PRUEBAS SELECTIVAS SUBALTERNOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN (OPOSICIÓN LIBRE) BOE T E M A R I O

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1 PRUEBAS SELECTIVAS SUBALTERNOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN (OPOSICIÓN LIBRE) BOE T E M A R I O TEMA DIGITAL, S.L.

2 TEMA DIGITAL, S.L. Todos los derechos reservados Este material está registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual por sus legítimos propietarios y autores Prohibido su uso fuera de las condiciones de acceso o venta Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de TEMA DIGITAL, S.L. Nuestros temarios y tests están adaptados 100% a los temarios oficiales de las convocatorias, y han sido confeccionados por Licenciados en Derecho y funcionarios de carrera de los Grupos A1 (Cuerpos y Escalas de Técnicos Superiores) y A2 (Cuerpos y Escalas de Gestión Administrativa), con gran experiencia de participación en Tribunales de Selección. Visítanos en donde te ofrecemos: Temarios de oposiciones en pdf, desde 4,95 euros Tests de oposiciones en pdf, desde 4,95 euros Preparación a distancia Material gratuito para opositores: Manual Básico del Opositor, Diccionario Jurídico, Código Básico, Tests y preguntas sobre la Constitución, Ley 30/1992, Ley de Protección de Datos..., etc. Defensa jurídica profesional, tanto en vía administrativa como judicial

3 TEMARIO Tema 1. La Constitución Española de Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial referencia al del Principado de Asturias Tema 3. El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de El Principio de autonomía: su significado y alcance. El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. Tema 4. La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal. Tema 5. La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La relación jurídico administrativa. El ciudadano. Tema 6. El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. Tema 7. El acto administrativo. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Tema 8. Principios de organización administrativa: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.la Organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. Los Servicios Municipales. Tema 9. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Acuerdo regulador de las Condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón. Principios generales e ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo. Tema 10. Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La aplicación informática de atención al ciudadano La organización del Servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón Los centros Municipales: organización y funcionamiento. Los Centros Municipales Integrados. Tema 11. La Hacienda Pública en la Constitución del 78. Los Presupuestos locales. Los servicios públicos locales. Formas de gestión.

4 TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE ESTRUCTURA Y CONTENIDO. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES. 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE ESTRUCTURA Y CONTENIDO Tras las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el art. 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de 1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por la que se creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución. Una vez elaborada y discutida en el Congreso y Senado, mediante Real Decreto 2550/1978 se convocó el Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución que tuvo lugar el 6 de diciembre siguiente. Se llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto 2120/1978. El Proyecto fue aprobado por el 87,78% de votantes que representaba el 58,97% del censo electoral. Su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de El BOE publicó la Constitución el 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor con la misma fecha. Ese mismo día se publicaron, también, las versiones en las restantes lenguas de España. A lo largo de su vigencia ha tenido dos reformas: En 1992, que consistió en añadir el inciso "y pasivo" en el artículo 13.2, referido al derecho de sufragio en las elecciones municipales. En 2011, que consistió en sustituir íntegramente el artículo 135 para establecer constitucionalmente el principio de estabilidad presupuestaria, como consecuencia de la crisis económica y financiera que padecemos. Su estructura es la siguiente: PREÁMBULO TÍTULO PRELIMINAR TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales Capítulo Primero. De los españoles y los extranjeros Capítulo Segundo. Derechos y libertades Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas Sección 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos Capítulo Tercero. De los principios rectores de la política social y económica TEMA DIGITAL, S.L. Página 1

5 Capítulo Cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales Capítulo Quinto. De la suspensión de los derechos y libertades TÍTULO II. De la Corona TÍTULO III. De las Cortes Generales Capítulo Primero. De las Cámaras Capítulo Segundo. De la elaboración de las leyes Capítulo Tercero. De los Tratados Internacionales TÍTULO IV. Del Gobierno y de la Administración TÍTULO V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales TÍTULO VI. Del Poder Judicial TÍTULO VII. Economía y Hacienda TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del Estado Capítulo Primero. Principios generales Capítulo Segundo. De la Administración Local Capítulo Tercero. De las Comunidades Autónomas TÍTULO IX. Del Tribunal Constitucional TÍTULO X. De la reforma constitucional 4 DISPOSICIONES ADICIONALES 9 DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICIÓN DEROGATORIA DISPOSICIÓN FINAL 2. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES PRINCIPIOS GENERALES. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. PRINCIPIO DE IGUALDAD. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. TEMA DIGITAL, S.L. Página 2

6 TEMA 2. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA: SU SIGNIFICADO, ESPECIAL REFERENCIA AL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 1. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN Está regulada en el Título VIII de la Constitución, dividido en los siguientes apartados: CAPÍTULO I. Principios generales CAPÍTULO II. De la Administración Local CAPÍTULO III. De las Comunidades Autónomas 1.1. PRINCIPIOS GENERALES El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad constitucional entre nacionalidades y regiones, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPIOS. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. PROVINCIAS. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. TEMA DIGITAL, S.L. Página 9

7 OTROS ENTES LOCALES. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. HACIENDAS LOCALES. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PROCEDIMIENTO AUTONÓMICO DEL ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en el Título VIII de la Constitución y en los respectivos Estatutos. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años. INTERVENCIÓN DE LAS CORTES GENERALES. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. RELACIONES ENTRE CC.AA. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: TEMA DIGITAL, S.L. Página 10

8 TEMA 3. EL RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA CONSTITUCIÓN DE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA: SU SIGNIFICADO Y ALCANCE. EL MUNICIPIO. EL TÉRMINO MUNICIPAL. LA POBLACIÓN. EL EMPADRONAMIENTO. 1. EL RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL 1.1. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y CARACTERES Ni la legislación ni siquiera la doctrina ofrecen un concepto unitario del término Administración Local, sino que una y otra se limitan a enumerar las Entidades que la integran y a definir cada una de éstas por separado. No obstante, podemos concluir definiendo la Administración Local como el conjunto de Entes territoriales e institucionales que tienen un ámbito de actuación limitada a una parte del territorio nacional, inferior al del Estado y al de las Comunidades Autónomas. Los caracteres que presentan las Entidades integrantes de la Administración Local son: a) Independencia administrativa. b) Intereses peculiares y propios. c) Fines totales, si bien esta característica es válida para las denominadas Entidades Locales Básicas: Municipio, Provincia e Isla, pero no para otro tipo de Entidades Locales, como son las Mancomunidades de Municipios, las Áreas Metropolitanas, las Comarcas, etc, que son creados para el cumplimiento de uno o varios fines concretos CLASES DE ENTIDADES LOCALES La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en desarrollo del Título VIII, Capítulo II de la Constitución Española, enumera en su art. 3 las Entidades Locales existentes en la actualidad, determinando que son Entidades locales territoriales: a) El Municipio. b) La Provincia. c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades locales: a) Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas. b) Las Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía. c) Las Áreas Metropolitanas. d) Las Mancomunidades de Municipios. TEMA DIGITAL, S.L. Página 22

9 En cuanto a la Distinción entre Entidades territoriales y no territoriales, hay que tener en cuenta que las primeras gozan de las siguientes características: El territorio es elemento esencial. Tienen fines generales (universalidad). Tienen atribuidas potestades administrativas para el cumplimiento e dichos fines. Ejercen su poder sobre la totalidad de los habitantes de su territorio. Tienen capacidad jurídica plena o propia (Municipio y Provincia, respectivamente). Son numerus clausus. Por su parte, los Entes no territoriales se caracterizan por las siguientes notas: El territorio es una mera delimitación espacial para el ejercicio de sus competencias. Son creados por un Ente territorial. Tienen fines específicos por los cuales se crean. Poseen potestades administrativas y capacidad jurídica indispensables para cumplir sus fines. Ejerce su poder sobre un sector de población de su territorio. Son numerus apertus, pudiendo crearse tantos Entes como fines a perseguir. En atención a su naturaleza territorial o no territorial los Entes Locales se clasifican así: Entes Locales territoriales por naturaleza: Municipios. Son definidos por el art. 1.1 LBRL como: entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. El art LBRL, añade que tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Provincias. Son definidas por el art C.E. y en su desarrollo por el art LBRL, por su doble carácter: De Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, Y de división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado Islas. Éstas no son definidas ni por el art C.E. ni tampoco en su desarrollo por el art. 41 LBRL, que sólo establecen cuáles son los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla: Los Cabildos Insulares en Canarias. Los Consejos en Baleares. Entidades Locales territoriales en función de lo que disponga la respectiva legislación autonómica: Comarcas. Son agrupaciones de Municipios cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. TEMA DIGITAL, S.L. Página 23

10 TEMA 4. LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL. EL RÉGIMEN DE LAS GRANDES CIUDADES. EL ALCALDE, LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN: COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS. COMISIONES, DELEGACIONES Y ESTRUCTURA MUNICIPAL. 1. LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, ha sido la norma que ha pretendido actualizar el régimen local a los tiempos actuales, cuyo contenido se resume a continuación. En su artículo primero se introducen una serie de reformas en el articulado de LBRL, que afectan a todas las entidades locales o a clases determinadas de ellas, bien se trate de municipios, de mancomunidades o de provincias, según los casos. Asimismo, se adicionan determinados preceptos y se añaden dos nuevos títulos a la LBRL. Dentro de este primer bloque de medidas, se refuerza el papel de las mancomunidades de municipios en el actual sistema local, de forma que, por una parte, se mejora la regulación de sus potestades, aclarando que su determinación, en el marco de la legislación aplicable a cada una de ellas, corresponde a los municipios mancomunados, y, por otra parte, estableciendo la posibilidad de que puedan crearse entre municipios de distintas comunidades autónomas, en los términos de sus legislaciones respectivas. En materia de organización, debe destacarse que la Comisión de Gobierno pasa a denominarse Junta de Gobierno Local, expresión que tiende a destacar la naturaleza ejecutiva de dicho órgano. En el ámbito de las competencias locales, debe señalarse que la atribución a las provincias de funciones en materia de cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y de planificación estratégica en el territorio provincial, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones públicas en este ámbito, es de particular relevancia, pues enlaza directamente con un conjunto de actividades de creciente importancia en los gobiernos locales contemporáneos, en el que las Diputaciones provinciales ya se han venido implicando de forma creciente durante los últimos años. Esta competencia provincial resulta especialmente necesaria en las zonas rurales, donde la puesta en práctica de las políticas de desarrollo local está produciendo excelentes resultados. En materia de régimen jurídico, la novedad más relevante es la supresión del quórum del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente compongan el pleno de la entidad para la aprobación de las ordenanzas fiscales, a todas luces excesivo, pasándose a exigir el mismo que el requerido para la aprobación de los presupuestos. En materia de participación ciudadana, se establecen unos estándares mínimos que constituyen los mecanismos necesarios para su potenciación: el establecimiento de la necesidad de reglamentos orgánicos en todos los municipios en materia de participación ciudadana, que determinen y regulen los procedimientos y mecanismos adecuados para hacerla efectiva; la aplicación necesaria de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de forma interactiva, para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, así como para facilitar la realización de trámites administrativos y la introducción en la legislación básica TEMA DIGITAL, S.L. Página 34

11 sobre régimen local de las iniciativas ciudadanas, que pueden constituir un importante instrumento participativo, que puede dar lugar, incluso, a consultas populares. En definitiva, los diversos mecanismos participativos creados e impulsados por la ley, tanto con carácter general como los que más adelante se señalarán para los municipios a los que resulta de aplicación el título X de la Ley, colocan a nuestro régimen local en la línea avanzada de promoción de la participación que está adquiriendo cuerpo en todo el continente, impulsada por el Consejo de Europa, y de la que es una importante manifestación la Recomendación de su Comité de Ministros Rec (2001) 19, que ha servido de fuente de inspiración para esta reforma. En materia de gestión de los servicios públicos locales, se establece una nueva clasificación de las diversas formas de gestión, incorporando al ámbito local una figura que la experiencia ha demostrado eficaz en otras Administraciones Públicas, como son las entidades públicas empresariales. Por otra parte, se incorpora a la Ley la regulación sustancial necesaria de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles con capital social público, hasta ahora sólo reguladas parcialmente en normas reglamentarias. Asimismo, se incorporan a nuestra legislación básica de régimen local los consorcios transfronterizos, como mecanismo asociativo que puede utilizarse en una actividad de creciente importancia como es la cooperación transfronteriza de nuestras entidades locales. La Ley potencia los mecanismos de cooperación interadministrativos, actualizando la regulación de la Comisión Nacional de Administración Local, en aras a flexibilizar su funcionamiento. También se impulsa la creación de los órganos de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración de las comunidades autónomas previstos en el art. 5 de la Ley 30/1992, en materia de régimen local, cuya existencia resulta necesaria como foro de cooperación entre las Administraciones públicas implicadas en todos los asuntos relevantes en materia de régimen local. 2. EL RÉGIMEN DE LAS GRANDES CIUDADES Ha sido establecido por la referida Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, que ha introducido un nuevo Título X en la LBRL, sobre el régimen de organización de los municipios de gran población ÁMBITO DE APLICACIÓN Las normas previstas en este título serán de aplicación: a) A los municipios cuya población supere los habitantes. b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los habitantes. c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. TEMA DIGITAL, S.L. Página 35

12 TEMA 5. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. ADMINISTRACIONES AUTÓNOMAS Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. LA ADMINISTRACIÓN INSTI TUCIONAL Y CORPORATIVA. SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA LEY Y AL DERECHO. FUENTES DEL DERECHO PÚBLICO. LA RELACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA. EL CIUDADANO. 1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL 1.1. CONCEPTO El Derecho Administrativo considera a la Administración Pública como una persona jurídica, formada por una pluralidad de entes dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico le atribuye. El art de la Constitución, en relación a los fines de la Administración establece lo siguiente: 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el art añade que Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican CARACTERES La Administración Pública presenta las siguientes características: Está formada por una pluralidad de entes, dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios. Su finalidad principal es la consecución de los intereses generales. Su actuación está sometida a la Ley y al Derecho CLASES La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entiende por Administraciones Públicas: La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las entidades que integran la Administración Local. TEMA DIGITAL, S.L. Página 55

13 Añade que las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la Ley 30/1992 cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. Por tanto, más que de Administración Pública en singular habrá que hablar de Administraciones Públicas, es decir, de una pluralidad de entes dotados, todos ellos, de personalidad jurídica con capacidad por tantopara ser titulares de derechos y de obligaciones. Atendiendo a su naturaleza, las Administraciones Públicas pueden clasificarse en territoriales e institucionales. TERRITORIALES: El Estado Las Comunidades Autónomas La Provincia El Municipio y otros entes locales Se caracterizan por: La importancia fundamental del elemento territorial Su posición dentro del ordenamiento jurídico La pluralidad y generalidad de sus fines Su origen, anterior a la ley El carácter cerrado de su número INSTITUCIONALES: Corporaciones Entes Públicos Se caracterizan por: El territorio sólo determina su ámbito de actuación. Son creadas por la ley. La especialización de sus fines. Son posteriores a la ley. Son de número abierto, pudiendo adoptar diversas formas. TEMA DIGITAL, S.L. Página 56

14 TEMA 6. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMO GARANTÍA FORMAL. LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. IDEA GENERAL DE LA INICIACIÓN, ORDENACIÓN, INSTRUC CIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 1. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMO GARANTÍA FORMAL DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO: La definición habitual puede ser bien el método para ejecutar algunas cosas, o bien la actuación que se lleva a cabo mediante trámites administrativos o judiciales. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: La Exposición de Motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 lo definió como cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. Y de una forma más concisa, el artículo 105.c) CE lo define indirectamente como procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. El procedimiento administrativo es, en definitiva, la forma en que han de producirse los actos administrativos que deberán ajustarse al procedimiento establecido. Como consecuencia de los pasos y resultados obtenidos en las distintas fases del procedimiento se forma un expediente, en el que figuran los diferentes documentos generados, que habitualmente son escritos. El expediente será la base que permitirá llegar a una resolución final, que contiene la decisión de la Administración. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. El artículo de la Constitución distingue entre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, que habrán de garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. La Ley 30/1992 recoge esta concepción constitucional de distribución de competencias y regula el procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulación no agota las competencias estatales o autonómicas de establecer procedimientos específicos por razón de la materia que deberán respetar, en todo caso, estas garantías. La Constitución establece la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer las especialidades derivadas de su organización propia pero además, como ha señalado la jurisprudencia constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que también ha de ser posible que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél que deba ser común y haya sido establecido como tal. La regulación de los procedimientos propios de las Comunidades Autónomas habrán de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia exclusiva del Estado, integra el concepto de procedimiento administrativo común, que está desarrollado en la Ley 30/1992. Por lo tanto, el procedimiento administrativo común es aquél que es competencia del Estado, y que regula éste con carácter general para su aplicación en todo el territorio nacional, aunque las Comunidades Autónomas tendrán capacidad para establecer las especialidades derivadas de su organización. TEMA DIGITAL, S.L. Página 75

15 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMO GARANTÍA FORMAL. El procedimiento administrativo es una garantía para el ciudadano en cuanto supone que la actividad de la Administración tiene que canalizarse obligadamente a través de unos cauces determinados como requisito mínimo para que pueda calificarse de actividad legítima. Pero el procedimiento administrativo no agota en ello su función, que es también, y de manera muy importante, la rápida y eficaz satisfacción del interés general, mediante la adopción de las medidas y decisiones necesarias por los órganos de la Administración, que son intérpretes de ese interés y, al mismo tiempo, parte del procedimiento y árbitro del mismo. Hay que tener en cuenta, además, que el procedimiento ha contribuido a completar la garantía judicial de los derechos individuales. En varios sentidos: Hasta la promulgación de la Constitución de 1978, en cuantas ciertas decisiones administrativas estaban exentas de control judicial, pero no del sometimiento a un procedimiento. La garantía procedimental actúa antes de la adopción de la decisión, mientras que la judicial entra en juego a posteriori, revisando conductas ya cumplidas. Opera incluso en el ámbito de la simple oportunidad (a través de la exigencia de determinados informes, por ejemplo), aspecto que escapa al control judicial. La función de garantía del procedimiento administrativo supone que el mismo sea un requisito esencial en la producción de los actos administrativos, como señala el art de la LRJAPPAC, cuyo incumplimiento puede dar lugar incluso a la nulidad absoluta de éstos (art 62.1.e). Finalmente, de forma más reciente, el procedimiento presenta otro aspecto, en cuanto es uno de los cauces posibles para hacer efectiva la democratización de los cauces de decisión, es decir, la participación de los ciudadanos en las decisiones administrativas. La Constitución apunta en esta dirección: por un lado, el artículo garantiza específicamente la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento administrativo, incluyendo el de elaboración de las disposiciones generales. Pero además, reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, no solo a través de los representantes libremente elegidos, sino también directamente (art. 23.1), lo que alude necesariamente, entre otros aspectos, al procedimiento por el que se gestionan dichos asuntos. En definitiva, puede concluirse que el procedimiento administrativo presenta una triple finalidad, cada una de las cuales tiene su propio reflejo constitucional: Garantía de los derechos de los ciudadanos; Cauce de actuación para asegurarla eficacia de la actuación administrativa; y Mecanismo de participación en las decisiones públicas. TEMA DIGITAL, S.L. Página 76

16 TEMA 7. EL ACTO ADMINISTRATIVO. EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. SU MOTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN. 1. EL ACTO ADMINISTRATIVO 1.1. CONCEPTO Puede definirse al acto administrativo como cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por un órgano de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa. Y también, de una forma más breve, como acto jurídico realizado por la Administración con arreglo al Derecho Administrativo. O como toda declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la Administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas objetivas. La LRJAPPAC no da un concepto de acto administrativo, si bien el artículo 53.1 da por sentada su existencia: Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. Establecido el concepto, se pueden señalar las siguientes características de los actos administrativos: 1ª. El acto administrativo es un acto jurídico: consiste en una declaración, lo que excluye las actividades materiales de la Administración (actividades instrumentales como una llamada por teléfono, un requerimiento de documentación, el otorgamiento de un plazo, etc). 2ª. La declaración puede ser de voluntad, de juicio, de conocimiento y de deseo: Entre las declaraciones de conocimiento se pueden citar los actos consultivos, los informes, los actos de intervención y fiscalización financiera, etc. Entre las declaraciones de conocimiento están los certificados, las anotaciones o registro de títulos, los levantamientos de actas, etc. Como declaraciones de deseo, las propuestas o peticiones de un órgano a otro. 3ª. El acto administrativo ha de proceder de una administración, lo que implica que no puedan ser considerados actos administrativos: Los actos políticos del Gobierno. Los actos jurídicos del interesado. Los actos de ejecución material dictados por el Poder Legislativo o Judicial. Los contratos o convenios, por derivar de un acuerdo de voluntades y no sólo de la Administración. 4ª. La declaración administrativa debe proceder del ejercicio de una potestad administrativa determinada. TEMA DIGITAL, S.L. Página 88

17 5ª. El acto ha de estar regulado por el Derecho Administrativo. Desde esta perspectiva, no serán actos administrativos los actos realizados por la Administración con sujeción al derecho privado. 6ª. La potestad administrativa debe ser distinta de la potestad reglamentaria, que se materializa en la aprobación de normas de carácter general REQUISITOS Los actos administrativos que dicten las AA.PP., bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos FORMA Los actos administrativos se producirán por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativo ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. 2. EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Los actos de las AA.PP. sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Los actos de las AA.PP. sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la LRJAPPAC. TEMA DIGITAL, S.L. Página 89

18 TEMA 8. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: EFICACIA, JERARQUÍA, DESCENTRALI ZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y COORDINACIÓN.LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTA MIENTO DE GIJÓN. LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 1. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: EFICACIA, JERARQUÍA, DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y COORDINACIÓN Conforme al art. 103 de la Constitución la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Este precepto constitucional es reproducido en el art. 3.1 de la Ley 30/1992, precepto que se completa con el añadido de que igualmente deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y confianza legítima. Además el citado artículo de la Ley 30/1992 añade otros principios: a) El de cooperación, por el que se rigen las Administraciones Públicas en sus relaciones entre sí. b) Los de eficiencia y servicio a los ciudadanos, por los que se rigen en su actuación c) Los de transparencia y participación, por los que se rigen en sus relaciones con los ciudadanos. Principio de eficacia. El término eficacia es consustancial a la actividad administrativa y en general a cualquier actividad humana, pues obviamente la vocación última de cualquier actuación humana es precisamente la de producir efectos (es decir, la de introducir cambios en lo existente). Es sin lugar a dudas el principio más importante de la actuación de la Administración Pública siendo continúas las alusiones al mismo a lo largo del recorrido de la Ley 30/1992. Y entre esas alusiones destacan las que se contienen en el Capítulo III del Título IV, Capítulo que se denomina precisamente con la frase de Eficacia de los actos. Principio de jerarquía. La jerarquía es un principio organizativo vinculado al reparto de competencias, las cuales se distribuyen según un sistema escalonado y piramidal en el que los órganos situados en un nivel superior dirigen, controlan e incluso revisan la actividad de los órganos de nivel inferior. Dos son las condiciones precisas para admitir la viabilidad concreta de este principio en una Administración Pública: a) Dos o más órganos que coinciden en una misma Administración respecto de una misma competencia material. b) Medios para garantizar la imposición de la voluntad del órgano superior sobre la del órgano inferior. Asimismo, del poder jerárquico emanan las siguientes manifestaciones: a) Poder de impulso y dirección b) Poder de inspección, vigilancia y control c) Facultad de revisar los actos del órgano inferior y en su caso de anularlos TEMA DIGITAL, S.L. Página 94

19 d) Potestad disciplinaria e) Posibilidad de delegar competencias propias en dichos órganos inferiores cuando ello resulte legalmente admisible y f) Potestad resolutiva en los conflictos que se susciten entre dos órganos inferiores situados bajo la dirección del órgano superior. Principio de descentralización. La palabra descentralización se opone al término centralización, término que se corresponde a aquella concepción de los asuntos públicos según la cual existe una única Administración Pública que asume la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades del interés general o, en un sentido menos drástico, no las asume todas (algunas quedan en manos de las entidades locales) pero si las dirige. La descentralización va a suponer en consecuencia tanto que existen diversas administraciones como el que las mismas funcionan independientemente (lo que no significa descoordinadamente). La descentralización puede ser territorial o funcional: La descentralización territorial encuentra expresión en el modelo de organización territorial del Estado (Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales). Nota característica de la misma es que plantea un reparto de poder político. La descentralización funcional o de servicios no plantea ningún reparto de poder político pues su finalidad se reduce a la de otorgar una mayor libertad de gestión a los responsables de un servicio público y se plasma mediante la creación de organismos públicos de diferentes tipologías todos ellos con personalidad jurídica propia. Principio de desconcentración. La desconcentración es la transferencia de competencias de forma permanente de un órgano a otro (normalmente de un órgano superior a otro de rango inferior, salvo los supuestos de encomienda de gestión) dentro de un mismo ente público. Su objeto es el de descongestionar la actividad del órgano delegante que trasvasa al delegado parte de sus competencias. El carácter permanente de la desconcentración la separa de la delegación interorgánica contemplada en el art. 13 de la Ley 30/1992, pues en la misma siempre cabe que el órgano delegante revoque dicha delegación en cualquier momento. El ejemplo característico de desconcentración lo proporciona la operada desde los servicios centrales hacia los servicios periféricos. Principio de coordinación. La coordinación es la función que se ocupa de impedir o limitar tanto la duplicidad de esfuerzos como las acciones divergentes cuando dos Administraciones o dos órganos entre los que no existe relación jerárquica concurren en el ejercicio de una misma competencia. Existen múltiples supuestos que la doctrina sistematiza en tres situaciones básicas: a) La coordinación interorgánica: Complementa la potestad jerárquica del órgano superior bajo cuya dirección se encuentran los órganos que se trata de coordinar. Dentro de la misma se diferencia entre una coordinación interorgánica orgánica (el Presidente del Gobierno coordina las funciones de los TEMA DIGITAL, S.L. Página 95

20 TEMA 9. EL EMPLEADO PÚBLICO: PRINCIPIOS Y VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO. ÉTICA DEL SERVI CIO PÚBLICO. EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. PRINCIPIOS GENERALES E IDEAS BÁSICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA SALUD LABORAL EN EL TRABAJO. 1. EL EMPLEADO PÚBLICO: PRINCIPIOS Y VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO. ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO Respecto del funcionamiento de la Administración y el desempeño de su personal, la Constitución establece los principios generales en el art , al disponer que La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. En cuanto al acceso al empleo público, el art establece por su parte que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Pero ha sido el Estatuto Básico del Empleado Público quien ha desarrollado los principios, la ética y los valores del servicio público. Por primera vez se establece en nuestra legislación una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, que constituye un auténtico código de conducta. Estas reglas se incluyen en el Estatuto con finalidad pedagógica y orientadora, pero también como límite de las actividades lícitas, cuya infracción puede tener consecuencias disciplinarias. Pues la condición de empleado público no sólo comporta derechos, sino también una especial responsabilidad y obligaciones específicas para con los ciudadanos, la propia Administración y las necesidades del servicio. Este, el servicio público, se asienta sobre un conjunto de valores propios, sobre una específica cultura de lo público que, lejos de ser incompatible con las demandas de mayor eficiencia y productividad, es preciso mantener y tutelar, hoy como ayer. El EBEP ha regulado dichos principios en los siguientes términos: Art. 52: Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. TEMA DIGITAL, S.L. Página 104

21 Art. 53: Principios éticos. 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que TEMA DIGITAL, S.L. Página 105

22 TEMA 10. LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. LOS CENTROS MUNICIPALES: ORGANIZA CIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LOS CENTROS MUNICIPALES INTEGRADOS. 1. LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1.1. PRINCIPIOS REGULADORES La Constitución española primero y después la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, instauraron un nuevo concepto de las relaciones entre las Administraciones públicas y los ciudadanos. En este sentido, la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dentro del catálogo de derechos de los ciudadanos, que recoge en su artículo 35, incluye en sus párrafos a), b) y g), tres que se hallan directamente relacionados con la función general de la información [ver Tema 7], cuya regulación y desarrollo se abordó a través del Real Decreto 208/1996, por el que se regularon los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, de cuyo contenido interesa destacar los siguientes apartados: La información administrativa. La información administrativa es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. La información encomendada a las unidades y oficinas competentes podrá ser general o particular. La información general. Es la información administrativa relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas; la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar; la referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las Administraciones públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación. La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan la información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los avances tecnológicos permitan. TEMA DIGITAL, S.L. Página 111

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