CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRANSITO PUENTE BRASERO LUIS ENRIQUE JAYA QUIMBIAMBA SILVIA CATALINA TRANSITO

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRANSITO JUICIO PENAL N : RESOLUCIÓN N : PROCESADO: PUENTE BRASERO LUIS ENRIQUE OFENDIDO: JAYA QUIMBIAMBA SILVIA CATALINA INFRACCIÓN: TRANSITO RECURSO: CASACION

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3 JUEZ PONENTE DOCTOR MERCK BENAVIDES BENALCÁZAR CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR.- SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO.- Quito, mayo 28 del2012. Las 11H20.- Proceso: No VISTOS: ANTECEDENTES: El procesado Luis Enrique Puente Brasero, interpone recurso de casación de la sentencia dictada el 29 de febrero de 2012, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que desecha el recurso de apelación interpuesto por el referido recurrente, y confirma la sentencia dictada por el señor Juez Segundo de Garantías Penales y de Tránsito del mismo Distrito, en la que condena a Luis Enrique Puente Brasero, por ser el autor del delito previsto y sancionado por el Art. 127 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, imponiéndole la pena de veinte y cuatro meses de prisión, suspensión por igual tiempo de la licencia de conducir, al pago de la multa de veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y el pago de costas, daños y perjuicios, por el valor de nueve mil seiscientos noventa y seis dólares. Una vez que se ha agotado el trámite previsto en los Arts. 352 en relación con el Art. 345 del Código de Procedimiento Penal, para resolver se considera: 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- El Consejo de la Judicatura de Transición posesionó a las Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero de El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 30 de enero de 2012, integró sus ocho Salas Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183. La Sala Especializada Penal Militar, Penal Policial y Tránsito tenemos competencia para conocer el presente proceso según los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el inciso tercero de la Disposición Transitoria Segunda del citado cuerpo legal. Por lo expuesto, avocamos conocimiento de la causa, por sorteo reali,zado el doctor Merck Benavides Benalcázar tiene el cargo de Juez Ponente según el artículo 141 del Código Orgánico de la Función Judicial; y las doctoras: María Rosa Merchán Larrea, y Lucy Blacio Pereira, Juezas Nacionales, conformando el Tr)bunal.- 2.-

4 VALIDEZ PROCESAL- Esta causa se ha tramitado conforme a las reglas de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y del Código de Procedimiento Penal, observándose las formalidades legales, sin omisión de solemnidad sustancial alguna que hubiere podido influir en su decisión final, por lo que esta Sala declara la validez del proceso. 3.- FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE.- El recurrente Luis Enrique Puente Brasero, en la audiencia oral pública y contradictoria llevada a efecto ante este Tribunal, al tenor de lo dispuesto en el artículo. 349 del Código de Procedimiento Penal, fundamenta su recurso en que el Tribunal Ad-quem que el recurso de casación presentado es por una falsa aplicación de la ley, de conformidad como lo prescribe el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, para ello me permito indicar a la honorable Sala donde está la falsa aplicación de la ley, y el porqué del recurso, el señor Luis Enrique Puente Brasero ingresa a prestar servicios desde el día 3 de enero del 2009, y más no como se indica dentro del proceso que es con fecha del 2008, donde se produce el accidente de tránsito, de ello si bien es cierto que el recurso de casación no se analiza prueba, queda claramente establecido con las pruebas presentadas del mismo, que mi defendido, los días que se produce el accidente de tránsito, jamás laboró en el vehículo que tuvo el accidente de tránsito, y por ello el abogado defensor en la instancia inferior, hizo relación sobre el particular; aclaro donde está el problema en sí, con fecha 26 de noviembre del 2008, la propietaria del vehículo, la señora Sandra Janeth Gualán Castro, presenta un escrito con fecha 26 de noviembre del 2008, solicitando al señor Agente Fiscal de que se proceda a realizar el reconocimiento técnico mecánico del vehículo que tuvo el accidente, el mismo día del accidente, dice que presentan un escrito que jamás el señor Luis Enrique Puente Brasero, fue contratado para prestar servicios profesionales al señor doctor Wilmer Cano Bustos, que es el defensor de la otra persona, y en la parte pertinente se dice que impugna el parte policial porque no se apega a la verdad de los hechos, toda vez que el día y hora en que se produjo el accidente yo me he dada a la fuga, ya que lo que sucedió a consecuencia del choque resulté herido y trasladado por personas caritativas hasta una casa de salud, este escrito es doloso, porque realmente Luis Enrique Puente Brasero no estaba manejando ningún vehículo, él lo único que fue es a la parroquia de Pichincha a realizar su

5 trabajo, ni siquiera le cancelaron los haberes durante 55 días laborados, aquí hubo violación a la ley, no solamente en los aspectos de cargo, sino en los de descargo en lo que respecta a la parte imputada, consecuentemente ni siquiera se ha pedido o dirigido un oficio a la Superintendencia de compañías para que certifique si verdaderamente se encontraba constituida la empresa Glovital, de la cual dice ser la gerente, el escrito es doloso, el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal, establece el derecho a no autoincriminarse, sin embargo lo hacen como que él fuera el causante del accidente, cual fue el objeto mismo del escrito referido, sacar el vehículo, el mismo día 26 de noviembre del 2008, presenta escrito la propietaria del vehículo, como que si mi defendido está aceptando un delito, y el mismo día se entrega el vehículo, con que agilidad se ha procedido, y en base a esto la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, ratifica la sentencia dictada por el señor Juez de primera instancia, mi defendido nunca se le dio el derecho a la defensa, el artículo 4 del Código Penal dice textualmente (lo lee), el señor en el momento que va a sacar una certificación en la ciudad de Otavalo, es detenido por la Policía, ahí recién se entera de que ha estado involucrado en un juicio de tránsito, ustedes revisarán lo que he manifestado, no estoy recayendo dentro del principio de buena fe y lealtad procesal, ni tampoco puede ser una coartada, de ninguna manera, lo que pido es que no se le envíe a la cárcel a una persona que nunca tuvo que ver nada en este accidente de tránsito, he venido con esa convicción de que realmente brille la verdad, mi defendido no tuvo una defensa verdadera, el abogado que le patrocinaba no hizo nada para defenderle, se le ha proveído de un defensor público, quien no ha hecho nada para defenderle, mi defendido nunca estuvo trabajando bajo dependencia de la señora, en la fecha que se señala, la oficina posteriormente desaparece, que importante hubiera sido si estaba legal o no la compañía Glovital, y por seo hemos llegado hasta este alto Tribunal, para que se vea lo que ha indicado, mi defendido esos días 22, 23 y 24 de noviembre, se encontraba en el cantón Tabacundo, y consta del proceso una cantidad de firmas, quienes aseveran que es una persona honorable, se debería haber hecho una investigación profunda de los hechos, lo cual no ha ocurrido, pero solicito al honorable Tribunal, se dicte un fallo de inocencia de mi defendido, porque nada tiene que ver en este accidente INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- La abogada Gabriela Valdivieso

6 Ortega, en representación y como delegada del señor Fiscal General del Estado, en contestación a la fundamentación hecha por el recurrente Luis Enrique Puente Brasero, manifiesta: que el recurso de casación interpuesto por el recurrente Luis Enrique Puente Brasero, en el cual se lo declara como autor del delito tipificado en el artículo 127 de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, al respecto señalo que conforme al artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, en casación no cabe nuevamente la valoración de la prueba, en el presente caso, el acusado ha ejercido el derecho al doble conforme, existiendo dos sentencias que declaran su culpabilidad, me permito señalar que en la sentencia, a partir del considerando 4, se describen claramente las pruebas que demuestran tanto la materialidad de la infracción, como la responsabilidad del acusado, específicamente sobre todo en cuanto a la responsabilidad del acusado, solicito se tome en cuenta el considerando 7 de la sentencia dictada por la Sala de la Corte Provincial, en la cual se establece que aquella tiene la firme convicción de que es él quien estaba conduciendo el vehículo, de igual modo los informes periciales, en los cuales se establece claramente que el conductor del vehículo 1, es quien atentó en contra de la configuración vial, y se impactó en contra del móvil 2, la sentencia se encuentra debidamente motivada, conforme se encuentra establecido en el literal L numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, se establece en la parte resolutiva en la que expresan los fundamentos de hecho y de derecho, en los cuales se basa la Sala para imponerle la pena, inclusive se le aplican atenuantes, disminuyéndole la pena que se encuentra establecida de 3 años de prisión, a 2 años, de igual modo se le suspende la licencia de conducir, se le condena al pago de daños y perjuicios, y se confirma en todas sus partes la sentencia subida en grado, conforme lo expuesto, la Fiscalía solicita que se declare improcedente el recurso interpuesto.- 4. VALORACIÓN JURÍDICA Y MOTIVACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.- En la casación penal hay que tener en cuenta que lo que procede es el examen de la sentencia recurrida, para determinar posibles violaciones en ella a la ley, ya por haberse contravenido expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de la misma; ya, en fin, por haberla interpretado erróneamente, como dispone el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal. El Recurso de Casación es especial y extraordinario, el mismo que tiene como objeto de

7 estudio la sentencia, sin relación con la prueba actuada, impidiendo una nueva apreciación de las pruebas que han sido consideradas por el juzgador en la sentencia, sin que tampoco pueda realizarse un nuevo estudio del proceso, como ha sido el criterio mantenido por la jurisprudencia de la Ex Corte Suprema y actual Corte Nacional de Justicia. No obstante, cuando el juzgador comete errores de derecho en la valoración de la prueba, procede su corrección La sentencia no es simplemente un documento suscrito por el juez sino el resultado de una génesis que tiene lugar en dos planos diversos: el objetivo, que es propiamente el proceso considerado en sentido jurídico, integrado por las varias etapas que la ley contempla, y el subjetivo, que corresponde a la operación mental efectuada por el tallador, en cuyo fondo lógico hay un silogismo que tiene como premisa mayor la norma general y abstracta de la ley, por premisa menor los hechos controvertidos, y por conclusión la parte resolutiva del fallo, que se constituye en mandato concreto, obligatorio para quienes fueron partes dentro del proceso Es por tanto ajeno a la casación penal, pretender que la Sala vuelva a analizar la carga probatoria, que fue motivo de revisión exhaustiva por parte del Juzgado Segundo de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, y por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de la misma jurisdicción, a quienes les correspondió valorar en base a las reglas de la sana crítica, las pruebas de cargo y de descargo presentadas en la audiencia de juzgamiento por parte de los sujetos procesales, como dispone el Art. 86 del Código Adjetivo Penal, razón por la cual esta Sala Especializada Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, no tiene facultad jurídica para referirse al análisis de la prueba en el recurso de casación La certeza positiva no es más que la afirmación de todas las pruebas solicitadas, ordenadas, practicadas e incorporadas en la etapa de juicio, las que le permiten al juzgador, luego de su valoración, dictar un fallo condenatorio como se ha procedido en el presente caso, es decir que el Juez en observancia a los recaudos procesales legalmente presentados, establece tanto la existencia de la infracción, como la responsabilidad del acusado Es necesario referirnos a la unidad típica considerada dentro del punto de vista doctrinario-científico, y para ello nos referimos a sus dos clases de elementos de carácter esencial, los cuales son: a.- El Elemento objetivo, que no es rnás que la descripción del hecho 1 r- <S:-- '13-.--'\~-'L.

8 delictivo, una figuración o especificación de la acción que debe ser penada, es el amparo del bien jurídico protegido a través de su tipificación en la norma penal; y, b.- Elemento subjetivo, el cual es propio del sujeto que comete la infracción típica y antijurídica, que se entiende como la intención positiva del sujeto activo del delito en la comisión del mismo, ya sea por acción u omisión RESOLUCIÓN.- De lo analizado anteriormente se concluye que no se ha violado ninguna norma jurídica, por parte del juzgador que dictó la sentencia, en los casos previstos en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, y lo que es más el recurrente se limita en su fundamentación del recurso de casación a realizar un estudio de las pruebas aportadas por las partes, y de hechos fácticos referentes al acontecimiento del accidente de tránsito, hecho que como se anotó, la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ya conoció y denegó lo solicitado por el acusado a través del recurso de apelación; en el presente caso se ha respetado el debido proceso, al cual se lo define como: el derecho que tiene toda persona o sujeto justiciable de invocar al interior del órgano jurisdiccional, el respeto a las normas sustantivas o adjetivas a efecto de que su derecho de acceso a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, sean desarrollados y tramitados de conformidad con las normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por los operadores de la justicia competentes; el recurrente no ha dado una explicación lógica jurídica sobre la violación de normas que se hayan aplicado en la sentencia y que conlleven a que el juzgador tenga la certeza que se ha incurrido en la violación de la ley, en cualquiera de las formas determinadas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, pretendiendo que se vuelva a analizar hechos fácticos relacionados con la responsabilidad del acusado, aspecto que no es materia de análisis en el presente recurso de casación. La sentencia dictada por la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que desecha el fallo emitido por el Juzgado Segundo de Garantías Penales y Tránsito de la misma jurisdicción, se encuentra debidamente motivada tanto en los hechos, como en la normas jurídicas que tienen pertinencia en el presente caso, entre estas tenemos los artículos 75 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a la tutela de los derechos de las personas y a la seguridad jurídica respectivamente; el artículo 172 de la Norma Suprema en relación con los

9 Artículos 4 y 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, referentes a la supremacía e interpretación de las normas constitucionales. Además es necesario hacer referencia al Art. 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, donde se tipifica y se sanciona el hecho antijurídico juzgado en la presente causa. En general los accidentes de tránsito son de carácter culposo, pues los resultados de éstos no son queridos o esperados. Esta falta de diligencia o cuidado que tiene una persona en su conducta habitual, puede llegar a producir un efecto dañoso a terceros; y al no tener el cuidado debido, se infringe el deber, que el Estado a través de la ley, nos impone a todos los ciudadanos y ciudadanas. De lo anotado podemos concluir que la culpa es imprudente o negligente, la primera de estas se refiere a una inexcusable desidia de las precauciones que la prudencia vulgar o común aconseja, lo cual conduce a ejecutar actos sin la diligencia debida, y que son previsibles desde un punto de vista objetivo, siendo considerados como delito; y la negligencia cuando de manera voluntaria se omite deducir las consecuencias posibles y previsibles de la comisión de un hecho ilícito. Por las consideraciones anteriormente expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el ciudadano Luis Enrique Puente Brasero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal; Devuélvase el proceso al Tribunal de origen, para los fines legales pertinentes. N, fíffauese.- o,,~i!lli~ffi"' JUEZ NACIONAL

10 Certifico.- J~A,~(_ SECRETARIO RELATOR En Quito, hoy veintinueve de mayo del 2012, a partir de las dieciséis horas, notifico con la sentencia motivada que antecede a PUENTE BRASERO LUIS ENRIQUE, en el casillero judicial No.1433, al Dr. Gonzalo Jácome Merino a la casilla judicial No. 2107; a la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No Certifico.- SECRETARIO RELATOR