NOTICIAS LEGALES DE ESPAÑA. II Semestre 2011

Transcripción

1 NOTICIAS LEGALES DE ESPAÑA II Semestre 2011 DERECHO CONCURSAL Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma concursal Esta ley, que entrará en vigor a partir del 1 de enero 2012, modifica sustancialmente la ley 22/2003 de 9 de julio, concursal. A continuación exponemos brevemente los cambios más relevantes. El nuevo articulo 5 bis No se ve afectado el plazo de 2 meses para solicitar la declaración de concurso pero se introduce la posibilidad del deudor de comunicar al Juzgado el comienzo de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, que podrá ser en cualquier momento antes de que finalice el plazo indicado. Transcurridos 3 meses desde la comunicación al juzgado, el deudor deberá solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro del mes hábil siguiente salvo que no se encuentre en estado de insolvencia. Acuerdo de refinanciación Los acuerdo de refinanciación alcanzados por el deudor con sus acreedores, no podrán ser objeto de rescisión si el crédito disponible se amplia significativamente ni tampoco si se fuesen a modificar sus obligaciones previstas en un plan de viabilidad. Siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: Los acuerdos de refinanciación deberán ser anteriores a la declaración del concurso. Dichos acuerdos deberán estar suscritos por acreedores cuyos créditos representen como mínimo 3/5 (60%) del pasivo del deudor. 1

2 El acuerdo haya sido informado positivamente por un experto independiente del registro mercantil. El acuerdo de refinanciación deberá estar formalizado en documento público. Ampliación del proceso abreviado para los concursos de acreedores El juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando considere que no hay complejidad en el concurso en cuestión, atendiendo a las siguientes circunstancias: La lista presentada por el deudor esté formada por menos de 50 acreedores. El pasivo no supere los 5 millones de euros en la estimación inicial. La valoración de los bienes y derechos del activo del deudor no alcance los 5 millones de euros. También podrá seguirse el procedimiento abreviado cuando: El deudor presente una propuesta anticipada de convenio. Se realice una propuesta de convenio que incluya una modificación estructural por la que se tramita íntegramente su activo y pasivo. Administración concursal En lugar de los dos actuales, estará constituida por un único miembro que deberá reunir alguno de los siguientes requisitos: Ser abogado en ejercicio con al menos 5 años de experiencia profesional y formación especializada en derecho concursal acreditada. Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con 5 años de experiencia profesional, con especialización en el ámbito concursal acreditada. También podrá designarse para el cargo de administrador concursal a una persona jurídica, que deberá estar integrada al menos por un abogado y un economista, garantizando la suficiente independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones de la administración concursal. 2

3 DERECHO LABORAL Nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social El próximo 11 de Diciembre entrará en vigor la Ley 30/2011 de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. En un contexto de un incremento de la litigiosidad laboral como consecuencia de la crisis económica que padece España, la nueva ley busca una mayor concentración en la Jurisdicción Social de todos los asuntos relativos a cuestiones de trabajo así como una modernización, informatización y agilización de los procesos sociales, incluyendo los de la Seguridad Social. La nueva disposición legal, que entrará en vigor el 12 de Diciembre de 2011, ha introducido importantes novedades procesales, que van a permitir una mayor rapidez a la hora de solucionar los conflictos laborales. Las principales novedades son las siguientes: La Jurisdicción Social será competente en todos los asuntos referidos a cuestiones laborales, accidentes de trabajo, responsabilidad del empresario, indemnizaciones etc. En adelante también los funcionarios y el personal estatutario dependientes de las administraciones públicas podrán acudir al orden social para resolver sus conflictos laborales. El orden social también conocerá sobre violaciones de derechos fundamentales y libertades públicas cuando éstas estén conectadas o se produzcan en el marco de una relación laboral. Reforzamiento del arbitraje, la mediación y los acuerdos extrajudiciales, tanto antes del proceso como durante el mismo, otorgando a estos acuerdos una mayor fuerza ejecutiva. Se crean las impugnaciones contra los acuerdo de mediación o conciliación. Se eliminan trámites innecesarios, mediante el traslado de documentos mediante el uso de las nuevas tecnologías. La Jurisdicción Social será competente para la valoración, reconocimiento y determinación del grado de discapacidad de las personas afectadas por la Ley de Dependencia. Asunción de más responsabilidades en materia de asistencia y protección social pública. Reconocimiento de la legitimación pasiva ante los tribunales de las comunidades de bienes y grupos sin personalidad jurídica que actúen como empresarios. Además se 3

4 permite a los sindicatos actuar en cualquier proceso en el cual esté en juego un interés colectivo siempre que haya una relación entre el sindicato y el objeto del juicio. Igualmente, la ley anterior introduce una modificación relevante en materia de prueba es el cambio introducido a la hora de determinar responsabilidades cuando ocurre un accidente laboral. No se modifica el concepto de responsabilidad empresarial establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino que se invierte el deber de probar la responsabilidad del accidente. Con la nueva norma, en caso de accidente laboral, será siempre el empresario el que de deberá probar en juicio de forma inequívoca que cumplió con la normativa laboral vigente en materia de prevención de riesgos laborales, y que adoptó todas las medidas posibles para evitarlo. Por tanto podemos afirmar que con la entrada en vigor de la ley, en caso de accidente laboral, existirá una presunción iuris tantum de culpabilidad por parte del empresario. Esta presunción puede crear dudas acerca de su legalidad, ya que es contraria a la presunción de inocencia por parte del Tribunal Constitucional. Pese a esta presunción siempre se valorará, llegando incluso a liberar al empresario de responsabilidad, el hecho de que el trabajador haya actuado de forma temeraria o con mala fe. Jurisprudencia Tribunal Supremo: opción entre readmisión o indemnización en caso de despido improcedente La sentencia del Tribunal Supremo español (en adelante TS), de 11 de Abril de 2011, ha unificado el criterio a seguir por parte de los tribunales de justicia cuando califiquen un despido como improcedente. Ésta sentencia establece que, en el caso de un despido declarado como improcedente, los tribunales deben de dar a elegir entre las dos opciones que están establecidas para esta situación en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo Dicho artículo establece las siguientes dos opciones: readmitir en su puesto al trabajador despedido o pagarle una indemnización agravada (45 días de salario por año de servicio en la empresa más los salarios pendientes desde el despido hasta la notificación de la sentencia). El TS establece la obligatoriedad de que las sentencias recojan las dos opciones, siendo ya decisión del empresario la elección de cualquiera de ellas. 4

5 Esta decisión, que podría parecer únicamente beneficiosa para el trabajador despedido, de hecho puede suponer una buena opción para el empresario, ya que según la situación de la empresa y la antigüedad del trabajador implicado, la indemnización agravada podría suponer una carga económica demasiado alta para la empresa, siendo más beneficioso para el empresario la readmisión del trabajador en su puesto. 5