NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA POBLACIÓN CON ALTO RIESGO DE DELINCUENCIA EN ARAGÓN

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1 RESUMEN DEL INFORME NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA POBLACIÓN CON ALTO RIESGO DE DELINCUENCIA EN ARAGÓN PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO EN ARAGÓN Aspectos judiciales, forenses y sanitarios Autores: José Mª Civeira, Ángel Dolado, Paulino Querol Coordinación: El Justicia de Aragón Zaragoza, 18 de enero de

2 PRESENTACIÓN La preocupación del Justicia de Aragón por la reinserción laboral y social de la población reclusa en Aragón y por la prevención del delito y de la reincidencia, ha impulsado la elaboración de este Informe Especial sobre las necesidades asistenciales, médicas, sociales y laborales y de los presos durante la condena y también después, ante la incorporación a la sociedad. Desde esta perspectiva, los objetivos del estudio son: definir alternativas al ingreso en prisión, reflexionar sobre cómo se pueden reducir la estancia en prisión, desarrollar iniciativas para mantener el máximo contacto de los internos con el mundo exterior y por último, reducir el índice de reincidencia. Especial atención merecen aquellas personas que han cometido un delito y padecen una enfermedad mental crónica, que, en otro tiempo eran internadas en Centros Sanitarios de larga estancia y ahora son un foco de conflictos sociales y familiares para quienes, muchas veces, el Centro Penitenciario se convierte en un centro de salud mental. El informe que hoy se presenta ha sido realizado por José María Civeira Murillo, Doctor en Psiquiatría, Ángel Dolado Pérez, Magistrado Decano de Zaragoza y Paulino Querol Nasarre, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón con la coordinación de Justicia de Aragón. Par su elaboración, también se ha contado con las aportaciones de entidades públicas y privadas implicadas en este tema. INTRODUCCIÓN Aragón acoge tres de los 77 centros penitenciarios del país: Zuera, Daroca y Teruel. En Febrero de 2010, las cárceles aragonesas acogían a internos, un 3,5% del total de los presos que hay en España. España está a la cabeza de la Europa occidental en número de presos, con 150 presos por cada habitantes y sin embargo, la tasa de criminalidad es la menor de la Unión Europea con 47,6 infracciones penales por cada 1000 habitantes, frente a 70 de la media europea. La tasa de criminalidad en Aragón es un 30% menor que en España. Por el contrario, el tiempo medio de estancia en prisión es mucho mayor, en 2008, era de 20 meses, el doble que hace 12 años. En los últimos ocho años, los nacidos en España que cumplen penas de privación de libertad han aumentado un 24% y un 300% los nacidos fuera de España. 2

3 . El análisis de las características del interno que cumple condena en España, respecto a los países de nuestro entorno, proporciona perfiles que hasta hace unos años eran desconocidos: 1. Presos cumpliendo condena por un primer delito (lesiones, tráfico de drogas o robo) especialmente menores de 30 años. 2. Presos como consecuencia de las recientes reformas del Código Penal en el campo de la violencia doméstica, la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol y los delitos económicos. 3. Personas emigrantes sin trabajo que, o bien pertenecen a grupos de delincuencia organizados, o bien, carecen de apoyo social. 4. Personas con grandes dificultades de integración social que acaban delinquiendo y entrando en prisión después de un largo recorrido de inadaptación y falta de respuesta a otras medidas. Una visión de las condenas permite extraer algunas conclusiones: 1. Mayor duración media de las condenas en España (20 meses frente a 7.9 de la Unión europea, en 2008) 2. Mayor proporción de reincidentes y delincuentes con múltiples condenas. 3. Casi la mitad de los presos lo son por robos y el 50% se relacionan con abuso y dependencia de substancias psicoactivas 4. Aumento progresivo de medidas penales en pacientes con enfermedad mental crónica. La tendencia general apunta a un aumento de las infracciones relacionadas con el tráfico, la violencia doméstica y las nuevas tecnologías; nuevas formas de delincuencia relacionadas con la convivencia que exigen respuestas nuevas. METODO DE ESTUDIO Para la elaboración de este Informe, se han analizado varias muestras de sujetos en distintos momentos del proceso penal durante seis meses y se han definido cuatro grupos de riesgo: 1. Menores en conflicto En los últimos 30 años, la delincuencia juvenil ha crecido exponencialmente. En Aragón en 2008, 387 menores fueron condenados, el 40% por más de un delito. El 90% por robo y agresiones. Son jóvenes sin soporte familiar, consumidores de drogas y víctimas del fracaso escolar. Precisamente, este es el perfil favorable a la intervención precoz y el estudio estima que entre 200 y 500 jóvenes menores de 18 años podrían beneficiarse de medidas protocolizadas 3

4 con los centros educativos y los agentes sociales. Dichas medidas terapéuticas deberían mantenerse un promedio de 18 meses. La estimación indica que se reduciría en un 50% el ingreso en prisión. 2. Pacientes con trastornos mentales y conflicto social El seguimiento de la enfermedad en los centros de salud y en los servicios sociales, después del ingreso en el hospital para tratamiento de choque, reduce el riesgo de delinquir. El problema es que el 30% de estos pacientes, de una muestra aleatoria de 50, no van a seguir en el sistema sanitario. Algunas medidas para que esto cambie serían: Aumentar el cumplimiento terapéutico con ingresos obligatorios Priorizar las intervenciones sanitarias y sociales que prevengan el delito Tratamientos para disminución del consumo de drogas Mejorar su calidad de vida familiar y evitar el aislamiento social 3. Personas detenidas por la policía El Informe parte de un a muestra de 50 personas, la mayoría detenidos por agresiones, robos y violencia doméstica. Tienen en común el consumo de alcohol y/o drogas, el aislamiento y el desempleo. La actitud de la persona en el momento de la detención es importante por cuanto ofrece pistas de su voluntad de querer cambiar las cosas. Así, los que muestran una actitud de sorpresa, culpa, deseo de reparar el daño causado, etc. son mejores candidatos para las medidas alternativas a la prisión. La actitud negativa es común entre las personas sin el apoyo de una red social y familiar, sin empleo y de baja cualificación. El 36% de los detenidos vistos en juzgado de guardia ya habían sido detenidos antes, lo que no necesariamente implica ingreso en prisión. El 50% han padecido episodios de adversidad durante la infancia. El consumo de alcohol está presente en el 40% de los casos. Este dato colabora con la idea de la necesidad de creación de centros de tratamiento integral de adicciones, sobre todo, alcohol. Los delitos de violencia sobre la mujer son cometidos en un 40% por extranjeros, procedentes en su mayoría de África y América. Esta cifra sugiere la conveniencia de realizar estudios específicos y buscar soluciones no penitenciarias para casos concretos con el fin de reducir la reincidencia de este colectivo. En este ámbito, algunas pautas de actuación serían: 4

5 Sensibilizar al detenido sobre las consecuencias de sus acciones en las víctimas Ponerle en contacto con asociaciones que ofrecen ayuda terapéutica Controlar el abuso de sustancias, especialmente el alcohol Informar de la posibilidad de aplicar la mediación penal 4. Población reclusa Se ha estudiado una muestra de 588 sujetos remitidos a la consulta de psiquiatría del Centro Penitenciario de Daroca. El 70% tiene una enfermedad psiquiátrica reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 50% entraron en prisión sin enfermedad. La condena media es de entre 10 y 25 años. La edad media del primer ingreso es 26,5 años. El nivel medio de conflictividad es alto. Los que cumplen condena por primera vez responden al perfil referido a los menores en conflicto. De los reincidentes, destaca que el 80% han consumido drogas y presentan falta de integración en las actividades terapéuticas. Los sujetos con condenas más largas tienen en común un diagnóstico de personalidad límite y retraso mental. Son los que más recursos consumen El estudio desvela la necesidad de mantener y reforzar la asistencia psiquiátrica en los centros penitenciarios porque se ha demostrado que los tratamientos que se ponen en marcha en los inicios de la enfermedad contribuyen a evitar un itinerario violento y sus consecuencias personales y penales. De los distintos grupos analizados, se deduce que la pobreza sólo explica una quinta parte de los ingresos. Las nuevas formas de pobreza que abocan al ámbito penal son: exclusión social, dificultad de acceso a los servicios sanitarios y sociales, incapacidad de cumplir normas sociales PREVENCIÓN DEL DELITO El 50% de los delitos podrían ser evitados porque nacen de la desinformación, el aislamiento, la incapacidad de autonomía personal, el estrés y las tensiones en las relaciones humanas. El 75% de las personas que están inmersas en procesos judiciales han recibido asistencia directa o indirecta relacionada con el tipo de delito cometido y podrían haber sido ayudados. Esta asistencia tiene que ver, mayoritariamente, con el consumo de drogas, alcohol y comportamientos violentos. 5

6 La historia común, en un elevado porcentaje de las personas que ingresan por primera vez en prisión, es su crecimiento en un ambiente social adverso, la estancia en centros de menores, la convivencia con adultos enfermos, los antecedentes delictivos dentro de la familia y el consumo de drogas. El 53% que entran en prisión consumen drogas. Este dato avala la necesidad e actuar en las fases precoces de la condena. Si somos capaces de poner en marcha los recursos sanos de cada persona, podremos prevenir el delito. Propuestas concretas para la prevención del delito 1. Sensibilizar a la sociedad para que asuma que la prevención del delito tiene una doble perspectiva: ayudar a la víctima y recuperar al delincuente, como una tarea colectiva que beneficia a todos. Esta sensibilización puede hacerse mediante: a. Contenidos educativos en los últimos cursos de la Secundaria b. Contenidos en los temarios de la oferta pública de empleo c. Cursos conjuntos para personal sanitario, judicial y penitenciario coordinados por el Instituto Aragonés de la Función Pública 2. Dar voz y recursos a las ONG,s que promueven una cultura de la convivencia y de la paz y potencien un clima de apoyo a las personas con necesidades. 3. Incrementar programas dirigidos a grupos con fracaso escolar, adversidad en el desarrollo, consumo de drogas y alcohol, falta de empleo. En especial, los relacionados con el empleo y el acceso a los servicios sanitarios y sociales 4. Mantener informados a los equipos de atención primaria y a los servicios sociales sobre nuevas actividades terapéuticas y programas de empleo para menores de 25 años con delitos menores con dificultades de aceptar las normas, especialmente los condenados a penas de fin de semana 5. Programas autonómicos de apoyo a inmigrantes que, tras perder el empleo, sufren separación de su familia y pérdida de las condiciones de una vida sana DISMINUCIÓN DE LA DURACIÓN DEL COSTE DEL PROCESO JUDICIAL El factor oportunidad, a la hora de ofrecer a las personas que cometen un delito, el tratamiento terapéutico acorde a su situación es importante para obtener una respuesta positiva. Esta actitud decrece a medida que aumenta el tiempo en prisión. De hecho, sólo el 11,4% de los internos ( Daroca?) participa en el Grupo de Ayuda a Drogodependencias de los centros penitenciarios y sólo el 5,1% participa en los Módulos Terapéuticos o libre de Drogas. Por otro lado, entre un diez y un 20% del total de las personas que cumplen condena padecen una enfermedad psiquiátrica que no está bien tratada o no responde al tratamiento. No hablamos de retraso mental, sino de un concepto 6

7 mucho más amplio que engloba alternaciones emocionales, conductuales, falta de control, etc. La heterogeneidad de itinerarios vitales y penales refuerza la idea de que hay que individualizar las penas al máximo y tener en cuenta que existen alternativas a la prisión que están dando buenos resultados en otros países. 1. Se propone la Mediación Penal como forma de llegar a una solución del conflicto generado entre la víctima y el infractor creando un espacio de diálogo y comunicación donde ambos asumen, voluntariamente, la responsabilidad de la elaboración de la estrategia de solución del conflicto, siendo ayudados por la figura del mediador. Se ha de generalizar y profesionalizar su uso, incentivando propuestas concretas que disminuyan los asuntos penales en nuestra Comunidad. Se calcula que entre un 25 y un 40% de las mediaciones serían eficaces. 2. Poner en marcha programas y experiencias piloto de tratamientos cognitivo-conductuales y programas específicos de promoción de conductas pro sociales, coordinados por la Clínica Médico Forense y el Servicio Social Penitenciario, dirigidos a personas con primeros delitos, especialmente jóvenes menores de 21 años. A los profesionales implicados, pueden incorporarse profesionales del Sistema Nacional de Salud. 3. Instar la creación de juzgados especializados en salud mental y drogodependencias, compuestos por personal judicial y profesionales de la salud, trabajando conjuntamente y desarrollando planes de tratamiento, que conozcan los mecanismos rehabilitadores y dispongan de instrumentos de tratamiento eficaces lo que facilitaría el empleo eficiente de los recursos disponibles y un mejor conocimiento de la forma de resolver los problemas actuales, disminuyendo costes y mejorando la eficiencia. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN Partimos de la doble idea de que no hay sociedad sin conflictos, ni delitos y sin métodos de respuesta a la transgresión de las normas y que, por otro lado, las penas privativas de libertad son necesarias en los casos en los que la gravedad del delito y las características del delincuente así lo aconsejen. Otro dato para el análisis es la alta tasa de reincidencia (un 10% de los sujetos cumple el 50% de las condenas) que nos debe hacer reflexionar sobre otras formas de enfrentarnos a las penas. El fin de resocialización, rehabilitación y reinserción de los penados se consigue en pocos casos. 7

8 El coste personal, social, familiar y económico de la cárcel en España el coste por preso y año supera los euros- es mayor que el de las medidas y los tratamientos médicos-terapéuticos. Además, algunas cárceles pueden ser utilizadas como escuelas de adiestramiento, control y afianzamiento de grupos criminales. Debemos reflexionar sobre qué es útil para conseguir la finalidad de la pena, es decir, la seguridad del ciudadano, la prevención del delito y la reaserción del delincuente y esto requiere respuestas en el plano preventivo y un esfuerzo de creatividad social. En cuanto a las alternativas a la prisión, hay que partir del concepto de la justicia restaurativa que sitúa a la víctima en el centro del sistema. Junto a este concepto, existe otro, el de Justicia de transformación dirigido a modificar el contexto socio cultural donde se ha producido el delito para evitar que reaparezca, lo que en esencia supone indagar en las causas por las que una persona en concreto delinque. Existen datos que demuestran la superioridad de las sanciones administrativas y de los Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) obligatorios en la prevención de las recaídas para la mayor parte de los pequeños delitos en los que no hay violencia. En todo caso, estas medidas alternativas deben cumplir una serie de requisitos: ser accesibles a todos los ciudadanos en cualquier momento del proceso judicial; estar justificadas por los objetivos de la sentencia, los derechos de las víctimas y el consentimiento del delincuente y por último, deben ser proporcionales a la gravedad del delito y a las capacidades del delincuente. En resumen, una vez más, hablamos de individualizar la pena, según se trate de condenados noveles, condenados no habituales pero reincidentes y condenados habituales. Algunos ejemplos de medidas alternativas serían: 1. Sanciones económicas para compensar las consecuencias 2. Tratamientos y/o estancias en instituciones no penitenciarias 3. Poner en marcha Trabajos en Beneficio de la Comunidad con al menos 500 plazas anuales. Un catálogo de alternativas mínimo debe incluir: trabajos los fines de semana; trabajos de limpieza de espacios públicos. trabajos de mejora de la movilidad urbana, etc. La puesta en funcionamiento de estas medidas requiere información continuada sobre quién las gestiona, supervisa y financia y en este sentido, las administraciones públicas deben dotar de medios a organizaciones públicas y privadas. 4. Medidas de seguridad de internamiento/tratamiento en centros psiquiátricos o donde se puedan dispensar tratamientos ambulatorios de drogodependencias 8

9 5. Disponibilidad de centros sanitarios de día, residencias y ayuda a domicilio para poder enviar a los pacientes antes de ser enviados a prisión 6. Apoyo y colaboración en campañas de disminución de abuso de substancias y sobre seguridad vial, como ya es práctica habitual en los países europeos. Los infractores deben intervenir, por ejemplo, en las campañas de controles de alcoholemia. La dotación de medios y la aprobación de iniciativas debe potenciar el adecuado uso de los recursos ya disponibles e ir complementándolos según aparezcan necesidades concretas. Para poder llevar la práctica estas alternativas se necesitan 1. Recursos humanos y materiales 2. Información a los jueces y fomentar una actitud más positiva hacia los Trabajos en Beneficio de la Comunidad 3. Respuesta positiva del delincuente 4. Papel de los medios de comunicación para crear un clima favorable hacia los Trabajos en Beneficio de la Comunidad AUMENTO DE RECURSOS PARA INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ARAGÓN En cuanto a las necesidades de la población reclusa, el informe parte de la afirmación de que el sistema penitenciario español tiene una alta valoración. No obstante, dos de los aspectos más deficitarios son, de un lado, la falta de contacto de la prisión con el exterior, y la consecuente sensación de aislamiento y abandono de los internos, y de otro, el insuficiente seguimiento y atención médica primaria. Estas carencias se solucionarían haciendo más fluidas las entradas y salidas a los centros terapéuticos; fomentando el módulo de respeto y los módulos terapéuticos; mejorando la formación de los funcionarios y potenciando los estudios y las investigaciones sobre las necesidades de cada centro. Las medidas para los internos enfermos crónicos pasan por la reflexión previa de si la cárcel es la mejor opción teniendo en cuenta su difícil adaptación y el empeoramiento de su patología en la mayoría de los casos. En todo caso, es importante de garantizar la continuidad de los tratamientos dentro de la cárcel. En general, en las cárceles aragonesas se detectan las siguientes carencias 1. La disponibilidad de trabajo sólo alcanza a una cuarta parte de los internos. 2. El acceso a los programas de mejora sanitaria, deshabituación, convivencia, es limitado. 3. En cuanto al empleo del tiempo libre de los internos, sólo un 3% de la muestra del estudio participa en actividades de entidades sociales 9

10 MEDIDAS PARA ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS CRÓNICOS Para los delitos cometidos por personas con enfermedad mental y sin incapacitación judicial se propone el tratamiento ambulatorio involuntario que consiste en la intervención judicial en los casos de enfermos mentales graves que se nieguen a tomar la medicación y para evitar, a su vez, el internamiento en un centro hospitalario. Existe una experiencia piloto puesta en marcha por la Audiencia Provincial de Alicante que ha diseñado un Protocolo de actuación sanitario-judicial para estos supuestos. Se precisa la especialización de los juzgados, a través de una redefinición de los juzgados de incapacidades como juzgados de salud mental y la adscripción de un forense con capacitación específica en psiquiatría. El Código Penal ya recoge esta opción como menos gravosa que el internamiento. Otras medidas útiles serían: 1. Garantizar la continuidad de cuidados para enfermos mentales crónicos cumpliendo penas de privación de libertad. Deben existir programas de rehabilitación compatibles con medidas de seguridad, para tratamientos de varios meses de duración. Especialmente son necesarias prestaciones como centros de día, terapia ocupacional y programas de modificación de conducta para enfermedades duales con participación de Instituciones Penitenciarias y Sanitarias. Alrededor de 50 pacientes cada año se beneficiarán, evitando prolongar condenas, aparición de conflictos, reincidencia en el delito y exclusión social crónica. 2. Aumentar las plazas en comunidades terapéuticas y centros de deshabituación para personas con abuso de substancias psicoactivas, que contemple la combinación de estos abusos con enfermedades mentales crónicas, con patología infecciosa y con desarraigo social. El número de plazas necesario en Aragón se estima en, al menos, Atención específica penitenciaria y sanitaria, de forma conjunta a personas con abuso de alcohol que, a partir de la tercera década de la vida llegan antes al sistema judicial que al sanitario y que engrosan delitos tan complejos como la violencia doméstica, las infracciones de tráfico y muchas conductas violentas. Estas conductas pueden disminuirse poniendo en marcha un programa de deshabituación de alcoholismo para 100 pacientes como ya existe en otras Comunidades de nuestro entorno. 4. Potenciar los servicios ambulatorios y una mayor colaboración entre las instituciones dedicadas al tratamiento y deshabituación de alcoholismo. 10

11 MEDIDAS EN LOS AÑOS PREVIOS A LA EXCARCELACIÓN 1. Promover programas autonómicos de preparación para la salida en libertad después de condenas de más de tres años, supervisados por los servicios sociales de base y gestionados por ONG s. Dar progresividad al proceso de abandono de la prisión y a la reincorporación social, en especial, en el 30% de internos que no disponen de apoyo familiar propio. a. Introducir voluntarios y agentes externos periódicamente en la prisión para mejorar la sociabilidad de los internos b. Transición gradual en las actividades de la vida diaria del interno c. Continuidad de las ocupaciones, los tratamientos médicos, sobre todo, los relacionados con la desintoxicación d. Colaboración con grupos de voluntarios e. Involucrar a la familia 2. El seguimiento a largo plazo de las personas con delitos repetidos que voluntariamente quieran colaborar en programas post penitenciarios para afrontar su dificultad de reintegración social debe ser un objetivo compartido por los servicios sociales y penitenciarios. Al menos 50 internos por año podrían participar. a. Programas de prevención de la drogodependencia con grupos de autoayuda 3. En cuanto a las circunstancias concretas que hay que tener en cuenta cuando el condenado sale de prisión, serían las siguientes: a. Evitar retrasos en el cobro del Subsidio de Excarcelación b. Mayor número de plazas residenciales o pisos tutelados c. Tratamientos para los que tengan una enfermedad d. Alojamientos supervisados en los periodos de permisos penitenciarios y durante la libertad condicional e. Residencia legal a prueba para los extranjeros que han cumplido la pena y que presentan buenos informes f. Programas de facilitación de contratos de trabajo y cursos de formación profesional 11

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