Mesa 5: Metodología y reporte de evaluación de portales de transparencia de gobiernos regionales

Transcripción

1 Mesa 5: Metodología y reporte de evaluación de portales de transparencia de gobiernos regionales Expositora Kantuta Vallenas Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo Uno de los componentes de nuestra labor consiste en supervisar periódicamente que las entidades públicas difundan información sobre su gestión en sus portales de transparencia. Ello se hace en virtud del mandato de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispuso como obligación de toda entidad pública la difusión de información sobre la gestión a través de diversos medios, privilegiando, entre otros, a los portales institucionales. Asimismo, estableció que tal actualización debe llevarse a cabo al menos una vez al mes o trimestralmente, cuando corresponda. Por ello, y en el marco de su labor de acompañamiento al proceso de descentralización, la Defensoría del Pueblo ha venido supervisando trimestralmente, desde 2004, los portales de transparencia de los gobiernos regionales y, desde 2008, el de las municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento, incluida la Municipalidad Provincial del Callao. El portal de transparencia, si bien no es el único medio idóneo para difundir información sobre la gestión pública, sí constituye uno de especial importancia en tanto permite el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de vigilancia ciudadana, así como coadyuva, junto con otros mecanismos, en la prevención de actos de corrupción y de conflictos. Es así que la práctica de buen gobierno de difundir información cierta, actual, precisa y completa constituye un mecanismo permanente de rendición de cuentas que redunda en el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos hacia el Estado. En tal sentido, la supervisión de los portales de transparencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales se basa en el conjunto de leyes y disposiciones que establecen la obligación de difundir información sobre la gestión pública a través de esta herramienta. De acuerdo a una lectura integral de las referidas normas y, para efectos de la supervisión, clasificamos la información en los siguientes rubros a) documentos normativos y de gestión; b) información presupuestal actualizada; c) información actualizada sobre adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios; d) información sobre actividades oficiales de la entidad, nombre del funcionario o funcionaria responsable del portal y la existencia de un enlace de comunicación con el público usuario; y e) información sobre prácticas de buen gobierno. Respecto al rubro de documentos normativos y de gestión, se supervisa la difusión de documentos como el Organigrama; el Reglamento de Organización y Funciones; el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que debe difundirse en un lugar preferencial y destacado del portal, conjuntamente con las normas de su aprobación y modificatorias, entre otros. En el rubro de información presupuestal actualizada, supervisamos que se difunda documentos como el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el Presupuesto Institucional Ejecutado (PIE), etc.

2 En cuanto a las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, la supervisión comprende la difusión del respectivo plan anual, las bases de las convocatorias de procesos de selección, así como sus resultados (actas de buena pro). Al respecto, en algunos portales se ha constatado la existencia de un enlace que deriva a la página del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Estatales (SEACE); puede resultar útil siempre y cuando se garantice el acceso directo e inmediato a información detallada del desarrollo de todos los procesos de selección del gobierno respectivo, realizados durante el año; sin embargo, no reemplaza el deber de difundir las bases y las actas de buena pro a través del portal de transparencia del gobierno regional o de la municipalidad. En otro rubro se supervisa la difusión de información actualizada sobre las actividades oficiales desarrolladas y por desarrollar de los presidentes regionales y de los alcaldes. El último rubro es el referido a la difusión de información sobre la implementación de prácticas de buen gobierno, por parte de los gobiernos regionales y locales, y comprende la información sobre el proceso de presupuesto participativo, las audiencias de rendición de cuentas y el funcionamiento de los consejos de coordinación regional y local. La supervisión consiste en la visualización de los portales institucionales y en la aplicación de una ficha de supervisión por cada gobierno regional y local. Del mismo modo, el nivel general de cumplimiento registrado entre estas instituciones, en conjunto, se obtiene de promediar sus niveles de cumplimiento. Luego de estas operaciones se analizan los niveles de cumplimiento y se elaboran gráficos comparativos sobre la evolución en el nivel de cumplimiento por cada gobierno regional o local, entre varias supervisiones. Asimismo, la Defensoría del Pueblo elabora recomendaciones específicas para cada gobierno regional y local a fin de que adopten medidas para mejorar su nivel de cumplimiento. Esta labor se lleva a cabo con las oficinas defensoriales a nivel nacional. En el transcurso de sus supervisiones, la Defensoría del Pueblo ha identificado que algunos gobiernos regionales y municipalidades tienen iniciativas positivas respecto a la difusión de determinada información sobre su gestión en su portal institucional, que no necesariamente es exigida por ley. Por último, en el conjunto de estas prácticas es importante destacar aquellos gobiernos regionales que vienen mejorando la accesibilidad y amigabilidad de su portal, tales como los gobiernos regionales de Arequipa, Huancavelica, San Martín, Tacna, Callao y Tumbes. En esa perspectiva, debemos destacar los recientes esfuerzos que han realizado diversas instituciones públicas y de la sociedad civil que conforman el Colectivo por el Buen Gobierno, conjuntamente con algunos gobiernos regionales, a fin de promover el uso más amplio posible de los portales entre la población. Ello ha permitido identificar la necesidad de implementar ciertas mejoras a los portales de transparencia, desde las sugerencias de los propios usuarios y usuarias. No obstante, la Defensoría del Pueblo continúa recordando periódicamente tanto a los gobiernos regionales como a las municipalidades, que entre los esfuerzos desarrollados para mejorar sus portales de transparencia debe priorizarse aquella información que según nuestros reportes trimestrales presente menor nivel de difusión. Esta información comprende las agendas de las sesiones de los consejos regionales y consejos municipales; los beneficios del Presidente o Presidenta Regional, del alcalde o alcaldesa y del personal en general; los resultados de los procesos de selección; las actividades oficiales del Presidente o Presidenta Regional, así como del alcalde o alcaldesa; y las actas de las sesiones de los consejos de coordinación regional y local.

3 El caso de los Gobiernos Regionales que suscribieron la Declaración de los Presidentes Regionales sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública el año 2008 es interesante. Los gobiernos regionales de Lima, Amazonas, Ayacucho, Lambayeque y Tumbes fueron los que suscribieron la Declaración de los Presidentes Regionales sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, en setiembre del año 2008, en el marco de la I Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública. Entre la I y II Conferencia, que nos convoca el día de hoy, los cinco gobiernos regionales incrementaron su nivel de cumplimiento entre la cuarta supervisión del año 2008 y la segunda supervisión del año 2009, llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo. El Gobierno Regional de Lima incrementó su nivel de cumplimiento de 54% a 74%, el de Amazonas de 46% a 93%, el de Ayacucho de 58% a 67%, el de Lambayeque de 71% a 78% (aunque bajó respecto de la primera supervisión del año 2009) y el de Tumbes registró un ascenso de 38% a 74%. Como se puede apreciar, los casos más resaltantes fueron el de Amazonas y Tumbes. Otros gobiernos regionales, que vienen optimizando progresivamente su nivel de cumplimiento, son los de San Martín y Pasco. Se espera que estos logros no sean resultado de esfuerzos aislados y esporádicos, sino de una política institucional de actualización permanente del portal de transparencia. Expositor Juan José Ccoyllo Grupo Propuesta Ciudadana Vigilar el acceso a la información pública es importante porque se trata de un derecho constitucional de los ciudadanos, que además permite la participación y la vigilancia de los asuntos públicos. Por ello, desde 2003, el Grupo Propuesta Ciudadana viene realizando, en el marco de la vigilancia del proceso de descentralización, la vigilancia del funcionamiento del mecanismo de acceso a la información y la actualización de los portales de transparencia en los gobiernos regionales, a través de reportes trimestrales, premios y boletines. Este acompañamiento a los gobiernos regionales nos ha permitido reportar sus avances, sobre todo en la actualización de sus portales de transparencia; identificar la importancia de la voluntad política del presidente regional y el diseño institucional para la implementación de los mecanismos de transparencia; incidir en la incorporación de información del presupuesto participativo y las audiencias públicas de rendición de cuentas en el portal y fomentar un mayor compromiso de las autoridades con el tema; así mismo, nos ha permitido recomendar la mejora de la amigabilidad de los portales y el uso de los portales como medio de comunicación con la ciudadanía. En esta tarea de control social, ha sido muy importante poder contar con indicadores que nos han permitido ganara credibilidad entre los gobiernos regionales como instrumento objetivo de medición de sus avances; así como poder trabajar con colectivos institucionales que ayudaron a sumar esfuerzos con otras instituciones de la sociedad civil y el Estado en la tarea de vigilar y fomentar la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En efecto, gracias al trabajo al interior del Observatorio de la

4 Vigilancia Social hemos podido entrar en contacto con los funcionarios responsables de acceso a la información y de los portales de transparencia, lo cual ha permitido formar una red de de información, colaboración y aprendizaje entre los funcionarios regionales y las instituciones de la sociedad civil. De otro lado, al interior del Colectivo por el Buen Gobierno hemos podido reunirnos adicionalmente con las organizaciones de la sociedad civil para identificar sus expectativas y demandas de información pública. Finalmente, queremos mostrar los resultados de nuestra última evaluación 2009-II y recomendar a los gobiernos regionales publicar información sobre sus ingresos y actualizar la información sobre las actas del Consejo Regional y felicitar a los gobiernos regionales de Lambayeque, Pasco, Piura, Tacna, Huancavelica, Junín, Ica y Puno por el buen nivel de actualización alcanzado por sus portales de transparencia. Panelista David Álamo Consejo de la Prensa Peruana El Consejo de la Prensa Peruana realiza su labor de revisión de los portales partiendo de la hipótesis de que los artículos 5 y 25 de la ley de acceso a la información pública deben ser cumplidos en su totalidad. Es decir, nos interesa revisar si se publica de manera completa, por ejemplo, la información sobre personal, adquisiciones y contrataciones. Supervisamos minuciosamente los portales de los gobiernos regionales y luego analizamos los vínculos, enlaces y plazos (mensuales y trimestrales). Si estas condiciones no se cumplen nuestra evaluación es negativa. Con Propuesta Ciudadana hemos coordinado la elaboración de indicadores de transparencia del presupuesto, así como de los niveles de financiamiento para que se pueda saber en qué se gastan los recursos y cómo se compone el presupuesto. Aquí también, si la información no está debidamente publicada la evaluación es negativa. Un punto que por lo general no se señala adecuadamente en los gobiernos regionales es la información relacionada con el personal de las entidades: nombres, categorías y sueldos; algunos aducen que si publican su sueldo corren el riesgo de ser secuestrados. Sea un temor legítimo o un pretexto, el caso es que en este tema la información tiene que ser publicada. Sobre contrataciones y adquisiciones, la ley consigna que la información debe poner énfasis en la calidad, el tipo de proceso, el valor referencial, la fecha de convocatoria. Todo esto aparece en muchos portales, pero a veces es consolidado en un solo cuadro (el del MEF por ejemplo). Aquí hay un caso en el que la Presidencia de la República, igual que la PCM, no ha ejecutado presupuesto de inversión. De acuerdo con nuestro registro, sólo el 36% de las entidades publica el presupuesto ejecutado, el 45% no informa de sus proyectos de inversión y sólo 32% informa sobre el personal de la entidad.

5 En nuestra última evaluación que corresponde al segundo bimestre de este año, la PCM sólo cumplió con el rubro de adquisiciones y el ministerio de Ambiente no cumplió con publicar nada, mientras que MIMDES sí. Estas omisiones pueden entenderse en el caso de los municipios -que en su gran mayoría no cuenta con portales o técnicos debidamente capacitados-, pero es injustificable en el Poder Ejecutivo. Por cierto, el Congreso tampoco pone información completa, de sueldos, por ejemplo, igual que otros sectores, mientras que el ministerio del Interior, que podría pretextar confidencialidad, sí publica su relación de personal y sueldos.