La necesidad de readecuar la Ordenanza 8186/2007 Protocolo de Atención Integral para la Mujer en Casos de Aborto no punible.

Transcripción

1 Expte Comisión destino: Salud y Gob. VISTO La actualización de la guía de atención de los abortos no punible ahora llamado: Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. La necesidad de readecuar la Ordenanza 8186/2007 Protocolo de Atención Integral para la Mujer en Casos de Aborto no punible. Y CONSIDERANDO Que el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía de atención de los abortos no punibles de Este nuevo Protocolo recoge los lineamientos del fallo F. A. L. de la Corte Suprema, que esclarece los alcances del artículo 86 del Código Penal, y establece cómo se debe actuar para garantizar los abortos no punibles. Que el término aborto no punible es un término jurídico que en este Protocolo se reemplazó por el de interrupción legal del embarazo acorde al área de la salud, y que implica el derecho a su acceso por parte de las mujeres pero también de las personas trans con capacidad de procrear, manifestando los avances en materia de identidad de género. Que el mismo es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y que debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias públicas, privadas, prestadores de obras sociales y prepagas. Que además, hace hincapié sobre las responsabilidades profesionales para aquellos que realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto. En tal sentido aclara que no se debe exigir la denuncia penal para el caso de violación ni cualquier tipo de autorización judicial. Que este Protocolo implica asegurar el acceso a una atención sanitaria integral de calidad que respete los principios de autonomía, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad y rapidez así como la obligación de brindar información clara y veraz. Que este Concejo declaró su beneplácito por la actualización de la Guía de Atención de los Abortos No Punibles, comprendidos en la

2 legislación de nuestro país, ahora llamado: Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Que sus ejes se orientan a garantizar el cumplimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo y fortalecer el trabajo de los equipos de salud en todo el territorio, con el objetivo de brindar a la población un servicio de calidad respetuoso de los derechos humanos. Que en relación a este tema es fundamental recordar el caso de Ana María Acevedo, ya que con sólo 19 años la comenzaron a tratar en la ciudad de Vera por dolores de muelas donde fue maltratada y al poco tiempo derivada a la ciudad de Santa Fe donde le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula. Poco después se supo que estaba embarazada. Tenía tres hijos y era muy pobre. Aunque en la Argentina no es punible el aborto cuando peligra la vida o la salud de la mujer, médicos del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, dependiente del gobierno provincial, se rehusaron a practicarle una interrupción de embarazo, como ella solicitó. Y también se negaron a iniciarle el tratamiento que requería su cuadro, para preservar la vida del feto. El 26 de abril de 2007, cuando cumple 22 semanas de gestación, los médicos decidieron adelantar el parto y realizarle una cesárea, a raíz de su dramático estado de salud. La beba murió a las 24 horas. Después de un rápido deterioro de salud, Ana María falleció el 17 de mayo de Que este caso, puso en evidencia la realidad que padecen cientos de mujeres que son discriminadas en el sistema de salud, sometidas a tratos deshumanizados, a las que la sociedad y el sistema judicial les niegan el derecho de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, tal como contempla el Código Penal. Que a raíz de este caso en 2007, este Concejo Municipal sancionó una Guía de Actuación en Casos de Aborto No Punible, que posibilitó a la Municipalidad de Rosario, el fortalecimiento del acceso a los derechos sexuales y reproductivos constitutivos de los derechos humanos, y en 2008 la Provincia de Santa Fe implementa la Guía de Actuación Nacional, a la cual adhiere en Que aun hoy, y a pesar de que el aborto no punible está contemplado por la ley, a muchas mujeres se les sigue negando el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

3 Por todo lo expuesto la Comisión eleva para su aprobación el siguiente proyecto de, ORDENANZA Artículo 1.- Modifícase la Ordenanza 8186, que queda redactada de la siguiente manera: Artículo 1. Establécese un "Protocolo de Atención Integral para las Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo", según lo establecido en el Artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación. Según el cual las prácticas médicas comprendidas en el presente "Protocolo de Atención Integral para las Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo" deberán realizarse garantizando que la persona no sea discriminada y reciba una atención humanizada, rápida, efectiva y con asesoramiento en base a información veraz, adecuada y completa respetando la intimidad y autonomía; garantizando la provisión de insumos anticonceptivos; como así también los establecimientos de salud deberán ofrecer asistencia psicológica antes y después de la intervención. Dicha asistencia deberá extenderse al representante legal o al grupo familiar afectado, si correspondiere. Artículo 2. El Protocolo enunciado en el artículo 1º de la presente, tiene como objetivos específicos que los servicios de salud deben garantizar: a) La realización de un diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la interrupción del embarazo sin riesgos. b) La atención integral para la interrupción legal del embarazo (ILE) implica: brindar un trato humanitario que incluya la recepción y orientación de las personas para responder a sus necesidades de salud emocional y física; garantizar la atención clínica adecuada de acuerdo a los criterios éticos, legales y médicos en vigencia; intercambiar información amplia y completa con las personas involucradas para que exista efectivamente un proceso de consentimiento informado; ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores luego del procedimiento. c) La preservación, en lo posible, de datos personales y familiares, de quienes estén comprendidos en el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código

4 Penal de la Nación, a través de cualquier medio de comunicación o publicación. Artículo 3º. En ningún caso de interrupción legal del embarazo, realizado en concordancia con lo dispuesto en el presente Protocolo, se requerirá la intervención o autorización de autoridad judicial o administrativa alguna para resolver sobre la conveniencia u oportunidad o sobre los métodos a emplear. Cualquier decisión que adopte el/la profesional de la salud deberá basarse exclusivamente en consideraciones fundadas en la situación de salud integral de la persona gestante desde la perspectiva de la salud. Artículo 4º. En caso de ILE en caso de peligro para la vida o para la salud de la mujer (Código Penal de la Nación artículo 86 inciso 1): El peligro para la vida o salud de una persona embarazada, causado o agravado por el embarazo, debe ser diagnosticado por el/la profesional de la salud que corresponda. Dicho diagnóstico deberá tomar en cuenta la percepción de la persona embarazada respecto a la viabilidad o no del proceso gestacional. Inmediatamente después de haberse producido dicha comprobación el/la profesional de la salud tratante está obligado/a a informar a la persona embarazada, explicándole de manera clara y acorde a su capacidad de comprensión, el diagnóstico y pronóstico del cuadro que la afecta y la posibilidad de interrumpir el embarazo. La decisión de la persona sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE. Debe dejarse constancia en la historia clínica (HC) de haber proporcionado dicha información, así como también de la confirmación de la persona gestante de haber comprendido la información recibida. En caso de tratarse de una menor de catorce (14) AÑOS DE EDAD, requerirá además el consentimiento de sus representantes legales. Artículo 5º. En casos de ILE en caso de una violación a una mujer o atentado al pudor a una mujer con discapacidad mental (Código Penal de la Nación artículo 86 incisos 2): a) Si el embarazo se hubiere producido como consecuencia de una violación; previo a la realización de la práctica solicitada, se requerirá el Consentimiento informado y Declaración Jurada de la persona expresado por escrito.

5 b) Si el embarazo se hubiere producido como consecuencia de un atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental o menor de catorce (14) años; previo a la realización de la práctica solicitada, se requerirá el Consentimiento informado y Declaración Jurada, se anexan modelos a la presente Ordenanza del Anexo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. El servicio hospitalario deberá poner a disposición de quien solicita la práctica de una ILE las condiciones médicas, higiénicas y humanitarias necesarias para llevarla a cabo de manera rápida, accesible y segura; sin exigir más de un profesional de la salud para que intervenga en la situación concreta. La práctica de una ILE deberá realizarse dentro de los primeros diez (10) días siguientes a la solicitud de la persona o a quien estuviera autorizado a solicitarlo. Artículo 6º. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de su Secretaría de Salud Pública Municipal, instruirá debidamente a las/os médicos/as y funcionarios/as que se desempeñen en los efectores públicos sobre el Protocolo de Atención Integral para las Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo". Artículo 7º. Toda persona, ya sea médico/a o personal auxiliar del Sistema de Salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia con respecto a la práctica enunciada. Independientemente de la existencia de médicos/as o personal auxiliar que sean objetores de conciencia, cada establecimiento asistencial deberá contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley y este protocolo confieren a quien solicita una ILE. La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. La Secretaría de Salud Municipal tomará los recaudos necesarios a fin de dar cumplimiento al presente artículo. Oportunidad para declarar la objeción de conciencia La objeción de conciencia debe ser declarada por el/la médico/a o personal auxiliar al momento de iniciar sus actividades en el establecimiento asistencial y debe existir un registro público de dicha declaración a disposición de las usuarias. Por otro lado, todos los/as médicos/as y personal auxiliar que ya pertenecen a la planta municipal deben tener la

6 misma oportunidad de exponer públicamente su objeción a fin de dar cumplimiento a ese registro público de declaración. Las mujeres deberán ser informadas sobre las objeciones de conciencia de su médico/a tratante y/o del personal auxiliar desde la primera consulta que realicen con motivo del embarazo. Artículo 8º. Las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo el tratamiento por parte de los/las profesionales de la salud constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente. Artículo 9º. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de su Secretaría de Salud Pública, garantizará, supervisará y controlará el efectivo cumplimiento del presente "Protocolo" y de las óptimas condiciones obstétricas en que los efectores públicos de salud brinden las prestaciones de cobertura de seguridad social. Artículo 2º. Comuníquese con sus considerandos.-