APROXIMACIÓN AL ENCARGO DEL TRATAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

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1 APROXIMACIÓN AL ENCARGO DEL TRATAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 1. Delimitación conceptual del Encargado del Tratamiento en la Administración Local 2. Los contratistas adjudicatarios de contratos administrativos como Encargados del Tratamiento 3. La posición jurídica del contratista en el contrato de gestión de servicios públicos 4. Los organismos de los entes locales como Encargados del Tratamiento 5. La delegación de competencia y la encomienda de gestión como presupuestos para la configuración de la posición jurídica de Encargado del Tratamiento 6. Instrumentos jurídicos de aplicación del artículo 12 de la LOPD 1. Delimitación conceptual del Encargado del Tratamiento en la Administración Local 1.1. Personas jurídico-públicas y jurídico-privadas como Encargadas del Tratamiento Si atendemos a la más reciente y completa definición de Encargado del Tratamiento del artículo 1 i) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real decreto 1721/2007, como La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio, podremos afirmar sin lugar a dudas que en el ámbito de actuación de los entes de la administración local se pueden dar los dos tipos de encargo del tratamiento. El tratamiento de datos personales por cuenta de los entes locales puede ser realizado tanto por personas jurídico-privadas como por personas jurídico-públicas u órganos de la administración; y en este último supuesto se estudiará si existe encargo del tratamiento en el caso de personas jurídico-públicas u órganos dependientes de la propia entidad local. a) En el caso de un encargo del tratamiento realizado por personas jurídico privadas por cuenta de un ente local, estaremos ante una relación jurídico-administrativa que vincula un órgano de la Administración Local con un contratista, cuya regulación se encuentra en la legislación de contratos del sector público. b) En el caso de un encargo del tratamiento realizado por personas jurídico públicas por cuenta de un ente local, estaremos ante una relación de colaboración jurídico-

2 administrativa que vincula dos órganos de las administraciones públicas, cuya regulación se encuentra en la legislación de carácter administrativo Posiciones jurídicas de Responsable del Fichero y de Encargado del Tratamiento A partir de la aplicación de las distintas normativas citadas a las relaciones jurídicoadministrativas entre órganos de la Administración Local y empresas contratistas y a las relaciones de colaboración jurídico-administrativa entre administraciones públicas, en conexión con la regulación del encargo del tratamiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos y de su reglamento de desarrollo, será posible determinar las posiciones jurídicas de cada interviniente en este tipo de relaciones jurídicas, bien como Responsable del Fichero o bien como Encargado del Tratamiento. 2. Los contratistas adjudicatarios de contratos administrativos como Encargados del Tratamiento 2.1. La posición jurídica del contratista desde el punto de vista de la LOPD y de la Ley 30/2007 La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público constituye el marco legal de regulación de los contratos del sector público entre los organismos de las administraciones públicas y contratistas, prestadores de servicios. 1 Específicamente, el tipo contractual de contrato administrativo que puede exigir al contratista un tratamiento de datos personales por cuenta de los entes locales, es por antonomasia el contrato de servicios regulado por el artículo 10 de la Ley 30/ Desde el punto de vista de protección de datos, se plantean dos posibles posiciones jurídicas del contratista de un contrato de servicios en el ámbito de su relación jurídicoadministrativa con los entes de la Administración Local: a) En primer lugar, el contratista que presta un servicio a los entes locales sin tratamiento de datos de carácter personal. En este caso, el adjudicatario no ocupará la posición jurídica de Encargado del Tratamiento. 1 Ley 30/2007. Artículo 1. Objeto y finalidad. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa 2 Ley 30/2007. Artículo 10. Contrato de servicios. Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro

3 b) En segundo lugar, el contratista que presta un servicio a los entes locales con tratamiento de datos de carácter personal. En este caso, ocupará la posición jurídica de Encargado del Tratamiento, cumpliendo la relación jurídica con los requisitos legales del régimen jurídico de Encargado del Tratamiento: - El Encargado realizará el acto material de tratamiento de datos que podría realizar el órgano de la administración responsable, por cuenta de éste y con el objeto de prestarle un servicio en un ámbito concreto. - El Encargado no podrá realizar un tratamiento de datos que suponga una función o actividad independiente El encargo del tratamiento en los contratos de servicios En consecuencia, afirmaremos que la persona jurídico privada, Encargado del Tratamiento que preste un servicio por cuenta de un ente local y que incluya un tratamiento de datos de carácter personal, ocupará normalmente la posición jurídica de contratista vinculado por una relación jurídico-administrativa, generalmente de contrato de servicios, previsión también contemplada en el artículo de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 3 Si bien es cierto que no puede descartarse que el Contratista sea considerado Responsable del Fichero en aquellos casos en que el órgano contratante de la administración local no esté dotado del poder de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, la situación habitual, especialmente en los contratos de servicios es que ocupe la posición de Encargado del Tratamiento. 4 En los supuestos citados, quedará constituida una relación jurídica sometida a la legislación sobre contratación administrativa y también a la legislación sobre protección de datos por lo que se refiere al tratamiento de datos. a) La legislación sobre contratación administrativa se aplicará a la relación jurídica que vincula al ente local como órgano de contratación y a la empresa como contratista adjudicatario de un contrato de servicios. b) La legislación sobre protección de datos se aplicará a la relación jurídica entre el ente local como Responsable del Fichero y el prestador de servicios como Encargado del Tratamiento. De este modo, el sometimiento del ente local y el prestador de servicios a los dos citados regimenes jurídicos, les situará en una doble condición jurídica: contratista y Encargado del Tratamiento y órgano de contratación y Responsable del Fichero. 3 Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Disposición adicional trigésimo primera. 2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 4 A diferencia del contrato de concesión de gestión de servicios públicos, cuya naturaleza jurídica nos llevará normalmente a considerar el concesionario como Responsable del Fichero. No obstante, existen ciertos tipos de contratos de servicios relacionados en el Anexo II de la Ley 30/2007, en los que el Contratista podría ser considerado Responsable del Fichero.

4 3. La posición jurídica del contratista en el contrato de gestión de servicios públicos 3.1. La gestión indirecta del servicio público en las entidades locales Las administraciones públicas pueden realizar sus actividades en ejercicio de sus competencias con sus propios medios y recursos, a través de la gestión directa del servicio, y pueden gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios públicos de su competencia, gestión indirecta del servicio. 5 En el ámbito de la Administración local las formas de gestión de los servicios públicos de competencia local están reguladas en los artículos 85 y 85bis de la Ley de Bases de Régimen Local en su actual redacción. 6 Por lo que se refiere a las modalidades de gestión indirecta del servicio público, la citada disposición remite a la legislación sobre contratos de las administraciones públicas. La actual regulación de la gestión indirecta del servicio público mediante contrato está contenida en el artículo 251 y siguientes de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 5 Ley 30/2007. Artículo 251. Ámbito del contrato. 1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 2. El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional, como en el territorial. Artículo 252. Régimen jurídico. Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de gestión de servicios públicos se regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 196, apartados 2 a 7, ambos inclusive, 197, 203 y 205, y por las disposiciones especiales del respectivo servicio, en cuanto no se opongan a ella. Artículo 253. Modalidades de la contratación. La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes modalidades: Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato. Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate. Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas 6 LBRL. Artículo 85. ( Artículo modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre ) 1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. 2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas: ( ) B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 3. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad

5 Público y establece las siguientes modalidades: Concesión, Gestión interesada, Concierto y Sociedad de economía mixta La posición jurídica del concesionario del contrato de gestión de servicios públicos Régimen legal del concesionario de servicios públicos Así como es posible determinar con claridad que un contratista, sujeto de un contrato de servicios públicos que trate datos por cuenta de un organismo de la Administración Local, tendrá normalmente la consideración de Encargado del Tratamiento, la posición jurídica de un concesionario de servicios públicos podría no tener encaje en la figura de Encargado del Tratamiento, aunque en un primer acercamiento a la relación de la concesión administrativa pueda parecer que el concesionario trata datos por cuenta de una administración pública. La Ley de Contratos del Sector Público prevé en su artículo 253 que la contratación indirecta de los servicios públicos 7, podrá realizarse por la modalidad de concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. Esta primera acepción ya es marcadamente indicativa, pero para determinar con rigor la posición jurídica del concesionario del contrato de gestión de servicios públicos como Responsable del Fichero o como Encargado del Tratamiento tenemos que profundizar en el régimen jurídico de la concesión administrativa. Respecto al régimen legal de la concesión administrativa, como una modalidad de gestión indirecta del servicio público, la Ley 30/2007 establece: - Que los servicios objeto de concesión han de ser susceptibles de explotación por particulares - Que se prohíbe la prestación por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. - Que la prestación del servicio tendrá una duración de entre 10 y 25 años El concesionario de servicios públicos como responsable del Fichero El artículo 20 del Reglamento de desarrollo de la LOPD referido a la regulación de las relaciones entre el Responsable del Fichero y el Encargado del Tratamiento dispone que se considerará que existe comunicación de datos cuando el acceso tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el afectado. La consecuencia de este precepto es que en el momento en el que se establezca un vínculo contractual entre el concesionario del servicio público y los usuarios del servicio, el concesionario se convertirá en Responsable del Fichero; existiendo, por otra 7 Ley 30/2007. Artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos. 1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante. 2. Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.

6 parte, habilitación legal para la comunicación de datos de la administración al concesionario: relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros, derivado además de la propia naturaleza del contrato. 8 Una vez establecido el nuevo vínculo entre el concesionario y el usuario, ya no podremos predicar de la relación jurídica en que consiste la concesión administrativa ciertas características esenciales del encargo del tratamiento: - Que el concesionario trata datos de carácter personal pertenecientes a los tratamientos efectuados por el ente de la administración local - Que el concesionario se limita a realizar el acto material de tratamiento Al contrario, podremos afirmar que el concesionario del servicio público ostenta, habitualmente, la posición jurídica de Responsable del Fichero, ya que, además, en la concesión administrativa, la administración pierde el ejercicio de la competencia en beneficio del concesionario, el cual ejerce la titularidad del servicio. Efectivamente, la concesión del servicio público supone la mayoría de las veces el ejercicio de una función o actividad por el concesionario, es decir, el ejercicio efectivo de la titularidad competencial como consecuencia de la adjudicación del servicio y que derivará en el nacimiento de una relación directa entre el concesionario del servicio público y el administrado usuario; esta relación se concretará en la responsabilidad de la prestación del servicio a cambio de un precio. 4. Los organismos de los entes locales como Encargados del Tratamiento 4.1. Aplicación del concepto de Encargado de Tratamiento En la acepción legal de Encargado del Tratamiento parece que encaja claramente la posibilidad de que un órgano de la administración pública trate datos por cuenta de otra y por tanto se cree una relación entre Responsable del Fichero y Encargado del Tratamiento. Específicamente, el artículo 1 i) del Reglamento de desarrollo de la LOPD, se refiere persona física o jurídica, pública ( ), u órgano administrativo ( ) La colaboración administrativa como fundamento de la configuración de organismos de los entes locales como Encargados del Tratamiento. La Ley de Bases de Régimen Local regula con carácter general las relaciones interadministrativas entre administraciones públicas en su artículo 55 a los efectos de conseguir la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas. 9 8 Artículo 11. Comunicación de datos. 2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros 9 LBRL Artículo 55. Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas:

7 Por su parte, el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común prevé la figura del Convenio como instrumento básico de colaboración entre administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias. Pues bien, las relaciones interadministrativas constituyen la base para que sea posible la configuración de órganos de las administraciones públicas y específicamente de las entidades locales como Encargados del Tratamiento, dependiendo obviamente del contenido material de cada relación interadministrativa La gestión directa del servicio como presupuesto de de la configuración de organismos de los entes locales como Encargados del Tratamiento. El artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local regula la gestión directa del servicio público en las entidades locales y establece las siguientes modalidades de su ejercicio: - Gestión por la propia entidad local. - Organismo autónomo local. - Entidad pública empresarial local. - Sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local o a un ente público de la misma. En los supuestos en los que el servicio no se preste por la propia entidad local se abrirá paso la posibilidad de que un organismo autónomo, una entidad pública empresarial o una sociedad mercantil puedan ejercer funciones de encargo del tratamiento. 5. La delegación de competencia y la encomienda de gestión como presupuestos para la configuración de la posición jurídica de Encargado del Tratamiento 10 a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión este encomendada a las otras Administraciones. c) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas 10 Ley 30/1992. Artículo 13. Delegación de competencias. 1. Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas Ley 30/1992. Artículo 15. Encomienda de gestión. 1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda

8 5.1. Regulación de la delegación del ejercicio de la competencia y la encomienda de gestión La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula la delegación del ejercicio de la competencia y la encomienda de gestión de actividades técnicas o de servicios. En la delegación de competencia, entendida ésta como la medida de la potestad atribuida a un órgano de la Administración, el órgano delegado ejerce la competencia, pero las decisiones relativas al citado ejercicio siguen siendo adoptadas por el órgano delegante. Téngase en cuenta que las resoluciones administrativas que se adoptan por delegación deberán indicar la delegación de la competencia por el órgano delegante y se considerarán dictadas por el órgano delegante. Por otra parte, en el caso de la encomienda de gestión no se produce ni tan solo la cesión del ejercicio de la titularidad de la competencia La gestión directa por organismos y empresas dependientes En consecuencia, las entidades locales pueden ejercer la actividad del servicio público mediante alguna de las modalidades de gestión directa a través de un organismo autónomo local, de una entidad pública empresarial local o de una sociedad mercantil local creados ex proceso para este fin. Ante este escenario nos planteamos cuando estos organismos ocupan la posición jurídica de Responsable del Fichero o de Encargado del Tratamiento; y para ello deberíamos atender ante todo a la naturaleza jurídica del Encargado del Tratamiento y aplicarla a cada caso concreto. Por tanto, en principio, en los supuestos en los que estos organismos colaboradores traten datos de carácter personal pertenecientes a los tratamientos efectuados por ejemplo, por un ayuntamiento en el ámbito de sus competencias, y se limiten a realizar el acto material de tratamiento sin desarrollar una función o actividad propia, ocuparan la posición jurídica de Encargado del Tratamiento. Pero existen otras dos cuestiones en las que nos interesa detenernos: - Puede influir la modalidad de gestión directa del servicio, es decir la delegación de competencias o la encomienda de gestión, en la determinación de la posición de Encargado del Tratamiento o de Responsable del Fichero? - Habrá que tener en cuenta la personificación jurídica del organismo que realice la gestión del servicio? Es lo mismo que la gestión del servicio la realice un organismo autónomo administrativo, sometida al derecho administrativo que una sociedad mercantil municipal, sujeta al derecho privado? 11 Entendemos que lo que determinará si un organismo de una entidad local que realiza una gestión directa del servicio público sea considerado como Encargado o como 11 Ver Informe Jurídico AEPD 0191/2005. Naturaleza Pública o Privada de los Ficheros de una Sociedad Municipal.

9 Responsable, será la naturaleza de la colaboración y del régimen jurídico del ejercicio de la actividad. En los supuestos que un organismo autónomo local, una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil local, organismos instrumentales que prestan un servicio cuya titularidad competencial sea ostentada por un ayuntamiento y cumplen con los requisitos de limitarse a realizar el acto material de tratamiento de datos personales pertenecientes a los tratamientos efectuados por el ayuntamiento, sin desarrollar una función o actividad propia, ocuparan la posición jurídica de Encargado del Tratamiento. Si, por otra parte, tenemos en cuenta que tanto en el caso de delegación de competencia como en el caso de encomienda de gestión, la entidad local seguirá manteniendo la competencia como potestad de derecho público que no se desplazará hacia sus organismos colaboradores que gestionen el servicio, de nuevo deberemos afirmar que normalmente los organismos de entes locales que presten servicios mediante la modalidad de gestión indirecta serán considerados Encargados del Tratamiento. 12 Evidentemente, este principio general puede quebrar en aquellos casos en lo que se cree un nuevo vínculo, por ejemplo entre una sociedad mercantil municipal y los usuarios de un servicio. Aunque esta situación no es imposible, debemos distinguir este supuesto de la concesión administrativa en la que normalmente se genera un nuevo vínculo entre el concesionario del servicio y el usuario, precisamente por la propia naturaleza jurídica de la concesión. 6. Instrumentos jurídicos de aplicación del artículo 12 de la LOPD 6.1. El contrato de Encargado del Tratamiento. La relación de encargo del tratamiento en el ámbito de la Administración Local, tanto cuando la posición de Encargado es ocupada por un contratista como por un organismo de un ente local, precisa el establecimiento de instrumentos jurídicos de aplicación y cumplimiento de lo que establece el artículo 12 de la LOPD respecto a la formalización de un contrato de Encargado del Tratamiento La formalización del contrato del artículo 12 de la LOPD La formalización de la realización de tratamientos por cuenta de un ente local en un contrato, de acuerdo con lo que establece el artículo 12 de la LOPD puede clasificarse según la tipología de sujetos que intervienen en la relación jurídica: a) Relación contractual privada entre un ente local y una entidad privada (contratos privados del sector público regulados en el artículo 4.1.p. de la Ley 30/2007). La relación se formalizaría en cláusulas contenidas en el propio contrato, en un documento anexo al contrato o incluso en un documento anexo a una factura periódica, si fuera procedente. b) Relación administrativa entre un órgano de contratación (ente local) y un contratista, regulada por la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 12 Ver Informe Jurídico AEPD 0541/2008

10 La relación se formalizaría mediante cláusulas incorporadas al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de contratación, en un documento anexo al contrato administrativo o en el mismo contrato administrativo, o en el caso de contratos menores mediante la inclusión de cláusulas en la notificación de adjudicación o de inicio de la ejecución del contrato. c) Relación interadministrativa entre un órgano de una administración local y un órgano de otra administración. La relación se formalizaría mediante cláusulas introducidas en el Convenio de Colaboración o en un documento anexo al Convenio. d) Relación interadministrativa, entre órganos de un mismo ente local La relación se formalizaría mediante cláusulas incorporadas en el acto administrativo de delegación de competencias o de encomienda de gestión o bien en un documento específico elaborado con esta finalidad. e) Relación jurídico-administrativa no contractual entre un ente local y una entidad privada a través de un Convenio de Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La relación se formalizaría mediante cláusulas introducidas en el Convenio de Colaboración entre la entidad local y la empresa privada o en un documento anexo al Convenio Otras cuestiones relativas a la formalización del contrato a) Forma del documento contractual La forma del documento contractual podrá ser por escrito o bien por medio de documento electrónico con firma electrónica. b) Duración de la relación Respecto a la duración de la relación, ésta podrá ser temporal o indefinida o prorrogable, aunque habrá que respetarse las legislaciones de aplicación específica, especialmente la Ley 30/207. c) Remuneración Asimismo, el artículo 20 del Reglamento de desarrollo de la LOD establece que el servicio prestado por el encargado del tratamiento podrá tener o no carácter remunerado abarcando, de este modo, las posibles relaciones de colaboración no remuneradas entre órganos de las administraciones públicas en la que uno de ellas actúa como Encargado del Tratamiento.

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