Debate sobre. las profesiones jurídicas altamente reguladas en España

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1 Debate sobre las profesiones jurídicas altamente reguladas en España Madrid, Diciembre 2012

2 Índice I Presentación 3 II Documento de trabajo. 6 III Debate.31 IV Anexos.41 2

3 I Presentación 3

4 Presentación Con motivo de XX aniversario del Tratado de Maastricht, la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid organizó tres foros de debate sobre temas de actualidad relacionados con el Mercado Único y que pudieran revestir un particular interés para España. Uno de los temas seleccionados fue el de las denominadas profesiones altamente reguladas. Desde el comienzo, el ámbito del foro se circunscribió a las profesiones jurídicas altamente reguladas y, muy pronto, se optó por referirse a ellas como profesiones singularmente reguladas. Participaron en el debate como expertos las siguientes personas: Luis Calvo Sánchez, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Burgos. Pilar Blanco-Morales Limones, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad de Extremadura. José Manuel Villar Uribarri, Abogado, Villar Arregui, Madrid. David Ordóñez Solís, Magistrado, Oviedo. José María Baño León, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad Complutense. Jesús López-Medel Bascones, Abogado del Estado, Madrid. Alfonso Rincón, Abogado, MLAB, Madrid. Luis Berenguer, expresidente de la CNC, Madrid. José María Alonso Puig, Abogado, Baker & McKenzie, Madrid. Juan Delgado Urdanibia, execonomista-jefe de la CNC, Director de R&P Economics, Madrid. Jesús Remón Peñalver, Abogado, Uría Menéndez, Madrid. Jesús Alfaro Águila-Real, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Autónoma, Madrid. Manuel Conthe, Of-Counsel, Bird & Bird, Madrid. Santiago Martínez Lage, Abogado, MLAB, Madrid, que actuó como coordinador. 4

5 Los intervinientes se reunieron los días 19 de octubre y 22 de noviembre en la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid Los debates se celebraron bajo la Chatham House Rule, de manera que puede reportarse todo lo que allí se dijo pero sin atribuirlo individualmente a ningún participante 1. El coordinador que preparó el documento de trabajo incluido en la parte II de este documento final- recibió el encargo de redactar un texto que recogiera las distintas opiniones expresadas en el curso de los debates. No se trataba de elaborar unas conclusiones que tampoco se perseguían, dada la naturaleza del foro- sino tan sólo de hacer un resumen de las distintas, y frecuentemente contrapuestas, posiciones manifestadas. Este resumen es el que figura en la parte III de este documento final. El coordinador invitó a todos los participantes que lo desearan a hacerle llegar un texto escrito plasmando y, eventualmente, ampliando sus intervenciones orales. Así lo hicieron tres de ellos. En la medida en que no ha sido posible recoger en la parte III la integridad de estos interesantes textos, el coordinador solicitó de sus autores autorización para publicarlos con su autoría. Estos textos figuran en la parte IV. Un participante comunicó que había publicado en su blog un texto en el que recogía y ampliaba su intervención en el debate, que puede consultarse en Madrid, diciembre de "When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed 5

6 II Documento de trabajo 6

7 DOCUMENTO DE TRABAJO PARA UN DEBATE SOBRE LAS PROFESIONES JURÍDICAS ALTAMENTE REGULADAS EN ESPAÑA Octubre de

8 Sumario 1 Introducción Las Actuaciones de la Unión Europea en relación con el fomento de la competencia en las profesiones liberales Actuaciones de la Comisión Europea Las disposiciones del Tratado y las actuaciones del Parlamento y del Consejo Las actuaciones de las Autoridades españolas en relación con las profesiones liberales Los requisitos para el acceso y el ejercicio de las profesiones altamente reguladas Notarios Selección mediante oposición Numerus clausus Incompatibilidades Responsabilidad disciplinaria Obligación de colegiación Limitación territorial Aranceles Restricciones en materia de publicidad Reparto de los documentos cuando el otorgante es una Administración pública (turno de documentos) Prohibición de tener más de un despacho Prohibición de que exista más de un despacho notarial en un mismo edificio o local Reglamentación por los colegios notariales de determinados aspectos de la actividad competitiva de los Notarios Registradores

9 4.2.1 Selección mediante oposición Numerus clausus Restricción de acceso por razón de la nacionalidad Incompatibilidades Responsabilidad disciplinaria Obligación de colegiación Limitación territorial y predeterminación del Registrador competente por la Ley Aranceles Reparto de usuarios en los Registros con dos o más Registradores Garantía del funcionamiento de los Registros no rentables Obligación de prestar fianza Restricciones sobre el lugar de establecimiento Procuradores de los Tribunales Necesidad de intervención de un profesional para ser representado ante los tribunales Reserva de actividad Incompatibilidades Aranceles Prueba de acceso Obligación de Colegiación Planteamiento del debate

10 1 Introducción El Consejo de la Unión Europea aprobó el 10 de julio de 2012 una Recomendación sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 de España, y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad de España para (DO C 219 de , p. 81) 2. Entre otros muchos temas, la Recomendación se refiere, en su expositivo 17, a la regulación de los servicios profesionales en estos términos: En España, los servicios profesionales siguen protegidos frente a la competencia. La reforma de los servicios profesionales podría aumentar el PIB potencial, dado que representan un importante insumo para otros sectores de la economía. Debe prestarse especial atención a la supresión de los obstáculos injustificados y desproporcionados para algunas profesiones altamente reguladas (por ejemplo, ingenieros, notarios, registradores de la propiedad y representantes legales). Por ello, entre las recomendaciones a España para el periodo , la Recomendación del Consejo incluye en el dispositivo 8: Tomar medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, incluidas las profesiones altamente reguladas Por su parte en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, las autoridades españolas solicitaron oficialmente en junio de 2012 ayuda financiera de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) en el contexto del proceso de restructuración del sector bancario español. La concesión de la ayuda se supedita al cumplimiento de determinadas condiciones previstas en el memorándum de entendimiento de 20 de julio de 2012 negociado entre el gobierno español y la Comisión Europea (Memorandum of Understanding on Financial-Sector Policy Conditionality o MOU, (disponible en la dirección de Internet spain-mou_en.pdf). Entre los compromisos que asume España en el MOU se incluye el de implementar las recomendaciones específicas aprobadas por el Consejo, entre las que se encuentra la adopción de medidas adicionales para la liberalización de los servicios profesionales (apartado 31 del MOU) a las que se ha hecho referencia. 2 Esta Recomendación se enmarca en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las actuaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de , p 1) y del Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de , p. 25). 10

11 El presente documento trata de sentar las bases para abrir un debate sobre el régimen de las profesiones altamente reguladas en España. En este documento se ha optado por abordar las que pueden denominarse profesiones jurídicas altamente reguladas, es decir, notarios, registradores de la propiedad y procuradores de los tribunales 3, porque plantean una problemática hasta cierto punto común, aunque sólo las dos primeras tienen en la legislación española la calificación de funcionario público. (La profesión de ingeniero, que presentaría problemas de índole distinta, podría tratarse en otra ocasión). Para ello se analizan las actuaciones llevadas a cabo por las Instituciones europeas (apartado 2) y por las Autoridades españolas (apartado 3) en relación con las profesiones liberales y, en particular, con las altamente reguladas. A continuación se enumeran los requisitos para el acceso y el ejercicio de estas profesiones que están vigentes en el ordenamiento español (apartado 4), y se concluye formulando las cuestiones en torno a las cuales podría girar un debate sobre esta materia (apartado 5). 2 Las Actuaciones de la Unión Europea en relación con el fomento de la competencia en las profesiones liberales La Unión Europea se ha ocupado de las profesiones liberales desde tres perspectivas distintas. Por un lado, la Comisión Europea ha actuado elaborando informes sobre la necesidad de fomentar la competencia en este ámbito, invitando a las autoridades nacionales a tomar medidas. Por otro lado, el Parlamento y el Consejo han aprobado Directivas que tienen por objeto facilitar la libre circulación de personas y de servicios en la Unión Europea y que, en consecuencia, afectan a las profesiones liberales. Y, finalmente, esta cuestión ha sido analizada también dentro del mecanismo de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros por las instituciones de la Unión Europea, como hemos señalado en la Introducción a este documento. 2.1 Actuaciones de la Comisión Europea En el año 2004 la Comisión Europea elaboró una comunicación denominada Informe sobre la competencia en el sector de las profesiones liberales (COM (2004)83 final 9 de febrero de 2004) 4. El informe se centró únicamente en las profesiones de abogado, notario, contable, arquitecto, ingeniero y farmacéutico. En el informe la Comisión analizó las restricciones que existían en los Estados miembros en la regulación de las referidas profesiones, valorando cuáles de ellas 3 Resulta obvio que lo que la Recomendación denomina representantes legales, traducción literal del inglés legal representatives no puede ser otra cosa que los procuradores de los tribunales, a los que otros documentos de la Comisión Europea como los documentos de trabajo de 30 de mayo de se refieren con la más sorprendente denominación de secretarios judiciales. 4 La Comisión había ya encargado la realización de un estudio sobre sobre el impacto económico de la regulación en el ámbito de las profesiones liberales en los diversos Estados miembros: Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different EU member States, Ian Paterson, Marcel Fink, Anthony Ogus, Instituto de estudios avanzados, Viena, enero de

12 podrían no tener justificación válida. Se centró en particular en cinco supuestas restricciones sobre la competencia: los precios fijos, los precios recomendados, la regulación de la publicidad, los requisitos de entrada y los derechos reservados, y las normas que rigen la estructura empresarial y las prácticas multidisciplinares. La Comisión invitó a los reguladores de los Estados miembros a revisar la normativa en vigor y considerar si las restricciones existentes perseguían objetivos de interés general legítimos, si eran necesarias para lograr dicho objetivo y si dichos objetivos no se podían alcanzar por medios menos restrictivos. Asimismo indicó que la aplicación administrativa de las normas de defensa de la competencia a las profesiones liberales debía incumbir principalmente a las autoridades nacionales de la competencia. La Comisión se comprometió a realizar un informe sobre los avances realizados en esta materia con posterioridad. En septiembre de 2005 la Comisión Europea publicó un informe de seguimiento (COM (2005)0405 final) y un documento de trabajo (COM(2005) 405 final) sobre la competencia en el sector de las profesiones liberales. La Comisión afirmó que en determinados casos podía ser necesaria una regulación muy específica de los servicios profesionales. A este respecto avanzó tres posibles justificaciones: (i) la existencia de asimetría de la información entre clientes y prestadores de servicios profesionales; (ii) la posibilidad de que la prestación de un servicio pueda tener un impacto negativo en terceros ajenos al comprador del servicio y (iii) el hecho de que ciertos servicios profesionales produzcan bienes públicos valiosos para la sociedad en general, como la buena administración de justicia. Estos elementos de interés general afectan, según la Comisión, de manera diferente a los distintos usuarios de los servicios. Así, mientras que los usuarios ocasionales como los clientes particulares podrían necesitar una protección específica, los principales usuarios (empresas y sector público) pueden no necesitar esa protección regulatoria. El informe indicaba que los intereses de estos grupos debían ser primordiales a la hora de revisar la regulación y normas existentes. En este informe de seguimiento insistió en que dado que la mayoría de restricciones en el ámbito de los servicios profesionales tenía su origen y efecto en un solo Estado miembro, la aplicación de la normativa de competencia correspondía a las autoridades nacionales. La Comisión consideró que incumbía a las autoridades reguladoras nacionales y a los organismos profesionales realizar el cambio e invitó a los Estados miembros a abordar el problema de la modernización de las normas que afectan a las profesiones liberales. Aparte de alguna decisión centrada en conductas específicas, como la relativa a los honorarios de los arquitectos belgas (Decisión de 24 de junio de 2004 en el asunto COMP/38.549), en el ámbito de los servicios profesionales la Comisión no parece que haya desarrollado otra actividad de relevancia en la aplicación de las vigentes normas de defensa de la competencia. Recientemente el Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se ha referido a la aplicación de la normativa de competencia a las profesiones liberales (Discurso en el Congreso del Centro Internacional para el Derecho Registral, CINDER, 17 de septiembre de 2012). El Comisario Almunia manifestó que existen aún lagunas en el mercado interior y en 12

13 las condiciones de competencia en relación con las profesiones liberales más importantes. En este sentido indicó que las normas profesionales pueden ser útiles de cara a la protección de los intereses de los consumidores, así como a la salvaguardia de la integridad e independencia de una profesión. Sin embargo, la regulación y las normas profesionales pueden generar problemas de competencia cuando no son proporcionadas o se usan para limitar el acceso a una profesión o restringir la libertad de los profesionales. Afirmó en este sentido que las restricciones más importantes a la competencia en el ámbito de las profesiones liberales eran la existencia de precios fijos o recomendados, reglamentaciones sobre publicidad, requisitos de entrada y reserva de actividades. 2.2 Las disposiciones del Tratado y las actuaciones del Parlamento y del Consejo En paralelo resulta preciso mencionar las medidas legislativas más recientes de la Unión Europea destinadas a suprimir obstáculos a la libre circulación de trabajadores y de servicios entre los Estados miembros. Por un lado la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios) trata de suprimir las barreras que impiden a los prestadores de servicios extender sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales 5. A pesar de lo que da a entender su nombre, la Directiva regula tanto aspectos de la libertad de establecimiento (Capítulo III) como de la libre prestación de servicios (Capítulo IV). Por ello se centra en los obstáculos que provienen de los requisitos exigidos para el acceso o ejercicio de las actividades de servicios que se encuentran abiertas en cierta medida a la competencia. Por otro lado, la Directiva 2005/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales tiene por objeto facilitar que las personas que han adquirido una cualificación profesional en un Estado miembro puedan acceder a la misma profesión y ejercerla en otro Estado miembro con los mismos derechos que los nacionales. En la actualidad se está discutiendo una propuesta de reforma de la Directiva 2005/36 formulada por la Comisión destinada la modernización de sus disposiciones actuales. Entre otros objetivos la Comisión persigue con la propuesta reducir la complejidad de los procedimientos de reconocimiento a través de una tarjeta profesional europea que permitiría aprovechar mejor las ventajas de la Directiva. Ambas normas tienen un amplio ámbito de aplicación. La Directiva de Servicios se aplica a servicios destinados a las empresas, como los servicios de asesoramiento sobre gestión, servicios de certificación y de ensayo, de mantenimiento de oficinas, servicios de publicidad o relacionados con la contratación de personal o 5 El germen de esta Directiva se encuentra en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Una estrategia para el mercado interior de servicios, Bruselas, (COM(2000) 888 final) y en el posterior Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Estado del mercado interior de servicios (Informe presentado en el marco de la primera fase de la estrategia para el mercado interior de servicios), Bruselas, (COM(2002) 441 final). 13

14 los servicios de agentes comerciales. El concepto de servicio incluye también los servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, los servicios relacionados con los inmuebles, como las agencias inmobiliarias, o con la construcción, incluidos los servicios de arquitectos, la distribución, la organización de ferias o el alquiler de vehículos y las agencias de viajes. Los servicios destinados a los consumidores quedan también incluidos, como los relacionados con el turismo, incluidos los guías turísticos, los servicios recreativos, los centros deportivos y los parques de atracciones, y, en la medida en que no estén excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, los servicios a domicilio, como la ayuda a las personas de edad (considerando 33). Por su parte la Directiva 2005/36 se aplica, con carácter general, a las actividades profesionales cuyo ejercicio esté subordinado de manera directa o indirecta a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales (art. 3.1.a)), lo que incluye las profesiones liberales. La Directiva se refiere en particular a los títulos de formación de médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, farmacéutico y arquitecto. Sin embargo, la Directiva de Servicios excluye de su ámbito de aplicación determinadas actividades. De acuerdo con su artículo 2.2, no se dirige a la liberalización de servicios de interés económico general, a los servicios financieros, a los servicios y redes de comunicaciones, a los servicios en el ámbito del transporte, a los servicios de las empresas de trabajo temporal, a los servicios sanitarios, a los servicios audiovisuales, a las actividades de juego por dinero, a las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública de conformidad con el artículo 45 del Tratado (nuevo 51 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE), a los servicios sociales, a los servicios de seguridad privados o a los servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados mediante un acto oficial de la Administración 6. (Artículo 2.2.l)). Asimismo la Directiva 2005/36 indica que no prejuzga la aplicación del artículo 39 [nuevo 45], apartado 4 [excepción relativa a los empleos en la Administración pública], ni del artículo 45 del Tratado [nuevo 51, relativo a la excepción de las actividades relacionadas con el ejercicio del poder público] relativos en particular a los notarios (considerando 41). En la reforma que se ha planteado sobre la Directiva 2005/36 la Comisión Europea ha considerado que los notarios debían ser incluidos en su ámbito de aplicación. Por ello, en la propuesta de modificación de la Directiva, introdujo diversas disposiciones referidas específicamente a los notarios. Sin embargo, el último texto del que se dispone sobre la tramitación legislativa, el Proyecto de Informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva (julio de 2012), excluye de la propuesta legislativa las menciones a los notarios con el argumento de que [d]ada la escasa movilidad y el carácter de la profesión de notario en términos de libertad de establecimiento, así como su función de garante de la fe 6 También se excluyen en el apartado i) del mismo artículo 2.2 las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública de conformidad con el artículo 45 [hoy 51] del Tratado, exclusión que parece innecesaria por superflua. Por otra parte, en el capítulo IV (libre circulación de servicios), se excluyen expresamente los actos para los que se exija por ley la intervención de un notario (artículo )). 14

15 pública en la mayor parte de los Estados miembros, no parece necesario introducir disposiciones específicas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por su parte, pronunció siete sentencias los días 24 de mayo y 1 de diciembre de 2011, en sendos procedimientos por incumplimiento, sensiblemente iguales, instados por la Comisión contra otros tantos Estados miembros, según las cuales, las actividades notariales, tal como se encuentran definidas por los ordenamientos jurídicos belga, francés, luxemburgués, austriaco, alemán, griego y holandés, no están relacionadas con el ejercicio del poder público en el sentido del artículo 45 (actual 51) del Tratado. Sin embargo, en dichas sentencias el Tribunal de Justicia dejó igualmente sentado que la circunstancia de que las actividades notariales persigan fines de interés general como garantizar la legalidad y la seguridad jurídica de los actos celebrados entre particulares constituye una razón imperiosa de carácter general que sirve de justificación a posibles restricciones de los Estados miembros a la libertad de establecimiento derivadas de las particularidades que caracterizan la actividad notarial. Según el Tribunal estas restricciones estarían justificadas siempre que sean adecuadas para la consecución de los objetivos y necesarias para ello 7. (Vide, más adelante, apartado 5). Ante el mismo TJUE pende una cuestión prejudicial (asunto C-364/12), publicada en el DOUE el 6 de octubre pasado (DOUE C 303/30), planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona acerca de la compatibilidad con el Derecho comunitario de la vigente regulación del arancel de los procuradores de los tribunales. La cuestión prejudicial, que fue acordada por Auto de la Sección 15 de dicha Audiencia de 1 de marzo de 2012 interroga al Tribunal acerca de la compatibilidad de las normas que rigen la retribución de los procuradores con los artículos 101 y 56 del TFUE, así como con la Directiva de Servicios y con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 8. 3 Las actuaciones de las Autoridades españolas en relación con las profesiones liberales La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), al igual que el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), al que sustituyó, ha tratado la actividad de las profesiones liberales en numerosas ocasiones, tanto mediante la adopción de resoluciones relativas a prácticas concretas generalmente de los respectivos Colegios Profesionales- como a través de informes sobre el sector. Son abundantes las resoluciones en las que el TDC y la CNC han declarado que se han producido restricciones sobre la competencia en el ámbito de los servicios profesionales. 7 STJ de 24 de mayo de 2011, Comisión c. Francia, asunto C-50/08, apdo. 87. Véanse en el mismo sentido las Sentencias en los asuntos C-47/08, Comisión Europea v Bélgica; C-51/08, Comisión Europea v Luxemburgo; C-53/08, Comisión Europea v Austria; C-54/08, Comisión Europea v Alemania; C- 61/08, Comisión Europea v Grecia; y C- 157/09, Comisión Europea v Holanda. 8 Según información recibida en el momento de redactar este Documento final, las partes en el procedimiento que originó esta cuestión prejudicial habrían alcanzado un acuerdo transaccional cuya consecuencia sería la terminación del procedimiento principal y la retirada, por innecesaria, de la cuestión pendiente ante el TJUE. 15

16 El segundo tipo de actuaciones del TDC y de la CNC, destinadas a la promoción de la competencia, se han centrado en analizar las restricciones a la competencia que podrían tener su origen en la regulación de los colegios profesionales. En el año 1992 se publicó el Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones. Propuesta para adecuar la normativa sobre las profesiones colegiadas al régimen de libre competencia vigente en España. Dicho informe propugnaba la reforma de la Ley sobre Colegios Profesionales de 1974 (LCP) con objeto de que las profesiones pudieran ejercerse en libre competencia. Así, proponía restringir la actividad de los colegios profesionales a las cuestiones ligadas con el ejercicio de la actividad de los colegiados, excluyendo aquellos aspectos que tuvieran relación con el aprovechamiento de beneficios de carácter económico que no redundaban en la mejora del servicio a los ciudadanos. La Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, que modificó la LCP, recogió algunas de esas recomendaciones. Posteriormente se aprobaron diversas normas con objeto de liberalizar los servicios o, en general, de incrementar la competencia, como el Real Decreto Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia. Esta norma, además de rebajar los costes arancelarios de los Notarios y Registradores de la Propiedad en los préstamos con garantía hipotecaria y en la compraventa de viviendas y los costes de inscripción de las sociedades en los Registros Mercantiles, estableció la sujeción de la actividad de los Colegios de Notarios, Corredores de Comercio y Registradores de la Propiedad y Mercantiles a las normas de competencia, estableciendo una nueva redacción de la DA 2ª de la LCP: Los Estatutos, generales o particulares, los reglamentos de régimen interior y demás normas de los Colegios de Notarios, Corredores de Comercio y Registradores de la Propiedad y Mercantiles se adaptarán a lo establecido en la presente Ley, en cuanto no se oponga a las peculiaridades exigidas por la función pública que ejerzan sus miembros. En todo caso, les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 2.1 y 2.4 de la presente Ley.. Por otro lado, el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios facilitó la actividad de los miembros de los colegios en territorios distintos de aquellos en los que estaban colegiados (art. 39). Esta medida también afectó a la actividad notarial y registral. El Real Decreto-Ley 6/2000 permite a los notarios realizar descuentos del arancel en un 10% y acordar libremente con las partes la cantidad a pagar por los instrumentos de cuantía en lo que exceda de ,04 euros (art. 35). Esta norma viene precedida del proceso de integración en un solo cuerpo de notarios y corredores de comercio colegiados a partir de 1 de octubre de 2000 en virtud de la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley 55/1999, de 20 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyo objeto era el incremento de la libre competencia. Con ello los notarios, a la hora de realizar actuaciones antes reservadas por la legislación a los corredores de comercio (intervención de pólizas), podrían también aplicar a sus aranceles los descuentos que estimasen pertinentes a los que ya estaban autorizados los 16

17 corredores en virtud del artículo 2.3 del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia. En el año 2003 se publica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, que sustituye al Real Decreto 1162/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto. El artículo 2 del RD 1373/2003 establece la posibilidad de que los derechos de arancel puedan ser objeto de un incremento o una disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su representado para la determinación de los honorarios correspondientes a su actuación profesional. Más recientemente, en el año 2008 la CNC publicó el Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales. La CNC afirmó en el Informe que se habían detectado restricciones de la competencia en el acceso a la profesión, basadas fundamentalmente en la exigencia de una titulación o de colegiación obligatoria. Según la CNC esto generaba reservas de actividad que sólo pueden estar justificadas por motivos de interés general, debiendo acreditarse la necesidad y proporcionalidad de la regulación. Asimismo la CNC afirmó que existían problemas de competencia en el ejercicio de los servicios profesionales producidos por el poder de autorregulación de los colegios profesionales. El Informe recomendaba aprovechar la necesidad de trasposición de la Directiva de Servicios para realizar una amplia reforma de los servicios profesionales que rompiera con la unión automática entre profesión y título y entre profesión titulada y colegio profesional. La reforma que proponía el Informe implicaba limitar la actividad de los colegios profesionales a la ordenación de la profesión con el único objetivo de asegurar la calidad de los servicios prestados por los profesionales y ayudar a mantener ciertas conductas favorables a los clientes. Asimismo abogaba por la supresión de la posibilidad que tenían los colegios profesionales de adoptar determinadas medidas como establecer baremos de honorarios o introducir restricciones a la publicidad. En 2009 la CNC publicó un informe que versa específicamente sobre la actividad de los procuradores de los tribunales, Informe sobre las restricciones a la competencia en la normativa reguladora de la actividad de los Procuradores de los Tribunales. Según las conclusiones del informe, existen diversas restricciones regulatorias que impiden que la actividad de la procura se desarrolle en libre competencia. El informe se refería fundamentalmente a la obligatoriedad y reserva de actividad para los procuradores, a la existencia de un sistema de aranceles que no permite la libre fijación de precios y a la compartimentación territorial del mercado. Por ello el Informe recomienda revisar y reducir en la medida de lo posible la obligatoriedad de representación procesal a través de profesional, así como suprimir la exclusividad general de los Procuradores en el ejercicio de la actividad de representación procesal y la incompatibilidad de la profesión de Procurador con las de Abogado, Graduado Social y Gestor Administrativo. Asimismo el informe propone la supresión del sistema de 17

18 aranceles o precios cuasi-fijos de los Procuradores y la prohibición de ejercicio en más de una demarcación territorial. En el ámbito legislativo, la liberalización de los servicios profesionales ha sido promovida mediante la transposición de la Directiva de Servicios a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas). La Ley establece como régimen general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio, admitiendo la imposición de restricciones a estas actividades con carácter excepcional. Del mismo modo que la Directiva de Servicios, la Ley excluye de su ámbito de aplicación un cierto número de servicios. El artículo 2.2.i) establece que quedan exceptuados del ámbito de aplicación de la Ley [l]as actividades que supongan el ejercicio de la autoridad pública, en particular las de los notarios, registradores de la propiedad y mercantiles.. De esta manera excluye expresamente de su ámbito de aplicación no solo a los notarios, como hace la Directiva, sino también a los registradores de la propiedad y mercantiles. Con la misma finalidad de transponer la Directiva de Servicios se ha aprobado la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, (Ley Ómnibus). Como indica su preámbulo, la Ley Ómnibus adapta la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley Paraguas. Además, con objeto de dinamizar en mayor medida el sector servicios y de alcanzar ganancias de competitividad, extiende los principios de buena regulación a sectores no afectados por la Directiva. Así, junto a disposiciones de carácter horizontal de reforma de legislación sobre procedimiento administrativo, consumidores y usuarios o servicios profesionales, se incluyen también disposiciones que afectan a servicios industriales y de la construcción, servicios energéticos, servicios de transporte y comunicaciones, y servicios medioambientales y de agricultura. La Ley Ómnibus modifica sensiblemente la Ley sobre Colegios Profesionales en puntos tales como el ejercicio profesional en exclusiva. Así, introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 2 que exige que los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones sólo puedan establecerse por ley. Asimismo también se establece reserva de ley para los casos en que se fije la colegiación obligatoria (nuevo art. 3.2 LCP). Se establece igualmente la libertad de ejercicio de la profesión en todo el territorio español, sin necesidad de comunicación o habilitación alguna por colegio distinto de aquél donde el profesional está colegiado (nuevo art. 3.3 LCP). También se establece una prohibición expresa a los colegios profesionales de establecer baremos orientativos o cualquier otra orientación sobre honorarios profesionales (nuevo art. 14 LCP). Igualmente se limita la exigencia de visado por parte de los colegios profesionales a los casos en los que así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto (nuevo art. 13 LCP). El Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, que establece en su Disposición Adicional Única que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no 18

19 podrá exceder de euros, al tiempo que también reduce la cuantía para el cálculo de los honorarios en los procedimientos de concurso de acreedores. Asimismo también se aprobó en ese mismo año el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que en su Disposición Adicional Octava introduce una rebaja arancelaria general del 5 % para los documentos de cuantía de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles (el contenido de esta rebaja fue posteriormente aclarado por el Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre). En abril de 2012 la CNC publicó el Informe sobre los Colegios Profesionales tras la Transposición de la Directiva de Servicios. En su Informe la CNC constata que la transposición en España de la Directiva de Servicios (2006/123) ha tenido un importante alcance. No obstante afirma que los colegios profesionales deben interiorizar las reformas, pues, según indica la CNC, muchas de sus normas internas de funcionamiento no son compatibles con la normativa de liberalización. En materia de aranceles, el Informe -que trata conjuntamente a los notarios, los registradores y los procuradores- comienza por reconocer que "excede de los objetivos de este informe valorar las razones concretas que pueden justificar la regulación específica de cada uno de estos colectivos" (párrafo 239). A continuación reconoce que en los casos de colectivos profesionales con numerus clausus y limitaciones geográficas, como los notarios y los registradores, no es razonable esperar que la liberalización de los aranceles intensificase la competencia, en contraste con lo que sería esperable en el caso de los procuradores (apartado 241). No obstante, el Informe afirma a continuación (apartado 243) que "las normativas reguladoras de los aranceles que existen en España (relativas a notarios, procuradores y registradores) no cuentan con la justificación y las salvaguardias exigidas por la Ley Paraguas". (Nótese que en el caso de los notarios y de los registradores, la prestación de sus servicios está expresamente excluida del ámbito de aplicación de esta ley, como ya señalamos). El Consejo de Ministros, en la reunión de 27 de abril de 2012 adoptó un acuerdo por el que se aprueba la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España, Dicho plan menciona la necesidad de liberalizar los servicios profesionales de modo general y sin hacer mención específica a las profesiones altamente reguladas (apartado. 81). Recientemente, el Gobierno ha manifestado que tiene previsto presentar próximamente un proyecto de Ley de Servicios profesionales. Así, el Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2012 analizó la Estrategia Española de Política Económica del Gobierno, en la que se recogen las principales reformas estructurales previstas para el próximo semestre, que supondrán la aprobación de más de cuarenta iniciativas con rango de Ley, entre las que se encuentra una Ley de Medidas en el ámbito del ejercicio profesional. 19

20 4 Los requisitos para el acceso y el ejercicio de las profesiones altamente reguladas A continuación se enumeran los requisitos más importantes para el acceso y el ejercicio actualmente vigentes en los distintos regímenes aplicables a las profesiones de notario, registrador y procurador. Es preciso señalar que, como consecuencia de los cambios introducidos por la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus, algunas restricciones para el acceso y ejercicio de la profesión de procurador han quedado tácita o explícitamente derogadas. Así sucede, por ejemplo, con determinadas limitaciones como las relativas al ejercicio de actividades multidisciplinares. La Ley Paraguas establece que sólo se podrá establecer por ley la obligación de los prestadores de servicios de ejercer una única actividad de forma exclusiva (art. 25). Asimismo la Ley Ómnibus ha introducido una modificación en la Ley sobre Colegios Profesionales (art. 5.2) por la que se establece que los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones, serán sólo los que se establezcan por ley. Esto supone la eliminación tácita de cualquier incompatibilidad con la actividad de procura que esté determinada por una norma inferior a la Ley, como las que establecía el Estatuto General de los Procuradores, que impedía ejercer al mismo tiempo la actividad de procurador y la de gestor administrativo o graduado social. Asimismo, la ley Ómnibus también ha supuesto la eliminación de las restricciones territoriales al ejercicio profesional que existían en el caso de los procuradores. Estas restricciones se basaban en la LCP, según la cual la colegiación sólo habilitaba para ejercer en el ámbito territorial correspondiente (antiguo artículo 3). Sin embargo, conforme a la nueva redacción dada al apartado 3 del artículo 3 de la LCP establecida por la Ley Ómnibus, cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. 4.1 Notarios Selección mediante oposición El artículo 12 de la Ley del Notariado y el artículo 5 del Reglamento establecen que el acceso a la profesión de Notario será por oposición. El desarrollo y temario de las oposiciones se regula en los artículos 10 y siguientes del Reglamento Notarial. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre reformó la Ley del Notariado (art. 10), a efectos de suprimir el requisito de la nacionalidad Numerus clausus El artículo 3 de la Ley del Notariado establece una limitación del número máximo de notarios que pueden ejercer la fe pública, al indicar que cada partido judicial constituye distrito de Notariado, dentro del cual se crearán tantas Notarías cuantas se estimen necesarias para el servicio público, para lo cual deberán tenerse en cuenta la población, la frecuencia y facilidad de las transacciones, las circunstancias de localidad y la decorosa subsistencia de los Notarios. El artículo 20

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