NOTAS. CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Nº Registro: RS Of.Registro:Recoletos 19/07/ :08:57 Página: 2 de 10 REGISTRO SALIDA

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1 Página: 2 de 10 NOTAS El Consejo de la UE, adoptó el 30 de noviembre de 2009 una resolución sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales, adoptando un enfoque gradual, comenzando por la adopción de medidas relativas al derecho a la interpretación y a la traducción (medida A), y seguido por el derecho a la información sobre los derechos e información sobre los cargos (medida B). Actualmente se encuentra en discusión entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, la decisiva medida C sobre el derecho de acceso al abogado. NOTAS PRÁCTICAS SOBRE LA DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales. INTRODUCCION.- Esta Directiva, que en esencia viene a recoger el contenido de nuestra L.E.Cr (Art. 520), respecto a los derechos del detenido y acusado, es de gran importancia no solo para la información de estos; sino para nosotros los abogados. Es una carta de derechos para el ejercicio efectivo de los mismos, salvaguardando la equidad del proceso para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Referente a aspectos practicos de la defensa, hemos de destacar en esta directiva el derecho de acceso a los materiales del expediente (Art. 3.2.a) 1, dentro del Derecho a la información sobre los derechos, que se desarrolla en los artículos 6 ( Derecho a recibir información sobre la acusación) y sobre todo, en el articulo 7, Derecho de acceso a los materiales del expediente, donde en su párrafo 1 2, se cita específicamente al abogado con el derecho, garantizado, a que se le entreguen aquellos documentos relacionados con el expediente especifico que obren en poder de las autoridades competentes que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, la legalidad de la detención o de la privación de libertad. Esto es, tanto para la interposición del Habeas Corpus, como para recurrir la privación, entendemos que deberemos tener acceso al atestado, para poder fundamentar y ejercer con efectividad el derecho de defensa. El párrafo 2 del artículo 7 3, garantiza que la persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona, para salvaguardar la 1 Artículo3Derechoalainformaciónsobrelosderechos.2.Ademásdelainformaciónquefiguraenelartículo3,ladeclaraciónde derechosalaquesehacereferenciaenelapartado1delpresenteartículocontendráinformaciónacercadelossiguientesderechos,tal comoseapliquenconarregloalalegislaciónnacional:a)elderechodeaccesoalosmaterialesdelexpediente; 2 Artículo7Derechodeaccesoalosmaterialesdelexpediente.1.Cuandounapersonaseaobjetodedetenciónoprivacióndelibertaden cualquierfasedelprocesopenal,losestadosmiembrosgarantizaránqueseentreguealapersonadetenidaoasuabogadoaquellos documentosrelacionadosconelexpedienteespecíficoqueobrenenpoderdelasautoridadescompetentesyqueresultenfundamentales paraimpugnardemaneraefectiva,conarregloaloestablecidoenlalegislaciónnacional,lalegalidaddeladetenciónodelaprivaciónde libertad. 3 Artículo7.2.LosEstadosmiembrosgarantizaránquelapersonaacusadaosospechosaosuabogadotenganaccesoalmenosala totalidaddelaspruebasmaterialesenposesióndelasautoridadescompetentesafavoroencontradedichapersona,parasalvaguardarla equidaddelprocesoyprepararladefensa.

2 Página: 3 de 10 equidad del proceso y preparar la defensa. Sin embargo, el artículo prevé que podrá denegarse el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegación es estrictamente necesaria para defender un interés público sometiendo dicha decisión a control judicial. El artículo 8.2 5, garantiza que la persona sospechosa o acusada, o su abogado, tenga derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la información de conformidad con la presente Directiva o se hayan negado a hacerlo. Somos conscientes de que probablemente, los cuerpos y fuerzas de seguridad, seguirán haciendo una interpretación restrictiva y literal del artículo LECr. denegando al abogado el atestado y la entrevista previa a la declaración. Sin embargo, a tenor del artículo 10 6 de la Directiva (No regresión) Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará en el sentido de que limita cualquier derecho o garantía procesal que estén reconocidos al amparo de la Carta, del CEDH y de otras disposiciones pertinentes del Derecho internacional o de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que garanticen un nivel de protección más elevado, ni de que es una excepción a dichos derechos y garantías procesales. ; además de ello y tras la sentencia del caso Salduz 7 y poniendo esta directiva en relación con la medida C 8 de garantías procesales (Acceso al Abogado) actualmente en el Parlamento Europeo, es de entender que tanto el acceso al abogado como la entrevista privada con nuestro defendido, previa a su primera declaración, es un derecho que aparecería garantizado por esta Directiva. 4.Articulo7.4.Noobstantelodispuestoenlosapartados2y3,siempreycuandoellonosupongaunperjuicioparaelderechoaunjuicio equitativo,podrádenegarseelaccesoadeterminadosmaterialessiellopuededarlugaraunaamenazagraveparalavidaolosderechos fundamentalesdeotrapersonaosiladenegaciónesestrictamentenecesariaparadefenderuninteréspúblicoimportante,comoenlos casosenquesecorreelriesgodeperjudicarunainvestigaciónencurso,ocuandosepuedemenoscabargravementelaseguridadnacional delestadomiembroenelquetienelugarelprocesopenal.losestadosmiembrosgarantizaránque,deconformidadconlos procedimientosprevistosporlalegislaciónnacional,seauntribunalquienadopteladecisióndedenegarelaccesoadeterminados materialesconarregloalpresenteapartadoo,porlomenos,quedichadecisiónsesometaacontroljudicial 4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, siempre y cuando ello no suponga un perjuicio para el derecho a un juicio equitativo, podrá denegarse el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegación es estrictamente necesaria para defender un interés público importante, como en los casos en que se corre el riesgo de perjudicar una investigación en curso, o cuando se puede menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado miembro en el que tiene lugar el proceso penal. Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, sea un tribunal quien adopte la decisión de denegar el acceso a determinados materiales con arreglo al presente apartado o, por lo menos, que dicha decisión se someta a control judicial. 5.Artículo8.Verificaciónyrecursos.2.LosEstadosmiembrosgarantizaránquelapersonasospechosaoacusada,osuabogado,tenga derechoaimpugnar,deconformidadconlosprocedimientosprevistosporlalegislaciónnacional,elhechodequelasautoridades competentesnolehayanproporcionadolainformacióndeconformidadconlapresentedirectivaosehayannegadoahacerlo. 6.Artículo10.Noregresión.NingunadisposicióndelapresenteDirectivaseinterpretaráenelsentidodequelimitacualquierderechoo garantíaprocesalqueesténreconocidosalamparodelacarta,delcedhydeotrasdisposicionespertinentesdelderechointernacionalo delosordenamientosjurídicosdelosestadosmiembrosquegaranticenunniveldeprotecciónmáselevado,nidequeesunaexcepcióna dichosderechosygarantíasprocesales. 7 STEDH Salduz vs Turkey 8 PropuestaMedidaC.CommissionProposalforaDirectiveoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilontherightofaccesstoa lawyerincriminalproceedingsandontherighttocommunicateuponarrest2011/0154(cod)

3 Página: 4 de 10 Puesto que el derecho de defensa a de ser real y efectivo y no meramente formal (Caso Artico vs Italy, TEDH 9 ), el conocimiento de los materiales y pruebas es indispensable para saber si está detenido con o sin motivo, cuales son las circunstancias del caso, para ejercer ese derecho en debida forma, pudiendo aconsejar lo mas conveniente al derecho del detenido cual podía ser el guardar silencio. Todo ello supondrá el modificar el protocolo de asistencia a detenidos de modo que al abogado defensor se le entregue copia del atestado en el centro de detención, que se entreviste previamente a la declaración policial con su defendido y le pueda aconsejar sobre la conveniencia o no de declarar o acogerse a su derecho a guardar silencio. Está Directiva está en vigor desde el día 21 de Junio 2012, debiendo ser objeto de transposición en nuestra legalidad interna, antes del 2 de junio de 2014 pero las Directivas son de cumplimiento obligatorio para los estados en cuanto reconocen derechos (ejecutividad vertical) y, por tanto, pueden ser objeto de aplicación directa y de alegación ante los tribunales sin necesidad de transposición. La transposición de esta Directiva a nuestra normativa interna, es de transcendental importancia pues incorporara a nuestra legislación estos principios de garantías procesales. La Directiva finaliza con dos anexos i con modelos indicativos de la declaración de derechos, que se entregaran en el momento de la detención o privación de libertad del acusado o detenido y/o en el caso de aplicación de una orden de detención europea. Ambas son concisas, precisas, claras y comprensibles del derecho a la información a las personas detenidas. CONTENIDO.- Los Considerandos introductorios al articulado de esta Directiva, cual exposición de motivos, recogen la esencia de la misma, de la que se destaca lo siguiente: 1-La presente Directiva guarda relación con la medida B del plan de trabajo. Establece normas mínimas comunes de aplicación en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación, que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal. La presente Directiva se fundamenta en los derechos recogidos en la Carta, y en particular en sus artículos 6, 47 y 48, desarrollando lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del CEDH según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la presente Directiva el término «acusación» se utiliza para describir el mismo concepto a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del CEDH y debe aplicarse a las personas sospechosas y acusadas, independientemente de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad. 2- Las autoridades competentes deben informar a las personas sospechosas o acusadas, de los derechos, previstos con arreglo al Derecho nacional, que son esenciales para salvaguardar un proceso justo, con arreglo a lo establecido en la presente Directiva. Con objeto de que esos derechos puedan ejercerse de manera práctica y efectiva, dicha información debe proporcionarse con prontitud durante el proceso y, a más tardar, antes del primer interrogatorio oficial de la persona sospechosa o acusada por parte de la policía o de otra autoridad competente. 3- Cuando se detenga o prive de libertad a una persona sospechosa o acusada, se le debe dar información sobre los derechos procesales aplicables mediante una declaración de 9 STEDH Artico vs Italy

4 Página: 5 de 10 derechos redactada en términos fácilmente inteligibles para ayudarle a que comprenda realmente sus derechos. Debe incluir información básica relativa a las posibilidades de impugnar la legalidad de la detención, obtener una revisión de la misma o solicitar la libertad provisional. La declaración de derechos puede incluir otros derechos procesales aplicables en los Estados miembros. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a la seguridad de las personas retenidas en centros de detención. 4- La persona sospechosa o acusada, cuando sea necesario, tendrá acceso a la interpretación y la traducción en una lengua que comprenda, de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 2010/64/UE. Las autoridades competentes deben prestar especial atención a las personas que no puedan comprender el contenido o el significado de la información, debido, por ejemplo, a su corta edad o a su condición mental o física. 5- Las personas acusadas de haber cometido una infracción penal deben recibir TODA la información necesaria sobre la acusación para poder preparar su defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento. Debe facilitarse con prontitud la información acerca de la infracción penal que se sospecha ha cometido o de cuya comisión se le acusa, a más tardar antes de su primer interrogatorio oficial por parte de la policía o de otra autoridad competente, y sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones en curso. Debe facilitarse una descripción de los hechos constitutivos de infracción penal incluyendo, si se conocen, el lugar y la hora así como la posible tipificación jurídica, de forma suficientemente detallada a fin de salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa. 6- A efectos de la presente Directiva, el acceso a las pruebas materiales, tal como las define la legislación nacional, ya sean favorables o desfavorables para la persona sospechosa o acusada y que obren en poder de las autoridades competentes responsables del expediente penal específico, debe incluir el acceso a materiales como, por ejemplo, documentos y, si procede, fotografías y grabaciones de sonido o de vídeo. 7- El acceso a las pruebas materiales puede ser denegado, de conformidad con la legislación nacional, cuando dicho acceso pueda dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o, cuando la denegación del acceso es estrictamente necesaria para defender un interés público importante. La denegación de dicho acceso debe sopesarse con los derechos de la defensa de la persona sospechosa o acusada, teniendo en cuenta las distintas fases del proceso penal. Las limitaciones a dicho acceso deben interpretarse de forma estricta y conforme al principio del derecho a un juicio equitativo, con arreglo al CEDH y a la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El derecho de acceso a los materiales del expediente se entiende sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a la protección de los datos personales y el paradero de testigos protegidos. 8- El acceso a los materiales del expediente, debe ofrecerse de forma gratuita, sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales que exijan el pago de tasas por la copia

5 Página: 6 de 10 de documentos del expediente o por los costes de envío de los materiales a la persona interesada o a su abogado. 9- Una persona sospechosa o acusada, o su abogado, debe tener derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la información contemplada o determinados materiales del expediente con arreglo a la presente Directiva, o bien se hayan negado a hacerlo. 10- El derecho a la información escrita sobre los derechos en el momento de la detención previstos en la presente Directiva se debe también aplicar, mutatis mutandis, a las personas detenidas a efectos de la ejecución de una orden de detención europea. 11- La presente Directiva aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y los derechos de la defensa, derechos garantizados por el CEDH y deben interpretarse y aplicarse de forma coherente con dichos derechos, con arreglo a su interpretación por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 12- La presente directiva adjunta dos modelos indicativos de la declaración de derechos a detenidos o acusados y para las personas detenidas en aplicación de una orden de detención europea que se entregará en el momento de la detención o privación de libertad, lo que no impedirá que los Estados miembros faciliten a las personas sospechosas o acusadas información escrita en otras fases del proceso penal. Incorporación al Derecho nacional. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 2 de junio de

6 Página: 7 de 10 DIRECTIVA 2010/64/UE(i) DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales INTRODUCCION.- Aunque nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge prácticamente el contenido de esta Directiva, se debemos destacar la trascendencia que tiene para el Derecho de Defensa, la calidad y precisión tanto de la interpretación como de la traducción y la carencia casi absoluta de la traducción de documentos esenciales conforme a esta Directiva que habitualmente se produce en nuestra Administración de Justicia. Por ello, se sugiere hacerlo así constar cuando la traducción sea deficiente o incorrecta, o que nuestro defendido, dicte por si mismo la declaración, de modo que se tome literalmente, conforme al artículo 397 L.E.Cr, 10 y exigir la traducción de los documentos que se consideren necesarios para la información y defensa de nuestro defendido. Al haberse transferido las competencias de Justicia a doce de nuestras Autonomías, y haberse externalizado los servicios de traducción e interpretación en varias, existen grandes diferencias en la práctica, siendo determinante la titulación de los interpretes y traductores, pues consta que muchos de quienes actúan como tales, solo tienen un conocimiento del español y de su lengua materna o algún otro idioma, siendo la calidad de la interpretación, en muchos casos, deplorable, cuando no, incomprensible. NOTAS PRÁCTICAS SOBRE LA DIRECTIVA 2010/64/UE de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales CONTENIDO.-Los Considerandos introductorios al articulado de esta Directiva, cual exposición de motivos, recogen la esencia de la misma, de la que se destaca lo siguiente: 1- La presente Directiva debe garantizar una asistencia lingüística gratuita y adecuada, que permita a los sospechosos o acusados que no hablen o no entiendan la lengua del proceso penal el pleno ejercicio del derecho a la defensa y que salvaguarde la equidad del proceso. El derecho a interpretación incluye la asistencia a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. Los Estados miembros sufragarán los costes de traducción e interpretación, con independencia del resultado del proceso. 2- Esta Directiva establece normas mínimas comunes que deberán aplicarse en el ámbito de la interpretación y de la traducción en los procesos penales para aumentar la confianza mutua entre los Estados miembros 3- El derecho a traducción e interpretación para aquellas personas que no hablan o entienden la lengua del procedimiento se consagra en el artículo 6 del CEDH, según la 10 Art L.E.Cr- El procesado podrá dictar por sí mismo las declaraciones. Si no lo hiciere, lo hará el Secretario judicial procurando, en cuanto fuere posible, consignar las mismas palabras de que aquél se hubiese valido

7 Página: 8 de 10 interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con vistas a garantizar su derecho a un juicio equitativo. 4- Los derechos que establece la presente Directiva deben aplicarse también, como medidas necesarias de acompañamiento, a la ejecución de una orden de detención europea. 5- Cuando se trata de infracciones relativamente menores, que no están definidas, pero que pueden ser, por ejemplo, infracciones de tráfico cometidas a gran escala, y que puedan ser detectadas como consecuencia de un control de tráfico. En ese tipo de situaciones no sería razonable exigir a la autoridad competente que garantice todos los derechos protegidos por la presente Directiva. En caso de que la legislación de un Estado miembro prevea la imposición de una sanción para infracciones menores por parte de una autoridad de ese tipo, y la sanción pueda ser objeto de recurso ante un tribunal con competencia en materia penal, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos ante dicho tribunal a raíz del recurso en cuestión. 6- La comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado debe ser objeto de interpretación con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva. A fin de permitir la preparación de la defensa, la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado en relación directa con cualquier interrogatorio o vista judicial durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales, debe ser objeto de interpretación siempre que resulte necesario para salvaguardar la equidad del proceso. 7- Con arreglo a los procedimientos previstos por el derecho nacional, el sospechoso o acusado tendrá derecho a recurrir la decisión según la cual no es necesaria la interpretación y, cuando se haya facilitado la interpretación, la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la interpretación no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso. Cuando la calidad de la interpretación se considere insuficiente para garantizar el derecho a un juicio equitativo, las autoridades competentes deben poder sustituir al intérprete designado 8- La interpretación y traducción en virtud de la presente Directiva deben facilitarse en la lengua materna del sospechoso o acusado o en cualquier otra lengua que entienda o hable con objeto de permitir el pleno ejercicio del derecho a la defensa. 9- La salvaguardia de la equidad del proceso requiere que se facilite al sospechoso o acusado la traducción de los documentos esenciales, o al menos los pasajes pertinentes de dichos documentos. Determinados documentos, como las resoluciones por la que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusación o las sentencias, se considerarán siempre documentos esenciales a este respecto, por lo que deberán traducirse. Las autoridades de los Estados miembros deben decidir, por iniciativa propia o previa petición del sospechoso o acusado o de su abogado, qué otros documentos resultan esenciales para salvaguardar la equidad del proceso y, en consecuencia, deben traducirse también. Como excepción a las normas generales establecidas, podrá facilitarse en lugar de una traducción escrita, una traducción o un resumen oral de los documentos esenciales

8 Página: 9 de Incorporación al Derecho interno. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 27 de octubre de 2013 ========= i Diario Oficial de la Unión Europea L 280/1 i.modelo indicativo de la declaración de derechos Este modelo tiene como finalidad exclusiva ayudar a las autoridades nacionales a elaborar su declaración de derechos nacional. Los Estados miembros no están obligados a utilizar este modelo. Al elaborar su declaración de derechos, las autoridades competentes pueden modificar este modelo a fin de armonizarlo con las normas nacionales aplicables y añadir otra información útil. La declaración de derechos se entregará en el momento de la detención o privación de libertad. Sin embargo, esto no impedirá que los Estados miembros faciliten a las personas sospechosas o acusadas información escrita en otras fases del proceso penal. Tiene usted los derechos siguientes si está detenido o privado de libertad: A. ASISTENCIA DE UN ABOGADO/DERECHO A ASISTENCIA JURÍDICA Tiene usted derecho a hablar confidencialmente con un abogado, que es independiente de la policía. Diríjase a la policía si necesita ayuda para ponerse en contacto con un abogado; la policía le ayudará. En algunos casos, la asistencia puede ser gratuita. Solicite más información a la policía. B. INFORMACIÓN SOBRE LA ACUSACIÓN Tiene derecho a conocer las razones de su detención o privación de libertad y los hechos que se sospecha ha cometido o de los que se le acusa. C. INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN Si no habla o no entiende la lengua de la policía o de otras autoridades competentes, tiene derecho a la asistencia de un intérprete gratuitamente. El intérprete puede ayudarle a hablar con su abogado y está obligado a mantener en secreto el contenido de esa comunicación. Tiene derecho a la traducción de, como mínimo, los pasajes pertinentes de los documentos esenciales, incluida toda orden de un juez que permita su detención o privación de libertad, toda acusación o auto de procesamiento y toda sentencia. En determinadas circunstancias, puede recibir una traducción o un resumen orales. D. DERECHO A PERMANECER EN SILENCIO Cuando le interrogue la policía u otras autoridades competentes, no está obligado a responder a preguntas sobre el supuesto delito. Su abogado puede ayudarle a decidir sobre esta cuestión. E. ACCESO A LOS DOCUMENTOS En el momento de la detención o privación de libertad, usted (o su abogado) tiene derecho a acceder a los documentos esenciales que necesita para impugnar la detención o privación de libertad. Si el caso llega a un tribunal, usted (o su abogado) tendrá derecho a acceder a las pruebas materiales favorables o desfavorables. F. INFORMAR A OTRA PERSONA SOBRE SU DETENCIÓN/INFORMAR A SU CONSULADO O EMBAJADA Al ser detenido o privado de libertad, indique a la policía si desea que se informe a otra persona de la detención, por ejemplo un miembro de su familia o su empleador. En casos concretos, el derecho a informar a otras personas sobre su detención puede estar limitado temporalmente. En dichos casos la policía podrá informarle sobre qué es lo que puede hacer. Si es usted extranjero, indique a la policía que desea que su autoridad consular o su embajada sean informadas de su detención. Indique asimismo a la policía si desea ponerse en contacto con un funcionario de la autoridad consular o embajada que corresponda. G. ATENCIÓN MÉDICA URGENTE En el momento de la detención o privación de libertad, tiene derecho a atención médica urgente. Indique a la policía si n H. PERÍODO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

9 Página: 10 de 10 Trassudetención,puedecontinuardetenidooverseprivadodesulibertadporunperíodomáximode [indíqueseelnúmero aplicabledehoras/días].alfinaldeesteperíodo,deberáserpuestoenlibertadocompareceranteunjuezquedeterminarásobre lacontinuidaddelaprivacióndelibertad.pidaasuabogadooaljuezinformaciónacercadelasposibilidadesdeimpugnarla detención,obtenerunarevisióndelamismaosolicitarlalibertadprovisional. Modelo indicativo de la declaración de derechos para las personas detenidas en aplicación de una orden de detención europea Este modelo tiene como finalidad exclusiva ayudar a las autoridades nacionales a elaborar la declaración de derechos nacional. Los Estados miembros no están obligados a utilizar este modelo. Al elaborar la declaración de derechos, las autoridades competentes pueden modificar este modelo a fin de armonizarlo con las normas nacionales aplicables y añadir otra información útil. Usted ha sido detenido sobre la base de una orden de detención europea. Tiene usted los derechos siguientes: A. INFORMACIÓN SOBRE LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA Tiene derecho a ser informado sobre el contenido de la orden de detención europea en virtud de la cual ha sido detenido. B. ASISTENCIA DE UN ABOGADO Tiene usted derecho a hablar confidencialmente con un abogado, que es independiente de la policía. Diríjase a la policía si necesita ayuda para ponerse en contacto con un abogado; la policía le ayudará. En algunos casos, la asistencia puede ser gratuita. Solicite más información a la policía. C. INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN Si no habla o no entiende la lengua de la policía o de otras autoridades competentes, tiene derecho a la asistencia de un intérprete gratuitamente. El intérprete puede ayudarle a hablar con su abogado y está obligado a mantener en secreto el contenido de esa comunicación. Tiene derecho a una traducción de la orden de detención europea en una lengua que usted entienda. En determinadas circunstancias, puede recibir una traducción o un resumen orales. D. POSIBILIDAD DE MANIFESTAR SU CONSENTIMIENTO Puede aceptar o no aceptar ser entregado al Estado que lo reclama. Su consentimiento aceleraría el procedimiento. [Posible texto adicional para determinados Estados miembros: puede resultar difícil o incluso imposible modificar esta decisión en una fase posterior.] Solicite más información a las autoridades o a su abogado. E. AUDIENCIA.Si no acepta su entrega, tiene derecho a comparecer ante una autoridad judicial.es L 142/10 Diario Oficial de la Unión Europea

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