CONSIDERACIONES. La firma de la Iniciativa Mérida

Transcripción

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A ENVIAR UNA CARTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, JOHN KERRY, A FIN QUE RETIRE LOS FONDOS ASIGNADOS A MÉXICO, A TRAVÉS DE LA INICIATIVA MÉRIDA, A RAÍZ DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CASO TLATLAYA Y AYOTZINAPA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SENADORA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PERTENECIENTE AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 73 FRACCIÓN XIV, 76 FRACCIÓN I Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE: PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL PLENO DE ESTA CÁMARA DE SENADORES, ENVÍE UNA CARTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS JOHN KERRY, A FIN QUE RETIRE LOS FONDOS ASIGNADOS A MÉXICO, A TRAVÉS DE LA INICIATIVA MÉRIDA, A RAÍZ DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CASO TLATLAYA Y AYOTZINAPA; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: CONSIDERACIONES La firma de la Iniciativa Mérida El 30 de junio de 2008 George W. Bush firmó la Iniciativa Mérida (IM), conocida también como Plan México; unos días después fue aprobada por el Congreso estadounidense como parte de la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios para Irak. La iniciativa tuvo que adoptar varias versiones preliminares antes de que ambas cámaras le dieran luz; en tanto legisladores de ambos países debatían para resolver objeciones en torno a los derechos humanos. En la versión final, aún con la endeble exigencia sobre derechos humanos que se le había incorporado, la pretensión quedó eliminada. Es decir, los controles en torno al respeto a los derechos humanos, a raíz de la operación del plan y los efectos colaterales provocados por su aplicación, fueron rechazados. [*] Ambos gobiernos se proclamaron satisfechos con el acuerdo y se aplaudió el inicio de una nueva era de colaboración binacional. Con el tema de derechos humanos relegado, las relaciones bilaterales México-EU y la sociedad mexicana, encaran un futuro de militarización que, lejos de resolver el problema de inseguridad y la violencia generalizada, se agrava con los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado; [*] principalmente del ejército. México y la Iniciativa Mérida: Los derechos humanos al frente: Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando profundas deficiencias en el sistema mexicano de justicia penal y de seguridad pública, deficiencias que han llevado a un largo historial de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal militar, de seguridad y judicial del país. Violaciones de derechos humanos tales como torturas, detenciones arbitrarias, uso de fuerza excesiva y negación del debido proceso quedan a menudo sin castigo. La creciente implicación de los militares en operativos para hacer cumplir la ley civil, concretamente, en la lucha contra el narcotráfico, vuelve particularmente alarmante ver que se les acusa a menudo de ser abusivos, ineficaces y faltos de transparencia. En la mayoría de los casos, los responsables no han tenido que rendir cuentas y las víctimas no han recibido reparación del daño. La impunidad sigue siendo casi total. El sistema de justicia militar continúa demostrando su falta de imparcialidad para investigar debidamente y llevar a la justicia a los miembros del ejército acusados de violar los derechos humanos. Estados Unidos y México deben colaborar para resolver los problemas comunes de drogas y de seguridad, especialmente dado que miles de ciudadanos mexicanos pierden la vida cada año a causa de la violencia relacionada con las drogas; pero ni la ayuda estadounidense ni las políticas mexicanas

2 para combatir la delincuencia deben ser a expensas de violentar los derechos humanos. Amnistía Internacional desea ver un cambio de énfasis en la asignación de fondos a esta iniciativa, que ponga los derechos humanos al frente. [*] Informe sobre Derechos Humanos La organización Human Rights Watch (HRW) recomendó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, exigir a su similar mexicano, Enrique Peña Nieto, que México investigue y juzgue los atroces abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas. En particular tras los dos 'atroces' casos ocurridos en territorio mexicano durante 2014: la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio, y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa suscitada en Iguala, Guerrero, en septiembre. Esta organización internacional dio a conocer un documento en el que hace referencia a las violaciones a los derechos humanos que se enfrentan en México. México está atravesando la crisis de derechos humanos más grave en años, en la cual miembros de las fuerzas de seguridad participan en abusos terribles que rara vez son sancionados, señaló Daniel Wilkinson, director adjunto de la División de las Américas de HRW. El gobierno de Peña Nieto hasta el momento no ha enfrentado esta crisis con seriedad, y el presidente Obama no ha estado dispuesto a llamar la atención al gobierno mexicano para que lo haga. Esta agrupación apuntó que desde 2007, Estados Unidos ha aportado a México fondos por más de 2 mdd a través de la Iniciativa Mérida, un proyecto conjunto entre ambos países para combatir la delincuencia organizada. Agregó que supuestamente el 15% de la asistencia estadunidense brindada en el marco de esta iniciativa está supeditada a que México cumpla una serie de requisitos básicos de derechos humanos, entre los cuales se incluyen asegurar que se investiguen y juzguen las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, resaltó que las dos atrocidades recientes: Tlatlaya e Iguala, han captado la atención de los medios internacionales y han generado masivas protestas en México. Los dos casos reflejan un patrón más amplio de abusos e impunidad, y son en gran parte consecuencia del fracaso del gobierno mexicano para abordar el problema, indicó HRW. Agregó que desde el ex mandatario mexicano Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico en 2007, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado involucrados en serias violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. HRW ha documentado estos abusos cometidos por fuerzas de seguridad a lo largo del país, incluidos 149 casos de desapariciones forzadas. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han reportado que la tortura es una práctica generalizada en el país y que hubo numerosas ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad. El gobierno de Peña Nieto se ha comprometido a adoptar medidas para investigar y juzgar los abusos, pero no ha concretado en la práctica sus propias iniciativas.

3 Información difundida por HRW asienta que la administración del presidente estadunidense ha certificado en reiteradas oportunidades que se están cumpliendo los requisitos de la Iniciativa Mérida, pero, acotó la Ong que, existen claras evidencias de lo contrario. Al consultarse sobre los fondos de la Iniciativa Mérida que están supeditados a estos requisitos de derechos humanos, Obama manifestó en diciembre de 2014 que lo mejor que podemos hacer es ser un buen socio y construir sobre la base de los avances que se han conseguido. El gobierno de Estados Unidos no debería certificar que México ha cumplido con los requisitos de derechos humanos hasta que México demuestre avances significativos en el juzgamiento de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, enfatizó HRW. Si el Presidente Obama aspira realmente a ser un buen socio, debe estar dispuesto a decir lo que el gobierno mexicano necesita escuchar, concluyó. [*] EE.UU. debe retener los fondos condicionados de la Iniciativa Mérida a México Hoy la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto con siete otras organizaciones de derechos humanos mexicanas y estadounidenses, llaman al gobierno de Estados Unidos a no certificar a México conforme a los requisitos en materia de derechos humanos incluidos en la asistencia de los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. En un memorándum dirigido al Departamento de Estado las organizaciones también instan no proporcionar asistencia de la Iniciativa Mérida a las fuerzas armadas de México. Desde el inicio de la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008, el Congreso de EE.UU. ha condicionado 15 por ciento de los fondos asignados a la policía y los militares mexicanos a que el Departamento del Estado, certifique que el gobierno mexicano haya hecho avances substanciales en ciertas áreas prioritarias de derechos humanos. Retener esos fondos enviaría un mensaje claro de que los Estados Unidos condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, dijo Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México de WOLA. México tiene que enfrentar un nivel de criminalidad alarmante pero las violaciones de los derechos humanos no mejoran la seguridad en el país, e incluso podrían generar más inseguridad. En el memorándum, las organizaciones resaltan la falta de avances de México en términos de derechos humanos, Nuestra investigación y documentación, así como el trabajo realizado por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, ilustran que el gobierno mexicano no ha logrado avanzar lo suficiente en las prioridades de derechos humanos identificados por el Congreso en su asistencia a México, afirman las ocho organizaciones firmantes. Además de WOLA, se incluyen Amnistía International - USA; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Robert F. Kennedy Human Rights. En general, proporcionando las fuerzas de seguridad mexicanas más entrenamiento y equipo, mientras que la corrupción y los abusos continúan sin control, hace poco para mejorar la seguridad en México, y es probable que continúe a empeorar una situación ya grave de los derechos humanos, manifiestan las organizaciones firmantes. Reiteramos que el camino hacia la seguridad ciudadana para México no es uno de la lógica de guerra, sino más bien uno de respetar los derechos humanos, fortalecer las instituciones civiles, reformar verdaderamente la policía y el sistema judicial, sancionar la corrupción y consolidar el Estado de Derecho y una democracia representativa que rinde cuentas.

4 El memorándum refiere a numerosos casos emblemáticos, incluyendo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya y da datos que muestran las fallas del gobierno mexicano en investigar y sancionar a funcionarios por violaciones a los derechos humanos, en aplicar la prohibición del uso de la tortura, y en buscar a las víctimas de la desaparición forzada, como evidencia por la que el Departamento del Estado no debe emitir un informe favorable al Congreso de EE.UU. para otorgar los fondos condicionados. Este memorándum viene un poco después de que 82 miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al Secretario de Estado, John Kerry, expresando su preocupación por la situación de derechos humanos en México y afirmando que los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya no son incidentes aislados en México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país. [*] POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN: ÚNICO.- El Senado de la República atento al principios de la División de Poderes contemplado en la Constitución General de la República y a los Principios de Política Exterior que promueve nuestro país en la comunidad internacional, respetuosamente exhorta al Pleno de esta Cámara de Senadores, envíe una Carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry, a fin que retire los fondos asignados a México, través de la Iniciativa Mérida, a raíz de la violación a los derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa. [*] Gallardo Rodríguez, José Francisco, (General y Doctor), Escenarios de la Seguridad Hemisférica: Entre los Viejos Esquemas y las Nuevas Amenazas, Posdoctorado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp [*] Paterson, Kent, Plan México: Los reportes de quejas de derechos humanos en Ciudad Juárez y Chihuahua llegaron en un momento en que el Congreso de Estados Unidos (EUA) se encontraba debatiendo la propuesta de apoyo anti-drogas de la Administración de Bush hacia México, conocida como la Iniciativa Mérida, o Plan México. Los legisladores le añadieron algunas condiciones sobre derechos humanos a la propuesta, pero tanto los representantes del gobierno de Bush como los de Felipe Calderón, sesionaron fuertemente en contra de éstas, debido a que representaban una afronta a la soberanía nacional mexicana. Activistas de derechos humanos en México y el extranjero han sostenido por mucho tiempo que la intervención del Ejército mexicano en la lucha antidrogas constituye una violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estipula que el ejército no deberá actuar en asuntos internos en tiempos de paz (artículo 129). Presionados por la escalada en la narco-violencia, muchos legisladores mexicanos, empresarios y líderes civiles han acordado que el ejército es la única fuerza capaz de hacerle frente a las fuertemente organizadas y bien armadas fuerzas privadas de los distintos sindicatos de la droga. El 26 de junio, el Senado de Estados Unidos aprobó la Iniciativa Mérida con cláusulas de derechos humanos diluidas, prometiendo al Gobierno mexicano $400 millones de dólares para el año fiscal De este apoyo, $116.5 millones serán destinados al Ejército mexicano. El Presidente Bush aprobó la iniciativa y la convirtió en ley el 30 de junio, dentro de la cuenta de gastos de la guerra en Irak y Afganistán. Legisladores en Estados Unidos aprueban la ayuda militar a México, mientras las quejas en materia de derechos humanos aumentan. Programa de las Américas, 11 de agosto de (Version original: U.S. Lawmakers Approve Mexico Military Aid as Human Rights Complaints Mount, tr. Greta Ríos). Página Web. (consultada 16 de junio de 2009)

5 [*] Human Rights Watch, Impunidad Uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, Ed. HRW, 85 pp. Presentado en la Ciudad de México el 23 de abril de Página Web. http.// files/reports/mexico0409spweb.pdf (consultada 25 de abril de 2009), Injusticia Militar: La reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército, Ed. HRW, diciembre de pp. Página Web. (consultada 25 de abril de 2009) En un documento de 85 cuartillas denominado Impunidad uniformada, Human Rights Watch (HRW) subraya que persisten las desapariciones forzadas de personas, las violaciones sexuales, las detenciones arbitrarias, tortura, incomunicación y abusos aberrantes de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico; y esta situación se mantiene por el temor y el miedo de la autoridad civil de subordinar a los militares. Ballinas, Víctor, Acusa HRW abusos de las Fuerzas Armadas en operativos de combate al narco, Periódico La Jornada, México, 29 de abril de Página Web. (consultada 24 de abril 2009) [*] AI/La Iniciativa Mérida. Página Web. y-entrenamientomilitar/mexico-y-la-iniciativa-merida/page.do?id= (consultada 16 de junio de 2009) HRW pide a Obama que exija a Peña castigo a abusos de fuerzas de seguridad, por Emir Olivares Alonso 05 ene Página Web. (Consultada 10 de julio de 2015) [*] EE.UU. debe retener los fondos condicionados de la Iniciativa Mérida a México. El gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos de derechos humanos. 9 jul Página Web. o (Consultada 10 de julio de 2015)