06/10/2005 VOCES DEL FRENTE, Información, Página 16 Pablo Chargoñia, Abogado 'El pacto mafioso de silencio no se quiebra asegurando anonimatos'

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1 06/10/2005 VOCES DEL FRENTE, Información, Página 16 Pablo Chargoñia, Abogado 'El pacto mafioso de silencio no se quiebra asegurando anonimatos' Entrevista: Jorge Lauro y Alfredo García Fotos: Andrés Cribari Una hora antes de la marcha del viernes pasado nos recibió en su despacho. Su aspecto juvenil y desgarbado esconde una energía brutal cuando se pone a hablar de Derechos Humanos. Se produce entonces la metamorfosis de un flaco medio bohemio aun temible abogado con un manejo impresionante de información y argumentos para continuar la larga marcha en la búsqueda por la justicia. Cómo te vinculas al tema de derechos humanos? En 1999 Tota Quinteros y Sara Méndez buscaban un abogado. A mí me llamo la atención que no encontraran alguno en los ámbitos en que se movían. Porque era difícil realizar la "abogacía quimérica" de enfrentar a la impunidad, en el final de la administración Sanguinetti, en que el tema estaba muy aplastado. Y fueron a buscar un abogado de sindicatos porque me conocían por la defensa de los estudiantes ocupantes de liceos en el 96, en la que tuvimos la oportunidad de trabajar. Y como ellas me decían, había poca gente para intentar fisurar el muro de la impunidad. El tema de los desaparecidos no estaba en absoluto en la agenda; sí hay algo que puede diferenciar a aquellos años de estos tiempos actuales, es que este tema no estaba para nada planteado. Suena extraño oír esa afirmación de que no había abogados dispuestos, porque la izquierda esta llena de abogados. Pero el enfrentamiento a la Ley de Caducidad es todo un tema. Yo acompaño las críticas que surgen ahora al sistema judicial y a unos jueces que no logran entender la trascendencia histórica dé la hora, o no advierten lo que se ha avanzado en otros países, o no analizan este tema desde la perspectiva del derecho internacional. Y esa es una crítica al todo el sistema judicial; no al Poder Judicial -como afirmaba el otro día Javier Miranda-, también a los fiscales y también a los colegas, a todos los operadores del sistema, que en su momento no expresaron demasiado entusiasmo por una tarea que es compleja como significa quebrar la impunidad, encontrarle las brechas, que las tiene, como todas las leyes, que son interpretables, a este mamarracho que es la ley de impunidad. Consideras que es anticonstitucional? Estoy de acuerdo con la minoría de la Suprema Corte de Justicia, compuesta por García Otero y Balbela de Delgue, que en el 88 consideró la Ley inconstitucional. Y consideraron que es violatoria del principio de igualdad, que le atribuye al Poder Ejecutivo funciones típicamente jurisdiccionales, porque de la lógica de los hechos surgidos de un acuerdo de 1984, en sí mismo nulo, no puede derivarse la caducidad de la pretensión punitiva, que es un elemento esencial de todo Estado democrático de derecho. Pero además coincidiendo con organismos internacionales consideramos inválida a la Ley. Qué organismos internacionales? Esto no lo dice un grupo marginal de izquierda, sino la Comisión y la Corte

2 Interamericana de Derechos Humanos. Ellos razonan así: el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Uruguay ratificó en el 85, establece como derecho a todos los ciudadanos el de acceder a todos los tribunales. Una ley posterior, del 22 de diciembre de 1986, no puede transgredir un tratado internacional ratificado por el Uruguay. Por lo tanto, la Corte Interamericana dice a partir del 2001, en una sentencia famosa, del caso Barrios-Altos en Perú, que estas leyes -se refiere en plural a las leyes de impunidad o auto impunidad- carecen de validez jurídica. Es decir, no sólo no deberían aplicarse, deberían ser anuladas por transgredir el Pacto de San José de Costa Rica. Y lo reitero, esto lo dicen organismos internacionales especializados en derechos humanos. Existen mecanismos que permitan derogar la Ley? Podría existir la posibilidad de una iniciativa legislativa; o aún sin ella, el Parlamento podría anularla por vía de ley. Es algo que sostiene Oscar López Goldaracena, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente en Naciones Unidas, en Ginebra, promoviendo la firma de una convención internacional sobre desaparición forzada de personas. Es también la opinión de otras organizaciones de DDHH.; he escuchado esta opinión en SERPAJ y en Amnistía Internacional. La sociedad uruguaya tiene que discutir la validez jurídica de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Caducidad, que son los referidos a la impunidad. Y a la luz del derecho internacional analizar si deben aplicarse o no. Pero sin perjuicio de esto, hay además posibilidades de filtrar la Ley de Caducidad, en los casos que ha señalado el Gobierno, y en otros que tendrá señalar toda vez que quiera avanzar en la justicia. Más allá de sostener esta invalidez de la Ley, la realidad es que hoy está vigente. El cambio grande de este Gobierno es el de no considerar a varios casos como comprendidos por la Ley. Es una decisión política, que podrían haber tomado Sanguinetti o Batlle; Lacalle dice que no hizo nada porque nadie presentó iniciativas durante su mandato. Desde el punto de vista práctico, cuál sería el camino para que esto se laude lo más rápidamente posible? Yo rechazo la imagen de laudar o cerrar estos temas. Porque ello puede dar la idea de unos tiempos que son propios de los gobiernos, pero no necesariamente de la defensa de los DDHH., que no tienen esos tiempos ni tienen porque tenerlos. De todas maneras si hay que analizar los datos de la realidad y un dato de la realidad es que este Gobierno, toda vez que la Justicia o un juez le ha trasladado un expediente para consultar si está comprendido o no en la Ley, los ha considerado excluidos. En ese sentido existe la expectativa que otros casos vinculados a la desaparición forzada también sean considerados como excluidos. Hay argumentos jurídicos para eso? Argumentos jurídicos le sobran al Gobierno. Puede recoger todas las recomendaciones, congresos y dictámenes de expertos de Naciones Unidas, los tratados internacionales, toda la tradición desde el Tribunal de Nuremberg para acá, la noción de delito de lesa humanidad, la definición legal de desaparición forzada como delito permanente, pero aún antes, puede ir al Derecho Penal nacional, y advertir que la doctrina considera al delito de privación de libertad como un delito permanente. Y con estos argumentos está sobrado como para considerarlos excluidos del artículo 1 de la Ley de Caducidad, porque ésta tiene una vigencia hasta el 1 de marzo del 85, dicho a título expreso. Y es uno de los casos en que el derecho encuentra su relación con la realidad. Lo que se está viviendo hoy en el Batallón 14 de Toledo, es casi una expresión gráfica, contundente y muy clara del carácter permanente del delito. Cuando se habla de delito permanente no es una mera construcción

3 académica; es una realidad que vive el familiar con la tortura sicológica permanente, y la vive la sociedad en su conjunto, que hasta el día de hoy está percibiendo la atrocidad que significa buscar en tumbas sin cuerpo, o vivir en cuarteles que contienen cementerios clandestinos, y no poder verificar ninguna de esas cosas. El derecho internacional describe a la desaparición forzada como la privación de libertad seguida de la negativa a dar información sobre el paradero del detenido desaparecido. Qué es lo que se está dando hoy? Esa misma negativa a dar información. Entonces, es una situación en que el derecho penal, la vida y la realidad política se vinculan muy claramente. Cuando el Comandante Bertolotti va con Macarena Gelman y dice: "Tu madre está acá", y luego resulta que no está, hay una situación de horror que permanece, al punto que está jugando con los sentimientos hasta el día de hoy. Por qué tipo de solución te inclinas, política o estrictamente judicial? Yo sostengo que en estos temas la Justicia Penal cumple una función, como decía alguien, de pedagogía política. No creo en soluciones puramente políticas, porque han demostrado ser insatisfactorias. Al punto de que hay informaciones parciales, acotadas, no verificables, y peor aún, bajo sospecha de ser contrainteligencia o desinformación intencional, lo que ubicaría al Comandante en Jefe Bertolotti, o como un torpe o como cómplice. Y en cualquiera de los dos casos se trata de un tema político de singular relevancia. Y ubica también al Presidente de la República como víctima de una maniobra, con lo cual no tiene que esperar más, ni treinta ni cuarenta y cinco días. Debe tomar medidas ya. Y volvemos al tema de la Justicia Penal como pedagogía política: De qué vale que yo reclame Nunca Más u organice cursos de DDHH. En instituciones públicas o privadas, si la realidad me da el contra mensaje que los crímenes cometidos por el poder, precisamente por ello, quedan sometidos a la impunidad? Entonces el ámbito debe ser aquel en que se identifique plenamente a los responsables. Las investigaciones con fuentes anónimas son absolutamente insatisfactorias. Las circunstancias de tiempo y lugar son necesarias, pero cómo pretender que se avance en la verdad si los individuos responsables están oscurecidos por el manto del anonimato? Lo digo pensando en la Comisión para la Paz, y también en la ampliación de ese informe pedida por parte de este Gobierno a los Comandantes de las tres fuerzas armadas. No hay verdad por esa vía. Identifican los hechos... Identifican los hechos pero no los responsables. Y ahí volvemos a empantanarnos y caer en una Suerte de trampa en la que, a veinte años de terminada la dictadura, no es posible caer más. Verdad y Justicia forman parte de una unidad; no es posible lo uno sin lo otro. Alguna vez se creyó, incluso por compañeros promotores de los DDHH., que inhibiéndose de hacer algunas preguntas sobre los responsables, iban a poder dar con el paradero de los desaparecidos. Eso no se logró. La enseñanza es que no hay Justicia sin Verdad ni Verdad sin Justicia. Y esto es lo que se debe reclamar. En el terreno de las especulaciones, qué lógica encontramos para que, aunque más no fuese para aliviar las presiones, los responsables no hayan aportado elementos para dar con el paradero de los desaparecidos? Tendríamos que internarnos en una suerte de lógica perversa, en la que es muy difícil razonar. Es muy complicado saber cómo piensan estos sujetos. Pero sí algo nos enseña la experiencia de los regimenes post autoritarios es que hasta que no hay riesgos de sufrir algo, los represores no dan cuenta de nada voluntariamente. Hablan cuando están cerca de la prisión; no cuando están protegidos por ámbitos políticos, contubernios o acuerdos entre cuatro paredes. La

4 experiencia chilena demostró como algún silencio mañoso se quiebra cuando algunos son procesados. El caso del Gral. Contreras, el números dos de la dictadura pinochetista, que empieza a decir: " Pero, y por qué voy yo y los otros no?". Es un proceso dialéctico, ciertamente trabajoso, con sus idas y retrocesos, pero me da la impresión que la respuesta es la identificación de los responsables a través de los mecanismos que la institucionalidad provee. Se puede tener expectativas en la actitud del Poder Judicial, a la luz de la actitud de Timbal con el archivo de los casos, o la reciente decisión del Fiscal Moller? No se puede ser ni ingenuo ni claudicante. Los jueces chilenos tampoco avanzaban en ninguna causa antes de Garzón. Pero se miraron en ese espejo y sintieron vergüenza. Para que los jueces sientan vergüenza de algunas decisiones, hay que hacerles notar lo atrasados que están en materia de protección de los DDHH. Hacerles notar que la magistratura exige adoptar posiciones más avanzadas en este sentido, y valentía en asumir los problemas, por complejos que parezcan. No se trata de un enfrentamiento con la Justicia como corporación. Un juez decía: "También es necesario que nos exijan, que se presenten denuncias". La forma de avanzar es que las organizaciones sociales, que la ciudadanía en general, los pueblos, presenten demandas, desafíen a los jueces. Recuerdo lo que me decía un activista de Amnistía de la Argentina, que allí, el proceso que se dio fue una serie casi interminable de fracasos, hasta que empezaron a haber algunos éxitos, como la desaplicación, la inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley. Fue un proceso muy complejo, tal vez con otra velocidad, pero que en Uruguay se tendrá que dar. Cuando comiencen a solicitarse las extradiciones, va a sentirse una presión sobre la situación uruguaya? Las extradiciones, los replanteos, las nuevas denuncias, y las observaciones de la Comisión Interamericana de DDHH., que en el 92 le recomendó el Estado uruguayo que no aplicara la Ley de Caducidad, en la época de Lacalle que ahora se hace el tonto, todo eso. Incluso la Comisión Interamericana le dijo a texto expreso en ese entonces al Estado uruguayo que había que investigar e identificar a. los responsables. Lo subrayo porque el Estado sigue sin identificar a los responsables, inclusive este gobierno, que cuando realiza las investigaciones que realiza y encomienda los informes que encomienda a los comandantes en jefe, no les exige la identificación de los responsables, y de hecho ésta no aparece. La Comisión para la Paz fue un paso positivo? La decisión del gobierno de Batlle en su momento, no implicó el pleno cumplimiento de los deberes jurídicos del Estado. No era un tema de los ciudadanos que integraban la Comisión, ni siquiera un tema del esfuerzo que ellos hicieron. Sino que el Estado estaba obligado a hacer otras cosas más, como lo está hoy. Hacer investigaciones exhaustivas que implicaran la identificación de los responsables. Entonces no cumplía con el deber del Estado. Y si bien puedo entender que, cotejado con lo que hacía Sanguinetti, que era absolutamente nada, implicaba un avance, debo decir y lo dije en el 2000, no era el método. Más que de resultados lo que se está cuestionando son las vías para llegar a ellos. Si el Estado por alguna razón retacea esos medios, teniendo otros mecanismos no los recorre, entonces está incumpliendo con sus deberes internacionales y para con la sociedad. Ahora los familiares dicen: "Queremos que las cosas que se nos informen sean verificables". Y hasta que no se verifique, no aparezcan los cuerpos, ninguna información es verdad oficial o de ninguna naturaleza; es apenas un indicio. Pero eso

5 mismo que se critica ahora en relación a los informes de los Comandantes en Jefe, es achacable a los de la Comisión para la Paz, cuyas conclusiones surgieron de la convicción personal de sus integrantes, como dice el informe final, que podremos respetar mucho, pero no es más que la convicción personal. Y cuando se trata de saber el destino de las personas detenidas desaparecidas, no basta la convicción personal de ningún ciudadano, por más notable que se le considere. En las sociedades democráticas basadas en el estado de derecho es necesario contar con la prueba que permita distinguir lo que es verdad de lo que es falso. Si, y esa convicción personal fue utilizada por Carlos Ramela para salvar a Juan Carlos Blanco de su merecido destino. Yo recuerdo a Ramela como el mejor.abogado defensor que tuvo Juan Carlos Blanco. En su momento hizo todo un alegato ante el Juez de la inocencia de Juan Carlos Blanco, en forma indirecta, al adscribir a la estúpida teoría de que los civiles eran títeres de los militares y no sabían de qué se trataba. Eso no se aplica ni a Bordaberry ni a Blanco que, como se decía en el Tribunal de Nuremberg: "No pueden los que integran la cúpula de los estados terroristas, alegar que no estaban al tanto". Por qué crees que el Gobierno elige este camino? De hecho se anunció la aparición de María Claudia García en las primeras semanas de agosto y obviamente el Gobierno no ha podido satisfacer ese anuncio. Esto lo deja muy mal parado. El por qué habría que preguntárselo a Tabaré Vázquez y su asesor en esta materia, el Dr. Gonzalo Fernández. Lo cierto, que como han dicho los propios familiares, el camino ha significado más desazón. Y más allá de especular por qué siguen con esta estrategia, se puede reclamar que esa estrategia tenga un giro. Le tomamos la palabra al Dr. Tabaré Vázquez cuando dice: "Estos delitos son permanentes y la Justicia debe intervenir". Ese es el camino que el país debe transitar. Son peligrosas las componendas, los arreglos, las negociaciones secretas... No puede ni siquiera haber sospecha de componenda. Los DDHH. No pueden ser tema de transacción; son una cuestión de principios. Y éste es un gobierno que se edifica sobre la tortura y muerte de miles de compañeros. Hay además de las políticas y las jurídicas, razones morales que obligan especialmente a este gobierno, como no lo han hecho con ningún otro, a resolver adecuadamente el tema de los DDHH. Este gobierno está obligado por la memoria de sus compañeros. Hay expectativas de encontrar datos en los archivos de los ministerios de Defensa e Interior? Si, porque la experiencia indica, que aunque pueda parecer insólito, las burocracias cuando se transforman en criminales, registran sus comportamientos y sus crímenes. El ejemplo paradigmático es el proceso de Blanco, que es el único, hasta ahora, procesado por la dictadura. Y se lo procesa porque se encontró un memorando, donde se establecían el pro y el contra de entregar a Elena Quinteros al gobierno de Venezuela. Podemos pensar: Cómo es posible que se.registrara semejante cosa? Y para ello obraron seguramente, desde la soberbia de la impunidad más absoluta hasta el propio comportamiento de las burocracias estatales, que implica siempre el registro de los comportamientos. Por eso no se puede admitir que se diga desde fuentes militares, que no estaban al tanto de algo, porque estaban al tanto todos de todo lo que estaba ocurriendo. Hay que desclasificar los archivos para que sean de conocimiento público. Es una tradición uruguaya la de intentar resolver políticamente los grandes problemas? En todo caso es una mala tradición, y debería esperarse que la sociedad civil cuestione esas malas tradiciones. En esta materia especialmente, los únicos que pueden hacer temblar las raíces de los árboles son los pueblos. Las sociedades deben exigir al Estado

6 que cumpla sus deberes. Y subrayo esto, son deberes del Estado. Nada de trasladarlo a los familiares que ya demasiado sufren, ni a las organizaciones no gubernamentales. Es paradigmático el trabajo que han hecho los periodistas en la materia, incluso hasta en la localización de desaparecidos. A Simón Riquelo lo encuentra Roger Rodríguez, un periodista de La República. Más allá de la labor de muchos periodistas, cómo ves el rol de la prensa en este último período? Es un tema polémico. Se corre el riesgo de la intoxicación hasta llegar a ver a la prensa como medio de liberación de las conciencias o medio de análisis crítico. Es una amplia gama de cosas. Sería cauteloso en cuanto a decir cuál es el efecto que tiene que la televisión, que siempre estuvo tan omisa y tan proclive a acariciar al poder, ahora tome este tema como leit motiv. Espero que esto sirva para que las nuevas generaciones tomen conciencia de estos episodios, y no para que haya un estado de atosigamiento o hartazgo, que es el riesgo en las sociedades que vivieron el horror. En Alemania se decía que las generaciones posteriores a los sobrevivientes de los campos de concentración, les recriminaban a sus padres por seguir insistiendo en aquel horror que ellos no habían vivido. Aproximarse a estos temas como quien visita el "Museo del Horror" no es una buena cosa. No creo en eso; pero si en la necesidad de revisar el pasado para que se advierta que los desaparecidos no fueron víctimas de una guerra, no murieron en un intercambio de balas... Entre dos demonios... Exactamente. La historia es otra, las cámaras empresariales aplaudieron el golpe de Estado, mientras la CNT hizo una huelga general. Ese es un dato que ayuda a comprender la historia. Por qué un Estado se transforma de garante de los DDHH. en organización criminal? Al servicio de que plan político y económico? Tenía o no que ver para esto la imposición de un modelo económico de exclusión? Si lo tenía. Cada torturado, asesinado o desaparecido obedecía a la imposición de un modelo económico promovido desde el norte. Estas cosas deberían formar parte del debate. En algún caso comienza a producirse cierta saturación por la avalancha noticiosa. Anda circulando por ahí un chiste de mal gusto que cataloga de perro a este gobierno, porque la pasa buscando huesos. Entonces, eso demuestra que el Gobierno tiene que hacer algo más que buscar restos. Vos afirmabas que cada victima obedecía a la imposición de un modelo económico. El modelo se impuso a nivel regional y sin embargo, dentro de nuestras FFAA. existe la convicción que ellos fueron santos al lado de la carnicería que llevaron adelante sus pares argentinos o chilenos. Eso es una extensión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y una justificación absolutamente inmoral. Este país conoció la transformación de la dictadura en dictablanda en la época de Terra; esto es algo parecido. No hubo bondad ni clemencia en los torturadores. Y ahora que se advierte claramente que tampoco se trató de excesos contra torturados que padecían enfermedades cardíacas, sino que muchos de ellos fueron ejecutados, esa imagen se cae. Sigue siendo tan quimérica la tarea, como la definías al comienzo? Eso se lo escuché a los norteamericanos, que son muy gráficos, que decían que esta era la "abogacía de los estúpidos": " A quién se le ocurre enfrentar al poder?". Pero cuando se escucha a las mamas que hace treinta años que buscan a sus hijos y lloran hoy como si fuera el año 76, eso obliga muy intensamente a continuar. Tenemos la obligación de pensar que los sueños se pueden cumplir, porque además la alternativa sería el abandono del reclamo. Y en eso no pensamos nunca quienes estamos

7 en estas tareas. No significa que se sea ingenuo ni que se ignoren ciertos datos de la realidad, o que los procesos tienen sus marchas y contramarchas, pero creo que el camino, si no es por la Justicia Penal uruguaya, lo será por la argentina, o por la vía que sea, pero conducirá a la Verdad y a la Justicia. Y si aún así, se sigue considerando una utopía, pues la abrazamos. La omertá se va a fracturar cuando empiecen a caer? Esa es la vía. El pacto mañoso de silencio no se quiebra si invitamos a conversar o negociar asegurando anonimatos. Es al revés; eso fortalece los silencios. El comandante de la Fuerza Aérea asume su participación en el llamado "primer vuelo". Eso es un paso importante. Es un paso. Y para que se avance y se verifiquen los datos, es necesario seguir adelante en las investigaciones. Es sensato pedir la cabeza de los que asumen su responsabilidad, como en el caso de Bonelli? Creo que son dos cosas distintas. Cuando exigimos que la Justicia intervenga, es para que se analice la responsabilidad de los autores, coautores y cómplices, sean quienes sean. No creo en la estrategia de esperar a que hablen. Tienen que ser citados a declarar, que es una cosa distinta. Es obvio, los represores no dicen los crímenes que cometieron; si se saben cosas es porque se avanza en las investigaciones. El ámbito son los estrados judiciales. No descarto que existan situaciones individuales distintas, pero la experiencia nos indica que ese tipo de declaración no va más allá de lo que los familiares saben desde hace mucho. Hace poco escuchaba al torturador Tróccoli, qué es lo nuevo que dice? Nunca van más allá, inclusive en los informes de los comandantes, dentro de lo lacónico y pobres que son, hay dos casos que van un poco más allá. Son los de María Claudia García y Elena Quinteros. Alguien cree que abundan más en estos dos casos porque decidieron trabajar más en ellos? No, es porque estos dos casos emblemáticos tuvieron más avances a partir de las denuncias. Por lo que hicieron Tota Quinteros y Juan Gelman. La información entonces se va a lograr a través de la Justicia, pero si en ésta aparecen "timbales" que comiencen a decir: esto no, esto otro no y esto tampoco, qué se hace? Veremos en su momento. O tal vez aparezcan otros que no sean timbales, sino algún otro tipo de instrumento que suene mejor y no desafine tanto. Pero también existen organismos que frente al agotamiento de eventuales vías internas, están allí para exigir a los Estados el cumplimiento de los tratados. Recientemente estuvo en Uruguay el Dr. Martín Almada, quien descubrió en Paraguay lo que se ha dado en llamar como "archivos del terror", referentes al Plan Cóndor. Y de sus denuncias surgió que nunca nadie de nuestro país había ido a investigar en ellos. Por qué esto es así? Yo asesoro al PIT-CNT, y su Comisión de DDHH. está integrada por militantes. Su capacidad de movimiento es bastante limitada. Mi trabajo es voluntario, honorario en el sentido más amplio del término. Lo mismo sucede con las organizaciones de DDHH. Y puede que haya muchas dificultades en ese sentido. Pero tenían conocimiento de ello? De los "archivos del terror"? Sí, por supuesto, como tenemos conocimiento de los archivos que deben desclasificarse por parte del Estado uruguayo. Y en EEUU? Hay mucha información desclasificada que fue aportada en su momento a la Comisión para la Paz. Durante la administración Clinton hubo una cantidad de documentación de las agencias norteamericanas, que luego fueron retaceadas por la administración Bush. Y toda esa información es un patrimonio político que debe ser de conocimiento de la

8 sociedad. Porque en eso hay que reivindicar también el derecho a la información. El de los desaparecidos es también un delito contra la información. Esto está como trasfondo en toda esta cuestión. Por eso el Estado debe abrir sus archivos de los años oscuros, sin más consideración que la necesidad de ese aporte a la historia. Y ojalá que eso sirva, no solamente para el tema del terrorismo de Estado y la década del 70, sino para profundizar la democracia, y que toda la administración pública sea efectivamente eso: pública. Que es la mejor forma además, de controlar eventuales excesos del poder. A mí me preocupa mucho que se vea a los delitos cometidos en el terrorismo de Estado como una cuestión del pasado, porque en realidad es una cuestión de futuro. Se está tratando de trabajar sobre los mecanismos de control del poder en definitiva. La impunidad básicamente hipoteca los derechos de las nuevas generaciones. Por eso lo mejor que podemos hacer es terminar con esa república de impunes. Y es en ese contexto que se trabaja. Cada vez que se habla de desaparecidos se está hablando de esto; no de la tortura que ocurrió, sino de la que no debe volver a ocurrir. Perfil 45 años, casado, una hija. Nació en Carmelo y llegó a Montevideo a comienzos de los 80 para emprender sus estudios de Derecho. Es abogado laboralista, especializado en funcionarios públicos. Trabaja en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Se desempeño como asesor de AFUTU (Asociación de Funcionarios de UTU) hasta su designación como Asesor de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT.

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