FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS INFORME DE ACTIVIDADES

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1 7 th EPSU Congress, Stockholm, June 2004 FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS INFORE DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEBRE DE 2003 Aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP de 4 y 5 de marzo de 2004

2 CONTENIDO I. ORGANISOS RECTORES DE LA FSESP...2 COITÉS DIRECTOR Y EJECUTIVO... 2 FINANZAS, IEBROS Y PERSONAL... 7 II. COISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES...9 III. IV. COITÉS PERANENTES DE LA FSESP SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD ADINISTRACIÓN NACIONAL Y EUROPEA ADINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL EPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PROYECTOS DE LA FSESP GRUPO OPERATIVO SOBRE LA APLIACIÓN SEINARIO ASE-ETUCO/FSESP: SECTOR SANITARIO, RELACIONES LABORALES Y ESTRATEGIAS SINDICALES EN LOS PECO, BRATISLAVA, DE SEPTIEBRE SINDICATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y UE: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS ESTADOS BÁLTICOS, RIGA, DE SEPTIEBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y CONVENCIÓN EUROPEA CONFERENCIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA FSESP, BRUSELAS, 14 Y 15 DE AYO REDISEÑO DE LA PÁGINA DE LA FSESP 1 DE JULIO-25 DE NOVIEBRE V. CES/UNIÓN EUROPEA X CONGRESO ESTATUTARIO DE LA CES, PRAGA, DE AYO COITÉ EJECUTIVO DE LA CES DIÁLOGO SOCIAL INTERSECTORIAL APÉNDICES CREACIÓN DE UN IRAK DEOCRÁTICO: DECLARACIÓN SOBRE LA GUERRA EN IRAK LOS SERVICIOS PÚBLICOS, RASGO FUNDAENTAL DEL ODELO SOCIAL EUROPEO PERSPECTIVA DE LA FSESP SOBRE LA COUNICACIÓN DE LA COISIÓN ESTRATEGIA PARA EL ERCADO INTERIOR - PRIORIDADES DEL PERIODO A. CARTA DE FSESP/ISP A PASCAL LAY, COISARIO EUROPEO DE COERCIO B. CARTA DEL COISARIO LAY DE FECHA 14 DE ABRIL DE COPOSICIÓN DE LA COISIÓN DE RESOLUCIONES DEL CONGRESO DE LA FSESP RECOENDACIÓN SOBRE LA SALUD Y LA POLÍTICA SOCIAL DE LA UE Declaración Conjunta De La Unión De La Industria Eléctrica-Eurelectric Y Fsesp/Emcef Sobre Igualdad De Oportunidades Y Diversidad DECLARACIÓN CONJUNTA DE EURELECTRIC, ECEF Y FSESP, E INFORE FINAL CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO SOBRE EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA EN EL SECTOR ELÉCTRICO Programa De Trabajo Del Comité De Diálogo Social Sectorial De La Industria Eléctrica Para IEBROS DE LA COALICIÓN POR CONTRATOS PÚBLICOS VERDES Y SOCIALES ACCIONES DE PROTESTA, APOYO Y ENSAJE DE SOLIDARIDAD: FSESP, COPOSICIÓN DE LOS COITÉS RELACIÓN DE PERSONAL RESEÑA DE LOS PRINCIPALES DOCUENTOS APROBADOS EN OTRAS REUNIONES A LAS QUE ACUDIERON REPRESENTANTES DE LA FSESP...106

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4 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) I. ORGANISOS RECTORES DE LA FSESP Comités Director y Ejecutivo El Comité Director se reunió los días 18 de febrero, 24 de septiembre y 25 de noviembre. El Comité Ejecutivo celebró sesiones los días 25 de abril y 25 y 26 de noviembre. La guerra en Irak y sus implicaciones relegaron a un segundo plano todos los demás debates políticos celebrados en El Comité Ejecutivo aprobó una declaración sobre la guerra en Irak (Apéndice 1) que afirmaba la firme oposición sindical a la guerra y denunciaba el coste humano de la intervención y la amenaza que suponía para el futuro de las relaciones multilaterales, para la Unión Europea y para todo Oriente edio. Servicios de interés general, Convención y Libro Verde (véase también el apartado IV.3) El Grupo de trabajo especial se reunió el 11 de septiembre y el 31 de octubre. A lo largo de 2003 el programa de la FSESP mantuvo su interés en influir en los trabajos de la Convención, sobre todo en lo relativo al afianzamiento de la posición de los servicios de interés general (SIG). En abril, el Comité Ejecutivo exhortó firmemente a los miembros de la Convención a hacer suya la labor realizada por el Grupo de trabajo Europa social, en particular las propuestas concretas correspondientes al nuevo artículo I-3 relativo a los objetivos sociales de la Unión Europea. En septiembre, el Comité Director examinó el contenido del proyecto de Constitución. La FSESP no vio satisfecha una de sus peticiones fundamentales de que a los SIG se les confiriera valor constitucional, en particular integrando la noción de SIG de calidad en los objetivos del proyecto de Constitución, concretamente en el artículo I-3. La evaluación del nuevo artículo III-6 no generó consenso en el Comité Director. Éste convino en convocar una reunión ampliada del Grupo de trabajo especial sobre SIG encaminada a reanudar el debate con el objeto de ultimar un planteamiento de la FSESP sobre los SIG y el Tratado Constitucional. El grupo de SIG se reunió el 31 de octubre y concertó el contenido de una resolución para su presentación en el Comité Ejecutivo. La resolución enuncia los conceptos más recientes de la FSESP sobre los servicios de interés general y servicios de interés económico general (SIEG) en el contexto de la Convención y el Libro Verde sobre los servicios de interés general. Califica el trabajo de la Convención sobre el futuro de Europa de paso positivo hacia la integración europea en la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea (UE) que se hará efectiva el 1 de mayo de Remarca la importancia de mantener el esfuerzo básico de la Convención y el consenso político alcanzado. La resolución dice que los criterios de coherencia imponen la alineación de la Parte III del proyecto de Constitución relativa a las políticas y el funcionamiento de la Unión con las Partes I y II del tratado. Concretamente, es preciso incorporar el concepto de economía social de mercado en los nuevos artículo 69, 70 y 77. El artículo III-6 aparece descrito como un elemento significativo del proyecto de Constitución. 2

5 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Se enfatiza el principio de subsidiariedad para atribuir al nivel de autoridad territorial más pertinente (local, regional, nacional, europeo) la responsabilidad de determinar la provisión de servicios de calidad dentro de sus respectivas competencias. En dicha responsabilidad cabe incluir las modalidades de financiación y ordenación de los servicios: prestación interna, derechos exclusivos o especiales, u otras opciones, como la cooperación intermunicipal y modelos de asociación de SIG y SIEG adecuados. El Comité Ejecutivo de noviembre dio el visto bueno a la Resolución Los servicios públicos, rasgo fundamental del modelo social europeo (véase el texto final en el Apéndice 2). La resolución apoya explícitamente la labor de Philippe Herzog, ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y onetarios del Parlamento Europeo para el Libro Verde sobre los SIG de la Comisión Europea. Estrategia para el mercado interior El Comité Director de septiembre aprobó un documento dedicado a la Estrategia para el mercado interior de la Comisión, publicada el 7 de mayo de 2003 por la Dirección General de ercado Interior. El documento, titulado Perspectiva de la FSESP sobre la Comunicación de la Comisión Estrategia para el mercado interior - Prioridades del periodo , califica los servicios de interés general el agua, en particular de ámbitos donde promover la liberalización (Apéndice 3). La FSESP y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) apoyaron la consecución del mercado interior como promotor de crecimiento, empleo y bienestar para el conjunto de los ciudadanos. La FSESP coincide asimismo en la necesidad de salvar los obstáculos al pleno funcionamiento del mercado interior. La Estrategia debe inscribirse, dentro de la Unión Europea ampliada, en una política genérica basada en un extenso proceso de consulta en el que participen los interlocutores sociales de los ámbitos interprofesional y sectorial. La publicación de la Estrategia ha sido paralela a del Libro Verde sobre los servicios de interés general de la Comisión. Esta simultaneidad podría cerrar el paso a parte de los debates sobre el Libro Verde, en especial la necesidad de establecer una directiva marco sobre SIG. La perspectiva de la FSESP se transmitió en octubre al comisario Bolkestein; la secretaria general y el secretario general adjunto de la FSESP se reunirán con un representante de la Dirección General de ercado Interior en enero de Contratación pública (véase también el apartado IV.2) La revisión de las Directivas de contratación pública se completó a principios de diciembre. Tanto el Comité Director como el Ejecutivo contemplaron esta importante temática a lo largo de En virtud del texto aprobado por el Parlamento Europeo, las autoridades contratantes podrán atender a criterios sociales y medioambientales en el proceso de adjudicación de contratos. Ahora bien, el Consejo y la Comisión rechazaron la medida. Insistieron en que se aprobara un texto que restringía sobremanera las posibilidades de contemplar la observancia de normas laborales justas, incluyéndose el respeto a los convenios colectivos vigentes, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y el cumplimiento general de los objetivos comunitarios de empleo y política social, así como las políticas de desarrollo sostenible. 3

6 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) AGCS de la OC La FSESP se sumó en 2002 a la campaña Parar el ataque del AGCS ya y firmó con la ISP (Internacional de Servicios Públicos) la Declaración Encogerla o hundirla! El Comité Ejecutivo tomó nota de los resultados de la reunión que mantuvieron conjuntamente la ISP y la FSESP el 17 de febrero de 2003 con Pascal Lamy, comisario europeo de Comercio. La delegación la integraron: Ylva Thorn, presidenta de la ISP; Anna Salfi, presidenta de la FSESP; Frank Bsirske, vicepresidente de la ISP y miembro del Comité Ejecutivo de la FSESP; Gilbert Lieben, miembro del Comité Ejecutivo de la FSESP; Hans Engelberts, secretario general de la ISP; ike Waghorn, vicesecretario general de la ISP; Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general de la FSESP, y Jan Willem Goudriaan, secretario general adjunto de la FSESP. La reunión tenía como objetivo destacar las principales preocupaciones que en la ISP y la FSESP suscitaban las negociaciones del AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de los servicios) llevadas por la Organización undial del Comercio (OC): La protección que el artículo I.3 del AGCS tiene previsto conferir a los servicios públicos implica términos clave que están sin definir. Todo litigio entre países miembros de la OC podría saldarse con el pronunciamiento de un fallo de la OC que abriera la participación en el sector público a las empresas privadas e incluso multinacionales. El AGCS no estipula que deba haber privatización; en cambio, añade presión a los gobiernos para que privaticen los sectores públicos. Se pone así en peligro la capacidad de un gobierno de regular temas de seguridad. Aunque los gobiernos mantienen su capacidad reguladora, pueden llegar a verse en el trance de que las objeciones de otro(s) Estado(s) miembro(s) tengan como consecuencia que se dictamine como excesivas las trabas que supone para el comercio la normativa legítima; en cuyo caso se les exigirá que cambien o renuncien al reglamento impugnado, o se expondrán a las medidas de reparación que dicten los países denunciantes. uchas instancias no nacionales de gobierno han expresado su preocupación por su propia no participación en el proceso de demanda y oferta, y por el impacto potencial en los muchos servicios que prestan. Las negociaciones del AGCS se están desarrollando en un ambiente de secretismo casi absoluto en la mayoría de los países miembros. Los países en desarrollo a menudo se ven obligados por los programas de ayuda del Banco undial, el FI y las autoridades de los países del hemisferio Norte a liberalizar, privatizar y desregular los sectores públicos. La circulación temporal de trabajadores entre países para la provisión de servicios es una de las formas de comercio contempladas por el AGCS (el denominado odo IV). A pesar de las ventajas que reporta el sistema a los países en desarrollo (ventajas de carácter económico y formativo), la verdad es que puede llegar a ser fuente de fuga de cerebros de profesionales imprescindibles tales como docentes o personal de enfermería. Estos trabajadores suelen carecer de derechos laborales y sindicales en el país anfitrión; tampoco pueden optar a los réditos del dinero que se les obliga a desembolsar en concepto de jubilación, seguro y otras prestaciones. Tras los debates mantenidos, el comisario Lamy proporcionó asimismo una respuesta escrita detallada a los puntos descritos (Apéndices 4a y 4b). La FSESP secundó la referencia a las negociaciones del AGCS recogida en el programa de acción de la CES, aprobado durante el X Congreso de la CES celebrado en Praga. Así, la CES se compromete a hacer campaña y movilizarse, en colaboración con las organizaciones 4

7 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 sindicales mundiales, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y otros organismos internacionales, por defender el respeto a las normas laborales y medioambientales fundamentales, y la exclusión explícita de los servicios públicos del ámbito del AGCS, concretamente, los servicios de educación, salud, agua y otros servicios esenciales, y el derecho de los gobiernos a regular los citados sectores sin impugnación con arreglo al AGCS. El programa de acción exige transparencia democrática absoluta en las negociaciones del AGCS y apoya el establecimiento de una moratoria de las negociaciones si no se atienden las demandas. A finales de septiembre las negociaciones del AGCS fracasaron en Cancún, debido sobre todo a las actitudes adoptadas por los países en desarrollo, las ONG y las organizaciones sindicales internacionales. A estas alturas es difícil predecir cómo se reanudarán las negociaciones. Diálogo social sectorial El desarrollo del diálogo social sectorial fue un punto recurrente del orden del día. Para poder superar la situación de estancamiento en que se encuentra la administración local, el Comité Director de septiembre mostró su conformidad con una fórmula propuesta por la Comisión Europea en una carta de la directora general de Empleo y Asuntos Sociales, Odile Quintin. La FSESP convino en asignar dos puestos de delegados a CCSP (Bélgica) y a FNAC- CFTC (Francia). Se pondrá un escaño adicional a disposición de una federación sindical de uno de los futuros Estados miembros de la UE (Eslovaquia). La FSESP será la que coordine la delegación sindical. Este acuerdo ha creado las condiciones propicias para formalizar la constitución del Comité de diálogo social sectorial para la administración local. La creación oficial del comité se producirá el 13 de enero de 2004 (para más información véase el apartado III.3). Las perspectivas de prosperidad del diálogo social en la administración nacional protagonizaron las sesiones de los Comités Director y Ejecutivo a lo largo de Como cuestión central siguió planteándose el que la FSESP no podía aceptar las condiciones de su participación en las reuniones de diálogo social, por informales que fueran, en pie de igualdad con CESI y Eurofedop. El Comité Ejecutivo de abril acogió con beneplácito la iniciativa conjunta de FSESP y ADEDY de convocar en Atenas para el 17 de mayo una conferencia con la ayuda económica del inisterio griego de Administraciones Públicas. Se inscribió nuevamente el tema en el orden del día del Comité Director de septiembre y del Ejecutivo de noviembre con el fin de establecer la actitud de la FSESP en la perspectiva de las actividades programadas para la Presidencia italiana. El Ejecutivo reiteró su decisión de abril y excluyó toda participación de la FSESP en una reunión prevista con los directores generales y otras organizaciones. Con ayuda de las afiliadas italianas una delegación de la FSESP tuvo ocasión de entrevistarse el 19 de noviembre con el ministro italiano azella y el 4 de diciembre con el director general Naddeo. En ambas sesiones no sólo se planteó la cuestión de la representatividad, sino que obtuvo una excelente acogida de los interlocutores italianos. La delegación de la FSESP expresó su deseo de iniciar un diálogo sobre aprendizaje a lo largo de toda la vida (para más información véase el apartado III.2). Estudio propio de representatividad El estudio de representatividad de FSESP/ISE concluyó en noviembre. Durante la sesión de septiembre del Comité Director se celebró una presentación preliminar del estudio a cargo de Reiner Hoffmann y Judith Kirton-Darling, del ISE (Instituto Sindical Europeo). El estudio será difundido ampliamente entre las afiliadas a la FSESP, en la CES, la Comisión, otras 5

8 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) instituciones comunitarias, las organizaciones de interlocutores sociales y los institutos de investigación sobre el trabajo. Congreso 2004 de la FSESP Los preparativos del Congreso de la FSESP están bastante avanzados. Los Comités Director y Ejecutivo han recibido regularmente informes de progreso de los preparativos. La Comisión de resoluciones (véase adjunta la lista de miembros en el Apéndice 5) se reunió el 7 de marzo, el 7 de mayo y el 25 de septiembre. Examinó las enmiendas notificadas a las resoluciones presentadas en nombre del Comité Ejecutivo para el Congreso y dirigió recomendaciones al Comité Ejecutivo. Grupo de trabajo sobre los Estatutos El Grupo de trabajo sobre los Estatutos se reunió el 14 de abril y el 26 de septiembre. Se expusieron las propuestas de modificación de los Estatutos ante el Comité Ejecutivo de noviembre. Quedan por resolver algunos elementos importantes como los idiomas de interpretación en las reuniones estatutarias de la FSESP, el Convenio de cooperación entre la FSESP y la ISP, y la configuración futura de los colegios electorales. Comisión de resoluciones del Congreso El Comité Ejecutivo examinó las propuestas de resoluciones en su convocatoria de noviembre y aprobó los borradores definitivos de R.4 (igualdad de género) y R.5 (Los servicios públicos en la Unión Europea ampliada). La R.1 sobre los servicios públicos ha sido revisada a la luz de las deliberaciones del Ejecutivo. La R.2 (negociación colectiva) y la R.3 (pensiones) han sido sometidas también a modificación y están siendo estudiadas por la Comisión de resoluciones. La Comisión de resoluciones se reunió los días 7 de marzo, 7 de mayo y 25 de septiembre. 6

9 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Finanzas, miembros y personal El Comité Ejecutivo aprobó en noviembre el Informe financiero de 2002, el Informe de los auditores de cuentas correspondiente a 2002, las previsiones para 2003 y la propuesta presupuestaria para Ayudas En la convocatoria de abril el Comité Ejecutivo consideró los elementos de una política de ayuda económica destinada a facilitar la participación de los representantes sindicales de los países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión a la UE en los comités estatutarios de la FSESP. La necesidad del análisis se hizo patente por la reforma del sistema de indexación (de la ISP y adoptado por la FSESP) tras la cual podrá optar a ayudas un número mayor de países, los problemas económicos de la ISP y la consiguiente disminución de la dotación de la ISP para este capítulo. El Comité Ejecutivo convino en la necesidad de adoptar el enfoque más integrado posible, constató la necesidad de efectuar una transferencia solidaria de Europa Occidental a Europa Oriental e insistió en que se contemplara el programa de ayuda económica desde una perspectiva política que atendiera a las necesidades políticas y económicas globales dentro de una Unión Europea ampliada. El Comité Ejecutivo acordó asignar: para la asistencia a las reuniones estatutarias basadas en los colegios electorales: un importe máximo de hasta 850 euros a un miembro titular por colegio electoral, procedente de un país que se situara por debajo del 100% según el índice de la ISP; para la asistencia a las reuniones estatutarias basadas en los países: un importe máximo de 500 euros para gastos de viaje y alojamiento a un miembro titular por país que se situara en o por debajo del 50% según el índice de la ISP. Este acuerdo será sometido a evaluación periódica. Composición En el transcurso del año se sumaron a la FSESP las organizaciones siguientes: Christelijke Centrale van de Openbare Diensten (CCOD) - Centrale Chrétienne des Services Publics (CCSP), Bélgica; Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP), Bélgica. En virtud del artículo 3.2 de los Estatutos de la FSESP, pasaron a ser miembros de la FSESP las siguientes afiliadas a la ISP: National Federation of Energy Workers (NFE), Bulgaria; Sindicato de trabajadores municipales y de la industria local 2000 (HVDSZ 2000), Hungría; Sindicato independiente de trabajadores de la economía eléctrica de acedonia (SSES), acedonia; Federatia Energia ileniului III (FE III), Rumania; Sindicato eslovaco de organizaciones culturales y sociales (SOZKaSO), Eslovaquia; Trade Union of Workers in Culture and Nature Protection (TUCNP), República Checa; Lithuanian Trade Union of Energy Workers (LTUEW), Lituania; 7

10 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Federación sindical independiente de trabajadores del agua y aguas residuales, Rumania. Han presentado solicitudes de baja: Sindicato de funcionarios públicos de las Fuerzas Armadas de Dinamarca (FCE), Dinamarca; Sindicato de todos los inspectores de las empresas e instituciones públicas (DENET- SEN), Turquía; AICUS-SF Section (Reino Unido). Se produjeron en el Secretariado los cambios siguientes: Vincent Hotyat, contratado como responsable de enlace e investigación, abandonó la organización el 28 de febrero. La vacante la ocupará Richard Pond a partir de enero de A principios de enero de 2003 se incorporaron a la plantilla del Secretariado de la FSESP Nadja Salson, contratada como encargada de la Comisión de igualdad de oportunidades y el Comité Permanente de Administración Nacional y Europea, y Lia Tiberini, secretaria políglota responsable del reparto de traducciones y clasificación/archivado de documentos. El 23 de junio Penny Clarke pasó a ocupar el puesto de responsable de Política para el área de administración local y regional. 8

11 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 II. COISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Sexta reunión de la Comisión de igualdad de oportunidades, Bruselas, 24 de noviembre Centraron el orden del día los asuntos siguientes: las conclusiones de la conferencia celebrada en Bruselas en junio (véase más abajo); la propuesta de Directiva comunitaria de igualdad de género relativa a la accesibilidad y suministro de bienes y servicios en la UE; un informe parlamentario de propia iniciativa sobre presupuestos sensibles al género; inicio oficial, el 1 de diciembre, de las negociaciones correspondientes a un marco comunitario de acción intersectorial sobre igualdad de género; Resolución para el Congreso, en particular la cuestión del papel del salario mínimo en la reducción de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en Europa; presentación de un informe sobre igualdad de género en el Congreso; datos registrados en la CES, incluyéndose el plan de acción para la igualdad ; conferencia conjunta ISP/FSESP sobre igualdad de remuneración, programada para los días 6 al 8 de octubre de Equilibrio de género La última reunión de la comisión tuvo una participación exclusivamente femenina. Los escaños del colegio electoral mediterráneo permanecieron vacíos a lo largo de Tras un cambio de liderazgo y estructura de su sindicato, la representante del colegio electoral nórdico, Gunhild Johansen, fue sustituida por Tove Stangnes, de Fagforbundet (Noruega). Conferencia para la igualdad de género Definición de prioridades para , Bruselas, de junio de 2003 Acudieron a la conferencia 40 delegados, procedentes principalmente de los países nórdicos (Suecia sobre todo) y los países de Europa Central y Oriental. Excepción hecha de Portugal (3 representantes), los países de la cuenca mediterránea tuvieron peor representación, registrándose 2 delegados de Francia, 1 de Italia, 1 de Chipre y ninguno de Grecia y alta. Participaron en el coloquio cinco delegados varones de Bulgaria, Estonia, Dinamarca, Luxemburgo y Reino Unido. Entre las ponentes externas (o Presidencias) cabe citar investigadoras del Reino Unido y la Fundación Europea para la ejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, una eurodiputada socialista italiana y miembro de la Convención Europea, una representante de la Comisión y una responsable de Política de la ONG Solidar con vínculos sindicales. La conferencia tuvo como objetivos principales recabar datos sobre la aplicación del Plan de acción para la igualdad entre géneros , haciéndose hincapié en la representación femenina en los órganos decisorios y la negociación colectiva, y aportar datos a la preparación de la Resolución sobre la igualdad de género para el Congreso. El acto se articuló en cuatro temáticas genéricas: integración de la dimensión de género tanto en las políticas sindicales como en las comunitarias; igualdad de remuneración; aplicación de la Directiva revisada relativa a la igualdad de trato (2002), y futuro del servicio público a la luz del nuevo Tratado Constitucional de la UE. Se aportaron datos recientes sobre los trabajos de 9

12 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) la ISP y la CES en materia de igualdad de remuneración. Los talleres fueron el escenario de varios intensos debates sobre bajos salarios, pensiones y negociación colectiva; acoso, planes de igualdad de género y diálogo social, y AGCS, privatización y necesidades de las mujeres en los servicios públicos. Otras actividades Se enviaron a los miembros de la Convención Europea, compuesta por 88 hombres y 17 mujeres, dos comunicados de prensa en los que se promovía la consagración del vínculo positivo entre igualdad de género y defensa y fomento de unos servicios públicos de calidad en el proyecto de Constitución de la UE. La ronda de negociación correspondiente a un marco de acción sobre igualdad de género tuvo como fecha de inicio el 1 de diciembre. Los sindicatos buscan sobre todo implantar una herramienta concreta que añada valor a la legislación comunitaria vigente sobre igualdad entre hombres y mujeres, como puede ser la negociación de planes de igualdad de género en el ámbito de la empresa o a nivel sectorial. La FSESP hace suyo el objetivo de la CES de contemplar el conjunto de las condiciones de trabajo. Aunque las negociaciones no tienen fecha límite, el calendario provisional tiene prevista la concertación de un acuerdo para principios de 2005 (véase el apartado V). Preparación de la evaluación de la encuesta de la FSESP sobre igualdad de remuneración a cargo de la experta británica Jane Pillinger. 10

13 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 III. COITÉS PERANENTES DE LA FSESP 1. Servicios Sociales y de Salud En 2003 el Comité Permanente concentró su actividad en dos temáticas generales: el proceso de diálogo social en el sector hospitalario europeo y la creciente influencia de la legislación europea en los sistemas nacionales de salud, en particular el creciente impacto de la política comunitaria responsable de potenciar la liberalización del sector. Diálogo social Habiendo constituido en febrero de 2002 el Grupo operativo representativo y paritario de diálogo social en el sector hospitalario junto con las organizaciones patronales representativas, el Comité Permanente mantuvo intacto el mandato de los miembros del grupo operativo pertenecientes a la FSESP. El mandato no se apartó de la atribución de colaborar con las organizaciones patronales para establecer un proceso explícito de diálogo social en el sector. El grupo operativo se reunió en cuatro ocasiones: el 29 de abril, el 24 de junio, los 6 y 7 de octubre, y el 21 de noviembre. Los debates del grupo operativo se inscriben en tres materias: 1. Definición de líneas de trabajo común. 2. Traslado a una estructura formal. 3. Preparativos de la tercera conferencia de diálogo social en el sector. Se avanzó mucho en la definición de un programa de trabajo. Se plantearon tres temas de debate: contratación y retención, envejecimiento de los trabajadores y nuevas necesidades de cualificación. Reunido los días 6 y 7 de octubre el grupo operativo permitió que se recalcaran cuestiones de interés común entre agentes sociales potenciales. Estos trabajos servirán para cimentar las investigaciones que se lleven a cabo con motivo de la tercera conferencia, programada para febrero de El traslado a una estructura formal no tuvo tanto empuje. Aunque los interlocutores buscaron una declaración de intenciones sobre el proceso, los días 6 y 7 de octubre se hizo patente la ausencia de voluntad política por parte de las organizaciones patronales. Esto tiene una explicación múltiple: las reservas de los empleadores acerca de los papeles sectorial e intersectorial, la cuestión de la representatividad y las definiciones constitucionales de las organizaciones interesadas. En los preparativos de la tercera conferencia existe muy buena voluntad para asegurar una formulación útil de las recomendaciones sobre los tres temas de debate. Por lo que respecta a la formalización del diálogo social, no está claro hasta qué punto están dispuestas a avanzar las patronales. Liberalización de la sanidad El Comité Permanente examinó la liberalización del sector sanitario desde el ángulo de la Convención Europea y la Conferencia Intergubernamental (CIG), y el Grupo de reflexión de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes presidido por la Comisión Europea. De las conversaciones mantenidas en el comité se desprende que la definición de una estrategia común capaz de enunciar la opinión de la FSESP va a suponer una inversión enorme. La decisión de rebajar la salud a la categoría de actividad de apoyo en el proyecto de Tratado Constitucional no fue recibida con entusiasmo general. La conexión existente entre movilidad de pacientes y de profesionales de la sanidad está siendo estudiada por las respectivas afiliadas en el ámbito nacional únicamente. El comité indicó que no era necesario que la 11

14 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) FSESP tuviera representación oficial en el grupo de alto nivel. Éste presentó su informe final el 8 de diciembre. Foro europeo de políticas sanitarias La FSESP se alzó como agente legítimo de la sanidad en el Foro europeo de políticas sanitarias. El funcionamiento de este foro corre a cargo del presupuesto de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea. La FSESP coescribió un documento de posición sobre política social y sanitaria, que fue aprobado por el foro. El documento expone los vínculos que existen entre salud y economía social europea de mercado global (véase el Apéndice 6). La FSESP formó parte del Grupo director, encargado de emitir recomendaciones sobre la movilidad de los profesionales de la salud en la UE. Las recomendaciones se adoptaron en la reunión del 5 de diciembre. En dicha sesión la FSESP presentó además un informe sobre salud y servicios de interés general. En la primavera de 2004 se constituirá un grupo de trabajo encargado de este tema. Decimoséptimo Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Luxemburgo, 10 de marzo Centraron el orden del día los asuntos siguientes: Conferencia de diálogo social en el sector hospitalario: se ofreció un panorama de la tercera conferencia de diálogo social. Además, se hizo un breve resumen del informe de la OIT sobre el diálogo social: Liberalización de la sanidad: Convención Europea y salud fue el tema de debate. Se relató el contenido de la conferencia de servicios públicos del 2 de diciembre de 2002, los trabajos de la Convención sobre el futuro de Europa y la propuesta sobre salud del Foro europeo de políticas sanitarias. Se tomó nota de los dos expedientes que se planteaban en materia de sanidad. El primero guarda relación con la incorporación de la salud en el Tratado entre las competencias compartidas o complementarias, sobre la base de la reformulación del actual artículo 152. La segunda temática, más polémica, se refiere al debate en torno a los servicios de interés general y el impacto de dicho debate en la salud. Se comunicó a los miembros del comité la agenda del Grupo de reflexión de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes. Se acordó dedicar esfuerzos al seguimiento de acontecimientos en el ámbito nacional. Se dio cuenta de la actuación del Parlamento Europeo en asuntos de salud (informe antovani). Se recalcó que el informe era la respuesta de la Comisión de edio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento Europeo a la Comunicación de la Comisión relativa a la salud de El elemento central del informe hay que verlo en la referencia a la ya existencia de un mercado interior de la salud en el campo de los fármacos y equipos médicos, y las posibilidades de ampliación de dicho mercado. La FSESP y el Año europeo de las personas discapacitadas 2003: el Comité Permanente aprobó oficialmente la Declaración de adrid del Foro europeo de la discapacidad (FED). Carlotta BESOZZI, responsable de Política del FED, expuso las finalidades y la vocación del foro en el transcurso del Año de las personas discapacitadas. La Declaración de adrid es el texto oficial adoptado por el FED para marcar el inicio del Año europeo de las personas discapacitadas. Se contemplaron las medidas de la FSESP con el FED (declaración conjunta sobre sensibilización del personal hospitalario sobre los efectivos y pacientes con 12

15 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 discapacidad). Se convino en que ambos secretariados formularan una propuesta de declaración conjunta sobre sensibilización. La agenda contempló además los puntos siguientes: datos recientes sobre jornada laboral en la sanidad; actualización sobre la entrega de la Resolución relativa a la salud de CES/FSESP; cuadro actualizado de AGCS-OC y salud; Foro de política sanitaria, 22 de noviembre de Decimoctavo Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, Bruselas, 8 de septiembre Centraron el orden del día los asuntos siguientes: Diálogo social en el sector hospitalario: se entregaron copias de un borrador sobre diálogo social para su examen en la sesión. Jane Lethbridge, de PSIRU (Unidad internacional de investigación de los servicios públicos), es la autora de este documento encargado por la FSESP. Según se recalcó, el documento establece un marco inicial del valor y posibles direcciones del diálogo social en el sector. Debido a la sustancial contribución de las organizaciones patronales, el documento muestra un tono más neutral que el deseable. El Comité Permanente examinó la propuesta sintética de programa del Grupo operativo representativo y paritario para los días 6 y 7 de octubre de Los miembros del Comité Permanente intercambiaron opiniones sobre el primer borrador de la declaración de intenciones, de cuya elaboración se hicieron cargo las organizaciones patronales. Los moderadores de los debates dieron cuenta del avance de los tres temas definidos para las sesiones de diálogo social en el plano nacional. Sara Copsey, responsable de Información de la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, hizo una presentación de la campaña de este organismo titulada Sustancias peligrosas: manejar con cuidado. La secretaria general de la FSESP fue la elegida para pronunciar una alocución en la sesión plenaria inaugural del Foro de Gastein sobre diálogo social. Ampliación: Carl Afford, consultor de Política Pública, hizo una presentación del informe Corrosive Reform: Failing Health Systems in Eastern Europe (Reforma corrosiva: el deterioro de los sistemas de salud en Europa Oriental), publicación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de Servicios Públicos (agosto de 2003). La agenda contempló además los puntos siguientes: Foro europeo de la salud; sindicatos de la sanidad de la FSESP y ampliación; Congreso de la FSESP, Estocolmo, junio de 2004; la FSESP y el Año europeo de las personas discapacitadas 2003; Grupo operativo de sanidad de la ISP. Composición del Comité y equilibrio de género El comité contó con 31 miembros titulares, de los cuales 17 eran mujeres y 14, hombres (representación femenina del 55%). De los 24 miembros suplentes, 12 eran mujeres y 12, hombres (representación femenina del 50%). 3 países contaron con representantes masculinos en ambas categorías frente a 7 países con mujeres en ambas categorías. En 3 países se registró una mujer titular sin suplente. 13

16 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) 2. Administración Nacional y Europea Decimonoveno y vigésimo Comités Permanentes de Administración Nacional y Europea, Atenas, 16 de mayo, y Bruselas, 20 de octubre, respectivamente Los principales temas a debate en 2003 fueron: Proceso informal de diálogo social con los directores generales de Función Pública de la UE y estrategias alternativas a la problemática que se vive actualmente. Perspectivas de establecer un marco oficial de diálogo social en la administración nacional. En relación con lo anterior, la cuestión de la representatividad sindical en particular el estudio propio de representatividad de la FSESP se zanjó en noviembre; a principios de 2004 se publicará el estudio patrocinado por la Comisión Europea sobre la representatividad de los interlocutores sociales en el sector estatal. Preparación del Congreso de la FSESP y Resolución específica del comité. Cooperación con Euromil, fundación de asociaciones de militares europeos, en torno a derechos sindicales, diálogo social, seguimiento de la legislación social comunitaria y temática de la seguridad y salud, estrés laboral inclusive. El nuevo secretario general de Euromil, Andreas Prüfert, se pronunció sobre los citados temas en la convocatoria de octubre del comité. Contenido y aplicación de los acuerdos interprofesionales sobre teletrabajo y aprendizaje a lo largo de toda la vida en el sector público estatal. Aportación de datos a la conferencia conjunta FSESP/ADEDY (sindicatos griegos) celebrada el 17 de mayo sobre capacidad administrativa. Impacto de la constitución de un comité de diálogo social sectorial de administración local y regional en el sector de la administración nacional. Administración electrónica. Libre circulación de los funcionarios públicos y repercusiones sobre la situación de los funcionarios. Pensiones de los trabajadores del sector público a la luz de los resultados preliminares de un estudio sobre el tema, encargado por la FSESP. Composición del Comité y equilibrio de género El comité contó con 29 miembros titulares, de los cuales 9 eran mujeres (representación femenina del 31%). De los 22 miembros suplentes, 8 eran mujeres (representación femenina del 36%). 14 países contaron con representantes masculinos en ambas categorías frente a los 9 de 2002, siendo 2 los países con mujeres en ambas categorías. En 2 países se registró 1 mujer titular sin suplente. La participación media de miembros titulares fue de 4 mujeres y 9 hombres. La participación real de miembros titulares y suplentes, y de observadores fue de 9 mujeres de un total de 26 miembros. Diálogo social La participación de la FSESP en el proceso informal de diálogo con los directores generales (DG) de Función Pública siguió dando pie a extensos y animados debates en el seno del comité y de los organismos rectores de la FSESP. Centró asimismo el grueso de las actividades del comité. La cuestión fundamental continuó siendo la sostenibilidad de la 14

17 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 participación de la FSESP junto con otras dos organizaciones sindicales, USSP-CESI y Eurofedop, cuya representatividad europea quedaba por demostrar. Era importante que la FSESP participara en reuniones de este tipo aunque sólo fuera para mantenerse informada de la cooperación iniciada por los DG de la UE que versaba cada vez más sobre asuntos de negociación colectiva: recursos humanos, sistemas salariales, movilidad, formación, rendimiento del sector público y nuevas tecnologías de la información y la comunicación (la denominada Administración electrónica). Ahora bien, el que a la FSESP se la considerara, aunque fuera en lo informal, en pie de igualdad con sindicatos no representativos acabó siendo una situación insostenible. En relación con los sindicatos cristianos se buscó un compromiso siguiendo la línea de la solución alcanzada en el área de administración local y regional, ofreciéndose un número de puestos en la delegación de la FSESP a los sindicatos cristianos miembros de la CES. En cambio se consideró imposible negociar una solución de compromiso con USSP-CESI, cuya afiliación se limitaba principalmente a un país, Alemania. Como alternativa se convino, durante la Presidencia griega, que la FSESP fuera la que invitara a los empleadores a debatir aspectos del diálogo social, y no al revés. En este sentido se celebró el 17 de mayo una conferencia conjunta FSESP/ADEDY sobre capacidad administrativa. En el coloquio tomaron la palabra el ministro griego de Administraciones Públicas, Costas Scandalidis; el acto registró una asistencia de más de 70 delegados sindicales y de representantes de los inisterios de Administraciones Públicas de seis países (Grecia, República Checa, Dinamarca, Finlandia; Francia y Letonia) y del CEEP. La convocatoria fue financiada por el inisterio griego de Administraciones Públicas y la FSESP. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa nada cambió en la actitud de la Presidencia griega de la UE que invitó a la FSESP y a las otras dos federaciones sindicales a participar en pie de igualdad en la reunión de DG de la Troica y sindicatos convocada para el 20 de junio. Se alegó que razones diplomáticas impedían que el inisterio griego de Administraciones Públicas cambiara el formato de reunión establecido por Presidencias anteriores de la UE. Por ello, se convino en que la FSESP no acudiera a la reunión hasta que el estudio de la Comisión sobre la representatividad de los interlocutores sociales aclarara la cuestión. Resultó imposible convocar una reunión aparte entre la FSESP y el director general griego de Función Pública para examinar el diálogo social como se hiciera en diciembre de 2002 durante la Presidencia danesa. Cuando ya se había traspasado la Presidencia a Italia, la participación de la FSESP en la reunión de la Troica y sindicatos se mantuvo, pues, en el orden del día del Comité Director de septiembre y del Ejecutivo de noviembre. Éste reiteró su decisión de abril de no tomar parte en la reunión con los DG y las otras dos organizaciones sindicales, USSP-CESI y Eurofedop, hasta estar disponible el citado estudio de la Comisión. En cambio, y gracias al apoyo de las afiliadas italianas, una delegación de la FSESP se entrevistó el 19 de noviembre con el ministro italiano de Administraciones Públicas, Luigi azella; en esta ocasión se acordó inscribir la temática de la representatividad sindical en el orden del día de la conferencia de ministros de Administraciones Públicas de la UE programada para el 1 de diciembre. La reunión estableció asimismo las bases para la convocatoria, para el 4 de diciembre, de una reunión entre la FSESP y el director general italiano de Función Pública, Antonio Naddeo. En esta reunión se convino en contemplar la posibilidad de poner en marcha actividades conjuntas sobre aprendizaje a lo largo de toda la vida, en particular la aplicación en el sector estatal del marco comunitario de acción intersectorial sobre desarrollo de competencias a lo largo de toda la vida (2002). Los resultados de la reunión se comunicaron oficialmente al director general irlandés de Función Pública. La afiliada holandesa a la FSESP ya tenía prevista para enero de 2004 una sesión de seguimiento con el director general holandés de Función Pública. Se presionará a la Presidencia irlandesa (enero-junio de 2004) para que impulse la posibilidad de llevar a cabo 15

18 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) actividades conjuntas FSESP/empleadores relacionadas con el aprendizaje a lo largo de toda la vida y otros aspectos del diálogo social (véase el apartado III.2). Perspectivas El establecimiento de un comité de diálogo social sectorial sigue siendo una prioridad fundamental del comité. Sin embargo, las perspectivas a corto plazo no dejan de ser escasas. La cuestión de la representatividad sindical se resolverá, al menos en lo que a investigación se refiere, en el curso de El estudio llevado a cabo por la Universidad de Lovaina (Bélgica) para la Comisión finalizó en diciembre y está previsto que se publique a principios de El Secretariado de la FSESP y varios miembros del comité habían presentado una serie de comentarios sobre el borrador. En líneas generales la FSESP se mostró satisfecha con las conclusiones preliminares del borrador del estudio, que venían a confirmar el lugar predominante que ocupa en el sector estatal y, por consiguiente, la falta de representatividad en la UE de las otras dos federaciones sindicales, USSP-CESI y Eurofedop. Los datos preliminares corroboraron los resultados obtenidos en 2001 para el área de gobiernos locales y regionales, y los del estudio propio de representatividad sindical de la FSESP en el sector público estatal realizado por el Instituto Sindical Europeo (diciembre de 2003). No obstante, cuando los empleadores y los sindicatos no habían formulado una solicitud conjunta de constitución de un comité oficial de diálogo social sectorial en el sector estatal, seguían sin estar claras las conclusiones que la Comisión extraería del estudio. No sólo eso, sino que los argumentos a favor del establecimiento de un proceso de diálogo social sectorial en las administraciones nacionales no todos calaron en la Comisión, en especial la línea divisoria entre administraciones locales y nacionales, y administraciones nacionales y sanitarias. Queda por aclarar si esta situación fue motivada por consideraciones económicas o por un auténtico afán de coherencia entre los distintos procesos de diálogo social en el sector público. La necesidad de presionar a los empleadores para que reconozcan a la FSESP como la federación europea representativa y para que se sumen a un proceso explícito de diálogo social no ha perdido un ápice de relevancia, máxime si se tiene en cuenta que tendrán que someter a sus ministros propuestas de mejora del diálogo social a la luz de los resultados que arroje en 2004 el estudio de representatividad patrocinado por la Comisión. 16

19 Informe de Actividades - Enero-diciembre de Administración Local y Regional Decimoctavo Comité Permanente de Administración Local y Regional, Luxemburgo, 19 de mayo Decimonoveno Comité Permanente de Administración Local y Regional, Luxemburgo, 6 de octubre Los principales temas a debate en las reuniones celebradas en 2003 fueron: Establecimiento del diálogo social en el área de administración local y regional (para más información véase el punto aparte sobre diálogo social), incluido el debate sobre Reglamento interno y programa de trabajo. Preparación del Congreso de la FSESP y apéndice sectorial a la Resolución sobre los servicios públicos para el Congreso. Asociaciones público-privadas (APP) con contribuciones de Amaryllis Verhoeven, de la Dirección General de ercado Interior (próximo Libro Verde sobre APP y contratación pública), Per Brogger Jensen (estudios de caso daneses), Thomas Herbing (leasing transfronterizo) y David Hall, de PSIRU (contexto de la UE). Las APP constituyen un asunto de gran importancia para el comité. Con ayuda de PSIRU el comité se encuentra recabando estudios de caso dedicados al impacto de las APP en el empleo y la calidad de los servicios. El 19 de febrero de 2004 se celebrará un seminario de un día de duración que contribuirá a formular la respuesta de la FSESP al Libro Verde sobre APP de la Comisión (de publicación prevista para marzo de 2004). Se encuentran disponibles en la página web de la FSESP dedicada a las APP dos documentos de antecedentes de PSIRU sobre el tema: el primero recoge los términos y definiciones empleados para describir las APP; el otro ofrece una crítica de las directrices de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea al respecto. Contratación pública y recorrido de las propuestas de directivas en el Parlamento Europeo (véase el apartado específico IV.3). Contenido y aplicación del acuerdo interprofesional sobre teletrabajo en el área de administración local y regional, incluyéndose una declaración conjunta con la Plataforma patronal del CRE. Seguimiento del seminario de FSESP/ASE-ETUCO sobre administración local y estrategias sindicales en los PECO (países de Europa Central y Oriental), de octubre de 2001, y debate sobre la forma de fomentar la operación de sistemas sólidos de relaciones laborales en los gobiernos locales y regionales de los nuevos Estados miembros. Administración electrónica con comentarios de Annette uehlberg. Composición del Comité y equilibrio de género El comité contó con 25 miembros titulares, de los cuales 5 eran mujeres (representación femenina del 20%). De los 23 miembros suplentes, 6 eran mujeres (representación femenina del 26%). 11 países contaron con representantes masculinos en ambas categorías frente a 2 países con mujeres en ambas categorías. En 1 país se registró una mujer titular sin suplente. 17

20 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Diálogo social en administraciones locales y regionales Las dificultades encontradas para constituir un comité de diálogo social de ámbito europeo en el área de administración local y regional acabaron disipándose en 2003 (véase el primer capítulo). El Comité de diálogo social sectorial de administración local y regional celebrará su primera reunión el 13 de enero de En este estreno el comité aprobará su programa de trabajo para dirigido a: promover, en los ámbitos local y regional, la prestación de servicios públicos de calidad, atentos a valores de rendición de cuentas y responsabilidad social; apoyar la dimensión local y regional de la Estrategia europea de empleo con vistas a examinar las cuestiones relativas al empleo y desplegar prácticas de trabajo modernas y flexibles, adaptadas a las necesidades de los empleadores y los empleados del sector público; organizar actividades destinadas a fortalecer el diálogo social entre las organizaciones patronales y sindicales en las administraciones locales y regionales de los nuevos Estados miembros; sopesar las iniciativas de la Comisión Europea relacionadas con la política laboral y otras políticas que tienen un impacto en el área de administración local y regional. 18

21 Informe de Actividades - Enero-diciembre de Empresas de Servicios Públicos Debido a la convocatoria de una huelga de los sindicatos de funcionarios europeos, entre los que se encuentra una afiliada a la FSESP, no se celebró la reunión programada para el 11 de abril Decimonoveno Comité Permanente de Empresas de Servicios Públicos, Bruselas, 29 de septiembre Centraron el orden del día los asuntos siguientes: Aprobación de una opinión de la FSESP sobre el paquete de medidas nucleares de la UE sobre la base de un análisis de antecedentes elaborado por Steve Thomas, de PSIRU. Aprobación de un documento sobre el diálogo de energía UE-Rusia. Debate sobre seguridad de abastecimiento y posibilidades de acción conjunta para el 4 de diciembre (Consejo de inistros de Energía). El comité convino en echar mano de los recursos económicos del Comité Permanente para financiar un programa de investigación a largo plazo cuyo propósito era formular una crítica de la evaluación del mercado interior de la electricidad y el gas de la Comisión para el Parlamento Europeo (2006). Diálogo social con Eurelectric: el comité determinó las temáticas que se buscaría incluir en el programa de trabajo. Diálogo social con Eurogas: era necesario intensificar las actividades para devolver el debate a su cauce. Esfuerzos de la Comisión Europea por liberalizar los mercados del agua de Europa: los miembros convinieron en oponerse a la liberalización del agua de la UE. Panorama de la evolución de los Comités de empresa europeos (CEE) en el sector. Debate en torno al establecimiento de una plataforma de peticiones y derechos comunes para el mercado comunitario de la electricidad. No fue posible convocar una acción pública para el 4 de diciembre. Sin embargo, se elaboró un informe sobre los recientes apagones, que se envió a los eurodiputados, la Comisión y los representantes de los gobiernos. Composición del Comité y equilibrio de género El comité contó con 29 miembros titulares, de los cuales 3 eran mujeres (representación femenina del 10%). De los 24 miembros suplentes, 4 eran mujeres (representación femenina del 17%). 14 países contaron con representantes masculinos en ambas categorías frente a 2 países con mujeres en ambas categorías. Diálogo social: sindicatos y Eurelectric (electricidad) Los interlocutores sociales contaron con un programa completo para Se celebraron dos sesiones plenarias el 28 de marzo y el 19 de diciembre. En el pleno de marzo se aprobaron dos declaraciones conjuntas, sobre aprendizaje a lo largo de toda la vida y necesidades de cualificación partiendo de los datos del proyecto de estudio de 2002, y sobre igualdad y diversidad, respectivamente (véanse los Apéndices 7 y 8). 19

22 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) El pleno de diciembre versó sobre el estudio dedicado a las necesidades futuras de cualificación, las conclusiones de las tres conferencias regionales para los nuevos Estados miembros, un proyecto de igualdad y diversidad, el impacto de la legislación comunitaria en el sector y el programa de trabajo para 2004 (véase el Apéndice 9). El 15 de octubre se reuniría el grupo de trabajo ampliado (10 representantes por cada parte). Se examinaron el programa de trabajo para 2004, el estudio de necesidades de cualificación, el proyecto dirigido a los interlocutores sociales de los nuevos Estados miembros y el proyecto de igualdad y diversidad. La FSESP planteó el tema de la seguridad de abastecimiento (a raíz de los varios apagones que se produjeron en Europa y en otras regiones). A las reuniones de los Secretariados cabe añadir las sesiones mantenidas por otros grupos de trabajo en torno a temáticas específicas. Futuras necesidades de cualificación: se constituyó un grupo director encargado de seguir el proyecto. El grupo mantuvo varias reuniones y contó con la participación de representantes de la FSESP (Bruno Costantini, Dick Barry y Jan Willem Goudriaan, éste del Secretariado de la FSESP). El proyecto se articuló en una serie de entrevistas y paneles de representantes de los empleadores, los trabajadores y los sindicatos de 12 Estados miembros de la UE y de tres nuevos países miembros. La realización del proyecto corrió a cargo de Peter Fairbrother, de la Universidad de Cardiff, en una operación conjunta con la Universidad de Greenwich (PSIRU). Los resultados fueron presentados en el pleno de 19 de diciembre. Se convino en pormenorizar un planteamiento conjunto. Igualdad/diversidad: se elaboró una declaración conjunta basada en los planteamientos desarrollados por la FSESP (Fiona Dunne, de ESBOA). Asimismo se celebró una reunión dedicada a la preparación del correspondiente proyecto de igualdad y diversidad, del que se hará cargo también la Universidad de Cardiff. Implicaciones sociales del mercado interior de la electricidad para los nuevos Estados miembros: los interlocutores sociales acordaron organizar tres seminarios regionales tras la declaración conjunta de diciembre de 2002: 19 y 20 de septiembre, en Praga, para los países de Visegrado + Eslovenia, con representación alemana y austriaca; 6-8 de noviembre, en Bucarest, para Rumania, Bulgaria, Turquía, alta y Chipre, con representación italiana y griega; de noviembre, en Tallin, para los Estados bálticos, con representación sueca y finlandesa. Los seminarios centraron su contenido en los esfuerzos que se estaban realizando para reestructurar la industria eléctrica, la creación del mercado interior y, en muchos casos, la privatización y las implicaciones sociales. El temario incluyó asimismo el estado del diálogo social y las negociaciones mantenidas entre sindicatos y empleadores, y a menudo con el gobierno. Los seminarios tuvieron el objetivo añadido de informar a los agentes sociales de las actividades de diálogo social sectorial y de tener en cuenta sus intenciones para el programa de trabajo. Erhard Ott, representante de la FSESP, ejerció en 2003 de presidente del Comité de diálogo social sectorial. En 2004 ocupará la Presidencia Eurelectric. 20

23 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Residuos Continuaron a nivel de Secretariado los contactos establecidos con FEAD, la organización europea para el sector de gestión de residuos. No se produjo la definición de una actividad concreta como resultado de dichos contactos. Agua La FSESP mantuvo intacto su apoyo a la coalición constituida para mantener los servicios públicos al margen del AGCS y liderada por la ISP. El grueso de la campaña se centró en mantener el agua fuera del AGCS (véase también el primer capítulo). De la Estrategia para el mercado interior - Prioridades del periodo de la Comisión Europea se desprende que ésta desea examinar la posibilidad de abrir a la competencia el sector hídrico (véase también el primer capítulo). Varios documentos internos de la Comisión indicaron la intención de la Comisión de liberalizar la industria del agua mediante la aplicación de una directiva. La FSESP organizó el 9 de septiembre un grupo de trabajo con representantes de varios sindicatos. Se convino en hacer campaña contra la liberalización de los servicios hídricos y en formar alianzas con otras organizaciones. La FSESP y la ISP convocaron, en el transcurso del Foro Social Europeo celebrado los días 12 al 15 de noviembre de 2003, un seminario con organizaciones como Oxfam, Amigos de la Tierra, Corporate Europe Observatory (CEO), Network Women in Development Europe (WIDE), Women in Europe for a Common Future (WECF) y Attac. En el acto se llamó la atención sobre la campaña contra el AGCS y los esfuerzos de la Comisión Europea. El seminario tuvo como colofón la adhesión de grupos adicionales a la campaña desde una plataforma opositora a la liberalización del agua en la UE. Seminarios FSESP/ASE-ETUCO sobre CEE en línea La FSESP y la ASE-ETUCO (Academia Sindical Europea) organizaron dos seminarios con la ayuda financiera de la Comisión Europea. Las manifestaciones se desarrollaron ambas en Florencia (Italia) los días 29 de marzo al 1 de abril, y entre el 13 y el 15 de junio de La convocatoria de los seminarios respondió al objetivo de familiarizar a los secretarios de los CEE (Comités de empresa europeos) y los coordinadores de CEE de la FSESP con el contenido del proyecto de diálogo en línea de la ASE, diseñado para facilitar y proteger el intercambio de ideas y la realización de actividades a través de una plataforma basada en web. El proyecto incluye el uso de motores de traducción. Los participantes aprovecharon la celebración de los seminarios para definir directrices sobre fusiones y adquisiciones. Red de coordinadores de CEE de la FSESP, Luxemburgo, 15 de septiembre En esta reunión los coordinadores examinaron la evolución actual de los Comités de empresa europeos, contemplándose nuevos objetivos como Capio y Brambles-Cleanaway. Ahondaron en la revisión de la Directiva de CEE y el estudio de cómo promover la igualdad, el proyecto de diálogo en línea y las directrices sobre fusiones y adquisiciones. La Unidad internacional de investigación de los servicios públicos (PSIRU) actualizó la información relativa a las empresas en las que poder constituir Comités de empresa europeos en los sectores de residuos (marzo), agua (octubre), energía (noviembre) y salud. De este modo pudieron reseñarse compañías sin clasificar hasta la fecha. 21

24 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) IV. PROYECTOS DE LA FSESP 1. Grupo operativo sobre la ampliación El Grupo operativo mantuvo su quinta sesión en Tallin los días 27 al 30 de marzo. Las deliberaciones del grupo se articularon en torno a las temáticas siguientes: 1. Proyecto punto de información El Centro de información de Tallin se inscribe en un proyecto conjunto realizado con cargo al programa comunitario INTERREG III A. Los socios del proyecto son a) los sindicatos de la confederación finlandesa SAK y el Sindicato de empleados asalariados (TU), y b) la Confederación de sindicatos estonios (EAKL). El centro suministra información sobre las normas que rigen el mercado de trabajo finlandés, ofreciendo datos sobre niveles salariales y otras condiciones de trabajo, legislación laboral y convenios colectivos, tributación y servicios sindicales. 2. Diálogo social en Estonia Se proporcionaron datos sobre un programa de hermanamiento/phare dedicado al diálogo social y en el que participan los agentes del mercado de trabajo de Estonia junto con expertos irlandeses y finlandeses de los respectivos inisterios de Trabajo. 3. La Convención Europea vista desde Estonia Tomó la palabra en la reunión un funcionario público miembro del equipo de asistencia del Parlamento estonio. Informó del escaso interés del público en general por los trabajos de la Convención, siendo la élite política la que se interesaba por unos debates que giraban en torno a aspectos institucionales, como el sistema de presidencias rotatorias. 4. Últimos datos procedentes de otros países candidatos Están en marcha en Turquía y República Checa programas de reforma administrativa. En Turquía las reformas se inspiran en gran medida en los conceptos de reforma de la OCDE, el FI y la UE. Se acentúa la descentralización combinada con la privatización. Los sindicatos turcos se oponen a las propuestas de reforma al entender que éstas redundarán en la reducción del número de funcionarios públicos y la desindicalización. De idéntico modo, se ha puesto en marcha en la República Checa un proceso de descentralización inscrito en una reforma global de la administración, acompañada de mecanismos extremadamente complicados de definición de las responsabilidades de los respectivos niveles administrativos. La financiación es un problema grave, sobre todo para aquellos municipios que habrían de desempeñar tareas para cuya ejecución no disponen de recursos necesarios. 5. Servicio público de calidad para el ciudadano en una Europa ampliada Se debatió esta propuesta de actualización y reestructuración de los módulos educativos de la FSESP. La revisión de los módulos educativos tiene como finalidad: sensibilizar sobre la integración europea, en especial en los países de adhesión; enfatizar y presentar los argumentos a favor de la importancia de unos sindicatos del sector público fuertes para la calidad de los servicios públicos y la integración europea; 22

25 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 orientar la atención de los sindicatos hacia las actividades y campañas que es necesario emprender en la perspectiva de la adhesión. 2. Seminario ASE-ETUCO/FSESP: Sector sanitario, relaciones laborales y estrategias sindicales en los PECO, Bratislava, de septiembre La organización del seminario corrió a cargo del Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud, y de la Academia Sindical Europea. Los participantes acudieron procedentes de sindicatos de los países candidatos. Configuraron el temario las actividades necesarias para reforzar la negociación colectiva, la Directiva comunitaria sobre la información y la consulta, la Directiva del tiempo de trabajo y la Directiva relativa a la seguridad y salud. No sólo eso, sino que los grupos de trabajo se adentraron en el derecho de negociación colectiva y el nivel y la cobertura de negociación colectiva. El marco de ejercicios de formación se desarrolló bajo el epígrafe obligar a los empleadores a sentarse en la mesa de negociación. Las conclusiones del seminario realizan las siguientes aseveraciones: los países de adhesión presentan diversos grados de aplicación del acervo social comunitario, tanto en lo general como en lo propio de las herramientas legislativas examinadas; la jornada laboral puede llegar a ser un tema especialmente sensible en algunos países de la adhesión; se contrajo un compromiso expreso con que un informe de estado de la negociación colectiva en los sectores sanitarios de los 10 países de la adhesión fuera elaborado y presentado por un representante (en cada reunión) entre los elementos permanentes de las siguientes reuniones del Comité Permanente. Asimismo se adquirió el compromiso de velar por que la información se vertiera en la planificación general de la negociación colectiva de la FSESP. 3. Sindicatos del sector público y UE: desafíos y oportunidades para los Estados bálticos, Riga, de septiembre Al seminario acudieron 24 delegados de siete sindicatos del sector público de los Estados bálticos: ETTAL y ROTAL de Estonia, LAKRS, LTUE y LVSADA de Letonia, y LSADPS y LVPF de Lituania. El seminario se celebró en el centro sindical de Riga (Letonia) con patrocinio de NOFS. El acto se planteó los objetivos de aprendizaje siguientes: abarcar la importancia de las políticas comunitarias para los sindicatos bálticos del sector público; comprender el papel de las organizaciones sindicales en los procesos de toma de decisiones de la UE; averiguar y entender el modo de funcionamiento de la FSESP y cómo pueden los sindicatos trabajar en cooperación con la FSESP; definir un cuadro de actividades que requieran desarrollo en el ámbito nacional. El seminario contribuyó a determinar las múltiples facetas del papel que le incumbe a la FSESP en una Europa ampliada y, en lo práctico, a verter ideas y datos pertinentes en el 23

26 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) desarrollo de la propuesta de caja de herramientas Servicios públicos de calidad en una Europa ampliada. El temario del seminario se vertebró en una serie de sesiones plenarias y de grupos de trabajo dedicadas a la resonancia de la Unión Europea en ámbitos como los derechos sindicales y laborales, derechos de las mujeres, provisión de servicios públicos, sanidad y nivel de vida. Los participantes en la convocatoria tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el contenido y la significación de una selección de políticas comunitarias para los Estados bálticos, y de contrastar opiniones. Se puso especial énfasis en tres líneas estratégicas: tiempo de trabajo, Fondos estructurales europeos e igualdad de género. Se dedicó especial atención al proceso de toma de decisiones de la UE, las estructuras institucionales y las modalidades de participación sindical en dichos procesos. Por último, los participantes en el seminario debatieron cómo aprovechar las políticas comunitarias para impulsar y consolidar el papel de los sindicatos en el ámbito nacional. En resumen, de los grupos de trabajo emanaron los temas siguientes: ámbito nacional: necesidad de aumentar la afiliación, potenciar las capacidades y el liderazgo sindicales, facilitar el acceso a información de mayor calidad, establecer contactos internacionales más eficaces, vigilar la aplicación de las políticas comunitarias, intensificar el fortalecimiento de capacidades y recursos sindicales, y mejorar el acceso a los recursos de traducción y representación en los comités de la UE; ámbito de los Estados bálticos y otros Estados miembros de la UE: estrechar los contactos y la colaboración, cooperar activamente en proyectos, organizar actos y seminarios conjuntos, constituir una asociación báltica encargada de atender cuestiones de interés común y convocar una reunión anual entre países bálticos y nórdicos. 4. Contratación pública El proceso legislativo relativo a la revisión de las Directivas de contratación pública se prolongó en El Consejo publicó en marzo una posición común en la que no hacía suya ninguna de las enmiendas sustanciales de carácter social y medioambiental formuladas por el Parlamento Europeo, con excepción de cierto grado de garantía del empleo protegido (defendida por la FSESP). La FSESP, los sindicatos y la CES presionaron con buenos resultados al Parlamento Europeo para que propusiera muchas de las enmiendas presentadas en primera lectura. Sin embargo, la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y ercado Interior tuvo un resultado adverso. Y es que no sólo un buen número de enmiendas progresistas tropezaron con el voto en contra de una coalición de eurodiputados conservadores y liberales, mayoritarios, sino que se introdujeron una serie de enmiendas a la negociación colectiva que iban a suponer una amenaza para los convenios colectivos pactados en varios países. Gracias a una campaña sindical eficaz, las enmiendas fueron rechazadas en la votación del pleno y se incorporaron el 2 de julio algunas modificaciones de signo social relacionadas con las normas de la OIT. El logro más destacado, sin embargo, fue el que registró la Coalición por contratos públicos verdes y sociales obteniendo la inclusión de enmiendas sobre criterios de adjudicación en segunda lectura, cuando era necesaria la mayoría absoluta de votos. La coalición, con apoyo de los municipios, movilizó a los Verdes, Izquierda Unitaria, los socialistas y los liberales. Los criterios de adjudicación resultaron ser el punto más espinoso del proceso de conciliación que empezó en octubre. La FSESP, otras organizaciones sindicales y la coalición obtuvieron que varios eurodiputados favorables a nuestras posiciones formaran parte de la delegación en el Consejo. Gracias a la presión ejercida por numerosas organizaciones, en los criterios de 24

27 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 adjudicación fue donde más aguante demostró la delegación del Parlamento Europeo, que rechazó todas las propuestas de compromiso. La Comisión pretendía cercenar el margen de utilización de los criterios sociales y medioambientales en la adjudicación de contratos públicos por parte de los poderes públicos. Un compromiso pudo alcanzarse entre el Parlamento y el Consejo en los últimos momentos de las negociaciones finales. Lo cual no cambia el statu quo. A lo largo del proceso de revisión la FSESP se dedicó a organizar varias reuniones con los sindicatos interesados y la coalición, publicar una serie de comunicados de prensa y coordinar los trabajos de la coalición (véase la lista de miembros de la coalición en el Apéndice 10). 5. Servicios de interés general y Convención Europea Convención Europea La guerra en Irak eclipsó en gran medida los trabajos de la Convención Europea y generó desunión entre los Gobiernos de la Unión Europea en materia de política extranjera y de seguridad. Con motivo de una reunión celebrada el 3 de abril, la presidenta y la secretaria general de la FSESP tuvieron la oportunidad de intercambiar con el presidente de la Comisión, Romano Prodi, opiniones sobre las perspectivas de la Convención y la preocupación por la guerra en Irak. A esta reunión cabe añadir la conversación inicial mantenida con Anne Houtmann, directora adjunta del Gabinete de Prodi, en relación con el Libro Verde sobre los servicios de interés general de la Comisión. Los representantes de la FSESP insistieron en que se diera prioridad política a la inclusión de una referencia a los servicios de interés general en el proyecto de Constitución, antes de abordar la necesidad de formular actos de Derecho derivado. Aspecto éste que tenía su importancia ante el calendario de publicación del Libro Verde. Los servicios de interés general y su lugar en la Unión Europea del mañana centraron asimismo la discusión mantenida el 24 de junio por los representantes de la FSESP y varios eurodiputados socialistas. El 3 de diciembre se celebró una reunión con eurodiputados verdes en torno al informe Herzog y los servicios de interés general, y el proyecto de Constitución. Pese a circunstancias políticas generales adversas, los días 13 de junio y 10 de julio la Convención Europea aprobaría por consenso el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. El 18 de julio se presentaría en Roma el proyecto de Tratado Constitucional al presidente del Consejo Europeo. La FSESP compartió con la FET, el CSEE-ETUCE y UNI-Europa la finalidad de obtener la inclusión de una referencia a los servicios de interés general entre los objetivos futuros de la UE. El nuevo artículo I-3 no contiene una referencia explícita a los SIG; recoge, sin embargo, numerosos valores que, al menos implícitamente, dan a entender que los servicios de interés general son necesarios si lo que se pretende es que los ciudadanos gocen de derechos fundamentales. La finalidad de la Unión es promover la paz [...] y el bienestar de sus pueblos. La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente ( ) La Unión combatirá la marginación social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros ( ) En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la 25

28 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y equitativo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, la estricta observancia y el desarrollo del Derecho internacional, y en particular al respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de los derechos fundamentales ha sido incorporada al Tratado; consta en el documento como Parte II, dotada de fuerza jurídica. El artículo 36 de la Carta garantiza el acceso a los servicios de interés económico general, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales. La Carta reconoce varios otros derechos importantes, como son la educación (II-14), la no discriminación (II-21), la igualdad entre hombres y mujeres (II-23), el acceso a la sanidad (II-35) y el derecho a una buena administración por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión (II-41). El nuevo artículo III-6 representa un elemento significativo del proyecto de Constitución. La formulación es la siguiente: Sin perjuicio de los artículos III-55, III-56 y III-136, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan, como servicios a los que en la Unión todos conceden valor, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial de ésta, la Unión y sus Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de la Constitución, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, económicos y financieros en particular, que les permitan cumplir su cometido. Dichos principios y condiciones se definirán mediante leyes europeas. Aunque no elimina todas las ambigüedades y contradicciones en materia de servicios de interés general y servicios de interés económico general, y aplicación de las normas de competencia, el artículo III-6 brindaría la posibilidad de regular los SIEG desde el ángulo de la cohesión económica, social y territorial, marcando un importante traslado de énfasis. Sin embargo, al término del periodo contemplado de 2003, los jefes de Estado y de Gobierno no supieron evitar que estallara una crisis de grandes dimensiones en el seno de la UE. El proceso de redacción del proyecto de Constitución se detuvo en seco por impulso de una minoría de países, y en estos momentos los trabajos de la Constitución se encuentran suspendidos. Libro Verde sobre los servicios de interés general, CO(2003) 270 final Finalmente el 21 de mayo de 2003 se publicaría el documento CO(2003) 270 final. El Libro Verde se concibe como un proceso de discusión abierta, al término del cual la Comisión resolverá la necesidad de legislar. El plazo para la presentación de comentarios sobre el Libro Verde terminó el 15 de septiembre. Por consiguiente, se impuso la necesidad de que los miembros del Grupo de trabajo especial sobre SIG definieran el planteamiento de la FSESP entre reuniones de los Comités Ejecutivo y Director. El grupo, reunido el 11 de septiembre, tuvo una aportación indiscutible que hizo posible que la FSESP presentara, dentro de plazo, su posición sobre el Libro Verde y las respuestas a las 30 preguntas formuladas. Asimismo, se comunicó el 15 de septiembre una crítica al Libro Verde preparada por la Unidad internacional de investigación de los servicios públicos (Universidad de Greenwich) (todos los documentos se encuentran disponibles en la página de la FSESP, en La posición de la FSESP destaca los siguientes puntos: El Libro Verde califica el creciente papel de los servicios de interés general como formando parte de los valores compartidos por todas las sociedades europeas y siendo un elemento esencial del modelo europeo de sociedad, destacándose la importancia 26

29 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 que revisten de cara a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos y la lucha contra la exclusión y el aislamiento sociales. El cuerpo del Libro Verde no refleja, sin embargo, los valores y objetivos que sustentan los SIG, flotando como mucho en la ambigüedad. El Libro Verde habla de garantizar una articulación ( ) armoniosa entre el objetivo de mantener servicios de interés general de calidad y la aplicación rigurosa de las normas sobre competencia y mercado interior. Para la FSESP es muy dudoso que pueda lograrse una articulación armoniosa. La rigurosa aplicación de las normas de competencia de la UE ciertamente no puede ser el rasero por el que se midan los SIG. El Libro Verde se detiene en el tema de la subsidiariedad. Sin embargo, no puntualiza las modalidades de protección del concepto de democracia local y en particular el derecho al autogobierno. En el apartado 83 del Libro Verde se estipula que las autoridades públicas gozan de una gran libertad a la hora de organizar la prestación de servicios, pero que a veces la ausencia de legislación específica puede generar un cierto grado de inseguridad jurídica y distorsiones en los mercados. Se hace referencia al estudio realizado por la Dirección General de Competencia sobre la aplicación de las reglas de competencia en el sector del agua en la Comunidad Europea. Por ejemplo, en el sector del agua, la ausencia de una reglamentación específica pertinente ha dado lugar a la existencia de estructuras muy dispares en los Estados miembros. Aquí el Libro Verde conecta con la Estrategia para el mercado interior de la Comisión Europea, que anuncia la revisión de las condiciones jurídicas y administrativas de los sectores del agua y de residuos. En la revisión se incluirá el análisis de los aspectos de competencia. El Libro Verde sigue sin convencer en lo que respecta a una directiva marco sobre SIG/SIEG. La Comisión no ha hecho una evaluación pública de los diversos comentarios recibidos sobre el Libro Verde, pero sí anunció la publicación de un Libro Blanco para principios de año. Se encuentra a la espera de la posición del Parlamento Europeo. Como ya se dijo en el capítulo I, la Dirección General de ercado Interior de la Comisión Europea publicó su Estrategia para el mercado interior de forma paralela al Libro Verde sobre SIG. La estrategia contempla intensificar las medidas liberalizadoras, por ejemplo en el sector del agua. En noviembre, el comisario de Competencia, ario onti, anunció la presentación, en 2004, de un paquete de medidas comunitarias de ayuda pública (basadas en los principios establecidos en la sentencia en el asunto Altmark). Una vez más, las propuestas de medidas podrían socavar el debate en curso sobre la necesidad de elaborar una directiva marco sobre los servicios de interés económico general. La FSESP trabajó en estrecha colaboración con el eurodiputado Philippe Herzog, ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y onetarios del Parlamento Europeo para el Libro Verde. Esta comisión convocó para el 11 de junio una conferencia sobre SIG, en la que la secretaria general de la FSESP representó a la CES. La conferencia fue el escenario de animados debates entre las diferentes partes reunidas, pronunciándose la UNICE en contra de cualquier forma de regulación de la liberalización. En el lado opuesto, organizaciones como el CEEP (Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y de Empresas de Interés Económico General), el CELSIG (Comité europeo de enlace sobre los servicios de interés general), la Plataforma de ONG Sociales Europeas y la CES mostraron su firme apoyo a la línea adoptada por Philippe Herzog. Como consecuencia de las deliberaciones posteriores celebradas en la comisión parlamentaria, el ponente se vio en la obligación de modificar sustancialmente su proyecto de informe. La comisión parlamentaria, reunida el 17 de diciembre, examinó el informe Herzog y las enmiendas presentadas. La mayoría política de la comisión del Parlamento Europeo aprobó enmiendas al informe que transformaron por completo el contenido inicial. Es importante notar que el texto adoptado ensalza la 27

30 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) liberalización como un éxito sin fisuras, tanto para el empleo como para los precios al consumo. Ya no aboga por el establecimiento de una directiva marco sobre SIEG. La FSESP calificó la votación del informe Herzog de embestida contra la Europa social. A lo largo del proceso de debate parlamentario la FSESP ha mantenido estrechos vínculos con los otros comités sindicales de la CES, esto es, FET, CSEE-ETUCE y UNI-Europa, así como con la oficina de Bruselas de las confederaciones nacionales. Para la sesión plenaria de 13 ó 14 de enero, la FSESP quiere que se planteen nuevamente las enmiendas al cuerpo del informe consistentes en sustraer el agua, la educación, la sanidad y los servicios sociales a las normas de competencia, y dejar que las autoridades locales sean libres de fijar las modalidades de funcionamiento de los servicios públicos. Esto promete ser una batalla campal estando como están las mayorías políticas en el Parlamento Europeo y en vista del fin inminente de la legislatura actual. El Comité Económico y Social publicó el 2 de diciembre su dictamen (TEN/151) sobre el Libro Verde. Brian Synott ejerció de experto en el grupo de trabajadores para el dictamen. El documento presenta un tono eminentemente positivo y se muestra favorable al principio de directiva marco o de ley marco combinada con directivas sectoriales. 6. Conferencia de negociación colectiva de la FSESP, Bruselas, 14 y 15 de mayo La segunda conferencia de negociación colectiva de la FSESP se planteó varias temáticas: Evolución sectorial e intersectorial en Europa: tomaron la palabra Jean Lapeyre, de la CES, y Emanuel ermet, del Instituto Sindical Europeo. Evolución salarial en los sectores público y privado. Evaluación de la Resolución relativa a la igualdad de remuneración y la Resolución sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para ello se llevó a cabo una encuesta. Aunque se dio cuenta de un número de mejoras, lo cierto es que el cambio ha sido mínimo. Pensiones: el examen se realizó en grupos de trabajo y basándose en una propuesta de resolución para el Congreso 2004 de la FSESP. Desarrollo de Coordinación de la negociación colectiva: cómo prepararse para las pensiones, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la igualdad de remuneración y una red de información en una UE de 25 La FSESP presentó a la Comisión Europea un proyecto de negociación colectiva para el que obtuvo fondos comunitarios con el fin de reunir a representantes, responsables de la negociación colectiva, procedentes de organizaciones sindicales de los nuevos Estados miembros. La reunión se celebró el 3 de noviembre. Las conversaciones giraron en torno a la evolución en Europa (con Ronald Jansen y Grigor Gradov, del ISE) y en los nuevos Estados miembros, considerándose también la necesidad de organizar a los trabajadores en el seno de sindicatos. La red se estaba desplegando con más lentitud de lo previsto debido a la renuncia de la persona encargada de gestionarla. 28

31 Informe de Actividades - Enero-diciembre de Rediseño de la página de la FSESP 1 de julio- 25 de noviembre El Secretariado de la FSESP se encargó de renovar la presentación, el contenido y la asistencia técnica de la página web de la FSESP Las instrucciones del rediseño obedecían a la voluntad de destacar el trabajo sectorial de la FSESP, mejorar la imagen corporativa de la organización y hacer el sitio más cómodo de utilizar. El Secretariado trabajó en colaboración con Esta empresa, con sede en París, ya había trabajado con otras organizaciones progresistas y es líder en materia de fuente abierta para páginas web, en particular SPIS (sistema de gestión de contenido). La inauguración de la página de la FSESP se produjo durante el Comité Ejecutivo de 26 de noviembre. En la presentación se indicó que estaba previsto que la FSESP estrenara, en la primavera de 2004, la compilación de un boletín informativo a partir del contenido de la página web. 29

32 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) V. CES/UNIÓN EUROPEA 1. X Congreso estatutario de la CES, Praga, de mayo Con 18 representantes la FSESP acudió con una de las más nutridas delegaciones de las presentes en el Congreso de la CES. La delegación de la FSESP se reunió en varias ocasiones para coordinar posiciones y concertar un comportamiento de voto coherente. En el Congreso se aprobó un programa de acción titulado ake Europe Work for the People (Conseguir que Europa funcione para las personas) y un plan de igualdad, que trata de aspectos específicos de la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas. La FSESP había presentado una enmienda al artículo 5 de los Estatutos de la CES. El artículo modificado reza así: La adhesión a los comités sindicales europeos estará abierta a todas las organizaciones sindicales nacionales afiliadas a las confederaciones miembros. Cada organización debería pertenecer al correspondiente comité industrial europeo. Este cambio constitucional debe ser entendido como un firme llamamiento político a todos los sindicatos que están afiliados a la confederación CES para que pasen a ser miembros activos de las centrales europeas de las ramas a las que pertenecen. Uno de los momentos clave del Congreso lo puso el discurso introductorio de Valéry Giscard d Estaing, presidente de la Convención, quien analizó las sucesivas fases de discusión producidas en la Convención. Indudablemente el cambio más importante de los registrados en el X Congreso de la CES fue la retirada de la mayor parte del Secretariado Confederal de la CES bajo el liderazgo de Emilio Gabaglio. John onks fue elegido nuevo secretario general de la CES. aria Helena André fue la única que permaneció del antiguo equipo del Secretariado, elegida, junto con Reiner Hoffmann, secretaria general adjunta. Emilio Gabaglio y Fritz Verzetnisch, secretario general y presidente salientes de la CES, respectivamente, recibieron una ovación en pie de todo el auditorio. Pasó a ocupar el cargo de presidente Cándido éndez, de UGT (España). 2. Comité Ejecutivo de la CES El Comité Ejecutivo de la CES se reunió los días 6 y 7 de marzo, 28 y 29 de abril, 16 y 17 de octubre, y 4 y 5 de diciembre. La secretaria general de la FSESP es, como miembro del Comité Director de la CES, una de las vicepresidentas de la CES. La coordinación de los comités sindicales europeos corre a cargo de Bernadette Tesch-Segol, de UNI-Europa. En la agenda del Comité Ejecutivo de la CES se incluyeron los temas siguientes: esfuerzos por revitalizar la estrategia de Lisboa con el fin de luchar contra el desempleo y el deterioro social; reposicionamiento de los servicios de interés general ante la publicación del Libro Verde de la Comisión; empresas de trabajo temporal; posicionamiento de la CES de cara a la Conferencia Intergubernamental; Estrategia para el mercado interior; política industrial en una Europa ampliada. 30

33 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 La CES convocó para el 4 de octubre una manifestación en la que tuvo buena participación la FSESP. El acto representó la oposición de la CES a los intentos de los gobiernos de recortar la protección social, privatizar los servicios públicos, cerrar el paso a nuevas medidas sociales en el ámbito europeo y socavar los derechos de negociación colectiva y el diálogo social. En diciembre, el Comité Ejecutivo de la CES convino en la necesidad de mantener la presión y convocar, para los días 2 y 3 de abril de 2004, una jornada europea de acción por una Europa más social. 3. Diálogo social intersectorial Negociaciones sobre estrés en el lugar de trabajo La primera ronda de negociaciones se desarrolló el 18 de septiembre, tras la cual se celebraron varias reuniones los días 21 y 22 de octubre, y 11 y 12 de diciembre. Entre los puntos clave planteados por la delegación de la CES se destaca el que el estrés es un problema que afecta a las empresas y a los trabajadores por igual; por lo tanto, está en el interés de todas las partes buscar salidas al problema, por la vía de esfuerzos compartidos por empleadores y sindicatos. Conviene establecer nexos entre el estrés y una serie de factores como son la ordenación del trabajo y del entorno, el diseño y contenido del trabajo, la jornada laboral, el equilibrio entre trabajo y vida privada, las relaciones sociales dentro de la empresa y el entorno físico. Se puso de relieve la importancia de hallar una respuesta colectiva al problema del estrés, lo cual pasa por un proceso de información y consulta, así como de negociación y participación del trabajador. Asimismo se hizo hincapié en la necesidad de impartir formación sobre cómo llevar el estrés en todos los niveles. La Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empresarios de Europa (UNICE) reconoció la gravedad del estrés, problema que afecta a las empresas y que éstas deben evitar y remediar. Para la UNICE el estrés a menudo tiene su origen en cierta inadecuación entre lo que se le pide al trabajador y sus capacidades. Desde la UNICE se enfatiza la necesidad de informar mejor al trabajador sobre el contenido de su trabajo, la organización del trabajo y las expectativas depositadas en él. Para ser eficaz un acuerdo necesita serlo a nivel de la empresa, atendiendo al tamaño, el sector y la ubicación de ésta. Según indica la UNICE, en el empleador recae la responsabilidad de buscarle una solución al problema, si bien pueden contribuir al proceso los empleados. Por último, la definición de estrés debe ser comprensible y formulada con claridad terminológica. Durante las sesiones internas de la CES se coincidió en la trascendencia de la información y la consulta. Los debates celebrados para concertar posiciones en la CES giraron en torno a un amplio abanico temático: Alcance: el acuerdo debería contemplar a todos los trabajadores, independientemente de los cargos que ocupen. Factores de estrés/agentes agresores: se convino en que no era buena idea presentar una lista exhaustiva de factores. De lo que se trata más bien es de abordar el problema desde una perspectiva global susceptible de ilustrarse mediante algunos ejemplos relacionados con el tiempo de trabajo, la ordenación del trabajo y el entorno de trabajo. La necesidad de formación se destacó como un aspecto decisivo tanto para los empleadores como para los trabajadores. Se insistió en el papel muy concreto que les incumbe a los empleadores en la prevención del estrés y la exigencia incontestable de 31

34 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) disponer de los recursos adecuados para poder realizar las tareas asignadas en un ambiente libre de estrés. Herramientas de prevención del estrés: los riesgos necesitan medirse en el nivel adecuado mediante herramientas apropiadas, entre las que figura el formato de cuestionario. El objetivo de la evaluación del riesgo debe ser la definición de un compromiso con la prevención y solución del estrés en el trabajo. Es vital la participación de los trabajadores y sus representantes en la concertación de herramientas y evaluación de resultados. Se subrayó la importancia de la formación tanto para los trabajadores como para sus representantes y los directivos o dueños de las empresas. Planes de acción: partiendo de los resultados de la evaluación del riesgo deben establecerse planes de acción, proceso éste en el que resulta vital la participación de los trabajadores y sus representantes. Debe proporcionarse formación a aquellos directivos encargados de la aplicación de los planes. Como elementos clave de los planes deben inscribirse medidas preventivas. También debería describirse la dimensión de género del estrés. Relaciones con organismos exteriores: se hizo hincapié en la importancia de hacer partícipe al Estado y el papel de la inspección de trabajo en la vigilancia, asesoramiento y evaluación de la situación. Definición de estrés: el debate de definición del estrés se sustentó en las propuestas enunciadas en el documento de trabajo preparado por el Secretariado. Al no encajar perfectamente ninguna de las definiciones formuladas, se convino en que el Secretariado confeccionara la definición de la CES basándose en una combinación de elementos tomados de la OIT, la Autoridad sueca para el entorno de trabajo y el Comité consultivo de Luxemburgo. La definición de la CES no admitirá entradas de estrés positivo (lo cual claramente será un problema para los empleadores). Las negociaciones continuarán a principios de Para ello la FSESP ha constituido un grupo de contacto. Igualdad de género La ronda de negociación correspondiente a un marco de acción sobre igualdad de género tuvo como fecha de inicio el 1 de diciembre de El objetivo primero de la delegación de la CES es concertar posiciones sobre una herramienta práctica capaz de añadir valor a la legislación comunitaria vigente relativa a esta materia, incluida la recién revisada Directiva de la igualdad de trato (2002). Entre tales herramientas caben la elaboración de planes e informes anuales de igualdad, el compromiso con dar máxima prioridad a la igualdad de género en el programa de negociación colectiva, la realización de investigaciones conjuntas, la concertación de acuerdos de aplicación de leyes existentes, etc. El marco de acción debería ser de carácter holístico, esto es, debería abarcar la totalidad de las condiciones de trabajo. Los empleadores, al contrario, quieren limitar la discusión a dos temas genéricos, esto es, segregación y diversidad en el lugar de trabajo (el género no constituye la principal causa de discriminación; la raza, la discapacidad y la edad son otros factores que deben incluirse). Asimismo se proponen enmarcar el debate en la perspectiva de la gestión de recursos humanos. Los sindicatos, por su parte, tienen la intención de averiguar cuáles podrían ser las mejores herramientas de aplicación que ayudaran a materializar la igualdad en todas las condiciones de trabajo. La segregación, sin dejar de ser un aspecto importante, no viene sino a representar la suprarrepresentación o infrarrepresentación de determinados sectores y categorías de empleo. 32

35 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 La primera reunión no tuvo resultados excesivamente concluyentes. Los empleadores piden más tiempo para analizar los estudios de caso de iniciativas conjuntas empleadores/sindicatos. En el lado positivo, sin embargo, los empleadores no se negaron, a esas alturas, a abordar el problema de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Desde la FSESP se ha propuesto a los comités sindicales hermanos la posibilidad de concertar una estrategia de consolidación de los planteamientos sindicales y conferir al marco de acción una dimensión sectorial. Se aconseja igualmente el establecimiento de contactos informales con los empleadores pertinentes con vistas a probar opciones comunes tanto de enfoque como de contenido de la negociación. Aunque la negociación del marco de acción no tiene fecha límite, la CES propuso cerrar el plazo de negociación a principios de Los empleadores aún no han respondido y no se descarta que aprovechen al máximo esta táctica de demora. Transferibilidad de derechos de pensión La Comisión Europea inició en junio de 2002 una primera fase de consulta a los interlocutores sociales en relación con la transferibilidad de derechos de pensión de empresa. En su documento de consulta, la Comisión advierte en la UE la ausencia de un marco común que regule la transferencia de los derechos de pensión de empresa. Como respuesta a la primera consulta la CES se ha mostrado favorable a la adopción de un marco de regulación de ámbito comunitario, preferiblemente una directiva. La CES es partidaria de que los interlocutores sociales entablen negociaciones para la definición de un convenio marco de formulación de principios. Esta actitud tiene el apoyo del CEEP. Si bien reconocen la necesidad de emprender una acción de magnitud comunitaria para mejorar la transferibilidad de derechos de pensión de empresa, la UNICE y la UEAPE (Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y ediana Empresa) se han pronunciado a favor únicamente de un instrumento de transferencia transfronteriza. Se oponen a la aprobación de medidas legislativas comunitarias relativas a la adquisición, conservación y transferibilidad de derechos de pensión de empresa, por entender que interferirían con los convenios nacionales. 33

36 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndices APÉNDICES 34

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38 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 1 1. Creación de un Irak democrático: declaración sobre la guerra en Irak Declaración aprobada por el Comité Ejecutivo de la FSESP de 25 de abril de 2003 El Comité Ejecutivo de la FSESP, reunido en Bruselas el 25 de abril de 2003, condena la guerra declarada por EE UU y el Reino Unido contra Irak, por ser un acto unilateral carente del apoyo de la ONU. La FSESP sigue convencida de que el objetivo de desarmar a Saddam Hussein pudo haberse logrado por medios pacíficos. Una guerra preventiva ni es, ni puede ser una forma de resolver los conflictos. Debe protegerse axiomáticamente el papel de la Organización de las Naciones Unidas y su sistema multilateral basado en la aplicación del Derecho internacional en materia de derechos humanos, desarme, sanciones, uso de la fuerza militar y demás ámbitos de la acción internacional. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional aúne fuerzas para crear un Irak democrático y revitalizar la economía de este país. La ONU debe liderar el proceso de reconstrucción y dejar que la población iraquí determine su propio destino. Todos los organismos pertinentes de la ONU han sido llamados a adoptar medidas urgentes para atender las necesidades inmediatas de la población iraquí mediante el suministro de ayuda humanitaria y la prestación de asistencia a la reconstrucción de infraestructuras públicas vitales, tales como las de salud y atención social, abastecimiento de agua y energía, educación, transporte y vivienda. Lejos de beneficiar intereses privados, el suministro de estos servicios debe responder al propósito de atender las necesidades del pueblo iraquí. Deberán hacerse gestiones concretas que garanticen que recaen en las manos del pueblo de Irak las decisiones correspondientes a la titularidad y el control a largo plazo de los activos públicos. Los derechos fundamentales de los trabajadores de Irak deberán respetarse a lo largo y más allá del proceso de reconstrucción. El desarrollo de un movimiento sindical libre y democrático es un imperativo para la etapa de reconstrucción y para el futuro de la democracia. La FSESP acoge favorablemente el plan de acción aprobado por el Consejo de Administración de la OIT. El plan de acción contempla la protección de los trabajadores, la evaluación de las necesidades del mercado de trabajo y la puesta en marcha de proyectos de reconstrucción ideados para generar empleo y garantizar la protección social de los grupos vulnerables. El movimiento sindical europeo e internacional ha expresado su compromiso con el despliegue de tales esfuerzos. La guerra en Irak ha agravado las tensiones existentes en Oriente edio. La comunidad internacional debe buscar con carácter urgente una solución duradera que propicie la creación de un Estado palestino independiente vecino del Estado de Israel. La FSESP lamenta la ausencia de un planteamiento común de la Unión Europea ante las resoluciones de la ONU y las señales mixtas ofrecidas a los países afectados, como Turquía. Por consiguiente, la FSESP remarca la trascendencia de que la Unión Europea reafirme su papel como protagonista político de las relaciones internacionales y hable con una sola voz. Es imprescindible impulsar la definición de la política extranjera y de seguridad común de la Unión. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos es la mayor federación de las afiliadas a la CES. Representa a 10 millones de trabajadores que prestan servicios públicos en los sectores de sanidad y atención social, administración local, regional y central, y empresas de servicios públicos de energía, agua y residuos. 36

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40 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 2 2. LOS SERVICIOS PÚBLICOS, rasgo fundamental del modelo social europeo Aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP de 25 y 26 de noviembre de El agua, la energía, la sanidad, los servicios sociales, la educación, la investigación, la cultura, la información y el transporte constituyen y ocupan infraestructuras y servicios públicos vitales. Es necesario que tanto los ciudadanos y las comunidades como las empresas puedan contar con servicios públicos estables y eficaces. Como servicios de interés general (SIG) o servicios de interés económico general (SIEG) reciben el calificativo de rasgo fundamental del modelo social europeo. Así se ha hecho hincapié en el Libro verde sobre los SIG de la Comisión Europea, CO(2003) 270 final. Al definir los objetivos de la estrategia de sostenibilidad económica y social de Lisboa la UE se ha comprometido a buscar no sólo la intensificación de la competitividad sino también la consecución de la integración social. De modo que, los SIG no pueden entenderse como un mero elemento del mercado interior, sino más bien como un contrapeso necesario de una economía social de mercado. 2. El trabajo de la Convención sobre el futuro de Europa representa un paso positivo hacia la integración europea en la perspectiva de la ampliación de la UE que se hará efectiva el 1 de mayo de Importa mantener el esfuerzo básico de la Convención y no vulnerar el consenso político alcanzado. Ahora bien, la formulación de la Parte III del proyecto de Constitución relativa a las políticas y el funcionamiento de la Unión no se ha podido ultimar por restricciones de tiempo; sin embargo, los criterios de coherencia imponen su alineación con las Partes I y II del Tratado. Concretamente, es preciso incorporar el concepto de economía social de mercado en los nuevos artículo 69, 70 y 77. Asimismo, hace falta coherencia en las relaciones exteriores de carácter económico y comercial de la UE, en particular en el marco de las negociaciones OC/GATS. La reciente oposición expresada por numerosas organizaciones a la falta de transparencia observada en las negociaciones GATS parece apuntar claramente a la necesidad de mantener el actual artículo dentro de las competencias compartidas del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. 3. Desde la FSESP y la CES en conjunto se había hecho hincapié en la exigencia fundamental de que a los SIG se les confiriera valor constitucional, en particular integrando la noción de SIG de calidad en los objetivos del proyecto de Constitución, concretamente en el artículo I-3. La formulación del artículo tiene un tono globalmente muy positivo. Aun cuando no recojan referencia explícita alguna a los SIG, los valores reseñados en I-3 dan a entender que los SIG son necesarios si lo que se pretende es que los ciudadanos ejerzan sus derechos fundamentales. La FSESP celebra asimismo la integración de la Carta de los derechos fundamentales en el proyecto de Tratado Constitucional. El artículo 36 de la Carta garantiza el acceso a los servicios de interés económico general. El artículo III-6 revisado representa un elemento significativo del proyecto de Constitución. Aunque no elimina todas las ambigüedades y contradicciones en materia de SIG/SIEG y aplicación de las normas de competencia, brindaría la posibilidad de regular los SIEG desde el ángulo de la cohesión económica, social y territorial, marcando un importante traslado de énfasis. 4. Es necesario aplicar el principio de subsidiariedad y atribuir al nivel de autoridad territorial más competente (local, regional, nacional, europeo) la responsabilidad de determinar la provisión de servicios de calidad dentro de sus respectivas competencias. En dicha responsabilidad cabe incluir las modalidades de financiación y ordenación de 38

41 Apéndice 2 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 los servicios: prestación interna, derechos exclusivos o especiales, u otras opciones, como la cooperación intermunicipal y modelos de asociación de SIG y SIEG adecuados. Según se especifica en el planteamiento de la FSESP correspondiente al Libro verde sobre los SIG nos opondríamos a: la ampliación de los poderes de la UE en detrimento de los Estados miembros o autoridades territoriales; la ampliación de la cobertura de las normas de competencia en perjuicio de los SIG o SIEG; la imposición de restricciones adicionales a los derechos y competencias de los Estados miembros y autoridades territoriales; la reducción del derecho de éstos a elegir la organización y gestión de los SIG y SIEG. 5. La FSESP se opone a cualquier intento de liberalizar los servicios hídricos a nivel de la Unión Europea, punto de vista éste compartido por numerosas administraciones locales, asociaciones de autoridades locales y organizaciones no gubernamentales con vocación social y medioambiental. 6. La CES y sus comités sindicales pertinentes, incluyéndose la FSESP, han enunciado, junto con el CEEP, el concepto de marco europeo de SIG y la necesidad de que el Tratado contenga una base clara, máxime si se tiene en cuenta la necesidad de contrarrestar la permanente y acelerada agenda liberalizadora de la Comisión, expuesta en especial en su Estrategia para el mercado interior - Prioridades del periodo Como punto de partida la FSESP apoya la elaboración de una directiva marco sobre los SIEG basada en los artículos 16 y 95 del TCE, para reforzar una economía de mercado socialmente equilibrada, atendiéndose al espíritu de la propuesta de artículo III-6 del proyecto de Constitución. En este sentido, la FSESP se suma al planteamiento adoptado por el eurodiputado Herzog en su proyecto de informe del 15 de octubre de La FSESP coincide con varios eurodiputados en que no es ni aconsejable ni factible armonizar los SIG a escala comunitaria, sino que la diversidad de sistemas de prestación debe acatar los principios de una economía social europea de mercado. Se observa asimismo el creciente desdibujamiento de la distinción entre servicios de interés general económicos y no económicos. Tal borrado entraña, al menos potencialmente, el riesgo de que más y más actividades se califiquen de exclusivamente económicas, sometiéndose así a las normas de competencia de la UE. La FSESP defiende la idea de establecer una lista de criterios que arbitren la obligación de cumplir las normas de competencia. Antes que la distinción entre servicios económicos y no económicos parece más pertinente atender a otros criterios como las necesidades de las personas, objetivos sociales y medioambientales, solidaridad, enfoque sin ánimo de lucro, ética en la inversión, financiación pública, existencia de un mercado transfronterizo, eficacia a largo plazo y coste macroeconómico. 8. La FSESP está convencida de que una directiva marco podrá contribuir a garantizar un grado satisfactorio de coherencia y añadir seguridad a la prestación de servicios de calidad, estableciendo normas y principios horizontales aplicables en todos los sectores interesados. Este planteamiento bajo ningún concepto excluye medidas adicionales encaminadas en el ámbito sectorial a perfilar normas adecuadas que atiendan las necesidades y a las necesidades de los respectivos sectores. La directiva 39

42 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 2 marco debería ser un instrumento de clarificación jurídica en cuanto a la aplicación de las normas de competencia, aclarándose incluso las competencias de las autoridades públicas y la exclusión de determinadas categorías de SIG del ámbito de aplicación, tales como la educación, la salud y los servicios sociales, por ejemplo. Partiendo de la sentencia en el asunto Altmark, la directiva marco debería ayudar a despejar la cobertura de las normas de ayuda estatal y las opciones de exención de dichas normas. La FSESP coincide con el eurodiputado Herzog en que el criterio de inversor privado elaborado por la Comisión no sirve en el caso de empresas públicas encargadas de la prestación de SIG. Al revés, la participación pública debe guardar proporción con la misión de un determinado servicio considerándose en particular la necesidad de financiar en el largo plazo inversiones de baja o nula rentabilidad. 9. El establecimiento de una directiva marco ofrecería además a la Unión Europea la oportunidad de defender una estrategia proactiva para la modernización negociada de SIG y SIEG a cargo de los interlocutores sociales interesados, con el fin de mejorar y desarrollar los servicios sobre la base de principios generales de calidad, igualdad de acceso, continuidad de servicio, universalidad, neutralidad de titularidad, seguridad, entorno de trabajo adecuado, desarrollo sostenible, precios justos que aseguren la asequibilidad del servicio y, donde proceda, gratuidad del acceso, eficacia, objetivamente comprobable, control democrático, transparencia y rendición de cuentas, concertación, en particular con los trabajadores y sus sindicatos, así como con los usuarios y sus asociaciones representativas, y adaptabilidad al necesario cambio. Sin olvidar que un marco horizontal podría ofrecer una herramienta propicia a la definición de métodos de regulación, supervisión y evaluación. La experiencia de los recientes cortes de luz producidos en varios países europeos ha puesto de manifiesto los riesgos que entrañan la liberalización y la competencia. La liberalización no debe continuar mientras no se extraigan conclusiones de los debates referentes al Libro verde sobre los servicios de interés general, que deberían crear las condiciones favorables a la evaluación del impacto registrado hasta la fecha. 10. La Unión Europea y más aún la Unión Europea ampliada no pueden reducirse a un mercado interior. La consecución de una Unión Europea social que proporcione empleo de calidad, democracia, respeto a los derechos sindicales, igualdad de oportunidades, mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y un entorno libre de discriminación no deja de ser una prioridad política. La FSESP formará alianzas con organizaciones competentes que compartan conceptos idénticos. En la perspectiva de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, la FSESP y sus organizaciones afiliadas medirán los programas electorales de los partidos políticos por su compromiso con una Europa social y unos servicios públicos y servicios de interés general de calidad. 40

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44 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 3 3. Perspectiva de la FSESP sobre la Comunicación de la Comisión Estrategia para el mercado interior - Prioridades del periodo Octubre de 2003 La publicación de la Comunicación de la Comisión Estrategia para el mercado interior - Prioridades del periodo brinda la oportunidad de evaluar la respuesta de la Comisión al crecimiento del empleo precario y el desempleo, la ralentización de la economía en la Unión Europea y el desafío de la ampliación y la integración de nuevos países en el mercado interior europeo. La FSESP, junto con la Confederación Europea de Sindicatos, ha apoyado la consecución del mercado interior como promotor de crecimiento, empleo y bienestar para el conjunto de los ciudadanos. La FSESP coincide asimismo en la necesidad de salvar los obstáculos al pleno funcionamiento del mercado interior. Así y todo, la Estrategia para el mercado interior debe conectar con otros objetivos estratégicos de la Unión Europea. La competitividad no puede considerarse como un fin en sí, sino que debe contribuir a la generación de puestos de trabajo de mejor calidad, a la intensificación de la cohesión social y al desarrollo sostenible. Debe recordarse que en el informe Cecchini de 1988 se señalaba con mucho acierto que la consecución del mercado interior no atendería las expectativas de los ciudadanos como no fuera a la par con el progreso social. La FSESP mide la sustancia de la estrategia por su contribución a cuatro aspectos fundamentales: 1. generación de empleo y calidad de los puestos de trabajo; 2. construcción de una Europa social; 3. mejora y promoción de los servicios públicos; 4. integración de los países de la adhesión en la UE. La FSESP siente honda preocupación por la orientación general de la Comunicación. Da la sensación de que ésta persigue a marchas forzadas una política de liberalización. Es necesario corregir el sesgo marcado por este énfasis. La Estrategia debe inscribirse, dentro de la Unión Europea ampliada, en una política genérica basada en un extenso proceso de consulta en el que participen los interlocutores sociales de los ámbitos interprofesional y sectorial. 1. Generación de empleo y puestos de trabajo de calidad Uno de los problemas más acuciantes de Europa lo plantean el crecimiento del desempleo y el incumplimiento continuado del objetivo del pleno empleo definido en la estrategia de Lisboa. La Comisión alega que la Estrategia contribuirá a la competitividad, el crecimiento y el empleo. El análisis de la Estrategia trienal debería combinarse con el estudio de las Orientaciones generales para las políticas económicas y las Directrices para el empleo. Los tres conjuntos de medidas contribuyen, según indica la Comisión, a la reforma económica. Ahora bien, la Estrategia para el mercado interior no guarda relación con las directrices ni con las orientaciones. Tiene su interés puesto en la reforma estructural y medidas de liberalización de mercados y promoción de la competencia. La flexibilidad debería generar crecimiento y empleo, según se explica. Esta receta nos viene de antiguo y está demostrado que no funciona. La propia Comisión Europea ha subrayado la necesidad de centrar el interés en la 42

45 Apéndice 3 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 calidad de los puestos de trabajo. Desgraciadamente, este concepto no encuentra cabida en la Estrategia. La Estrategia tampoco ha integrado el objetivo de encaminar la Unión Europea por la vía del desarrollo sostenible, siendo ésta una de las metas clave de la UE. En el Consejo de primavera suele dejarse constancia de la síntesis de todas las estrategias, para garantizar un enfoque ponderado. Una estrategia inconexa y centrada exclusivamente en la promoción del mercado interior no es precisamente lo que necesita Europa. En su dictamen de 15 de julio de 2003 el Comité Económico y Social destacó la ausencia de pruebas de la capacidad de generar empleo de la Estrategia. Advierte la escasa atención dedicada a la creación de puestos de trabajo, algo que tacha de omisión grave. La FSESP coincide en el análisis. 2. Construcción de una Europa social En la Estrategia en ningún momento se deja constancia de la dimensión social. El documento aboga por que el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo desarrollen una nueva visión compartida del mercado interior. Sin embargo, en la conformación de tal visión la Comisión ignora la función de sindicatos, empleadores, municipios y otras muchas organizaciones. Ni una sola vez preconiza la participación de los interlocutores sociales, por la vía del diálogo social sectorial o intersectorial, en las distintas medidas propuestas. En su dictamen de análisis de la Estrategia para el mercado interior, aprobado el 13 de febrero de 2003, el Parlamento Europeo hizo hincapié en la importancia de la participación de los agentes sociales, los consumidores y otros sectores. La Estrategia no hace referencia alguna a las medidas de acompañamiento necesarias para la consecución de la Europa social y la eliminación de las consecuencias negativas que puedan acarrear las medidas estratégicas. Tampoco se consideran los efectos redistributivos de la Estrategia para los ciudadanos de Europa ni, de hecho, la seguridad de que los ciudadanos vulnerables se beneficien de dichas medidas. Contrastando con la atención dedicada desde el Libro verde sobre los servicios de interés general, la materialización de objetivos sociales por dichos servicios no tiene eco en la Comunicación relativa a la Estrategia para el mercado interior. La Estrategia no establece interacciones con otras políticas sociales, como la creación de puestos de trabajo de calidad, la información y consulta a los trabajadores, la salud y seguridad, la integración social, el desarrollo sostenible, la protección del consumidor, etc. Carece de evaluación de sus propias implicaciones de género. La FSESP coincide con la Unice, la organización patronal europea del sector privado, en que hacen falta más coordinación y más cooperación con las otras Direcciones Generales (DG) de la Comisión. De este modo se garantizaría, ya no la exclusión o adición tardía, sino la integración de la protección social, medioambiental y al consumidor en las propuestas de la DG ercado Interior. 3. ejora y construcción de los servicios públicos Impacto de la liberalización La Estrategia proclama que la liberalización ha redundado en provecho tanto de las empresas como de los consumidores. No se puede sino cuestionar tan rotunda y descomunal aserción. De hecho, muy distintos son los resultados de los informes analíticos de la Unidad internacional de investigación de los servicios públicos (PSIRU, Universidad de Greenwich) y la Bundesarbeitskammer (Austria). La liberalización del sector eléctrico, por ejemplo, ha 43

46 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 3 originado la destrucción de puestos de trabajo. Al contrario de pronósticos anteriores de la Comisión, no sólo no han bajado los precios para el usuario doméstico, sino que acontecimientos recientes en Europa, EE UU, Australia y Nueva Zelanda han puesto en evidencia los riesgos que acompañan a la liberalización de la electricidad. De hecho, varios representantes de la Comisión Europea y los Estados miembros advierten de la volatilidad y posible crecimiento de los precios. Se ha dejado constancia en varios informes de falta de inversión en la renovación de la capacidad de generación, redes, mantenimiento y vigilancia. A lo que cabe añadir las críticas contenidas en el dictamen del Comité Económico y Social. Los requisitos de control y vigilancia de las obligaciones de servicio público estipulados en las Directivas de liberalización necesitan perfeccionamiento. Asimismo deben estudiarse detenidamente las competencias de los reguladores en cuanto a garantía de precios asequibles para el usuario doméstico, de inversión en los servicios y de prestación segura de los servicios. La Comisión y, concretamente, la DG ercado Interior deben extraer enseñanzas de las experiencias que arrojan una luz diferente y más cautelosa sobre el impacto de la liberalización y la competencia, en particular en el área de los servicios públicos. El análisis de PSIRU llama la atención sobre una serie de valiosos ejemplos de fracasos de la liberalización, como los de British Energy y Railtrack en el Reino Unido. Estas experiencias se han eludido en el documento estratégico. Estrategia para el mercado interior vs. economía social de mercado La FSESP censura la actitud agresiva con la que la Comisión impulsa la Estrategia para el mercado interior en detrimento de otras políticas. La propuesta de test de compatibilidad con el mercado interior resulta ser ni más ni menos que un intento de la DG ercado Interior y su comisario de dar preferencia a las normas del mercado interior y competencia por encima de otros objetivos dentro de una economía de mercado socialmente equilibrada. Esto a pesar del llamamiento hecho en el proyecto de Tratado elaborado por la Convención: La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. Son éstos objetivos fundamentales de la Unión Europea. Pasarlos por alto podría tener dilatadas repercusiones para las posibilidades de los Estados miembros, las autoridades locales y regionales, otros organismos públicos y los interlocutores sociales de regular servicios en el interés público, sobre todo cuando las medidas no se toman a nivel de la UE, como por ejemplo las relativas a seguridad alimentaria, salud y seguridad, y protección de la naturaleza (1). La Comisión ha publicado un Libro verde sobre los servicios de interés general, al que han respondido muchas organizaciones y del que aún debe extraer conclusiones la Comisión Europea. La DG ercado Interior actúa como si ya conociera el desenlace del debate, socavando el proceso de consulta en marcha en torno al Libro verde. Los estudios propuestos sobre la introducción de la competencia en el sector hídrico aclaran cómo se propone la Comisión ampliar el alcance de la liberalización sin medidas adecuadas de evaluación. El agua de consumo doméstico no origina transacciones transfronterizas; por lo tanto, en este sector no hay lugar para el mercado interior. Una vez más la Comisión no atiende a las experiencias de la liberalización de los servicios de agua potable y saneamiento, que en algunos Estados miembros han tenido efectos devastadores para la salud, los precios y la obligación de rendir cuentas. 1 El test de compatibilidad con el mercado interior se puede equiparar con la prueba de necesidad del GATS. 44

47 Apéndice 3 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 La movilidad de los pacientes es otra de las temáticas contempladas desde la angosta perspectiva de las normas del mercado interior y la política de competencia. Esta perspectiva ignora los riesgos de la comercialización de la asistencia sanitaria y el impacto que pueda tener en la financiación de los sistemas nacionales de salud. Lo mismo cabe decir de las pensiones, examinadas exclusivamente desde el ángulo del mercado interior y los presupuestos, prescindiéndose de su pertenencia a políticas laborales y sociales genéricas, y el protagonismo de los interlocutores sociales. 4. Integración de los países de la adhesión en la UE La Comisión dedica un pequeño capítulo de la Estrategia a Sacar el máximo partido de la ampliación del mercado interior. La FSESP exige que se preste más atención a las implicaciones de la ampliación para el funcionamiento del mercado interior. Los importantes desafíos que esto plantea a la UE y los Estados miembros merecen una fase de consolidación. Es imprescindible que la Comisión y los actuales Estados miembros de la UE dediquen esfuerzos sustanciales a ayudar a los nuevos integrantes a aplicar las directivas y políticas, y ejercer el necesario control y vigilancia. Si bien la FSESP celebra las propuestas formuladas en materia de cooperación de funcionarios públicos y formación de personal, éstas no dejan de ser unilaterales, una vez más. Deben dedicarse esfuerzos equivalentes a asegurar la correcta aplicación de las directivas sociales. La FSESP insiste en que se refuercen y amplíen las inspecciones del trabajo y los servicios públicos de empleo, por ejemplo. Lo mismo cabe decir de la protección del medio ambiente y al consumidor. 5. Propuestas de revisión de la Estrategia para el mercado interior formuladas por la FSESP La FSESP exige que la Estrategia dé pie a un debate abierto a la participación de las organizaciones patronales, sindicatos, grupos de consumidores y de protección de la naturaleza, municipios y otras partes interesadas. Un debate de estas dimensiones queda por celebrarse. El Parlamento Europeo considera que se ha de otorgar la máxima prioridad a una iniciativa [ ], con la intervención de todas las instituciones europeas y las organizaciones de consumidores, trabajadores y empresarios en el marco de una colaboración eficaz. La necesaria revisión deberá hacer suyos los elementos siguientes: Suspender el proceso de liberalización hasta que se extraigan conclusiones de los debates sobre los servicios de interés general en el marco del Libro verde, la Convención y la Conferencia Intergubernamental. Redefinir prioridades. La consideración principal debe ser consolidar el mercado interior a la luz de la ampliación. La FSESP suscribe la necesidad de que haya cooperación entre las administraciones públicas, intercambio y formación de los funcionarios públicos, y exige que se eleven estos elementos a la categoría de prioridades que requieran la colaboración de todas las Direcciones Generales de la Comisión y todos los Estados miembros. Incorporar la dimensión social. Hacen falta medidas sociales concretas. La propuesta de estatuto de empresa para las pequeñas y medianas empresas carece de medidas de información y consulta a los trabajadores. Las propuestas de medidas deben ponderarse por cómo contribuyen a la mejora de la protección social, medioambiental y al consumidor, así como a la generación de empleo. ediciones de este género deben fundamentarse en análisis sólidos por parte de los interlocutores sociales. ás que un test de compatibilidad con el mercado interior es necesaria una prueba que tenga en cuenta el conjunto de los objetivos de la UE, incluidos el empleo, el desarrollo sostenible, la igualdad y la cohesión social y económica. A falta de un término mejor la FSESP la llama: prueba de compatibilidad con el mercado social. 45

48 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 3 La FSESP invita a la Comisión Europea y el Consejo (Consejo de Competitividad) a consultar con los interlocutores sociales las políticas y propuestas de mercado interior de tal forma que se puedan atender sistemáticamente los aspectos sociales y laborales. Referencias: Water and DG Competition, ay 2003, PSIRU, University of Greenwich. EC Internal arket Strategy implications for water and other public services, ay 2003, PSIRU, University of Greenwich. Critique of the EC paper on Horizontal Evaluation of SGI, September 2002, PSIRU University of Greenwich and Centre for Public Service. European Commission Guide to successful public private partnerships, a critique, arch 2003, PSIRU, University of Greenwich review of the Internal arket strategy, Report of the EP (A5-0026/2003), adopted 13 Feb 2003 on Communication 2002 Review of the Internal arket strategy delivering the promise Com 2002/171. Opinion on Communication Internal arket Strategy priorities , European Economic and Social Committee, 16 July Binnenmarktstrategie , Bundesarbeitskammer. 46

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50 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 4a 4a. Carta de FSESP/ISP a Pascal Lamy, comisario europeo de Comercio 10/03/03 Subject: General Agreement on Trade and Services Dear Commissioner Lamy, On behalf of the other members of the PSI/EPSU delegation we would like to thank you for the meeting 17 February This letter will be a summary of the points that we made during our meeting but will also, as agreed, cover some points which we did not have time to deal with or which need qualification, both in terms of our position and of your response. Our concerns covered the following: 1. The protections, which Article I 3 of the GATS text purport to give to public services involve key terms that are not defined. In a WTO dispute between member states, this could result in a WTO ruling that opens public services to private, including multinational, companies. GATS does not require privatisation but it adds pressure on governments to privatise (as further elaborated in point 4 below). In particular, we think that this can be fixed in at least two different ways: a) the terms 'on a commercial basis' and 'not in competition with...' need to be given a clear definition which makes clarifies that a government makes this determination itself, secure from any challenge by other member states. We have attached a paper by the Centre for International Environmental Law (CIEL), which attempts to deal with this problem along lines we could support. b) the other alternative is to remove I 3 (c) and then, as suggested above, to make it clear that a government has the unfettered right to determine which services it deems to be 'supplied in the exercise of government authority'. Your point that seeking some clearer definition poses a risk to the current high EU standards of what constitutes a public service is valid but, within the WTO context of consensus, surely the EU could test the water to see whether such a risk arises. If it does, the EU could withdraw its request. Some people call for the exemption of public services from GATS negotiations. The problem as we see it is that this becomes a vicious circle since there is no definition of (or even international agreement on) 'public services. Hence, our preference for the route outlined above. Public comments on all sides of the debate have left some people confused as to whether you have completely ruled out the offer of all EU public services/utilities or not. The offer in postal services seems clear enough but on water and waste there is a lack of clarity. You seem to be offering waste water services but some people have questioned whether you have made a cast-iron exclusion of all water services. Can you clarify precisely the position on both all water services and all waste services, please? 48

51 Apéndice 4b Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 However, the more serious moral question arising from the recent leak of the full EU requests (which we think have not, as you are quoted as saying, actually been fully available in the public domain until now) is that the EU seems to be saying: 'Our public services are not up for grabs but yours are - especially if you are a developing country'. No doubt, you have seen the spate of comments about the full details of the leaked EU requests and many commentators, even mainstream media, seem to be asking how much hypocrisy this represents. We therefore ask you to seek withdrawal of the requests to developing countries to open public services such as waste water treatment, postal services and others by the European Union. While it is true that opening such services is a decision of developing countries, the relationship between them and the EU is not one of equal bargaining power, as many are dependent on EU ember States assistance and aid. The pressure of the EU works in tandem with that of International Finance Institutions (IFIs), a point you recognised yourself (see also here point 4). Time did not permit us during our meeting to go into the much more complex and disputed area of when (if at all) a mixed public-private system could come under another member state s challenge setting aside for the present the question of whether all member states now feel themselves bound by informal agreements on public services made in arrakech. ost member states and others, in defending GATS, assume that there are only two polar extremes in this area: that a service is wholly a public monopoly or that it is a liberalised, open service. Yet in many countries, the reality is that there is a mix of public and private. It is not always clear whether the two compete; it is not clear that subsidies for the former can be refused to the latter; it is not clear what happens, as in education, where differential fees are charged (say, for different kinds of university degrees). In our dealings with senior WTO staff (formerly David Hartridge and now Hamid amdouh) and delegations in Geneva that have always been on a very rational basis, there has been virtual unanimous agreement that, in the event of a dispute, however hypothetical the possibility of a dispute might be, no one feels confident in saying what might happen. This is one reason why we have argued that the Council on Trade in Services or the General Council should issue some clear definition which would bind a disputes panel. A further issue on which we seek clarification and assurances is that the EU will not take any steps to remove the horizontal limitations from the EU's schedule of commitments. 2. The threat to the ability of a government to regulate security - Article VI. As we noted during our meeting, we do not dispute that governments can continue to regulate but they may find that a challenge from (an)other member state(s) results in their legitimate regulation being ruled to be more burdensome to trade than is necessary; they will be required to change/drop the regulation or else face retributive action from the complaining state(s). In particular, this involves the uncertainty implied by VI 4. any critics would like to see this removed (and, if it was, then VI 5 and 6 would need attention). It will probably be argued that GATS would be gutted if VI 4 was removed but we find that the real anger from many people is that these matters are all decided in dispute panels. If these were opened to all interested parties and the proceedings openly reported it might make people feel that they can influence what are currently Star Chamber events. We are also aware that many sub-national levels of government have been expressing their concern at both their own non-involvement in the request-offer process and at the potential impact on the many services that such governments provide and on which they make many regulations, which could be undermined without their ability to appear at the panel which determines the case. 49

52 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 4a You dispute our view here. You argue that the only area where a challenge could occur is where a government effectively tries to regulate in a manner that undermines a commitment already made and involving discrimination and that no such challenges have been made. You agreed that, in theory, such a challenge could be made but that that leads to an unproductive If If If that has no history to date. Critics have pointed out to us that your position ignores that governments are bound by most favoured nation rules here, even in services, which are not the subject of scheduled commitments. VI 4 does not seem to limit itself to only such commitments. At our meeting you accepted that some national governments may not have consulted their sub-national levels of government but that you have no mandate to deal with such levels of government: your mandate comes from member state governments. While this is valid, the European Parliament may have a different view. We believe the impact of GATS on local and regional authorities should be further explored, as do an increasing number of local authorities in Europe, US, Canada and Australia. This is one of the main reasons why we believe GATS negotiations should be stopped at present until such evaluations have been made. 3. The current round of GATS negotiations is being conducted in virtual secrecy in most member states. Governments had until June 2002 to ask other members to liberalise specified services or to change specific regulations/laws/policies; they have until the end of arch 2003 to respond; then a period of negotiation will continue until the end of None of this has been or is being done publicly (at least, unless provoked by leaked information, as was the case in the EU) and not even the WTO has information on these matters. As noted above, many parliaments and are other levels of government whose services may be affected are not consulted. any organisations have contributed comments to the EC on the Consultation document: it would be useful to know how their comments will be handled and what responses they will receive as well as what impact they will have on the Commission s position, which still appears to be based on its pre-seattle mandate. You acknowledged the validity of much of this argument and say that your own policy is to increase transparency. You are committed to releasing the full set of EU offers which are finalised on arch 31 and to consult both member states and the European Parliament before the offers are confirmed (although consultation with the latter is not seen as negotiating agreement). We applaud this. You are however not prepared to release the detail of other governments requests to the EC because you say that you do not want to cause reactions from governments that do not have the EU commitment to transparency and democracy. To go back to your argument about the risk of opening the definitions of public services: your position is that it would weaken the high standards of the EU. In this case, are you not doing the same thing with respect to the EU s high standards on transparency and open democracy? Why should the EU feel constrained by how China might behave towards its citizens? 4. The impact of all of this on developing countries. We argued that these are often forced by the World Bank, the IF and Northern governments in their aid programmes to liberalise, privatise and deregulate their public services. They then come under WTO pressure from these governments to make GATS commitments in these services. Apart from the moral inequity, because GATS is effectively irreversible, this results in developing countries being forced to privatise their services and never being able to revisit these decisions and create the kind of public services which people in Europe have been able to develop over the last 150 years. In particular, there is almost universal concern by both developing country governments and civil society that the provisions of Article XIX, especially XIX 3, have not been complied with. In fact, in the face of demands 50

53 Apéndice 4b Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 for XIX 3 to be satisfied, the Council on Trade in Services has simply refused to conduct the kind of assessment called for. Instead, it has invited members to make any comments under this standing item on the Council's agenda - in other words, it's down to anecdote, not assessment. You said that you substantially agree with our analysis about the IFI pressures on developing countries and that you personally deplore the pressure being put by IFIs and some EU member states on developing countries on trade policy without reference to the WTO agenda. You agreed that the issues of trade policy coherence is a real problem but that the EU is not itself a member of the IFIs. However, you argued that, while the EU and others are pressuring developing countries, in the end, it s their decision whether to liberalise or not and that, anyway, for many of them, the only way to develop their services is to open their service markets. This may well be true but it does not need irreversible GATS commitments to achieve this result China, after all, has been attracting Foreign Direct Investment disproportionately since well before it became a WTO member. You seemed to agree with our criticism that it is effectively an irreversible process and that this deprives these countries of the ability which Northern countries had to develop their public services under the cover of protection: but you then went on to argue that history is history and the trend to the market seems to be inevitable - we cannot wait years until some of the developing countries have organised their own public services. Surely a development agenda has to have a more principled approach than that. We did not get a chance to go into the question of whether technical assistance is being used to help the South or to prepare them for the new issues (a claim some of them make). We are aware of claims by some developing country delegations in Geneva who say that the technical assistance programmes are being driven by an EU agenda of getting them to understand and be ready for the new issues rather than by their own needs to develop the capacity to cope with commitments already made and with the built-in agenda. This is not strictly a purely GATS issue but it does impinge on at least the domestic regulation disciplines. It is important that trade unions and civil society groups in developing countries also get the possibility to develop the capacity to cope with commitments on old and new issues. Has the EU established any special programmes to encourage this, allowing unions and other groups to share their expertise with their counter-parts? 5. The temporary movement of workers from one country to another to provide services - ode IV. While there can be advantages to developing countries (from a financial and skills development perspective), it can also lead to brain drain of key professionals such as teachers, nurses, etc. and not just in the mass: sometimes the loss of a key person from a small island state intensive care unit (ICU) can leave the country with no ICU. These workers often have no worker/union rights in the host country and no rights to the money they are forced to pay into retirement, insurance and other schemes before they go home again. Several governments have tabled position papers on this issue, which raise some legitimate concerns which we support, especially on the rights and protections for those workers when they are in the host country. In addition, one has to consider the impact on the local (host country) labour markets in cases where the host country refuses to pay/give its own workers sufficient wages/conditions to retain them in the sector concerned: this often creates the vacuum that then sucks a revolving pool of temporary immigrant workers into the host labour market, thus effectively maintaining its depressed state. 51

54 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 4a We welcome your strong insistence that all migrant workers entering EU labour markets (including under GATS ode IV) must have the full rights of all EU residents. any critics have asked us whether it is possible to check whether intra-company transfers may be being abused to deprive many temporary workers of EU rights. There is some evidence (Chinese workers temporarily in Israel, for example) of sending countries having explicit laws/policies which make it a criminal offence for such workers to join a union in a host country and/or to make a complaint against an employer in the host country or even to reveal to other workers/unions details of their salaries/conditions. The EU cannot be blamed for this but Europe must surely do something to address this issue. Yet another and related issue concerns our demand that temporary workers as well as those involved in intra-company transfers must respect collective agreements in force at the place of work. We cannot accept situations where workers from outside the EU work in the EU but are not paid/receive EU- and collectively-negotiated wages, working times etc. We welcome your unequivocal support for this and appreciate your effort to find the clear legal basis for this. You also agreed that there are problems with people who are being falsely presented by ulti National Enterprises as dependent contractors and that it might be useful to consider the role of ILO Convention 94 in dealing with contracted/sub-contracted temporary labour. On the question of brain drain and ethical recruitment and on the issue of Northern governments creating the vacuum which sucks in people from the South (because low wages in, for example, the health services creates nurse vacancies that the South seeks to fill), you argued that: these effects result more from permanent migration (not covered by GATS which is partially true but may not remain so if ode 4 extensions are made in the current negotiations) and that the sectors where this is likely to be a problem are not currently covered by EU ode IV commitments. However, you acknowledged that ode IV requests being received from developing countries could mean that the EU has to consider these issues. On the question of whether some of the deleterious effects of migration are more a feature of permanent or temporary movement, the jury is still out. PSI has been doing considerable work with the ILO, the World Health Organisation (less so with the International Organisation for igration) and with the International Council of Nurses on the migration of health workers. Again, not all of this (none in some countries) can be put down to GATS. However, evidence appears to be accumulating that there is great porosity between temporary and permanent movement in two ways: any nurses, for example, come to Europe on a temporary basis. During their stay, they may impress their employer (and/or make other useful contacts) and use that experience as a launching pad from which to become a permanent migrant after they go back home; Even if individuals do not become permanent, there is evidence of small self-replicating pools, which maintain a constant group of sending country people in a host country. For example, there is a cycle in the north of England where a group of Bangladeshi nurses finish their term but are immediately replaced by others from the same town and hospital. This latter case is not, of course, necessarily a bad thing it can serve training and remittances benefits. But, if the UK continues to ignore the need to be as self-sufficient in nurses as is possible, then this can become a subsidy from Bangladesh (or other poor countries) to a rich economy. GATS has some small role to play here and this needs to be taken into consideration. 52

55 Apéndice 4b Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Yours sincerely, Carola FISCHBACH-PYTTEL EPSU General Secretary Hans ENGELBERTS PSI General Secretary 53

56 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 4b 4b. Carta del comisario Lamy de fecha 14 de abril de 2003 Dear s. Fischbach-Pyttel and r. Engelberts, Thank you for your letter of 10 arch 2003 regarding the General Agreement on Trade. in Services (GATS) and the current services negotiations under the Doha Development Agenda (DDA). Your letter raises a number of very important points to which I would like to respond. Public Services As regards public services I can see why the absence of a precise definition in Article 1:3 of the GATS of the kinds of public services that fall outside the scope of the Agreement may be of concern to some. That being said I am however not convinced that the rather broad language used in Article 1:3 represents a real problem or that the steps proposed by you are necessary or even helpful. First, as I have stated on a number of occasions there is no consensus view within the WTO membership, or even within the EU for that matter, as to what constitutes "public services". As you know the EU has for years been grappling with this notion, or rather the services of general interest (SGI), and the Commission is currently working on a Green Paper in an attempt to bring some further clarity to the debate. Notwithstanding the diversity of views that exists within the EU it is fairly clear that Europe tends to have a rather more expansive view of this notion than many other WTO embers. In these circumstances there is consequently a risk that a possible compromise solution within the WTO would mean a more narrow definition than the EU would prefer. erely pulling the plug at last minute if discussions start to move in the wrong direction as you suggest may sound appealing, but may in practice turn out to be more difficult once the train has been set in motion. Second, one also has to recognise that the notion of public service is not a static notion but has evolved over time and will most likely continue to do so. Any agreed definition therefore also risks being overtaken by events. Third, experience has shown that..../... rs Carola FISCHBACH-PYTTEL r Hans ENGELBERTS EPSU General Secretary PSI General Secretary European Federation of Public Services Unions Public Services International 45 Rue Royale P.B Brussels F Femey- Voltaire Cedex 54

57 Apéndice 4b Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 competition can be a tool to improve the performance of certain public services and that there are other ways than restricting competition to achieve policy objectives such as protection of the poor or disadvantaged, consumers, or the environment. The appropriate response to many such problems is not necessarily to close off markets, but rather to design domestic policies directly targeted at the problems, such as for example subsidies for poor, obligations on providers to serve remote or unprofitable areas at affordable prices ("universal service obligations"), and strong enforcement of competition laws to ensure that the benefits of liberalisation are shared by the consumers. Where a ember decides to open a particular sector to private supply there seems to be no reason to exclude other countries from seeking non-discriminatory access for their service suppliers via a GATS commitment. Finally, as I have also stated repeatedly the current system leaves embers with a remarkable degree of flexibility to design the most appropriate policy responses. For example one should not forget that where a member has any doubts about whether a sector, which in its view is involved with the provision of public services, is covered by the exemption of Article 1:3 they always retain the possibility of not making any GATS commitments. Under these circumstances I see little reasons for undertaking an exercise to exclude public services and seek an agreement on a precise definition when such steps in my view seems to hold more potential downsides than upsides. In response to your request for clarification as to the EU's position on water I would have the following response. ost ember States already took GATS commitments on waste water services (removal, treatment and disposal of household, commercial and industrial sewage and other waste waters including tank emptying & cleaning, monitoring, removal and treatment of solid wastes) during the Uruguay Round. The only contemplated improvement in this subsector in the proposed draft offer is to propose that Finland undertakes a commitment similar to that of other ember States. On "water collection, purification and distribution services" no commitments are proposed, not least because our trading partners have not indicated any significant interest in market access commitments on the part of the EU. In this connection you raise what you see as a serious moral question, namely why the EU is protecting its own public services while requesting trade liberalisation commitments in some sectors which are often considered as public services from others, in particular developing countries. This question is not a fair description of the EU's approach to these negotiations for at least two reasons. First, it should be noted that the EU already has opened sectors involved with provision of public services to foreign suppliers in cases where these were already open to domestic competition, e.g. telecommunication and postal services. Second, the sectors where the EU has made requests concerns sectors where government has either already decided to open a particular sector to private domestic suppliers or where experience has shown that competition can be a tool in improving performance without endangering equitable access to public services. In other words where policy objectives such access for the poor can be ensured through means other than restricting competition, for example, through universal service obligations, subsidies or other means. For many people in developing countries access to affordable and efficient public services still remains a distant hope and removing barriers that either restrict access by foreign firms or that discriminate against them, once they are in the market, may contribute to improve access to and the performance of certain public services. In any event there is no obligation to reciprocate commitments in the same sectors although for most of the sectors concerned, the EU already has opened its market to foreign supply. Thus a ember could, for example, decide to open its water sector to competition without any other countries being obliged to follow suit. 55

58 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 4b You finally express concern about the possibility that government provision of certain essential services, even when it supplies its services on a non-commercial basis, may become subject to challenge by other embers in situations where private suppliers are allowed to coexist with the public suppliers because they could be deemed to be in "competition". In your view this could, for example, imply that subsidies for the public supplier could not be refused for the private suppliers. Such concerns are most often related to the health sector. Where, for example, medical and hospital treatment is provided directly through the government free of charge such services cannot be considered as to be provided on a "commercial basis" and consequently fall outside the scope of the GATS. The situation is somewhat less clear in countries where the hospital sector is made up of government- and privately-owned entities that both operate on a commercial basis, charging the patient or his insurance for the treatment provided. But even though one could no doubt have long discussions about whether Article 1:3 does and should apply in such situations, the fact remains that embers can still exclude the sector altogether from any commitments or make commitments but include restrictions that clarify that subsidies are only available to public providers. This is not just a theoretical possibility but the EU has taken advantage of this precise possibility and has included a restriction to protect the provision of subsidies within the public sector. In that connection I can confirm that the EU has no intention of removing this restriction in the course of the negotiations. Ability to regulate security In your letter you also raise some concern over the potential impact of GATS Article VI:4 on the ability of governments to regulate, just as you are apparently concerned that a WTO dispute settlement panel would decide on the legitimacy of regulations. First of all, it is important to keep in mind that GATS Article VI:4 addresses specifically measures related to qualification and licensing requirements and procedures, and related to technical standards, and not all regulation. It gives WTO embers a mandate to develop "disciplines", or a set of rules, to ensure that such measures do not constitute unnecessary barriers to trade. It is important to recall that the objective of the work programme under Article VI:4 is to provide increased transparency, predictability and certainty for regulators, service providers and consumers, and to ensure that measures relating to qualification requirements and procedures, technical standards ad licensing requirements do not unnecessarily hamper trade. As to the scope of any future disciplines, you are right to point out that it is not clear from Article VI:4 whether it would only apply to sectors in which a WTO member has undertaken specific commitments, or whether it would apply to all sectors. In the end, WTO members will decide if they wish to restrict the application of Article VI:4 to committed sectors or not. As to your concern regarding the fact that the WTO dispute settlement mechanism is only open to members governments, and not to all interested parties, the EU is working to improve the current system. In fact, the EC is advocating increased transparency of the DS, as well as increased possibilities for all interested parties to contribute their views and expertise on particular cases, through the possibility to submit so called amicus curiae briefs. While I agree with you on the importance of regional and local authorities to be informed and involved in the formulation of policy with regard to GATS, I need to stress that it is the competence of national governments to ensure this. Nevertheless, the Commission is of course providing the same level of transparency, and possibility to comment and participate in consultations to all institutions and organisations at all levels in Europe. 56

59 Apéndice 4b Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Transparency As regards your claim that these negotiations are being conducted in virtual secrecy let me once again set out the principles that are guiding our actions: The Commission considers transparency a natural component of public affairs management in a democracy and makes considerable time and resources available to debate these issues with all stakeholders, including the European Parliament (EP). But an appropriate balance must be struck between transparency and the Commission's ability to conduct trade negotiations in an atmosphere conducive to frank and open discussions. I meet EPs and take part in exchanges of views in the EP whether in plenary, with the ITRE committee or in the framework of informal groups on a regular basis. The full text of the EU's requests just as the proposed offer has been transmitted to the EP ITRE committee. Our efforts at outreach do not, however, stop here despite complaints from certain NGOs about a lack of transparency in trade policy making. But I am not prepared to overturn the method of negotiation that most of our partners find best most of the time. Those who have been following the WTO debate over the years know that the issue of transparency is viewed by many developing countries not as a guarantee of due process, but rather as a threat that their positions will be put under even more pressure than is at present the case. So, in working for a progressive opening of the WTO process, we need to work with the grain, not against it. This stance will not prevent us from openness at home and the Commission does for its part has made a considerable effort to consult and debate with civil society all trade policy issues. I have met with civil society on a regular basis to discuss in some detail the approach the Commission is recommending for ember States to follow in the negotiations now under way. These meetings are reinforced by sessions at officials' level, and together have allowed a pretty full airing of concerns surrounding concepts such as sustainable development, public services and so on. The discussions will continue. A summary of the EU's requests for improved market access to third countries in the service negotiations has been made public on the website of DG Trade. We also launched an unprecedented public consultation on the request addressed to the EU by a comprehensive consultative document publishing last November 2002 with a view to seeking further public input to guide our preparation of the EC's offer. We have also announced that the EU's offer will be made public once it has been sent to our trading partners. This is an unprecedented step and shows our commitment to transparency. I should also add that our efforts are of course supplemented by the consultations that take place at national level and which help shape the position ember States adopt when the Commission consults them through the so-called ad-hoc 133 Committee (Services). Impact on developing countries You also raise the impact of services trade liberalisation under GATS on developing countries, and the link to reform programmes such as structural adjustment in collaboration with the International Financial Institutions. I would argue that these programmes have to be looked at on a case-by-case basis, and should not be discarded as harmful for developing countries in a sweeping manner. In any case, these programmes should not be confused with commitments for services trade liberalisation 57

60 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 4b which governments may enter into under the GATS. The principle of flexibility which underlies the GATS means actually that developing countries have a considerable freedom to decide which sectors they want to open to international competition, and to what extent. I disagree with your assessment that the GATS forces developing countries to privatise their services. With regard to the implementation of GATS Article XIX: 3, I can inform you that in arch 2000, the WTO Council for Trade in Services (CTS) has adopted the negotiating guidelines foreseen under that Article, and the modalities for the treatment of autonomous liberalisation have been adopted last February. At the moment, embers are working on the establishment of modalities for the special treatment of least developed countries, which is also mandated by Article XIX: 3. The assessment of trade in services, the fourth item of Article XIX: 3, is, as you say, a standing item on the agenda of the CTS. The CTS has not refused to conduct an assessment - but the CTS, consisting of all embers including developing countries - decided to make it a standing item for the simple reason that there cannot be one, common, assessment for all members. The impact of any liberalisation will vary among members, among sectors, and over time. I would therefore not agree that Article XIX: 3 is not being implemented. You also question the value of binding liberalisation in the context of GATS. It is probably true that the more immediate economic benefits of liberalisation accrue regardless of binding - and you quote the example of China which attracted FDI even before becoming a member of WTO - but I would like to stress the value of binding commitments in providing a predictable and stable policy framework. In the case of China Chinese officials, for example, recently reported that foreign capital inflows in the services industry has accelerated and that the market share of foreign investment has increased dramatically in the last decade. In other words investments have picked up significantly following China's submission of the initial services offer in 1991 in the context of its WTO accession negotiations. This fact illustrates that even the prospect of future commitments appears to have had an impact on investments. In order to allow in particular developing countries to undertake this process in a gradual manner, the GATS (Article XIX: 2) states that "there shall be appropriate flexibility for individual developing country embers for opening fewer sectors, liberalising fewer types of transactions, progressively extending market access...". With regard to technical assistance, the EC's assistance tries to support developing countries in the build-up of their service sectors, in establishing regulatory frameworks, in strengthening the private sector, and, also, providing assistance to build up negotiating capacity. Temporary movement of natural persons providing services (mode 4) There is a general tendency to greatly overestimate the risks associated with this mode of supply. ode 4 only concerns temporary movement of service suppliers who, for. example, in the case of contractual service suppliers, stay for a very limited period of time to perform their service and return to their home countries once the contract is completed. The so-called "brain drain" problem is mainly created by permanent migration. One might argue that temporary migrants might subsequently decide to apply for permanent residence, but they will then not be covered any longer by our GATS commitment. One could even argue that the possibility of temporary movement may relieve some of the pressure for permanent migration. It is very doubtful that our commitments, which largely concern short stays (6 months maximum for "contractual service suppliers") would encourage permanent immigration. On the contrary, they might even allow ember States authorities to better follow a number of persons, who now enter their territory on a 3-month tourism visa, but in effect perform economic 58

61 Apéndice 4b Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 activities and cannot be properly monitored. The best indication that developing countries are not particularly concerned about a possible "brain drain", but rather see potentially huge benefits associated with this mode is the fact that they are pursuing ambitious requests on mode 4 in these negotiations. In the end I think we must admit that they are better placed to assess these risks than we are. Finally, our offer points out that EU and national laws on working conditions will continue to apply to persons entering the EU through our mode 4 commitments. That includes provisions on minimum wage levels, collective wage agreements where these exist, health and safety at work measures, protection from all forms of discrimination, and the application of any relevant social security measures. This would also include the definition of employees normally used in ember States' legislation; thus, an employer having recourse to foreign "dependent contractors" in the example you refer to would be liable to the penalties usually associated with this practice in national legislation. oreover, I would add that we are speaking here of the skilled workers, for which these risks are less likely to occur in the first place. I hope that this answer clarifies some of the issues you raise. Yours sincerely, Pascal LAY 59

62 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 5 5. Composición de la Comisión de resoluciones del Congreso de la FSESP EPSU Congress Resolutions Committee 7 arch 2003 CONSTITUENCY TITULAR /F SUBSTITUTE /F Austria, Croatia, Czech Republic, Slovak SCHLANGER Jiri KATTING Thomas Republic, Hungary, Slovenia & Switzerland (STUHSS) Czech Republic (GdG) Austria Belgium, the Netherlands, France & Luxembourg Denmark, Finland, Norway, Sweden & Iceland DE ROOS George (Abvakabo FNV) The Netherlands WALDORFF Peter (HK/STAT & StK) Denmark PERRET (FGF-FO) France GYDESEN (FOA) Denmark Anne-arie Frede F Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Bulgaria, Romania & Turkey GREGER (Solidarnosc) Jadwiga Poland Germany GOSCH Ina (Ver.di) Germany F POLZER (Ver.di) Germany Ursula F Italy, Spain, Portugal, Cyprus, Greece & alta DOLGYRAS (ADEDY) Ilias BERNARDO Enzo (FP- CGIL) Greece Italy UK & Ireland SNAPE Liz (UNISON) UK F TBC UNION SYNDICALE FERNANDEZ CAACHO Jose (USF) 60

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64 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 6 6. Recomendación sobre la salud y la política social de la UE Brussels December 2003 ABSTRACT On 22 November 2002, the European Health Policy Forum (EHPF) conducted a session on health and social policy. embers of the EHPF; the European Public Health Alliance (EPHA), EuroHealthNet, and the European Federation of Public Service Unions (EPSU), delivered presentations outlining links between health and social policy. These organisations were consequently requested by the EHPF to draft a policy paper on the issue of health and social policy. The present paper being the result. The dynamic of the EU health strategy can be summarised by the inter-relationship between accessibility, improvement of quality and financial sustainability. The relationship between health and social policy is reflected in the accessibility. It is believed that it is important with a heightened attention on this issue as accessibility is a cornerstone in fighting the inequalities in health and following social exclusion. The European Commission should address this. One important way to address the issue of accessibility is through long-term preventive intervention. Doing this will lessen the financial pressure on health systems. This correlation should be recognized. Availability, accessibility, acceptability and quality must be taken as a foundation for reconciling national health policy with European obligations. In the future, the EU Treaty should priority citizens health, the European Commission should provide a coherent health policy through having a Commissioner for Health supported by a Directorate General for Health, more resources should be allocated to health and a balance between economics and social policy should be reflected in the European Commission s legislative proposals. Keywords Accessibility Equity in health Health promotion Resources to health This publication was produced by the European Health Policy Forum and represents the views of the authors. The European Commission provides the secretariat for the Health Policy Forum but is not part of the actual forum. Therefore the views have not been adopted or in any way approved by the Commission and do not necessarily represent the view of the Commission or the Directorate General for Health and Consumer Protection. The European Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this report, nor does it accept responsibility for any use made thereof. Reproduction of articles is authorised, except for commercial purposes, provided that the source is mentioned. 62

65 Apéndice 6 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Why a paper on health and social policy? The highest attainable standard of health is a global public good and a fundamental human right. Healthy populations are economically more productive and socially cohesive. Although throughout the European Union, life expectancies have increased and mortality rates have fallen, significant inequalities in health status exist within countries and across the Union. Individuals from lower socio-economic groups consistently have poorer health status throughout their lives, make the most use of primary and secondary healthcare services, are the lowest users of preventative health services and die as much as 10 years earlier than counterparts in more affluent areas. Furthermore, social exclusion impacts negatively on health as the most marginalised groups in society lack the social support needed to maintain health and well-being. The single largest determinant of ill health due to communicable diseases is poverty, whether defined by income, living conditions or education. In this respect accession countries face specific challenges on HIV/AIDS, TB, Diphtheria.2 A policy goal should be to reduce the proportion of the population that falls behind and the distance that it falls behind3. Health does not exist in a vacuum. It is dependent on the social and environmental context as well as high quality and effective healthcare systems. The goal of public health measures and the role of public health professionals in ensuring health for all parts of the community and population groups is important. Gains in health have been made in a number of areas such as cardiovascular disease and cancer. Challenges remain in these areas, to which enlargement will add a new seriousness. In addition the future will bring new challenges such as tackling the epidemics of obesity and poor nutrition in Europe and its resulting disease burden. This health problem is essentially a social issue, connected to food poverty, deprivation, access to fresh foods as well as how food products are manufactured and marketed. Furthermore, mental and physical health are closely interdependent, and neuropsychiatric disorders rank among the leading causes of disability adjusted life years (DALYS) in all ages in Europe.4 In addition, the specific needs of individuals with genetic disorders and rare diseases are not adequately addressed. Tackling these issues effectively will need coherent and concerted action in a number of policy areas. All healthcare systems in the Union feature common principles of solidarity, equity and universality of access despite their diversity in organisation and structure5. The European Social odel, or European social market economy, is recognised as a fundamental tenet upon which the EU is built.6 In the context of health, the challenge facing EU policy-makers is how to give substance to this tenet. The debate has been shaped by the need to reconcile principles of solidarity with the budgetary pressures that exist in the current economic climate and with future demographic changes. These critical issues have been highlighted by the European Commission in its Communication on the future of health care, which stated that the dynamic of the EU health strategy can be summarised by the following relationship7. Indeed this has been recently reiterated in the follow-up communication this year.8 2 For detailed overview of health aspects of EU enlargement see European Health policy Forum recommendations on health and enlargement, adopted November WHO European Health Report 2002, 4 WHO European Health Report 2002, 5 Conclusions of the Health Council, 26 June 2002, 6 Paragraph 22, final report of the European Convention Working Group on Social Europe, CONV 516/03 7 The future of health care and care for the elderly: guaranteeing accessibility, quality and financial viability CO (2001) 723 final 8 CO (2002) 774 final conclusions state that the replies (from the ember States) confirm the usefulness of the three broad objectives of access, quality and sustainability. 63

66 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 6 1. Accessibility 2. Improvement of quality 3. Financial sustainability The relationship between health and social policy is largely reflected in point one of the triangle - accessibility. In short, while the European-level debate over the last 2 years has focussed very largely on point 3 i.e. the financial sustainability of health, in the EU and ember State context, it is important that the fundamental principles upon which the provision of public health, health promotion and health-care systems are based, are adequately articulated. In order to do this, the necessity of a strong link between EU health and social policy must be clearly stated. Public Health and Health Care systems should reflect the following aspects; accountability to every EU citizen; respect for social equity so that universal access is maintained and; efficiency through genuine organisational innovation, rather than through rationalisation of public health and health care personnel or reduction in working conditions. Outlined below are the foundation stones upon which health in Europe is based. Principles of health and the Individual According to the World Health Organisation, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The United Nations International covenant on Economic, Social and Cultural Rights recognises; the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.9 The UN Committee on Social and Economic Rights adopted a General Comment on the right to health in ay 2000: An inclusive right extending not only to timely and appropriate health care but also to the underlying determinants of health (safe water, housing, food, environment, living/working conditions, information). The 1978 Alma Ata Declaration sets out the principle that governments have a responsibility for the health of their citizens including primary health care and that people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning and implementation of their health care.10 The Ottowa Charter for Health Promotion highlights 5 core tasks for reaching health goals: build healthy public policies, create supportive environments, strengthen community actions, develop personal skills, reorient health services. 11 The European Social Charter, adopted by the Council of Europe (1961, revised 1996) states that: Everyone has the right to benefit from any measures enabling him to enjoy the highest possible standard of health attainable.12 9 Article 12, UN international covenant on Social Economic and Cultural Rights 10 International Conference on Primary Health Care,

67 Apéndice 6 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Principles of Health and European Union Article 152 of the Treaty of the European Union (Amsterdam) 13 Everyone has the right of access to preventative healthcare and the right to benefit from medical treatment under the conditions established by national law and practices Charter of Fundamental Rights of the EU, Adopted in Nice, 12/ In its official submission to the European Convention, the Health Policy Forum requested the European Convention Working Group on Social Europe: To enshrine as a cornerstone of Social Europe, the unique existing principles of health equity and universality of access to health services in Europe, while respecting the right of the ember States to organise and deliver healthcare systems.15 Therefore framing health in the context of social policy is required to ensure that the accessibility financial sustainability quality triangle remains equilateral and indeed equitable. Recommendations The Intergovernmental Conference (IGC) should include a high-level of human health in Article I-3, Objectives of the Union. The EU should commit to implementing the internationally recognised human right to health and the determinants of health. The European Commission should identify social policy goals to reduce the proportion of the population that falls behind and the distance that it falls behind. The European Commission should address the specific health needs of marginalised and socially excluded groups. Outlining health and social policy in public health and health care systems Social Policy and Public Health The correlation between social exclusion and poor health is well established. People s lifestyles and the conditions in which they live and work strongly affect their health and longevity. The WHO has identified ten aspects of the social determinants of health which include preventing individuals from falling into long-term disadvantage, the impact of work or unemployment, the importance of early childhood, the role of family and social support, the need for good nutrition, sustainable transport and smoke free and healthy environments.16 There is evidence that efforts should be made to raise overall prosperity and relative distribution of health. The cycle of poverty ill health poverty is based on the following formulation: factors such as inadequate diet, lost opportunities, illiteracy, physical labour and environmental risks lead to ill health. This ill health in turn causes loss of labour, loss of income, and health-care costs, which 12 European Social Charter, Article 11 The right to protection of health 13 A high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all Community policies and activities. 14 Article 35, EU charter of fundamental rights 15 A Healthy Constitution for Europe, submitted to European convention on the Future of Europe 16 Social Determinants of Health: the solid facts WHO Europehttp:// 65

68 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 6 result in poverty.17 This, simplified, synopsis of social exclusion underlines the need for adequate social protection measures. The link between health and employment, income support, welfare, housing and education policies is crucial. In the health context this means preventative health strategies, such as health promotion programmes, to offset health inequalities and aimed at health maintenance and improvement. Specifically this means targeting vulnerable, marginalized groupings within society, particularly women.18 In outlining this case, it is important to highlight the positive economic contribution that health promotion strategies can make. In the current EU debate, the potential benefit of investing in public health and promotion is often overlooked or underestimated. Some data exists from the WHO Commission on acroeconomics and Health19 and the UK Wanless Report20 of the return on investment of health promotion. Initiatives to reduce smoking, increase physical exercise and alleviate stress and anxiety have led to higher productivity, less absenteeism and better overall health. Effective and well-implemented health and safety policies can reduce work-related accidents and ill health. The cost of work-related illness reaches almost 4 % of GDP across the Union, 500 million working days are lost due to work related accidents and illnesses and specifically stress, anxiety and depression, the reason for 18 % of workplace health problems, costs the EU economy 20 billion Euros per year21. Health promotion goals should include empowering individuals to take greater responsibility for their own health through the provision of appropriate key messages, infrastructure and social support. The long-term impact of proactive health promotion and prevention measures can be very positive in maintaining the solidarity-based nature of health-care system management. In other words taking the long-term preventative approach to health will lessen the financial pressures on health systems. Recommendations The European Union should address the inter-linkage between social disadvantage and poor health. The European Union should recognise the positive economic contribution of health promotion strategies Social Policy and Health-Care Systems The link between social policy and health care systems exists on many levels. At European level Regulation (EEC) No 1408/71, is the clearest example of this link22. However, reconciling national health policy with European obligations remains the most sensitive aspect of this issue. Article 152, paragraph 5 of the EU Treaty states that Community action in the field of public health shall fully respect the responsibilities of the ember States for the organisation and delivery of health services and medical care. However subsequent rulings by the European Court of Justice, in particular the Kohll (C-158/96), Decker (C-120/95) Smits-Peerbooms (C-157/99) and üller-fauré 17 International Council of Nurses, Poverty and Health: Breaking the Link 18 Article 34 (3) Social security and social assistance of the Charter of Fundamental rights of the European Union makes reference to social protection in case of illness. 19 WHO Commission on acroeconomic and Health 20 Securing our future health: taking a long-term view, an independent review 21 European Agency for Safety at Work statistics 22 Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community 66

69 Apéndice 6 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 cases (C-385/99), have challenged the extent to which the responsibilities of the member states takes precedent over internal market regulations. Despite the explicit reference to responsibility, National health systems are not immune from internal market rules. In this regard, as the European Court of Justice has constantly reasserted, health care services are covered by the principle of the "Free Provision of Services", one of the European Union s four fundamental freedoms. This has important consequences at a number of levels; for the organisation of health care services; for the future financing plans and for the mobility of patients. Therefore, drawing and redrawing the fine line between economic and non-economic activity, such as health-care, is what the legal concerns and ECJ judgments are about. Acknowledgements of these ambiguities and attempts to clarify them have started at the European level.23 The General Comment to the right to health adopted in ay 2000 by the UN Committee on Social, Economic and Cultural rights, provides 4 key evaluation criteria on health. These could be usefully integrated into national and European policy as indicators: Availability: functioning public health and healthcare facilities, with sufficient quantity. Accessibility: no exceptions; no physical, economic, information barriers, principle of nondiscrimination to apply. Acceptability: culturally appropriate and medically ethical procedures and techniques, which improve health. Quality: medically and scientifically appropriate and of good quality Recommendations In the debate on reconciling national health policy with European obligations, the European Union and it s ember States must take as its foundation the principles of availability, universal accessibility, acceptability and quality. The European Court of Justice should not in its rulings, formulate health policy. Policy-making is the competence of the Health Council and the ember States. The conclusions of the high level reflection group on patient mobility, should clearly state that the principle of mobility of patients must not increase/contribute to further health inequalities. Recognition at EU level of health care systems as non-economic services of general interest must be forthcoming. Future Focus Convention on the Future of Europe and the Intergovernmental Conference (IGC) The future EU Treaty must put an emphasis and priority on citizens health. This means that the Convention on the Future of Europe and the subsequent IGC, while recognising that the funding and organisation of health care remains a ember State competence, needs to combine the acquis already included in the Treaty, in particular the high level of social protection and a high level of human health, with the right of equal access to health included in the Charter of Fundamental Rights. The goal should be promoting accessible and financially sustainable and high quality healthcare organised on the basis of solidarity. This also means that European has seen the Commission Communication on health care and care or the elderly (and follow up), the European Parliament response (antovani report on health care and the internal market PE ) and the establishment of the High Level Reflection Group on patient mobility 67

70 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 6 policies must measure their impact on national health care systems in order to prioritise the principle of solidarity ahead of competition. Organisation of health in the EU institutions The profile of health needs to be raised amongst the institutions and clear leadership provided for a coherent health policy. This means having a Commissioner for Health supported by a Directorate General for Health. The fragmented approach to health issues would end by a reintegration of the policy areas of public health, health and safety at work, social affairs, recognition of health professional qualifications, pharmaceuticals and medical devices and environmental health. These are currently managed by Directorates General SANCO, EPL, ARKT, ENTERPRISE, DEVELOPENT, TRADE and ENVT. In addition, the role of the European Health Policy Forum should be noted as being particularly relevant, due to the broad range of stakeholders represented. In particular, opportunity should be given to the stakeholders to identify and articulate issues, which may not have been identified within the EU s health strategy. Resources for health at EU level The level of funding for health at EU level and particularly the new EU Public Health Programme is inadequate. At 312 million Euros over 6 years, this is the equivalent of less than 14 cents per person per year. In the context of the threat of bioterrorism and communicable diseases, such as the SARS epidemic, it is logical that significant emphasis should go towards a surveillance network and the planned European Centre for Disease Prevention and Control. However, a large proportion of the funds from the new Programme will go towards reinforcing cooperation between ember States on these issues and therefore not be available for activities by civil society and the public health community. Advantage needs to be taken of the bridging role that civil society and the public health community plays, in ensuring that socially excluded groups are given a voice. The local community focus of civil society groups is an element that needs to be given particular emphasis. Strengthening the capacity of NGOs to fully participate in EU policy-making related to health must be a key priority. There should be recognition by the EU budgetary authorities (Council, Parliament) of the economic savings offered by effective health promotion and prevention and realistic, adequate funding should be allocated for public health programmes as an essential strategic investment. Indeed, the Lisbon goals of becoming the most competitive knowledge based economy in the world with sustainable economic growth can only be met if sufficient investment is made in health prevention and promotion. The EU Public Health Programme must take into account the needs of Europeans with disabilities, many of whom are socially excluded, and are consequently more vulnerable to related health problems, when setting out its agenda is European Year of People with Disabilities so now is the right time to address this This point is valid in the general context of social exclusion and disability, but has been specifically referenced by the European Blind Union, which highlights the need for health campaigns and health information to be in formats accessible for blind and partially sighted people. It details how this can be achieved in its working document The Access to Information Principles and Guidelines. 68

71 Apéndice 6 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 The human rights of refugees, asylum-seekers and illegal immigrants of access to appropriate and high quality healthcare facilities needs to be safeguarded25. Today, certain ember States have remained neutral in an increasing climate of hostility towards immigrants, inviting medical authorities to re-assess policies regarding illegal immigrants. The Open ethod of Co-ordination, including the definition of common objectives determined at European level and implemented at national level, including the introduction of qualitative and quantitative evaluation indicators and a monitoring and assessment procedure is needed for health policy issues. ember States should be supported in developing innovative approaches to health care policy which aim to preserve solidarity in financing health care, informing citizens about their cross border health care rights, supporting European wide training measures for health care professionals, supporting cross border co-operation between health care institutions and establishing binding and non-binding quality standards in health care. The European Commission should introduce a rigorous health impact assessment mechanism in order to ensure that a high level of health protection is ensured in all EU policies. Furthermore, the introduction and implementation of health impact assessments at national level should be encouraged. Criteria need to be outlined to ensure that applied and basic research is conducted in a manner, which promotes the widest possible application of, and access to the findings. The priority given by the European Union to combating poverty and promoting social inclusion should make access to quality care for all one of the key indicators of success. European Policies The balancing of Economic and Social Policy in the context of health needs to be reflected in commission legislative proposals (European Commission Green Paper on Services of General Interest). The Commission, in the framework of the WTO, must defend in GATS (General Agreement on Trade in Services) the concept of health care services as part of services of general interest, and therefore exempt from WTO GATS rulings. The scoreboard on the implementation of the social agenda for social policy should make explicit, annual reference to the health status. Recommendations as to how this can be practically achieved should be tabled by the EHPF. Active support for the social dialogue process as a progressive method of insuring a high level of health must be forthcoming.26 Recommendations The Intergovernmental Conference (IGC) must provide the legal basis to combine the acquis already included in the Treaty, in particular the high level of social protection and a high level of human health, with the right of equal access to health included in the Charter of Fundamental Rights. The goal should be promoting accessible and financially sustainable and high quality healthcare organised on the basis of solidarity. 25 European social charter (1996) Article A recent NHS study in the UK showed a marked improvement in patient care due to the introduction of partnership mechanisms between staff and employers. This has also been recognised by the International Labour organisation

72 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 6 In order to properly assess the link between health and social policy, a Commissioner for Health supported by a Directorate General for Health should be established. The Commissioner for Health should formulate a system to allow that European policies measure their impact on national health care systems in order to prioritise the principle of solidarity ahead of competition. The EU Public Health Programme funding should be significantly augmented. The EHPF should work to raise awareness of the contrast with resources allocated at EU level for other policies such as scientific research, CAP and in particular subsidies for tobacco farmers in Europe. Recognition should be given to, and advantage taken of the bridging role that civil society and the public health community plays, in ensuring that socially excluded groups are given a voice. There should be coherence between internal and external policies of the Union. The European Commission should ensure that as the mandated interlocutor for the World Trade Organisation (WTO) negotiations on the General Agreement on Trade in Services (GATS), all requests to third countries in the field of health respect the right of those countries to exempt health from negotiations, based on the rationale of the specificities of health care delivery as used by EU member states. The European Commission should give full support to the development of the social dialogue process in the hospital sector in the EU. It is recommended that this document be reassessed on a biennial basis to incorporate developments in health and social policy, and to reflect the evolution of the European Health Policy Forum. 70

73 Apéndice 6 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 ANNEX 1: LIST OF SUPPORTING ORGANISATIONS AER AESGP AGE AI ASPHER BEUC CHANGE - Lila-Cedius CPE EAGS EATG EBU ECH ECL EDF EFA EFPIA EGA EHA EHN EHTEL EA ENSP EPHA EPSU ESHD EUCOED EUPHA EUROCARE EuroHealthNet EUROPA DONNA EURORDIS GAIAN-EUROPE GIRP HAI HOPE IAPO IPPFEN IUHPE HE-SE PCN PGEU Red Cross/EU UEHP/CEHP UES/EUS Youth Forum Jeunesse 71

74 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 7 7. Declaración conjunta de la Unión de la Industria Eléctrica- EURELECTRIC y FSESP/ECEF sobre IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD INTRODUCTION The Social Partners in the electricity industry - the Union of the Electricity Industry-EURELECTRIC and EPSU/ECEF, representing the employers and trade unions respectively - state their commitment to the construction of a democratic, pluralist, tolerant and open Europe which respects the dignity and integrity of all human beings. EURELECTRIC and EPSU/ECEF reaffirm that equal opportunities and diversity in working life is one of the main goals in the work of the sectoral social dialogue committee of electricity sector. The Social Partners recognise that the industry shall not practice discrimination against employees on the basis of age, health, national or ethnic origin, sex, sexual preference, language, religion, opinion, family ties, trade union activity, political activity or any other comparable circumstance. Employers in the electricity sector uphold the principle of non-discrimination regarding advertising, recruitment and selection. Equally they will uphold the non-discrimination principle in regard to fixed-term and part-time workers. Diversity in the workforce should be seen as an asset that brings new ideas and perspectives and different behaviour and ways of working. Employee-diversity reflects customer-diversity. To gather together different competences and lifestyles should be seen as a strategic asset to the business development of the sector. Differences create opportunities and should not be considered as a threat. We recognise that discrimination extends to all spheres of social life and is not limited to the world of work. Combatting discrimination helps to build a more prosperous and healthy society, a necessary prerequisite for the development of a good business environment. The fight against discrimination is therefore a win-win strategy that may promote both equity and economic efficiency. Among the several types of discrimination, equality between sexes and demographic ageing of population are perhaps the most severe problems that our sector will face in the future. The Social Partners welcome the fact that the European Union has set itself the task of promoting equality between women and men and combatting discrimination. This statement and a follow-up study on diversity are intended to contribute to the promotion of equality between women and men at work. BACKGROUND This statement has been drawn up in the context of earlier statements and studies of EURELECTRIC and EPSU/ECEF such as the 1998 EcoTec study on the impact of restructuring on women; the employment study and joint statement; and ongoing work on life-long learning. Equal opportunity between women and men at work is a fundamental principle of the European Community. The EU Treaties and equality directives have had an important and innovative role in the development of equality principles for workers. These include the principle of equal pay for work of equal value and equal treatment in terms of working conditions in employment, career prospects, education, access, and rights at dismissal or conclusion of employment. The European 72

75 Apéndice 7 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Commission s Annual Equality Reports have highlighted the fact that the equality agenda continues to change. The Social Partners in the electricity sector welcome the inclusion of equality issues in the European Employment Guidelines. These stress that special measures need to be taken to ensure equality in considering employment. Gender segregation needs to be broken down. PRINCIPLES The goal of the Social Partners is to contribute to the achievement of equality of opportunity between women and men. They understand by this that equality of opportunity between women and men in working life exists when women and men have the same formal and practical rights and the same practical opportunities to: gain and keep employment; be educated so as to develop and be promoted in their work; be found in approximately the same proportions in different occupations and level of hierarchy; enjoy the same conditions of employment, e.g. equal pay for work of equal value; combine employment, family life and civic activities; ensure that workplaces, methods of organisation and working conditions in general are adapted to both women and men. The Social Partners agree that equality is also a matter of democracy at the place of work. Women and men should have the same formal and practical opportunities to take part in and have responsibility for decisions at work. The Social Partners therefore; recognise the responsibilities all social partners have to apply and give effect to rights under EU law agree that equal opportunities are a vital issue - as such equality of opportunity should be an integral part of the general human resources management of the workforce would emphasise the role that access to appropriate child-care provision plays in promoting full participation for both women and men within the work-place. The Social Partners take note of the 1992 EU Child Care Recommendation that ember States act to ensure availability of adequate good quality childcare provisions at affordable prices. Positions The Social Partners are committed to a co-operative approach, recognising the complex nature of questions and issues that arise. The following points need to be addressed, not necessarily in any order of priority. Promoting positive action Supporting and encouraging the development of women and men into non- traditional roles, including the development of a more representative workforce at all levels, by promoting positive action. 73

76 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 7 Training and development In the electricity sector one of the major reasons for the persistence of discrepancies between the situation of women and men is vocational segregation on the labour market. The answer to vocational segregation should lie in measures to diversify women s educational and professional choices, in particular through vocational guidance to improve women s access to new occupations; raising awareness; and providing information and images of women engaged in non-traditional activities, particularly those related to occupations in the energy sector. Encouraging and supporting development of flexible training and development to accommodate and maximise the potential of all employees regardless of mode of employment or family responsibilities. In this regard the development of programmes for vocational education and training would have an important role. Combatting sexual harassment Developing comprehensive programmes to prevent sexual harassment at or in relation to work based on the EC Recommendation and Code of Practice on the protection of the dignity of women and men at work; developing appropriate remedies for handling complaints and disputes which arise. Work-Life balance: employment policies and practices Retaining the skills and experience of workers as their family and career commitments develop, by implementing supportive policies and practices which reflect the reality of workers lives. Equal opportunity policy should have the objective of supporting a good balance between working life and family life for both men and women and should also aim to develop the attractiveness of our sector within the society. Division of family responsibilities is a key element for the integration of women into the labour market. A key factor for success also lies in the gradual elimination of cultural stereotypes through awareness campaigns to encourage men to carry out more family tasks. Encouraging the voluntary adoption of equal opportunity policies Equal Pay for Work of Equal Value Endorsing the principle of equal pay, the social partners will endeavour to ensure application of the principle by electricity companies. Reducing the pay gap between men and women is considered a crucial issue for discussion between the social partners. Reorganisation Initiating the development of methods for creating and applying a gender perspective throughout the process of modernising and restructuring electricity companies. Companies and their employees should reflect customers diversity and the open society surrounding them. To achieve this is essential. 74

77 Apéndice 7 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 To promote exchange of information and good practice at electricity company level and raise awareness of discriminatory phenomena among all. The approach to this should be based on trans-national co-operation. To encourage the voluntary adoption of diversity and equal opportunities policies. Ageing Ageing is a particularly acute problem for the electricity sector. Two factors impact on the issue of ageing of employees. Firstly, the average age of the sector s employees is already higher than in the society in general and in other business sectors, and secondly the evolution of the age pyramid in the European population will make this problem more severe. This trend, coupled with the transformations that the sector is facing, threaten to create a gap between the required skills and acquired skills of older employees and efforts must be made to avoid this happening. To develop training programmes that will increase the employability of older employees. To encourage employees to develop employment paths based on the recognition of acquired skills and learning. To develop practical strategies to make the sector more attractive to younger people. Work organisation The Social Partners emphasize that equal opportunities strategies must be developed within the context of new ways of work organisation which: use resources efficiently and effectively to deliver quality services; maximise the quality, motivation and performance of staff; nurture co-operation and break down dysfunctional barriers. The social partners equally recognise that workers social needs and responsibilities as well as their need for employment security form part of the context within which new ways of work organisation are developed. The Social Partners are committed to co-operating in developing greater awareness and understanding of the diversity of the workforce, especially in relation to areas where skills, qualifications and experience may be underdeveloped. CONCLUSIONS and Recommendations It is clear from the Commission s reports into equality issues and our own experience that this must be considered as a long-term issue. EURELECTRIC and EPSU/ECEF recommend that the social partners at the appropriate level assign a high priority to the issues raised in this declaration. In order to address the complex issues facing women in the electricity industry, a strategy needs to be adopted at national, regional, sector and company level. The EcoTec report contained a number of recommendations, which formed the basis for the objectives of this joint statement. These objectives and outlined actions can be developed in more detail at sector and company level to form a strategy for achieving gender equality. These actions could comprise networking activities (seminars, conferences etc.), benchmarking, awareness-raising campaigns, partnerships between economic, political and social actors, etc. 75

78 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 7 A strategy can be implemented as a series of programmes of action with target/completion dates, following consultation and agreement with the relevant Trade Unions and workplace representatives, including, where existing, European works councils. The new Equal Treatment Directive provides a framework for data-collecting which would allow the social partners to address inequalities. Equality audits are recommended as a particular fruitful way forward, to be discussed between the social partners concerned. They can result in equal opportunity and diversity policies for the company, ensuring they become part of the mission of the company. EURELECTRIC and EPSU/ECEF should encourage programmes aiming to increase equal opportunities and diversity. Collective agreements and other initiatives could be among the instruments in this regard. Such considerations include the development of tools and methods necessary to achieve equality 2003 Actions EURELECTRIC and EPSU/ECEF have decided to continue to work on addressing the issues raised in this statement. A study into diversity issues will be undertaken in The Social Partners will work together to contribute to redressing any gender pay gap. EURELECTRIC and EPSU/ECEF further recommend that the statement be taken as a basis for measures to address equality, diversity and ageing challenges at national and company level. Future evaluations are recommended within a time-frame to be decided on by the Social Partners. 76

79

80 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 8 8. Declaración conjunta de Eurelectric, ECEF y FSESP, e informe final correspondientes al estudio sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida en el sector eléctrico Introduction In the race towards recruiting and retaining the best available workforce in the European electricity industry, continuous training of staff and a proper matching of the skills of workers with the demands of a changing environment are of the utmost importance. In order to preserve itself as an attractive employer, and to maintain its competitiveness, the electricity sector must find suitable ways to ensure that its personnel retains its skills at an appropriate level. Training policy is an issue which is discussed at the European-level electricity sector social dialogue. This dialogue brings together the social partners EURELECTRIC, representing employers, and ECEF and EPSU, representing employees. During 2001, the electricity sector social partners decided to launch a number of common activities to find out more about the area of skills and training of the workforce, in order to reflect on the challenges the industry will face for the future. The concept of life-long learning was seen as an interesting issue to investigate. Life-long learning is a key tool for the training policies of the electricity sector. It allows company specific policies to be used to tackle the issue of continuous training of staff. In order to concretise this growing interest, the social partners decided to launch a study on Life-Long learning in the electricity sector. The study was undertaken as a survey among electricity companies in several countries. As a joint effort, the partners drafted a questionnaire to investigate the various aspects of life-long learning and the associated policies. The questionnaire was sent to European electricity companies and answers were collected during The analysis of the questionnaires was outsourced to Syndex SA, a French labour relations consultancy. Conclusions In a separate process, the social partners have drawn conclusions for the future on the basis of the study. According to those conclusions the main outcomes of the study are. There is agreement on the importance of life-long learning between the social partners. The following statement was widely supported: All learning "from cradle to grave", from the early years through adult life - including the Third age - encompassing a common core of knowledge and skills which goes beyond basic numeracy and literacy. Not only about employment-related skills, but also about updating all kinds of abilities, interests, knowledge and understanding throughout life. All kinds of learning, including non-formal, such as acquiring vocational skills at the workplace or language skills from participating in a study circle organised by an NGO and informal skills, such as learning how to play football or an instrument together with friends. Therefore, lifelong learning can be defined as "all purposeful learning activity, undertaken on an ongoing basis with the aim of improving knowledge, skills and competence". Changes in the electricity sector (liberalization, competition, introduction of new technologies, etc) have produced changes which have impacted on employees. Transformation is seen in emerging skill gaps between qualifications of employees and new needs of the companies. Not only older employee populations are faced with this problem since the younger employee population have fewer professional skills; and the female population are not often encouraged by formal equal opportunities policies. 78

81 Apéndice 8 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 The skills gaps, focus among other things on the issue of training in a new broader framework. One other conclusion is that specifically concerning the older part of the employee population. Less than 30 percent of the companies in the survey have special programmes to encourage the older employee population to get involved in mobility programmes. From the Ecotec survey we have learned, that up until now, companies in the sector have managed staff reductions in a socially responsible manner. The social partners agree that restructuring in the European Union electricity industry should continue to take place with respect for social standards as laid down in relevant legislation and collective agreements and be realised in a socially responsible manner. This strategy has in some countries been supported by government policies concerning solutions involving early or partial retirement. It is clear that in the future there will be far less resources to support early retirement. This is due to the high costs resulting from the evolution of the age pyramid. The strategy might also contribute to an erosion of certain skills and expertise with workers leaving the sector. The question of internal and external mobility of older employees is therefore becoming a major challenge for companies in the sector and requires investment supporting mobility through programmes for skills and learning both formal, non-formal and in-formal. This type of investment supports not only mobility but also employment security. The impact of change and restructuring in the European electricity sector on the social and professional situation of women is not clearly identified although there is a joint study: The Impact of Restructuring on Women in the Electricity Industry (1998). The industrial electricity sector is marked by a very low level of female employment and this rate does not seem to have changed for several years. The professional sector is still heavily based on the inequality of the sexes, women being employed mainly in HR management, administration, secretarial and sales. The facts show that men still have easier access than women to internal and external training In many companies in the sector there is a growing awareness that the underrepresentation of female employees could adversely affect the performance of the industry, particularly as in the near future, electricity companies will be faced with a growing need to adapt to the increasing pressures of competition when it comes to recruitment. The study indicates that young workers entering the industry while being well qualified in certain respects, often lack skills in areas important for the electricity companies. The opportunities for young workers to commence as apprentices re-main important. Not many collective and other agreements deal with this however. A effort of the social partners to examine this is recommended. The results of the study show that there is a lot of good practice at the European level on the implementation of action for lifelong learning and training. Particularly on the following main aspects: optimisation of access conditions for the tar-get populations to lifelong education and training and the development of efficient teaching and training methods. A genuine interest is shown from all parties in improving the status, quality and recognition of learning on the job and in the community. There is also an awareness of the need to support the introduction of new learning methods. It is necessary to compensate more theoretical methods of teaching and training through the acquisition of skills, making it possible to act with full knowledge in their professional as well as social and personal lives. Learning is first of all an interactive, group activity, in which learners take personal responsibility for the gaining of knowledge, with the support of resource providers; teachers, instructors or colleagues. This type of learning is nothing new, but its appropriateness and value remain underestimated. 79

82 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 8 According to the study training has commenced in a minority of companies through a process of collective agreement.. There is a clear task for companies together with local trade unions to consider training and life-long learning in their joint approaches to the challenges facing the sector. Recommendations: On the basis of the study report and the above conclusions the social partners will continue to monitor the needs for life-long learning. EURELECTRIC, ECEF and EPSU are, for the benefit of companies and employees, committed to explore jointly ways to provide in-formation concerning those needs. As a part of those efforts the social partners propose a joint workshop to explore the needs for life-long learning focusing on learning from good practices. EPSU, ECEF and EURELECTRIC recommend that the social partners at local, sectoral and national level explore what is possible to improve situation and establish further frameworks on training and life-long learning. The project Life-Long learning in the Electricity Sector was partly financed by the European Commission B budget line, which includes funds made available by the Commission to the European-level social dialogue. The social partners EURELECTRIC, ECEF and EPSU wish to express their gratitude to the European Commission for financially allowing this study to be undertaken. Brussels arch 2003 EURELECTRIC ECEF EPSU EPSU 80

83

84 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice 9 9. Programa de trabajo del Comité de diálogo social sectorial de la industria eléctrica para Status of document: Agreed during the plenary session of the sectoral social dialogue committee electricity 15 December Dates already foreseen - Plenary 22 June and 15 December - Work groups 16 arch and 15 October Issue How Dates Equality and diversity; Equality project formulated Survey of workers and Ongoing in 2004 evaluation of use of joint and subsidy approved by managers (see method eetings of the statement Commission used for skill needs Steering Committee project). linked to planned Steering Committee meets 2-3x times to accompany Companies included workgroups. Presentation of results the project and encourage agreed. Workshop/ participation. Conference in University of Cardiff November? Work shop at end of project Selected companies Discussion of conclusions/ recommendations plenary 15 December Skill needs project Project ended. (survey, study) Finalising: Agreeing the conclusions, recommendations, use of the study (secretariat and steering committee) Translation of executive summary. Joint statement. Approaching social partners, ember States, EU institutions. Publication, press? eeting of drafting group. Workgroup 1 arch to have discussion (agree?) Formal agreement plenary June Enlargement project Project ended. (3 regional conferences) Follow up to be decided second ½ of 2004 or 2005? Guide on best practice (experts to draft) Steering committee, experts in February? Finalising: Agreeing the conclusions, recommendations, use of the analysis (secretariat and experts) Security of Supply Discussion on developments regarding security of supply Joint statement, Approaching social partners, ember States, EU institutions Publication, press Comparing positions of the social partners to establish if there is a basis for further joint work Representing a joint voice of the sector Workgroup 1 arch Expert group before summer Results to be presented to Work group 15 October? for consideration if we continue Employment Commission to update study Limited number of experts on both sides Update of existing study Commission to initiate the study Joint statement September 2002 (Budapest) foresaw a joint approach towards Commission: update on Joint demand to be formulated Joint demand to be approved 1 arch 82

85 Apéndice 9 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 Social implications of EU energy policies impacting on the sector study, taking account of new member states Several new directives have appeared over the last few years. Some with possible negative, some with possible positive social/ employment consequences. Joint demand to be formulated. Joint demand to be agreed 1 arch Commission to carry out the impact assessment EU-Russia dialogue Energy Important background to the work of the SD committee to understand how these factors/ trends impact on the sector Social dimension of the EU-Russia Energy Dialogue; Social implications of the interconnection; Representation to Delegation of the sectoral social dialogue committee to meet with Russian counterparts. 2 day visit? Second half of 2004 In principle agreed, practicalities to be considered. Commission to invite social partners Health and Safety Original health and safety statement of 1996; to be considered if statement needs updating in light of new directives; enlargement; Health and safety experts After 1 arch Working group Corporate Social Responsibility, including corporate social restructuring - issue of stress any companies consider policies on this Eurelectric to formulate more exactly what is proposed. Unions stated positive attitude In principle agreed. Terms of reference to be decided. Representative of Commission to be invited to plenary to introduce CSR. Overview of what is taking place in companies. 83

86 Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) Apéndice iembros de la Coalición por contratos públicos verdes y sociales The Platform of European Social NGOs European Disability Forum Coalition for Green and Social Procurement NETWORK OF EUROPEAN WORLD SHOPS For more information: EUROPEAN ENVIRONENTAL BUREAU (EEB), Dr Karola Taschner, WWF EUROPEAN POLICY OFFICE, Beatrix Richards, EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS, Jan Willem Goudriaan SOCIAL PLATFOR, Simon Wilson, EUROPEAN DISABILITY FORU, Carlotta Besozzi, GREENPEACE, SOLIDAR, Suzy Sumner, EUROPEAN FAIR TRADE ASSOCIATION, ariano Iossa, CLIATE ACTION NETWORK EUROPE, Rob Bradley, CLIATE ALLIANCE, European Secretariat, Dr Andreas Kress, FAIR TRADE LABELLING ORGANISATION INTERNATIONAL, Network of European World Shops, INTERNATIONAL FEDERATION FOR ALTERNATIVE TRADE, ariano Iossa, OXFA, P Bloomer, EUROCITIES, Eva Schultz, CLEAN CLOTHES CAPAIGN, Carole Crabbé, 84

87 Apéndice 10 Informe de Actividades - Enero-diciembre de 2003 The European Federation of Public Service Unions, EPSU, is a free and democratic Federation of independent trade union organisations for employees in public services in Europe. EPSU is a member of the ETUC. Tel: Fax: EPSU speaks on behalf of over 180 public sector unions representing 10 million organised workers in national and European administrations, local and regional government, health and social services and public utilities (energy, waste, water). The European Environmental Bureau (EEB) is a federation of 140 environmental citizens organisations based in all EU ember States and most Accession countries, as well as a few neighbouring countries. Tel Fax These organisations range from local to national to European and international. The aim of the EEB is to protect and improve the environment of Europe and to enable the citizens of Europe to play their part in achieving that goal. The Platform of European Social NGOs Tel: Fax: European Disability Forum Tel: Fax: The Social Platform is an association of over 30 European nongovernmental organisations, federations and networks that work in the social sector and uphold the interests of a wide spectrum of European civil society. The Platform includes associations of organisations representing women, older people, people with disabilities, unemployed people, migrants, people living in poverty, gays, lesbians, young people, children and families, and NGOs working on social issues such as social justice, homelessness, lifelong learning, health and racism. The Social Platform s main objective is to build a Europe for all by advocating social inclusion and social justice, and fighting against all forms of discrimination. The European Disability Forum (EDF) is a European umbrella organisation with 70 European NGOs and 17 National Councils from all of the EU and EEA as members. EDF represents the interests of 37 million disabled citizens in the EU and EEA. Our mission is to advance disabled people s human rights and promote equal opportunities in the EU Institutions and ember States in accordance with principles of non-discrimination. Greenpeace is an independent, campaigning organisation that uses non-violent, creative confrontation to expose global environmental problems, and force solutions for a green and peaceful future. Tel: Fax: diala.greenpeace.org Tel: Fax: Greenpeace's goal is to ensure the ability of the Earth to nurture life in all its diversity. The mission of WWF is to stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by: - conserving the world's biological diversity, - ensuring that the use of renewable resources is sustainable, and - promoting the reduction of pollution and wasteful consumption. WWF's ultimate goal is to stop, and eventually reverse, the accelerating degradation of our planet's natural environment, and to help build a future in which humans live in harmony with nature. 85

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