Extracted from Justicia electoral: El manual de IDEA Internacional International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2013.

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2 8 CAPÍTULO 2 2CAPÍTULO 2

3 Justicia electoral y otros conceptos relacionados 1. Noción de justicia electoral 22. La expresión justicia electoral tiene varios significados. En un sentido amplio y para los efectos de este manual, significa garantizar que todos los procedimientos y resoluciones relacionados con el proceso electoral se ajusten a lo previsto en el derecho (la constitución, la ley, los instrumentos o tratados internacionales y demás normativa vigente en un país), así como proteger o restaurar el goce de los derechos electorales, habilitando a toda persona que considera que alguno de sus derechos electorales le ha sido violado para presentar una impugnación, ser oída y que tal impugnación sea resuelta. 23. Un acto, procedimiento o resolución electoral puede ser realizado o adoptado en cualquiera de los tres periodos del ciclo electoral (pre-electoral, electoral o post-electoral: ver párrafos 44 a 53 y la figura 2.4), y corresponderá al sistema de justicia electoral garantizar que aquél se ajuste a lo previsto en el derecho. 24. La justicia electoral abarca tanto los medios encaminados a prevenir la violación del ordenamiento jurídico electoral como los mecanismos dirigidos a resolver los conflictos electorales derivados de la inobservancia o violación de las normas jurídicas electorales. Al respecto, comprende tanto los mecanismos formales para la resolución de conflictos electorales (RCE), a través de vías institucionales, como los de carácter informal, como ocurre con los mecanismos de resolución alternativa de conflictos electorales (RACE). 25. El sistema de justicia electoral es el conjunto de medios y mecanismos establecidos en un determinado país (algunas veces en cierta comunidad local o incluso, en un contexto regional o internacional) para garantizar que todos los actos, procedimientos y resoluciones electorales cumplan con lo previsto en el orden jurídico, así como proteger o restaurar el disfrute de los derechos 9

4 electorales. Un SJE es el instrumento clave del Estado de derecho y la garantía final del cumplimiento del principio democrático de celebración de elecciones libres, justas y auténticas. 26. La finalidad esencial del sistema de justicia electoral es la protección auténtica del derecho ya sea a elegir o a ser elegido representante a fin de ocupar un cargo público o de gobierno (nacional, local o, incluso, supranacional), o a participar directamente en un procedimiento de democracia directa a través del voto en algún referéndum o en una revocación de mandato. 27. Cuando un acto, procedimiento o resolución relacionado con el proceso electoral no se ajusta a lo previsto en el derecho, se dice que constituye una irregularidad, dando lugar a un conflicto o una disputa entre la persona o entidad que cometió la irregularidad y la persona o entidad que considera haber sido afectada por la violación de sus derechos electorales. 28. Por lo que se refiere a los mecanismos formales de resolución de conflictos electorales cabe distinguir entre los que tienen un carácter correctivo y los que tienen un carácter punitivo. Los medios de impugnación electoral (ver capítulo 7) son correctivos, ya que anulan, modifican o reconocen la comisión de una irregularidad y, en su caso, protegen o restauran el disfrute de los derechos electorales. Los mecanismos punitivos imponen una sanción a la persona o entidad responsable de que se haya cometido una irregularidad, por ejemplo, a través de procedimientos para asignar las responsabilidades administrativas y penales electorales (ver capítulo 4, sección 3). Hay también mecanismos de resolución alternativa de conflictos electorales (RACE), que se caracterizan por ser de naturaleza voluntaria para las partes en un conflicto y frecuentemente son informales (ver capítulo 8). 10

5 Figura 2.1. Elementos de la justicia electoral Prevención de conflictos electorales Correctivos (anulan, modifican o reconocen la irregularidad): impugnaciones electorales Elementos de la justicia electoral Resolución de conflictos electorales (mecanismos de RCE) Punitivos (imponen una sanción al autor o a la entidad responsable de la irregularidad): responsabilidades administrativas o penales en el ámbito electoral Mecanismos de resolución alternativa de conflictos electorales (RACE) 2. Justicia electoral y otros conceptos relacionados 29. En este sentido, cuando surge un conflicto o una disputa electoral (p. ej., si se alega que un candidato ha ganado una elección como consecuencia de la compra del voto), el sistema de justicia electoral generalmente proporciona mecanismos de RCE por los cuales la parte afectada puede entablar: a. un medio de impugnación ante el órgano de resolución de conflictos electorales (ORCE) competente, solicitando se le conceda un recurso consistente en la anulación de la elección o la modificación del resultado para que se declare ganador a un candidato diferente. Lo anterior debe presentarse a través de una demanda, queja o petición en un juicio o recurso de apelación, según el procedimiento previsto en la correspondiente ley electoral o procesal, cuyas distintas características se analizan en la sección 1 del capítulo 7, o b. una queja ante la autoridad competente, que puede ser la autoridad encargada de investigar la posible comisión de delitos o en algunos SJE, el órgano administrativo electoral (OAE). i. Si la autoridad encargada de la investigación de la posible comisión de delitos llega a la conclusión de que sí hubo compra de votos, puede consignar a la persona responsable ante un juez o tribunal penal, solicitándole a este que le imponga una sanción penal, consistente en prisión o multa. Cabe advertir que en algunos SJE, el mismo organismo de justicia electoral que conoce del medio de impugnación por el cual se puede anular la elección o 11

6 modificar el resultado, es competente para resolver acerca de la responsabilidad penal. ii. En algunos SJE, el OAE está facultado para asumir la investigación correspondiente. Si, después de un procedimiento administrativo en forma de juicio o previa audiencia, llega a la conclusión de que un partido político o candidato es responsable de una infracción administrativa (un ilícito que no constituye delito), el OAE impone una sanción administrativa (por ejemplo, una multa), la cual puede ser generalmente impugnada ante un tribunal. Sin embargo, en ciertos SJE dicha sanción es impuesta, posteriormente, por un tribunal civil o administrativo o, incluso, un tribunal penal (como ocurre, generalmente, en los países bajo la tradición del common law, donde no resulta relevante diferenciar entre responsabilidad penal y administrativa). 30. Por tanto, es importante distinguir entre: a. medios de impugnación, que ofrecen un recurso (los medios para proteger o restaurar un derecho o corregir una irregularidad) y tienen por objeto anular, modificar o reconocer el acto irregular; b. procedimientos para determinar las responsabilidades penales en materia electoral, los cuales tienen como propósito sancionar al autor de cierta irregularidad que constituye un delito y, por tanto, da lugar a la responsabilidad penal y es adjudicada por tribunales penales, y c. procedimientos para sustanciar una infracción administrativa (violaciones al derecho o ilícitos que no constituyen delitos), que da lugar a la responsabilidad administrativa y la sanción puede ser impuesta por el OAE u otra autoridad administrativa previo procedimiento seguido en forma de juicio, o bien por un tribunal civil o administrativo. 31. El presente manual aborda tanto los medios de prevención de conflictos electorales (capítulo 3) como los mecanismos formales de resolución de conflictos electorales (MRCE) y los mecanismos de resolución alternativa de conflictos electorales (RACE, capítulo 8). En los capítulos 5, 6 y 7 el manual pone énfasis en los mecanismos establecidos en los diversos órdenes jurídicos democráticos para la resolución de tales conflictos cuando surjan sistemas de resolución de conflictos electorales (SRCE), con especial referencia a los medios de impugnación electoral y los órganos encargados de resolverlos. 2. Defensa de los derechos electorales a) Cuáles son y dónde se establecen los derechos electorales? 32. Los derechos electorales son derechos políticos los cuales, a su vez, son una categoría de los derechos humanos. Los derechos electorales se encuentran consagrados en las normas básicas o fundamentales de cierto orden jurídico 12

7 (generalmente en la respectiva constitución de determinado país y algunas leyes pertinentes) y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, aun cuando también en ocasiones derivan de la jurisprudencia. 33. Entre los más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos que contemplan derechos electorales, se encuentran diversas declaraciones y convenciones sobre derechos humanos, ya sea con carácter universal o regional, las cuales son obligatorias en los países que las han ratificado (ver figura 2.2). 34. Incluso en aquellos países que no son parte de tales instrumentos internacionales de derechos humanos, los principios internacionales sobre los derechos electorales que contemplan, como el principio de celebración de elecciones libres, justas y auténticas, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, tienen un valor persuasivo importante, de cuya observancia o satisfacción depende la legitimidad democrática del gobierno respectivo y la credibilidad de sus procesos electorales. 2. Justicia electoral y otros conceptos relacionados Figura 2.2. Ejemplos de instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen derechos electorales Instrumentos universales de derechos humanos de las Naciones Unidas Instrumentos regionales de derechos humanos* Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ARTÍCULOS 20 y 21 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952 ARTÍCULOS 1, 2, 3 y 5 Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 ARTÍCULO 13 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 ARTÍCUL0S 20, 21 y 22 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 ARTÍCULOS 2, 19, 21, 22 y 25 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 ARTÍCULO 7 Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 ARTÍCULO 23 Protocolo Nº 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 ARTÍCULO 3 * Adicionalmente, es necesario mencionar otros instrumentos regionales, tales como la Carta de París para una Nueva Europa de 1990; los artículos 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículo 15 sobre el derecho de reunión y artículo 16 sobre la libertad de asociación); las secciones 5, 6, 7 y 8 del Documento de la Reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa de 1990 (CSCE, aunque no es vinculante), y otros instrumentos que han emanado de organizaciones internacionales e intergubernamentales, tales como la Declaración de la Unión Interparlamentaria sobre los criterios para elecciones libres y justas, de 1994, y la Declaración de la Commonwealth de Harare, de

8 35. Entre los principales derechos electorales se encuentran el derecho a votar y a ser votado en elecciones libres, justas, auténticas y periódicas, realizadas por voto universal, libre, secreto y directo; el derecho de acceder, en condiciones de igualdad, a los cargos públicos de elección popular; el derecho de asociación política con fines electorales (como es el derecho a constituir o a afiliarse o no a determinado partido político o alguna otra agrupación con fines electorales), así como otro tipo de derechos íntimamente vinculados con los anteriores, como serían el de libertad de expresión, libertad de reunión, petición y acceso a la información, cuando versan sobre la materia políticoelectoral. En general, los derechos electorales realizan el derecho político a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos (ver figura 2.3). 36. Cabe distinguir los derechos electorales de otros derechos políticos que no se refieren a la materia electoral. Entre estos se encuentran, por ejemplo: el derecho de participación en asuntos políticos a través de procedimientos que no involucren cuestiones electorales (p. ej., acceso a cargos públicos por mera designación del órgano competente sin requerir de comicios); los derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión, y los de asociación, petición y acceso a la información en materia política, pero distinta a la electoral, y otros derechos políticos cuyo ejercicio se reserva en algunos países a los respectivos ciudadanos, pero que tampoco hacen uso de la técnica del sufragio, como la defensa de la patria y sus instituciones. En varios países, los medios para proteger y defender los derechos electorales son distintos de estos otros derechos políticos. 14

9 Figura 2.3. Principales derechos electorales Derecho político a participar en la conducción de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos Derecho de acceso al SJE, incluido el derecho a un recurso efectivo, al debido proceso legal y a la defensa de un derecho electoral PRINCIPALES DERECHOS ELECTORALES Derecho de asociación política con fines electorales 2. Justicia electoral y otros conceptos relacionados Derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión, de petición y de acceso a la información en materia político-electoral Derecho a ser postulado a cargos electivos Derecho al voto 37. Varios instrumentos internacionales de derechos humanos han desarrollado una serie de principios relacionados con el derecho de acceso a la justicia, los cuales deberán ser observados tratándose del derecho de acceso a la justicia electoral y, en particular, a un SRCE que garantice la protección y defensa de los derechos electorales. Entre tales principios se encuentran los derechos a un recurso efectivo ante un tribunal imparcial previamente establecido, al debido proceso legal, a una audiencia pública en que se garantice la defensa de su derecho electoral en términos de igualdad (ver recuadro 2.1). 15

10 Recuadro 2.1. Obligaciones internacionales en cuanto a la resolución de conflictos electorales Avery Davis-Roberts El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los tratados regionales como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establecen los fundamentos para comprender los principios de los mecanismos de RCE con base en el derecho internacional público. Además, las Observaciones Generales 31 y 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia y otras fuentes, pueden contribuir a agregar detalle y definición a estos principios. Aunque no abordan de manera explícita temas relacionados con los mecanismos de RCE sino que más bien se centran en derechos de carácter más general como el derecho a un recurso efectivo y el derecho a una audiencia imparcial y pública, sin duda pueden sustentar nuestro conocimiento sobre los procesos de resolución de conflictos. Subyacente a todos los aspectos del proceso electoral debe estar el respeto al Estado de derecho y el compromiso del Estado de tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos. De importancia particular en el contexto de la RCE son los derechos a un recurso efectivo, a una audiencia justa e imparcial y a la igualdad ante la ley. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo por actos que violenten sus derechos al amparo del Pacto, incluyendo los derechos a la participación política estipulados en el artículo 25. Una vez otorgado, el recurso debe ser efectivo. Un recurso efectivo no tiene necesariamente que ser de carácter judicial, pero si lo es, debe resarcir de manera adecuada la supuesta violación. Los Estados deben investigar las supuestas violaciones a los derechos que otorga el Pacto y deben considerar el uso de mecanismos administrativos, por ejemplo, instituciones nacionales de derechos humanos, que puedan dar efecto a esta obligación. Además, el Estado debe regular las violaciones a los derechos humanos cometidas por terceros y por actores no estatales. De manera similar, toda persona tiene derecho a una audiencia imparcial y pública para la determinación de sus derechos. Para determinar los derechos en un juicio, toda persona debe tener garantizado el acceso a un tribunal competente, imparcial e independiente en al menos una etapa del procedimiento. El tribunal debe ser independiente del poder ejecutivo y del legislativo o gozar de independencia para tomar decisiones sobre asuntos legales de índole judicial. La imparcialidad demanda que las decisiones de los jueces del tribunal no alberguen ideas preconcebidas sobre el caso en particular que tengan ante sí, o que actúen de manera que promueva de manera indebida los intereses de alguna de las partes en perjuicio de la otra. Resulta importante destacar que el tribunal también debe parecer imparcial a los ojos del observador razonable. Una audiencia justa es aquella que se realiza en forma expedita, está libre de influencias y es abierta al público. Las audiencias públicas garantizan la transparencia y salvaguardan el interés público. 16

11 Recuadro 2.1. (cont.) Toda persona es igual ante la ley y ante las cortes y tribunales, y tiene derecho, sin discriminación alguna, a gozar de igual protección ante la ley. Además, toda persona debe tener igual acceso a las cortes y estar libre de restricciones irrazonables o de discriminación, además de tener derecho a disfrutar de iguales medios para la defensa de sus derechos. Asimismo, toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, incluso información sobre los procedimientos para presentar una queja y sobre los hallazgos esenciales, las evidencias presentadas y los razonamientos legales de un tribunal, incluso si la audiencia no es abierta al público. b) Medios de defensa de los derechos electorales 2. Justicia electoral y otros conceptos relacionados 38. La distinción entre derechos electorales y otro tipo de derechos políticos es pertinente si se atiende a los diferentes medios de defensa que en algunos sistemas jurídicos se establecen para cada uno. Mientras que los primeros son objeto de protección o restauración en el goce del respectivo derecho electoral a través del correspondiente sistema de justicia electoral o sistema de resolución de conflictos electorales, en algunos países existen instrumentos y procedimientos jurídicos diferentes para defender otros derechos políticos. Por ejemplo, en Sudáfrica, el órgano final de defensa jurisdiccional de los derechos electorales es el Tribunal Electoral, en tanto que el competente respecto del resto de los derechos políticos fundamentales es la Suprema Corte de Justicia. En algunos otros países, el mismo órgano puede proteger ambos tipos de derechos. En varios países europeos, como Alemania y España, los órganos inferiores para la protección de derechos varían, dependiendo de si se trata de proteger derechos electorales u otro tipo de derechos políticos; sin embargo, el Tribunal Constitucional es el árbitro final en ambos casos. 39. Los medios de defensa de los derechos electorales, a cargo de los respectivos SRCE, se analizan con detalle en el capítulo 7. La resolución de tales medios puede encomendarse a órganos administrativos; órganos judiciales; órganos legislativos, órganos internacionales, o, excepcionalmente, como un arreglo transitorio o provisional, a órganos ad hoc para superar alguna situación de conflicto grave en un país. Los órganos administrativos podrían ser generalmente el OAE o los OAE encargados de organizar la elección. Los órganos judiciales podrían ser tanto los tribunales ordinarios que forman parte del poder judicial como los tribunales autónomos. Entre estos últimos estarían varios tribunales o consejos constitucionales, los tribunales administrativos o los tribunales electorales especializados 17

12 que se encuentran separados de los poderes tradicionales legislativo, ejecutivo o judicial. A pesar de que, desde un punto de vista estricto, los órganos judiciales son tribunales que forman parte del poder judicial, para los propósitos de la versión castellana de este manual se ha optado por una perspectiva más amplia que abarca a otros tribunales autónomos como los mencionados con anterioridad. Los órganos legislativos podrían ser toda una asamblea legislativa u otra asamblea política o una parte de esta, como alguno de sus comités. Los órganos internacionales podrían ser aquellos que tienen jurisdicción en países que han reconocido a algún tribunal o corte internacional o regional, como la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias y deben ser acatadas por los órganos nacionales competentes. Recuadro 2.2. Tipos de órganos a cargo de la protección de los derechos electorales órganos administrativos órganos judiciales órganos legislativos órganos internacionales órganos ad hoc 40. El titular de los derechos electorales es generalmente el ciudadano. En algunos países se les exige también cierta residencia o vinculación con la comunidad jurídico-política correspondiente para ejercer los derechos electorales. Determinados países confieren derechos electorales también a los extranjeros residentes. Nueva Zelanda los otorga para todas las elecciones. Otros países, por ejemplo, Argentina, Canadá y Uruguay los confieren para las elecciones locales, como ocurre también en los países de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención Europea sobre la Participación de Extranjeros en la Vida Pública en el Nivel Local de Varios países han establecido a nivel constitucional o legal ciertas normas específicas para salvaguardar el derecho a la igualdad de género en el ámbito electoral o, incluso, reivindicar los derechos electorales de la mujer, con el objeto de garantizarle el acceso en condiciones de igualdad a los cargos de elección popular. Diversos instrumentos internacionales también protegen los derechos electorales de la mujer, como la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer de 1952 y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (ver figura 2.2). 42. Por lo general, toda persona que considera que determinado acto o resolución electoral le afecta (p. ej., el propio ciudadano, ciudadana o partido 18

13 político que se considere perjudicado) se encuentra legitimado para promover una queja (ver capítulo 7). Varios SRCE le otorgan a los correspondientes partidos políticos una función primordial en la defensa de los derechos electorales y en algunos llegan a ser los únicos legitimados para impugnar ciertos actos o resoluciones (p. ej., los resultados electorales), en cuyo caso no se le confiere al candidato involucrado el mismo derecho de impugnar. En algunos países, cuando más, se les confiere a estos el carácter de coadyuvantes, por lo que se encuentran supeditados a lo que determine su partido político. 43. Una buena práctica de todo SJE o SRCE es establecer el derecho de toda persona física o jurídica a impugnar ante un órgano de naturaleza administrativa o judicial cualquier acto o resolución electoral que considere le perjudica. Se requiere de un recurso efectivo ante un tribunal imparcial previamente establecido, que en forma oportuna proteja o, en su caso, restaure al titular en el ejercicio o goce del derecho electoral violado (ver, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención Europea sobre Derechos Humanos de 1950). En todo caso, si un SRCE establece la posibilidad de que tanto un candidato como su partido político tengan derecho de impugnar un acto o resolución que estimen les perjudica, debe también prever mecanismos para superar eventuales contradicciones que pudieran surgir entre los planteamientos de uno y otro. 2. Justicia electoral y otros conceptos relacionados 3. Sistemas de justicia electoral (SJE) y el ciclo electoral 44. Un enfoque integral, exhaustivo y efectivo para el diseño y la aplicación de un sistema de justicia electoral solo es posible si se tienen en cuenta los tres periodos del ciclo electoral: pre-electoral, electoral y post-electoral. 19

14 Figura 2.4. El ciclo electoral PERIODO POST-ELECTORAL REVISIÓN ESTRATEGIA actualización del padrón electoral sistema electoral y delimitación de distritos propuestas de reforma legal auditorías y evaluaciones fortalecimiento institucional y desarrollo profesional trabajo en redes reforma de los OAE REFORMAS archivos e investigación VOTACIONES presupuesto y financiamiento PLANEAMIENTO NOMINACIÓN calendario electoral y planes operativos de trabajo CAPACITACIÓN INFORMACIÓN resultados oficiales candidatos quejas y apelaciones CAMPAÑA REGISTRO PERIODO ELECTORAL PERIODO PRE-ELECTORAL cómputo de resultados códigos de conducta impresión y RESULTADOS distribución de boletas acceso a los medios escrutinio o conteo votaciones coordinación de la campaña votaciones especiales y en el exterior logística y seguridad selección y contratación de personal adquisiciones desarrollo de procedimientos resolución de conflictos capacitación operativa para funcionarios electorales educación cívica y enlace con las educación del votante partes interesadas acreditación de observadores financiamiento de partidos inscripción de partidos registro de votantes 45. Un SJE que se enfoque solo en los actos que ocurren en la parte más activa del ciclo electoral alrededor de la jornada electoral, no es la mejor manera de garantizar que los procedimientos electorales y sus resultados cumplan con el orden jurídico. Los periodos pre-electoral y post-electoral pueden proporcionar una oportunidad mejor para los intentos indebidos de impedir la celebración de elecciones libres, justas y auténticas, así como de manipular o desviar los procedimientos hacia intereses partidistas a través de prácticas ilegales e ilegítimas (por ejemplo, con respecto al registro electoral o los ingresos de los propios partidos). 46. Durante el periodo pre-electoral se llevan a cabo varias actividades relevantes, como el diseño y la elaboración de la legislación electoral, la contratación y la capacitación del personal electoral o la planeación electoral por parte de los organismos encargados de la organización de las elecciones y de la resolución de conflictos electorales. Algunas de estas actividades son susceptibles 20

15 de ser impugnadas como parte del SRCE, como es el caso de las decisiones relacionadas con la delimitación de los distritos electorales; el otorgamiento, la negativa o cancelación del registro de los partidos políticos; la actualización del registro de votantes, así como la información sobre el proceso electoral y la educación cívica. Asimismo, algunos actos de los partidos políticos relacionados con su democracia interna como la aprobación de sus estatutos y procedimientos internos, la selección de sus líderes y candidatos a cargos de elección popular o la expulsión de sus miembros y otras sanciones pueden ser objeto de regulación e impugnación. 47. Prácticamente, todas las actividades que ocurren durante el desarrollo del periodo electoral pueden dar lugar a impugnaciones, incluyendo la postulación o registro de listas de candidatos, la campaña electoral, la distribución y ubicación de mesas receptoras de votación, el nombramiento de funcionarios de las mesas receptoras de votación, la acreditación de observadores electorales, el desarrollo de la votación, el cómputo y escrutinio de los votos, y la declaración y publicación de los resultados. 2. Justicia electoral y otros conceptos relacionados 48. Durante el periodo post-electoral, ciertas actividades relacionadas con lo electoral pueden originar también impugnaciones que podrían influir en el desarrollo y la sustentabilidad del siguiente proceso electoral. Como ejemplos se encuentran los procedimientos de fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos políticos; la revisión de los informes de gastos de campaña de los candidatos, y la revisión de los límites de los distritos electorales. En algunos países, pueden tener lugar impugnaciones con respecto a elecciones distintas a los cargos públicos a nivel nacional o a cuestiones relacionadas con eventos de democracia directa, como referendos o revocaciones de mandato. Asimismo, la reforma de la legislación relevante y los procedimientos con base en las lecciones aprendidas son actividades importantes que frecuentemente se realizan en el periodo post-electoral. 49. A menos de que haya un SJE eficiente y efectivo, con facultades, recursos y herramientas suficientes para ser capaz de responder adecuadamente a las demandas a través de todo el ciclo electoral, y emitir sin dilación decisiones susceptibles de ser ejecutadas, el proceso electoral puede fallar y sus resultados ser rechazados. 50. Una sana y buena práctica de todo SRCE es prever la posibilidad de que todo acto o resolución electoral sea susceptible de ser impugnado ante el propio OAE que lo emitió o ante otro órgano competente por cualquier persona que se considere perjudicada. Lo anterior forma parte del derecho humano de acceso a la justicia previsto en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. El objetivo es garantizar que no haya acto o resolución electoral que escape al control de su constitucionalidad o legalidad, con independencia de que ocurra en el periodo pre-electoral, electoral o post-electoral. El capítulo 7 de este manual examina lo anterior con más detalle. 21

16 51. Un SRCE requiere prever mecanismos para garantizar que todos los actos electorales que se realizan en los distintos periodos del ciclo electoral se ajusten al derecho. Lo anterior es especialmente importante en donde la ley electoral prevé organismos encargados del SRCE con un mandato que no les faculta para seguir funcionando más allá del periodo electoral mismo. En estos casos, se debe encomendar a otros órganos la resolución de las eventuales impugnaciones que se presenten durante los periodos pre-electoral y postelectoral. Podría también considerarse una buena práctica prever organismos permanentes e independientes encargados de la RCE (ver capítulo 6). 52. Hay un fuerte interés público en la certeza de los procedimientos y resultados electorales. En este sentido, todo SRCE debiera adoptar el principio de que todos aquellos actos y resoluciones de la autoridad electoral que no hubieren sido oportunamente impugnados en los plazos legales son definitivos e irrevocables. Esta institución procesal permite ir concluyendo de manera consolidada las diversas etapas sucesivas de un proceso electoral, como una base firme y clara para la siguiente hasta arribar al resultado de la elección. De este modo, no es posible plantear o cuestionar la validez de cierto acto o resolución electoral dentro de una etapa posterior. Por ejemplo, en diversos países no sería jurídicamente permitido que determinada irregularidad cometida durante la campaña electoral que no fue combatida por el afectado durante el desarrollo de la etapa de preparación de la elección, se pretenda hacer valer por parte de este como causa de nulidad de la elección en la etapa de resultados electorales. Es importante advertir que este principio solo opera cuando el supuesto acto irregular cometido en una etapa anterior fue susceptible de ser impugnado en aquel momento, pues de no preverse algún medio de impugnación en dicha etapa anterior, habría elementos para considerar procedente combatirlo con posterioridad. 53. En general, una vez iniciado, un proceso electoral no puede detenerse, pues de ello depende la renovación oportuna de los órganos representativos de gobierno. Como resultado, otro principio común de los sistemas de resolución de conflictos electorales es que la interposición de los medios de impugnación no tiene efectos suspensivos de la validez del acto impugnado. Así, mientras la impugnación no se resuelva, el acto seguirá surtiendo efectos. Adicionalmente, con el objeto de evitar abusos, es una sana práctica prever plazos límites reducidos para resolver los medios de impugnación que se interpongan (ver capítulo 7). 22

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