiano que ha estudiado ampliamente las dinámicas del conflicto armado en Colombia. 4. En junio de 2012, el presidente de la República Juan Manuel Santos habló de la existencia de una mano negra: La mano negra de la extrema derecha, la que no quiere que se repare a las víctimas, la que no quiere que se restituya a los campesinos (13). 113

8 de sometimiento a la población especialmente perversas, como lo ejemplifica la masacre de Bahía Portete. Allí, junto a los paramilitares, entraron dos mujeres wayuu, quienes señalaron a las personas de la comunidad que debían ser asesinadas. Así, de las seis víctimas de la masacre, cinco eran mujeres. Dentro de la cultura wayuu, la mujer cumple un rol central, pues es ella quien va construyendo la comunidad en el acto del tejido. De esta manera, con el asesinato y desaparición de las cinco mujeres, se atacaba a la comunidad entera y su capacidad de resistencia 5 (15). A partir de noviembre de 2003, tras llegar a acuerdos con el gobierno, se empezaron a desmovilizar los diferentes bloques de las AUC, el Bloque Norte fue de los últimos de hacerlo en marzo de Sin embargo, los homicidios contra miembros del pueblo wayuu continúan siendo una constante. En el Pacífico Durante los años de dominio paramilitar en el departamento del Chocó, estaba el Bloque Elmer Cárdenas desmovilizado en el 2006 y el Bloque Pacífico desmovilizado en agosto de En el departamento del Valle del Cauca y en algunos municipios del departamento del Cauca, estaba el Bloque Calima, desmovilizado en diciembre de En Nariño, estaba el Bloque Libertadores del Sur, parte del Bloque Central Bolívar, desmovilizado en julio de Como se ha visto con el pasar de los años, el acuerdo de paz con los paramilitares no significó el abandono de las armas sino la reconfiguración de otras estructuras armadas, neoparamilitares, que empezaron a operar a lo largo del territorio nacional. Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, empezaron a copar los vacíos dejados por los frentes paramilitares, a saber: hacerse al control del narcotráfico y ejercer mecanismos violentos de control social 6. A lo largo de todo el Pacífico, estos grupos aparecieron rápidamente. En la parte norte de esta región se encuentran Los Urabeños, mientras que en el sur el control es de Los Rastrojos 7. Por otro lado, no hay que olvidar que las FARC han tenido una presencia histórica en la Región del Pacífico. En la mayoría de las ocasiones esto ha significado un enfrentamiento por el control territorial con los paramilitares y sucesores pero, en otras ocasiones se han establecido pactos de no agresión entre ambos actores con el fin de que cada uno pueda sacar el mejor provecho del narcotráfico (16). Como se puede ver en el mapa 2, el porcentaje de tierras con titulación colectiva en el Pacífico es del 87 %; a esto se le debe contraponer la cantidad de recursos de interés para diferentes multinacionales, como oro, carbón, platino, cobre, madera y palma de aceite, entre otros. Se debe tener en cuenta que, además de zona de cultivos ilícitos, los departamentos de Nariño, Cauca y Valle se encuentran en rutas de salida de droga al Océano Pacífico. El Pacífico colombiano es quizá la región de Colombia donde podemos ver ratificada de manera más evidente la tesis de Mauricio Romero, según la cual las legislaciones de reconocimiento de minorías, en este caso, las titulaciones colectivas de tierra, se convierten en campos para la regresión de dichas políticas de manera violenta. 5. Noche y Niebla consigna que un año más tarde, el 7 de julio de 2005, [ ] Paramilitares de las AUC, dos hombres y dos mujeres vestidas con mantas tradicionales indígenas de la región que se movilizaban en una camioneta Toyota de color blanco, ejecutaron a Dilia Epinayúu de 50 años, madre de 12 hijos, indígena de la comunidad Wayuu que sobrevivió a la masacre ocurrida en Bahía Portete el 18 de abril de Igualmente pertenecía a una de las familias que retornaron a Bahía Portete en agosto de 2004, después de que el Vicepresidente de la República anunciara que existían todas las garantías para que las familias desplazadas regresaran a la región. Así mismo "fue una de las testigos que identificó a algunos de los autores y partícipes de la masacre"(14). 6. Según estudios de la Corporación Nuevo Arcoíris, los grupos neoparamilitares buscan gerenciar todas las formas delincuenciales del país. 7. Hay que aclarar que ambos grupos buscan expandirse territorialmente, por lo que tal delimitación de sus zonas de influencia no es del todo fija. 114

9 Mapa 2. Régimen de la propiedad en el Pacífico colombiano Fuente: Así, se presentan ahora en esta región de Colombia dinámicas perversas en las que se evidencian alianzas entre multinacionales, neoparamilitares y guerrillas: [ ] Las trasnacionales apoyándose en paramilitares para hacer viable la extracción de recursos; las mafias interesadas en los corredores hacia el Pacífico para dinamizar la economía legal y los paramilitares ligados a la economía del narcotráfico y articulados a la estrategia contrainsurgente con la fuerza pública [ ] (17). A continuación daremos una mirada a los pueblos del Pacífico que han sido victimizados de manera más sistemática en los últimos años. Pueblo nasa. Este pueblo ha sido el que históricamente ha tenido una organización política más sólida en el escenario nacional y no es casualidad que los nasa aparezcan como el pueblo que ha sufrido los mayores niveles de homicidio entre todos los pueblos indígenas del país. Según el Sistema de información Unificado sobre Pueblos indígenas de Colombia de ONIC y CECOIN, desde 1974 y hasta 2009, habían sido asesinados 634 indígenas nasa (18). Las dinámicas del conflicto que se han exacerbado en el Pacífico sur, han hecho que en los últimos tres años el pueblo nasa sea el que más víctimas ha tenido. Así, en el 2012 fueron asesinadas 26 personas (19), 46 en el 2011 (20) y 45 en el 2010 (21), para un total de 760 miembros del pueblo nasa asesinados desde La proclamación de su autonomía ha sido su lucha constante, lo que les ha valido ser estigmatizados por la guerrilla de ser colaboradores del ejército o de los paramilitares y viceversa. Esta situación se ve agravada por los pronunciamientos hechos desde el mismo establecimiento, cuando las movilizaciones indígenas son señaladas de ser promovidas por movimientos guerrilleros. Pueblo awá. Para el 2009, el pueblo awá era el que más homicidios había reportado y el departamento de Nariño en el que más miembros de pueblos indígenas habían sido asesinados. 115

10 A inicios de ese año se perpetraron dos masacres; en la primera, el 4 de febrero, asesinaron a 17 indígenas, y el día 11 del mismo mes, fueron 10 las víctimas. Más tarde ese año, el 27 de agosto, 12 indígenas fueron asesinados. Las FARC aparecen como los responsables de estas tres masacres (9). Desde entonces, si bien el número de awá asesinados ha disminuido, este continúa siendo uno de los pueblos más victimizados a nivel nacional. Pueblo embera. Asentados en el departamento del Chocó, los embera han tenido que sufrir las disputas que en su territorio se han dado entre frentes paramilitares, neoparamilitares, guerrilla y fuerza pública. Su territorio es codiciado por sus yacimientos de oro, carbón, plata, platino y sulfuros, para la explotación maderera y para el establecimiento de cultivos extensivos de palma africana (8). Pueblo embera chamí. Ubicado entre los departamentos de Caldas y Risaralda, su territorio se encuentra en un corredor estratégico de salida al Pacífico. Esta situación ha generado constantes disputas entre actores armados que quieren tener el control del territorio. Asimismo, para infortunio de este pueblo indígena, son territorio aurífero, lo que genera más presión en la lucha territorial, involucrando no solo a los actores armados ilegales sino a empresas multinacionales (9). Pueblo embera katío. Sus territorios se encuentran dispersos a lo largo de los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Nariño. De este modo, sus tierras reciben presiones de diversos tipos. De manera generalizada, han sido estigmatizados como colaboradores de la guerrilla por los paramilitares y la fuerza pública, por lo que se han producido numerosos asesinatos y desplazamientos forzados. Sus tierras también tienen altos índices de cultivos ilícitos y son, otro lado, codiciadas para la extracción maderera y minera, por tener reservas de oro, molibdeno, platino, cinc y cobre. Otro factor que ha generado impacto en esta comunidad, ha sido la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá en Tierralta (Córdoba) (9). Cuadro 3. Pueblos indígenas con mayores niveles de homicidios, Pueblo Víctimas 1 Nasa Kankuamo Wayuu Embera katío Awá Embera chamí Zenú Embera 117 Fuentes: Sistema de Información Unificado sobre Pueblos indígenas de Colombia de ONIC y CECOIN; Sistema de Información, Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DDHH, DIH y Paz. Cuadro 4. Pueblos indígenas con mayores niveles de desplazamiento, Pueblo Personas Desplazadas 1 Nasa Awá Embera Wiwa Embera katío Wounaan Eperara siapidara Wayuu Fuente: Sistema de Información Unificado sobre Pueblos indígenas de Colombia de ONIC y CECOIN 116

11 Se debe resaltar aquí que de los ocho pueblos que han sufrido más homicidios desde 1974, cinco de ellos tienen presencia en la Región del Pacífico; mientras que, de aquellos que tienen mayores cifras de desplazamiento, los primeros siete habitan en esta misma región del país 8. En un reciente estudio de la Corporación Nuevo Arcoíris, se afirma que los grupos armados ilegales están siendo desplazados de las regiones centrales hacia la periferia por la presión que las fuerzas armadas han ejercido en el centro del país. Por eso se explica la fuerte presencia de los neoparamilitares en los departamentos de Cauca y Nariño (22). Pero debemos tener en cuenta también lo que se ha venido recalcando a lo largo de este artículo, los territorios generan intereses geoestratégicos y en esa medida son dinamizadores del conflicto. En otras regiones El pueblo zenú ha sufrido también altos índices de homicidio en la lucha por el respeto de su territorio ubicado en municipios de Antioquia, Córdoba y Sucre. Este territorio ha sido lugar de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, de dominación total de las AUC durante su existencia y ahora de presencia de los grupos neoparamilitares, sufriendo todas las consecuencias de quedar en el camino de los intereses de los grupos armados. En su territorio ha sido especialmente significativa la presencia de recursos de ferroníquel y su explotación a gran escala en la planta de Cerro Matoso. Por otra parte, es importante notar la violencia resistida por los pueblos de la región oriental de Colombia. Los pueblos sikuani, u wa, saliba e hitnu han padecido la presión puesta en su territorio por la presencia de proyectos petroleros y, más recientemente, de palma aceitera; también, el confinamiento cada vez más estrecho del que son víctimas pueblos de tradición nómada, como el nukak. Conclusiones La violencia infringida contra los pueblos indígenas en Colombia, tiene una intencionalidad clara: impedir el ejercicio de la autonomía de estos en sus territorios. Los intereses de élites locales, multinacionales, narcotráfico y diferentes grupos armados, se han unido para desplazar y asesinar a miembros de pueblos indígenas, buscando debilitar las estructuras comunitarias y de resistencia. La Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 exhortó al gobierno nacional a desarrollar planes de salvaguarda para 34 pueblos indígenas que, según su criterio, se encontraban en riesgo inminente de extinción. Si bien el gobierno puso en marcha estos planes, se debe señalar que han resultado poco efectivos, pues desde el 2009 los homicidios de indígenas han ido en aumento. Los intereses geoestratégicos de grupos armados y empresas multinacionales se ven intensificados en ciertos puntos del territorio nacional en determinados momentos, llevando a que el conflicto armado se manifieste con mayor violencia en diferentes tiempos y lugares. Así, a principios de la década del 2000, fueron los indígenas kankuamos y los wayuu los pueblos más victimizados por la consolidación en la Región Caribe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, contando con el apoyo de las élites locales. 8. No se puede dejar de mencionar que los homicidios de indígenas suelen estar dirigidos hacia sus líderes, vulnerando así de manera más efectiva a los pueblos su capacidad de organización y resistencia. 117

12 Tras los acuerdos llegados entre el gobierno nacional y los paramilitares para su desmovilización y la subsiguiente aparición de grupos neoparamilitares, el Pacífico, y en especial el Pacífico sur, empezó a evidenciar dinámicas violentas más agudas. La presencia de los grupos neoparamilitares se sumó a aquella de la guerrilla, y a los intereses que despierta la región para las multinacionales mineras y de explotación de palma africana, así como para el narcotráfico. De este modo, los pueblos indígenas de esta región pasaron a tener los índices más altos de homicidio, así como de desplazamiento forzado masivo, corroborando el carácter central de las tierras en este conflicto. Se vive, así, un proceso que el investigador Mauricio Romero ha denominado como de contrarreforma agraria, es decir, una apropiación violenta de la tierra que busca impedir el ejercicio efectivo de los instrumentos de titulación colectiva de la tierra creados con la Constitución de Teniendo en cuenta la coyuntura que atraviesa el país tras la promulgación, en 2011, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los reclamantes de tierra se han convertido en objetivo de los grupos armados. Se debe fijar la atención en las altísimas cifras de homicidio contra indígenas colombianos, evidenciar la presión que soportan sobre sus territorios y revelar los intereses que se encuentran detrás de tales presiones. Este fenómeno no es ajeno a los intereses por la tierra que se dan en todo el territorio nacional y, mucho menos, a los intereses contrarios a las titulaciones colectivas de tierra en el país. Es preciso, pues, frente a estos intereses, hacer un llamado de alerta para la protección efectiva del derecho a la vida y a la tierra de los pueblos indígenas del país. Referencias 1. Autoridad Nacional del Gobierno Indígena. Palabra dulce, aire de vida: forjando caminos para la pervivencia de los indígenas en riesgo de extinción en Colombia. Bogotá: ONIC; Corte Constitucional de Colombia. Auto 004 de Fecha de consulta: 10 de mayo de Disponible en: 3. Centro de Cooperación al Indígena. Violencia política contra los grupos indígenas en Colombia Bogotá: CECOIN; Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Colombia, Monitoreo de cultivos de droga, Bogotá: Mignorance F. Cultivos Ilícitos. Tierra profanada: el impacto de los megaproyectos. Human Rights Everywhere, ONIC; Fundación Ideas para la Paz. Narcotráfico: génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. Serie Informes N 19. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz; La minería en Colombia. Documento de la Contraloría General de la Nación citado en 80% de las violaciones a DD.HH., en 2011 fue en municipios mineros. El Espectador: 7 de mayo de Fecha de consulta: 10 de mayo de Disponible en: articulo de-violaciones-ddhh-2011-fue-municipios-mineros 8. Mignorance F. Hidrocarburos. Tierra profanada: el impacto de los megaproyectos. Human Rights Everywhere, ONIC; Observatorio ADPI. Fecha de consulta: 10 de mayo de Disponible en: org/ 10. Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia. Diagnóstico las comunidades indígenas, Fecha de consulta: 10 de mayo Disponible en: derechoshumanos.gov.co/observatorio/paginas/diagnosticoindigenas.aspx 11. Romero M. Democratización política y Contrarreforma contrarreforma paramilitar en Colombia. Política y Sociedad (Mad). 2002;39: Organización Indígena Kankuama. Hoja de Cruz. Valledupar: Resguardo Indígena Kankuamo; La extrema derecha quiere dar la sensación de que el país es un caos. El Espectador: 14 de junio de Fecha de consulta: 10 de mayo de Disponible en: judicial/articulo extrema-derecha-quiere-dar-sensacion-de-pais-un-caos-santos. 118

13 14. Banco de datos Noche y Niebla. Fecha de consulta: 10 de mayo de Disponible en: nocheyniebla.org 15. Grupo de Memoria Histórica CNRR. La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira. Bogotá: Taurus; International Crisis Group. Informe sobre América Latina N 20, 10 de mayo de Banco de Datos del Cauca. Descubriendo territorios: violaciones de derechos humanos y violencia política en el departamento del Cauca. Informe N 3, junio 2009-junio Popayán; Organización Nacional Indígena de Colombia. Estado de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas de Colombia: etnocidio, limpieza étnica y destierro. Informe al Relator Especial de la ONU para los derechos de los Pueblos Indígenas. Bogotá; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia durante el 2010 y en el inicio del gobierno Santos. Bogotá; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. La protección efectiva de los pueblos indígenas frente al conflicto armado en Colombia, una tarea pendiente. Bogotá; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Por la defensa, respeto y exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Bogotá; FARC concentra su accionar en áreas periféricas del país. El País, 13 de marzo de Fecha de consulta: 10 de mayo de Disponible en: cali-y-bogota-nueva-capital-para-farc-leon-valencia Otras consultas: Centro de Cooperación al Indígena. La tierra contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Bogotá: Anthropos; Romero M, Arias A. Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones, Qué dice el Gobierno? Arcanos (Bog). 2010;15:

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15 Comportamiento del homicidio en Colombia, 2012 Jorge Enrique Tello Pedraza Técnico en Investigación Criminal y Judicial Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia Introducción Para conocer la problemática del conflicto histórico colombiano, solo hace falta ver, leer o escuchar los informes de muertes violentas diarias asociadas al homicidio y continuar con las rutinas cotidianas como si nada hubiese pasado. Mientras en países como Estados Unidos, España y Brasil, se declaran días de luto nacional por muertes violentas, en Colombia la naturalización del conflicto y los homicidios es tan alarmante que las altas cifras de homicidio que sufre el país parecieran no escandalizarnos más. La desigualdad y la intolerancia social, los modelos binarios de distribución de poder, y la indiferencia política, social y religiosa, entre otras, así como la identidad u origen étnico, son factores que hacen una sociedad frágil y vulnerable a los hechos violentos. El siguiente documento evidencia de manera cuantitativa cómo fue el comportamiento del fenómeno violento del homicidio en Colombia durante el año Variables sociodemográficas, temporales, espaciales y de caracterización del hecho, ofrecen herramientas que permiten fortalecer el ejercicio de todos aquellos que buscan alternativas a la violencia en nuestra sociedad. 121

16 Resumen En Colombia, el comportamiento del homicidio ha seguido una tendencia al descenso desde el año 2004; no obstante, luego del incremento registrado en el 2009 y con relación a 2012, ha sido visible una reducción significativa en las cifras de este tipo de violencia. De un total de homicidios en el año de análisis y en términos comparativos con el anterior, se refleja una variación absoluta de 827 casos, que en términos porcentuales equivale a una reducción del 5 %. Aunque las cifras aún son preocupantes, la tasa de homicidios para el 2012 ha sido la más baja en los últimos 10 años. Por lo tanto, es importante una generación de políticas públicas y su implementación efectiva para que puedan coadyuvar a lograr una reducción de la tasa de homicidios a un dígito, tal como lo pretende la administración distrital en el caso de Bogotá. Según el sexo y edad de la víctima, las cifras y tasas más altas se concentraron entre los 18 y los 44 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, y el grupo de edad más afectado por esta problemática fue el de 20 a 24 años. Del total de casos registrados en Colombia (15.727), el 92 % correspondió a víctimas hombres (14.394) y, el 8 % a mujeres (1.316); es decir, por cada 10 víctimas hombres se registró una víctima mujer. En total, se registraron años de vida saludable potencialmente perdidos (AVPP) a causa de este fenómeno violento. Las circunstancias en las que se dieron los hechos con mayor participación, fueron la violencia interpersonal (12,70 %) y la violencia sociopolítica con el (5,93 %); según el presunto agresor, el desconocido registró el mayor número de casos (4.821), seguido por las fuerzas militares y de policía (442), y otros conocidos (398). Las causas de muertes violentas asociadas al homicidio más relevantes en el 2012, fueron el proyectil de arma de fuego, con casos, y el arma corto-punzante con muertes. La vía pública y la vivienda fueron los escenarios en los que se presentó el mayor número de homicidios. En cuanto a la distribución geográfica, las entidades territoriales en las que se evidenciaron las cifras más altas en materia de homicidios, fueron: los departamentos del Valle del Cauca (3.544), Antioquia (3.286), Bogotá, D.C., (1.283), Norte de Santander (607) y Atlántico (567), y las ciudades capitales que registraron las cifras más altas, fueron: Cali (1.861), Medellín (1.256), Cúcuta (361), Barranquilla (351) y Cartagena (280). Abstract Homicide has steadily decreased since 2004 in Colombia despite the increased rates reported in The 2012 rate shows an important dicrease of homicide. In 2012 there were victims of homicide, 827, which represents 5 % less than in Although very high the homicide rate of 2012 is the lowest in the past 10 years. For that reason is important the formulation and effective implementation of public policies orientated to reduce the homicide rate to a single digit number, as the Bogota s government has proposed. According to the sex and age of the victim the highest numbers and rates are concentrated in women and men between 18 and 44 years old. Those among 20 and 24 years old are the most affected. From all the cases (15.727), the 92 % were men (14.394) and the 8 % were women (1.316). This means that for any 10 men, there was a victimized woman. There were years of potential life lost (YPLL). The circumstances in which most of the homicides occurred were: interpersonal violence (1.270 %) and sociopolitical violence (5,93). According to the presumed aggressor, that who is unknown was registered for most of the cases (4.821), followed by the army forces and police (442); in third place was other known person (398). In 2012 the firearm was the most used weapon to cause homicide, with cases, followed by cutting instruments that caused deaths. Most of the homicides were committed on the streets and in the victim s home. According to the geographical distribution of the facts, the departments where took place most of the homicides were Valle del Cauca (3.544) Antioquia (3.286), Bogotá (1.283), Norte de Santander (607) and Atlántico (567), The capital cities with the highest numbers were: Cali (1.861), Medellín (1.256), Cúcuta (361), Barranquilla (351) and Cartagena (280). 122

17 Variables socio-demográficas En los últimos 10 años, las cifras de homicidios en Colombia han mostrado un importante descenso; luego de un incremento en el 2009, en los años siguientes se continuó con la tendencia a disminuir. Durante el año de análisis (2012), en Colombia se registraron homicidios, lo cual refleja una diferencia con el año anterior de 827 casos que, en términos porcentuales, equivale a una reducción de 5 %. (figura 1). Figura 1. Homicidios, Colombia, Casos Fuente: / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Las tasas de homicidios han presentado una tendencia a la disminución desde el año 2004, respecto al comportamiento histórico de este fenómeno; tal y como se puede observar en la figura 2, la tasa de homicidios por habitantes correspondiente al 2012, ha sido la más baja durante esta década. Figura 2. Homicidios, tasas por habitantes, Colombia, Tasa 52,38 44,58 40,18 37,49 37,15 34,31 39,39 38,36 35,95 33,76 Fuente: / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE Durante el 2012, se registraron homicidios en Colombia, de los cuales, el 92 % de las víctimas eran hombres (14.394) y, el 8 %, mujeres (1.316). En este tipo de violencia, por cada diez víctimas hombre se registra una víctima mujer (figura 3). 123

18 Figura 3. Homicidios, proporción según sexo, Colombia, 2012 Mujer 8% Hombre 92% * A la fecha de cierre de la base de datos, no se contaba con información suficiente para determinar el sexo de la víctima (17 casos). Fuente: / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Según las cifras de homicidios registradas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el año 2012, por grupo de edad y sexo de la víctima, se puede observar que el mayor número de casos y las tasas más altas se concentraron entre los 18 y los 44 años de edad, con una participación porcentual del 75,97 % (11.948) sobre el total de homicidios. Cuadro 1. Homicidios, casos y tasas por habitantes, según grupo de edad y sexo de la víctima, Colombia, 2012 Grupo de Edad (años) Hombre Mujer Sin información* Total 0 a , , ,44 5 a , , ,01 10 a , , ,62 15 a , , ,98 18 a , , ,28 20 a , , ,36 25 a , , ,50 30 a , , ,94 35 a , , ,04 40 a , , ,54 45 a , , ,80 50 a , , ,63 55 a , , ,48 60 a , , ,80 65 a , , ,20 70 a , , ,14 75 a ,27 9 2, ,64 80 y más 38 14, , ,08 Sin información* Total , , ,76 *: Corresponde a los casos, a la fecha de cierre de la base de datos, para los cuales no se contaba con información suficiente para determinar el sexo y la edad de la víctima. Fuente: / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE

19 Según el cuadro 2, de los homicidios registrados en Colombia, sólo en el 64,34 % de los casos se consignó información concerniente a la escolaridad de la víctima. De los homicidios para los cuales se tiene información en la variable de estudio, las escolaridades con las cifras más altas corresponden a la básica primaria, con casos (45,80 %), seguida de la básica secundaria, con casos (37,11 %). Cuadro 2. Homicidios, según escolaridad y sexo de la víctima, Colombia, 2012 Escolaridad Hombre Mujer Sin Información* Total Básica Primaria Básica Secundaria Media Ninguna No aplica Preescolar Sin información Superior profesional (pregrado y posgrado) Superior técnica o tecnológica Total *: Corresponde a los casos, a la fecha de cierre de la base de datos, para los cuales no se contaba con información suficiente para determinar el sexo de la víctima. Fuente: / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas Para el análisis del estado conyugal, es importante resaltar que el 33,05 % de los datos (5.197 casos) no se registró información sobre el estado conyugal de la víctima; por lo tanto, el análisis tuvo en cuenta casos con dicha información. Los solteros tuvieron una participación porcentual de 49,80 % (5.244 casos); los siguen los que viven en unión libre, con el 35,31 % (3.718 casos), y los casados, con el 6,77 % (1.065 casos), siendo estas las categorías con las cifras más altas en la variable estado conyugal (figura 4). Figura 4. Homicidios, según estado conyugal y sexo de la víctima, Colombia, Sin Divorciado (a) Viudo (a) No aplica Separado (a) Casado (a) Unión libre Soltero (a) información Hombre Mujer Sin información* *: Corresponde a los casos, a la fecha de cierre de la base de datos, para los cuales no se contaba con información suficiente para determinar el sexo de la víctima. Fuente: / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Los factores de vulnerabilidad nos muestran categorías sociales, políticas, actividades u otras condiciones especiales que pueden hacer a las personas más propensas a ser victimizadas. Para 125

20 el año 2012 podemos ver (cuadro 3) que según éstas categorías los campesinos registraron un total de 558 víctimas (3,55 %), 356 (2,26 %) consumidores de sustancias psicoactivas y 223 (1,42 %) habitantes de calle; estos tres grupos fueron los de mayor participación. Se debe tener en cuenta que en el 53,58 % de los casos, la víctima no pertenecía a ningún grupo vulnerable, y en 28,71 %, no se registró información sobre este factor. Cuadro 3. Homicidios, según factor de vulnerabilidad y sexo de la víctima, Colombia, 2012 Factor de Vulnerabilidad Hombre Mujer Sin Información* Total Ejercicio de actividades de periodismo Herido o enfermo bajo protección sanitaria o médica Ejercicio de actividades sindicales Ejercicio de actividades politicas Político o dirigente político Ejercicio de actividades de defensa de los derechos humanos Trabajadores de la salud / Misión humanitaria Religiosos Líderes cívicos Maestro o educador Ex convictos Servidor público (personeros, alcaldes) Ejercicio del trabajo sexual Personas bajo custodia Personas con orientación sexual diversa (LGBTI) Personas desmovilizadas o reinsertadas Pertenencia a pandillas Ejercicio de actividades judiciales Desplazados Pertenecientes a grupos étnicos Presunto colaborador de grupo ilegal Habitante de la calle Consumidores de sustancias psicoactivas (drogas, alcohol, etc.) Campesinos o trabajadores del campo Otros Sin información Ninguno Total *: Corresponde a los casos, a la fecha de cierre de la base de datos, para los cuales no se contaba con información suficiente para determinar el sexo de la víctima. Fuente: / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Variables de caracterización del hecho Para la variable presunto agresor 1 (cuadro 4), se debe tener en cuenta que en el 58,14 % de los casos (9.143 casos) no se registró información al respecto. Así, tenemos que para el 41,86 % restante, el 30,65 % de los casos se desconocía el presunto agresor, en 2,81 % los agresores correspondían a miembros de las fuerzas armadas, de policía y servicios de inteligencia, y en 2,53 % correspondía a otros conocidos, siendo todos estos agresores a los que se les atribuyeron más víctimas fatales. A estos los siguieron los miembros de grupos alzados al margen de la ley, los cuales tuvieron 1. La información relacionada con el presunto agresor es netamente presuntiva; por lo tanto, esta información puede ser confirmada o descartada en el curso de la investigación. 126

21 una participación del 1,92 %, y la delincuencia común, con el 1,49 %. Por otra parte, es importante resaltar la participación, como presuntos agresores a la pareja o ex pareja junto con los familiares, que en conjunto correspondieron a1,78 %, evidenciándose así la problemática que se vive en el contexto de la violencia intrafamiliar, en donde se confirma de nuevo que allí la mujer resulta ser la víctima principal. Cuadro 4. Homicidios, según presunto agresor y sexo de la víctima, Colombia, 2012 Presunto Agresor Hombre Mujer Sin información* Total Encargado del menor Encargado del menor Miembros de seguridad privada Grupos de seguridad privada Miembro de un grupo de la delincuencia organizada Bandas criminales Narcotraficantes Otro agresor no especificado Otro Miembros de pandillas Pandillas Familiar Abuelo Cuñado Hermano Hijo Madre Otros familiares civiles o consanguíneos Padrastro Padre Primo Sin información Suegro Tío Pareja o ex pareja Amante Compañero permanente Esposo Ex amante Ex compañero sentimental Ex esposo Ex novio Novio Sin información Miembros de la delincuencia común Delincuencia común Miembros de grupos alzados al margen de la ley ELN FARC Otras guerrillas Otros conocidos Arrendador Arrendatario Cliente