CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2002.

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1 Número de registro: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XV, Mayo de 2002 Página: 272 CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2002. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. CONSIDERANDO: TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados que emitieron las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben. Las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo directo número 477/2001, en lo conducente, son las siguientes: "... Finalmente, sostiene el impetrante que el criterio sustentado por la responsable para no conceder valor probatorio a la hoja de certificación de derechos es ilegal y contraviene la organización interna del Seguro Social, pues se basa en una tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; que dicho criterio es un sofisma, que no es jurídicamente lógico sostener, por un lado, que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene facultades para expedir las hojas de certificación de derechos y, por otro, argumentar que cuando es parte en un juicio, éstos carecen de validez, bajo el argumento de que se le da una ventaja procesal; que es improbable que se puedan modificar los movimientos afiliatorios del asegurado, así como el salario con que son dados de alta, porque el instituto es una entidad de seguridad social creada para salvaguardar los derechos de sus beneficiarios; que no es una empresa singular que pueda modificar a su libre albedrío los datos que se contienen en los avisos afiliatorios, los que no sólo tienen la finalidad de establecer la fecha en que un trabajador es inscrito y la fecha de su baja, así como el importe del salario con el que se le inscribe, sino que lo más importante es que éste es el documento básico y generador de la obligación patronal en la que el instituto se funda para saber cuál es el importe económico de la obligación patronal, por lo que, aparte de improbable, es inverosímil el criterio sustentado por la responsable. "Es fundado el concepto de violación antes mencionado. -1-

2 "Ciertamente, como bien lo sostiene el impetrante de garantías, fue incorrecto el proceder de la Junta responsable de negar valor probatorio a la hoja de certificación de derechos basada en el criterio aislado número III.2o.T.22 L, sustentado por mayoría, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 715, Tomo XII, septiembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mismo que es del tenor siguiente: " CERTIFICADO DE DERECHOS ELABORADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PRESENTADO COMO PRUEBA EN JUICIO EN EL QUE ES PARTE. VALOR PROBATORIO. Es indiscutible que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado, es una autoridad que de acuerdo a sus atribuciones legales y reglamentarias puede válidamente expedir informes y certificaciones relacionadas con los datos y documentos que en virtud de sus funciones posee o maneja, los cuales frente a terceros y autoridades tienen pleno valor convictivo, verbigracia los certificados de derechos que expiden sus jefaturas de los departamentos de afiliaciónvigencia de las diversas delegaciones del instituto. Empero, excepción a esta regla lo es el caso en el cual el propio instituto es parte en algún conflicto del orden laboral ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, en el cual pierde su categoría de autoridad para convertirse en parte del conflicto y por ende en un particular frente a su contraria, por lo cual y para salvaguardar el principio de igualdad procesal y evitar ventajas injustas por parte del instituto, debe considerarse que si bien éste puede expedir certificados de derechos por conducto del personal a su cargo y exhibirlos en juicio para pretender demostrar los hechos en que funde sus excepciones y defensas, no menos verdad es que en este caso, estas certificaciones sólo adquieren el rango de indicio cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, pudiendo en su caso, darles valor probatorio pleno cuando el certificado esté avalado por un soporte técnico, lógico y jurídico de los datos que contiene de manera completa, como lo son los movimientos afiliatorios del trabajador, debiéndose por ende acompañar los avisos de alta y baja, o el pago de cuotas obrero-patronales dentro del régimen obligatorio, o los pagos de cuotas en el régimen voluntario, según el caso, entregados a la institución de seguridad social por los particulares para los fines legales a que haya lugar; por lo cual, en caso contrario, es decir, de no soportar el certificado aludido en estos documentos completos, que abarquen todo el tiempo de aseguranza del trabajador de que se trate, éste carece de valor probatorio pleno y es ineficaz para demostrar por sí sólo los hechos base de las defensas y excepciones del instituto relacionadas con los datos contenidos en la propia certificación. "Se afirma lo anterior, ya que este cuerpo colegiado no comparte las razones que se esgrimen en dicha tesis sostenida por la mayoría de ese tribunal, toda vez que ello conduciría a una generalidad y privaría a las Juntas de analizar cada caso a verdad sabida y en conciencia, en forma fundada y motivada. -2-

3 "En cambio, este órgano de control constitucional comparte los argumentos esgrimidos por el Magistrado disidente y ponente al emitir su voto particular en tal asunto pues, efectivamente, el certificado de vigencia de derechos que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del personal a su servicio, es un documento ordinario de control y de información, previsto y autorizado por el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), el cual sirve para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado, tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, de conformidad con sus reglas específicas, para conocer si un afiliado tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones, tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga. La información que puede contener el referido certificado la posee en forma completa sólo el propio instituto, pues en razón de sus funciones es quien concentra y maneja esta información y los documentos respectivos, por lo cual éste puede y debe expedir certificaciones relativas a esa información y documentación, la cual tiene validez plena frente a terceros y diversas autoridades, ya que esta función la realiza en su calidad de autoridad dentro de su esfera jurídico-administrativa, por lo que, tratándose de una institución que tiene una función de protección social y su existencia obedece a un interés público, además de que en aras de su autonomía y credibilidad se creó como un organismo público descentralizado que no forma parte de la administración pública, salvo que se demuestre lo contrario, su actuar es de buena fe, presumiéndose que su proceder se sujeta única y exclusivamente a la aplicación correcta de la ley y la salvaguarda de los derechos de quien los tenga, dentro de su competencia, sin dudarse de manera sistemática de sus actos jurídicos llevados al cabo como institución a través de cualquiera de sus funcionarios o empleados que la representen como tal. Por tanto, es obvio que al poseer solamente el instituto de seguridad social la información base de los certificados en cuestión y estar los mismos previstos en cuanto a su expedición y encomienda, dentro de las leyes y reglamentos respectivos, y a pesar de que esta información vaya a ser utilizada como prueba dentro de un juicio en el que el instituto sea parte y en el cual éste pierde su calidad de autoridad para convertirse en un particular con intereses en un pleito, no puede, ni debe, la autoridad jurisdiccional desvalorizar de manera automática los documentos que contengan datos e información aportados por el propio instituto en el juicio de que se trata, a menos de que las partes con intereses contrapuestos a él demuestren su falsedad o incorrección, o por lo menos hagan dudar de su credibilidad. Se considera, para arribar a las anteriores conclusiones, que los certificados de derechos que expide el instituto no son simples documentos con datos aislados sin orden ni método, que pudieran antojarse elaborados de manera dolosa o parcial, a conveniencia del propio instituto, ya que, por el contrario, son formales, avalados con la firma y nombre de un funcionario autorizado para ello, quien es responsable, administrativamente, de la veracidad de los datos ahí contenidos, los cuales, entre otros, son el nombre, número de afiliación, sexo, fecha de nacimiento y estado civil del asegurado, los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador en el régimen obligatorio, su nombre, las fechas de alta y baja, su grupo de cotización y el número de semanas cotizadas con cada uno, ordenados en forma cronológica y, por supuesto, asentando -3-

4 el total de las semanas cotizadas y reconocidas hasta un periodo determinado; asimismo, contiene los datos del registro o continuación del régimen obligatorio en el régimen voluntario, con las fechas de alta y baja en este sistema y las semanas de cotización dentro de él, también contiene el dato de la fuente de información y su fecha de elaboración, todo lo cual hace altamente improbable que se falseen esos datos, porque éstos no son otra cosa que el reflejo del contenido de los avisos de alta y baja que, en relación con un trabajador determinado, se aportaron a lo largo de su vida laboral, el cual, mejor que nadie conoce esa vida de trabajo y al revisar el certificado de derechos, puede advertir la falta de algún o algunos patrones o semanas cotizadas o un error o incorrección, y en una eventual audiencia ante autoridad jurisdiccional, objetar el mismo e, incluso, aportar pruebas para desvirtuarlo o demostrar la equivocación, esto último en virtud de que no se descarta la posibilidad de errores u omisiones involuntarias por parte del funcionario a cuyo cargo corre la elaboración del documento. Sostener un criterio en contrario haría nugatoria la razón misma de la existencia lógico-jurídica y práctica de los certificados de derechos, pues el negarles valor de prueba por sí mismos y sujetarlos a que para que tengan validez plena se soporten en los propios documentos de los cuales se tomaron los datos que contienen, sería una exigencia de doble demostración sin sentido práctico, en razón de que en todo caso bastaría la exhibición de los documentos en que se pretende se apoyen los certificados para demostrar los hechos ahí contenidos, lo que convertiría, por consecuencia lógica, al certificado en sólo un listado enunciativo de los datos contenidos en los avisos correspondientes; esto, toda vez que el sentido práctico y lógico-jurídico de que este tipo de certificaciones se tenga prevista en la reglamentación del instituto, es evitar la obligación innecesaria de la exhibición de los originales de los avisos de altas y bajas, puesto que muchas de las veces es prácticamente imposible exhibir el original del aviso o por lo menos copia del mismo, tomando en consideración que un trabajador puede cotizar en diversas partes de la República mexicana, desde mucho tiempo atrás y para varios patrones, que el papel donde se contienen los avisos puede destruirse o dañarse con el transcurso del tiempo, y que el instituto posee una cantidad enorme de avisos archivados en centros de acopio y extendidos en todo el territorio nacional; por lo cual, por facilidad y practicidad, los antecedentes contenidos en ellos se trasladan a bases de datos, archivando el original del documento para que, en su caso, en el futuro y con mayor simplicidad se traslade a un certificado de derechos esa información completa, sin necesidad de acompañar el aviso original del que emana por las dificultades que implica, como ya se vio. Por ello, son de considerarse en estos aspectos los argumentos contenidos en la jurisprudencia sustentada en la contradicción de tesis, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual integración, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, tesis 2a./J. 44/98, página 269, bajo el rubro: DOCUMENTOS CERTIFICADOS OFRECIDOS POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA EFICACIA PROBATORIA QUE SE OTORGUE A LOS EMITIDOS POR UN INFERIOR JERÁRQUICO DE AQUÉL NO GENERA DESIGUALDAD PROCESAL.. -4-

5 "De acuerdo con tales razonamientos, es evidente que la responsable no debió desvalorizar automáticamente la hoja de certificación de derechos presentada por la demandada, pues tal certificación no es un simple documento con datos aislados sin método ni orden, por el contrario, esos certificados son documentos formales avalados con la firma y nombre de un funcionario autorizado para ello. "En efecto, la Junta responsable indebidamente se apoyó en esa tesis aislada y sustentada por mayoría de los integrantes del citado Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, la cual sostiene el punto de vista contundente y definitivo que esos certificados carecen de valor probatorio cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social es demandado en un juicio laboral, pues tiene la calidad de parte y tal punto de vista se apoya en el principio de igualdad procesal. Empero, pasó por alto que tratándose de valoración de pruebas la propia Ley Federal del Trabajo no establece una generalidad para restar valor probatorio a algún documento, por el contrario, el artículo 841 de dicha ley laboral le impone la obligación de dictar sus laudos a verdad sabida y en conciencia, fundando y motivando su proceder. Así las cosas, para desestimar ese documento, la Junta debió tomar en cuenta si en él se mencionaban o no los salarios que percibía el actor en las diferentes fechas de afiliación por parte de sus diversos patrones; si contemplaban o no todas las afiliaciones a que alude el actor; y si conforme a las objeciones realizadas es o no de dudosa credibilidad, para que, de ser necesario, se anexaran los soportes del mismo, lo que no sucedió en la especie. "En tales condiciones, se hace imperativo conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y al pronunciar uno nuevo proceda a valorar en forma fundada y motivada el certificado antes mencionado, estableciendo las condenas a que haya lugar, como se le indica en la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo D. 476/2001. A propósito de las enfermedades profesionales, su porcentaje conforme al salario acreditado en autos y los incrementos que procedan. Tal concesión se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al presidente y actuario adscritos a dicha Junta." De los razonamientos anteriores, derivó la tesis que a continuación se transcribe: "CERTIFICADO DE DERECHOS ELABORADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PRESENTADO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL EN EL QUE ES PARTE. TIENE VALIDEZ PLENA, A MENOS DE QUE LA CONTRAPARTE DEMUESTRE SU FALSEDAD O HAGA DUDOSA SU CREDIBILIDAD. Es indiscutible que el certificado de vigencia de derechos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del personal a su servicio, es un documento ordinario de control y de información, previsto y autorizado por el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), mismo que posee en forma completa, información que sirve, entre otras cosas, para -5-

6 la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado, si tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga; ya que en razón de sus funciones es quien concentra y maneja esta información y los documentos respectivos, por lo cual, por facilidad y practicidad, los antecedentes contenidos se trasladan a bases de datos, archivando el original del documento para que, en su caso, en el futuro y con mayor simplicidad se traslade a un certificado de derechos esa información completa, sin necesidad de acompañar el aviso original del que emana; por lo que puede y debe expedir certificaciones relativas a esa información y documentación, la que tiene validez plena, ya que no son simples documentos con datos aislados, sin orden ni método, que pudieran elaborarse de manera dolosa o parcial, a conveniencia del propio instituto. Por el contrario, son formales, avalados con la firma y nombre de un funcionario autorizado y responsable para ello de la veracidad de los datos que ahí se contengan, pues éstos no son otra cosa que el reflejo del contenido de los avisos de alta y baja que, en relación con un trabajador determinado, se aportaron a lo largo de su vida laboral; y es el propio instituto, mejor que nadie, quien conoce esa vida de trabajo y al elaborar el certificado de derechos puede advertir la falta de algún o algunos patrones o semanas cotizadas o un error o incorrección y en una eventual audiencia, ante autoridad jurisdiccional, el trabajador puede objetar el mismo e, incluso, aportar pruebas para desvirtuarlo o demostrar la equivocación, esto último en virtud de que no se descarta la posibilidad de errores u omisiones por parte del funcionario a cuyo cargo corre la elaboración del documento; por lo que es innegable que si dicha información es utilizada como prueba dentro de un juicio, en el que el mencionado instituto sea parte y en el cual éste pierda su calidad de autoridad para convertirse en un particular con intereses propios, es necesario que las partes con intereses contrapuestos a éste, objeten y demuestren la falsedad o incorrección o, por lo menos, hagan dudar de la credibilidad de los documentos que contengan datos e información aportados por el propio instituto. Por tanto, estimar que tal certificado carece de valor probatorio pleno y resulta ineficaz para demostrar por sí solo los hechos base de las defensas y excepciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, ello conduciría a una generalidad y privaría a las Juntas de analizar cada caso, a verdad sabida y en conciencia, en forma fundada y motivada." CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la ejecutoria que dictó al fallar el amparo directo 98/2000, expuso las consideraciones que son del tenor siguiente: "CUARTO. Vistos los autos de donde emana el acto reclamado, este Tribunal Colegiado, supliendo la deficiencia de la queja a favor de la impetrante, ya que se trata de la parte obrera, de conformidad con la fracción IV del numeral 76 bis de la Ley de Amparo vigente, encuentra violaciones a las garantías constitucionales de la trabajadora cometidas por la responsable al emitir el laudo impugnado que hacen procedente conceder el amparo que solicita, por las siguientes consideraciones: -6-

7 "La Junta en el laudo que emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este mismo Tribunal Colegiado dentro del juicio de amparo directo, expediente número 468/99, interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social, efectivamente estudia la excepción de falta de acción y derecho que opuso dicho instituto en contra de la acción principal de la ahora quejosa, pero lo hace de manera incorrecta y deficiente, toda vez que, en primer lugar, omite fijar la litis referente a la cuestión del periodo de conservación de derechos de la actora, esto es, ya que este lapso depende de manera directa del número de semanas cotizadas que la trabajadora tenga aportadas a su favor en el régimen obligatorio del seguro social, era necesario que se señalaran en el laudo los hechos manifestados por cada una de las partes en contienda a ese respecto, para después fijar las cargas probatorias, lo cual indiscutiblemente no realizó la responsable y a pesar de que dentro de su estudio la Junta implícitamente le arrojó la carga de probar a la demandada, hizo un estudio ilegal de la probanza del instituto consistente en el certificado de derechos expedido por la Jefatura del Departamento de Afiliación y Vigencia dependiente de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Delegación Estatal Jalisco del instituto demandado (fojas 46 a 48) otorgándole valor probatorio pleno para demostrar el número de cotizaciones semanales alegada por ese instituto, lo cual fue incorrecto como se verá a continuación. "La actora en su demanda inicial, propiamente en los puntos I y II de hechos, manifiesta (folio 2): I.... teniendo un total de 702 semanas cotizadas ante la empresa demandada. II.... se detectó en el Departamento de Vigencia de Derechos de la demandada, que existían dos expedientes de la actora, uno con No. de afiliación y otro con No. de afiliación , apareciendo en el primero 288 semanas cotizadas y en el segundo 414 semanas cotizadas, y no fueron tomadas en cuenta las primeras de las señaladas al resolverse sobre la pensión solicitada..., por su parte, el demandado a este particular respondió (folios 21 y 22): En lo que se refiere al punto primero es parcialmente cierto, ya que efectivamente cotizó en los números de afiliación y , siendo el número correcto el primero; es falso en cuanto a las semanas cotizadas que manifiesta la actora, ya que el número de semanas cotizadas con los dos números de afiliación es de 434 semanas... En lo referente al punto segundo... la actora sólo acumuló 434 semanas de cotización, por lo cual resulta infundada la pretensión de la actora; además, es falso lo que señala manifestando que en los números de afiliación y , en el primero acumuló 288 semanas de cotización y en el segundo 414 semanas, argumentando que no fueron tomadas en cuenta las primeras, lo cual es falso, ya que mi representado tomó en cuenta ambos números, de los cuales al hacer el cómputo final la actora cotizó únicamente 434 semanas..., de lo que se infiere que la litis en este aspecto, que debió fijar la responsable, consistió en determinar si como dice la actora, que cotizó setecientas dos semanas o como lo alega el demandado sólo fueron cuatrocientas treinta y cuatro, correspondiéndole la carga de probar su dicho al instituto demandado por contar él con los elementos de prueba necesarios para hacerlo, ya que es su obligación conservar los avisos de alta, modificaciones salariales y bajas de todos los trabajadores inscritos en el régimen obligatorio, así como cuenta con las -7-

8 liquidaciones de cuotas obrero-patronales correspondientes a cada obrero, a los cuales los trabajadores no tienen acceso, todo esto organizado y sistematizado bajo departamentos especializados en toda la República creados ex profeso para estos fines, por lo cual cuenta con mejores posibilidades que la parte trabajadora para demostrar su aserto. "Ahora bien, la Junta en el laudo reclamado, al estudiar la excepción de falta de acción y derecho opuesta por el demandado, basada en que la actora se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos cuando solicitó el otorgamiento de la pensión por invalidez, implícitamente le atribuye la carga de la prueba al instituto, al decir (folio 187):... tal es el caso que la actora en el presente juicio, el último aseguramiento fue hasta el día 24 de septiembre de 1993 cuando cotizó con el patrón Raúl Plasencia Ortega, no volviendo a cotizar posteriormente, de tal manera que aplicando el citado artículo 182 se deduce que una cuarta parte de lo cotizado por la actora Maricela Kotasik (sic) González, según se desprende de la prueba documental número 2 ofrecida por el instituto demandado visible a fojas de la 46 a la 48 de autos, cotizó hasta el 24 de septiembre de semanas..., y a pesar de que la Junta se equivocó en el número de cotizaciones al decir cuatrocientas veintidós y no cuatrocientas treinta y cuatro, como reconoce el instituto, esto para el presente estudio carece de relevancia, porque a fin de cuentas la Junta de manera incorrecta le otorgó valor probatorio pleno al certificado de derechos expedido por la Jefatura del Departamento de Afiliación y Vigencia dependiente de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Delegación Estatal Jalisco de dicho instituto, y esto es así, toda vez que el citado certificado de derechos fue elaborado de manera unilateral por personal del demandado sin la intervención de la trabajadora actora, por lo que su valor probatorio debe ser de mero indicio, teniendo que estar avalado, para que alcanzara calidad de prueba plena, por otros elementos de soporte técnico que le dieran credibilidad a los datos asentados en el certificado, como lo serían todos y cada uno de los avisos de inscripción y baja de la trabajadora presentados ante él dentro del régimen obligatorio o voluntario, por lo cual al haber exhibido solamente de manera parcial los movimientos afiliatorios de la actora, el soporte lógico y jurídico del certificado es incompleto y, por ende, no es suficiente para otorgarle validez probatoria, puesto que el instituto sólo exhibió la baja del patrón Electromotores y Repuestos, Sociedad Anónima, y las bajas y altas de los patrones Central de Aduanas de Guadalajara, Sociedad Anónima; Humberto Gascón Orozco; Plásticos Electrónicos de Occidente, Sociedad Anónima; Consultores Contables y Administrativos, Asociación en Participación; Proveedores de Industrias Varias, Sociedad Anónima; Promotores Especializados de Occidente, Sociedad Anónima; Comercialización Agropecuaria de Cavadas, Sociedad Anónima de Capital Variable; y Raúl Plasencia Ortega, y sólo un aviso de modificación de salario de la empresa Promotores Especializados de Occidente, Sociedad Anónima (agregados a folios 39 a 44), siendo éstos solamente los últimos nueve patrones del listado del certificado, cuando el total que aparece en el mismo es de veinticuatro entidades patronales, por lo que es indiscutible que la Junta le otorgó valor probatorio a esta documental del instituto demandado de manera incorrecta, apartándose de la lógica jurídica de valoración de pruebas y, por tanto, al carecer -8-

9 de validez este referido documento, es claro que el instituto no demostró que la actora tuviera únicamente el número de cotizaciones semanales que alegó en su defensa y, por tanto, debe estarse a lo que al respecto dice la actora en su escrito de demanda laboral, esto es, que tiene un total de setecientas dos semanas cotizadas en el régimen obligatorio del seguro social, al no existir prueba en contrario y partiendo de este presupuesto es que se tiene que analizar la excepción de falta de acción y derecho planteada por el demandado respecto del periodo de conservación de derechos de la hoy quejosa. "Esto es así, porque es indiscutible que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado, es una autoridad que de acuerdo a sus atribuciones legales y reglamentarias puede válidamente expedir informes y certificaciones relacionadas con los datos y documentos que en virtud de sus funciones posee o maneja, los cuales frente a terceros y autoridades tienen pleno valor convictivo, verbigracia, los certificados de derechos que expiden sus Jefaturas de los Departamentos de Afiliación y Vigencia de las diversas delegaciones del instituto. Empero, excepción a esta regla lo es el caso en el cual el propio instituto es parte en algún conflicto del orden laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el cual pierde su categoría de autoridad para convertirse en parte del conflicto y, por ende, en un particular frente a su contraria, por lo cual y para salvaguardar el principio de igualdad procesal y evitar ventajas injustas por parte del instituto, este tribunal considera que si bien éste puede expedir certificados de derechos por conducto de personal a su cargo y exhibirlos en juicio para pretender demostrar los hechos en que funde sus excepciones y defensas, no menos verdad es que en este caso, estas certificaciones sólo adquieren el rango de indicio cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, pudiendo, en su caso, darles valor probatorio pleno, cuando el certificado esté avalado por un soporte técnico, lógico y jurídico de los datos que contiene de manera completa, como lo son los movimientos afiliatorios del trabajador, debiéndose, por ende, acompañar los avisos de alta y baja o el pago de cuotas obrero-patronales dentro del régimen obligatorio o los pagos de cuotas en el régimen voluntario, según el caso, entregados a la institución de seguridad social por los particulares para los fines legales a que haya lugar, por lo cual, en caso contrario, es decir, de no soportarse el certificado aludido en estos documentos completos, que abarquen todo el tiempo de aseguranza del trabajador de que se trate, éste carece de valor probatorio pleno y es ineficaz para demostrar por sí solo los hechos base de las defensas y excepciones del instituto relacionadas con los datos contenidos en la propia certificación. "Por tanto, es evidente que existen como presupuestos para el análisis de la excepción en comento y determinar el periodo de conservación de derechos de la impetrante, los siguientes: a) Las semanas cotizadas son setecientas dos; b) La fecha de baja dentro del régimen obligatorio del seguro social de la actora, sin reingreso al mismo ni continuación voluntaria, es el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres; c) La fecha de baja señalada en el inciso anterior es la que debe tomarse como partida para el inicio del periodo de conservación de derechos, estipulado en los artículos 182 de la anterior Ley del -9-

10 Seguro Social y 150 de la vigente; d) La fecha de solicitud realizada por la actora al instituto demandado para el otorgamiento de la pensión por invalidez, reconocida por ambas partes, es la del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis (folio 19 en la ampliación a la demanda y folio 26 en la contestación a la ampliación de demanda); e) Que de acuerdo a los numerales 182 de la anterior Ley del Seguro Social y 150 de la vigente, la trabajadora conservó sus derechos a una pensión de invalidez por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja; f) La cuarta parte de setecientas dos semanas son ciento setenta y cinco punto cinco semanas, iguales a un mil doscientos veintiocho punto cinco días, equivalentes a tres años, cuatro meses y cuatro y medio días. "Por lo cual, bajo estos parámetros y datos, tenemos que la actora conservó sus derechos a una pensión de invalidez a cargo del instituto demandado, hasta el cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, y habiendo solicitado su otorgamiento el mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, es indudable que lo hizo en tiempo y, por lo mismo, la excepción de falta de acción y derecho opuesta por el ahora tercero perjudicado a la acción de la actora, reclamando el otorgamiento de la pensión por invalidez, consistente en que la reclamación se había realizado fuera del periodo de conservación de derechos, es infundada e improcedente, ya que el instituto no demostró los hechos en que se basó la misma, es decir, que la trabajadora solamente tenía cuatrocientas treinta y cuatro semanas de cotización y, por tanto, su primer reclamación de otorgamiento de pensión por invalidez se había hecho fuera de su periodo de conservación de derechos, todo por lo que, como se señaló anteriormente, la Junta de manera incorrecta consideró probada la excepción de cuenta, ya que contrario a esa determinación, debe tenerse por cierto que la actora realizó su reclamo de otorgamiento de pensión por invalidez dentro de su periodo de conservación de derechos, teniendo setecientas dos semanas cotizadas dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. "En consecuencia, lo que se impone es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta responsable deje inánime el laudo reclamado y, en su lugar, emita otro en el cual desestime su argumento en el sentido de que la demandada demostró la procedencia de su excepción de falta de acción y derecho por haber reclamado la actora el otorgamiento de la pensión por invalidez al tener únicamente cuatrocientas treinta y cuatro semanas cotizadas y, por el contrario, tenga por cierto que la hoy quejosa tiene un total de setecientas dos semanas de cotización dentro del régimen obligatorio del seguro social y que su reclamo inicial para que el demandado le otorgara la pensión por encontrarse en un estado de invalidez, se realizó por la impetrante dentro del periodo de conservación de derechos y así, a continuación, con libertad de jurisdicción analice el resto de lo alegado por las partes y sus pruebas relacionadas ahora con el padecimiento o no por parte de la trabajadora de un estado de invalidez, en los términos de la Ley del Seguro Social para determinar la procedencia o improcedencia del reclamo de la hoy quejosa en su caso." -10-

11 De los razonamientos anteriores derivó la tesis que a continuación se transcribe: "CERTIFICADO DE DERECHOS ELABORADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PRESENTADO COMO PRUEBA EN JUICIO EN EL QUE ES PARTE. VALOR PROBATORIO. Es indiscutible que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado, es una autoridad que de acuerdo a sus atribuciones legales y reglamentarias puede válidamente expedir informes y certificaciones relacionadas con los datos y documentos que en virtud de sus funciones posee o maneja, los cuales frente a terceros y autoridades tienen pleno valor convictivo, verbigracia los certificados de derechos que expiden sus jefaturas de los departamentos de afiliaciónvigencia de las diversas delegaciones del instituto. Empero, excepción a esta regla lo es el caso en el cual el propio instituto es parte en algún conflicto del orden laboral ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, en el cual pierde su categoría de autoridad para convertirse en parte del conflicto y por ende en un particular frente a su contraria, por lo cual y para salvaguardar el principio de igualdad procesal y evitar ventajas injustas por parte del instituto, debe considerarse que si bien éste puede expedir certificados de derechos por conducto del personal a su cargo y exhibirlos en juicio para pretender demostrar los hechos en que funde sus excepciones y defensas, no menos verdad es que en este caso, estas certificaciones sólo adquieren el rango de indicio cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, pudiendo en su caso, darles valor probatorio pleno cuando el certificado esté avalado por un soporte técnico, lógico y jurídico de los datos que contiene de manera completa, como lo son los movimientos afiliatorios del trabajador, debiéndose por ende acompañar los avisos de alta y baja, o el pago de cuotas obrero-patronales dentro del régimen obligatorio, o los pagos de cuotas en el régimen voluntario, según el caso, entregados a la institución de seguridad social por los particulares para los fines legales a que haya lugar; por lo cual, en caso contrario, es decir, de no soportar el certificado aludido en estos documentos completos, que abarquen todo el tiempo de aseguranza del trabajador de que se trate, éste carece de valor probatorio pleno y es ineficaz para demostrar por sí sólo los hechos base de las defensas y excepciones del instituto relacionadas con los datos contenidos en la propia certificación." QUINTO. Para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o -11-

12 interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. Para determinar si existe el conflicto de criterios, a continuación se sintetizan las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados participantes en la presente contradicción. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito considera que el certificado de vigencia de derechos que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del personal a su servicio, es un documento ordinario de control y de información, previsto y autorizado por el Reglamento de Organización Interna del instituto mencionado, el cual sirve para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado, para conocer si un afiliado tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones, tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga. La información que puede contener el referido certificado la posee en forma completa sólo el propio instituto, pues en razón de sus funciones es quien concentra y maneja esta información y los documentos respectivos, el cual tiene validez plena frente a terceros y diversas autoridades, ya que esta función la realiza en su calidad de autoridad dentro de su esfera jurídico-administrativa, por lo que, tratándose de una institución que tiene una función de protección social y su existencia obedece a un interés público, su actuar es de buena fe, presumiéndose que su proceder se sujeta única y exclusivamente a la aplicación correcta de la ley y la salvaguarda de los derechos de quien los tenga. Por tanto, es obvio que al poseer solamente el referido instituto la información base de los certificados en cuestión y estar los mismos previstos en cuanto a su expedición y encomienda, dentro de las leyes y reglamentos respectivos, y a pesar de que esta información vaya a ser utilizada como prueba dentro de un juicio en el que el instituto sea parte y en el cual éste pierde su calidad de autoridad para convertirse en un particular con intereses en un pleito, no puede ni debe la autoridad jurisdiccional desvalorizar de manera automática los documentos que contengan datos e información aportados por el propio instituto en el juicio de que se trata, a menos de que las partes con intereses contrapuestos a él, demuestren su falsedad o incorrección, o por lo menos hagan dudar de su credibilidad, ya que no son simples documentos con datos aislados, sin orden ni método, que pudieran antojarse elaborados de manera dolosa o parcial, a conveniencia del propio instituto; por el contrario, son formales, avalados con la firma y nombre de un funcionario autorizado para ello, quien es responsable, administrativamente, de la veracidad de los datos ahí contenidos. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito estima que si bien es indiscutible que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado, es una autoridad que de acuerdo a sus atribuciones legales y reglamentarias -12-

13 puede válidamente expedir informes y certificaciones relacionadas con los datos y documentos que en virtud de sus funciones posee o maneja, los cuales frente a terceros y autoridades tienen pleno valor convictivo, verbigracia, los certificados de derechos que expiden sus jefaturas de los departamentos de afiliación-vigencia de las diversas delegaciones del instituto; empero, es excepción a esta regla el caso en el cual el propio instituto es parte en algún conflicto del orden laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el que pierde su categoría de autoridad para convertirse en parte del conflicto y, por ende, en un particular frente a su contraria. Por tanto, para salvaguardar el principio de igualdad procesal y evitar ventajas injustas por parte del instituto, considera que aun cuando éste puede expedir certificados de derechos por conducto del personal a su cargo y exhibirlos en juicio para pretender demostrar los hechos en que funde sus excepciones y defensas; sin embargo, estas certificaciones sólo adquieren el rango de indicio, cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, pudiendo, en su caso, darles valor probatorio pleno, cuando el certificado esté avalado por un soporte técnico, lógico y jurídico de los datos que contiene de manera completa, como lo son los movimientos afiliatorios del trabajador, debiéndose, por ende, acompañar los avisos de alta y baja o el pago de cuotas respectivas, según sea el caso; de lo contrario, es decir, de no soportarse el certificado aludido en estos documentos completos, que abarquen todo el tiempo de aseguranza del trabajador de que se trate, éste carece de valor probatorio pleno y es ineficaz para demostrar, por sí solo, las defensas y excepciones del instituto relacionadas con los datos contenidos en la propia certificación. SEXTO. Sí existe la contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, ya que se advierte que se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a saber, si el certificado de derechos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado como prueba por éste, en su carácter de demandado en el juicio laboral, tiene pleno valor probatorio por sí mismo para acreditar los datos que en él se contienen; sin embargo, arribaron a conclusiones distintas, pues mientras el tribunal citado en primer término considera que dicho certificado tiene valor probatorio pleno, al ser un documento formal, avalado con la firma y nombre de un funcionario autorizado para ello y responsable de la veracidad de los datos en él contenido, el cual puede ser objetado por el trabajador en caso de que contenga algún error; por su parte el diverso tribunal participante estima que estas certificaciones sólo adquieren el rango de indicio, cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, pudiendo, en su caso, darle valor probatorio pleno, cuando se encuentre avalado por los avisos de alta y baja, o el pago de las cuotas, según el caso. Así, el punto central de la contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el emitido por el Segundo -13-

14 Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consiste en elucidar si el certificado de derechos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado como prueba por éste, en su carácter de demandado en el juicio laboral, tiene o no pleno valor probatorio por sí mismo para acreditar los datos que en él se contienen. Ahora bien, para efectuar el estudio correspondiente acerca del criterio que debe prevalecer, hay que tomar en consideración que el certificado de vigencia de derechos que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social es un documento de control e información, el cual sirve para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado, tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, para conocer si tiene derecho o no a percibir las prestaciones en dinero o en especie que el instituto otorga. Los datos contenidos en los certificados de derechos elaborados por el Instituto Mexicano del Seguro Social consisten, entre otros, en el nombre, número de afiliación, sexo, fecha de nacimiento y estado civil del asegurado; los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador en el régimen obligatorio, su nombre, las fechas de alta y baja; el grupo de cotización y el número de semanas cotizadas con cada uno. Tales datos deben estar ordenados en forma cronológica, asentando el total de las semanas cotizadas y reconocidas hasta un periodo determinado. Asimismo, constan los datos del registro o continuación del régimen obligatorio en el régimen voluntario, con las fechas de alta y baja en este sistema, y las semanas de cotización dentro de él, así como la fuente de información y su fecha de elaboración. Lo anterior se desprende del contenido relacionado de los artículos 251, fracciones IV, VI, VII, X, XI, XII, XIII y XXXVII, de la Ley del Seguro Social y 1o., 13, 15, 16, 21 y 25 del reglamento de dicha ley, relativo a la afiliación de patrones y trabajadores, que son del tenor siguiente: "Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes: "I. Administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y otros, así como prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta ley; "II. Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta ley; "... "X. Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, inscribir a los trabajadores asalariados y precisar su base de cotización aun sin previa gestión de los interesados y a los trabajadores -14-

15 independientes a su solicitud, sin que ello libere a los obligados de las responsabilidades y sanciones por infracciones en que hubiesen incurrido; "XI. Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y asegurados, verificada por el instituto la desaparición o inexistencia del supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el patrón o sujetos obligados hubiesen omitido presentar el aviso de baja respectivo, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta ley; "XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así como sus accesorios legales, percibir los demás recursos del instituto, y llevar a cabo programas de regularización de pago de cuotas. De igual forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; "XIII. Establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de cuotas y otorgamiento de prestaciones; "... "XXXVII. Las demás que le otorguen esta ley, sus reglamentos y cualesquiera otra disposición aplicable." "Artículo 1o. El registro de los patrones y demás sujetos obligados, así como la inscripción de los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, son de observancia obligatoria en la forma y términos que se señalan en la Ley del Seguro Social y el presente reglamento. "Es facultad del instituto establecer los procedimientos para el registro e inscripción de los sujetos a que se refiere este reglamento...." "Artículo 13. El instituto proporcionará a cada patrón o sujeto obligado una tarjeta de identificación patronal, por cada registro patronal asignado en los términos del artículo anterior, la que deberá mostrar en toda gestión que realice ante el instituto. En dicha tarjeta se harán constar, entre otros, los datos siguientes: "I. Número de registro patronal asignado por el instituto; "II. Nombre o razón social del patrón o sujeto obligado; "III. Actividad o giro; -15-

16 "IV. Domicilio, y "V. Firma del patrón o representante legal...." "Artículo 15. El patrón deberá comunicar al instituto la suspensión o término de actividades; clausura; cambio de nombre, razón social, actividad, domicilio o representante legal; sustitución patronal, fusión, o cualquier otra circunstancia que afecte su registro ante el instituto, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que ocurra el supuesto respectivo, anexando la documentación comprobatoria y presentando, en su caso, los formularios en que se indique la situación de afiliación de los trabajadores." "Artículo 16. Los patrones deberán inscribir ante el instituto a sus trabajadores permanentes, por obra o tiempo determinados o eventuales, proporcionando los datos de los mismos en los formularios o medios autorizados, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha del inicio de la relación laboral. No obstante lo anterior, la inscripción podrá realizarse el día hábil anterior al inicio de la relación laboral; en este caso, la obligación de prestar los servicios institucionales será a partir de la fecha que como inicio de la relación laboral se señale en el formulario respectivo. "Los patrones comunicarán al instituto los salarios de sus trabajadores, ajustándose a los límites establecidos en el artículo 28 de la ley." "Artículo 21. Los patrones deberán comunicar al instituto, a través de los medios autorizados, las modificaciones al salario de los trabajadores de acuerdo a lo siguiente: "... "Las modificaciones de salario antes señaladas surtirán efectos, a partir de la fecha en que se originó el cambio de salario. "Para el caso de los salarios variables..." "Artículo 25. Los patrones o sujetos obligados deberán comunicar al instituto, a través de los medios autorizados, las bajas de los trabajadores permanentes, por obra o tiempo determinado o eventuales, cuando termine la relación laboral o dejen de ser sujetos de aseguramiento, en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha en que se dé el supuesto respectivo. "En tanto el patrón o sujeto obligado no presente al instituto el aviso de baja del trabajador, subsistirá la obligación de cubrir las cuotas obrero-patronales respectivas. -16-

17 "En el caso de la presentación del aviso de baja, dentro del término legal, éste surtirá sus efectos a partir de la fecha señalada por el patrón en dicho aviso. "En el caso de la presentación extemporánea del aviso de baja, éste surtirá sus efectos al momento de su recepción por el instituto." Ahora bien, los certificados de derechos que expide el referido instituto son elaborados por funcionarios autorizados, cuyo nombre y firma consta en los mismos, los cuales son responsables, administrativamente, de la veracidad de los datos ahí contenidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde a la Dirección de Afiliación y Cobranza de dicho instituto la vigilancia, evaluación y emisión de normas relativas a las certificaciones de la vigencia de derechos para el otorgamiento de prestaciones en dinero y en especie, siendo atribución de los delegados en cada circunscripción territorial, llevar a cabo los actos relacionados con tales certificaciones. Los preceptos citados son del tenor siguiente: "Artículo 78. La Dirección de Afiliación y Cobranza tendrá las facultades siguientes: "... "III. Vigilar, evaluar y emitir normas relativas a: "... "d) La certificación de la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie." "Artículo 150. Son atribuciones del delegado dentro de su circunscripción territorial, las siguientes: "... "XVII. Llevar a cabo los actos relacionados a: "... "d) La certificación de la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie." -17-

18 De lo establecido en los artículos transcritos se advierte que dentro de las facultades de la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como del delegado, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra la consistente en certificar la vigencia de derechos de los asegurados, lo cual conduce a concluir que el certificado de derechos es el documento oficial de control e información, utilizado para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, de conformidad con sus reglas específicas, a efecto de establecer si éste tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga. Por tanto, es evidente que aun en los casos en que dicho documento sea aportado por el referido instituto en su carácter de demandado en un juicio laboral, es la prueba idónea para acreditar los extremos referidos, sin que sea necesario que además se exhiban los avisos de alta y baja del asegurado o el pago de las cuotas respectivas, dado que el documento en el que se asientan los datos correspondientes, es precisamente la hoja de certificación de derechos, máxime que si para la validez de dicho documento fuera necesario acompañar los citados avisos, ello implicaría desconocer todo valor de la certificación aludida en los juicios laborales en que el mencionado instituto sea parte, pues entonces no tendría razón de ser la exhibición de esta última; lo anterior, aunado a que dada la trascendencia fiscal que pudiera derivarse de tal información, sería difícil que los datos ahí registrados sean alterados, lo que desde luego no impide la posibilidad de que el trabajador pueda desvirtuarlos con prueba en contrario, en caso de estimar que los mismos sean inciertos. Esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 32/97, entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, determinó que la carga de la prueba de las cotizaciones de los trabajadores que sirven de base salarial para determinar la cuantificación de las pensiones que prevé la Ley del Seguro Social, corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser éste quien posee los comprobantes e información idónea para acreditar el tiempo de cotización por corresponderle el registro e inscripción de los trabajadores para efectos del seguro social obligatorio, altas y bajas de éstos, así como el registro de los salarios y sus modificaciones. Entre las consideraciones en que se apoya tal criterio, se estima oportuno transcribir las siguientes: "... resulta congruente considerar que tratándose del juicio en que un trabajador en su carácter de asegurado, demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social las prestaciones que éste debe otorgarle por concepto de pensiones en términos de la Ley del Seguro Social, la carga de la prueba para determinar el promedio de las cotizaciones base de la cuantificación de aquéllas corresponda al referido instituto, en razón de que no sólo por lógica, sino por disposición de la ley en cita, que regula sus funciones, cuenta con más y mejores elementos -18-

19 de prueba que el trabajador asegurado reclamante para acreditar las aludidas cotizaciones, puesto que en términos del ordenamiento citado y disposiciones reglamentarias le corresponde el registro e inscripción de los diversos trabajadores para efectos del seguro social obligatorio, así como sus altas y bajas, registro de sus salarios y sus modificaciones, abriendo un expediente por cada trabajador asegurado. "... "Así, dado el contenido de los preceptos legales y reglamentarios insertos (artículos 251 de la Ley del Seguro Social; 4o., 6o., 7o., 10, 13, 14 y 15 de su reglamento en lo relativo a la Afiliación de patrones y trabajadores, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete), resulta evidente que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que cuenta con la información y la documentación idónea para determinar el promedio de las cotizaciones del trabajador asegurado, base para calcular el monto de las pensiones que debe otorgarle, conforme a la Ley del Seguro Social, por lo que al ser parte en el juicio laboral en que el trabajador en términos del artículo 275 de la Ley del Seguro Social, le reclama las prestaciones que dicho ordenamiento establece en su beneficio como asegurado, debe probar tales cotizaciones y el último salario base, para determinar dichas prestaciones reclamadas. "Además, si se toma en cuenta la forma tan técnica y compleja prevista por la ley mencionada para determinar las bases de cotización, que para su cálculo requiere de conocimientos especializados, puesto que entre otros, señala en su artículo 32, que para los efectos de dicha ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y otras cantidades que se entreguen al trabajador por sus servicios, indicando en su artículo 35 que para determinar la forma como el trabajador asegurado debe cotizar, se observarán reglas tales como que para fijar el salario diario, se dividirá la remuneración respectiva entre siete, quince o treinta días, según sea que éste se pague por semana, quincena o mes, y si la naturaleza o peculiaridades de las labores el salario se estipula por día trabajado o por unidad de tiempo, el reglamento respectivo establecerá las bases, forma de cotización y las modalidades conforme a las cuales se otorgarán las prestaciones; refiriéndose en el artículo 36, con relación al salario diario base de las cotizaciones, a elementos fijos y elementos variables y mixtos del salario del trabajador, sería contrario al espíritu del legislador social y laboral el dejar la carga de la prueba al trabajador respecto al promedio de sus cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, base de las pensiones a que tiene derecho y que reclama en vía jurisdiccional...." Así, el criterio que prevaleció con el carácter de jurisprudencia, y sus datos de localización son los siguientes: "SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS -19-

20 TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. La Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, disponía en su artículo 275 como lo hace la ley en vigor en su artículo 295 que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que dicha ley otorga, podrán ventilarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que significa que al no señalar el procedimiento correspondiente, tal medio de defensa debe sustanciarse conforme a las reglas procesales que regulan el funcionamiento y actividad de la aludida Junta Federal, es decir, de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley Federal del Trabajo; por tanto, al establecer el ordenamiento legal primeramente citado que para el cálculo de la cuantía básica de las pensiones que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga a los trabajadores asegurados debe tomarse en cuenta el promedio de las últimas semanas de cotización, para determinar en un juicio laboral a quién corresponde probar tal extremo, debe acudirse a lo dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la figura procesal de la carga de la prueba y de cuyo contenido se desprende que el espíritu del legislador es, además de garantizar una igualdad real en el proceso mediante la tutela y protección del trabajador relevándolo de la carga de la prueba, el de alentar el sistema participativo en el proceso laboral a fin de que la contraparte de éste, y terceros ajenos al juicio, que por lógica o por disposición de las leyes, disponen de más y mejores elementos de prueba que el propio trabajador, los aporten a efecto de lograr el real esclarecimiento de los hechos; siendo el instituto quien por disposición de los artículos 240 de la Ley del Seguro Social anterior y 251 de la ley en vigor, 4o., 6o., 7o., 10, 13, 14 y 15 del Reglamento de Afiliación de Patrones y Trabajadores, el que posee los comprobantes e información idónea para acreditar el tiempo de cotización por corresponderle el registro e inscripción de los trabajadores para efectos del seguro social obligatorio, altas y bajas de éstos, así como el registro de los salarios y sus modificaciones." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, mayo de Tesis: 2a./J. 27/98. Página: 524). Por consiguiente, si bien la información que puede contener el referido certificado de derechos, la concentran y manejan los propios funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, éste tiene plena validez frente a terceros y diversas autoridades, ya que la función la realiza en su calidad de autoridad dentro de su esfera jurídico-administrativa, que al tratarse de una institución de protección social y de interés público, debe estimarse que su actuar es de buena fe, por lo que los documentos que certifica gozan de la presunción de legitimidad. En consecuencia, el certificado de derechos elaborado por el instituto mencionado, aportado como prueba por el mismo, en su carácter de demandado en un juicio laboral, tiene plena eficacia probatoria, salvo prueba en contrario, para acreditar los datos que en él se contienen. -20-

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