Nº de Expedientes: CD Nº 60/09 y 109/09

Transcripción

1 POR EL IMPULSO A LOS PROYECTOS DE LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL - AMBOS CON MEDIA SANCIÓN EN LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS POR UNANIMIDAD-. Nº de Expedientes: CD Nº 60/09 y 109/09 Sanción de las leyes de protección integral y prevención de la adicciones y de Salud Mental que cuentan con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación: una mirada socio sanitaria desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la luz de los fallos R.M.J. sobre insania (C.S.J.N., 19/2/2009), Tufano, Ricardo Alberto sobre internación (C.S.J.N., 27/12/2005), Arriola, Sebastián y otros sobre causa n 9080 (C.S.J.N., 25/08/2009) Consideraciones preliminares Es necesario advertir en primer lugar que esta Comisión entiende que legislativamente es imprescindible tratar tanto el Anteproyecto de Ley para el Régimen de Asistencia e Internaciones en Establecimientos Asistenciales (Senado Expte Nº: CD 60/09) y el Anteproyecto de ley del Plan Integral de Atención, Prevención, Asistencia e Inclusión en el campo de las Adicciones (Diputados Expte. 517 D 08/ CD 109/09); toda vez que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el resto de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como también los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados exhortan a la reforma legal del sistema vigente. Ello conlleva a que necesariamente a nivel nacional se sanciones una ley que sirva de marco para la protección y prevención de las adicciones y otra que contenga los padecimientos psíquicos o ley sobre salud mental. El art. 4 del de salud mental constituye la base normativa de todo el desarrollo de la segunda; y por otra parte la practica de los magistrados nos demuestra que en la mayoría de los casos los padecimientos psíquicos tienen asociación con el uso o abuso de sustancias legales o ilegales, en especial en el campo de la violencia familiar, y de esta contra mujeres y menores por lo que la sanción de una ley de prevención y que de servicios de salud a los abusos en materia de adicciones en sintonía con los fallos y exhortaciones de la CSJN es un deber ético. Por otra parte, resultaría el marco normativo al decreto 457/2010 que creara la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, pues su sanción posibilitaría que las provincias que han adherido en las mesas de los distintos consejos convocados por las diversas carteras podrían llevar a la gestión la prevención y los servicios que garanticen el derecho a la salud de la comunidad.

2 Si bien en general los expertos en materia legislativa y los operadores del sistema entre otros, advierten algunas cuestiones de técnica legislativa en el Anteproyecto del Régimen de Asistencia e Internaciones en Establecimientos Asistenciales (Nº Expte. CD 60/09), que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, no es menos cierto que entendemos que deben discutirse y podrían ser subsanadas con la participación de todos los sectores involucrados en la REGLAMENTACION, de llegar a ser sancionada. Por otra parte, entendemos que resulta imprescindible sensibilizar al cuerpo legislativo en el proyecto con media sanción denominados Plan integral de atención, prevención, asistencia e inclusión en el campo de las adicciones (Nº Expte. CD 109/09), a fin de su impulso y tratamiento, en el cual no advertimos problemas técnicos. La Comisión Nacional, elaboro el documento sobre usuarios en plena sintonía y armonía con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y recepta el concepto de convertir al sujeto o paciente en sujeto de DERECHOS, transitando del modelo tutelar o paternalista al social. 1) Responde a una exhortación concreta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos R.M.J s/insania (C.S.J.N., 19/2/2008), Tufano, Ricardo Alberto s/ internación (C.S.J.N., 27/12/2005), Arriola, Sebastián y otros s/ causa n 9080 (C.S.J.N., 25/08/2009), en sintonía con los Documentos Oficiales de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación creada por el Decreto 1359/2009 y en materia de Salud Mental, a los trabajos de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En materia de salud mental y adicciones, responde a los lineamientos que trabajan en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a cargo de la Señora Ministro de Desarrollo de la Nación, Dra. Alicia M. Kirchner, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, en especial la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de la Lic. Marcela Paola Vessvessian, el Ministerio de Educación con la participación de la Unidad a cargo de la Dra. Irene Saccone, del Ministerio de Trabajo a cargo de la Subsecretaria de Relaciones Laborales, y del Observatorio a cargo del Dr. Alvaro Ruiz y la Lda. Lucía García, de las ONG s, como la Asociación Civil Intercambios o A.R.D.A., de la reciente dirección de Salud Mental y Adicciones, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de las redes de usuarios, del INADI, del Colegio Público de Abogados, de diversas asociaciones que nuclear a jueces, fiscales y defensores, como AMJA, INECIP, FLACSO, organismos de Derechos Humanos, entre otros. 2) Se adecúa a Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional y a Instrumentos de referencia del ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, de América, la OPS/OMS que esos fallos recogen a saber: - La Declaración Universal de Derechos Humanos. - La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. - El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

3 - La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. - La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial de La convención de los derechos del niño y en especial: - La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de ) Acompaña el cambio de paradigma en políticas sociales, sustituyendo el enfoque tutelar por el de reconocimiento de sujetos de derechos en el marco llamado modelo social tal como marcan los instrumentos internacionales y las exhortaciones de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 4) Fueron elaborados de manera participativa; hoy cuentan con el apoyo de la OMS/OPS, el Ministerio de Salud de Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, el INADI, las Organizaciones de Derechos Humanos, Magistrados nacionales y provinciales, fiscales y defensores; académicos nacionales y extranjeros organizaciones de usuarios y familiares, organizaciones de profesionales, facultades y adhesiones de todas las provincias en los diversos consejos organizados por los Ministerio de Desarrollo, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Educación y Salud, el Ministerio Público de la Defensa, Procuración General de la Nación y la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. En el ámbito del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, se contó con la participación de los representantes de las Provincias de: Salta, Santa Fe, La Pampa, Misiones, Tucumán, Catamarca, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Chaco, Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, se cuenta con el apoyo de las provincias de Santa Fe, Salta, La Rioja, Jujuy, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Mendoza, Tierra del Fuego, Chaco, Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el ámbito del Consejo Federal de Educación cuenta con el aval de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Por otra parte, es importante destacar la participación de la sociedad civil mediante la Organizaciones No Gubernamentales en el impulso de la sanción del citado anteproyecto de ley, tales como la Red FUV de usuarios, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Asociación Civil Justicia Democrática, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, la Asociación Civil Intercambios, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, el Centro de Estudios Sociales y Legales y el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales.

4 5) Respeta el Federalismo, porque está adecuado al decreto y establece un piso mínimo de derechos y garantías de buenas prácticas ajustadas al enfoque de derechos, respetando la posibilidad de desarrollar a partir de ese piso políticas acordes a cada jurisdicción, en un marco de colaboración Nación-Provincias conforme el Decreto 457/2010 que crea la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. 6) Por eso cuenta con el apoyo de las Provincias a través del COFELESA (Consejo Federal Legislativo de Salud) que incluye legisladores nacionales y provinciales de comisiones de salud de todo el país y del CO.FE.SA.MA. (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones), compuesto por las máximas autoridades en salud mental y adicciones de las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Ministerios de Salud de la Nación, el del Consejo de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, y los consejos de Educación, el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cada uno con sus respectivos organismos abocados a dicha problemática. 7) Promueve una política de atención basada en la comunidad, sin exclusiones ni discriminación, a través de medidas concretas: promoción de la atención en CAPS y Hospitales Generales en el marco de la estrategia integradora de APS, en el territorio para lo que se potencia la red primaria de atención, ley sancionada hace muchísimos años que aún está pendiente de reglamentación. Se prohíbe habilitar nuevos manicomios, adaptación de los actuales hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos basados en la inclusión social, mayores exigencias para justificar una internación involuntaria; debido proceso, internación excepcional, controles más estrictos de las condiciones de internación y la prevención de las adicciones. Por organismos de Derechos Humanos o Ministerio Pupilar, quedando esto último sujeto a las reformas procesales de cada provincia por ser de su exclusiva potestad. Pero se sugiere seguir el modelo nacional del Ministerio Público de la Defensa. 8) Establece garantías para el efectivo ejercicio de derechos de las personas usuarias de los servicios, como el derecho a la autonomía, al consentimiento informado, a la identidad y a la intimidad. 9) Promueve una política intersectorial, entendiendo que la salud mental incluye el derecho al trabajo, a la vivienda, al desarrollo de la potencialidad cultural o deportiva de la persona, al disfrute de la vida plena en la comunidad. 10) Promueve una atención interdisciplinaria que mejora las perspectivas terapéuticas de los usuarios, sin modificar las incumbencias profesionales. 11) Reconoce expresamente la vigencia de la Ley de Protección Integral en los casos de niños, niñas y adolescentes. 12) Establece las pautas generales de un plan nacional, cuyo desarrollo corresponde a la autoridad de aplicación (cabe acotar que luego de aprobada la ley en diputados se creó la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones en el ámbito del Ministerio de Salud).

5 13) Propicia expresamente la participación de usuarios y familiares en el diseño y ejecución de las políticas y acciones que los involucran. 14) Avanza en la adecuación de la normativa vigente a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, adecuando la declaración de incapacidad del Código Civil. 15) Prevé medidas para adecuar la atención en el sector privado y de obras sociales a los principios y garantías establecidas para todas las personas usuarias de los servicios de salud mental. 16) Prevé medidas para adecuar la atención obligatoria en el sector público en las guardias ante intoxicaciones durante los tiempos aconsejados. 17) Prevé medidas de reforma y control de fiscalización de la calidad de los tratamientos que respete las buenas prácticas y permita seguir las recidivas. 18) Respeta el derecho de acceso a la salud. 19) Reafirma el concepto de sujeto de derechos. 20) Reafirma el derecho de igualdad de tratamiento en la medida que está sea posible tanto para salud mental como para adicciones de sustancias legales o ilegales. La sanción de la ley cuenta con el apoyo de los siguientes actores Ministerios y Organismos Públicos: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Técnica (A.N.M.A.T.); la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Educación; Salud de la Nación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; la Procuración General de la Nación y la de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires; la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; la Subsecretaría de Relaciones de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción; el INADI; magistrados nacionales y provinciales; fiscales y defensores; el Ministerio Público de la Defensa; académicos nacionales y extranjeros, adhesiones de todas las provincias en los diversos consejos organizados por los Ministerio de Desarrollo; Trabajo; Empleo y Seguridad Social; Educación y Salud. Provincias: En el ámbito del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, se contó con la participación de los representantes de las Provincias de: Salta, Santa Fe, La Pampa, Misiones, Tucumán, Catamarca, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Chaco, Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6 En el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, se cuenta con el apoyo de las provincias de Santa Fe, Salta, La Rioja, Jujuy, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Mendoza, Tierra del Fuego, Chaco, Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco del Consejo Federal de Educación, se cuenta con el apoyo de las provincias de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Organismos internacionales: la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud y distintas Organizaciones de Derechos Humanos. Asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales: es importante destacar la participación de la sociedad civil mediante la Organizaciones No Gubernamentales en el impulso de la sanción del citado anteproyecto de ley, tales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, la Red de Usuarios, Familiares y Voluntarios, Acercándonos - San Juan, Alianza Internacional Representación América Latina y el Caribe, Arribartes Argentina - Grupo de Teatro en Adicciones, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Alas de Córdoba, Asociación Civil Federico Abuelo, Asociación Civil Grupo Filantrópico Juvenelis Proyecto Kiosco Juvenil, Asociación Civil Intilla, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), Asociación Toxicológica Argentina (ATA), Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y SIDA CEADS de la Universidad Nacional de Rosario, Fondo de Ayuda Toxicológica (FAT), Foro para el Desarrollo de las Ciencias, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Sida Córdoba, Grupo Nuevo Desafío Burzaco, la Asociación Civil Intercambios Asociación Civil, la Cámpora - Buenos Aires, la Cámpora CABA, Médicos del Mundo - Argentina/Coord. Cono Sur, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS): Dr Benedetto Sarraceno Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS/ Maristela Monteiro, Asesora Principal Alcohol y Abuso de Sustancias, Patagonia Positiva, Portadores de Vida - Formosa, Red Argentina de Mujeres Viviendo con VIH/Sida (RAM/VIHS), Red Argentina de Usuarios de Drogas y Activistas (RARUS), Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Drogas (RADAUD), Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH/Sida, Red de Jóvenes por la Salud, Red de Personas Viviendo con VIH/Sida Mar del Plata, Red de Personas Viviendo con VIH/Sida Pcia. de Catamarca, Red de Personas Viviendo con VIH/Sida Rosario Red de Usuarios, Familiares y Voluntarios, TNI/WOLA y los Voluntarios contra el Sida Rosario, Psiquiatras comprometidos y la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De las asociaciones de los profesionales de la Justicia, adhirieron el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Asociación Civil Justicia Democrática, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

7 Del ámbito académico, el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y SIDA CEADS de la Universidad Nacional de Rosario; las Facultades de Derecho; Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Asimismo adhirieron las Facultades de Derecho, Medicina, Psicología y Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.