FUNDAMENTOS DE DERECHO

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1 CONTRATO POR OBRA O SERVICIO: EXTINCIÓN PARCIAL DE LA CONTRATA Se recoge, en la sentencia que se comenta, la doctrina del Tribunal Supremo en materia de contratación temporal, en concreto sobre el contrato por obra o servicio determinado, en los supuestos de empresas de servicios cuando la contrata finaliza de forma normal o por decisión de la contratante del servicio, ya sea extinción de la contrata o por reducción de su objeto (extinción parcial). La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2009, razona que El contrato para obra o servicio determinado, conforme al artículo 15-1-a) del Estatuto de los Trabajadores y 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, es aquel que se concierta para la realización de una obra o la prestación de un servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta, estableciéndose, igualmente, que la duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. En nuestro derecho laboral la regla general es el contrato de duración indefinida, norma que sólo quiebra en los supuestos previstos en ella: como es el contrato temporal para ejecutar una obra o servicio determinados que son encomendados a la empleadora por tiempo cierto, aunque indeterminado, al margen de su actividad ordinaria o además de ella, razón por la que se vincula la duración del contrato a la subsistencia de la necesidad que se atiende con él. Por ello, cuando la contrata o concesión que lo motiva se nova, renueva o es sustituida por otra posterior en la que el objeto sigue siendo el mismo, el contrato de trabajo no se extingue por no haber transcurrido el plazo pactado para su duración. Mientras subsista esa necesidad temporal de empleados, mientras la empleadora siga siendo adjudicataria de la contrata o concesión que motivó el contrato temporal, la vigencia de este continua, al no haber vencido el plazo pactado para su duración, que por disposición legal debe coincidir con la de las necesidades que satisface. En esa tesitura es ajustado a derecho que la empresa subcontratada proceda igualmente a la paulatina extinción de los contratos temporales, conforme se produce paralelamente la extinción parcial de la contrata por parte de la empresa principal. ANTECEDENTES DE HECHO: El actor, oficial ferroviario, había sido contratado merced a un contrato redactado con arreglo al modelo oficial de los de duración determinada para obra o servicio. La empresa dejó de prestar a otra empresa ferroviaria los servicios de acompañamiento en los que trabajaba el actor, por lo que mediante carta notificó al demandante la finalización del contrato de trabajo. En la carta le señaló la indemnización. El trabajador presentó papeleta de conciliación, que terminó sin avenencia y formuló después demanda por despido ante el Juzgado de lo Social que fue desestimada. Interpuso a continuación recurso de suplicación. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA Sala de lo Social: Sentencia núm de 16.Mayo Ponente: Ilmo. Sr. Don Sebastián MORALO GALLEGO. Juzgado de lo Social núm. 17 de Barcelona: Sentencia de 25.Octubre Normativa: Artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, y 2 del R.D. 2720/1998 de 18 de diciembre. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Recurre en suplicación el trabajador contra la sentencia de instancia que desestima la demanda de despido, porque considera que el contrato temporal para obra o servicio concertado entre las partes es ajustado a derecho, no tratándose por lo tanto de una relación laboral indefinida que se hubiere extinguido de manera improcedente, sino de un contrato temporal válidamente formalizado y legalmente resuelto al término del plazo de duración previsto en el mismo. Al amparo del párrafo a) del art. 191 de la LPL se formula el primer motivo del recurso que denuncia infracción del art. 97.2º de la LPL y solicita la declaración de nulidad de la sentencia por insuficiencia del relato de hechos probados. Pretensión que no ha de ser acogida porque cualquier supuesta omisión de los hechos probados puede ser subsanada solicitando la pertinente adición de los hechos relevantes que hipotéticamente se hubieren excluido en la sentencia, sin que haya nece-

2 sidad de adoptar una medida tan drástica y dilatoria como la de declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la celebración del acto de juicio. Pero es que además, en el supuesto enjuiciado no incurre la sentencia en el defecto que se le imputa. En lo que se refiere a la inclusión en los hechos probados de las diferentes clausulas del contrato de trabajo, baste decir que la literalidad del contrato es indiscutida e indiscutible, lo que hace totalmente innecesario que se incorporen a los hechos probados el contenido de los distintos pactos establecidos en el mismo, bastando la mera y simple referencia genérica al contrato en cuestión para que todo su contenido pueda ser analizado por la sala. Y en lo que atañe al momento concreto en el que la empresa demandada dejó de prestar definitivamente servicios para la empresa principal, resulta que ni tan siquiera en la demanda se alude a esta cuestión en base a la que se postula ahora la nulidad de la sentencia, mientras que por el contrario, en los fundamentos de derecho de la resolución recurrida se analiza esta alegación introducida por el recurrente en fase de conclusiones, y se admite expresamente que la extinción total de la contrata entre la demandada y la empresa principal, efectivamente se produce con posterioridad a la resolución del contrato de trabajo del actor, pero se razona por el contrario, que el propio convenio colectivo habilita y permite la extinción parcial de los diferentes contratos de trabajo como consecuencia de la posible resolución parcial de las contratas. No hay por lo tanto omisión de ningún tipo que pudiere justificar la declaración de nulidad de la sentencia, y más aún, cuando en el segundo motivo del recurso se pide específicamente la adición de estos hechos al relato histórico. SEGUNDO El motivo segundo solicita la adición de un nuevo hecho probado cuarto bis, para que se haga constar que al actor se le notifica la extinción del contrato de trabajo porque la contrata finalizaba el día 14 de junio de 2010, y sin embargo la empresa demandada siguió prestando ese servicio para la principal hasta finales del mes de agosto. Ya hemos dicho que la sentencia de instancia acertadamente destaca en su fundamentación jurídica que esta alegación en fase de conclusiones no ha sido ni tan siquiera formulada en la demanda, pese a lo cual la analiza expresamente para concluir que no determina la conversión en indefinida de la relación laboral, lo que hace innecesario reiterar de nuevo dicha circunstancia en la resultancia fáctica TERCERO El último motivo del recurso se articula por la vía del párrafo c) del art. 191 de la LPL, denunciando infracción del art. 15.1º a) del Estatuto de los Trabajadores, para sostener muy escuetamente que la extinción de la relación laboral constituye un despido improcedente, porque ha existido falta de claridad de la empresa respecto a la fecha concreta de la finalización de los servicios objeto de la contrata que sirve de causa a la contratación temporal del trabajador, al haberse constatado que siguieron prestándose tras la resolución del contrato de trabajo en litigio. Con independencia de que tan lacónico argumento constituye una cuestión nueva que ni tan siquiera fue alegada en la demanda, la sentencia de instancia lo ha resuelto acertadamente, al señalar que el convenio colectivo permite la paulatina resolución de los contratos de trabajo en casos de extinción parcial de la contrata. A lo que debemos añadir que a esa misma solución debe llegarse en aplicación de la normativa legal que regula esta materia, una vez establecida la validez y eficacia del contrato de obra o servicio determinado cuyo plazo de duración se ajusta al de la contrata entre la empresa subcontratada y la principal, puesto que si dicho contrato temporal es válido nada impide que el empresario pueda ir extinguido paulatinamente los contratos de los diferentes trabajadores adscritos a dicha contrata, en el caso de que el empresario principal vaya igualmente extinguiendo o reduciendo el ámbito de la misma. Dicho de otra forma, si la terminación de la contrata justifica la resolución de los contratos de obra o servicio determinado, la finalización paulatina y parcial de esa misma contrata debe justificar de la misma manera la paulatina resolución de los contratos de obra o servicio. Cuestión distinta sería que la contrata se mantenga en toda su extensión y amplitud hasta una fecha posterior, y el empresario pretenda pese a ello la resolución anticipada de una parte de los contratos de trabajo antes de que el empresario principal haya puesto fin a la contrata en cualquiera de sus fases. Lo que no es el caso de autos, en el que no se discute que la contrata en cuestión ha finalizado en su mayor parte en la fecha que se indica por la empresa al trabajador demandante a mediados del mes de junio, aunque pudiere haberse mantenido residualmente una pequeña porción de la misma durante treinta o cuarenta días más, hasta finales del mes de agosto.

3 Conforme ha venido a establecer el Tribunal Supremo, y valga como ejemplo la sentencia de 6 de marzo de 2007 a la que se refiere la resolución recurrida, ha de aceptarse la validez de los contratos de obra o servicio determinados cuya duración en el tiempo se condiciona al mantenimiento de la contrata que pueda mantenerse con una empresa principal. No vamos a reiterar los razonamientos jurídicos que tradicionalmente hemos venido aplicando en esta Sala, considerando concertados en fraude de ley los contratos para obra o servicio determinado que tenían por objeto la realización de trabajos que constituyen la actividad habitual y normal de la empresa y carecen de cualquier autonomía y sustantividad propia dentro de lo que constituye su proceso productivo ordinario, porque esta interpretación ha sido radicalmente corregida por el Tribunal Supremo con la doctrina sentada a partir de las sentencias que se invocan en el recurso, ratificada con posterioridad por otras muchas, entre ellas la de 26 de junio de 2001 y las que en la misma se citan. Como en esta sentencia se dice La contratación por obra o servicio determinados fue ajustada a la doctrina establecida por esta Sala en sus sentencias de 11 de noviembre, 18 y 28 de diciembre de 1998 y 8 de junio de 1999, y según la cual, el artículo 2.1 del Real Decreto 2104/1984 establece que los contratos de la modalidad prevista en el artículo 15.1, a) del Estatuto de los Trabajadores tienen por objeto la realización de obras o servicios determinados con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta. En casos como el presente es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización. Sin embargo, existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida y ésa es -es importante subrayarlo- una limitación conocida por las partes en el momento de contratar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible en la medida en que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste. Para terminar sentenciando que, En este sentido no cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo, como muestra el supuesto típico de este contrato (las actividades de construcción). Y tampoco es decisivo para la apreciación del carácter objetivo de la necesidad temporal de trabajo el que éste pueda responder también a una exigencia permanente de la empresa comitente, pues lo que interesa aquí es la proyección temporal del servicio sobre el contrato de trabajo y para ello, salvo supuestos de cesión en que la contrata actúa sólo como un mecanismo de cobertura de un negocio interpositorio, lo decisivo es el carácter temporal de la actividad para quien asume la posición empresarial en ese contrato. Tras lo que concluye, Y siendo ello así, al decretarse el fin de la contrata por la empresa cliente, era igualmente ajustada al mandato del art c) del Estatuto de los Trabajadores la extinción del contrato de trabajo concertado precisamente para la realización del servicio a que aquella se refería. El precepto que se denuncia como infringido expresamente prevé la extinción por la realización de la obra o servicio objeto del contrato ; llegando incluso a razonar que, esta causa extintiva no queda alterada por el hecho de que la empresa empleadora haya concertado otra contrata con la empresa cliente, para la limpieza de un establecimiento comercial, sito en local distinto de los dos anteriores y con diferentes pactos. Se trata de otra contrata diferente, para cuya efectividad, la empleadora podrá o no contratar a la actora, bien por novación del contrato anterior, bien por la suscripción de uno nuevo y con efectos a partir de la fecha en que se concierte, pero sin que, por Ley o convenio colectivo, venga obligada a ello. Se desprende de esta doctrina que lo esencial para determinar la validez del contrato para obra o servicio determinado, es el hecho de que se vincule su duración a la ejecución de la contrata encargada por la empresa principal, lo que es suficiente para constituir una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, aún cuando las tareas objeto de la contrata adolezcan de cualquier autonomía y sustantividad propia dentro del proceso productivo de la empleadora. Hasta el punto que la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2001, viene a establecer precisamente en esta única circunstancia el elemento esencial de legalidad de este tipo de contratos, distinguiendo entre las situaciones en las que la empresa principal subcontrata o ejecuta por si misma idénticas tareas, para llegar a sostener que es válido en el primer supuesto y contrario a derecho en el segundo. Lo que ha sido ratificado posteriormente por numerosas sentencias del Tribunal Supremo, y matizado en alguno de sus aspectos, por ejemplo, cuando es la propia empresa subcontratada la que resuelve unilateralmente la contrata antes del tiempo pactado para su extinción, o cuando se extingue la contrata que sirve de causa a la contratación temporal, pero seguidamente se formaliza una nueva entre las mismas partes con el mismo objeto. Así lo recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2009, cuando razona que El contrato para obra o servicio determinado, conforme al artículo 15-1-a) del Estatuto de los Trabajadores y 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, es aquel que se concierta para la realización de una obra o la prestación de un servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta,

4 estableciéndose, igualmente, que La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. En nuestro derecho laboral la regla general es el contrato de duración indefinida, norma que sólo quiebra en los supuestos previstos en ella: como es el contrato temporal para ejecutar una obra o servicio determinados que son encomendados a la empleadora por tiempo cierto, aunque indeterminado, al margen de su actividad ordinaria o además de ella. El concepto de obra o servicio determinados ha sido entendido en su acepción genérica y con amplitud, lo que ha llevado a estimar que cabe ese tipo de contrato cuando la empresa tiene una necesidad de trabajadores temporales limitada y concretamente definida en el momento de contratar, circunstancias conocidas por las partes que saben que existe un límite temporal para el desarrollo de una actividad identificable por si misma. Ello nos muestra que estamos ante un contrato cuya duración depende de la ejecución de la obra que lo motiva, lo que permite concluir que nos encontramos ante una obligación a plazo, de la que sólo se sabe que el hecho futuro del que depende su subsistencia se producirá necesariamente, lo que la distingue de una obligación condicional, en la que se ignora si la condición se cumplirá. Por ello, conviene recordar que la teoría civilista distingue entre las obligaciones a plazo determinadas y las indeterminadas. En las primeras se sabe que el plazo se cumplirá y cuando, por ser el plazo certus an et certus quando ; mientras que en las segundas se sabe que el plazo llegará pero se ignora cuando, al ser certus an inciertus quando. De las disposiciones, antes citadas, que regulan el contrato de trabajo que nos ocupa, se desprende que nos encontramos ante un contrato temporal cuya duración depende del cumplimiento de un plazo que normalmente es indeterminado, lo que supone que al tiempo de firmarse el contrato se sabe que es de duración determinada, pero se ignora cuando se extinguirá, pues ello dependerá de la ejecución del encargo recibido de un tercero y de la voluntad de este, de si decide mantener o renovar su encargo. Conviene insistir en que estamos ante un contrato temporal en el que la duración depende del vencimiento de un plazo, la ejecución de la obra o servicio, y no ante un contrato sujeto a condición resolutoria porque, cual se deriva del artículo del Código Civil, cuando el hecho futuro del que depende la subsistencia del contrato es cierto, aunque no se sepa cuando llegará, estamos ante un plazo (resolutorio), mientras que si es incierta la producción del hecho que extinguirá el contrato nos encontraremos ante una condición (resolutoria). Que el artículo 15-1-a) del E.T. establece un contrato sujeto a plazo resolutorio lo evidencia el que regule un contrato sujeto a un límite temporal cierto, aunque sea incierta su duración concreta.y lo corrobora el hecho de que tal contratación temporal sólo se autorice en atención a que la empresa contratante necesita temporalmente de trabajadores para atender una actividad concreta, determinada y con autonomía y sustantividad propias, razón por la que se vincula la duración del contrato a la subsistencia de la necesidad que se atiende con él. Por ello, cuando la contrata o concesión que lo motiva se nova, renueva o es sustituida por otra posterior en la que el objeto sigue siendo el mismo, el contrato de trabajo no se extingue por no haber transcurrido el plazo pactado para su duración : la ejecución de la obra que lo motiva y la consiguiente desaparición de la necesidad temporal de mano de obra que requiere la ejecución de la obra o servicio que la empleadora se comprometió a realizar, objetivo que es el que, legalmente, autoriza una contratación temporal que en otro caso no sería acorde con la norma. Así pues, en la modalidad contractual estudiada cabe que se pacte un plazo resolutorio determinado o indeterminado, según las circunstancias de la obra o servicio a ejecutar o de la concesión obtenida, aunque la mayoría de las veces será difícil determinar la fecha exacta de la extinción. Pero lo que no será posible es que el contrato determine ese plazo resolutorio en contra de la naturaleza de ese contrato y del objetivo perseguido por la ley al admitirlo: cubrir una necesidad temporal de mano de obra que tiene una empresa para ejecutar una obra o servicio temporalmente, en el sentido amplio que tiene esta expresión. Por ello, mientras subsista esa necesidad temporal de empleados, mientras la empleadora siga siendo adjudicataria de la contrata o concesión que motivó el contrato temporal, la vigencia de este continua, al no haber vencido el plazo pactado para su duración, que por disposición legal debe coincidir con la de las necesidades que satisface. CUARTO La aplicación de esta doctrina al caso de autos, no solo avala la perfecta validez del contrato temporal para obra o servicio determinado suscrito entre las partes con base a la duración de la contrata entre la empresa demandada y la principal, sino que viene también a convalidar la situación jurídica que se produce por el hecho de que dicha contrata vaya finalizando de manera paulatina a partir del mes de junio y hasta su definitiva extinción a finales del mes de agosto, en un plazo de tiempo indeterminado al comienzo de la misma. En definitiva, el hecho de que la empresa subcontratada pudiere haber seguido prestando servicios residuales para la empresa principal durante los treinta o cuarenta días posteriores a la extinción del contrato de trabajo del actor, no evidencia la existencia de un fraude de ley que convierta en indefinida la relación laboral válidamente concertada. Esta situación se encuentra justificada por la propia necesidad productiva temporal que la empresa principal requiere durante algunos días más hasta la definitiva resolución de la prestación de servicios por la empresa subcontratada, lo que no es posible conocer al inicio de la relación laboral y no es por ello exigible mayor precisión en este punto en el contrato de trabajo. En esa tesitura es ajustado a derecho que la empresa subcontratada proceda igualmente a la paulatina extinción de los contratos temporales, conforme se produce paralelamente la extinción parcial de la contrata por parte de la empresa principal. No olvidemos que lo determinante en esta materia es la constatación de la existencia de fraude de ley en la contratación temporal, y una vez establecido que el contrato de obra o servicio es válido para cubrir este tipo de necesidades productivas, no es

5 posible apreciar una actuación fraudulenta del empleador cuando la resolución parcial de la contrata por parte de la empresa principal le obliga a la paulatina y progresiva extinción de los contratos de trabajos concertados para atender dicha contrata. Tan es así, que hasta el propio convenio colectivo de la empresa en su art. 9 contempla expresamente esta situación, permitiendo la progresiva resolución de los contratos de trabajo para obra o servicio determinado a medida que se produce la extinción parcial de la contrata a la que estaba adscrito el trabajador. Debemos por ello confirmar en sus términos la sentencia de instancia que acertadamente aplica estos mismos criterios. VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Secundino contra la Sentencia de fecha 25 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social 17 de los de Barcelona en el procedimiento número 696/10, seguido en virtud de demanda de despido formulada por el recurrente frente a E. S.A., y FOGASA, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución en todas sus partes. Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias. La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art.219 de la Ley de Procedimiento Laboral. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del texto procesal laboral, todo el que (a excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) intente interponer recurso de casación, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito -Banesto-, en la Oficina núm 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, nº , añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal. En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en Banesto, en la oficina indicada en el párrafo anterior, nº , añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría. Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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