Ordenamiento territorial, recursos naturales y Asamblea Constituyente en Bolivia: hacia un Estado Plurinacional?*

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1 Ordenamiento territorial, recursos naturales y Asamblea Constituyente en Bolivia: hacia un Estado Plurinacional?* Fernando Garcés V** Resumen El artículo presenta los hitos del actual proceso constituyente que se vive en Bolivia, enfatizando la avanzada del movimiento social desde la denominada Guerra del Agua en el año 2000 hasta la elección de Evo Morales como Presidente del país. Se muestra el protagonismo de las organizaciones indígenas y originarias en el planteamiento de convocar a una Asamblea Constituyente soberana, participativa y fundacional. En un segundo momento se presentan los elementos centrales de la propuesta para la nueva Constitución Política del Estado elaborada por las organizaciones indígenas, originarias, campesinas y de colonizadores de cara a la Asamblea Constituyente y sus posibilidades de incidencia en la misma. Aquí, se enfatiza en la centralidad que tendrá el tema del ordenamiento territorial en la Asamblea Constituyente en relación al control y la gestión de los recursos naturales estratégicos del país. Finalmente, se hace una aproximación a los discursos multiculturalistas y descolonizadores que copan la atención del debate social actual y se los contrapone al planteamiento de autodeterminación de las organizaciones campesinas e indígenas. Los hitos del proceso constituyente actual La demanda de transformación de las estructuras coloniales de dominación de la actual Bolivia tiene como momento germinal de las dos últimas décadas la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad en Coincidiendo en su momento con el caso ecuatoriano, esta marcha transformó la mirada nacional sobre la presencia indígena en el escenario político tradicional; por primera vez, después de mucho tiempo, grupos indígenas de tierras altas y tierras bajas se encontraron para marchar juntos hacia La Paz. La demanda territorial y la obtención de siete territorios indígenas por decreto presidencial posicionó el planteamiento de las organizaciones indígenas y originarias en defensa de la tierra y el territorio (Postero 2005). Dos años después, el Congreso Ordinario de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), al calor de los debates y acciones por los 500 años de la conquista de América, decide instalar la Asamblea de Nacionalidades Originarias con el objetivo explícito de recuperar la tierra y el territorio usurpados a los pueblos indígenas y originarios. Los testimonios de aquella época dicen explícitamente: "Que nos devuelvan lo que es nuestro"; "que nos devuelvan nuestro territorio"; "que se vayan los que se han apropiado de la tierra y de los recursos naturales"; "tenemos que luchar por nuestro

2 territorio para garantizar el futuro de nuestros hijos en nuestras propias comunidades"(1). Como se sabe, la denominada "Guerra del Agua", el año 2000, se convirtió en un caso sin precedentes que dio la vuelta al mundo como ejemplo de lucha de un pueblo movilizado que logró la expulsión de una transnacional en busca de apropiarse de un recurso vital. Luego de la Guerra del Agua, un dirigente urbano que había liderizado la llamada Coordinadora del Agua plantea la necesidad de que en el país se convoque a una Asamblea Constituyente como mecanismo de que el pueblo boliviano tenga capacidad de decisión sobre sus recursos. A partir de ese momento, el planteamiento de una Asamblea Constituyente cobra fuerza en las discusiones y eventos orgánicos de las comunidades campesinas, indígenas y originarias. Por ello, no es raro que en febrero de 2002 el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada buscara impedir que se logre, mediante presión, la realización de una Asamblea Constituyente; para lograr su objetivo convoca a la formación de un Consejo Ciudadano al que se le asigna la tarea de preparar una serie de reformas a la Constitución Política del Estado. Durante junio y julio de ese mismo año se realiza la Marcha de los Pueblos Indígenas por la Soberanía, el Territorio y los Recursos Naturales, planteando claramente tres objetivos: 1) tierra para indígenas y campesinos; 2) respeto al territorio de los pueblos indígenas; y, 3) realización inmediata de una Asamblea Constituyente con participación de los pueblos originarios (Romero 2005). A partir de este momento, las distintas organizaciones indígenas, campesinas, originarias y de colonizadores plantean ya de manera permanente la necesidad de una Asamblea Constituyente para refundar una Bolivia constituida en 1825 al margen de sus pueblos y naciones. No deja de ser irónico que quienes hoy, en nombre de la democracia, dicen defender la Asamblea Constituyente de supuestos actos dictatoriales son los que en aquel momento despreciaron la marcha, se burlaron de los marchistas y consideraron una demanda absolutamente descabellada la necesidad de una Asamblea Constituyente Popular y Originaria. Octubre de 2003 marca un momento clave en la historia boliviana de lucha por el control sobre recursos estratégicos importantes y por la búsqueda de devolución de la soberanía popular: es el momento en que se hace explícita con toda su fuerza el planteamiento de la nacionalización de los hidrocarburos y la expulsión de Sánchez de Lozada de la conducción del gobierno. Y es también a partir de este momento que la oligarquía cruceña comienza a reorganizar su viejo discurso en pro de una descentralización del país y lo encauza en el planteamiento de autonomía departamental. Desde los años 50, Santa Cruz se encaminaba a convertirse en el polo central de circulación del capital y de esos mismos años data la conformación del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Actualmente aglutina a terratenientes, banqueros y empresarios aliados a las principales empresas transnacionales que operan en el país (Lora 2005). A mediados del año 2004, el Comité Cívico de Santa Cruz realiza el "Primer Cabildo de la Cruceñidad", buscando neutralizar la "agenda de octubre" del 2003, filtrada y procesada por el Presidente Mesa: referéndum sobre Hidrocarburos y Asamblea Constituyente. En septiembre del mismo año, se organiza el Pacto de Unidad Indígena, Originario y Campesino (2) que se plantea como objetivo central lograr la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana, participativa y fundacional; esto es, una asamblea, 1) autónoma, no sometida a los poderes constituidos del Estado y depositaria

3 de la voluntad popular; 2) con la participación del mayor número de representantes sociales, especialmente de los pueblos indígenas secularmente excluidos de la participación política; y, 3) que reestructure y refunde desde su raíz un país marcado por una estructura colonial de dominación. Un masivo y supuesto "Cabildo Abierto", convocado por el Comité Cívico Cruceño, en enero del 2005, que usufructuó el descontento popular contra un dieselazo decretado por Mesa y mediante un "confuso" (por decir lo menos) proceso de recolección de firmas, impuso en el escenario nacional el planteamiento de autonomías departamentales (3). Confuso decimos porque es luego del Cabildo y luego de la recolección de firmas que se elabora la pregunta. Ésta decía: está usted de acuerdo que se defina y establezca en el país la constitución de autonomías departamentales con transferencia efectiva de competencias y atribuciones, las mismas que tendrán por objeto, en su jurisdicción territorial, disponer libremente de sus recursos, elegir a sus autoridades y darse su propia administración?(4) Como se ve, la pregunta refleja el fondo de las intenciones de los arquitectos de la autonomía departamental: disponer libremente de los recursos naturales (renovables y no renovables) y financieros. La promesa del entonces Presidente, Carlos Mesa, de convocar a elección de prefectos abría ya las puertas para un cierto nivel de "autonomía de hecho". El resto de la historia es bastante conocida: las movilizaciones de mayo - junio del pasado año no desembocan en una convocatoria inmediata a la Asamblea Constituyente ni en la nacionalización de los hidrocarburos, tal como demandaban los movimientos sociales en las calles, sino en una convocatoria a elecciones que derivó la problemática al siguiente gobierno, asumido por Evo Morales desde el 22 de enero. En febrero de este año se realiza en Santa Cruz una Cumbre Social hacia la Asamblea Constituyente, convocada por las organizaciones del Pacto de Unidad. Ahí se decide apoyar en términos gruesos la propuesta del MAS (Movimiento al Socialismo) en referencia a la Ley de Convocatoria; esto es, 3 constituyentes por circunscripción local, pero se le añade el planteamiento de que 32 asambleístas indígenas, elegidos por usos y costumbres, formen parte de la Asamblea Constituyente para garantizar la participación de los pueblos originarios sin intermediación partidaria. El 4 de marzo de este año se aprobaron simultáneamente, en el Congreso Nacional de Bolivia, dos leyes de suma importancia de cara al proceso social y político que enfrentará el país en los próximos meses: la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la de Convocatoria a un Referéndum para las Autonomías Departamentales (5). Como estaba previsto, el dos de julio pasado se realizaron las elecciones para constituyentes y el referéndum autonómico. A primera vista pareciera que los resultados son contradictorios. El MAS ganó 137 asambleístas, lo que significa el 54% del total (6), pero al mismo tiempo, en los departamentos de la autodenominada "Media Luna" (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija), ganó el Sí a favor de la Autonomía Departamental (7). El hecho que las dos leyes se hayan aprobado juntas y que los dos comicios se hayan realizado el mismo día no es casual: responde a las demandas de los dos sectores en

4 conflicto que buscan lograr hegemonía en el escenario nacional desde la avanzada del movimiento social con la Guerra del Agua del Así, la Asamblea Constituyente es el resultado del planteamiento de varias organizaciones sociales, especialmente indígenas y campesinas, como búsqueda de lograr un espacio de reorganización de la distribución del poder colonial del país y de control sobre apetecidos recursos naturales renovables y no renovables. Por parte de la demanda de creación de las autonomías departamentales, lo que se busca es consolidar el poder agroempresarial de la punta de lanza oligárquica, representada en el Comité Cívico de Santa Cruz, mediante el control político y económico sobre importantes recursos productivos, especialmente agua, bosques, tierra e hidrocarburos. Lo que está en juego en los dos planteamientos, entonces, es el control sobre los recursos estratégicos del país. La pregunta central, desde esta perspectiva, es: cuál va a ser el nivel de restricción o libertad del capital en cuanto a circulación y en cuanto a apropiación de los recursos estratégicos del país? (Regalsky 2006). Vistos así, los dos procesos apuntan a intereses opuestos que se pueden resumir en tres búsquedas: Por una parte, está sobre la mesa el interés de la oligarquía cruceña de aliarse al poder transnacional para facilitar la libre circulación del capital mediante la extracción de importantes recursos estratégicos con valoración global. Se trata del sector que ha asumido la representación de la oligarquía nacional y que busca un desplazamiento del eje político y económico nacional pero en estrecha articulación a las transnacionales. Desde esta perspectiva, el referéndum autonómico se constituyó en una estrategia jurídico-política que apuntaba y apunta a la consolidación de su poderío económico. De otro lado, se encuentra el interés del gobierno de Evo Morales que cada vez más va evidenciando un cierto "retorno nacionalista"; es decir, pareciera que su programa económico se encamina por lograr la fórmula del estado benefactor de los años 70, bajo el criterio de un fuerte programa social a partir de la recuperación de ciertos recursos con mayor control estatal. Finalmente, se encuentra el interés de las comunidades indígenas y originarias por controlar sus territorios como saldo histórico de la expropiación que han vivido en diferentes etapas de la vida colonial y republicana; práctica que se ha mantenido presente pese a los continuos embates de la economía de mercado que desde fines del siglo XIX ha intentado imponer el mercado de tierras y la cooptación política (Regalsky 2003; 2005). Qué quiere decir esto? Por lo menos que el tema central de debate en la Asamblea Constituyente pasará por el asunto del ordenamiento territorial y el control estatal, comunal o privado sobre los recursos estratégicos del país. La propuesta de las organizaciones Como ya adelanté, la marcha de los pueblos indígenas del 2002 fue la que posicionó el tema de la Asamblea Constituyente a nivel nacional. A partir de ese momento, las distintas organizaciones indígenas, originarias y campesinas empezaron a elaborar propuestas pensando en la futura Constituyente. Luego de un bajón del Pacto de Unidad, constituido en septiembre de 2004 según se dijo, y una vez aprobadas las leyes de convocatoria a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico, desde mayo

5 del presente año las organizaciones volvieron a reunirse, esta vez con el objetivo claro de lograr una propuesta conjunta hacia la Constituyente. En el proceso han participado todas las organizaciones matrices del movimiento indígena, campesino, originario y de colonizadores; además, participaron organizaciones de carácter regional por el aporte específico de sus propuestas (8). Se han realizado 4 encuentros nacionales, el último de ellos como Asamblea Nacional de Organizaciones con el fin de que tenga carácter resolutivo. Así mismo ha funcionado de manera permanente una comisión técnica conformada por dirigentes, asesores de las organizaciones y técnicos de las instituciones de confianza de las organizaciones. Luego de un período de consulta, el pasado 5 de agosto se aprobó finalmente el documento denominado Propuesta para la nueva Constitución Política del Estado. Por un Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, el cual fue suscrito por todas las organizaciones participantes del proceso. La propuesta está organizada en seis capítulos, a saber: 1. Modelo de Estado; 2. Ordenamiento Territorial y Autonomías; 3. Régimen de Tierra y Territorio; 4. Régimen Económico; 5. Régimen Social; y, 6. Deberes, Derechos y Garantías. Se considera que los tres primeros capítulos contienen los ejes centrales de la propuesta. El primer capítulo plantea la propuesta de constitución de un Estado Unitario y Plurinacional; el segundo, tiene como centro la constitución de autonomías territoriales indígenas y autonomías interculturales urbanas, base sobre la cual se daría el reordenamiento territorial del país; el tercero, logra plasmar una de las principales demandas del movimiento indígena y originario durante décadas: la recuperación de la tierra y el territorio. El régimen económico es uno de los más débiles de la propuesta, si se considera la explicitación de lo económico desde los aspectos financieros y fiscales del Estado; con todo, el tema de la propiedad de los recursos naturales (contemplado en el capítulo de Ordenamiento Territorial y en el de Tierra y Territorio) da elementos para hacer explícita una política (pluri)nacional y comunal referente a la economía. El Régimen Social contempla aspectos referentes a salud, trabajo, servicios básicos y educación. En este último aspecto, se recupera la experiencia previa del denominado "Bloque Educativo Indígena" que ya había venido trabajando desde el 2004 una propuesta de educación de cara al Congreso Educativo que debía instalarse el 2005 y que no se realizó por diversos motivos. El capítulo de Derechos, Deberes y Garantías tiene énfasis en aspectos referentes a derechos colectivos, políticos, económicos, territoriales y culturales. Al mirar la propuesta se puede ver que el objetivo inmediato de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas es neutralizar la propuesta de autonomías departamentales planteadas desde el Comité Cívico de Santa Cruz y la recuperación de la tierra acaparada por los latifundistas. El objetivo a mediano plazo, en cambio, es la búsqueda del autogobierno y la autodeterminación de las comunidades para definir sus estructuras de gobierno, elegir sus autoridades (por usos y costumbres) y definir sus sistemas jurídicos (es decir las normas por las cuales convive la población y las cuales son aplicadas por sus autoridades) (9). En tal sentido, las organizaciones han comprendido la importancia que tendrá el tema del reordenamiento territorial en la Asamblea Constituyente instalada el pasado mes de agosto. Por ello se plantea la necesidad de constituir Autonomías Territoriales Indígenas que tienen como base verdaderos sujetos autonómicos en las naciones y pueblos

6 indígenas originarios y campesinos (10). Como veremos luego, la propuesta de autonomía indígena está estrechamente relacionada con el dominio, propiedad, uso y aprovechamiento de los recursos, tanto renovables como no renovables. La propuesta de autonomía indígena se la entiende como un paso en el proceso de autodeterminación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos (Regalsky 2006) (11). Las autonomías indígenas son los territorios indígenas y originarios que se constituyen sobre la base de las comunidades, pueblos y ayllus que forman, junto con los municipios indígenas, la base para organizar autonomías regionales indígenas. Las TCOs (12) también pueden constituir la base de las autonomías indígenas y originarias, pero las autonomías o entidades territoriales indígenas y originarias son una jurisdicción política con autoridad política, mientras que las TCOs son una forma de propiedad colectiva de la tierra. Las autonomías indígenas tienen dominio, propiedad y prioridad absoluta en el acceso, control y uso de los recursos naturales renovables en su territorio. Sobre los recursos no renovables se plantea el dominio originario de los pueblos y naciones indígenas y la copropiedad de éstos con el Estado Plurinacional. Por ello, tienen el derecho a veto o consulta vinculante sobre concesiones y/o explotación de recursos estratégicos que afecten su territorio. Sin embargo, uno de los principios en los que se basan las autonomías indígenas es el de solidaridad y de la primacía de los derechos colectivos sobre los individuales sobre el que se fundamenta la unidad de los pueblos y la de todos los sectores oprimidos y ese principio debe guiar las decisiones sobre el acceso y uso de los recursos naturales. En cuanto al modelo de Estado se plantea la propuesta de que el Estado boliviano se reconozca como Unitario y Plurinacional. Obviamente, se tiene conciencia que este Estado Plurinacional será el resultado del proceso de logro de la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos y naciones indígenas. Este proceso no se logra simplemente por inscribir ese derecho en la Constitución. Será efectivo en la medida que los pueblos se organicen para reclamar el establecimiento de sus territorios indígenas en los que puedan ejercer sus derechos y elegir sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. El introducir estas reformas en la Constitución posibilita que se abra más el proceso de demanda de la tierra y el territorio, por la que las organizaciones originarias y campesinas han luchado décadas, pero de por sí no es una garantía de que ello suceda, sólo la movilización social lo garantiza. Se plantea también un cuarto poder (además del Ejecutivo, Legislativo y Judicial) denominado Poder Social Plurinacional con el fin de crear un órgano de control de las instancias estatales frente a la corrupción. En él, como en los demás, se busca garantizar la presencia de representantes de los pueblos indígenas y originarios, elegidos según usos y costumbres y no mediante el voto directo. Esto significa que todas las autoridades políticas y judiciales y toda representación política serán establecidas por un sistema mixto donde, por un lado, sigue vigente el voto universal y secreto (el voto individualizado y al margen de las organizaciones sociales) en las autonomías interculturales urbanas (ciudades y pueblos). Por el otro lado, se incorpora, en todos los niveles de gobierno, la elección de autoridades por usos y costumbres, es decir, respetando las decisiones colectivas. Toda autoridad civil y judicial podrá ser revocada en su mandato de acuerdo a un procedimiento a establecer que respete los usos y costumbres.

7 Al lograr lo anterior se está logrando en parte el reconocimiento de los derechos colectivos. Se estaría introduciendo una cuña en el sistema actual liberal que postula la primacía absoluta de los derechos individuales y los sostiene como primordiales. Los derechos colectivos se refuerzan al lograr el reconocimiento de las formas de autoridad que cada pueblo indígena asuma de forma autónoma y el respeto de sus propias normativas como base del sistema jurídico (pluralismo jurídico) (13). Pero además, al reconocerse los derechos colectivos, se está poniendo las bases para que los pueblos puedan establecer la restricción a la propiedad privada y la acumulación privada de riqueza, así como a la acumulación privada de la tierra y a la apropiación privada de los recursos naturales, en base a priorizar los intereses sociales y de la comunidad por encima de los intereses individuales y los intereses del capital. La propuesta, las organizaciones y el gobierno Como de alguna manera ya adelanté, el gobierno de Evo Morales muestra la tensión entre lo nacional popular y lo indígena, entre el análisis de clase y la mirada racialétnico-cultural, entre el posicionamiento ante el capital (nacional y global) y el discurso de la descolonización. En tal sentido, no se puede ver lo que ocurre actualmente en Bolivia desde un solo lente y desde una perspectiva simplista y reduccionista. El caso boliviano se muestra, entonces, ricamente complejo y el gobierno de Morales hay que verlo desde las distintas posiciones, intereses y tendencias que existen en su interior. Hacia "adentro" es necesario ver la compleja relación entre Evo como dirigente social y líder político, el MAS como movimiento político, el aparato de Estado y las organizaciones sociales, especialmente las indígenas, originarias y campesinas. En este sentido no siempre es fácil para las organizaciones que constituyen la base social "dura" del MAS mantener espacios de independencia. Conviene entonces recordar el programa bajo el cual se construyó el Instrumento Político; ser eso: instrumento político de las organizaciones campesinas originarias y como lucha táctica ante el aparato de los partidos tradicionales que subordinaban descaradamente a las mismas. De igual manera, el principio de "mandar obedeciendo", asumido por Evo Morales el día de su investidura como presidente, debe caminar de la mano de sus acciones, sobre todo cuando se trata de respetar las decisiones que las organizaciones van asumiendo en el proceso constituyente. Hacia "afuera" es necesario mirar las relaciones complejas que acabo de mencionar en tensión con los discursos y las prácticas fascistas liderados por el Comité Cívico de Santa Cruz y sus allegados. Se trata del esfuerzo desesperado por quebrar la ofensiva del movimiento social y por lograr, sea el atrincheramiento en su espacio autonómico (pero manejando recursos naturales estratégicos y financieros) sea el desplazamiento del eje político a Santa Cruz, como ya dije (14). Por ello su insistencia en que todo se apruebe en la Asamblea por dos tercios de votos, planteando argumentos leguleyos absolutamente inadmisibles desde cualquier lógica interpretativa jurídica (15); lo cierto es que la imposición de sus planteamientos discursivos se ha logrado a través de una abierta alianza con los medios de comunicación de mayor alcance, sobre todo las redes de prensa y televisión. En este panorama, además, juega un papel importante la búsqueda del gobierno de mantener espacios de gobernabilidad: por ello no puede

8 convocar a la movilización de sus organizaciones de base, ni siquiera ante la arremetida de la derecha. Por lo dicho, la propuesta de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas tiene que enfrentar el tema de sus condiciones de posibilidad de negociación al interior de la Asamblea Constituyente. Por una parte, es necesario que los constituyentes del MAS se apropien y defiendan las propuesta; por otra, es necesario que las organizaciones estén dispuestas a defenderla y a movilizarse para hacer que se respeten los puntos clave de la misma. En ambos casos es de suma importancia el rol que deberán jugar los llamados "asambleístas orgánicos" (16), aun cuando, en algunos casos, no se hayan presentado en las listas del MAS. Con todo, será la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y el punta de lanza del agroempresariado "camba" la que definirá el grado de inserción de los elementos clave de la propuesta de las organizaciones. Obviamente, en esta correlación de fuerzas el rol del gobierno es de central importancia y dependerá de su decisión de llevar adelante las agendas del 2000, 2003 y 2005 o de negociar un "pacto social" que, nuevamente, incline la balanza a favor de quienes buscan tener el control sobre los recursos estratégicos del país. Del multiculturalismo a la descolonización o de la sujeción a la autodeterminación? Muchos dirigentes (y el propio gobierno) afirman permanentemente que ahora estamos "en otro tiempo", en el momento en que los pueblos indígenas y originarios tienen la oportunidad de pasar de la exclusión a la inclusión. En este sentido, hay que recordar que desigualdad y exclusión han sido parte constitutiva de la modernidad capitalista (Santos 2003). La desigualdad daría cuenta de la estructuración social en términos de clase, mientras la exclusión lo haría de las múltiples "otredades" (o anormalidades a la Foucault): raza, género, etc. Desigualdad y exclusión no han asumido, generalmente, la forma de dominación absoluta sino que han sabido ser gestionadas tolerablemente dentro de la modernidad. Dado el carácter capitalista-colonial que ha caracterizado a la modernidad desde sus inicios, desigualdad y exclusión han sido necesarias para que funcione la maquinaria del sistema basado en la acumulación y la discriminación. Efectivamente, creo que nos encontramos en otro momento caracterizado ya no por la exclusión sino por la búsqueda de inclusión de los históricamente excluidos. Es decir, el reclamo de los dirigentes y organizaciones indígenas y campesinas que piden "ser parte del Estado" es también la opción del capitalismo global que busca subsumir lo que antes le convenía que esté fuera. Se trata, en definitiva, de que los excluidos de siempre sean ahora los gestores y administradores del aparato que reconstituye permanentemente el sistema de desigualdad. Y esto está conectado con la efervescencia de los discursos inter y multi culturalistas que echan fácilmente al canasto de basura el problema de clases bajo la crítica a un marxismo eurocéntrico del que no habría nada ya que aprender. En la Bolivia de hoy pareciera que hemos pasado de la era de las políticas multiculturales a la era de la descolonización. Este último término suena fuerte, sobre todo, en algunos sectores y ministerios del gobierno. En el caso educativo se está entendiendo la descolonización como igualdad de oportunidades para todos los bolivianos, logrando superar así la secular exclusión de los pueblos indígenas y originarios (Patzi 2006); así mismo, hay toda una búsqueda de elevar lo indígena a la categoría de lo "nacional" en cuanto a sus lenguas, prácticas culturales, etc.

9 Los postulados teóricos en torno a la (de)colonialidad (Lander 2000; Mignolo 2000; Walsh 2005) y la des-colonización (Ticona 2005; Yapu 2006) han cobrado fuerza en los análisis sociales de los últimos años. Personalmente, pienso que el discurso académico sobre la decolonialidad resulta sumamente rico en términos analíticos, pero débil en términos propositivos: la decolonialidad o descolonización nos dice sobre lo que no deben ser nuestras sociedades y nuestros estados pero muy poco sobre lo que deben ser. En este sentido, creo que hay que poner más atención a lo que han planteado las organizaciones indígenas y campesinas desde hace, por lo menos, tres décadas: la propuesta de autodeterminación de los pueblos como una forma de recuperar lo que el proceso de colonización y la colonialidad usurparon: la capacidad de los pueblos indígenas de decidir sobre sus propias vidas, territorios y sueños. Una autodeterminación que no está pensada en el sentido separatista que asusta a los sectores permeados por el imaginario de habitar un espacio que se define por ser un Estado = una nación. Autodeterminación como posibilidad de concretar la propuesta de un Estado Plurinacional, como posibilidad de saberse parte de una complejidad social múltiple que requiere destruir sus formas coloniales y capitalistas de dominación. Éste es el desafío que deberá enfrentar la vigente Asamblea Constituyente y el gobierno de Evo Morales si se quiere avanzar hacia la construcción de un Estado Plurinacional donde la igualdad no signifique uniformidad y donde unos no sean más iguales que otros. Cochabamba, 12 octubre de 2006 Referencias CSUTCB, CONAMAQ, CIDOB, CSCB, FNMCB-BS, CPESC, CPEMB, MST, APG 2006 Propuesta para la nueva Constitución Política del Estado, Sucre 5 de agosto. Lander, Edgardo (comp.) 2000 La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO. Lora, Miguel 2005 "Los capitanes del Comando Camba", en El Juguete Rabioso, Febrero 5 de 2005, pp Mignolo, Walter 2000 Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid: Akal (2003). Patzi, Félix 2006 "Prácticas excluyentes de la democracia boliviana", en Modernidad y pensamiento descolonizador, compilado por Mario Yapu. La Paz: PIEB, IFEA, pp Postero, Nancy

10 2005 "Movimientos indígenas bolivianos: articulaciones y fragmentaciones en búsqueda de multiculturalismo", en Movimientos indígenas y Estado en Bolivia, editado por Luis Enrique López y Pablo Regalsky. La Paz: PROEIB Andes, CENDA, Plural, pp Regalsky, Pablo 2003 Etnicidad y clase. El estado boliviano y las estrategias andinas de manejo de su espacio. La Paz: CEIDIS-CESU, CENDA, Plural "Territorio e interculturalidad: la participación campesina indígena y la reconfiguración del espacio andino rural", en Movimientos indígenas y Estado en Bolivia, editado por Luis Enrique López y Pablo Regalsky. La Paz: PROEIB Andes, CENDA, Plural, pp " Autonomías departamentales? Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Democracia Municipal: Ordenamiento Territorial para el Acceso y Control Social sobre los Recursos Naturales". En: plurinacional%20%20pablo%20regalsky%20cenda.pdf, consulta del 22/09/06. Rivera, Silvia 2000 "La raíz: colonizadores y colonizados", en Violencias encubiertas en Bolivia, coordinado por Xavier Albó y Raúl Barrios. La Paz: CIPCA, Aruwiyiri, pp Romero, Carlos 2005 El proceso constituyente boliviano. El hito de la cuarta marcha de tierras bajas. Santa Cruz: Cejis. Santos, Boaventura de Sousa 2003 La caída del Angelus Novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política. Bogotá: ILSA, Universidad Nacional de Colombia. Ticona, Esteban 2005 Lecturas para la descolonización. La Paz: Plural, Agruco, Universidad de la Cordillera. Urenda, Juan Carlos 2005 Separando la paja del trigo. Bases para constituir las autonomías departamentales. En: RIGO%20Juan%20Carlos%20Urenda.pdf, consulta del 23/09/06 Walsh, Catherine (ed.) 2005 Pensamiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones latinoamericanas. Quito: UASB, Abya Yala. Yapu, Mario (comp.) 2006 Modernidad y pensamiento descolonizador. Memoria, Seminario Internacional. La Paz: PIEB, IFEA.

11 Notas Estos testimonios, y otros más, pueden verse en Periódico Conosur Ñawpaqman, Año 9, Nº 4 y Nº 5, Al momento de constitución del Pacto de Unidad, conformaron el mismo las siguientes organizaciones: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Barolina Sisa" (FNMCB-BS), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B), el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), la Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo (CDTAC). Sobre la propuesta de autonomías departamentales, véase Urenda (2005). Énfasis mío. La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente aprobada por el Congreso no tomó en cuenta la propuesta de las organizaciones del Pacto de Unidad en su planteamiento central: la participación de constituyentes elegidos por circunscripciones especiales en base a sus usos y costumbres. A éstos habría que sumar los 5 constituyentes del MBL (Movimiento Bolivia Libre) que fueron elegidos orgánicamente en las organizaciones de Cochabamba y que se consideran del MAS por un acuerdo previo interpartidario. A nivel nacional, sin embargo, el no obtuvo el 57.6% y el sí, 42.4% de votos válidos. Las organizaciones participantes en el proceso de construcción de la propuesta son: CONAMAQ, CSTUCB, CSCB, FNMCB-BS, CPESC, CPEMB, MST-B y APG. La CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) no formó parte del Pacto de Unidad constituido en el 2004 pero desde mayo del presente se unió a las otras organizaciones en la construcción conjunta de la propuesta. Se puede acceder al texto completo de la misma en: La relación entre autonomía y autodeterminación queda definida en la propuesta en los siguientes términos: "La autonomía indígena originaria y campesina es la condición y el principio de libertad de nuestros pueblos y naciones como categoría fundamental de descolonización y autodeterminación; está basada en principios fundamentales y generadores que son los motores de la unidad y articulación social, económica y política al interior de nuestros pueblos y naciones y con el conjunto de la sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante de la construcción de la vida plena, bajo formas propias de representación, administración y propiedad de nuestros territorios" (CSUTCB y otros 2006: 8). En la propuesta se usa permanentemente esta fórmula: naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Ello se debe a la discusión interna en búsqueda de lograr un

12 consenso: los pueblos indígenas de tierras bajas plantean la dificultad de reconocerse como naciones debido a la reducida población que, en muchos casos, los conforman. En cambio, los quechuas, aimaras y guaraníes sí se autoreconocen como naciones originarias. Por otro lado, aunque existen muchos cuestionamientos a la denominación de campesinos por parte de las organizaciones que se autodenominan indígenas y originarias, las organizaciones campesinas plantean que tales comunidades mantienen sus formas culturales originarias y de manejo territorial a pesar del proceso de campesinización al que las sometió el Estado del 52. Por el contrario, la propuesta de autonomía departamental del Comité Cívico de Santa Cruz, se entiende como un paso hacia el federalismo (Urenda 2005). Su propuesta se elabora sobre la base del respeto al arbitrario ordenamiento territorial colonialrepublicano y por tanto como un mecanismo de readecuación de los circuitos de poder económico y político del Estado-nación sin afectar sus estructuras de "colonialismo interno" (Rivera 2000). La propuesta de las organizaciones planeta un reordenamiento territorial que se constituya la base de un proyecto de autodeterminación como pueblos y naciones; un proyecto que, por tanto, permita refundar radicalmente y "desde abajo" el país como un Estado Plurinacional. Tierras Comunitarias de Origen. Forma de propiedad de la tierra arrebatada por las organizaciones al primer gobierno de Sánchez de Lozada y reconocidas en la llamada Ley INRA. En la propuesta se entiende por pluralismo jurídico "la coexistencia, dentro del Estado Plurinacional, de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental, en un plano de igualdad, respeto y coordinación" (CSUTCB y otros 2006: 3). En cualquier caso, la oligarquía de la autodenominada "Media Luna" está ya consiguiendo su "autonomía de hecho"; esto se puede constatar en diversas acciones y privilegios concedidos tanto por el gobierno de Carlos Mesa como por el del propio Evo Morales. Algunos datos al respecto son: 1. La promulgación, por parte de Carlos Mesa, de la Ley 3065 del 30 de mayo de 2005, mediante la cual se autoriza a la Prefectura de Tarija a negociar acuerdos internacionales para la industrialización y exportación del gas boliviano. 2. La concesión del Referéndum departamentalmente vinculante ya señalada. 3. El Proyecto de Ley remitido por el Ministerio de Aguas, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso, para la creación del Servicio Departamental de Manejo Integrado de Cuencas de Santa Cruz (SEDEMIC-SC) y que le da, a la Prefectura de Santa Cruz, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera en el manejo de todas las cuencas de aguas del Departamento. 4. La amenaza de los Prefectos y comités cívicos de la "Media Luna" ( ) de declararse departamentos autónomos y desconocer la nueva Constitución Política del Estado por haberse aprobado, en el primer artículo del Reglamento de Debates de la Asamblea, el carácter originario y no derivado de la misma. La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente dice, en su artículo 25, "La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva constitución por dos tercios de voto de los miembros presentes de la asamblea ". Aunque esto fue una concesión del MAS, la derecha oligárquica, representada en las agrupaciones ciudadanas PODEMOS (Poder Democrático Social) y UN (Unidad Nacional), ha impuesto la

13 versión de que aprobar por mayoría absoluta las resoluciones de las comisiones y las discusiones de la plenaria de la Asamblea es un verticalismo de irrespeto a los derechos de las "minorías" (ahora sí invocadas en el nuevo contexto político). Los constituyentes (en el lenguaje formal) o asambleístas (como los llaman las bases de las organizaciones) orgánicos son aquellos que fueron nominados por las organizaciones indígenas, originarias, campesinas y de colonizadores a través de sus propios mecanismos de elección comunal u originaria (cabildos, ampliados, congresos, tantachawis, etc.). Son asambleístas que, en su mayoría, entraron como parte de las listas del MAS pero que han recibido un mandato de sus organizaciones y están sujetos al control de las mismas. * Este artículo también fue publicado en versión inglés, en la revista Naked Punch, Nº 8 (2006) bajo el título "Territorial Order, Natural Resources and the Constituent Assembly in Bolivia: Towards a Plurinational state?", Inglaterra. ** Coordinador General del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), Cochabamba - Bolivia. Miembro del equipo técnico de apoyo a las organizaciones indígenas, originarias, campesinas y de colonizadores en el proceso de construcción de su propuesta para la nueva Constitución Política del Estado.