2. La Constitución en su artículo 30.1

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1 TEMA 4 DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS. LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA. LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SUSPENSIÓN GENERAL E INDIVIDUAL DE LOS MISMOS. EL DEFENSOR DEL PUEBLO. 1. La Constitución clasifica los derechos constitucionales atendiendo a: a) Su contenido. b) Su naturaleza. c) Su sistema de garantías. d) El sujeto titular de los mismos. Respuesta: El criterio seguido para agrupar los derechos constitucionales ha sido el del subsistema de garantías contenido en el artículo 53, de la Constitución. Así pues, de acuerdo con el citado artículo hay tres tipos de derechos: a) Derechos a los que se aplica el nivel de garantía máxima: Se trata de aquellos derechos que, por su máxima importancia social y política, son dotados del mayor nivel de garantías, asumiendo el Estado respecto de ellos unos compromisos exigibles por el ciudadano. Son el principio de igualdad ante la ley (art. 14) y los derechos incluidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo bajo la rúbrica de «Derechos fundamentales y libertades públicas». b) Derechos a los que se aplica un nivel medio de protección: Se trata de aquellos otros derechos que, sin merma de su importancia, se consideraron menos vitales para la sociedad, y también menos factible dotarlos del mismo nivel de compromiso estatal. Son los contenidos en la Sección 2ª del Capítulo Segundo, denominados «Derechos y Deberes de los ciudadanos». c) Derechos a los que se aplica un nivel ordinario de protección: se agrupan aquí aquéllos derechos que no se consideran vitales para la sociedad y, además, el Estado no está en condiciones de asumir compromisos ciertos para asegurar su disfrute. Son los contenidos en el Capítulo Tercero como «Principios rectores de la política social y económica», lo cual es indicativo de que no son considerados como derechos públicos subjetivos. Solución c) 2. La Constitución en su artículo 30.1 regula: a) El derecho de los españoles de defender a España. b) El deber de los españoles de defender a España. c) El derecho y el deber de los varones españoles de defender a España. d) Ninguna respuesta es correcta. Respuesta: La Constitución en su artículo 30.1 consagra no sólo el deber de defender a España, sino también el derecho de hacerlo. Aunque la Constitución impone el deber de defensa a todos los españoles, los sujetos realmente titulares de este deber han sido durante bastante tiempo sólo los españoles varones. Sin embargo, recientemente, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho de las mujeres a ser admitidas en las Academias Militares así como la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a las profesiones militares. Solución d) 111

2 Policía Local de Andalucía (Tests Razonados) 3. El artículo 30.2 de la Constitución, que remite a la ley la fijación de las obligaciones militares de los españoles: a) Exigiría el procedimiento agravado para su reforma constitucional. b) No podrá ser recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional. c) Deberá desarrollarse por medio de una Ley que respete su contenido esencial. d) Deberá desarrollarse por medio de una Ley Orgánica. Respuesta: El procedimiento agravado de reforma constitucional se aplica a los artículos que afecten al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera del Título I, o al Título II, por tanto, al no incluirse el artículo 30.2 de la Constitución en la citada parte no exigiría el procedimiento agravado para su reforma. En lo que al recurso de amparo se refiere, el artículo 53.2 de la Constitución admite la interposición de este recurso contra las violaciones de los derechos y libertades reconocidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo (artículos 15 a 29), pero lo extiende también a las violaciones del principio de igualdad del artículo 14 y del derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.1 por lo que cabría tal recurso ante el Tribunal Constitucional. El artículo 30.2 por pertenecer al Capítulo Segundo del Título Primero le es de aplicación lo previsto en el artículo 53.1 de la Constitución, según el cual «sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades» (los de todo el Capítulo Segundo). No se le aplicaría el artículo 81 de la Constitución que señala que «Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas», ya que el derecho a la objeción de conciencia no se considera un derecho fundamental ni una libertad pública. Solución c) 4. En el supuesto de objeción de conciencia, el servicio militar obligatorio podrá sustituirse por: a) Prestaciones en casos de riesgos, catástrofes o calamidades públicas. b) Un servicio civil para fines de interés general. c) Una prestación laboral obligatoria. d) Una prestación social sustitutoria. Respuesta: Así lo indica el artículo 30.2 de la Constitución, artículo desarrollado en la actualidad por la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria que en su artículo 1.2 establece que «los españoles sujetos a obligaciones militares que, por motivos de conciencia en razón de una convicción de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otros de la misma naturaleza, sean reconocidos como objetores de conciencia, quedarán exentos del servicio militar, debiendo realizar en su lugar una prestación social sustitutoria». Solución d) 5. El servicio civil previsto en el artículo 30.3 de la Constitución: a) Se destina a fines de interés general. b) Se refiere al caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. c) Se refiere a los casos de prestación social sustitutoria. d) Se refiere a los deberes de colaboración ciudadana. Respuesta: Dispone el artículo 30.3 que: «Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general». Por otra parte, da la impresión de que la Constitución incurrido en una repetición innecesaria, ya que el apartado 3 del artículo 31 establece que «podrán establecerse prestaciones personales [...] con arreglo a 112

3 la ley», sin embargo, el carácter en apariencia superfluo o reiterativo del precepto en cuestión no fue tal a los ojos de sus redactores, que pensaron en la posibilidad de establecer un servicio civil en el marco de las necesidades de la defensa o, en otras palabras, una defensa civil complementaria de la estrictamente militar. Solución a) 6. Para los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública: a) Podrá establecerse un servicio civil. b) Podrán regularse los deberes de los ciudadanos. c) Se establecerá un servicio de defensa civil obligatoria. d) Se establecerá por Ley un servicio de defensa civil. Respuesta: El artículo 30.4 de la Constitución prevé que «mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública». Esta previsión se plasmó definitivamente en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, marco legal habilitante para exigir a los ciudadanos determinadas prestaciones personales en situaciones de emergencia. Esta Ley menciona de manera expresa el artículo 30.4 de la Constitución para justificar la imposición con carácter general de «deberes y obligaciones» a todos los ciudadanos. Sin embargo, dispone que «estarán especialmente obligados a colaborar en las actividades de protección civil las personas en situación legal de desempleo y que estén percibiendo la correspondiente prestación económica por esta causa y quienes estén sometidos al régimen de prestación social sustitutoria del servicio militar y los excedentes del contingente anual de éste», previsión que deja de tener sentido tras la suspensión definitiva del servicio militar obligatorio. Solución b) 7. Los deberes que podrán regularse mediante Ley en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública afectan: a) A los ciudadanos españoles mayores de edad. b) A los ciudadanos españoles y los nacionales de los estados de la Unión Europea. c) A todos los ciudadanos españoles. d) A todos los residentes en el territorio nacional. Respuesta: El artículo 30.4 de la Constitución utiliza el término ciudadanos sin entrar en detalle si se refiere a ciudadanos españoles o además ciudadanos de los estados de la Unión Europea o residentes en el territorio nacional. Sin embargo, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil establece que todos los residentes en territorio nacional y no sólo los ciudadanos españoles, estarán obligados a la realización de las prestaciones personales que exija la autoridad competente y al cumplimiento de las órdenes generales o particulares que dicte. Solución d) 8. Quiénes estarán especialmente obligados a colaborar en las actividades de protección civil? a) Los militares de reemplazo. b) Los excedentes del contingente anual. c) Los militares profesionales. d) Los oficiales y suboficiales. Respuesta: La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil menciona de manera expresa el artículo 30.4 de la Constitución para justificar la imposición con carácter general de «deberes y obligaciones» a todos los ciudadanos. Después, sin embargo, dispone que «estarán especialmente 113

4 Policía Local de Andalucía (Tests Razonados) obligados a colaborar en las actividades de protección civil: a) Las personas en situación legal de desempleo y que estén percibiendo la correspondiente prestación económica por esta causa [...]; y b) quienes estén sometidos al régimen de prestación social sustitutoria del servicio militar y los excedentes del contingente anual de éste» (art. 4.2). Sin embargo, tras la desaparición del servicio militar obligatorio esta previsión legal, aunque no está derogada, deja de tener sentido. Solución b) 9. De acuerdo con el artículo 31.1 de la Constitución, quiénes contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos? a) Todos los ciudadanos españoles. b) Todos los ciudadanos españoles mayores de edad. c) Todos los ciudadanos españoles en edad laboral. d) Todos. Respuesta: El artículo 31.1 de la Constitución establece que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad...». La primera cuestión que llama la atención es la expresión «todos» que hemos de entenderla como la voluntad de que las cargas públicas deben imputarse a los que están y desarrollan su actividad profesional en el territorio español, más allá de que tenga la condición de nacional o extranjero o que estén jubilados o en edad laboral. Solución d) 10. El artículo 31.1 de la Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de: a) Igualdad y progresividad. b) Universalidad y no confiscación. c) Capacidad económica y eficiencia. d) Programación y ejecución del gasto público. Respuesta: El artículo 31.1 de la Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. El principio de igualdad del sistema tributario se expresa en la capacidad contributiva de los ciudadanos, en el sentido de que situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual de manera que se prohíben los tratos discriminatorios, pero no los tratos distintos derivados de situaciones diferentes. El principio de igualdad tributaria se ha de aplicar teniendo en cuenta otro principio que actúa al unísono: el principio de progresividad que consiste en una técnica impositiva que va más allá de ser criterio recaudatorio y tiene como finalidad la consecución de otros fines como puede ser la distribución de la renta u otros previstos en el artículo 40 de la Constitución. Pero como señala el propio artículo 31 de la Constitución el límite de la progresividad está en que el impuesto no tenga carácter confiscatorio. Solución a) 11. Cuando un impuesto llegue a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades se dice que tiene carácter: a) Progresivo. b) Confiscatorio. c) Universal. d) Igualitario. Respuesta: Señala el artículo 31.1 de la Constitución que la contribución de los ciudadanos se realizará a través de un «sistema tributario jus- 114

5 to inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». El nivel de un impuesto para considerarlo confiscatorio es una cuestión compleja que el Tribunal Constitucional ha resuelto señalando que la recaudación puede llegar a tener carácter confiscatorio cuando a raíz de la aplicación de los diferentes tributos se llegue a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades (SSTC 14/1998 y 150/1990). Solución b) 12. El artículo 31.2 de la Constitución establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de: a) Eficiencia y economía. b) Eficacia y economía. c) Eficiencia y suficiencia financiera. d) Eficacia y fiscalización. Respuesta: La eficiencia y la economía son los dos elementos que configuran la racionalidad del gasto público y a los que se hace referencia en el artículo 31.2 de la Constitución. Dichos principios, que tan sólo indirectamente afecta a la justicia tributaria y es más un principio de ordenación del gasto público, se articulan sobre la base de dos postulados: la equidad en la asignación de los recursos públicos y el criterio de eficiencia y economía en su tramitación y ejecución. El primero, se refiere a los fines que constitucionalmente debe dirigir la política del Estado para conseguir los principios de generación y distribución de la riqueza; el segundo, de carácter más técnico supone requerir al Estado que actúe con la los criterios que la ciencia y la técnica pongan a su disposición en cada momento para gestionar mejor los bienes públicos. Solución a) 13. De acuerdo con el artículo 32.1 de la Constitución: a) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre ellos. b) El marido y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. c) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. d) Todos los ciudadanos tienen derecho a contraer matrimonio. Respuesta: El artículo 32.1 de la Constitución no dice en ningún momento que el hombre y la mujer tengan derecho a contraer matrimonio «entre ellos» sino que «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio...». De esta manera, la Constitución reconoce a ambos sexos el derecho a poder contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, para seguidamente establecer que será la ley la que regulará, entre otras cosas, los derechos y los deberes de los cónyuges. Así, la Constitución estaría dando cabida a matrimonios entre personas del mismo o de diferente sexo pudiendo acceder en iguales condiciones hombres y mujeres. Tanto el hombre como la mujer pueden podrían, de acuerdo con la Ley, elegir libremente casarse y la persona con quien desean hacerlo. Solución c) 14. A qué valor superior del ordenamiento jurídico hace referencia el artículo 32.1 de la Constitución con respecto al matrimonio? a) A la igualdad jurídica. b) A la dignidad de la persona. c) A la libertad. d) A la justicia. Respuesta: La Constitución establece en el artículo 32.1 la igualdad jurídica del hombre y la mujer a la hora de celebrar matrimonio. Como 115

6 Policía Local de Andalucía (Tests Razonados) principio que informa la regulación del matrimonio esa igualdad se ha recogido también por parte del legislador ordinario en el artículo 66 del Código civil: «el marido y la mujer son iguales en derechos y deberes», respetando con ello el mandato establecido por la Constitución tanto en el artículo 32.1, como en el 14, pero se aprecian distintas fases a la hora de establecerse esta igualdad ya que el artículo 32.1 de la Constitución establece la igualdad del hombre y la mujer a la hora de celebrarse el matrimonio y el artículo 66 del Código Civil recoge la igualdad de los cónyuges, por lo tanto se habla de un momento posterior a la celebración del matrimonio. Solución a) 15. Con respecto al matrimonio la Ley regulará: a) Las causas de divorcio y separación. b) Las causas de separación y nulidad matrimonial. c) Las causas de separación y disolución y sus efectos. d) Las causas de separación, disolución, nulidad matrimonial y sus efectos. Respuesta: El artículo 32.2 de la Constitución dispone que «La ley regulará...(entre otras materias) las causas de separación y disolución y sus efectos». Como se puede observar el citado artículo no hace referencia al divorcio ni a la nulidad matrimonial, sino que es la Ley reguladora del matrimonio en el Código Civil la que regula el sistema de separación, divorcio, disolución y nulidad matrimonial, sistema que en la actualidad se ha visto modificado por la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Solución c) 16. El derecho a contraer matrimonio regulado en el artículo 32 de la Constitución: a) Es un derecho fundamental que deberá regularse por Ley Orgánica. b) Está garantizado por la tutela preferente y sumaria de los jueces y Tribunales. c) No es un derecho fundamental. d) Admite la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Respuesta: La Constitución ha encuadrado el derecho a contraer matrimonio en la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título I, rubricada «De los derechos y deberes de los ciudadanos», y no en cambio en la Sección Primera de esos mismos Capítulo y Título que lleva por rúbrica «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas». Esto implica que no puede ser regulado por ley orgánica ya que el artículo 81 de la Constitución señala que «Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas». Tampoco está garantizado por la tutela preferente y sumaria de los jueces y Tribunales ya que el artículo 53.2 de la Constitución establece la tutela ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad solo para los derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección Primera del Capítulo Segundo. Tampoco admite la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional posibilidad que se reconoce solamente a los derechos reconocidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo (artículos 15 a 29), y a las violaciones del principio de igualdad del artículo 14 y del derecho a la objeción de conciencia del artículo 30. Solución c) 116

7 17. El artículo 32.2 de la Constitución dispone que «La ley regulará... (entre otras materias) la edad» para contraer matrimonio, cuál es la edad a partir de la que se puede contraer matrimonio sin necesitar la emancipación de los padres ni la autorización judicial? a) Dieciocho años. b) Diecisiete años. c) Dieciséis años. d) Catorce años. Respuesta: El artículo 46 del Código Civil dispone que «No pueden contraer matrimonio: 1.º los menores de edad no emancipados». Según esta regla sobre la edad, pueden contraer matrimonio, además de los mayores de edad, o sea, los que hayan cumplido los dieciocho años (art. 315 del Código Civil), los emancipados por sus padres o por el juez, lo que exige haber cumplido los dieciséis años (arts. 317, 320, 321 del Código Civil); asimismo, podrán casarse los menores que por haber contraído anterior matrimonio, ya disuelto, quedaron emancipados por las primeras nupcias, ya que el menor queda emancipado por el matrimonio (arts , 316 del Código Civil). Solución a) 18. Qué límite establece el artículo 33.2 de la Constitución en relación con el contenido del derecho a la propiedad privada y a la herencia? a) La función social. b) La utilidad pública. c) El interés social. d) Los intereses de la colectividad. Respuesta: El apartado segundo del artículo 33 de la Constitución declara que «la función social de la propiedad delimitará su contenido (del derecho a la propiedad privada y a la herencia) de acuerdo con las leyes». Ello significa que el cumplimiento de una función social es un elemento estructural de la definición del derecho de propiedad, o dicho de otro modo, es un elemento interno o inherente al concepto mismo de propiedad privada. A las causas justificadas de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización hace referencia el apartado 3 del citado artículo 33 pero como garantías que la Constitución establece en relación con la expropiación forzosa. Solución a) 19. El derecho a la propiedad privada: a) Es un derecho fundamental porque goza de las garantías específicas que la Constitución dispensa a los derechos fundamentales en sentido estricto. b) Es un derecho fundamental porque se encuadra en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución. c) Es un principio rector de la política social y económica. d) No es un derecho fundamental sino un derecho constitucional. Respuesta: La Constitución ha encuadrado el derecho a la propiedad privada en la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título I, rubricada «De los derechos y deberes de los ciudadanos», y no en cambio en la Sección Primera de esos mismos Capítulo y Título que lleva por rúbrica «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas». El primer dato que se obtiene de este encuadramiento consiste en afirmar que la propiedad privada no es en sentido estricto un derecho fundamental: es sin duda un derecho constitucional, pero no un derecho fundamental. Solución d) 117

8 Policía Local de Andalucía (Tests Razonados) 20. El artículo 34.1 de la Constitución reconoce el derecho de fundación para fines: a) De interés general. b) De interés público. c) De interés colectivo. d) De utilidad pública. Respuesta: El reconocimiento expreso en el artículo 34.1 de la Constitución del derecho de fundación perfila al mismo tiempo las condiciones esenciales para su ejercicio: sólo se garantiza si es para fines orientados hacia interés general. En otro caso, se posibilitaría la técnica de las fundaciones familiares que permitiría restablecer en la práctica las vinculaciones y mayorazgos con lo que el capital de la fundación terminaría en manos de los particulares. Solución a) 21. Cuál es la diferencia fundamental entre el derecho de asociación y el derecho de fundación? a) La naturaleza de los fines que se persiguen. b) Las asociaciones a diferencia de las fundaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades, en virtud de resolución judicial motivada. c) Las fundaciones a diferencia de las asociaciones pueden tener una finalidad lucrativa. d) En el caso de las fundaciones, a diferencia de las asociaciones, la aportación patrimonial nunca puede revertir en los socios o fundadores aun cuando la fundación se extinga. Respuesta: En principio no hay diferencia alguna entre las fundaciones y las asociaciones en cuanto a los fines que se persigan, que en cualquier caso deberán ser no lucrativos. Tanto las asociaciones como las fundaciones podrán ser disueltas por resolución judicial motivada. Sin embargo, la diferencia fundamental entre ambas estriba en el hecho de que en las asociaciones los socios son dueños de una parte alícuota del capital societario y pueden extinguir la entidad libremente si adoptan un acuerdo en ese sentido. En la fundaciones, sin embargo, el capital que aportan los fundadores proveniente de su patrimonio propio no pueden recuperarlo en caso de extinción, de manera que los bienes y derechos remanentes han de ser entregados a otra u otras instituciones que persigan fines de interés general análogos. Solución d) 22. El derecho de fundación: a) Vincula a todos los órganos y poderes del Estado. b) Se tutela mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. c) Se considera un derecho fundamental por lo que cualquier ciudadano puede recabar su tutela a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. d) Goza del máximo nivel de protección jurisdiccional. Respuesta: El derecho de fundación un derecho constitucional que vincula a todos los órganos y poderes del Estado aunque se encuentra excluido de la tutela del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y tampoco cualquier ciudadano puede recabar su tutela a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. No goza por tanto del máximo nivel de protección que se dota a los derechos fundamentales que se incluyen en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución. Solución a) 118

9 23. El artículo 35.1 de la Constitución hace referencia: a) Al derecho de trabajar. b) Al deber de trabajar. c) Al deber de trabajar y al derecho al trabajo. d) Al derecho de trabajar y al deber del trabajo. Respuesta: El artículo 35.1 de la Constitución dispone que «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo,...», imponiendo de esta manera a todos los españoles el deber de trabajar junto con el derecho al trabajo. Solución c) 24. Con respecto al trabajo, la Constitución prohíbe la discriminación por razón de: a) Raza. b) Edad. c) Religión. d) Sexo. Respuesta: El artículo 35.1 de la Constitución dispone que «Todos los españoles tienen (...) el derecho al trabajo, (...) sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». Al resto de las circunstancias personales (raza, edad, religión, etc) no se hace referencia en el citado artículo. Solución d) 25. El artículo 35.1 de la Constitución junto con el derecho al trabajo reconoce: a) El derecho a la estabilidad en el empleo. b) La libre elección de profesión y oficio. c) El derecho a no ser despedido si no existe causa justa. d) El derecho a una jornada laboral limitada. Respuesta: En el artículo 35.1 de la Constitución se reconoce la libre elección de profesión y oficio. El resto de los derechos a que se hace referencia se deducen de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual «el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en el artículo 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad y estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido si no existe una causa justa». Solución b) 26. El artículo 35.1 de la Constitución hace referencia al derecho de los españoles: a) A la promoción a través del trabajo. b) A una remuneración de acuerdo con los requisitos necesarios de capacitación. c) A la consolidación de los derechos laborales adquiridos. d) A la formación profesional en el trabajo. Respuesta: La Constitución reconoce en su artículo 35.1 el derecho a la promoción a través del trabajo, derecho que ha sido desarrollado, aunque no exhaustivamente, en el Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 23, 24 y 25, que tratan, respectivamente, de la promoción profesional, los ascensos y la promoción económica. Solución a) 119

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