Cámara Federal de Casación Penal

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1 //la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 27 días del mes de abril de 2015, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Luis María Cabral y Ana María Figueroa como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en esta causa registrada bajo el nº 11352/2014/2/CFC1, caratulada Stolbizer, Margarita s/ recusación, de cuyas constancias RESULTA: 1º) Que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó, por mayoría, la recusación del titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 11 de la Capital Federal, Dr. Claudio Bonadío. Contra dicha resolución, el Dr. Carlos Beraldi, defensor particular de Romina de los Ángeles Mercado interpuso recurso de casación, el que fue concedido a fs. 156/157. 2º) Que, con sustento legal en la causal descripta en el inc. 4º del art. 55 del Código Procesal Penal de la Nación, dijo la defensa del temor fundado de parcialidad que se verificaba a partir de un conjunto de actos que esa parte consideraba irregulares y que habría llevado a cabo el juez recusado durante el transcurso del proceso, circunstancias que consolidan un caso de temor objetivo sobre la falta de imparcialidad en él. En tal sentido describió un conjunto de hechos, entre los que puede mencionarse el desvío de informaciones relativas al trámite de la causa que, para la defensa, obedecerían a la intención del magistrado de contener los avances de los expedientes acusatorios que tramitan ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. A modo de ejemplo citó la denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura por el Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 1

2 Humanos de la Nación, en la que se describen casos en los que según el denunciante- se evidenció el desvío jurisdiccional invocado. El proceder del magistrado fue calificado por el recurrente como un abuso de las facultades que el ordenamiento legal otorga a los jueces. A ello agregó que la falta de una definición clara del objeto del proceso, espectacularidad en las medidas procesales ordenadas y las sistemáticas limitaciones indebidas al ejercicio del derecho de defensa en juicio constituyeron, también, graves irregularidades cometidas por el a quo durante el trámite de la presente causa. 3º) Que en la audiencia prevista en el artículo 454 en función de lo establecido en el artículo 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación, la defensa alegó sobre los fundamentos de su impugnación y acompañó una copia de informaciones periodísticas. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia adhirió a la solicitud del apartamiento del magistrado recusado por considerar, con cita del antecedente Llerena del Alto Tribunal, que se verificaba en la especie un temor objetivo de parcialidad. Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Luis María Cabral y en segundo y tercer lugar los doctores Gustavo M. Hornos y Ana María Figueroa respectivamente, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.). El señor juez Luis María Cabral dijo: I. a) Antes de comenzar con el análisis de la cuestión de fondo planteada, a la que hemos sido llamados a resolver, habrá de recordarse con relación a la presentación de la defensa particular de Romina de los Ángeles Mercado del día de hoy, que las resoluciones dictadas 2

3 por esta Cámara Federal de Casación Penal no son susceptibles, como regla, de recurso o incidente de nulidad o reposición siendo recurribles, en principio, sólo por la vía del recurso extraordinario federal. Sólo cabría excepcionar dicha regla ante una nulidad de orden general, supuesto que no se verifica en la presente (confr. esta Sala, Nagüel, Catriel Aaron y otra s/rec. de casación, C , Reg. N 20816, rta. el 9/04/13, entre muchas otras). Así, corresponde su rechazo, con costas. b) A través de su presentación de fs. 182/189, la defensa particular de Romina de los Ángeles Mercado postuló la nulidad del procedimiento de deliberación y recusó al doctor Gustavo M. Hornos y al suscripto. Fundó su pretensión en que la filtración pública de la decisión de los jueces, Hornos y Cabral, según se dice han adoptado en estas actuaciones debe ser asimilada a la causal de prejuzgamiento (art. 55, inciso 10 CPPN) ya que ha sido emitida o bien, conocida, con carácter previo al dictado de la sentencia. Planteada como ha sido la cuestión entiendo que la deliberación posterior a la audiencia fue llevada a cabo de conformidad con cuanto impone el art. 396 del C.P.P.N., sin que las notas periodísticas a las que hace referencia el recurrente puedan influir en su validez. El apartamiento solicitado no encuadra en alguna de las causales previstas en el art. 55 del código de forma. Las especulaciones periodísticas en distinto sentido acerca del devenir de las causas que tramitan ante los tribunales como las que abundan por estos días en diferentes medios de difusión- jamás pueden ser utilizadas para apartar al juez natural de la causa. De otra forma, se pondría a tiro de operación de prensa la permanencia de los jueces en el conocimiento de los conflictos que por ley están llamados a dirimir en desmedro de la correcta administración de justicia 3

4 y vulneración del principio de seguridad jurídica. Así, el planteo resulta infundado y debe ser rechazado in limine. c) En estos términos resulta aplicable la jurisprudencia de esta Cámara que señala que, si surge del escrito de recusación presentado por la defensa que las circunstancias y condiciones expresadas no tienen fundamentación alguna en aquel caso se trataba de presiones sobre los Jueces del Tribunal supuestamente recibidas de los otros poderes del estado- deben ser declaradas inadmisibles de acuerdo a la doctrina emanada del fallo "Patti, Luis A.", causa P.1763 XLII, de la CSJN. (confr. Sala IV, c. nº 10178, Reg. n 12307, rta. el 5/3/09; c. nº 11319, Simón, Julio Héctor y otros s/recurso de casación, Reg. nº 12307, rta. el 21/09/09, entre otras). Por ello, tal como se resuelve la nulidad planteada por supuesta violación del secreto de la deliberación corresponde rechazar in limine la presentación de la defensa particular, con costas. II. Ante todo, habré de señalar que la adhesión formulada por la Representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate no resulta vinculante para el Tribunal. La división de poderes establecida en la Constitución Nacional importa que cada uno de esos poderes intervenga en las materias que le son propias. De lo dicho puede seguirse que, cuando el ordenamiento legal establece cuál es el magistrado que debe ser llamado a dirimir un conflicto, esa atribución de competencia y jurisdicción no resulta disponible para las partes, con lo que va dicho que es el órgano jurisdiccional competente el que debe evaluar si se verifica alguna de las causales que, de manera taxativa, describe el art. 55 del C.P.P.N.. Si bien la resolución que rechazó la recusación planteada no constituye ni por su naturaleza ni 4

5 por sus efectos sentencia definitiva a los fines del recurso de casación, ya que la misma no impide la continuación de las actuaciones (cfr. esta Sala c. nº Menem, Carlos Saúl, s/recurso de queja, reg , rta. el 30/04/09), el planteo de la defensa merecerá tratamiento, en tanto se invocó una posible afectación a la garantía del juez imparcial. El tribunal a quo, por mayoría, consideró que los motivos expuestos por el recurrente, carecían de entidad suficiente para cuestionar la ecuanimidad del magistrado instructor, en tanto que la minoría, consideró que el trato dispensado a la defensa de Romina de los Ángeles Mercado no era propio de la igualdad de trato que debe dispensar el juzgador a quienes revisten el carácter de partes en un proceso penal y que ello importaba una circunstancia objetiva que tornó procedente el apartamiento solicitado. III. Circunscripta como ha quedado la cuestión, entiendo que el recurso de casación debe ser desestimado pues la parte recurrente no ha logrado conmover las razones por las cuales la cámara entendió que en el caso no se encontraba afectada la imparcialidad del juez instructor. El a quo, al resolver como lo hizo, sostuvo que " la ponderación de los agravios expuestos por el recusante refleja que éstos carecen de la entidad suficiente como para someter a controversia la ecuanimidad del magistrado en este sentido, la información que los medios de comunicación puedan divulgar sobre el avance de ciertas causas judiciales y la lectura que de ella pretenda hacerse son aspectos que resultan absolutamente extraños a las únicas circunstancias que deben evaluarse ante un planteo que procura alejar a quien el ordenamiento jurídico ha confiado la misión de decidir el derecho en un caso " 5

6 Agregó que " no resulta ocioso recordar que la causal alegada por la parte debe manifestarse por hechos conocidos que tengan apoyo en circunstancias objetivamente comprobables, con aptitud para justificar el apartamiento de los jueces por hallarse comprometida su imparcialidad. Esos factores escapan de la situación narrada en este punto por el Dr. Beraldi ". IV. No puede sustentar el temor de parcialidad invocado la denuncia formulada contra el juez instructor ante el Consejo de la Magistratura (27/11/14) por personas ajenas a este proceso y cuya fecha de interposición es posterior a su inicio (10/11/14) -inc. 8 del artículo 55 del C.P.P.N-. En cuanto a las manifestaciones vertidas en la carta dirigida a la Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación por parte del juez aquí recusado no contiene relación alguna con el trámite de esta causa. Las restantes objeciones efectuadas por el recurrente relativas al trámite del proceso, tal como se sostuvo en la resolución impugnada, no son otra cosa que una manifestación de disconformidad con las resoluciones adoptadas ya que resulta una obviedad evidente que es materialmente imposible conformar a todas las partes de un proceso cuya naturaleza es netamente contradictoria, como así también, que el rol de cada una de esas partes es el de peticionar, mientras que la potestad de decidir corresponde al juez, por lo cual, ante disconformidades que surjan a lo largo del trámite, podrán las partes cuestionarlas a través de los distintos remedios procesales con los que cuentan. El apartamiento de un magistrado del conocimiento de una causa no puede reposar en la mera invocación de causales desprovistas de un mínimo sustento objetivo. 6

7 Lleva dicho la Sala que el apartamiento de un magistrado del conocimiento de una causa no puede reposar en una mera sospecha de parcialidad pues las causales de recusación deben ser evaluadas con el máximo de ponderación y prudencia, desde que no puede erigirse en el medio para que varíe a gusto del recusante la radicación de la causa en desmedro de la garantía del juez natural y de la correcta administración de justicia atento la inderogabilidad de la competencia que gobierna el proceso penal, en resguardo del principio de igualdad constitucional. Este instituto sólo resulta procedente en el caso de que se verifique alguna de las causales establecidas en el art. 55 del C.P.P.N. (confr. Narváez, Delmas de Otero, María Teresa s/recurso de casación, c. nº 6610, Reg. Nº 8652, rta. el 23/3/06 y Monsalvo, José Enrique s/recurso de queja, c. nº , Reg. Nº , rta. el 10/06/10, entre otras). V. Sentado cuanto precede, resulta oportuno realizar otras consideraciones que contribuyen a concluir en igual sentido desestimatorio. El recurrente en su escrito se quejó y amplió su reclamo en la audiencia de debate- por considerar que el magistrado se había excedido al disponer medidas que no estaban contenidas, al menos como en definitiva fueron ordenadas, en el requerimiento fiscal de instrucción; se refería, más precisamente, a las órdenes de allanamiento. Bastará, pues, confrontar lo dicho por la defensa particular con el contenido del requerimiento fiscal de instrucción para dar respuesta al planteo. En esa tarea, fácil resulta advertir que éste carece de sustento, ya que de la lectura del escrito promotor de la acción pública surge que el fiscal requirió la incautación de diferente información que se encontraba en diversas agencias del estado, como así también en sociedades comerciales: cuatro en las primeras y tres en las segundas. 7

8 Si bien, tal como se dijo en la audiencia, incautación podría implicar alguna duda respecto del alcance que correspondía asignarle, lo cierto es que ella se disipa a poco que se eche mano a la definición que le otorga el Diccionario de la Real Academia Española. Se dice allí que incautarse, ése es el término correcto, es: Dicho de una autoridad judicial o administrativa. Privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa. Cuando hay condena firme se sustituye por la pena accesoria de comiso. De ahí que, al señalar el titular de la acción pública la necesidad de contar con la documentación que consideraba útil para el avance de la investigación, utilizando aquel término, ha dejado al arbitrio del magistrado, como no podía ser de otra forma, la herramienta por la que se haría de las mencionadas pruebas. Por lo demás, la remisión a la pieza cuyo contenido se discute resulta suficiente para comprobar que la actuación del magistrado encuentra base y límite en el requerimiento fiscal. En la resolución de fs. 20/21 del principal se plasmaron los motivos que el juez invocó para decidir los allanamientos de lugares de acceso público, circunstancia ésta que no fue refutada por el recurrente. El agravio de la defensa, consistente en la reticencia al acceso de la causa imputada al magistrado no ostenta, a mi juicio, las consecuencias que la parte le asigna. Es que si bien es cierto que es deber del juez asegurar que la defensa pueda ejercer su ministerio de manera eficaz, no lo es menos que la parte no ha demostrado el real alcance del agravio invocado, ya que la encuesta se encuentra en su inicio, que como bien se señala podría estar bajo el secreto de sumario y que no se ha producido prueba de carácter dirimente que no pueda ser repetida en el futuro, a 8

9 lo que se suma que la parte no se ha hecho cargo de señalar qué afectación irreparable se habría ocasionado. Si bien se invocó un temor objetivo de parcialidad, ese extremo no ha sido demostrado con el real alcance -que concierne a la violación de una garantía constitucional- que le asignó la Corte Suprema en Llerena. Ello es así porque, además de diferir los sustratos fácticos de una y otra causa, recuérdese que se trataba de un caso de un tribunal unipersonal, cuya inserción en el sistema acusatorio importaba una presunción objetiva de prejuzgamiento, mientras que en éste se trata de una investigación que recién comienza. Las medidas de prueba ordenadas por el magistrado no se apartan, como se vio, de la función que, como director del proceso, le reconoce el ordenamiento procesal. Y, aun cuando lo dicho sería suficiente para sellar la suerte de la impugnación efectuada, habrá de señalarse que la supuesta afectación al ejercicio del derecho de defensa en juicio consistente en que el magistrado no había accedido a la solicitud de fotocopias del legajo, ha sido superada con la intervención de la cámara de apelaciones. Por ello habrá de compartirse y reforzarse la directriz impartida al juez a quo para que evalúe las pretensiones de la defensa con suficiente amplitud, sin desnaturalizar con ello la etapa que transita el proceso, a fin de resguardar los derechos que la Constitución Nacional otorga a las partes en todo proceso penal (art. 18 de la Constitución Nacional). Similar consideración merece el cuestionamiento formulado por no haber sido admitido su ingreso a una audiencia de testigos que se encontraba en curso. El carácter reeditable de las declaraciones testimoniales, a las que no pueda asistir la defensa, permite cumplir con la garantía reconocida a esa parte en el 9

10 ordenamiento adjetivo y en los arts. 8.2, inc. f) y 11.3, inc. e) de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en una oportunidad que habilite y asegure su control. En definitiva, las medidas judiciales cuestionadas resultan susceptibles de reparación y no provocan consecuencias cristalizables en perjuicio de la asistida del letrado que recusa. Los argumentos que remiten a la disconformidad del recusante con el trámite de la causa y las diligencias ordenadas, resultan ajenos al instituto de la recusación y no demuestran la existencia de la supuesta "enemistad manifiesta" ni la parcialidad invocada. La parcialidad atribuida sólo procede como causal de apartamiento cuando se dan suficientes razones legítimas y objetivas que le otorguen sustento, carga que ni el recurrente ni la fiscalía han asumido, en especial cuando se pretende fundamentar en actos ajenos y sin relación alguna con la jurisdicción que aquí se debate (confr. C.F.C.P., Sala III, Jaime, Ricardo Raúl s/rec. de queja c. nº 742/13, rta. el 1 de agosto de 2013). VI. La defensa particular en la audiencia de debate manifestó que: Lo que más me preocupa es que el juez, en su propia carta, dice encontrarse apenado y sorprendido, y afectado por todo este conflicto, colocándose en una posición casi de víctima. Con razón o sin razón yo eso no lo voy analizar. Pero lo que sí debo analizar es que si se encuentra en esa posición de víctima, eso hace que quede automáticamente descartada su posibilidad de intervenir en el proceso. Por qué? porque quien resulte víctima no puede ser justamente quien imparta justicia y menos respecto de las personas que supuestamente lo están agrediendo. Pero esta posición de víctima y lo digo con el máximo respeto y la consideración que me merecen ustedes y en particular también Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION 10 PENAL

11 el doctor Cabral.Ha sido analizada y puesto de manifiesto en la última cena de la Asociación de Magistrados en donde justamente se habla, se refiere, a que amenazas y afrentas habrían sido recibidas por jueces y concretamente se habla del juez Claudio Bonadío, manifestaciones que obtuvieron la aprobación de muchas de las personas que se encontraban presentes Esto surge de una nota que el periodista Nicolás Wiñaski da a conocer en el diario Clarín ". En cuanto a la carta abierta del Dr. Bonadío a la presidenta del Consejo de la Magistratura, no guarda relación alguna con estas actuaciones, por conflicto se refiere a otro, y no merece más consideración. Por otra parte, la mención allí deslizada por la defensa de Romina de los Ángeles Mercado hace alusión a mi intervención en la Cena de Fin de Año de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en la que expuse mi crítica sobre disposiciones del Consejo de la Magistratura de la Nación respecto de los jueces Axel López (acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento por el contenido de su sentencia) y Claudio Bonadío (sancionado en causas fenecidas y ya resueltas anteriormente por el Consejo de la Magistratura), lo que tampoco se vincula con lo que aquí se debate ni la forma como entiendo debe resolverse. Por ello, no merece tratamiento. VII. Las argüidas cuestiones de competencia y de conexidad tampoco pueden importar causal de apartamiento de un magistrado, ya que se trata, antes bien, de remedios que encuentran su natural cauce en oportunidades y procedimiento ajenos al instituto en análisis. Igual respuesta desestimatoria se dará a la presentación efectuada por el recusante a la que caracterizó como hecho nuevo. Es que, más allá de la discutible apariencia de novedad que le asigna el presentante a su denuncia, no corresponde atribuirle el tenor de 11

12 parcialidad que la parte pretende. Ello es así por cuanto el oficio remitido por otro juez al recusado solicitando información sobre una causa que tramita ante su juzgado y sin perjuicio de la diligencia que debe darse a un requerimiento de otro magistrado- no deja de ser una práctica tan común como útil para el avance de las diferentes investigaciones y resolución de eventuales conexidades. Otro tanto ocurre con la designación de peritos contadores ya que la parte no ha demostrado, ni podría haberlo hecho con éxito, que tales nombramientos lógicos si se repara en que se incautó en la presente causa profusa documentación contablepudieran afectar el derecho de defensa de su asistida. Será, pues, en la etapa de realizar el peritaje contable en la que el recusante podrá nombrar perito de parte con el objeto de controlar y disponer, eventualmente, de un dictamen de los especialistas que proponga ejerciendo de esta forma los derechos que el código procesal establece y que la Constitución Nacional y los tratados internacionales citados más arriba le garantizan. Por todo lo expuesto, la recusación interpuesta evidencia una serie de impugnaciones de carácter genérico que no constituyen, a mi criterio, la nota de objetividad que requiere el apartamiento solicitado. Es por ello que propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación impetrado, confirmando en consecuencia la decisión atacada, con costas. Es mi voto. El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: I. En primer lugar y con relación a la reposición interpuesta por el doctor Carlos Beraldi contra el auto dictado el día 24 de abril del corriente año en el que se dispuso fijar audiencia de lectura en las presentes actuaciones, sólo habre de señalar que conforme a la jurisprudencia unánime de esta Cámara, los pronunciamientos dictados por la Cámara Nacional de Casación Penal no son Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION 12 PENAL

13 susceptibles, como regla, de recurso de nulidad, revocatoria o reconsideración, siendo recurribles en principio- sólo por la vía extraordinaria federal prevista en el artículo 14 de la ley 48 (C.N.C.P. Sala I, causa Nro. 335 Oja, Miguel Angel s/ reposición rta. 7/2/1995, reg. 109; Sala III causa Nro. 2833, Gilberg, Gladys Mabel s/ recurso de casación rta. 16/3/2001, reg. 109; Sala IV, causa Nro. 3123, Lagomarsino, Andrés José Luis s/ nulidad, rta. 25/06/2001, reg y causa Nro Saponara, Miguel s/ nulidad, rta. 5/7/2002, reg. 4165, entre otras -énfasis añadido-). Que si bien esta Sala IV ha hecho excepciones al principio general invocado precedentemente con fundamentos relativos al derecho al recurso, conforme la doctrina de la C.S.J.N. de Fallos 318:514; 321:494; 323:125; 329:2265 y 333:796 (entre otros)-, se advierte que en su presentación, la defensa no aportó argumentos que permitan apartarse de dicho principio en el sub examine, motivo por el cual el recurso de reposición en estudio no puede prosperar. II. Seguidamente, corresponde dar tratamiento al pedido de nulidad y recusación, en subsidio, formulado por la defensa de Romina de los Ángeles Mercado respecto del señor juez Luis M. Cabral y el suscripto (fs. 182/189 vta.). En sustento de su pretensión, la defensa argumentó que el día 22 de abril de 2015 en el portal de noticias se publicó una nota haciendo referencia a que dos de los tres jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal redactaron proyectos de votos a favor de no apartar al magistrado en la causa de la firma hotelera de la familia presidencial ; información que, luego, según alega fue recogida y ampliada por varios medios de comunicación. Sobre el punto, dijo que las noticias periodísticas aparecidas muestran de manera objetiva que al 13

14 menos dos de los distinguidos magistrados que integran este Tribunal no han observado la regla ritual de referencia [aludiendo al secreto de la deliberación impuesto por el art. 396 del C.P.P.N], ocasionándose así un vicio que, según la ley, fulmina la validez del trámite procesal de deliberación previo al dictado de la sentencia. Solicitó que se declare la nulidad del procedimiento de deliberación y se retrotraiga la causa hasta la audiencia celebrada a los fines previstos por el art. 465 bis del C.P.P.N. y entendió que corresponde que los señores jueces Gustavo Hornos y Luis Cabral se inhiban para seguir entendiendo en estas actuaciones por lógicos motivos de violencia moral, cuya apreciación naturalmente debe ser merituada de manera amplia (fs. 188 vta.). Sobre el punto, habré de señalar que la deliberación se ha efectuado conforme a la regla que establece el art. 396 del C.P.P.N., y a los principios generales del proceso que esa norma procura cumplir. En efecto, el artículo en análisis procura de manera medular que la decisión sea producto únicamente de los magistrados abocados al caso, sin la intervención de personas no autorizadas por la ley, particularmente las partes, sus letrados o el público. El fin de la norma, entonces, es que el acto procesal culminante del debido proceso la sentencia sea producto exclusivo del órgano colegiado que debe resolver sobre la pretensión que se le presenta; en este caso y concretamente, el apartamiento del señor juez instructor. En este punto, recordaré, también, la tesis que he venido sosteniendo de que en el procedimiento penal, el concepto de ley vigente no se limita al Código Procesal Penal de la Nación, sino que abarca a la Constitución Nacional y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, a la que más Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION 14 PENAL

15 adelante aludiré nuevamente, con el objeto de señalar que ninguno de los principios fundamentales del debido proceso ha sido afectado en el caso; por lo que corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado. Subsidiariamente, la defensa dedujo recusación respecto de los magistrados mencionados por entender que en la especie existe un temor objetivo de parcialidad en tanto la filtración pública de la decisión de los jueces, Hornos y Cabral, según se dice han adoptado en estas actuaciones encaja o debe ser asimilada a la causal de prejuzgamiento (art. 55, inciso 10 CPPN) ya que ha sido emitida o bien, conocida, con carácter previo al dictado de la sentencia (fs. 189). La recusación formulada por la defensa debe ser rechazada in limine, toda vez que la pretensión de dicha parte no se funda en actitud alguna de los magistrados para con el recusante que pudiera revelar sospecha de parcialidad, sino tan solo en versiones publicadas por varios medios periodísticos, ajenos a la instancia judicial, en los que se hizo referencia al sentido en el que deliberarían dos de los magistrados intervinientes en la causa, que no pueden de ningún modo ser encuadrados en la causal de prejuzgamiento alegada la defensa. Desde una perspectiva realista, superadora de la formalidad, y con cierta empatía judicial, pareciera que la decisión a tomar en el caso produce una importante expectativa en la comunidad jurídica y en la sociedad toda. Esta circunstancia habría producido versiones y publicaciones en diversos sentidos. La cuestión hace rememorar la trascendente doctrina de Fallos: 248:189, 325:3243, entre otros. Los jueces particularmente deben estar sometidos al escrutinio social, con absoluto respeto a la libertad de expresión. Así lo establecen la Constitución 15

16 Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la más valiosa doctrina judicial de nuestro alto Tribunal. Tampoco se verifica en el caso la concurrencia de los presupuestos tenidos en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver in re Llerena, Horacio Luis s/abuso de armas (Fallos: 328:1491). No cabe, pues, admitir que dadas las circunstancias reseñadas existan fundamentos para dudar de la imparcialidad de dos de los integrantes de este Tribunal a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de la Sala. Por estas razones, corresponde rechazar in limine el planteo de recusación formulado por la defensa (arts. 62 en función del art. 55 del C.P.P.N., 18 y 75 de la C.N., art. 8.1 de la C.A.D.H. y art del P.I.D.C.yP.). III. Resueltos los planteos de nulidad y recusación efectuados por la defensa, comienzo por señalar que, en principio, la resolución por la cual se resuelve el rechazo de una recusación, no constituye sentencia definitiva en tanto no pone término al pleito ni impide su continuación, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:1465; 315:325; 316:420; 323:1261; 325:309; 326:2657 y 328:1000, entre otros). En efecto, la sentencia recurrida no es un tipo de resolución jurisdiccional que se encuentre contemplada entre aquellas previstas en el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de sentencia definitiva, ni auto que ponga fin a la acción, a la pena, o que haga imposible que continúen las actuaciones, ni, tampoco, deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causas nº 993 caratulada Bernasconi, Jorge Juan s/recurso de casación, Reg. Nro , rta. el 29/12/99; nº 1999, caratulada Vital, Víctor Alfredo s/recurso de casación, Reg. Nro , rta. el 29/3/00; nº Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION 16 PENAL

17 2435, caratulada Barbuto, Mirta Blanca s/recurso de queja, Reg. Nro , rta. el 19/12/00; nº 2627, caratulada Sotillo, Reyna s/recurso de queja, Reg. Nro , rta. el 30/3/01, entre otras). Se ha reconocido, a raíz de una interpretación amplia del art. 8, inc. 2, apartado h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la posibilidad de que fuera revisada ante esta sede una resolución que aun cuando no estuviera contemplada en las previstas en el art. 457 del C.P.P.N., fuera equiparable a sentencia definitiva; siempre y cuando la parte demostrara el perjuicio de imposible reparación ulterior que le ocasiona la resolución que impugna. Ya en la primera oportunidad en que propuse una revisión más amplia en esta instancia respecto del recurso de casación a la luz de la correcta interpretación que entendí debía asignarle al derecho al recurso (art. 8, inc. 2, apartado h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), hice referencia a la necesidad de otorgarle al instituto casatorio el carácter de recurso eficaz que garantizara suficientemente al imputado el examen integral del fallo condenatorio y todos los autos procesales importantes, a fin de asegurar la tutela efectiva de los derechos en juego, de calidad constitucional y de que existiera una verdadera revisión del fallo ante el juez o tribunal (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa nº 4428 caratulada Lesta, Luis Emilio y otro s/recurso de casación, Reg. Nro. 6049, rta. el 23/9/04; nº 4807, caratulada López, Fernando Daniel s/recurso de casación, Reg. Nro. 6134, rta. el 15/10/2004, y posteriormente adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: Casal, Matías Eugenio y otro, con remisión al dictamen del Procurador General de la Nación, en el fallo Reinoso, Luis, rta. el día 7/3/2006). 17

18 En definitiva, entonces, debe determinarse cuáles son las resoluciones que reúnen la condición de actos procesales importantes para analizar, en cada caso concreto sometido a la inspección de este tribunal, si se encuentra habilitada la instancia casatoria. En esta tarea, lo que en definitiva deberá valorarse es la trascendencia del acto jurisdiccional dictado; es decir, el efecto de irrogar o causar una imposible o tardía reparación posterior al imputado, teniendo particularmente en cuenta el contexto en el que la decisión jurisdiccional fue adoptada y las especificidades del caso; interpretación que debe ser dinámica y flexible, atendiendo a la garantía o derecho al recurso consagrada en el art. 8.2.h. de la citada convención. IV. La decisión aquí recurrida que confirmó el rechazo de la recusación del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11, doctor Claudio Bonadío, planteada por Romina de los Angeles Mercado, resulta equiparable a sentencia definitiva en sus efectos, en la medida en que la parte recurrente ha alegado fundadamente la posible causación de un daño de imposible reparación ulterior. Los agravios traídos a estudio de este Tribunal por la recurrente ponen en discusión el alcance de la garantía de juez imparcial (art. 18, C.N.) y resulta ésta la oportunidad procesal para la adecuada tutela del derecho de defensa en juicio y del debido proceso, en tanto los motivos casatorios esgrimidos por la defensa suponen que el proceso no avance ante el mismo juez sospechado de parcialidad. En este marco y resuelta favorablemente la admisibilidad del recurso interpuesto, corresponde ingresar ahora en el estudio de su procedencia. Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION 18 PENAL

19 V. La cuestión medular del planteo efectuado por la parte recurrente se centra en determinar el alcance que corresponde otorgarle a la garantía de imparcialidad contenida implícitamente en el art. 33 de la C.N., derivada de las garantías de debido proceso y defensa en juicio establecidas en el art. 18 de la C.N., y consagrada expresamente en los arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; alcance que deberá determinarse a la luz de la dogmática actualizada y de la hermenútica que sobre los derechos y garantías constitucionales se ha venido realizando en el pensamiento jurídico y el requerimiento social. En esta tarea, corresponde resaltar el conjunto de derechos y garantías vigentes en la actualidad, así como el desarrollo y especificación de las garantías constitucionales reconocidas por la reforma de 1994, a la luz de la evolución que sobre la temática ha operado en los fallos de nuestro más alto Tribunal. Comienzo por señalar que la garantía de imparcialidad resulta ser uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, manifestación directa del principio acusatorio, de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación directa con las pautas de organización judicial del Estado (Fallos: 328:1491). Ya en Llerena la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decidir sobre la incompatibilidad con la garantía de imparcialidad de que sea un mismo juez quien intervenga en la instrucción y en la etapa de juicio, 19

20 la definió como la ausencia de prejuicios o intereses del juzgador con el caso que debe decidir, en relación a la materia y a la persona, estableciendo así un doble enfoque: desde el aspecto subjetivo, la garantía de imparcialidad protege al imputado frente a las actitudes o intereses personales que el juez pudiera tener sobre el resultado del pleito; desde el enfoque objetivo, la garantía de imparcialidad ampara al justiciable frente al temor o sospecha de parcialidad del juez. Tal definición deberá completarse con la determinación del contenido de ese temor o sospecha de parcialidad al que se alude; es decir que lo que deberá establecerse, en definitiva, es lo que la parte deberá demostrar al momento de plantear la recusación del juez de la causa. Por mi parte, ya con anterioridad al trascedente fallo Llerena antes citado, he sostenido que los motivos de recusación de los magistrados enumerados en el art. 55 del Código Procesal Penal de la Nación no deben ser considerados taxativos y excluyentes; así como la tesis de que en el procedimiento penal, el concepto de ley vigente no se limita al Código Procesal Penal de la Nación, sino que abarca a la Constitución Nacional y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (C.F.C.P., Sala IV, causas nº 1619 caratulada Galván, Sergio Daniel s/recusación, Reg. Nro , rta. el 31/8/1999 y nº 2509 caratulada Medina, Daniel Jorge s/recusación, Reg. Nro , rta. el 20/6/2001). En esos precedentes se adoptó una interpretación de la normativa procesal acorde con el verdadero alcance otorgado por los Tratados Internacionales y la Constitución Nacional a la garantía de imparcialidad y del debido proceso, respecto de la intervención en el proceso correccional de un mismo juez tanto en la etapa de Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION 20 PENAL

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