LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: OBJETIVOS, EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS

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1 Sergio Álvarez Camiña* LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: OBJETIVOS, EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS Este artículo pretende hacer una aproximación a las cuestiones básicas de la regulación aplicada a los seguros privados, identificando las razones de la intensa actuación pública en este ámbito de los servicios financieros, desde el punto de vista de los principios y también de la experiencia reguladora en España durante casi cien años. Se trata igualmente de poner de manifiesto las nuevas orientaciones de la regulación pública en materia de seguros, que constituyen el sustrato de las reformas que se están gestando en este momento y que determinarán el comportamiento de los agentes y del mercado de seguros en el futuro próximo. Palabras clave: seguros, regulación, supervisión, solvencia, transparencia, innovación financiera. Palabras clave: G La regulación y el mercado de seguros privados. Por qué regular los seguros privados? Los seguros privados, como parte del conjunto de servicios financieros, están sometidos a una intensa regulación que es, a un tiempo, condicionante e impulsora de su actividad y que somete a las entidades aseguradoras a la supervisión prudencial de los poderes públicos por su papel en el circuito de flujos financieros de la economía. Un papel clave singularmente en relación, como gestores de fondos ajenos, con la canalización del ahorro a largo plazo y la articulación de la previsión social, pero también por su relación con ciertas funciones públicas como, por ejemplo, las relativas al sistema de * Subdirector General de Seguros y Política Legislativa. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Ministerio de Economía y Hacienda. seguros obligatorios y, en último término, como instrumento básico de estabilidad económica al permitir que el sector productivo pueda transformar en costes asumibles económicamente riesgos que, de materializarse, serían de imposible asunción. Ahora bien, si como señala la teoría económica y muestra la experiencia, el libre mercado competitivo es capaz de asignar los recursos escasos de una manera eficaz y aumentar la productividad, incrementando el valor de los servicios aportados al mercado y las posibilidades del consumidor, cabe preguntarse entonces cuál es la razón de ser de la regulación de los seguros privados. Con carácter previo hay que aclarar que el concepto de regulación que se utiliza en este artículo es una definición estricta como conjunto de normas en que se materializan las decisiones del legislador o del gobierno en materia de seguros, que tienen por objeto influir en el Noviembre-Diciembre N.º 833ICE 101

2 SERGIO ÁLVAREZ CAMIÑA correcto funcionamiento del mercado y de los agentes que en él intervienen con la finalidad de la protección de los clientes, en nuestro caso, de los asegurados, y al mismo tiempo, conseguir mayores grados de innovación y eficiencia en el mercado. Distinta de la regulación así entendida, aunque estrechamente relacionada con ella, es la supervisión que puede entenderse como el conjunto de procedimientos, medios y potestades públicas orientadas a la verificación de las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas que afectan a los sujetos obligados, incluida la capacidad de intervención directa y de sanción 1. Bajo esta perspectiva, la respuesta al por qué de la regulación pública hay que buscarla en que los mercados financieros, y entre ellos el de los seguros, presentan ciertas imperfecciones que deben ser corregidas mediante regulaciones. En el ámbito de los seguros, los problemas generalmente identificables son los de asimetría de la información, las limitaciones a la competencia y la existencia de riesgos sistémicos. Así concebida, la regulación es necesaria para corregir las imperfecciones del mercado y el grado de regulación necesaria dependerá de la sofisticación del mercado. En relación con los problemas de información asimétrica, hay que recordar que el supuesto del modelo económico de competencia perfecta de que tanto compradores como vendedores están bien informados, no se cumple por lo general en los mercados financieros, y la situación de los seguros es especialmente crítica a este respecto. Puede decirse que la asimetría de la información constituye la imperfección del mercado más importante en los seguros. La asimetría que justifica la intervención pública de carácter regulador es la que se 1 Esta distinción teórica diluye sus contornos en la práctica ya que la configuración del régimen jurídico de los órganos reguladores y supervisores tiende a atribuirles funciones mixtas de carácter normativo y de control. Por otra parte, en el ámbito anglosajón se diferencia entre regulation (normativa y reglas de comportamiento), monitoring (vigilancia del cumplimento de la normativa) y supervision (control más general de la actividad de las entidades financieras). da en contra del cliente, es decir, el caso de la información de que disponen las entidades aseguradoras y de la que carecen los asegurados. Esta información se refiere a un amplio conjunto de cuestiones: desde los verdaderos perfiles de riesgo de los productos que se contratan y su valor comparativo hasta la solvencia de la entidad en la que el cliente confía sus ahorros y su previsión. Hay que tener presente que los clientes suscriben contratos que pueden tener una larga duración, cuyo valor exacto puede no estar determinado en el momento en que se contrata, o cuyo valor es determinado por la entidad en función de la evolución de determinadas variables. Son estas limitaciones las que acarrean la necesidad de una regulación protectora del cliente, en forma de exigencias en materia de información previa a la celebración del contrato, de regulación de aspectos básicos de los contratos y, por supuesto, de la regulación de la solvencia de las entidades, así como la vigilancia del cumplimento de todo ello a través de la supervisión prudencial. Por lo que se refiere a las limitaciones a la competencia, no cabe duda que los mercados de seguros competitivos resultan beneficiosos para los consumidores. No sólo la competencia en primas sino también en otros aspectos como la diferenciación de productos, o la conservación de una buena reputación. Sin embargo, las entidades pueden pretender limitar la competencia mediante acuerdos para fijar primas o utilizar cálculos de siniestralidad de forma conjunta, más allá de lo justificable. La regulación sobre bases técnicas y tarifas de primas vendría a solventar este problema garantizando requisitos mínimos de equidad y suficiencia. El riesgo sistémico, esto es, el conjunto de efectos en cadena que se produce cuando la quiebra de una institución financiera conduce a la quiebra de otras, que es un riesgo muy característico del sector bancario, tiene en el ámbito asegurador unos efectos mucho más limitados dadas las características propias de la actividad y las garantías de solvencia que se exigen a las aseguradoras, de forma que las posibilidades de que la crisis de una entidad se contagie a otras son reducidas, al menos 102 ICE Noviembre-Diciembre N.º 833

3 LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: OBJETIVOS, EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS en el ámbito del seguro directo 2. Sin embargo, aun cuando no existiera riesgo sistémico en términos de solvencia del sector en su conjunto, sí existe un riesgo de reputación del sector, que afecta a la confianza de los ciudadanos en el mercado de seguros y en las entidades que en él intervienen, y que debe ser considerado. Ahora bien, la regulación y la supervisión tienen sus propias limitaciones que producen imperfecciones y generan dificultades para los sujetos que intervienen en el mercado. Así las regulaciones pueden generar ciertas limitaciones a la competencia; por ejemplo, las regulaciones excesivamente complejas, en un ámbito que necesariamente lo es, pueden imponer barreras de entrada al mercado o cargas disuasorias. Respecto a la supervisión, hay que mencionar los casos de intervención obligada, generadores de riesgo moral; son los supuestos de entidades «demasiado grandes para quebrar» a cuyo auxilio ha de acudir el supervisor para evitar mayores problemas, aunque sólo sean de confianza en el sector. Y el tamaño en el ámbito asegurador es una cuestión relativa: una entidad de tamaño mediano puede afectar a un número de asegurados elevado. Entre las distorsiones producidas por la normativa hay que hacer especial mención al arbitraje regulador, tanto entre diferentes países como entre diferentes sectores. El hecho de que la regulación de productos similares en sus características técnicas y económicas sea diferente dependiendo del tipo de entidad financiera que ofrece el producto provoca que se estén introduciendo incentivos no deseados para que los productos sean ofrecidos por el segmento menos regulado dentro del sistema financiero, en detrimento del sector que está sometido a un mayor esfuerzo regulador y, generalmente, a un mayor esfuerzo financiero. Además, la distorsión se puede producir también por la quiebra de la neutralidad producida por la normativa fiscal que trata de forma especial a diferentes sectores. Un claro ejemplo lo constituye el diferente tratamiento fiscal de los productos de seguros de vida y otros productos de inversión disponibles en el mercado. Es bien conocido que las consideraciones de índole tributaria han provocado el diseño de productos de inversión con apariencia de seguros de vida, incluyendo escasa cobertura de riesgo. Esto no constituye necesariamente un problema de solvencia ni de credibilidad del sistema, pero puede generar confusión a los consumidores y tiene efectos indeseables sobre el cumplimiento tributario, en sus principios más básicos de igualdad y capacidad económica. Por último, dentro de las limitaciones de la regulación, no puede dejar de citarse como un obstáculo la complejidad del proceso legislativo. Cuando, ante un problema de mercado, existe una solución que se quiere llevar a la normativa reguladora de la actividad, lo prolongado del proceso legislativo o reglamentario puede provocar que cuando la nueva norma está finalmente en vigor esté ya desactualizada. Igualmente la ausencia de una valoración previa de los efectos económicos de la regulación constituye una fuente de incertidumbre sobre la eficacia real de las normas; en este último aspecto, se han apuntado ya iniciativas de mejora de la calidad de la regulación 3. Bajo las consideraciones anteriores, el papel que cabe atribuir a la Administración en el mercado de seguros privados parece que debe ser el de garantizar el libre funcionamiento del mercado, vigilando el equilibrio 2 Los casos más evidentes de riesgo sistémico se podrían dar en la relación entre las entidades aseguradoras y las reaseguradoras; es la situación que se puede producir cuando la quiebra de una reaseguradora tras una siniestralidad catastrófica provoca la quiebra de diversas aseguradoras directas que quedan sin la cobertura que la primera les ofrece. 3 Entre las iniciativas que afrontan este problema hay que citar el programa «Legislar mejor» de la Unión Europea y, recientemente en el ámbito nacional, las iniciativas recogidas en el «Acuerdo del Consejo de Ministros de mandatos para el impulso de la productividad», publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de abril de 2005, en el que se proponen medidas para la mejora de la calidad de la regulación, entre ellas las referentes a la mejora de la evaluación del impacto regulador de las propuestas normativas y del contenido de las memorias económicas. Noviembre-Diciembre N.º 833ICE 103

4 SERGIO ÁLVAREZ CAMIÑA contractual, impulsar la competencia y la innovación de los productos que se ofrecen, y ejercer, cuando corresponda, el conjunto de potestades que se le otorgan para adoptar medidas preventivas y correctoras de rectificación de situaciones que pudieran causar un daño significativo; y todo ello sólo cuando la actuación pública de regulación pueda aminorar el daño. Todo esto fundamenta la regulación tradicional de protección al asegurado, previa a la celebración del contrato y durante su ejecución, y la regulación de solvencia, que se refieren ambas a situaciones en las que el daño potencial al público es claro, la información que los clientes necesitan para protegerse es poco asequible y la actuación pública ha demostrado su capacidad de controlar y promover la solvencia. Pero queda también justificada la regulación en materia de transparencia al mercado, cada vez de mayor importancia, ya que la divulgación de información financiera y societaria resulta especialmente relevante en mercados progresivamente más sofisticados y con productos más complejos. Sobre esta cuestión y el papel capital que le toca desempeñar en la regulación futura volveremos al final de este artículo. 2. Una perspectiva de la evolución de la regulación de los seguros privados en España Los argumentos justificadores de la regulación de los seguros privados que se acaban de resumir han tenido en el caso español su reflejo legal durante ya casi un siglo. Se incluye a continuación una revisión somera de cómo la regulación española de control de seguros ha evolucionado, influyendo el comportamiento del mercado. El origen de la regulación de seguros, la formación del modelo tradicional de control y su crisis La regulación de control de los seguros privados tiene su verdadero punto de arranque en España con la Ley de Registro y Vigilancia de entidades aseguradoras de 14 de mayo de 1908 que constituyó durante los casi cincuenta años en que estuvo vigente un instrumento adecuado, incluso sorprendentemente moderno para la época. Sus bases fundamentales estaban centradas en el control previo de legalidad sobre aspectos contractuales (que los condicionados de las pólizas tuvieran el contenido fijado administrativamente) y técnicos (que las bases técnicas se ajustaran a lo dispuesto reglamentariamente), y regulaba cuestiones como la publicidad o las funciones de un órgano asesor y de audiencia pública todavía existente, la Junta Consultiva de Seguros. El siguiente paso relevante se produce con la Ley de Ordenación de Seguros Privados de 16 de diciembre de 1954, que mantuvo la misma concepción del control que su antecesora, centrada en la verificación previa de la legalidad. Sin embargo, lo que en 1908 constituyó un sólido comienzo de la actividad pública de regulación, no resultaba ya válido a mediados del siglo XX, porque imponía un elevado encorsetamiento en la actuación de las entidades aseguradoras, limitando su capacidad de innovación, y también porque la situación del mercado empezaba a requerir que se dotase al supervisor de seguros de medios de control suficientemente efectivos que permitieran adoptar las medidas correctoras oportunas sobre las situaciones de crisis. Pero lo relevante de la etapa durante la que está en vigor la Ley de 1954 es que es en ella cuando se fijan las características básicas de lo que puede considerarse como el modelo tradicional del mercado asegurador español, que se va a extender hasta principios de los años ochenta. Se trata de un mercado muy reglamentado, con escaso desarrollo y un peso reducido en la economía nacional, a causa de problemas tanto en la oferta como en la demanda 4, pero también en la propia regulación. 4 La inadecuada estructura de la oferta se manifiesta en el elevado número de entidades de reducida dimensión (en 1985 en torno a 560 entidades con forma de sociedad anónima o mutua y alrededor de 600 con forma de mutualidad de previsión social, frente a la cifra actual de 104 ICE Noviembre-Diciembre N.º 833

5 LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: OBJETIVOS, EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS Las insuficiencias del mercado asegurador español de la época se ven reforzadas por una actuación administrativa centrada en el control de legalidad previo a la actividad mediante la revisión de la documentación mercantil y técnica, y a través de lo que puede considerarse el paradigma del intervensionismo público en el mercado: el sometimiento a aprobación administrativa previa de las pólizas y las tarifas. En este control administrativo tiene un escaso peso el control de solvencia. Las consecuencias derivadas de esta situación reguladora, en concurrencia con los problemas de demanda y de oferta, son la ausencia de competencia en un mercado con tarifas y condicionados de pólizas aprobados administrativamente, las limitaciones en la solidez financiera de las entidades y, por tanto, del sector en su conjunto, y las serias insuficiencias en la gestión de las entidades. En este contexto, las sucesivas crisis económicas de los años setenta hicieron surgir agudos problemas de solvencia patrimonial en el sector, acompañados muchas veces de prácticas irregulares, que hicieron necesario el saneamiento en profundidad del sector. Como primer paso para ello resultaba imprescindible un nuevo marco legal. El nuevo marco legal del sector en los años 80 Desde la gravedad de los problemas citados y con la toma de conciencia sobre la necesidad de un nuevo marco legal, se van a suceder un conjunto de normas que tratarán de modernizar y sanear el mercado de seguros. La década se inicia con una norma de especial significación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, actualmente vigente. Aun cuando en este artículo se analizan básicamente aspectos relacionados 390 en total), la elevada compartimentación por ramos del mercado y la muy homogénea gama de productos que se ofrecen. Desde el punto de vista de la demanda, su debilidad es el reflejo del reducido nivel de la tasa de ahorro familiar y de la ausencia de actuaciones de fomento de los seguros privados; lo cual no resulta difícil de entender si se considera la estrecha relación entre crecimiento económico y seguro. con la regulación en el sentido de lo que se ha venido llamando el derecho de control es necesario destacar el papel de esta norma, que vino a dar al contrato de seguro la regulación mínima de la que carecía, derogando los parcos y desfasados artículos que le dedicaba el Código de Comercio de Su incidencia en el control público de la actividad aseguradora fue muy considerable ya que estableció en todos sus aspectos relevantes la regulación básica de los derechos y obligaciones de las partes de la relación contractual, lo que permitió al supervisor una mejor valoración de los aspectos jurídicos de la operación de seguros. Pero la reforma normativa tuvo su punto culminante, en el ámbito de la actuación pública de control, a mediados de la década con dos normas fundamentales: la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordenación de Seguros Privados, y el Real Decreto-Ley 10/1984, por el que se establecieron medidas urgentes para el saneamiento del sector de seguros privados y para el reforzamiento del organismo de control. La Ley de Ordenación de Seguros Privados de 1984 y su normativa de desarrollo abarcaron con claridad de objetivos y adecuación de instrumentos los aspectos esenciales necesitados de reforma, tanto respecto a la ordenación del mercado como en cuanto a la mejora del control de las entidades aseguradoras. Respecto a la ordenación del mercado, realizó un considerable esfuerzo regulador para la normalización del régimen jurídico de todas las entidades aseguradoras, incluidas las mutualidades de previsión social, con un declarado fomento de la concentración empresarial en un mercado muy atomizado, así como el fomento de la especialización separando los negocios de seguros de vida y de seguros distintos del de vida. Respecto a la regulación de la solvencia, la Ley y su normativa de desarrollo introdujeron importantes innovaciones, consagrando el principio de solvencia, especialmente proyectado a sus aspectos técnicos y financieros. Cabe citar así la nueva regulación más exigente de las condiciones de acceso al mercado; el mayor rigor en las garantías financieras (capitales mínimos, provisiones téc- Noviembre-Diciembre N.º 833ICE 105

6 SERGIO ÁLVAREZ CAMIÑA nicas, margen de solvencia, fondo de garantía); y el establecimiento de un marco jurídico apropiado para actuar en caso de entidades en dificultades, mediante la adopción de medidas cautelares que, sin ser sanciones ni implicar necesariamente la intervención directa de las entidades, permitieran su saneamiento. También previó mecanismos efectivos de expulsión del mercado de aquellas entidades incapaces de cumplir con los requerimientos financieros mínimos para realizar su actividad. A este esquema básico, exigido por la situación del mercado nacional, se añadía una necesidad adicional que, sin duda, facilitó el proceso de reforma: la adaptación de la legislación española a la ya cercana adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, con la obligada incorporación al ordenamiento español de la normativa comunitaria. La otra norma básica, también de 1984, es el Real Decreto-Ley 10/1984, de 11 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para el saneamiento del sector de seguros privados y para el reforzamiento del organismo de control. En él se creó la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA) y se adoptaron medidas de urgencia para reforzar la actuación supervisora. La CLEA permitió llevar a cabo un ingente proceso de saneamiento del sector mediante la liquidación de un elevado número de entidades en crisis, en su gran mayoría de escasa dimensión y capacidad financiera, que habían sobrevivido en un mercado sin competencia y escasamente supervisado en materia de solvencia. Y lo hizo a través de un mecanismo novedoso y extraordinariamente efectivo como es la compra de créditos a los acreedores de la entidad (incluidos fundamentalmente los asegurados), lo que permitía un proceso de liquidación de las entidades más ordenado y un porcentaje más alto de recuperación de tales créditos. Las consecuencias del nuevo marco legal fueron muy positivas, consiguiéndose con amplitud el objetivo de saneamiento del sector mediante una intensificación de la actividad supervisora y consolidándose definitivamente los nuevos principios de la ordenación de la actividad aseguradora. También permitió una mayor internacionalización del sector, y ello en un doble sentido: internacionalización de la regulación, mediante la adopción de la normativa comunitaria, e internacionalización del mercado, con la presencia de entidades extranjeras atraídas por las expectativas de crecimiento del sector asegurador español. Puede afirmarse que la Ley de 1984, el Real Decreto Ley de medidas urgentes de saneamiento del sector de 1984 y sus desarrollos reglamentarios se constituyeron en el impulso transformador clave del sector asegurador español, estableciendo sólidos cimientos sobre los que posteriormente se ha continuado el proceso de reforma y modernización del sector asegurador español. Este proceso de saneamiento replanteó también la función y los objetivos del supervisor. Un mercado en que los productos y precios están sometidos al control previo no necesita sofisticadas regulaciones de solvencia porque los riesgos de los productos son conocidos. A medida que los controles previos son eliminados y las compañías compiten en precios y existe libertad en su diseño y comercialización los supervisores necesitan un elevado nivel de conocimientos para evaluar los elementos de riesgo de estos productos, complicándose el proceso de su evaluación 5. La normativa de los primeros años 90: la consolidación de las reformas Desde la incorporación de España a la hoy Unión Europea en 1986, el motor de la reforma normativa en materia de seguros privados será la obligada adaptación a la normativa comunitaria, tanto al acervo comunitario existente en el momento de la incorporación como a las nuevas directivas que, en este ámbito de la actividad económica, se van a ir sucediendo con apreciable inten- 5 Esta situación no es, por supuesto, exclusiva del mercado español; por ejemplo, en el mercado japonés de seguros de vida, la regulación de los precios mantuvo los primas en un nivel elevado y de esta forma se minimizó el riesgo de insolvencia, facilitando sin duda la supervisión. Las consecuencias tras la crisis de los años 90 son bien conocidas. 106 ICE Noviembre-Diciembre N.º 833

7 LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: OBJETIVOS, EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS sidad. Y ello sin perjuicio de que cada sucesiva reforma derivada de la transposición de normativa comunitaria va a ir acompañada de modificaciones derivadas de las exigencias propias del mercado nacional. Sucede así con la Ley 21/1990, de adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados, que incorpora las directivas sobre derecho de establecimiento en los seguros distintos del de vida, pero que introduce otras modificaciones de las que resalta la regulación del nuevo régimen jurídico del Consorcio de Compensación de Seguros, pieza clave de la estabilidad del sector asegurador español, cuyo papel fundamental se describe en otro artículo de este mismo número. Menos de dos años después, se aprueba la norma que afronta la reforma de uno de los aspectos más importantes de la actividad aseguradora, su comercialización. La Ley 9/1992, de 30 de abril, de mediación en seguros privados, constituirá el correlato reformador en el ámbito de la distribución de los seguros privados de lo que la Ley de Ordenación de 1984 representa en materia de reforma de la solvencia para las entidades aseguradoras y de reordenación del mercado. La Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados de 1995 y su normativa de desarrollo: la adaptación al mercado único de seguros y las bases actuales de la regulación La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que constituye el centro de la regulación actual y que es la pieza básica sobre la que se redactó el texto refundido vigente, tuvo como objetivo fundamental lograr la integración de la actividad aseguradora española dentro del marco jurídico del Derecho Comunitario Europeo, lo que requería la adaptación de varias directivas que todavía no habían sido objeto de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico 6. 6 Son, entre otras, las denominadas Segunda Directiva sobre los seguros de vida (Directiva 90/619/CEE, del Consejo, de 8 de noviembre La adaptación de la normativa española a estas directivas a través de la Ley de 1995 y de sus desarrollos reglamentarios 7 supuso la incorporación de la autorización administrativa única en todos los ramos de seguro, de forma que las entidades aseguradoras españolas pueden operar desde entonces en todo el ámbito del Espacio Económico Europeo en régimen de derecho de establecimiento (a través de sucursal) o en régimen de libre prestación de servicios (directamente desde España) sometidas, exclusivamente, al control financiero de las autoridades españolas. Lo mismo resulta aplicable a las entidades aseguradoras domiciliadas en cualquier Estado del Espacio Económico Europeo, que podrán operar en el resto de Estados y, por tanto, también en España, en esos regímenes, sujetas al control financiero del Estado de origen. Junto al objetivo básico de la transposición, la Ley 30/1995 introdujo otro bloque de modificaciones normativas exigido por la necesidad de modernizar el sector 8. de 1990), Tercera Directiva de seguros de vida (Directiva 92/96/CEE, del Consejo, de 10 de noviembre de 1992) y Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida (Directiva 92/49/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992). 7 La Ley fue desarrollada por las siguientes normas, actualmente vigentes: Real Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y normas para la formulación de las cuentas de los grupos de entidades aseguradoras; Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados; Orden ministerial de 23 de diciembre de 1998, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados y se establecen las obligaciones de información como consecuencia de la introducción del euro; Real Decreto 996/2000, de 2 de junio, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y normas para la formulación de las cuentas de los grupos de entidades aseguradoras, para adaptarlos a la Directiva 98/78/CE, de 27 de octubre, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros. 8 La Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados de 1995 tiene un evidente afán codificador y sus reformas se extienden a toda la normativa de seguros privados, no sólo a la de control, sino también a la reguladora de aspectos contractuales (modificaciones en la Ley de Contrato de Seguro y en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor), a la mediación (modificación de la Ley de Mediación en Seguros Privados), a la de carácter institucional (incorporación de la regulación de la CLEA y Noviembre-Diciembre N.º 833ICE 107

8 SERGIO ÁLVAREZ CAMIÑA Entre ellas hay que destacar la que se refiere al refuerzo de los mecanismos de protección del asegurado, mediante la presentación de quejas y reclamaciones contra las entidades aseguradoras ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ampliando tal protección administrativa a los terceros perjudicados en el ámbito del seguro de responsabilidad civil e introduciendo, con carácter potestativo, la figura del defensor del asegurado en las entidades. Asimismo se perfeccionan los mecanismos de protección del crédito que tienen los asegurados respecto a las entidades aseguradoras, reforzando su naturaleza de crédito singularmente privilegiado. La reforma del año 1995 alcanza también de lleno a los procedimientos administrativos de ordenación y supervisión. Se fijan con claridad los aspectos a los que ha de ajustarse la tramitación de los distintos procedimientos de autorización, modificación y revocación de la autorización administrativa, de disolución y liquidación de entidades aseguradoras, y de adopción de medidas de control especial. La regulación de los primeros años del Siglo XXI: de la Ley Financiera al cierre del modelo actual El Siglo XXI comenzó en el ámbito de la regulación financiera en España con una ley singular: la Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero 9, que en el ámbito de los seguros incorporó diversas modificaciones, modificaciones en el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros) y en la regulación de cuestiones básicas de previsión social (regulación de la instrumentación de compromisos por pensiones mediante la modificación de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones). 9 Aun cuando con ocasión de leyes sectoriales se habían modificado las normativas específicas de otros sectores del sistema financiero, la denominada Ley Financiera tenía un declarado carácter de reforma unitaria en el ámbito financiero, al menos en los principios que la inspiraban; si bien en la realidad resultó una yuxtaposición de reformas sectoriales, necesarias por mandato comunitario o por la realidad de las circunstancias del sistema financiero español. En el ámbito asegurador modificó la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, la Ley de Contrato de Seguro, la Ley sobre de las que importa destacar aquí dos. Por una parte, suprimió la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, una vez cumplida su labor de saneamiento del sistema durante más de 18 años, e incorporó sus funciones al Consorcio de Compensación de Seguros. Por otra parte, pretendió establecer un mecanismo reforzado de protección al cliente de servicios financieros mediante la imposición a todas las entidades financieras (entidades de crédito, de seguros y de valores) de la obligación de disponer de un departamento o servicio de atención al cliente, sin perjuicio de que las entidades voluntariamente puedan designar un defensor del cliente independiente funcionalmente de ellas; y previó la creación de unos órganos sui generis, los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros. La Ley 34/2003, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados, tuvo por finalidad principal la transposición de un conjunto de directivas comunitarias que permitiese culminar la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al de la Unión Europea en esta materia, acompañada de la reforma de aspectos concretos requeridos por las necesidades del mercado. En el ámbito de la transposición de normativa comunitaria, se lleva a cabo la referente a la liquidación de entidades aseguradoras y a las últimas directivas sobre el margen de solvencia 10. La transposición de estas últimas es la que merece aquí un mayor detenimiento. Las primeras directivas sobre seguros (de 1973 la de seguro directo distinto del seguro de vida y de 1979 la del seguro sobre la vida) exigieron que las empresas de seguros mantuviesen un margen de solvencia, de cálculo simple, que actuase como amortiguador frente a fluc- Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y el Estatuto del Consorcio de Compensación de Seguros. 10 Directiva 2001/17/CEE sobre saneamiento y liquidación de entidades aseguradoras, y Directivas 2002/12 y 2002/13 sobre margen de solvencia de entidades aseguradoras de vida y de seguros distintos del de vida. La Directiva 2002/12 ha sido derogada y su contenido incorporado a la Directiva 2002/83/CE sobre seguros de vida, que refunde y codifica la normativa comunitaria sobre el seguro de vida. 108 ICE Noviembre-Diciembre N.º 833

9 LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: OBJETIVOS, EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS tuaciones adversas de su actividad, constituyendo un elemento importante en el sistema de supervisión prudencial. Si bien la estructura simple y sólida del sistema había funcionado satisfactoriamente y se basaba en principios adecuados y dotados de gran transparencia, se habían observado ciertas debilidades en casos específicos, en particular en relación con aquellos aspectos sensibles desde el punto de vista del riesgo. Como consecuencia de ello se adoptaron en 2002 las directivas mencionadas estableciendo nuevos requisitos para el margen de solvencia. Además de reforzar las actuales exigencias cuantitativas, tanto en lo que se refiere al fondo de garantía como al margen de solvencia obligatorio, las directivas prevén también que en situaciones concretas en que se vean amenazados los derechos de los asegurados, las autoridades competentes estarán facultadas para intervenir con la suficiente antelación, incluso aun cuando no se haya producido todavía una situación de crisis. En tres pueden concretarse las medidas que a tales efectos prevén las directivas: la exigencia de un plan de recuperación financiera; obligar a las empresas de seguros a tener un margen de solvencia obligatorio más alto que el reglamentario; y revisar a la baja los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible. Estas nuevas medidas tienen, desde el punto de vista regulador, un especial significado porque incorporan por primera vez en la regulación comunitaria de seguros un enfoque dinámico y preventivo que permite cerrar el marco actual de adaptación a la normativa comunitaria y preparar el mismo para las reformas que introducirá el proyecto Solvencia II, al que nos referimos más adelante. Por último, hay que citar la Ley 5/2005, sobre supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras normas del sector financiero. Esta normativa, con origen en una directiva comunitaria de , viene a regular el tercer nivel de la supervisión financiera, adicional a la supervisión de entidades individuales yaladelos grupos financieros homogéneos (constituidos por entidades sólo de seguros, sólo de bancos o sólo de valores). El conglomerado financiero puede definirse, en síntesis, como aquel grupo empresarial constituido por varias entidades financieras en el que, al menos, una es necesariamente una entidad aseguradora y otra una entidad bancaria o de servicios de inversión. Importa destacar aquí la incidencia que el creciente papel de los grupos y los conglomerados financieros va a tener en el diseño de la regulación del futuro, obligando al establecimiento de una mayor coordinación entre supervisores, tanto internacional como intersectorial, lo cual puede llevar a un replanteamiento de las funciones de los supervisores nacionales sectoriales, que hasta ahora han constituido la base de la supervisión financiera en Europa. Conclusión sobre la evolución de la política reguladora en materia de seguros privados en España De la evolución que se acaba de resumir, cabe señalar que la regulación de seguros en España ha llevado a cabo un sólido proceso de cambio desde el control previo de legalidad de la documentación contractual y técnica hasta la regulación de solvencia, situándose a las puertas de una regulación de tipo más prospectiva. El proceso de saneamiento del sector, impulsado por los cambios de regulación de los años 80 y 90 permite hablar de un cierto éxito del modelo español, a diferencia de lo sucedido en otros países, donde la ausencia de regulaciones fuertes y eficaces están, entre otros factores, en el origen de los problemas de inestabilidad financiera. En todo caso no puede obviarse el impulso dinamizador que en las reformas realizadas y en la consecución de los 11 Directiva 2002/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de servicios de inversión de un conglomerado financiero. Noviembre-Diciembre N.º 833ICE 109

10 SERGIO ÁLVAREZ CAMIÑA objetivos planteados ha tenido la incorporación al mercado único de seguros. Resta analizar a continuación las fuerzas impulsoras de los cambios futuros en la regulación. 3. Los retos actuales de la regulación de los seguros privados en la Unión Europea Cualquier análisis sobre el futuro de la regulación de seguros privados en España debe partir de la consideración de tres referencias fundamentales en el ámbito de la Unión Europea. En primer lugar, el proyecto Solvencia II, una iniciativa de reforma normativa que supone un profundo replanteamiento de la filosofía y de las tendencias hasta ahora imperantes tanto en los ámbitos de la supervisión como en los de la gestión de las entidades aseguradoras. En segundo lugar, el nuevo procedimiento de elaboración de normas en el campo de los servicios financieros dentro del esquema legislativo e institucional conocido como procedimiento Lamfalussy, previsto inicialmente para el mercado de valores y extendido posteriormente al sector asegurador y al sector bancario. El procedimiento Lamfalussy constituye un diseño institucional orientado a hacer más ágil y participativa la elaboración de la normativa comunitaria de servicios financieros. En el ámbito de los seguros y de los fondos de pensiones de empleo esto implica establecer un sistema de cuatro niveles reguladores, con la implicación de la Comisión, el Consejo y el Parlamento en la adopción de los principios y las directrices generales, y un sistema de comitología, que cuenta con dos piezas clave, una de política reguladora (el Comité de Seguros y Pensiones Ocupacionales Europeo, EIOPC) y otra de carácter supervisor (el Comité de Supervisores Europeos de Seguros y Pensiones Ocupacionales, CEIOPS). En tercer lugar, las decisiones adoptadas en el seno de la Unión Europea en materia de política de estabilidad, integración y regulación de los servicios financieros, al objeto de establecer mecanismos que faciliten la consolidación de un mercado único en el campo de los servicios financieros y al mismo tiempo diseñar medidas de seguridad de alcance europeo para prevenir y, en última instancia, gestionar eficazmente las crisis financieras. Estas políticas llevarán previsiblemente a una mayor armonización reguladora y a una mayor coordinación internacional e intersectorial entre supervisores financieros, replanteando algunas cuestiones de especial importancia como la determinación del nivel adecuado de supervisión (individual-nacional, de grupo-europea). De estos tres elementos básicos, parece necesario hacer referencia aquí con algo más de profundidad al proyecto Solvencia II como fuente de importantes cambios en la regulación. La reconsideración de la forma en que se determina la solvencia de las entidades de seguros: Solvencia II Las exigencias derivadas de la nueva realidad de los mercados financieros y de seguros, y la disposición en la actualidad de más y mejores técnicas de análisis hace necesario un cambio de planteamiento para disponer de un método de valoración de la solvencia más adecuado en el ámbito europeo, y que sea equiparable al de otros mercados internacionales. Es así como han surgido en la Unión Europea, y en paralelo a los trabajos realizados en otros ámbitos 12, bajo el nombre de Solvencia II, un conjunto de iniciativas encaminadas a llevar a cabo una profunda revisión de las normas imperantes sobre la determinación y valoración de la solvencia de las entidades aseguradoras y, por ende, de su situación financiera global. De forma sintética se puede señalar que los principios orientadores del proyecto se fundamentan en tres pilares, que son el correlato en el ámbito de los seguros de los establecidos en el Acuerdo de Basilea para el sector bancario. 12 Singularmente en el seno de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (International Association of Insurers Supervisors, IAIS). 110 ICE Noviembre-Diciembre N.º 833

11 LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: OBJETIVOS, EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS Pilar I: Adecuación de capital El capital, entendido en sentido económico, requerido para ejercer la actividad aseguradora debe estar más en relación con los riesgos asumidos por las entidades y, por lo tanto, resulta necesario diseñar métodos de cálculo que permitan conseguir que las exigencias de solvencia evolucionen paralelamente a los cambios en los perfiles de riesgo de las aseguradoras. La evaluación de la solvencia de una aseguradora debe ampliar sus enfoques a la calidad de la gestión y de la organización de la empresa. El actual sistema de exigencia de un nivel de solvencia mínimo, basado únicamente en las magnitudes de primas y siniestros en no vida y de provisiones y capital riesgo en vida, resulta incompleto al no considerar suficientemente aspectos tan fundamentales como el reaseguro, la diversificación de los activos, el tamaño de las entidades, o los riesgos de carácter no financiero. han producido. Por el contrario el papel del supervisor en el nuevo entorno debe ser el de conocer la realidad para detectar dónde puede haber problemas y adoptar medidas preventivas para que esos problemas no se materialicen, siendo capaz de anticiparse al futuro mediante el diagnostico de situaciones. Los supervisores deben contar con el marco normativo y los medios necesarios para poder ampliar sus funciones y responsabilidades a la evaluación del control de gestión interno de las aseguradoras y la adopción de medidas administrativas desde el mismo momento en que se detecten situaciones que puedan determinar un incremento de los perfiles de riesgo no respaldados con el nivel de solvencia existente en cada momento. Además Solvencia II requerirá un alto grado de armonización de los estándares y prácticas supervisoras. Pilar III: Disciplina de mercado y difusión de la información financiera relevante Pilar II: Procesos de Supervisión Este pilar se basa en la lógica de que a cada tipo de riesgo no puede corresponder siempre la misma necesidad de capitales, sino que su incidencia dependerá de la efectividad de las estructuras de gestión y control interno de cada aseguradora. Desde el punto de vista de las aseguradoras, éstas deben desarrollar sus propios sistemas y modelos internos que les permitan estar en condiciones de determinar por sí mismas, de forma permanente y con la suficiente antelación, cuál va ser el nivel de recursos propios que necesitan como consecuencia de los perfiles de riesgo que están asumiendo en ejecución de sus estrategias empresariales. Por lo que se refiere a los supervisores, tendrá que cambiar su papel para adoptar una visión más prospectiva y más dinámica. El actual esquema de supervisión trata de conocer la realidad para identificar dónde existen problemas y adoptar medidas correctoras sobre las situaciones de crisis o de dificultad cuando éstas ya se Las entidades aseguradoras deben incrementar la difusión de información relativa a su nivel de solvencia, a su exposición al riesgo y a sus mecanismos de control interno, al objeto de hacer posible que, desde un mayor nivel de transparencia, los agentes de los mercados y los clientes puedan evaluar los niveles de riesgo asumidos por cada aseguradora y, en consecuencia, adoptar decisiones mejor fundadas. Se busca, mediante una mayor transparencia, impulsar la disciplina de mercado, como mecanismo que estimule a las aseguradoras a mantener los niveles de recursos propios adecuados. Una mayor transparencia permitirá al mercado valorar aspectos clave sobre capital, exposición y valoración de los riesgos, y adecuado nivel de recursos propios. Hay que destacar aquí la importancia de los aspectos contables. La contabilidad no es sólo un mecanismo para registrar flujos financieros y relacionar activos y pasivos, sino que es un sistema de valoración y la valoración influye en la solvencia. Los escándalos contables de principios de este siglo en EE UU han puesto de ma- Noviembre-Diciembre N.º 833ICE 111

12 SERGIO ÁLVAREZ CAMIÑA nifiesto que la contabilidad es un instrumento básico para un mercado financiero eficiente. La elaboración de los estados financieros públicos y de la información suministrada al supervisor debe responder a reglas claras y respetadas por los agentes económicos, ya que constituye la información de la que disponen los clientes de las entidades, sus acreedores y la administración reguladora. 4. Algunas consideraciones finales sobre modernización financiera y nuevas orientaciones de las políticas de regulación Al margen del encauzamiento comunitario de las reformas en materia de regulación, resulta conveniente considerar las propuestas que están detrás de las reformas reguladoras de los últimos años y que inspirarán, sin duda, la reforma europea. Algunas de estas propuestas implican un cambio sustancial en el enfoque regulador tradicional, para hacer frente a situaciones distintas a las que se ha venido enfrentando la «vieja regulación» 13. a) Enfoques de regulación Un asunto clave en el diseño de la regulación es si se debe continuar fijando normas estrictas a seguir o se debe inducir o estimular el comportamiento deseado. Se distingue así entre regulación directa e indirecta 14.Se trata en el primer caso de una regulación prescriptiva que fija explícitamente las actividades que se pueden realizar y la forma de realizarlas, así como las que no 13 Una clarificadora descripción de las distintas estrategias de regulación, con indicación de sus ventajas e inconvenientes relativos puede encontrarse en BALDWIN y CAVE (1999), Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, capítulo 4 «Regulatory Strategies». 14 Es la terminología utilizada por BOOT, DEZÉLAN y MILBOURN en «Regulatory Distorsions in a Competitive Financial Services Industry», incluido en EISENBEIS, FURLONG y SWAN (2000), Financial Modernization and Regulation. pueden realizarse. La regulación directa requiere ejercer un control intenso sobre las entidades y lleva al establecimiento de normas muy detalladas y complicadas o, alternativamente, a establecer un modelo único para todas las entidades (one-size-fits-all) que tiende a ser excesivamente restrictivo y limita la posibilidad de establecer diferencias entre entidades en términos de capital económico. Esto último tiene la ventaja de la simplicidad pero el inconveniente de que la regulación se queda rápidamente desfasada por los nuevos desarrollos del mercado. Por su parte, la regulación indirecta no prescribe comportamientos (actividades permitidas y prohibidas) sino que pretende que los comportamientos deseados sean elegidos por las entidades a través de un mecanismo de incentivos que favorece las alternativas que el regulador considera mejores. La fijación de incentivos al cumplimiento voluntario adopta la forma de hacer menos costoso, en términos de capital, la asunción de perfiles de negocio con menor riesgo. No se trata ya de prohibir la asunción de determinados riesgos o de tasar los que se pueden asumir sino de hacer más cara, en términos de coste de capital, la asunción de posiciones de mayor riesgo. Cabe señalar que menos prescripción implica más libertad para las entidades pero también menos automatismo y más capacidad de juicio discrecional para el supervisor, lo cual lleva al problema de controlar el ejercicio por el supervisor de sus facultades de apreciación discrecional. La regulación indirecta ha ido ganando importancia como se demuestra en el desarrollo de los sistemas de capital basado en el riesgo (RBC, Risk Based Capital), pero tiene el inconveniente de que estos instrumentos, de una notable complejidad analítica, requieren ser permanente y cuidadosamente adaptados. b) Importancia de la transparencia y la disciplina de mercado La modernización financiera impone serios retos a los reguladores financieros, limitando su capacidad de res- 112 ICE Noviembre-Diciembre N.º 833

13 LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: OBJETIVOS, EVOLUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS puesta en un entorno rápidamente cambiante. En este contexto, surge la necesidad de reorientar el control prudencial hacia un reforzamiento de la disciplina de mercado en forma de complemento efectivo a la regulación y supervisión financiera. La disciplina de mercado a través de la difusión de información financiera se convierte así en elemento básico en el marco regulador y en el papel del supervisor. A medida que aumenta la transparencia hacia el mercado, es posible reducir el grado de intensidad de la regulación tradicional. En este sentido se convierten en elementos básicos del armazón regulador y supervisor la disposición de un sistema contable que garantice la transparencia en las valoraciones, la disposición de información relevante y adecuada por el mercado, singularmente por auditores y analistas, y una seria difusión de los contenidos mínimos de información financiera no patrimonial a disposición del público. c) Fomento de los mecanismos de control interno La nueva regulación financiera se impone objetivos diferentes a los tradicionales de mera constatación y corrección de situaciones de dificultad, debiendo orientarse hacia actuaciones de carácter preventivo, como la generalización de las exigencias de establecimiento de mecanismos de control interno por las entidades reguladas. Estos sistemas de control interno permiten facilitar información precisa sobre la evolución de la actividad y son especialmente útiles para que la dirección de las entidades cuente con la información necesaria y pueda hacer un seguimiento adecuado de los riesgos asumidos, sean de activo o de pasivo. Hay que tener presente que los procesos de gestión de riesgos y los mecanismos de control interno están en el centro de los problemas fundamentales de las entidades aseguradoras, como son la insuficiencia de provisiones para hacer frente a sus obligaciones y la suscripción inadecuada de riesgos. El refuerzo y ampliación de los mecanismos de control interno sobre cualquier tipo de riesgo que influya en la solvencia o viabilidad de la entidad, del grupo o del conglomerado permitirá reducir las situaciones de crisis, mejorar la gestión y, por consiguiente, reducirá también la necesidad de regulación muy prescriptiva. d) Institucionalización de las buenas prácticas de gobierno corporativo Ésta es una cuestión indiscutiblemente relevante en el supuesto de las entidades cotizadas, pero en general para todas, y especialmente para aquellas que por la peculiaridad del régimen jurídico de sus socios, como las de forma mutual, hacen aconsejable la exigencia de requisitos especiales de transparencia corporativa. e) Mayor papel de la regulación sobre conductas de mercado En especial, durante el proceso de comercialización, mediante el establecimiento de requerimientos de información obligatoria, garantías de que el vendedor conoce las necesidades del comprador y que éste conoce las características del producto que se le ofrece. En línea con algunos de estos principios, hay que situar a la más reciente normativa española en materia de seguros. Dentro de las últimas iniciativas reguladoras se destaca aquí una norma de especial incidencia en el campo de la transparencia y de la información al cliente de seguros: la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento. Su finalidad es la de establecer mecanismos simples y efectivos para que todas aquellas personas que puedan considerarse eventuales beneficiarias de un seguro de vida o accidentes puedan, con ocasión del fallecimiento del asegurado, informarse acerca de si éste tenía suscrita alguna póliza de seguro que cubriera la contingencia de fallecimiento. Esta norma supone un firme paso en el campo de la transparencia en los seguros de vida, donde la pluralidad de sujetos que en él intervienen (tomador-contratante, asegurado y beneficiario) y las peculiaridades contractuales Noviembre-Diciembre N.º 833ICE 113

14 SERGIO ÁLVAREZ CAMIÑA de la operación de seguro pueden dar lugar a ciertas dificultades de información para percibir la prestación contratada. Interesa destacar que la búsqueda de mayor transparencia influirá en las reformas en marcha en materia de derecho privado de seguros. La futura reforma de la Ley de Contrato de Seguro habrá de incorporar la información y la transparencia como elementos fundamentales de su contenido. En fin, el desarrollo pleno del mercado único europeo, la internacionalización de la actividad aseguradora, el ritmo de innovación financiera con la creación de nuevos instrumentos financieros que permiten un rápido movimiento de capitales, la progresiva desaparición de las antiguas barreras entre diferentes actividades financieras, y la creciente complejidad del negocio asegurador, crean un nuevo entorno para la regulación, en la que la búsqueda del equilibrio entre normas, incentivos y disciplina de mercado es el objetivo a conseguir. Referencias bibliográficas [1] BALDWIN, R. y CAVE, M. (1999): Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, 1.ª edición, Oxford University Press, Oxford. [2] BEBCZUK, R. (2000): Información asimétrica en mercados financieros, 1.ª edición, Cambridge University Press, Madrid. [3] EISENBEIS, R.; FURLONG, F. y KWAN, S. (eds.) (2000): Financial Modernization and Regulation, 1.ª edición, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts. [4] INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURERS SU- PERVISORS (2003): «Insurance Core Principles and Methodology», Basilea, disponible en 114 ICE Noviembre-Diciembre N.º 833

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