Incidencia del Real Decreto Ley 20/2011 en las coberturas de riesgos de los planes de pensiones de los empleados y empleadas del sector público

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1 Incidencia del Real Decreto Ley 20/2011 en las coberturas de riesgos de los planes de pensiones de los empleados y empleadas del sector público 20 de abril de 2012 El artículo 2.3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público 1, establece, en el marco del sector público y para el ejercicio 2012, la suspensión de aportaciones a los planes de pensiones y a los seguros colectivos que incluyan la contingencia de jubilación, medida ésta que, por tanto, afecta a los instrumentos de previsión social complementaria de las empleadas y empleados públicos, y, en definitiva, a los derechos -compromisos por pensiones- de los mismos. La incidencia de esta medida sobre el régimen jurídico de los instrumentos que articulan los compromisos por pensiones así como sobre tales derechos, ha generado, además de los efectos referidos a la suspensión de aportaciones, multitud de repercusiones, sobre todo, en el ámbito de los planes de pensiones de empleo: planes de reequilibrio, planes de amortización del déficit, sistemas de prestación definida, sistemas contributivos, etc. Una de esas repercusiones, que, además, es la más grave y la que requiere de una solución inmediata, es la afectación a las coberturas de las contingencias de riesgos -fallecimiento e incapacidad instrumentadas a través de planes de pensiones de empleo o de seguros colectivos. Tal incidencia es el objeto de este informe, en el que se expondrá y analizará el problema así como se propondrán soluciones. 1 Publicado en el Boletín Oficial del Estado Nº 315 de 31/12/

2 Antecedentes Antes de la exposición del tema objeto de informe es preciso mencionar algunas cuestiones para delimitar la naturaleza jurídica tanto de los derechos como de los instrumentos afectados. La previsión social complementaria surge en España, tanto en el ordenamiento jurídico como en la realidad laboral, entorno a los años 40 50, a través del establecimiento de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social en el seno de las empresas. Constituidas éstas, en el caso de jubilación, como compromisos de las empresas a favor de los trabajadores y de las trabajadoras de las mismas y, en el resto de medidas, como mejoras voluntarias, de las recogidas en el artículo 191 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social. Dichos compromisos eran instrumentados habitualmente mediante fondos internos en las propias empresas o a través de mutualidades previsión, fundaciones laborales o pólizas de seguro, y suponían prestaciones complementarias de las pensiones de Seguridad Social. Las cuales tenían un carácter, además de complementario, privado y voluntario, y como tales fueron recogidas por la Constitución Española de 1978 en su artículo 41. Posteriormente, la incorporación de España a la Unión Europea supuso la aplicación en nuestro país de la Directiva sobre Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario 2, y en consecuencia, la exteriorización obligatoria de los compromisos por pensiones con carácter general para todas las empresas y entes con capacidad para asumir compromisos por pensiones, quedando exceptuadas de dicha 2 Directiva 2008/94/CE, de 22 de octubre, que sustituye a la Directiva 80/987/CEE. Dicha Directiva fue objeto de transposición a nuestro Ordenamiento Jurídico por medio de la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones - Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre-, siendo desarrollada por el Reglamento sobre instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 octubre. 2

3 obligación las Administraciones Públicas y, con carácter transitorio, el Sector Financiero, las Aseguradoras y las Sociedades y Agencias del Mercado de Valores. En lo que se refiere a las Administraciones públicas, el 13 de noviembre de 2002, se alcanzó un acuerdo entre los representantes de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Hacienda y las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) 3, sobre modernización y mejora de la Administración Pública, en el que se contenía el compromiso de promover por parte de la Administración Pública un Plan de Pensiones de Empleo a favor de las Empleadas y los Empleados Públicos. Para dar cumplimiento al citado Acuerdo, la Mesa General de Negociación de la Función Pública, en su reunión de 16 diciembre de 2003, acordó la promoción de un Plan de Pensiones de Empleo para los empleados y empleadas de la Administración General de Estado. Como resultado de lo cual quedó formalizado el Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de la Administración General del Estado el 9 de septiembre de Asimismo, se solventó el posible problema de la concurrencia de pensiones públicas ya que La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 4 en su disposición adicional décima modificó el concepto de pensión pública y dispuso en su apartado 2 que: No tendrán la consideración de pensiones públicas las abonadas a través de planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo, incluidos los formalizados por mutualidades de previsión social empresarial, promovidos por las Administraciones, organismos, entidades y empresas, a que se refiere la disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en los términos en ella expresados. 3 Dicho Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 15 de noviembre de 2002 y publicado en el Boletín Oficial del Estado Nº 276 de 18/11/ Publicada en el Boletín Oficial del Estado Nº 313 de 31/12/

4 Del mismo modo, se creó un concepto retributivo específico a través de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año , la cual establecía en el apartado 3 de su artículo 19, relativo a las Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público, que: Además del incremento general de retribuciones previsto, las Administraciones, entidades y sociedades.. podrán destinar hasta un 0,5 por 100 de la masa salarial a financiar las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. De igual forma la citada ley preveía por primera vez, manteniéndose tal previsión hasta 2011, la correspondiente habilitación presupuestaria, ya que en su artículo 21.1.d relativo al Personal del sector público estatal sometido a régimen administrativo y estatutario establecía que: Durante el año 2004 se destinará un 0,5 por 100 de la masa salarial de este personal, de acuerdo con la definición de masa salarial que a estos efectos establece el artículo 19.Tres de esta Ley para financiar las aportaciones previstas en el referido artículo a planes de pensiones o contratos de seguros que instrumenten compromisos por pensiones que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación respecto de los que la Administración General del Estado y sus organismos públicos actúen como promotores o tomadores. Dichas aportaciones serán distribuidas individualmente de acuerdo con lo establecido en cada plan de pensiones, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 19.Tres de esta Ley. Por fin, en 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público 6, vino a incluir, en su artículo 29 sobre Retribuciones diferidas, dentro de la estructura retributiva de las y los empleados públicos un nuevo concepto, en el mismo sentido que el contemplado en el Acuerdo antes citado, por el que se posibilita a las y los empleados públicos a percibir, en concepto de 5 Publicada en el Boletín Oficial del Estado Nº 313 de 31/12/ Aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado Nº 89 de 13/04/

5 salario diferido, aportaciones en un Plan de Pensiones de Empleo o contrato de seguro colectivo, en la cuantía fijada cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Con anterioridad a todo ello se habían venido negociando y pactando Acuerdos, en todo el arco de las Administraciones Públicas, por los que se establecían obligaciones de aportación a Planes de Pensiones de Empleo o a Seguros Colectivos por parte de las Administraciones Públicas a favor del personal que prestaba servicios para las mismas, en una cuantía, en la mayor parte de las ocasiones superior al porcentaje establecido a partir del año 2004 a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. El origen de tales aportaciones era muy diverso, como por ejemplo, la transformación de fondos de acción social o la transacción de otros derechos reconocidos en la negociación colectiva. Para garantizar las condiciones de estos Planes que ya existían con anterioridad, se incluyó una disposición transitoria en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004, que fue objeto de debate en el seno de la negociación para la promoción del Plan de Pensiones de Empleo de la Administración General del Estado, y que los Presupuestos Generales del Estado desde el ejercicio 2004 hasta el ejercicio 2011 han recogido. Con esta Disposición transitoria se permitía mantener la cuantía y estructura de su aportación a los planes de pensiones de empleo o seguros colectivos que estuvieran en vigor y autorizados con anterioridad al 1 de octubre de 2003, y cuyas aportaciones fueran superiores a las establecidas cada año por las correspondientes leyes de presupuestos. No obstante, y a pesar de no ser de aplicación directa, en los términos antes expuestos, la obligación de exteriorización de los compromisos por pensiones en el Sector Público, lo habitual ha sido la promoción de instrumentos de previsión social complementaria para articular los compromisos por pensiones constituidos a favor de las empleadas y empleados públicos. 5

6 Marco jurídico El Real Decreto Ley 20/2011 dispone en el apartado 3 de su artículo 2 sobre Retribuciones del personal y altos cargos del sector público que: durante el ejercicio 2012 no (se) podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. El ámbito de aplicación de la citada medida pretende ser el más amplio posible, reproduciendo la delimitación de sector público contenida tradicionalmente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Esta vez sin ninguna exclusión en cuanto a su ámbito de aplicación, a diferencia de lo previsto en el Real Decreto Ley 8/2010 para la reducción salarial de las empleadas y empleados públicos, ya que el propio Real Decreto Ley 20/2011 dispone que: constituyen el sector público: La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su competencia. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de su competencia. Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución. Las sociedades mercantiles públicas. Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local. Además, el apartado 7 del mencionado artículo 2 del Real Decreto Ley, a diferencia de lo que ocurre con otras previsiones contenidas en el mismo, dota a esta medida de carácter básico, por ello, de obligado cumplimiento para todo el sector público. 6

7 Esta disposición establece, para el ejercicio 2012, la suspensión de aportaciones a los sistemas de previsión social complementaria de las empleadas y empleados públicos, pretendiendo afectar no sólo a la previsión relativa a esta materia en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, referida a la aportación al plan de pensiones de la Administración General del Estado fijada en un 0,3 %, sino también a las aportaciones del resto de instrumentos de previsión social complementaria del sector público. Asimismo, esta disposición deja sin efecto la aportación correspondiente, prevista de forma específica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para los instrumentos de previsión social complementaria autorizados y en vigor antes del 1 de octubre de En cuanto al contenido de la medida, es decir, a las coberturas afectadas, se interpreta que habría una distinción entre los sistemas por los que se cubren las contingencias de riesgos y los sistemas por los que se cubre la contingencia de jubilación, siendo los afectados por la medida los segundos y no los primeros, ya que la redacción dada a tal disposición implica que quedan prohibidas las aportaciones a los planes de pensiones y a los seguros de vida por los que se cubre la contingencia de jubilación, estando, por tanto, permitidas las aportaciones cuando se dé cobertura exclusivamente a las contingencias de riesgos. Sin embargo, en cuanto a los planes de pensiones y seguros colectivos cuando se dé cobertura a jubilación quedan prohibidas todas las aportaciones, sin hacer distinciones en relación a las coberturas que a través de estos instrumentos de previsión social complementaria se pueden cubrir. Como consecuencia de ello, los empleados y empleadas del sector público que cuenten con un sistema de protección social complementaria que dé cobertura a las contingencias de riesgos (invalidez y fallecimiento) junto a la contingencia de jubilación a través de un plan de pensiones o seguro colectivo han dejado de estar protegidos frente a las citadas contingencias de invalidez y fallecimiento al imposibilitarse de manera general la aportación a dichos instrumentos con independencia de la cobertura que protejan. 7

8 En virtud de todo lo expuesto cabe concluir, ya que el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2011 dispone que en el año 2012 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, que se establece, por tanto, una congelación de la masa salarial para las y los empleados públicos, pero no una reducción de la misma. Y debido a que las aportaciones a los planes de pensiones, y en concreto, la parte de las mismas destinada a la cobertura de las contingencias de riesgos ya había sido presupuestada en el ejercicio Es posible, por tanto, en la medida que el Real Decreto Ley permite la aportación para cubrir las referidas contingencias, destinar tales cuantías a la cobertura de dichas contingencias, mediante la contratación de un seguro por la entidad promotora del plan de pensiones en tanto que dure la suspensión de aportaciones establecida por el mencionado Real Decreto Ley. En relación a la citada contratación del seguro hay que tener presente que un acuerdo de negociación colectiva sería el canal adecuado para que el compromiso de riesgos de actividad, incorporado al Plan de Pensiones junto a las aportaciones o cobertura para la jubilación, pueda sacarse del plan, temporal o definitivamente, e instrumentarse por separado en una póliza de seguros que dé cobertura únicamente a los riesgos de actividad. Finalmente, como consecuencia de que la contratación del seguro se haga directamente por el promotor, siendo, por tanto, éste el tomador del seguro y no el plan de pensiones, y por la propia naturaleza jurídica de las pólizas de seguros, esta opción conllevaría necesariamente la correspondiente imputación fiscal para los trabajadores y trabajadoras. Integrándose la parte correspondiente de la prima como rendimiento del trabajo en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En relación a las cantidades recibidas por el cobro de prestaciones, con objeto de evitar la doble imposición, tributarían minoradas en la cuantía de la prima inicialmente imputada, debiendo, en todo caso, la aseguradora identificar al beneficiario la parte que sí debe ser declarada. 8

9 En el supuesto de que tal prestación, por acaecer la contingencia de fallecimiento, sea percibida por los causahabientes -herederos o beneficiarios- del causante -asegurado (partícipe del plan de pensiones)-, los perceptores de estas cantidades tributarían en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de conformidad con la normativa que les sea de aplicación según la Comunidad Autónoma donde tengan obligación de tributar. Conclusiones Los empleados y empleadas del sector público que cuenten con un sistema de protección social complementaria que dé cobertura a las contingencias de riesgos (invalidez y fallecimiento) a través de un plan de pensiones o seguro con cobertura de jubilación, han dejado de estar protegidos frente a las citadas contingencias al imposibilitar el Real Decreto Ley 20/2011 la aportación a dichos instrumentos con independencia de la cobertura que por ellos se cubra. Sin embargo, dicho Real Decreto Ley permite la aportación a los contratos de seguro colectivos o planes de pensiones para cubrir dichas contingencias de riesgos cuando no den cobertura a la jubilación. Del mismo modo, cabe concluir que el Real Decreto Ley 20/2011 establece una congelación de la masa salarial para las y los empleados públicos, pero no una reducción de la misma. Estando, además, dichas cuantías presupuestadas en el ejercicio 2011, debe entenderse que la parte de tales aportaciones destinada a la cobertura de las contingencias de riesgos es posible destinarla, en la medida que el Real Decreto Ley sí permite la aportación a los contratos de seguro o planes de pensiones para cubrir las referidas contingencias, a la contratación por parte del promotor del plan de pensiones de un seguro por el que se cubran dichas contingencias en tanto que dure la suspensión de aportaciones establecida por el mencionado Real Decreto Ley, siendo un acuerdo de negociación colectiva el canal adecuado para que el compromiso pueda salir del plan de pensiones, temporal o definitivamente, e instrumentarse por separado en una póliza de seguros que dé cobertura únicamente a los riesgos de actividad. 9

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