Sumario CONTENIDOS BREVES. Situaciones de bloqueo societario. Las autorizaciones de pago en la Ley 16/2009 de servicios de pago

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1 Sumario CONTENIDOS Situaciones de bloqueo societario Las autorizaciones de pago en la Ley 16/2009 de servicios de pago El monitor Europeo: Herramienta para reclamar impagos dentro de la Unión Europea BREVES IVA: Entrada en vigor de nuevos tipos impositivos Canon Digital Nueva Ley de Sociedades de Capital La Reforma Laboral Reforma de la Ley de lucha contra la morosidad comercial. Principales novedades Newsletter - Julio 2010

2 SITUACIONES DE BLOQUEO SOCIETARIO Javier Corrales Entre los pactos privados extraestatutarios que pueden suscribir accionistas o partícipes de una sociedad, uno de los más complejos y que encierra numerosas dificultades es el pacto de bloqueo. Sin embargo, a pesar de su dificultad y que, en ocasiones, pueda resultar incómodo tratar abiertamente la posibilidad de que puedan producirse desavenencias entre los socios, lo cierto es que desde un punto de vista jurídico lo más conveniente es afrontar esa posibilidad y tratar de prevenir que ocurra o, en su caso, preveer mecanismos para su solución. Dicho esto, cabe mencionar que el caso típico de bloqueo societario es el que se produce cuando en una sociedad existen dos socios o grupos de socios que ostentan un porcentaje de capital social similar por lo que se necesitan mutuamente para tomar ciertas decisiones. En caso de enfrentamiento o de existir objetivos diferentes entre los dos grupos se puede llegar fácilmente a una situación paralizante de la sociedad. Este estancamiento puede producirse tanto en el seno del Consejo de Administración, como en la Junta de socios o bien en ambos órganos, dependiendo de si existe la posibilidad de bloquear decisiones en uno solo de estos órganos o en los dos. Dicho lo anterior, cabe aclarar que cuando hablamos de una situación de bloqueo no nos referimos al supuesto en que surge una discrepancia en un tema puntual y concreto entre los socios, por más importancia que un determinado asunto pueda tener para la vida de la sociedad, sino a la imposibilidad permanente de tomar decisiones. Es decir, una oposición frontal entre los socios o grupos de socios, cuyos objetivos explícitos o implícitos son antagónicos, y todo ello con independencia del interés objetivo que estas decisiones puedan tener para la sociedad de la que forman parte. En tal situación, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (así como en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de Septiembre de 2010, derogando las normas anteriormente referidas), si el bloqueo en la toma de decisiones provoca una paralización de los órganos sociales deberá procederse a disolver y liquidar la sociedad. Es claro, que ello causaría un perjuicio económico a los socios, ya que el valor unitario de cada uno de los activos de su patrimonio será, por norma general, inferior al de una empresa en funcionamiento capaz de generar beneficios. Superar este bloqueo es un atarea compleja. Incluso en determinados casos, la dificultad se convierte en insuperable a nivel societario y debe acudirse a los Tribunales. Existe una tendencia creciente que invita a intentar regular mediante acuerdos privados extraestatutarios la posible situación de bloqueo que pudiera presentarse en una sociedad determinada, estableciéndose diversos mecanismos que se ponen en marcha cuando aparece esta situación de bloqueo y muchos de ellos conducen a los socios a forzar la venta de sus paquetes accionariales, estableciendo sistemas para la fijación de su precio. 2

3 SITUACIONES DE BLOQUEO SOCIETARIO Así, una vez que se ha producido la situación de bloqueo y cuando no hay posibilidad de salir de la misma, existen diversos mecanismos para intentar minimizar los efectos perjudiciales de dicha situación. Entre ellos cabe destacar: (I) la venta de la compañía. En este supuesto es recomendable prever un procedimiento justo y un precio adecuado. Si existiese algún socio titular de un derecho de arrastre ("drag along") podría aprovecharlo para dirigir el proceso de venta, escogiendo incluso al comprador; IVA: Entrada en vigor de nuevos tipos impositivos Desde el 1 de julio de 2010 son de aplicación los nuevos tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido. IVA general: pasa de 16% a 18%. IVA reducido: pasa del 7% a 8%. IVA superreducido: no sufre modificación, por tanto sigue en el 4%. (II) venta únicamente de uno o varios socios a un tercero; (III) otorgamiento de opciones de compra o de venta a favor de uno o varios socios. Con esto lo que se pretende es que uno o varios socios adquieran la participación del resto para asegurar la continuidad de la empresa; (IV) liquidación pactada. Aunque la liquidación no debería de ser la opción preferida por los socios, lo cierto es que pactar de antemano el reparto y la valoración de los activos minimiza en cierta medida el impacto de esta operación. (V) otros sistemas utilizados en derecho anglosajón pero que rara vez se utilizan en España, como por ejemplo, la Ruleta Rusa (Russian Roulette), en virtud de la cual una de las partes requiere a la otra para que le compre la participación de aquélla en la compañía a un precio determinado o, alternativamente, le venda su participación por ese mismo precio, y la Opción Mexicana (Mexican o Texas Shoot-out), por la cual, si las dos partes están interesadas en adquirir la participación de la otra, entonces realizan una oferta en sobre cerrado y la que esté dispuesta a pagar un precio por acción o participación social más elevado es la que gana la subasta. Consideramos, asimismo, que plasmar en un contrato la regulación de un estado de bloqueo y los diferentes mecanismos de salida, puede provocar un beneficioso efecto disuasorio sobre las socios que los motive a alcanzar acuerdos entre ellos para evitar, por ejemplo, la venta o liquidación de la compañía, sin perjuicio de que, llegado el caso, dicha regulación pueda servir como de hoja de ruta para salir de la situación de bloqueo. Newsletter - Julio

4 LAS AUTORIZACIONES DE PAGO EN LA LEY 16/2009 DE SERVICIOS DE PAGO Javier Porto El pasado 4 de diciembre de 2009 entró en vigor la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago. Esta ley transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva 2007/64/CE), con el objetivo principal de garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea se efectúen con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos internos nacionales de los Estados miembros. Entre otras novedades introducidas por esta normativa, la más significativa en relación con el tráfico mercantil y el desarrollo de actividades comerciales sería la referente a los pagos mediante adeudos domiciliados (también llamados domiciliaciones bancarias o recibos domiciliados ), y en particular a las autorizaciones de pago relativas a los mismos y a los plazos para solicitar su devolución. Como es conocido, este modo de pago permite que el emisor de un recibo (beneficiario) lo cobre, de forma directa, en una cuenta bancaria que el cliente le ha facilitado con anterioridad. Ciertamente, se trata de un mecanismo muy cómodo para la realización de pagos periódicos, motivo por el que se ha convertido en el sistema de pago bancario más utilizado en nuestro país, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Pues bien, con la regulación anterior, se entendía que el cliente aceptaba tácitamente el pago del recibo cargado en su cuenta bancaria si lo recibía y no lo devolvía. A tal efecto, la normativa establecía un plazo de entre 9 y 30 días para devolver recibos por un importe inferior a euros. Canon Digital Un informe de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone en entredicho la legalidad del canon digital aplicado en España, ya que considera que se impone indiscriminadamente a todos los equipos y materiales de reproducción, y no únicamente a los que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas. Con motivo de la consulta realizada por la Audiencia Provincial de Barcelona, respecto a si el sistema de gravamen español es conforme a lo establecido en la normativa europea, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisa que, para ajustarse a la normativa comunitaria, este tipo de gravamen sólo debe aplicarse a los equipos y materiales de reproducción digital que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas y, en ningún caso, puede cobrarse indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada. Aunque el informe emitido no es de carácter vinculante, el sector confía en que dicho dictamen suponga el inicio de un cambio en la aplicación del discutido canon. 4

5 LAS AUTORIZACIONES DE PAGO EN LA LEY 16/2009 DE SERVICIOS DE PAGO Sin embargo, con la nueva regulación ya no cabe esa aceptación tácita, sino que es obligatorio que el cliente dé al emisor su autorización expresa de que acepta el pago del recibo domiciliado en su cuenta, ya sea en un momento anterior o posterior a la realización del pago. Además, el consentimiento del cliente contenido en esa autorización expresa puede ser revocado por éste en cualquier momento. Conviene tener presente que en caso de no contarse con dicho consentimiento, se considerará la operación como no autorizada, y ello implicará que el cliente dispondrá de un plazo de 13 meses desde la fecha del abono o adeudo para poder solicitar a su entidad bancaria la devolución del recibo. Cuando se trate de operaciones autorizadas, el cliente también puede solicitar la devolución de recibos por discrepancia en el importe del mismo dentro del plazo de 8 semanas desde la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta, disponiendo en tal caso la entidad de 10 días para proceder a la restitución total del importe abonado o justificar su denegación, indicando en este último caso los procedimientos de reclamación judiciales y extrajudiciales a disposición del usuario. Sin embargo, la ley condiciona el reconocimiento de este derecho a la devolución. Así, el cliente sólo tiene derecho a la devolución de los recibos autorizados si en su autorización no se especificaba el importe exacto de la operación de pago y el importe del recibo abonado supera el que podía esperar razonablemente, teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones de su contrato con la entidad de pago y las circunstancias pertinentes del caso concreto. No obstante, la ley es bastante flexible en este aspecto, permitiendo que el cliente y la entidad bancaria pacten que no se requieran tales condiciones para proceder a la devolución del pago, siguiendo con el mismo régimen que anteriormente. Adicionalmente, la ley también permite que el cliente y su entidad bancaria acuerden que no procederá la devolución si se ha informado al primero de los detalles de la operación de pago con, al menos, cuatro semanas de antelación. Newsletter - Julio

6 EL MONITOR EUROPEO: HERRAMIENTA PARA RECLAMAR IMPAGOS DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA Daniel Solsona A la hora de contratar con empresas extranjeras son naturales las reticencias previas: Qué pasa si no me paga? Deberé irme a litigar a su país?. Echando mano del argot deportivo podríamos decir que a nadie le gusta jugar fuera de casa y menos aún cuando el árbitro puede jugar un papel tan relevante. Un buen contrato puede prevenir muchos de los problemas (especialmente en un contexto internacional). No obstante, una vez se produce el impago no es momento de lamentarse, sino de buscar en el cajón de las soluciones prácticas. Una de ellas puede ser el proceso monitorio europeo, regulado en el Reglamento Comunitario 1896/2006, que está en vigor desde el 31 de diciembre de No es nuevo, pero no todo el mundo lo conoce. El monitorio europeo sirve para reclamar deudas comerciales (sin límite de cantidad) a empresas o personas físicas domiciliadas en otros estados de la UE mediante un proceso estandarizado, ágil y de bajo coste. Ello lo hace especialmente recomendable cuando debamos reclamar deudas en Estados UE con altos costes legales (como por ejemplo el Reino Unido o Alemania), o aquellos en los que sus sistemas jurídicos nos inspiren menos confianza. El proceso es similar al del monitorio judicial español. Básicamente consiste en los siguientes pasos: 1- Solicitud de requerimiento monitorio.- El acreedor presenta la solicitud de requerimiento monitorio europeo mediante los formularios estandarizados en los Anexos del Reglamento. Dicha solicitud se presenta ante el organismo competente de su Estado (denominado Estado de Origen ). En el caso de España, por ejemplo, como regla general son competentes los Juzgados de 1ª Instancia correspondientes al domicilio de acreedor. Tanto la solicitud como los documentos que se acompañan a esta (facturas, albaranes, s, etc.) deben ir traducidos o redactados en una de las lenguas que el destinatario entienda, o bien en la lengua oficial del lugar en el que deba efectuarse la notificación. Nueva Ley de Sociedades de Capital El día 3 de Julio de 2010 se publicó en el BOE el RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y que como su nombre bien indica refunde, en un único texto, las normas legales sobre las sociedades de capital. El referido Real Decreto legislativo entrará en vigor el próximo 1 de Septiembre de 2010, quedando derogadas -en dicha fecha- la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la sección 4ª del título I del libro II del código de Comercio relativa a la sociedad en comandita por acciones, y el título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a sociedades cotizadas. 6

7 EL MONITOR EUROPEO: HERRAMIENTA PARA RECLAMAR IMPAGOS DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA 2- Examen de la petición.- Dicho tribunal de Origen verifica que la reclamación cumple con los requisitos previstos en el Reglamento. En caso contrario, el acreedor puede rectificar, completar o modificar su petición (se trata, por tanto, de un proceso flexible). 3- Requerimiento al deudor.- Según lo solicite el acreedor, la notificación del requerimiento monitorio puede realizarse de diversas maneras, siempre de conformidad con la normativa comunitaria y la regulación específica de cada Estado miembro: a- De forma directa por el propio tribunal del Estado de Origen, según el caso, mediante carta certificada con acuse de recibo, acudiendo a medios consulares o diplomáticos o por medio de agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado de la UE en el que debe practicarse el requerimiento, siempre de acuerdo con la legislación interna de cada país. En territorio español, por ejemplo, nuestro ordenamiento entiende como válida la notificación de un requerimiento monitorio de otro Estados UE efectuada mediante correo certificado con acuse de recibo. b- De forma indirecta, remitiendo el requerimiento a los tribunales competentes correspondientes al domicilio del deudor, quienes se encargan de llevar a cabo la notificación con arreglo a su legislación interna. 4- Respuesta del deudor.- Una vez practicada la notificación del requerimiento al deudor, este dispone de 30 días para oponerse o allanarse al requerimiento (y su silencio se equipara a la aceptación de la deuda). Si el deudor se opone, procedimiento continúa por los cauces de un procedimiento ordinario. No obstante, el acreedor puede especificar en su solicitud inicial que si el deudor se opone el proceso finalice (para no incurrir en más gastos). 5- Ejecución del título ejecutivo.- Si el deudor requerido no se opone en dicho plazo, el tribunal competente del Estado de origen declara ejecutivo el requerimiento, de manera que ya puede ejecutarse judicialmente, igual que si se tratara de una sentencia. La Reforma Laboral El pasado 17 de Junio de 2010 se publicó en el BOE el RD Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. No obstante la referida publicación, dicha norma va a tramitarse como Proyecto de Ley ante el Parlamento, lo que dará ocasión a posibles enmiendas que pueden conllevar la posterior modificación del texto. En cuanto a las principales novedades cabe destacar en primer lugar, que se generaliza el uso del denominado contrato de fomento del empleo, incluyéndose en el ámbito de aplicación de este tipo de contratos a las personas entre 31 y 44 años a quienes se les haya despedido en los dos años anteriores a la reforma, así como a aquellos a quienes se les convierta un contrato de duración o temporal en indefinido antes de fin de año o de final de año 2011, dependiendo si los contratos originales se celebraron antes o después del 18 de junio de 2010 respectivamente. En segundo lugar se intenta concretar en esta reforma las causas objetivas que dan lugar a un despido objetivo con indemnización de 20 días por año trabajado. En tercer lugar, se ha acordado que el Fondo de Garantía Salarial asuma parte de las indemnizaciones por despido. A partir de la entrada en vigor una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será abonada directamente por el FOGASA en una cantidad equivalente a ocho días de salario por año trabajado, si bien esta medida únicamente será aplicable a aquellos contratos indefinidos que se hayan celebrado con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral. Asimismo, el referido texto trata cuestiones como la futura creación de un fondo de capitalización (modelo austríaco), la flexibilidad interna, bonificaciones, contratos formativos, intermediación laboral e igualdad. 7

8 EL MONITOR EUROPEO: HERRAMIENTA PARA RECLAMAR IMPAGOS DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA En todo momento será crucial dominar la normativa internacional aplicable en cada caso, especialmente en cuanto a competencia judicial internacional (Reglamento 44/2001) o la notificación de documentos (Reglamento 1393/2007 y regulación específica de cada Estado de la UE). Todo ello hace del monitorio europeo una herramienta más a tener en cuenta a la hora de reclamar impagos comerciales de forma ágil y económica en otros Estados de la UE. Reforma de la Ley de lucha contra la morosidad comercial. Principales novedades El pasado 7 de julio entró en vigor la Ley 15/2010, por la que se modifica la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Los cambios son diversos. Es de destacar la reducción de los plazos máximos de pago, que no podrán ser ampliados por acuerdo entre las partes: como regla general, el plazo máximo de pago pasa a ser de 60 días desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, y de 30 días en el caso de productos de alimentación frescos y perecederos. Dichos cambios afectan a los contratos que se celebren a partir del 7 de julio de 2010, y se prevé y determina la reducción progresiva de los plazos de pago de los contratos existentes antes de la entrada en vigor de la reforma. También se prevén diversas medidas relativas al pago y financiación de los contratos con las entidades públicas. Av. Diagonal, 453 bis, 4ª PL Barcelona Tel.: Fax: C./ Buenos Aires, 62-64, 4ª pl Barcelona Tel.: Fax: Aviso legal: El contenido de la presente Newsletter tiene como finalidad ofrecer una visión general de aspectos que consideramos de interés para la actividad de nuestros clientes, siendo su objetivo actuar como una simple guía. La información facilitada no debe aplicarse a situaciones concretas, interpretarse como recomendación de ningún tipo, ni sustituir en ningún caso el asesoramiento prestado por profesionales. En dicho sentido, Marco Legal, Abogados & Economistas no se responsabiliza del uso que de la presente Newsletter y/o de sus contenidos realice el lector, así como tampoco de posibles errores u omisiones en la misma. De recibir la presente Newsletter por correo electrónico, y no desear, en lo sucesivo, su envío, puede indicárnoslo mediante mensaje a la dirección Su petición será atendida de inmediato. Marco Legal, Abogados & Economistas, S.A.P. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, incluso con mención de la fuente. 8

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