Colonización, regadíos y desarrollo en el sur de España

Transcripción

1 Colonización, regadíos y desarrollo en el sur de España El caso particular de la provincia de Jaén Vicente José Gallego Simón Madrid, 2014

2 Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Edita: Distribución y venta: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Paseo de la Infanta Isabel, 1 Secretaría General Técnica Madrid Centro de Publicaciones Teléfono: Fax: Diseño y maquetación: DiScript Preimpresión, S. L. Impresión y encuadernación: DiScript Preimpresión, S. L. NIPO: ISBN: Depósito Legal: M Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: Tienda virtual: centropublicaciones@magrama.es Datos técnicos: Formato: 17x24 cm. Caja de texto: 11,8x18,9 cm. Composición: una columna. Tipografía: Corporate A a cuerpo 10. Encuadernación: cosido con hilo. Papel: interior en papel reciclado de 80 g. Cubierta en cartulina gráfica de 250 g. Tintas: 4/4. Impreso en papel reciclado al 100%

3 PRÓLOGO La obra que el lector tiene en sus manos posee un enorme valor científico, pues es fruto de una labor paciente, minuciosa y rigurosa que se basa en la búsqueda, crítica e interpretación de unas fuentes tan abundantes como, en muchos casos, desconocidas hasta estos momentos para los investigadores especializados en el tema. Sobre este particular, no creo que sea posible señalar ninguna obra de importancia mayor, e incluso menor, que no haya sido convenientemente escrutada y empleada a los fines de la investigación cuyos resultados se presentan aquí, y que no olvidemos forman parte de la tesis doctoral del autor. En consecuencia con ello, y dado el acierto con el que esta información se explota, organiza y relaciona, puede afirmarse que aporta elementos suficientes como para producir un salto cualitativo en el conocimiento de la historia económica y social de la provincia de Jaén en un período especialmente intenso y, por supuesto, íntimamente dependiente de lo que iba aconteciendo en el mundo rural. Desde luego, durante las décadas centrales del siglo pasado, el calificativo que mejor describiría al territorio en cuestión sería el de «provincia problema». De la lectura del trabajo surgen de inmediato dos graves y grandes preguntas para la reflexión general: en primer lugar, existe alguna provincia española que haya sido más continua y profundamente diagnosticada y, al tiempo, peor remediada en sus problemas que la de Jaén?; y en segundo término, se dan mejores condiciones para su población a comienzos del siglo xxi que las que se dieron durante la segunda mitad del xx? Desde luego, no es motivo de esta presentación entrar en el fondo de tan complejas como urgentes cuestiones. Tan sólo cabe destacar que, en gran medida, no se pudo conseguir lo que a toda costa se pretendió: la diversificación de la economía y la aparición de oportunidades suficientes para retener a la población. El gran éxodo demográfico experimentado en aquellos momentos es, desde luego, prueba palpable del fracaso de la planificación y también de la derrota de los grupos sociales menos favorecidos. El caso es que los paisajes rurales hoy dominantes son en gran parte resultado de las acciones que entonces se emprendieron. Así, se ha llegado a una situación en la que el suelo provincial se distribuye en apenas dos grandes usos: fores- VII

4 Vicente José Gallego Simón tal y olivarero. En el primer caso, la proporción arbolada es muy significativa gracias a otro pilar de la política agraria franquista como fue la repoblación, abrumadoramente centrada en la plantación de varias especies del género pinus, que hoy dominan los diferentes espacios serranos que se distribuyen en las porciones periféricas de la provincia; al segundo se ha llegado en gran medida por el fracaso de las iniciativas puestas en marcha por el Plan Jaén, que no olvidemos tuvieron en la lucha contra el paro estacional crónico en el agro su motivo mayor. La diversificación de los cultivos, la mejora de la productividad previa ampliación del área regada y la aparición de una gran industria agroalimentaria que culminara la apuesta de desarrollo que se pretendía, simplemente no se consiguió. En consecuencia, no se transformaron de forma radical los espacios campiñeses que ocupan el sector central de la provincia, y que eran los llamados a protagonizar este cambio. Aún más espectacular que la expansión de los pinares en el suelo forestal ha sido la del olivar sobre el espacio cultivado. Y ello a pesar de que se reconocía en la especialización en este cultivo uno de los males de origen: la generación de trabajo estacional, poco cualificado y muy dependiente en su duración de las condiciones meteorológicas de cada campaña. Aunque era evidente que se podría corregir uno de estos problemas, el de la vecería productiva, empleando para ello parte de los recursos hídricos regulados a través de la impresionante red de embalses que se fue conformando durante todo el siglo xx, esta opción no se barajó en absoluto; considerándose mucho más lógico destinar el agua para los cultivos industriales, hortofrutícolas o forrajeros, mucho más adecuados a la pretensión de implantar lo que hoy podríamos calificar de proyecto de desarrollo endógeno de base rural y agroindustrial. La realidad, sin embargo, se ha empeñado en caminar por otros derroteros. Consumado el declive de la actividad industrial y anclada en los segmentos menos especializados y productivos del sector servicios, la provincia de Jaén sigue manteniendo su carácter rural (la mayoría de sus municipios, cuyos núcleos habitados conforman una bien distribuida red urbana, cuenta con una población menor de habitantes), y una evidente especialización agrícola. Es más, con casi el 90% de la superficie agrícola útil destinada al olivar, y una estimación de ha regadas (aproximadamente un 38% del total), se ha llegado a una abrumadora situación de monocultivo. Aunque la realidad agronómica y económica es muy dispar en función de numerosas variables y, por tanto, la diversidad de las explotaciones es muy amplia, contemplada en su conjunto no deja de impresionar, pues resulta que puede suponer hasta el 20% de todo el aceite de oliva que se produce en el mundo. Esta especialización extrema presenta importantes contradicciones ambientales, económicas y sociales, algunas de las cuales hacen pensar en situaciones de bloqueo parecidas a las que se dieron en otros momentos respecto a las posibilidades de éxito del territorio jiennense. A la vez, cuenta con magníficas oportunidades, que pasan en nuestra opinión por rentabilizar en mayor medida el entra- VIII

5 Colonización, regadíos Y DESARROLLO en el sur de España mado de investigación y formación que se ha desplegado en los últimos años; así como el cambio de mentalidades que se está observando en relación con la búsqueda de un producto diferenciado y cualificado, antes que obtenido masivamente bajo principios de lowcost. Estamos, en cualquier caso, en otro momento decisivo, pero el reto sigue siendo básicamente el mismo que el que se viene afrontando desde el período analizado por Vicente José Gallego Simón: tratar de desencadenar todo el potencial que el territorio tiene para competir inteligentemente, ahora en un contexto de economía globalizada. Solo me cabe, para terminar esta presentación, agradecerle una vez más las magníficas respuestas que el autor ha dado en este libro al entendimiento de la dinámica, organización y ordenación del espacio rural en un período decisivo para la provincia de Jaén, y reconocerle el mérito que tiene. Las vicisitudes personales o laborales pueden retardar o limitar la producción científica, pero mientras se mantenga la inquietud, la curiosidad y el inconformismo intelectual, podrán ser tan valiosas como ésta que he tenido el placer de presentar. Jaén, a 16 de julio de 2014 José Domingo Sánchez Martínez Catedrático del Área de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Jaén IX

6 ÍNDICE Introducción... XIII 1. Aspectos fundamentales de la colonización agraria en España El contexto agrario de la posguerra española. Ejes básicos de la nueva política agraria franquista Base ideológica y doctrinal de la política de colonización. Aproximación a sus principales autores Revisión bibliográfica de la obra colonizadora. Estudios generales, regionales y locales Regadíos y colonización en la provincia de Jaén. Estudio de un modelo único en España Instrumentos de planificación territorial asociados al regadío y la colonización. Análisis por zonas regables El alcance de la obra colonizadora en la provincia Complementariedad entre las políticas de colonización agraria, regadíos y repoblación forestal Un elemento clave en la configuración del modelo colonizador jiennense: la selección de colonos en las zonas regables Análisis de los diferentes modelos: pueblos de agricultores y pueblos de jornaleros El Plan Jaén como dinamizador de la economía provincial. Luces y sombras en su vertiente agraria y agroindustrial Diversificación agraria frente al avance olivarero. La transformación del espacio agrario colonizado Resultados agrarios e impacto económico de los nuevos regadíos Resultados de la colonización de interés local en la provincia de Jaén XI

7 Vicente José Gallego Simón Impacto de los regadíos del Plan Jaén La transformación del espacio agrario colonizado El fracaso de la industrialización en el medio rural Territorios de colonización: entre el dinamismo económico y la atonía Conclusiones Bibliografía XII

8 INTRODUCCIÓN Este trabajo forma parte de la tesis doctoral presentada en noviembre de 2010 y titulada «Transformacion en regadio, colonizacion y desarrollo rural en la provincia de Jaén. Cincuenta años de planificacion territorial frustrada ( )». Una primera parte de la misma fue publicada por la Universidad de Jaén a finales de 2012 con el título de «El Plan Jaén de 1953 y sus antecedentes: una oportunidad perdida para el desarrollo de la provincia de Jaén en el siglo XX», con el objetivo de dar respuesta a las razones del atraso histórico de esta provincia. Para ello nos centramos en el análisis de numerosos estudios e informes que sirvieron para justificar la aparición en 1953 del Plan Jaén, con el que se pretendía paliar la grave situación socioeconómica de la provincia, en especial el drama del paro forzoso y estacional en el sector agrario y la falta de alternativas en otros ámbitos de la economía, a pesar de la riqueza de recursos naturales existente en el territorio; por último, en el libro se abordaba el estudio del Plan Jaén desde una perspectiva global, tanto en sus objetivos y ejes de actuación como en los mecanismos de financiación y grado de ejecución. La segunda parte de aquella tesis, que hoy ve la luz gracias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aborda algunas de las claves que nos permiten comprender las razones del fracaso de aquel modelo de desarrollo, ejemplarizado en el Plan Jaén, ambicioso plan de inversiones que pretendía sacar a la provincia del subdesarrollo. Entre ellas debemos destacar, en primer lugar, el análisis del contexto agrario de posguerra así como los fundamentos ideológicos y doctrinales que sustentaron una de las políticas agrarias más ambiciosas del franquismo, la colonización agraria, cerrando este gran bloque con un repaso a la extensa producción bibliográfica generada por este tema en España. En el segundo gran bloque de contenidos se recogen los principales rasgos definitorios del modelo agrario desarrollado en Jaén a partir de mediados del siglo pasado, fundamentado en algo poco común en aquella España, como fue la complementariedad de las tres grandes políticas agrarias aplicadas durante el franquismo: la colonización agraria, la expansión de los regadíos y la repoblación forestal. Por diversas razones que se expondrán a lo largo de esta publicación, la provincia de Jaén constituyó un gran laboratorio para analizar la viabilidad de la acción combinada de las tres políticas, supeditadas a una finalidad concreta: ga- XIII

9 Vicente José Gallego Simón rantizar la repoblación de la cuenca de alimentación del entonces primer pantano de España en cuanto a volumen de agua embalsada, el Tranco de Beas, llamado a ser el principal abastecedor de agua a los nuevos regadíos que emergerían en la zona media y baja del Guadalquivir. La repoblación con pinar de esta cuenca hidrográfica requeriría en primer lugar de lo que los ingenieros denominarían eufemísticamente «saneamiento de la propiedad pública», es decir, expulsión fulminante de aquellos roturadores que llevaban décadas explotando unas tierras incluidas en el perímetro de unos montes públicos. Con el objetivo de mitigar los efectos sociales de esta medida se diseñó un plan para trasladar a estos roturadores y sus familias aguas abajo del Guadalquivir, concretamente a los núcleos de colonización de nueva planta que comenzaban a ser realidad en las nuevas zonas regables creadas en el caso de nuestra provincia al amparo del Plan Jaén de La necesidad de dar respuesta a este problema, unido a la problemática de una provincia marcada por el paro estacional de la gran masa de población jornalera existente, propiciaron un modelo agrario muy peculiar, como ahora veremos, condicionado por la prevalencia de lo social ante lo estrictamente económico. El tercer apartado se centra en el análisis pormenorizado de los efectos que el Plan Jaén tuvo sobre la agricultura provincial, así como sobre el modelo agroindustrial que este Plan preveía consolidar a medio y largo plazo, un modelo que pretendía romper el duopolio olivar-cereal que tanto daño estaba haciendo al desarrollo de la provincia, a partir de la apuesta por la industrialización de las materias primas existentes en el territorio, entre las que cabría destacar la riqueza generada con la transformación industrial de las nuevas producciones agropecuarias que se obtendrían de los nuevos regadíos, y en donde las zonas colonizadas jugarían un importante papel de campo de experimentación sobre las bondades del nuevo modelo económico. XIV

10 CAPÍTULO 1 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA 1.1. El contexto agrario de la posguerra española. Ejes básicos de la nueva política agraria franquista La política de colonización española puesta en marcha tras la guerra civil no puede sustraerse del contexto socioeconómico de la época; es más, forma parte esencial del amplio engranaje doctrinal y práctico puesto en marcha sobre el mundo rural tras la victoria de Franco (Ortega Cantero, 1979 a y 1993). De hecho, no podemos obviar que constituyó, junto a la política de riegos, la principal alternativa contrarreformista a la reforma agraria puesta en marcha durante la II República. Una mejor comprensión del alcance de estas políticas nos obliga a analizar previamente el contexto agrario de los difíciles años cuarenta, con una agricultura lastrada por factores de diversa índole y un marco ideológico definido por lo que el sociólogo Sevilla Guzmán en 1979 denominaría la «ideología de la soberanía del campesinado», inspirada en el ideario falangista, sin desdeñar determinadas influencias reformistas provenientes del social-catolicismo; ideología que contrastaba con una praxis claramente identificada por la apuesta industrial del Estado (Velasco Murviedro, 1982; Barciela López y López Ortiz, 2003 b), y que tuvo en la creación del I.N.I. un claro exponente, a la vez que mecanismo de legitimación de un régimen que contraponía lo urbano a lo rural, con un balance netamente favorable a éste, o como se decía en el año 1937 en la publicación periódica «La Nueva España»: «transformar España en un país de pequeños agricultores». Historiadores, geógrafos, sociólogos, ingenieros agrónomos y economistas han debatido intensamente sobre algunos de los aspectos que integraron la dinámica de funcionamiento del sector agrario en la España de posguerra. Sin ánimo de ser exhaustivos, plantearemos la cuestión sobre cuatros grandes ejes que entendemos guardan una estrecha relación con la ejecución de la política colonizadora: 1) las consecuencias del conflicto bélico sobre la agricultura española; 2) elementos fundamentales de la contrarreforma agraria; 3) características de la 1

11 Vicente José Gallego Simón nueva política agraria, regulación de los mercados y limitaciones de la política socioestructural; y 4) la estabilidad de la sociedad agraria tradicional y su papel en el desarrollo económico del país. Las consecuencias del conflicto bélico sobre la agricultura española. La mayoría de los expertos en la agricultura de posguerra (Naredo Pérez, 1996; Barciela López, 1999 y 2003 a; y González, 1978, entre otros) mantienen que, a pesar del indudable impacto que en todos los órdenes tuvo la guerra civil española, éste fue sobredimensionado por el Nuevo Régimen como una de las coartadas que permitirían dar explicación a una crisis que no logró superarse hasta bien entrada la década de los cincuenta. De hecho, la literatura agrarista del primer franquismo se encargó de resaltar los destrozos de la guerra y sus consecuencias sobre la agricultura (Servicio de Recuperación Agrícola, 1940; Martín Sanz, 1945). Otros como Simpson (1997), en cambio, han valorado de forma significativa algunos efectos derivados de la contienda civil como la pérdida de ganado de labor, en un contexto de economía orgánica que lo mismo los utilizaba como elementos de labor y transporte, o aprovechaba el estiércol como único modo de fertilizar el campo. Este último planteamiento coincide con el análisis de Cabo Alonso (1993, p. 118 y ss.), para quien en 1939 las pérdidas en ganado equino y bovino fueron especialmente elevadas, resultado de la ferocidad de los combates en los territorios con mayor número de ejemplares como la cornisa cantábrica, y no lograron recuperarse hasta al menos una década después. Sí resulta indudable, en cambio, que en los años cuarenta la producción agraria española experimentó un notable retraso a pesar de la escasa fiabilidad de los datos oficiales de la época, evidenciado en una importante caída de la superficie cultivada así como en el descenso generalizado de los rendimientos agrarios. Esta crisis se ha atribuido a múltiples factores que impidieron el despegue de la agricultura y propiciaron un era de acumulación en el mundo rural que sería trascendental para el desarrollo económico de España. Mientras que para Simpson este declive no puede ni debe imputarse sólo a las consecuencias de la guerra civil o a la política intervencionista del gobierno sobre los mercados, ya que hubo otros factores como el aislamiento internacional o el ritmo decreciente del comercio exterior que impidieron la importación de abonos y maquinaria; otros en cambio (Barciela López, 1999) achacan esta crisis a la política agraria instaurada, basada en un rígido sistema de intervención de los mercados y en la búsqueda de un modelo autárquico, siguiendo así una larga tradición histórica en la España decimonónica e inspirada ahora en los regímenes fascistas europeos. No debemos olvidar, en este sentido, el consenso existente a la hora de afirmar que, al menos hasta mediados de los años cincuenta, no llegó a existir realmente una política económica (Pérez González, 2002) ; en todo caso, lo que hasta entonces se vino aplicando fue una política de guerra, improvisada por definición, y contextualizada en el marco de una «autarquía cuartelera», tal y como la definió Tusell en

12 Colonización, regadíos Y DESARROLLO en el sur de España Elementos fundamentales de la nueva política agraria franquista. Regulación de los mercados y limitaciones de la política socioestructural. A modo de introducción reproduciremos la respuesta oficial a un interrogatorio de la Organización para la Alimentación y la Agricultura 1, en donde se definía claramente la nueva política agraria en contraposición a la etapa republicana: «la política agraria española a partir de 1939 no se ha limitado a la realización de una reforma agraria entendiendo ésta en su sentido estricto, es decir, por el conjunto de medidas conducentes a transmitir la propiedad de la tierra de unas manos a otras, sino que se ha orientado en un sentido más amplio, según el cual, bajo el concepto de reforma agraria, pueden incluirse todas aquellas medidas dirigidas a modificar las circunstancias del agro, tanto en lo que se refiere a mejorar las condiciones económicas en que se realiza la explotación de la tierra, como la situación de los agricultores, sin olvidar los aspectos social y cultural de la vida rural». El triunfo del bando nacional supuso la liquidación inmediata de la reforma agraria republicana, en un proceso de contrarreforma (Pérez Yruela, 1997; Sorní Mañés, 1978), que otros califican de una auténtica contrarrevolución agraria (Barciela López, 1986) 2. La primera medida adoptada por las nuevas autoridades fue devolver las tierras afectadas por la reforma agraria a sus antiguos propietarios, para lo cual se creó en 1938 el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (en adelante SNREST) 3. Este proceso, que se desarrolló en muchos casos al margen del control de las autoridades y acarreó la expulsión de los colonos allí asentados a lo largo de los años treinta, va unido a los desahucios de arrendatarios practicados por los dueños de muchas fincas. Como luego tendremos la oportunidad de comprobar, este proceso de garantía y reforzamiento del derecho a la propiedad privada de la tierra conllevaría una revalorización del cultivo directo, algo muy relacionado con la existencia de un mercado negro de productos agrarios que aseguraba beneficios extras, así como por la abundancia de mano de obra disponible en el medio rural, que a su vez también garantizaba bajos costes de explotación, dentro de una situación de sometimiento social y laboral. 1 «Respuestas a un cuestionario de la FAO sobre política agraria», Revista de Estudios Agro- Sociales, II, 3 (suplemento), 1953, pág Para acuñar este término, Barciela López se basa en las propias características que, según él, concurren en el proceso de devolución de tierras tras la guerra civil: ausencia de legalidad, naturaleza expoliadora y represión de aquellos campesinos asentados durante la República: «No fue una contrarreforma, sino una violenta reacción en la que abundó la represión contra los colonos (incluso ejercida privadamente) y la apropiación indebida de bienes» (Barciela López, 1996, pág. 357). 3 La Ley de 30 de enero de 1938 (BOE de ) se encarga de organizar la Administración Central del Estado, incluyendo al Ministerio de Agricultura, y dentro de éste al Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra. Por medio del Decreto de 6 de abril del mismo año (BOE de ) se definen sus funciones, y con el Decreto de 18 de octubre de 1939 (BOE de ) se certifica su defunción, sustituyéndolo por el Instituto Nacional de Colonización. 3

13 Vicente José Gallego Simón Es precisamente dentro de esta línea de defensa de la propiedad agrícola donde hay que contextualizar la política de colonización de posguerra. El triunfo de Franco y de aquellos sectores más implicados en la victoria del bando nacional supuso el abandono de cualquier intento de reforma agraria tal y como fue concebida durante la II República, es decir, alterando la distribución de la propiedad de la tierra 4 ; la alternativa «reformista» planteada por el régimen fue la política de colonización, dentro de un modelo de reforma agraria orientado a la modernización de la agricultura y limitado en sus aspectos sociales al asentamiento de colonos en pequeñas explotaciones familiares. Los objetivos básicos de esta contrarreforma agraria 5, entendida como intento de reproducir las relaciones de producción imperantes antes de la aplicación de la reforma agraria y resultado de la nueva legalidad vigente 6, fueron los siguientes: neutralizar los efectos de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932; saldar las deudas contraídas por los asentamientos rurales realizados entre 1932 y 1935 tanto con los propietarios de las fincas intervenidas como con aquellos anticipos reintegrados por el IRA a las comunidades de campesinos creadas al efecto; devolver a sus antiguos propietarios las fincas expropiadas u ocupadas en ese mismo período; y entregar cosechas y medios de producción de fincas colectivizadas a partir de Las repercusiones de esta política, desarrollada por el SNREST y dentro de éste por el Servicio de Recuperación Agrícola (en adelante SRA 7 ) no tardarían en llegar, con efectos importantes a tres niveles: a) sobre la estructura agraria, 4 No faltaron por parte del bando nacional, sin embargo, proclamas a favor de la necesidad de realizar una reforma agraria. En este sentido, y dentro de aquellos políticos más identificados con el pensamiento joseantoniano, debemos destacar discursos como los de Ángel Zorrilla Dorronsoro (1941), pronunciado ante el II Consejo Sindical de Falange, o el ministro de Agricultura, Raimundo Fernández Cuesta, en marzo de El propio Franco, sin ir más lejos, en un discurso pronunciado ante la IV Asamblea General de Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos en mayo de 1951, diría que «en todos los órdenes se ha trabajado intensamente para la mejora de semillas, la de especies, para llevar a cabo una política de abonos, de parcelación y regadíos que resolviera los problemas creados, y muchísimo es lo conseguido en las grandes irrigaciones, que cambiarán en pocos años la estructura del suelo español, permitiendo llevar a cabo una verdadera reforma agraria» (Op. cit. en Velasco Murviedro, 1982, pág. 249). No obstante, los planteamientos falangistas sobre la reforma agraria parten de José Antonio Primo de Rivera: «hay que tomar al pueblo español, hambriento de siglos, y redimirle de las tierras estériles donde perpetúa su miseria; hay que trasladarle a las nuevas tierras cultivables; hay que instalarle sin demora, sin espera de siglos sobre las tierras buenas» (Discurso de Clausura del II Consejo Nacional de la Falange, pronunciado en Madrid el 17 de noviembre de 1935). 5 Para analizar en profundidad los mecanismos legales e incidencia real de la contrarreforma agraria nos remitimos además de las investigaciones de Sorní Mañés (1978) y José Manuel Mangas Navas (1990). 6 Paniagua Mazorra (1988 a) define el nuevo marco legal por su carácter ejecutivo, la escasa proyección temporal con que se concibe, y la ideología coyuntural en que se desenvuelve, fruto de la necesidad de conciliar las diferentes sensibilidades que convivían dentro del bando vencedor. 7 El SRA, incluido el SNREST, fue la herramienta encargada de devolver a sus antiguos propietarios las tierras perdidas en la guerra; entre sus tareas destacaría la recuperación, administración, devolución de bienes agrícolas recuperados y auxilio a zonas devastadas. Mientras que el SNREST centraba su actuación sobre las grandes propiedades, el SRA gestionaba la pequeña y mediana propiedad (Paniagua Mazorra, 1988 a). 4

14 Colonización, regadíos Y DESARROLLO en el sur de España manteniendo la situación anterior a la República con una estabilidad que se prolongaría veinte años más, y propiciando un proceso de acumulación de capital que favorecería el crecimiento económico en los años sesenta; b) sobre la población activa agraria, ya que según diversas estimaciones más de campesinos beneficiados por las leyes republicanas sobre reforma agraria fueron expulsados de unas fincas que se devolvieron a sus antiguos dueños una vez finalizada la contienda civil; y c) sobre el nivel de producción agraria, con un índice global de producción agraria que en 1945 era todavía un 40% inferior al de diez años antes. Esta labor se encomendaría al INC, signo inequívoco de que la política agraria española transcurriría a partir de entonces por unos derroteros perfectamente identificados con la actuación colonizadora (Ortega Cantero, 1993), dentro de unos planteamientos reformistas superadores de las limitaciones de la reforma agraria republicana. En este sentido, cabe destacarse, entre otras disposiciones legales, el Decreto de 28 de agosto de 1936, por el que el bando franquista dejaba en suspenso la ejecución de los proyectos de la reforma agraria republicana, además de dibujar una nueva estrategia agraria vinculada casi exclusivamente a las políticas hidráulicas y de colonización interior. En este contexto de génesis y desarrollo de la actividad colonizadora, que luego ampliaremos, debemos incluir la política hidráulica como un complemento indispensable de la política de asentamientos. Inspirada en los viejos planteamientos regeneracionistas que la supeditaban en tanto que herramienta a una política agraria centrada en el aumento de la productividad a través del incremento del regadío, como sucedería con el Plan General de Obras Hidráulicas de 1939, establecía un objetivo final, que no fue el impulso de cultivos de exportación, sino la consecución del abastecimiento nacional a partir de una premisa: que la transformación al regadío contribuiría necesariamente a modificar la distribución de la propiedad en beneficio de las pequeñas y medianas explotaciones (Ortega Cantero, 1993). La nueva política agraria franquista comenzó a ensayarse en las zonas adheridas al bando nacional durante la guerra civil, y estuvo siempre vinculada, lógicamente, a aquellos sectores más comprometidos desde el punto de vista político y social. Con su implantación se pretendía solventar el problema social de la tierra a través de la reforma de las estructuras agrarias, pero también buscaba la superación del concepto de reforma agraria anterior a 1936: «Se ha preocupado preferentemente por una reforma tecnológica, ajena a toda transformación generalizada de la estructura de la propiedad y de la explotación, y dirigida a una mejora de la productividad, a una elevación de los rendimientos, a una maximización de la producción y del consumo y, en definitiva, de los beneficios» 8. En realidad, y según Bosque Maurel, no hubo nunca reforma agraria como tal entre 1939 y 1975, simplemente porque nunca se planteó. Sí se puso en práctica, en cambio, una reforma tecnológica, «resultado de una política agraria más preocu- 8 Bosque Maurel, 1984, pág

15 Vicente José Gallego Simón pada por los problemas técnicos y de modernización de la agricultura que por los problemas sociales y estructurales, pese a las declaraciones de intenciones de los responsables políticos» (Pérez Yruela, 1997, pág. 898). Siguiendo este hilo argumental, López de Sebastián (1970) se reafirmaba en la idea de que las reformas estructurales puestas en marcha a partir de 1939 se sustentaron sobre los siguientes principios: respeto a la propiedad privada, la familia como unidad básica de explotación en el regadío, la articulación del mecanismo expropiatorio por causa de interés social y la mejora de la estructura productiva en el campo español. Finalmente, para los geógrafos Florencio Zoido y José Juan Romero, «la obra colonizadora del INC intentó paliar la ausencia de medidas realmente redistributivas del régimen franquista en el sector agrario. No se puede hablar estrictamente de Reforma Agraria para calificar esta actuación colonizadora 9.» Sectores afines al régimen franquista, como el representado por Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez de Navarra, que fue Director del Instituto de Estudios Agro-Sociales, hablaban en términos muy diferentes cuando se referían a la colonización, al considerarla como una «reforma integral de las estructuras agrarias que en unos lugares consistirá en la colonización de zonas o fincas, en otros en la concentración parcelaria y ordenación rural, en otros en la parcelación, o bien, al mismo tiempo, en colonización y concentración o parcelación; y en otras comarcas adoptará aspectos sólo de reforma de las estructuras de las empresas privadas 10». Tampoco se puede olvidar que toda política agraria conlleva inevitablemente un planteamiento espacial, en donde «el Estado propone y potencia, de forma más o menos directa y coherente, una verdadera estrategia de producción del espacio que se sitúa en el interior mismo de su política agraria» 11. Enmarcada en la ideología agrarista del primer franquismo (Sevilla Guzmán, 1979; Pérez Rubio, 1995), la nueva política agraria se apoyó sobre una serie de fundamentos (Barciela López, 1986 y 2003; Gómez Benito, 1996): 1.- Defensa del sistema de propiedad privada de la tierra. Reforzado en 1939, en especial tras la aprobación en 1942 de la Ley de Arrendamientos de 23 de julio y la adquisición de tierras por parte de esos pequeños arrendatarios y aparceros, se convirtió en la mejor opción de los propietarios, sobre todo si tenemos en cuenta la nueva coyuntura agraria, marcada por los bajos salarios, la supresión de las protestas campesinas y las ventajas del mercado negro. Por otro lado, este afianzamiento de la propiedad privada no llegó a estar amenazado realmente con la entrada en vigor en 1946 de la Ley expropiatoria, ya que ésta reconocía la expropiación previa indemnización a precios de mercado, sin olvidar que otra disposición legal validaba el mecanismo de la oferta voluntaria para adquirir propiedades 12. No obstante, algunos han concedido una mayor importancia al temor a una 9 Romero Rodríguez y Zoido Naranjo, 1977, pág Lamo de Espinosa, 1963, págs. 10 y ss. 11 Ortega Cantero, 1979, pág Decreto de 23 de julio de 1942 (BOE de 1 de agosto de 1942) del Ministerio de Agricultura, autorizando al INC para adquirir fincas con fines de parcelación. 6

16 Colonización, regadíos Y DESARROLLO en el sur de España reforma agraria (Simpson, 1997), algo evidenciable no sólo por el hecho de que, por ejemplo, el INC expropiara entre 1939 y 1964 un total de ha, sino sobre todo por la simple existencia de una maquinaria legal de esas características como factor condicionante y disuasorio. 2.- Crítica y liquidación de la reforma agraria republicana, y superación de ésta con la política de colonización. La crítica del régimen franquista a la reforma agraria se fundamentó no sólo en su ineficacia (ya que no permitió el acceso de arrendatarios, aparceros y braceros a la propiedad individual de la tierra) y naturaleza utópica, sino que además de su carácter anticampesino debido a su preferencia por la colectivización sobre la pequeña propiedad campesina, las explotaciones formadas tras la parcelación de grandes fincas no llegaron nunca a ser realmente viables desde el punto de vista económico (Gómez Benito, 1996). Como alternativa, el régimen franquista adoptó un nuevo concepto extraído del movimiento falangista, el de «reforma económica y social de la tierra» 13, superador de la reforma agraria republicana 14, con el fin de atender las demandas de numerosos sectores campesinos que colaboraron en el triunfo del Movimiento. Surgió entonces la política de colonización como un instrumento complementario tanto de la política hidráulica como de la política de redistribución de la tierra (Sánchez López, 1980), en la medida en que la primera exigiera la redistribución de algunas tierras 15. La colonización plasmaba, además, «la pretensión prioritaria de incrementar los resultados productivos del campo español, y también el intento de ofrecer a la vez algún tipo de respuesta a los problemas sociales allí presentes, sin poner en peligro la estabilidad del orden económico imperante» (Ortega Cantero, 1993, pág. 20). Buena muestra de lo anterior lo constituye tanto la creación en 1939 del INC, visto por la mayoría de estudiosos como un instrumento básico de la política agraria durante el primer franquismo, como la aprobación en el mismo año de la Ley de Colonización de Grandes Zonas. Gómez Benito (2004) distingue, por otra parte, entre una política socioestructural destructiva, la ejecutada con éxito durante la inmediata posguerra y dirigida a 13 El origen doctrinal de este concepto se encuentra tanto en el programa agrario de Falange como en el del reformismo social católico, sin olvidar la influencia de determinadas doctrinas económicas (List, Keynes) y algunas experiencias extranjeras como la italiana o la norteamericana (Gómez Benito, 1996). 14 En este sentido, se revela como un documento clave para entender esta cuestión el Proyecto de Reglamento del Servicio y un «Estudio de conjunto sobre la Reforma Económica y Social de la Tierra», de , redactado por Ángel Zorrilla y entregado al Ministro de Agricultura Rodríguez Cuesta. En él se hacía ver la necesidad de una «revolución total de la economía», ejecutada por un órgano específico, que subordinaría lo social a lo técnico-económico, otorgaría una notable importancia a la industrialización en el medio rural, reconocería que existe un exceso de población agraria que debe ser traspasada a otros sectores, optaría por la vía del tercerismo utópico, y apostaría por una reforma social tras la económica, que anulase el poder político de las oligarquías rurales (de hecho, se proponía la creación de un Ministerio de Reforma Agraria). El dictamen finalizaba con un Anteproyecto de Ley de Bases del Plan de Reforma Agraria, cuyo contenido ha sido recogido por Cristóbal Gómez (1996, pág. 131), muestra de que existían grupos políticos dispuestos a ir más allá al plantear una reforma más radical y social. 15 Sólo cuando la situación económica y social en el campo fue grave se puso en marcha la política hidráulica (Ortega Cantero, 1979). 7

17 Vicente José Gallego Simón restituir el orden social agrario anterior a la etapa republicana (la denominada contrarreforma agraria), y otra de carácter constructivo y que trataría de responder a los graves problemas socioeconómicos del campo español. A esta etapa correspondería la colonización agraria en sus diferentes expresiones, a la que habría que añadir un amplio dispositivo de medidas legislativas sobre arrendamientos y acceso a la propiedad, regulación del crédito agrario como factor fundamental en la viabilidad de las explotaciones españolas, fomento del movimiento cooperativo, impulso de la extensión agraria, política de concentración parcelaria, etc. Sin embargo, y a pesar de todo, lo cierto es que los años cuarenta pasarían sin que realmente se desarrollase una verdadera política de reforma de las estructuras agrarias. Las políticas hidráulicas y de colonización sufrieron un parón en esos años, resultado de las difíciles condiciones económicas del país y de los problemas presupuestarios 16, mientras que la concentración parcelaria no se iniciaría hasta Autarquía e intervención sobre la producción, la comercialización y el consumo de alimentos. El control de los precios. El concepto de autarquía, referido a la España de posguerra, ha sido definido recientemente como un «modelo económico que aspira al autoabastecimiento del país, a través de la sustitución de importaciones por la producción nacional logrando así una balanza de pagos razonable; con estos capitales y con el fomento directo de la economía por parte del Estado, el fin último no sólo era la independencia económica, sino la industrialización de la nación 18». En cuanto a sus rasgos definitorios 19, el principal objetivo era lograr el abastecimiento del país en un marco de supresión de las libertades económicas, generando al mismo tiempo un sistema inevitablemente corrupto, sometiendo a las clases trabajadoras, y con la industrialización del país como última aspiración. No obstante, la autarquía supuso además un importante freno en cuanto a las disponibilidades calóricas de la población española, condicionando de forma decisiva la política alimentaria a través del intervencionismo más absoluto (Soler Sanz, 1992; Contreras Hernández, 1997). El sector agrario fue sin duda el más regulado de toda la economía española, y donde mejor podemos visualizar el fracaso del intervencionismo, como lo prueban las dificultades de abastecimiento en la posguerra 20. En este caso, la política intervencionista diseñada por el régimen franquista partió de la errónea creencia en que los 16 Zambrana Pineda (2006) insiste sobre las causas que, a su juicio, fueron determinantes para limitar la acción pública en estos campos: falta de materias primas, restricciones energéticas, una débil financiación y la negativa de la gran propiedad a realizar inversiones de cierto calado. 17 Ley de sobre Concentración Parcelaria, y Orden de por la que se crea el Servicio de Concentración Parcelaria, complementada por la Orden de Arco Blanco, 2004, pág Para un mayor conocimiento del tema puede consultarse Catalán, J. (2002): «Franquismo y autarquía, : enfoques de historia económica». Revista Ayer, nº 46, págs Barciela López, C. (ed.) (2003): Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer franquismo ( ). Barcelona, Ed. Crítica. 20 No obstante, la industria española tampoco lograría escapar del modelo autárquico impuesto en el país tras el conflicto civil (Robert, 1943; Buesa Blanco, 1983; Miranda Encarnación, 2003). 8

18 Colonización, regadíos Y DESARROLLO en el sur de España precios de los productos y de los factores de producción podían fijarse por decreto, al margen de los mercados; sin embargo, el fracaso de estos controles condujo a una espiral de normas, controles y sanciones cada vez más inútiles. El Estado intervino sobre el sector agrario básicamente a través de cuatro vías (Gómez Benito, 1996): controlando la producción, distribución y consumo de productos agrarios; controlando los precios; racionando el consumo 21 ; y fijando cupos para adquirir medios de producción y materias primas. La intervención posibilitaba diferentes actuaciones, desde la tasa de los precios o incluso la intervención de la actividad comercial (vendiendo en monopolio los productos a precios oficiales a organismos públicos o grandes industriales), hasta la imposición de superficies mínimas obligatorias de siembra, que se hacían públicas y quedaban sometidas a una estimación de rendimientos mínimos, necesarios para calcular el cupo forzoso de entrega para los agricultores, cupo que se entregaba a precio inferior al resto de la cosecha, que era el cupo excedente. Un ejemplo de los resultados de este programa claramente intervencionista lo podemos apreciar en el desarrollo de la política triguera 22, supeditada a la actuación del Servicio Nacional del Trigo 23. Partiendo de la idea de que España podría ser autosuficiente y con el propósito de abaratar el precio del pan, el SNT impuso unos precios de tasa muy bajos, extendidos posteriormente a otros productos básicos como el resto de cereales, leguminosas o aceite de oliva, algo que condujo a una extensificación de las explotaciones agrarias con la consiguiente caída de rendimientos y producciones. Además, los crecientes desequilibrios comerciales desembocaron en la expansión de un floreciente mercado negro 24 que acapararía en los años cuarenta más de la mitad de algunos productos básicos como el trigo, a precios que duplicaban y triplicaban los oficiales, con ínfimas calidades en el producto final, y un impacto desigual según se tratara del tipo de agricultor y del producto cultivado (Barciela López, 1996). Diversas investigaciones centradas en el trigo (Naredo Pérez, 1981) han evidenciado que las oportunidades de negocio generadas en el mercado negro indu- 21 De hecho, la intervención de los mercados hizo imprescindible el racionamiento, oficialmente establecido el por medio de una Orden del Ministerio de Industria y Comercio. El territorio nacional quedó dividido en diez zonas, al frente de cada una se nombró un Comisario de Recursos bajo la Dirección de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, encargado de controlar las existencias disponibles y las necesidades de la población. 22 El diseño de una política triguera que diera respuesta al creciente consumo de una población española en plena expansión demográfica durante el primer tercio del siglo xx ya fue objeto de atención en los años treinta desde diferentes perspectivas: Juan Bautista Guerra (1930): Al servicio de los labradores. La cuestión triguera. Madrid, Talleres Tipográficos; Dionisio Martín Sanz (1937): El problema triguero y el nacional sindicalismo. Madrid. 23 No podemos olvidar que, en opinión de algunos autores, en el origen del Servicio Nacional del Trigo (SNT) se encontraba «la hermandad de los intereses de los grandes terratenientes del sur, con explotaciones de orientación cerealista extensiva, con los de los pequeños y medianos cerealistas castellanos, que constituían la base social agraria del Movimiento Nacional» (Gómez Benito, 2004, pág. 67). 24 Sobre el mercado negro de productos agrarios en la posguerra española: Barciela López (1981 a y b, 1996, 2001 y 2003 b), Clavera (1976), Naredo Pérez (1981), Tió Saralegui (1982), Gutiérrez del Castillo (1983), Barciela López y García González (1986), Martí Gómez (1995), Christiansen (2002), y Pérez González (2002), entre otros. 9

19 Vicente José Gallego Simón jeron a muchos agricultores a poner en marcha diferentes mecanismos de ocultación, como sembrar más superficie de la declarada, abusar del barbecho semillado (con productos como los cereales o las leguminosas para pienso, menos controlados que el trigo), declarar menor rendimiento que el obtenido realmente, sobornar a los controladores, etc. El caso más paradigmático lo constituyen las grandes explotaciones cerealistas del valle del Guadalquivir, en donde en algunos casos se llegó a experimentar un proceso paralelo de expansión e intensificación del cultivo, eliminando tanto el erial como el barbecho blanco característico del sistema al tercio 25. Precios altos debido al mercado negro, salarios bajos y mercado de la tierra estable dieron como resultado una gran rentabilidad en este tipo de explotaciones, propiciando a través del ahorro bancario un trasvase de capital hacia otras actividades y regiones, posibilitando así un mecanismo de acumulación de capital que favoreció la industrialización en la posguerra. El mercado negro, para algunos «la otra cara de la intervención» (Clavera, 1976), fue la consecuencia directa (para muchos buscada, como mantienen en 2003 González Portilla y Garmendia Urdangarín) de un excesivo intervencionismo; fue, en definitiva, la respuesta del mercado a las alteraciones introducidas en el mismo por una intervención que en ningún momento logró resolver el problema del abastecimiento a la población. De hecho, la necesidad de tuvieron las explotaciones agrarias de proveerse de medios de producción como ganado de labor, abonos o maquinaria, también en el mercado negro demostraba, a juicio de Naredo (1981), en primer lugar, lo rentable de la actividad agraria en estos años, y en segundo término, la decidida apuesta por la mecanización a pesar de los bajos salarios. Pero el mercado negro no fue sólo eso, sino que llegó a convertirse «en mecanismo casi obligado para no interrumpir procesos fabriles» (Clavera, 1975, pág. 97). Los productos más afectados por las diferencias de precios existentes entre el mercado oficial y el negro fueron aquellos considerados básicos en la dieta alimentaria, además de algunas manufacturas industriales también de primera necesidad, como lienzos y bujías (González Portilla y Garmendía Urdangarín, 2003). Trigo, aceite de oliva, azúcar, tocino salado, arroz, alubias blancas, lentejas, huevos o carne de segunda sin huesos, todos ellos fueron alimentos sometidos a lo largo de la década de los cuarenta a una fuerte demanda, y por tanto a oscilaciones de precios entre ambos mercados verdaderamente escandalosas, máxime si tenemos en cuenta el estancamiento de los salarios. Además es en las áreas urbanas en donde mejor podemos visualizar las dificultades de aprovisionamiento de estos productos, ya que las familias debían acudir al mercado negro para completar las cantidades adquiridas a través de las cartillas de racionamiento en el mercado oficial. Estas distorsiones se mantendrían hasta el inicio de los años cincuenta, momento en el que los precios oficiales comenzaron a crecer de forma sustancial, dejando por tanto sin sentido la práctica sistemática y generalizada del estraperlo. 25 La conversión del cultivo al tercio, más propio de la sociedad agraria tradicional, hacia el de año y vez, que tuvo lugar en España a lo largo del primer tercio del siglo xx y sobre todo a partir de 1940, ha sido estudiado por investigadores como Sumpsi Viñas (1980). Este proceso conllevó en un primer momento la intensificación de la hoja de barbecho, para después eliminar la hoja que permanecía adehesada, y finalmente, a partir de los cincuenta, a través de la mecanización. 10

20 Colonización, regadíos Y DESARROLLO en el sur de España La política comercial exterior contribuyó a agravar aún más la situación del sector agrario, ya que a la pérdida de los mercados internacionales se le unió una drástica reducción de las importaciones de inputs (Barciela López y López Ortiz, 2003 b), básicamente maquinaria, fertilizantes y combustible, que la industria nacional no pudo compensar (Buesa Blanco, 1983). Tal y como podemos observar en la tabla 1, la superficie agraria disminuyó, las producciones y rendimientos también lo hicieron, y los intercambios exteriores quedaron muy reducidos. El resultado no podía ser otro que un drástico declive de las disponibilidades alimenticias, el subconsumo generalizado 26 y el hambre, en una situación de aumento constante de la población activa agraria. Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento de los principales cultivos ( ), en números índices ( = 100) Cultivo Superficie Producción Rendimiento Trigo Cebada Maíz Viñedo Olivar Patatas Remolacha azucarera Naranjo Alfalfa Fuente: Anuarios Estadísticos de las Producciones Agrarias. Op. cit. en Barciela López y López Ortiz, 2003 b, pág. 23. La carestía de medios de producción a la que antes se ha aludido, unida a la dócil y barata mano de obra disponible en el campo, «hicieron que el sector agrícola reforzara en los años cuarenta sus características de economía natural» (Barciela López y López Ortiz, 2003 b, págs ). Como ya se ha argumentado, la combinación de bajos salarios y precios fabulosos en el mercado negro propició una elevada rentabilidad en las explotaciones agrícolas, algo que resultó determinante para permitir ese proceso de acumulación de capital que, a través del trasvase de recursos financieros del sector agrario el resto de la economía, propiciaría poco después del despegue industrial del país 27. El intervencionismo de la posguerra también se dejó sentir sobre el mercado de trabajo en general, y sobre el agrario en particular. El Estado se reservó en ex- 26 Cussó Segura (2005) cita al hambre y la malnutrición como fenómenos cotidianos para buena parte de la población en la España de posguerra, y de la notable incidencia que esto tuvo para la salud, el desarrollo físico y probablemente el intelectual de los afectados, incidiendo por tanto en el propio desarrollo socioeconómico del país. 27 En general, uno de los efectos más importantes de la caída de los salarios fue la reagrarización de la economía española así como el ascenso de los beneficios empresariales (Carreras y Tafunell, 2003). 11