Congreso Mundial, Violencia, Guerra y Post-Conflicto

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1 Congreso Mundial, Violencia, Guerra y Post-Conflicto Panel: Escenarios de paz para las mujeres: retos y perspectivas Fecha: 14 de noviembre, 11:05-12:20m Ponencia: Experiencia y aportes para la construcción de paz. Una doble perspectiva, desde la mirada de mujeres organizadas y de la institución creada en el Distrito Capital para garantizar sus derechos. Maria Eugenia Vásquez Perdomo. Asesora en Derecho a la Paz de la Secretaría Distrital de la Mujer. Introducción En el marco de este Congreso mi intervención se propone aportar una doble mirada a la temática propuesta, desde la perspectiva de mujeres organizadas, con muchas de las cuales hemos trabajado durante más de 10 años en la construcción de una Política Pública de Mujeres y, también, desde nuestra experiencia en la Secretaría Distrital de la Mujer, institución creada durante esta Administración, con el fin de garantizar los derechos de las mujeres, reconociendo su diversidad, y contribuir a eliminar la desigualdad, discriminación y subordinación que afectan el pleno disfrute de sus derechos. Entre estos derechos, priorizado por organizaciones de mujeres campesinas de la zona rural del Distrito, está el derecho a la paz. Más que referirme a las violencias derivadas de la confrontación armada en Colombia (más de 60 años) que afecta la vida y los cuerpos de las mujeres de una manera diferencial, y a aquellas violencias de siempre que en este marco incrementan en crueldad (tratados por Norma con suficiente claridad); haré mención a la experiencia del trabajo con mujeres constructoras de paz, a acciones emprendidas por la SDM en este mismo sentido, y a algunos desafíos identificados luego de la firma de Acuerdos que pondrán fin al conflicto armado. Conscientes de la discusión entre los conceptos de post-conflicto y construcción de paz, optamos por el segundo 1, porque si bien para la paz es imperioso lograr un pacto entre los actores políticos enfrentados -Estado e insurgencia- que finalice con las hostilidades, su alcance es mucho 1 Galtung, Johan Three approaches to peace: Peacekeeping, peacemaking and peacebuilding. En Peace, war and defence. Essays in peace research, 2: Copenhague: Christian Heljers. 1

2 más amplio. Concebimos la paz como un proceso gradual de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, con amplia participación social, como requisito para garantizar su sostenibilidad. El concepto de post-conflicto ha sido utilizado por la academia y los documentos técnicos para referirse concretamente al tiempo posterior a un acuerdo de paz -con atención a indicadores puntuales como podrían ser la reducción de acciones armadas y de homicidios relacionados con la confrontación armada-, sin embargo, los imaginarios que circulan con este enunciado reproducen la idealización de una sociedad sin conflictos que puede conducir a la frustración y, tras ella, a la posibilidad de perpetuar la respuesta armada frente a los conflictos económicos, políticos y sociales. En cambio, nombrar como "post-acuerdo" a esa etapa y considerarla parte de la construcción de paz en sentido amplio la paz como proceso-, permite asumir los conflictos como inherentes a la dinámica social y a la vida humana y contribuye a un abordaje más realista de los procesos de construcción de paz. La pregunta que queda por hacer es si están preparadas y dispuestas las élites, el gobierno, las Fuerzas Militares y la sociedad, para asumir que la construcción de paz exige situar la garantía de los derechos humanos en el centro de las transformaciones estructurales? O seguiremos viviendo la militarización como fórmula que ofrece seguridad, y que una parte de la ciudadanía confunde con una paz idealizada? Paz como un derecho que conduce a la acción política Desde nuestra perspectiva, la paz como derecho se refiere al conjunto de condiciones y garantías necesarias para el goce efectivo de otros derechos, implica la finalización de los conflictos armados, la eliminación de las desigualdades, el fortalecimiento de la democracia a través de la participación efectiva de las mujeres y la promoción de una cultura de paz. La idea de la paz como derecho surge después de la Segunda Guerra Mundial, por la necesidad de evitar las guerras entre las naciones y fortalecer la democracia. En la Constitución de 1991, Colombia acogió la paz como un fin esencial del Estado, un derecho fundamental y un deber de obligatorio cumplimiento. Según la Corte Constitucional la paz constituye "(i) uno de los propósitos fundamentales del Derecho Internacional; (ii) un fin fundamental del Estado colombiano; (iii) un derecho colectivo en cabeza de la Humanidad, dentro de la tercera generación de derechos; (iv) un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos individualmente considerados; y (v), un deber jurídico de cada uno de los ciudadanos colombianos, a quienes les corresponde propender su logro y mantenimiento" 2. En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la Secretaría de la Mujer, asumió el Derecho a la Paz como un compromiso ético y político con las demandas de organizaciones de mujeres del Distrito, especialmente, de las mujeres rurales y campesinas, quienes plantearon en su Agenda de 2010, la necesidad de incluir este derecho en el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género ( ), con el propósito de atender las problemáticas derivadas de las expresiones del conflicto armado interno en lo local y su impacto sobre la vida de las mujeres; ejercicio que se 2 Sentencia Corte Constitucional C771 de 2011, numeral

3 materializó en la normatividad que adopta los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital (Acuerdo 584/2015). La paz se concreta con el derecho a la participación Según otra Sentencia de la Corte Constitucional, una de las características peculiares del derecho a la paz es la multiplicidad de formas de ejercerlo, entre las cuales destaca el derecho a la participación, "en el sentido de que faculta a su titular para intervenir en los asuntos públicos como miembro activo de la comunidad política 3. En consecuencia, desde el punto de vista de las mujeres, el derecho a la paz deberá partir de su reconocimiento social como sujetas y actoras políticas e incluir garantías para vivir libres de violencias, ejercer su autonomía, acceder a la igualdad de oportunidades, a la participación y representación en instancias decisorias, como protagonistas y pares en las definiciones políticas frente a la construcción de la paz. La paz como derecho de los pueblos y base para el disfrute de otros derechos, adquiere una dimensión amplia y evidentemente política en sus desarrollos, porque implica realizar acciones transformadoras en respuesta a las desigualdades, la discriminación, la opresión, las violencias y la falta de oportunidades. En síntesis, la dimensión política del derecho a la paz se orienta a la trasformación social integral y ello contiene un potencial movilizador hacia la acción colectiva en busca de mejores condiciones de vida para la población, en el marco de una democracia plural, radical 4. Lo cual implica que en el molde de la tradición democrático liberal se profundicen los valores de libertad e igualdad dando sentido y lugar a las distintas luchas sociales. Sólo la ampliación y profundización de la democracia hará innecesaria la confrontación armada. 2. Paz pensada por las mujeres y convertida en acciones territoriales Desde la perspectiva de organizaciones de mujeres con quienes hemos venido trabajando, la paz se concibe como un proceso, más allá del cese al fuego; contiene otras problemáticas que no han sido priorizadas en las Mesas de negociación de los conflictos armados, como son las múltiples expresiones de discriminación, violencia y subordinación, que afectan profundamente la vida de las mujeres y se agravan en contextos de conflicto armado. Anotamos con satisfacción que Colombia es uno de los tres lugares del mundo donde se contempla el enfoque de género en la Agenda de negociaciones, junto con Filipinas -Frente Moro de Liberación Islámico (03/2014)- y Sudán del Sur -Movimiento de Liberación Popular de Sudán (08/2015). En la Mesa de La Habana, gracias a la incidencia del movimiento de mujeres en su pluralidad, al trabajo mancomunado de la Subcomisión de Género integrada por delegadas de la insurgencia y el 3 Sentencia Corte Constitucional T 102 de 1993, literal E. 4 Una filosofía política democrático radical tiene el objetivo de profundizar la revolución democrática, radicalizando los valores de libertad y de igualdad y dando un sentido común a las distintas luchas sociales contra la dominación. Su objetivo es utilizar los recursos simbólicos de la tradición democrático liberal para esa lucha por la profundización de la revolución democrática. En Vera, Juan Manuel. Chantak Mouffe: por una ciudadanía democrática radical. 3

4 gobierno, y al apoyo de los países garantes, se comenzaron a incorporar los derechos de las mujeres en temas de los pre-acuerdos sobre: desarrollo agrario, participación política, drogas ilícitas y víctimas. Es un acuerdo entre mujeres que el tránsito de la guerra a la paz exige transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales, que ofrezcan condiciones de vida digna para ellas, y también un NO rotundo a prácticas e imaginarios que justifiquen la violencia, el uso de la fuerza y la dominación. De otra parte se sabe que la firma de Acuerdos no significa el fin de los conflictos sino su tramitación por medios diferentes a la confrontación armada, que no necesariamente estarán libres de violencia, hasta cuando el progresivo fortalecimiento de las vías democráticas logre el desmonte de las prácticas de poder, excluyentes, discriminatorias, clasistas y racistas. A partir de las anteriores afirmaciones, la construcción de una paz que perdure, tendrá que incluir las voces e iniciativas de mujeres diversas 5 que han venido trabajando, desde hace mucho tiempo por transformar las realidades de su entorno comunitario y social en las localidades. No es posible desconocer los aportes a la paz, basados en el conocimiento de las mujeres populares que habitan los territorios y deben afrontar las dificultades derivadas del conflicto armado y, también, aquellas relacionadas con la precariedad de recursos y la falta de oportunidades. Fundamentadas en esa experiencia sus propuestas y acciones se orientan a resolver problemas inmediatos que afectan la vida diaria, a mediar en los conflictos sociales, y también a proponer alternativas para los conflictos de tipo más estructural. Sin embargo, su conocimiento y capacidad propositiva todavía no ha sido lo suficientemente reconocida, valorada e incorporada en las decisiones del Estado en materia de paz. Una de las razones es porque las acciones transformadoras que van de lo cotidiano a lo estructural, han sido despojadas de su contenido político; se piensa que el quehacer de las mujeres es un asunto ligado a su naturaleza y propio del rol social asignado como cuidadoras de vida. Se equivocan, porque ya dijimos que lo político de estas acciones reside precisamente en su capacidad para lograr cambios a diferentes niveles, que controviertan las relaciones de poder jerárquicas y autoritarias. Por lo tanto, si la dimensión política de la paz es la transformación social pensada y actuada en colectivo, eso es lo que hacen las mujeres organizadas, a diario, en sus territorios 6, casi sin recursos, a fuerza de voluntad. Para muestra un botón La Agenda de Mujeres Populares Diversas para la construcción de paz en el Distrito Capital, es resultado de un proceso de concertación entre actoras políticas que desde sus localidades han aportado a la paz de distintas maneras (325 mujeres de 28 organizaciones participaron en la elaboración y convalidación de la Agenda). 5 El concepto de diversidad controvierte el imaginario de homogeneidad del sujeto MUJER, para hacer visible el sujeto colectivo MUJERES con las diferencias que nos constituyen, las diversidades que nos enriquecen y las desigualdades que nos atraviesan. 6 Territorio como construcción social. Arturo Escobar (1999: 194) plantea que el territorio es un espacio en el que se crean y recrean las condiciones de sobrevivencia de los grupos humanos, los valores y prácticas culturales, sociales y económicas que le son propios. Es un espacio producido, vivido, percibido y representado. 4

5 Durante este proceso de intercambio de saberes y conocimientos se construyó una pedagogía política orientada a cualificar las reflexiones sobre la paz, se realizaron talleres de diagnóstico sobre los conflictos territoriales y alternativas para tramitarlos; se consultaron y actualizaron agendas de organizaciones diversas, se sistematizaron y reelaboraron las propuestas comunes, que fueron refrendadas por las 28 organizaciones locales. Esta Agenda contiene 6 ejes políticos: 1) Desmilitarización y paz en los territorios con garantías de derechos 2) Mujeres y ciudadanías para la paz 3) Cuerpo como territorio de paz: cuerpo y sanación para la reparación 4) Tierra, territorio y territorialidad: protección, sostenibilidad y soberanía alimentaria 5) Cultura de paz 6) Prevención del riesgo y protección al libre ejercicio de sus liderazgos De estos ejes se desprenden 18 propuestas de trabajo a desarrollar en los territorios, a través de la acción articulada de la institucionalidad local y distrital. Con la Agenda como instrumento de negociación e incidencia política, las organizaciones han logrado posicionar sus propuestas como puntos de la Agenda en escenarios de trabajo por la paz y de decisión política, a diferentes niveles. 4. El Derecho a la Paz en las acciones de la SDMujer Desde sus competencias como nuevo sector de la Administración distrital, a partir de enero de 2013, la SDM comprometió su voluntad política en explorar los caminos de una estrategia de paz que contemplara acciones encaminadas a hacer realidad el derecho de paz, como reclaman las organizaciones de mujeres del Distrito, desde una perspectiva feminista, frente al reto que representa hacer de esta cuidad un territorio de paz, desde ahora y con proyección a futuro. Nos trazamos como objetivo general: Garantizar la inclusión, participación y representación de las mujeres y sus organizaciones, en su diversidad, en los escenarios distritales de formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas para la construcción de paz; el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, la reducción de los impactos del mismo y la promoción de una cultura de paz que reconozca y valore sus aportes para la tramitación y transformación de los conflictos, teniendo en cuenta la aplicación de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial. Para desarrollar este objetivo se diseñaron, acciones que requieren respuesta articulada de los demás sectores de la Administración, según competencias, frente a 5 temas considerados centrales: 5

6 1. Participación y representación de las mujeres como actoras políticas en las decisiones frente a la construcción de paz 2. Restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado. 3. Promoción de una cultura de paz que reconozca y valore los aportes y propuestas de las mujeres diversas y sus organizaciones, para la tramitación y transformación de los conflictos en lo local. 4. Atención integral a las mujeres excombatientes en proceso de reintegración a la vida civil, para el ejercicio pleno de su ciudadanía. 5. Construcción de una memoria histórica de la resistencia de las mujeres y sus organizaciones en contextos de conflicto armado, que contribuyan a la reparación simbólica y su posicionamiento como actoras de paz. Durante estos 2 años y medio de trabajo, se constituyó un equipo interdisciplinario que promovió, acompañó y apoyó 8 procesos que responden a los temas enunciados: 1. Participación política de las mujeres en la construcción de paz 2. Agenda Ciudadana de mujeres para la paz 3. Atención y acompañamiento psicosocial integral, a Mujeres Víctimas del Conflicto armado -Casa Refugio Violeta- 4. Prevención y protección a lideresas y defensoras de DDHH PPPAMLIV- 5. Memoria Histórica de las Mujeres Mujeres excombatientes en procesos de reintegración a la vida civil 7. Cultura y ciudadanías para la paz 8. Reparaciones Colectivas De estos procesos en esta ocasión destacaré tres: 1. Casa Refugio Violeta. Esta es una acción afirmativa liderada por la Secretaría de la Mujer, para la asistencia y atención a mujeres víctimas del conflicto armado, según lo establece la Ley 1448 de El Objetivo es brindar acogida y acompañamiento temporal 9 a las mujeres víctimas del conflicto armado y su sistema familiar brindándoles atención integral a través de un equipo multidisciplinario, 7 Una memoria que no se centra exclusivamente los hechos victimizantes que afectan a las mujeres, sino que destaca su agenciamiento como actoras sociales y políticas en la construcción de paz. Reconocemos que los relatos sociales influencian las políticas públicas y en esta lógica, si se continúa presentando a las mujeres ancladas en el dolor, el efecto de la reparación se pierde y se refuerzan las dependencias. Lo contrario sucede si se destaca y valida su protagonismo, en medio las inequidades históricas, estaremos contribuyendo a la reparación simbólica y al incremento de su potencial político. 8 Artículo 49 de la Ley 1448 de Entre 30 y 90 días con seguimiento de 6 meses. 6

7 con los enfoques de derechos de las mujeres, psicosocial, sistémico y de acción sin daño, en tres momentos: acogida, permanencia y egreso. En la Casa Violeta se trabaja por el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas, especialmente, el derecho a una vida libre de violencias, a través de la atención integral y la activación de la oferta institucional articulada. Como resultados, las mujeres acogidas: han movilizado recursos y capacidades personales para reestructurar su proyecto de vida en el corto plazo se han apropiado de estrategias, mecanismos y rutas jurídicas para el acceso a la Justicia, en pro de restablecimiento de sus derechos lograron desarrollar estrategias para la autorregulación emocional y adoptado hábitos saludables en alimentación, actividad física y pautas de crianza. Este modelo de atención integral es reconocido en el Sistema Distrital de Atención y Reparación a víctimas del conflicto armado y, además, es único en el país. 2. Plan de prevención y protección a lideresas y defensoras de DDHH: El contexto de conflicto armado, la polarización social, la ideologización del rol de defensoras y defensores de DDHH, sumados a las discriminaciones en razón de género, raza y clase social, configuran escenarios de riesgo para las lideresas defensoras de DDHH en las localidades rurales y urbanas del D.C. Dentro de nuestras competencias, siempre en consulta con organizaciones de mujeres y atendiendo a sus experiencias, la SDMujer promovió y desarrolló un proceso cuyo resultado es que Bogotá cuenta con un Plan de Prevención y Protección para lideresas defensoras de DDHH, respaldado por una Resolución conjunta entre la SDM y la SDG (R 374/2014). En el mismo sentido, diseñamos un Protocolo de Protección y desarrollamos una Estrategia de prevención orientada a mitigar los riesgos y amenazas contra la vida e integridad de estas mujeres. En el marco de esta Estrategia se llevan a cabo actividades pedagógicas, de sensibilización, información y autocuidado, con organizaciones y grupos de mujeres diversas, en articulación con otros sectores de la Administración (SDEducación, Alta Consejería para las Víctimas y SDGobierno). En vista del incremento en las amenazas durante el último año en Bogotá 10, impulsamos y acompañamos los procesos de denuncia de lideresas y servidoras públicas, ante la Fiscalía Nacional y Regional, con el propósito de aportar elementos de contexto para que en los análisis del riesgo se tomen en cuenta situaciones propias de su condición de género, de las funciones que desempeñan y de otras interseccionalidades. En esta labor, evidenciamos avances que en buena parte atribuimos a la confianza que las mujeres víctimas de amenazas, han depositado en nosotras, como escuchas, interlocutoras y puente con otras instituciones del orden distrital y nacional con responsabilidad frente al tema (Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Fuerzas Militares y de Policía). 10 De un 48% en septiembre de 2014 a 84% en octubre de 2015, comprobable en listados de los panfletos con amenazas. 7

8 Estas son algunas medidas para enfrentar los riesgos derivados de las dinámicas de violencia en los territorios; otras dependerán del trabajo conjunto que hagamos por derrotar las lógicas y prácticas que privilegian la violencia como forma de abordar los conflictos; de la fortaleza de las organizaciones, del respaldo de sus comunidades y de la fuerza movilizadora para exigir las transformaciones institucionales y las políticas públicas que garanticen a todas y todos una convivencia en la que se respeten las diferencias. Mujeres en procesos de reintegración a la vida civil Las mujeres que por diferentes razones y motivaciones han participado en los grupos armados, cuentan con una experiencia, que de examinarse sin prejuicios, aporta lecciones valiosas en un horizonte de paz. Por ejemplo, la Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia 11, lleva 14 años reflexionando y actuando a favor de la paz. Como producto de sus reflexiones, han construido una mirada crítica que propone un cambio radical de enfoques en la actual política pública de DDR, y la implementación de acciones afirmativas para hacer realidad el reconocimiento e inclusión plenos de las excombatientes en la sociedad, con garantía de derechos 12. En coordinación con la Secretaría de Gobierno que cuenta con un proyecto de atención a población desmovilizada (2001) 13, la SDMujer ha desarrollado actividades, en algunas de las cuales también participa la Agencia Colombiana para la Reintegración (nivel nacional), sobre todo en las localidades. Este ejercicio conjunto tiene como marco de referencia los instrumentos internacionales de protección y participación para las mujeres en procesos de paz y en la construcción de políticas públicas de DDR (Resolución 1325/2000 y Recomendación 30 de la CEDAW/2013). Las actividades que desarrollamos se proponen integrar los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en las acciones encaminadas a lograr el restablecimiento de derechos y la ciudadanía plena para las mujeres en procesos de reintegración a la vida civil. 11 La RNMEI agrupa a mujeres que hicieron parte de las organizaciones firmantes de los Acuerdos de Paz con el Estado colombiano ( ); a voluntarias en la lucha de otros pueblos; a quienes dejaron las armas por decisión propia y a quienes pertenecieron a las redes de apoyo político. 12 Algunas recomendaciones: a) Habrá que pasar de la atención individual a considerar que los procesos colectivos, así partan de la reflexión individual, contribuyen a la construcción de sujetos sociales y políticos activos en la construcción de país; b) proponer que en lugar de un enfoque clínico para la atención emocional se trabaje con un enfoque psicosocial en una perspectiva de Derechos Humanos, orientados al fortalecimiento de capacidades para la promoción del bienestar y el desarrollo integral de las personas, organizaciones y comunidades; c) plantear que en lugar de centrarse en la censura del pasado se facilite la reflexión sobre las experiencias vividas y su resignificación en positivo, para ponerlas al servicio de la paz; d) ampliar el concepto de familia tradicional hacia las nuevas formas de familia y, en ese marco, definir las acciones para atender de manera efectiva la diversidad de sujetos y sujetas de derechos que alberga en su interior; e) proponer que la actual estrategia de género se nutra de los aportes de las mujeres vinculadas a los procesos y de experiencias anteriores; f) exigir que las mujeres, tomando en cuenta su diversidad, sean consideradas como sujetas de derechos en sí mismas y no únicamente cuando presentan situaciones de vulnerabilidad o en su condición de madres. Sin negar la priorización según necesidades. 13 Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. Sujetos: Ley 782/2002 (desmovilización individual) y Ley 975/2005 (Justicia y Paz). 8

9 Al mismo tiempo, con las comunidades receptoras promovemos una cultura de paz que reconoce y potencia los aportes de las mujeres excombatientes, fortalece la convivencia ciudadana e impulsa procesos de transformación de imaginarios y prácticas institucionales y sociales que reproducen el estigma y la discriminación sobre ellas. Al finalizar los conflictos armados, las mujeres enfrentan desafíos particulares que de no ser tomados en cuenta profundizarán las desventajas y desigualdades en su incorporación a la sociedad. Nos hemos propuesto incentivar este tipo de reflexiones en los espacios de articulación intersectorial para la Atención al Proceso de Reintegración. Actualmente trabajamos en el diseño de una ruta para vincular a las excombatientes a la oferta institucional y fortalecer su identidad como constructoras de paz. 5. Desafíos para el D.C. en la etapa que sigue a los Acuerdos de paz Los Acuerdos de paz aportan un marco para la acción, pero el desafío es doble: la institucionalidad, tendrá que lograr equilibrios entre una gestión pública eficaz y coordinada, la respuesta integral a los intereses y necesidades de las mujeres e integrar a los actores públicos y privados, sociales y económicos, en el ejercicio de responsabilidad política para incluir a las mujeres como actoras indispensables en la construcción de políticas públicas 14 orientadas a la paz. Para la ciudadanía el reto es frente a su capacidad de movilización para acercar los Acuerdos a sus realidades. 1) Partimos de reconocer la dimensión del reto que representa hacer de Bogotá un territorio de paz y comprometernos como corresponsables en las transformaciones que ello demanda, a través de pactos políticos y acciones colectivas. 2. Frente al primer desafío enunciado, la institucionalidad corresponde promover, facilitar y crear escenarios de participación con representación de diversidad de actoras y actores para la construcción de las políticas públicas de paz. Concretamente, la institucionalidad deberá garantizar condiciones para la participación y representación de las mujeres y sus organizaciones, en los escenarios distritales de discusión, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas orientadas a la construcción de una paz integral, con democracia, justicia social y equidad para las mujeres. Escenarios donde ellas sean reconocidas y valoradas como sujetas y actoras políticas en las decisiones sobre la paz, incluidas las excombatientes. 3. Tendrá que dar continuidad a las acciones orientadas al restablecimiento integral de los derechos de las mujeres víctimas como ciudadanas plenas. La reparación a las violaciones de derechos de las mujeres, también deberán incluir medidas encaminadas a superar las desigualdades de género que justifican las violencias en su contra y profundizan el efecto de esas violencias sobre su vida y cuerpo. 14 SDM. Estrategia de Corresponsabilidad

10 4. Un escenario de paz exige reformular el enfoque de seguridad nacional para ofrecer, condiciones de seguridad humana 15 a las mujeres en sus territorios, y entornos seguros para el libre ejercicio de sus liderazgos. Ello requiere incluir sus propuestas y agendas en la construcción de políticas públicas de seguridad, con un enfoque de derechos, desde la perspectiva de las mujeres. Una política de seguridad que atienda las demandas de las mujeres tendrá que abordar los problemas causados por las múltiples violencias que afectan la vida de las mujeres en los ámbitos privado y público -que interactúan de manera permanente- y ofrecer espacios públicos no opresivos que puedan transitar libremente y sin temores. (Por ejemplo, la administración que llega propone crear la Secretaría de Seguridad, habrá pensado en mecanismos y espacios de participación ciudadana para la construcción de las políticas públicas y la nueva institucionalidad?) 5. Frente al desafío de convertirse en escenario receptor de excombatientes, luego de firmados los Acuerdos, el D.C. tendrá que promover y generar estrategias para fomentar una cultura de convivencia ciudadana basada en el respeto de las diferencias. 15 Seguridad humana: evoluciona de una idea centrada en la defensa de los Estados con centralidad en la Fuerza militar, sino en la búsqueda de la dignidad humana, en responder eficazmente ante amenazas tales como la pobreza el hambre, las enfermedades y la violencia. 10