PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

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Juan Toledo Jiménez
hace 7 años
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1 D. Manuel Montejo López, Portavoz del Grupo Municipal de Jaén en Común, en el Ayuntamiento, a tenor de lo dispuesto en los arts y 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Exposición de motivos: La grave crisis económica ha dejado, y sigue haciéndolo, tremendas consecuencias sociales que padece el conjunto de la sociedad, y que se ceban, especialmente con los más desfavorecidos y las clases trabajadoras, que no son, recordemos, quienes se lucraron en los tiempos de burbuja económica. Y una de las más trágicas consecuencias, son los procesos de pobreza energética que muchos de nuestros conciudadanos están padeciendo en el conjunto del estado, y también, cómo no, en nuestro municipio. La pobreza energética se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces y/o bien se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos para satisfacer sus necesidades domésticas y de bienestar en materia de recursos energéticos, ya sean agua, gas o electricidad. La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia. 1

2 Además, la pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influir en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de muertes prematuras anuales frente a las provocadas por accidentes de tráfico. Existen multitud de estudios, encuestas y dictámenes normativos europeos que denuncian estas situaciones, así como aconsejan la puesta en marcha de medidas correctoras y coercitivas que palien y erradiquen la pobreza energética, así como de la protección de los ciudadanos en su papel de consumidores: El más reciente de ellos, de FACUA del pasado 20 de octubre, en el que denunciaba la subida cuantificada de un 76% más de luz en 10 años: el usuario medio paga 400 euros anuales más que en 2005, responsabilizando de la descomunal subida a las nefastas políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas. También la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha denunciado como mientras las eléctricas y gasistas (todas ellas, ex empresas públicas) han ido aumentando sus beneficios las desconexiones por imago de abonados a la red eléctrica han crecido un 83%, con períodos como el que va desde diciembre de 2011 a mayo de 2014 en los que se iniciaban estos trámites al ritmo de 500 abonados por día. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en un informe de febrero de este año indica que ya son 7 millones los hogares españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz y/o del gas al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna (y con ellos, no olvidemos, hablamos de derechos constitucionales o derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos de la ONU), pueden permitirse y cuáles no. También el INE en su encuesta de condiciones de vida, fechada en el 25 de mayo de este año señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente para las personas con factores de riesgos más alto como niños, ancianos o enfermos. 2

3 Mientras tanto la Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el consumidor vulnerable; y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos. Medidas adoptadas por buena parte de los países miembros, e ignoradas sistemáticamente por los distintos gobiernos, tanto centrales como autonómicos de España. El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 66% de las personas atendidas por Cruz Roja durante 2014 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura óptima, hasta un 24% más que en el 2011, momento en el que tales situaciones de emergencia se dispararon. Además, indican una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas. Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros vecinos y vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una Ley que inste al Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética, y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales causas por las que esa pobreza energética se produce y manifiesta. Es preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado. Además, resulta imprescindible tener en cuenta que la única alternativa para evitar esta situación pasa por la creación de un sector público energético, que asegure el derecho a los suministros vitales y que recupere un sector estratégico de la economía español. Y en cuanto a la responsabilidad de las corporaciones locales -que son las que tienen las competencias en políticas sociales- están obligadas a cubrir los gastos específicos derivados de las necesidades básicas de subsistencia como la 3

4 alimentación, los cuidados personales (vestido e higiene), alojamiento temporal y otro tipo de servicios como la electricidad, el agua y la calefacción. Existen tres posibles escenarios de respuesta desde las instituciones y administraciones: Desentenderse del problema, medidas temporales que palien los efectos o bien medidas estructurales desde el ámbito legislativo y la solidaridad que erradiquen estas situaciones dramáticas con la que conviven no pocas personas en nuestro país, comunidad o municipio. Desde el Grupo Municipal de Jaén en Común y ante la llegada del invierno, creemos que el pleno de este Ayuntamiento puede y debe posicionarse en este último paradigma y con la voluntad política necesaria, así como ejercitar la justicia social para favorecer la mejora de condiciones de vida de quienes peor lo están pasando. Por lo anteriormente expuesto, propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS: 1. El Ayuntamiento de Jaén reconoce el derecho al agua, la luz y el gas de todos sus ciudadanos y garantiza que ningún hogar sufra falta de suministro por incapacidad económica de hacer frente a los recibos. 2. El Ayuntamiento de Jaén elaborará un Plan contra la Pobreza Energética, que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas y a través del cual se llegue a acuerdos con las compañías suministradoras para que los usuarios vulnerables no estén sujetos a los cortes del suministro por falta de pago. 3. El Ayuntamiento de Jaén procede a la creación de una oficina para el seguimiento e impulso de una estrategia de rescate ciudadano para acabar con la pobreza energética en menos de un año. 4. El Ayuntamiento de Jaén elaborará un Plan de Rehabilitación energética de edificios destinados a vivienda y al sector servicios, incluyendo un plan económico de ayudas y financiación para su completo desarrollo, y un Plan de Rehabilitación energética de edificios de titularidad pública. 5. Solicitar al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros 4

5 6. básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Igualmente, en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. 7. Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3//1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico. Jaén, 18 de diciembre de 2015 Fdo.: Manuel Montejo López Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén 5

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