RURAL A NIVEL NACIONAL ATENCION A POBLACIÓN DESPLAZADA

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1 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL PROGRAMACION PRESUPUESTAL INVERSIÓN Vigencia _2012_ NOMBRE DE PROYECTO: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA CLASIFICACION DEL GASTO Tipo de gasto Sector Denominación Código Denominación Código PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 320 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1100 CODIGO BPIN COMPONENENTE DE INFORMACIÓN BÁSICA 1.1. INFORMACIÓN BÁSICA Datos básicos. Descripción problema o necesidad El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia y su expansión territorial en la década de los noventa produjeron un incremento paralelo en el número de víctimas civiles. Las estrategias de los grupos armados y la necesidad de financiar sus operaciones derivaron en prácticas tales como el secuestro, las masacres, los asesinatos selectivos, las minas antipersonales, las órdenes de desalojo y el reclutamiento forzoso, entre otros. El desplazamiento forzoso de poblaciones, consecuencia de dichas acciones, constituye una de las expresiones más dramáticas del conflicto colombiano. Desde 1995 hasta hoy, el crecimiento sostenido del desplazamiento forzoso ha afectado a un poco más de 3 millones de personas, equivalentes al 6.6% de la población total y cerca del 26,6% de la población rural de Colombia, la cifra más alta del mundo en términos absolutos. Además, su impacto regional no se circunscribe a unos cuantos municipios del país: más del 90% de los municipios colombianos expulsan población. Las confrontaciones armadas y la lucha por la hegemonía territorial de los grupos armados sucede generalmente en áreas rurales y, como resultado, la población desplazada procede en su mayoría de esas áreas. En efecto, el perfil ocupacional de la población desplazada refleja su procedencia rural. Un poco más de la mitad de las familias desplazadas tenía acceso, ya sea formal o informal, a tierras en el municipio de origen y el 66% de los jefes de hogares desplazados estaban dedicados a actividades agrícolas antes del desplazamiento.

2 El desplazamiento se produce, en primera instancia, por un acto violento con un objetivo deliberado de expulsar población que constituye una violación directa de algunos derechos fundamentales (Mooney, 2005). Tales actos derivan, en una tercera parte de los casos, en la fragmentación de la familia o en la muerte del principal generador de ingresos del hogar. La salida intempestiva del municipio de origen impide la protección y venta de activos que son abandonados, destruidos o quedan en manos de grupos al margen de la ley. La inserción de las familias desplazadas en los mercados laborales es lenta y, por lo general, se vinculan a trabajos informales. La tasa de desempleo de los jefes de hogares desplazados son del 16.1%, mientras para los jefes de hogares pobres urbanos son del 10%. La dificultad para vincularse a los mercados laborales urbanos se debe a las altas tasas de desempleo en las ciudades, a las bajas dotaciones de capital humano de la población desplazada y a la dificultad para recuperar redes sociales. Los niveles de escolaridad de la población desplazada están por debajo de la escolaridad de los pobres urbanos, las tasas de analfabetismo son superiores (24% vs.10%) y sus habilidades agrícolas tienen poco valor en los mercados laborales urbanos. Se evidencian las precarias condiciones de la población desplazada, así como la necesidad de adoptar políticas públicas enfocadas a restituir sus derechos y a permitir que recupere su capacidad productiva. La elevada pérdida de activos, las bajas dotaciones de capital humano y la dificultad para vincularse a los mercados laborales impiden a la población desplazada recuperar su senda productiva. Los tres elementos anteriores no mejoran con el tiempo de asentamiento y, por ende, el riesgo de caer en una pobreza crónica es considerable, ello no sólo significa altos costos de bienestar para la población desplazada sino una carga fiscal para el Estado debido a la alta dependencia de este grupo a la ayuda estatal. Según la Ley 387 de 1997, el hogar desplazado es responsabilidad del Estado hasta cuando cese la condición de desplazamiento, es decir, hasta que el hogar alcance una estabilización socioeconómica. Tal atención genera una carga fiscal considerable y, si no se diseña de manera adecuada, se puede crear una población dependiente de la ayuda estatal. Para evitar la dependencia de la población desplazada, es necesario trascender la mera ayuda asistencialista y diseñar programas que ayuden a esta población a recuperar su capacidad productiva. La transición de la ayuda asistencialista hacia una etapa de verdadera estabilización socioeconómica requiere fortalecer los programas de generación de ingresos; programas que son el componente más débil de la política actual. Los programas existentes se concentran en soluciones temporales de empleo y aún no es claro cómo hacer la transición de los programas temporales a alternativas permanentes. Se han identificado varias debilidades de los programas actuales de generación de ingresos. Por un lado, la falta de escolaridad hace que la capacitación laboral no sea efectiva, lo que dificulta posteriormente la vinculación a los mercados laborales. Por otro lado, los programas para impulsar microempresas carecen de capital semilla el cual es esencial dadas las elevadas pérdidas de activos que sufren, no siempre contemplan ayudas paralelas para evitar que los créditos sean asignados a consumo del hogar, y tienen un acompañamiento insuficiente durante el proceso de formulación e implementación del proyecto. Las deficiencias anteriores derivan entonces en programas temporales de generación de ingresos

3 que contribuyen por unos meses a mejorar la situación del hogar desplazado pero tras su finalización, las condiciones declinan significativamente. Desde el punto de vista de la teoría económica, la capacidad para generar ingresos permite a los hogares recobrar el acceso a bienes y servicios y hacer valer sus derechos frente a la sociedad con el fin de alcanzar niveles de bienestar económico aceptables. La etapa de estabilización socioeconómica debe ser exitosa, fundamentalmente por tres razones: (1) para apoyar a la población desplazada a recuperar su capacidad productiva y llevar una vida digna; (2) para contribuir en los procesos de reconciliación de la sociedad colombiana; y (3) para reducir la carga fiscal sobre el Estado. El desplazamiento y el abandono de los activos productivos. Datos de la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (Julio-Agosto 2010) referencian la magnitud del daño sufrido por las familias desplazadas en los relativo al abandono de sus principales activos productivos: tierras, cultivos, animales y otros bienes, indican que el 82.9% de la población desplazada total poseía algún bien (sin tener en cuenta los muebles y enseres): el 42.1% poseía tierras, el 70.8% ganado y otros animales, el 46% cultivos, el 49.1% maquinaria, equipo y/o vehículos, el 22% infraestructura productiva. Adicionalmente, un contundente 87,5% perdió el trabajo o la fuente que le permitía obtener ingresos o ganancias. El 40.7% de los grupos familiares desplazados que debió abandonar, fue obligado a vender o fue despojado de sus tierras. El total de tierras que las familias desplazadas se vieron obligadas a abandonar, vender o entregar a terceros forzosamente en el momento de desplazamiento entre los años 1980 y julio de 2010, sin contar aquellas de propiedad colectiva, fue de hectáreas, esta cifra equivale al 15.4% de la superficie agropecuaria nacional. En total familias desplazadas debieron abandonar o fueron despojadas de sus tierras, de las cuales , o el 81,3% están inscritas en el RUPD. El promedio nacional de hectáreas abandonadas, vendidas o entregadas a terceros forzosamente por grupo familiar fue de 15,3 Has. Esta cifra muestra claramente que las familias que debieron abandonar forzosamente la tierra o fueron despojadas eran en su gran mayoría pequeños productores, ya que en promedio la tierra que perdieron era inferior a una Unidad Agrícola Familiar (UAF). Cerca de la mitad de las familias encuestadas en la III ENV-2010, poseía cultivos que se vieron obligados a abandonar en el momento del desplazamiento (46,9%). Las familias que debieron abandonar cultivos permanentes que implican una inversión mayor para su establecimiento, la cual se recupera tan sólo después de varios años de contar con el cultivo en su etapa de producción- fueron el 27,8% del total. La superficie cultivada que las familias desplazadas se vieron obligadas a abandonar, vender o entregar a terceros forzosamente fue de hectáreas en el periodo comprendido entre enero de 1980 y julio de En el periodo de mayor desplazamiento ( ) las áreas cultivadas promedio al año que las familias desplazadas debieron abandonar, vender o entregar forzosamente a terceros alcanzó las ,5 hectáreas, una cifra que oscila entre 2,9% y el 3.5% de la superficie cosechada anualmente en el país. Los grupos de familias que debieron abandonar cultivos

4 tenían, en promedio 3,3 hectáreas cultivadas. El valor promedio de las tierras de los que perdieron tierras se estima en $17.2 millones de 2010, el de los cultivos permanentes $13,9 millones, lo que representa en tierras abandonadas un valor promedio de $ por hectárea y en cultivos permanentes de $ ,7 2 por hectárea; en ambos casos valores que pueden resultar conservadores como promedios para estos tipos de bienes en economías campesinas en el país. Las pérdidas de orden material o económico, sufridas por la población desplazada son de dos tipos: por un aparte la pérdida patrimonial (daño emergente), y por otra, la perdida de la capacidad productiva y, por lo tanto, de los ingresos futuros que con ella hubieran podido generar- que vivieron al perder los activos en los que se basaba su actividad económica (lucro cesante). La estimación del daño emergente sufrida por la población desplazada por los bienes inmueble y muebles que perdieron (tierras, cultivos permanentes, animales, otros, bienes raíces, muebles de hogar, enseres, maquinaria y equipo e infraestructura productiva), bien fuera porque les fueron usurpados o porque se vieron obligados a abandonarlos y no los han podido recuperar, ascendería, en el periodo comprendido entre el año de 1980 y julio de 2010, a la suma de $19,9 billones de 2010, cifra equivalente al 3,9% del PIB a precios corrientes De esta cifra el valor de las tierras abandonadas y/o despojadas representaría el 34,2%, y si a esta cifra se le agrega el valor de los otros bienes productivos directamente asociados a su actividad agropecuaria (cultivos permanentes, animales e infraestructura productiva) el porcentaje se incrementaría al 62,8%, o al 69,3% si se incluye la maquinaria, equipos y vehículos. En cuanto a la estimación del lucro cesante, los ingresos que han dejado de percibir las familias desplazadas por la pérdida de los activos productivos que tenían al momento del desplazamiento entre el periodo comprendido entre 1980 y 2010, ascendería a $59,8 billones de 2010 para la población total, cifra equivalente al 12,0% del PIB a precios corrientes La gran mayoría del total de estos ingresos dejados de percibir corresponden a actividades agropecuarias (70,7%). Considerando la totalidad de los ingresos promedio a nivel nacional, cada grupo familiar desplazado habría dejado de percibir cerca de $55 millones de 2010, de estos cerca de $38,8 millones corresponden a actividades agropecuarias ($19,8 ingresos agrícolas, $19,0 ingresos pecuarios). Se destaca que el 61,6% de los grupos familiares encuestados, estarían dispuestos a retornar o a reubicarse en zonas rurales, también estaría dispuesto a asociarse con el objeto de desarrollar proyectos productivos colectivos o comunitarios, lo cual favorecería el impulso de reubicaciones o retornos masivos y de procesos de reparación por colectivos de víctimas. En tal sentido, el Estado ha abordado un marco normativo de imperativo cumplimiento más allá de los limites presupuestales para su realización, orientado bajo principios de complementariedad y cooperación con entidades públicas, la cooperación internacional, entidades no gubernamentales e instituciones humanitarias, en procura de lograr la satisfacción de necesidades materiales como las condiciones de seguridad física y social, la 1 Lo que resulta de dividir el valor de $17,2 millones por las 15,3 Has promedio que tenían los grupos familiares desplazados que perdieron tierra. 2 Lo que resulta de dividir el valor de $13,9 millones por las 3,3 Has promedio que tenían los grupos familiares desplazados que perdieron cultivos permanentes.

5 superación de los efectos sicológicos, la recuperación de los sentidos de pertenencia y la capacidad de la población de organizarse y gestionar decisiones según sus intereses. Este restablecimiento socioeconómico, reconoce un estado de vulnerabilidad de la población desplazada y necesidades básicas que requiere de acciones solidarias coordinadas e integrales en procura de garantizar el acceso a recursos productivos (tierra, educación, asistencia técnica, asesoría, acompañamiento, capital de inversión), que contribuyan con la generación de ingresos, el trabajo, empleo digno, la integración social, la protección y la reconstrucción del tejido social. Superar este estado de marginalidad y dependencia y recuperar sus derechos ciudadanos, es una obligación moral y ética hacia procesos de desarrollo humano. Las acciones propuestas en el marco de la implementación de la Política de Generación de Ingresos (PGI), establecidas por el Plan de Acción del documento Conpes 3616 de 2009, establecen el objetivo de incrementar el potencial productivo de la población desplazada tanto en el entorno rural como urbano. Para lo cual el Estado debe propiciar estrategias que posibiliten el restablecimiento social y económico de esta población que van desde las acciones necesarias para prevenir este delito, hasta aquellas que buscan la protección y atención integral de la población desplazada (PD). No obstante persisten falencias en la implementación coordinada, articulada e integral de las acciones dirigidas a la población desplazada, pues dichas acciones deben ser simultáneas e integrales para garantizar su dignificación ya sea en su lugar de origen o donde voluntariamente el hogar decida generar arraigo, y deben estar coordinadas entre los niveles territoriales. Igualmente, existen dificultades para incluir en las políticas: (i) atención diferencial a grupos de especial protección constitucional; (ii) abordaje psicosocial y (iii) participación de la PD. Así las cosas, faltan lineamientos estratégicos para abordar el tema de la población desplazada, donde se prioricen estrategias que impacten en el restablecimiento social y económico en el marco del retorno o la reubicación (urbana o rural), así como medidas para prevenir el desplazamiento forzado y proteger los derechos de las víctimas de este delito, centrado en acciones en busca del GED de la PD, como: - Acciones de fortalecimiento y adecuación de la oferta existente en términos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. - Articulación de las políticas de Vivienda, Generación de Ingresos y Restitución de Tierras, en el marco del retorno o la reubicación para el restablecimiento social y económico de la PD con un programa de Asistencia Técnica Integral para PD que retorna o es reubicada en áreas rurales, articulado con la restitución de tierras y la conformación de proyectos productivos. Dichas acciones deben ser integrales y a partir de una oferta articulada y coherente con las necesidades de la población desplazada, buscando no solo el retorno o reubicación de los campesinos a sus tierras, sino fomentando a través de la asistencia técnica la implementación de proyectos desarrollo rural que lleven al sector a superar la baja competitividad y productividad, debida principalmente al uso ineficiente de los factores de producción (tierra y el agua), el bajo nivel de innovación en los sistemas productivos, la baja productividad de la mano de obra rural, y los altos costos de producción.

6 Objetivo general del proyecto Contribuir con las condiciones necesarias para la estabilización socioeconómica de la población sujeto de programas de reforma agraria, a través de la implementación proyectos productivos. Objetivos Específicos - Contribuir a la población beneficiaria, con una fuente para la generación de ingresos sostenibles. - Articular la oferta de servicios del Incoder con las demás ofertas programáticas y presupuestales del gobierno nacional y los gobiernos locales. Alternativa de solución Atendiendo los lineamientos de la Política sobre Atención a la Población Desplazada y con el fin de aportar al logro del Goce Efectivo de los Derechos -GED 3 de ésta población, se ha definido que este proyecto atenderá a la población desplazada y vulnerable que se en marque dentro de los procesos de los programas de reforma agraria. El programa tiene como propósito la cofinanciación para la implementación o fortalecimiento de proyectos productivos para la población que es sujeto de reforma agraria, la cual debido a amenazas a la integralidad física del propietario y su núcleo familiar, fueron sujetos de desplazamiento forzoso, por lo que el estado a través de mecanismos como estos, pretende facilitar la reactivación productiva y la generación de ingresos, siempre que cumplan las condiciones que se establecen más adelante. Por tal motivo, este programa ha definido dos (2) componentes que se articulan con los objetivos propuestos, así: Implementación de proyectos productivos (Capital de trabajo), y articulación de la oferta programática a través de la financiación de programas de servicios complementarios, actividades para la organización de la comunidad beneficiada, capacitación de las asociaciones de usuarios, asistencia técnica, transferencia de tecnología, asesoría en comercialización, etc. Componente 1: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Capital de trabajo). 3 Goce Efectivo de Derechos (GED): Es el conjunto de criterios mínimos que se debe garantizar a la población que ha sido víctima del desplazamiento forzado con el objetivo de alcanzar su estabilización socioeconómica y restituir los derechos que le fueron vulnerados. El Estado tiene la obligación de prevenir y mitigar los efectos del desplazamiento y garantizar los derechos a: Subsistencia Mínima, Alimentación, Reunificación Familiar, Educación, Identidad, Salud, Vivienda, Tierras, Generación de Ingresos, Vida, Integridad, Libertad y Seguridad Personal, Verdad Justicia y Reparación, Participación, Retorno y/o Reubicación. Específicamente el indicador de Goce Efectivo del derecho a la generación de ingresos se refiere a que los hogares en situación de desplazamiento posean por lo menos una fuente de ingresos autónoma y su ingreso supera como mínimo la línea de indigencia (proceso) y de pobreza (resultado).

7 Atendiendo los objetivos de incrementar el potencial productivo de la población desplazada en el entorno rural, que se formulan en la Política de Generación de Ingresos (Conpes 3616), el Instituto a través de la implementación de proyectos productivos, respalda dichas estrategias que posibilitan el restablecimiento social y económico de esta población. Para avanzar en la consolidación de procesos que contribuyan a la estabilización socio económica de la población en situación de desplazamiento, se implementarán proyectos de desarrollo rural, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Para financiar proyectos productivos a población desplazada, se tendrá en cuenta que sean adjudicatarios del INCODER/INCORA a través de la titulación de baldíos, o los predios provenientes del Fondo Nacional Agrario y predios de la DNE que podrían ser utilizados para ubicar población desplazada, de igual manera población desplazada objeto de un amparo emanado por la Corte Constitucional u ordenada su atención por fallos de tutela, además de los predios entregados por INCODER a población desplazada en los años 2006 y 2007 que no alcanzaron a recibir capital de trabajo. Se realizará el siguiente proceso: La familia desplazada presentará la solicitud (carta radicada al MADR- INCODER) de cofinanciación para implementar proyectos productivos, que permitan adelantar o reactivar la actividad económica del predio. El solicitante deberá demostrar que haya sido o puede ser beneficiario directo de reforma agraria. Para la selección o priorización de familias que presentaron solicitud, se tendrá en cuenta: La sumatoria de la respectiva calificación para los criterios evaluables, sobre la base de un puntaje máximo de puntos, así: CRITERIOS PUNTAJE Nivel de Pobreza Según (NBI), Municipal. 100 Nivel de Cofinanciación o Contrapartida. 100 Índice de Ruralidad de la Población. 100 Mujer cabeza de familia 100 Composición del Grupo Familiar. 150 Pertenecer a las Minorías Negras e Indígenas. 50 Calidad del Proyecto Productivo. 400 EVALUACIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA 1000 Determinación de la aptitud y vocación del suelo: La visita de campo podrá ser practicada directamente por el INCODER, o a través de un tercero idóneo. Con base en dicho concepto se elaborará la lista de predios, priorizando los que obtengan mayor puntaje, para implementar y desarrollar un proyecto productivo. Concertado con las familias se procederá a formular y evaluar el proyecto productivo. Se podrán contratar las empresas inscritas en el

8 Registro de Entidades Prestadoras de Asistencia Técnica del MADR, localizadas en distintas regionales del país, suministrándole los elementos conceptuales y metodológicos básicos y los procedimientos operativos que faciliten una formulación adecuada de los proyectos productivos. Establecimiento de los criterios de tipo legal para la entrega de los recursos. Lista de elegibles de acuerdo al puntaje. Entrega del capital de trabajo. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Que al momento del desplazamiento derivaran la mayor parte de sus ingresos de actividades agropecuarias, acuícolas y/o forestales; b) Estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social como desplazado por la violencia; c) No tener penas privativas de la libertad pendientes de cumplimiento, impuestas mediante fallo penal en firme. Parágrafo: La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional certificará la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada del (los) aspirante (s) al subsidio. Condiciones generales. Los beneficiarios del programa deben cumplir lo siguiente: 1- Pertenecer al nivel 1 o 2 del SISBEN. 2- No poseer más de un predio rural. 3- El área del predio no podrá ser superior al área de una UAF. 4- El valor de los activos totales del aspirante no podrán ser mayor a 145 SMMLV (definidos por FINAGRO como pequeño productor), incluidos los del cónyuge. 5- Se financiará por familia, sólo hasta 72,5 SMMLV de acuerdo al proyecto productivo. Unidad Agrícola Familiar: Empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. El tamaño de la Unidad agrícola Familiar (UAF) determinada por el Consejo Directivo del INCODER, mediante Acuerdo 192 del Cálculo para la implementación de proyectos de desarrollo rural: Para el cálculo se tuvieron en cuenta las siguientes variables, establecidas en la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (Julio-Agosto 2010): - Valor asignado para proyectos de desarrollo rural $25.500,0 millones. - Cada grupo familiar desplazado habría dejado de percibir cerca de $55 millones de 2010, de estos cerca de $38,8 millones corresponderían a actividades agropecuarias ($19,8 ingresos agrícolas, $19,0 ingresos pecuarios).

9 Cifras= $25.500,0 millones /$38,8 millones= 657 Proyectos Por lo tanto con los recursos destinados para la financiación de proyectos de desarrollo rural, se apoyarán 657 proyectos. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO Las familias desplazadas aspirantes a obtener el subsidio para cofinanciar el proyecto productivo que hayan presentado la respectiva solicitud del Incoder, deberán presentar el proyecto productivo debidamente formulado y evaluado, estableciendo claramente los beneficios financieros, económicos y sociales. NOTA: Para la formulación y evaluación de los respectivos proyectos los solicitantes tendrán un acompañamiento adecuado por parte del Incoder o en defecto por un ente externo avalado por el MADR. Es de aclarar que la variable calidad de proyecto productivo, será factor de calificación y por tal razón, se deberá considerar la aptitud de los suelos del predio y su correlación con el proyecto productivo. Información General Descripción de la actividad productiva a desarrollar con el proyecto (agrícola, pecuaria o forestal), tecnología propuesta, Indicadores técnicos (densidades de siembra, rendimientos, productividad), plan de manejo (sanitario y prácticas culturales y buenas prácticas agrícolas), plan de asistencia técnica, organización del proyecto para la producción y el mercadeo, la metodología o el plan a seguir en la implementación del proyecto de acuerdo al cronograma de inversión. Debe incluirse clara información sobre: Áreas y costos de producción de la propuesta, calculando los volúmenes de la producción desde el primer año en que se ponga en marcha el proyecto hasta la fase de pleno desarrollo, según los rendimientos proyectados; determinar horizonte del proyecto para cálculos de costos e ingresos, requerimientos de mano de obra para el proyecto productivo, y disponibilidad de ésta en la Unidad Familiar y requerimientos y disponibilidad de equipos y maquinaria agrícola. Aspectos Sociales Se deben presentar claramente la definición de la etnia, en caso de pertenecer todos los aspirantes que conforman la propuesta o alguno de ellos a un grupo étnico reconocido, la composición del núcleo familiar de la población a beneficiar y la identificación de los servicios sociales básicos. Consideraciones Ambientales Para la ejecución del proyecto, si los hubiere, identificación de impactos ambientales, limitantes, planes de manejo propuestos, uso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), incluir

10 necesidad de conceptos, concesiones o licencias. De igual manera, la presentación de este numeral, deberá estar certificado por la Oficina de Planeación del Municipio. Aspectos Financieros Estructuras o patrones de costos y presupuesto de inversiones detallado para la puesta en marcha del proyecto. Flujo de caja y Tasa Interna de Retorno. Cronograma de Ejecución (tiempo e inversión para la ejecución). Fuentes de Financiación. Tasa Interna de Retorno mínima TIR, aceptable para evaluar un proyecto productivo debe ser mínimo de 2 puntos por encima del costo de oportunidad. Costo de oportunidad igual o mayor al 10%. Dentro del análisis económico del proyecto productivo, en los casos que el proyecto requiera financiación, el valor del crédito no debe ser mayor al 60%, del valor total del proyecto. Descripción de los pasos o metodología a seguir, para la implementación del proyecto productivo, de acuerdo con el cronograma de ejecución. Comercialización. Deberá aportarse información sobre la estrategia o plan de comercialización, de acuerdo con la producción propuesta, referentes sobre precios, identificación de oferta y demanda, identificación de entes comercializadores, preferiblemente sustentado mediante cartas de oferta o intención. Asistencia Técnica Se deberá presentar una certificación del ente operador (Institución, Organización, Federación u ONG), que prestará la asistencia técnica, en la generación y puesta en marcha del proyecto productivo a ser implementado en el predio. Los costos para su implementación deberán ser incluidos en los cuadros de planificación del proyecto. Componente 2: ARTICULAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INCODER CON LAS DEMÁS OFERTAS PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES. El Gobierno Nacional reconoce la necesidad de que sus entidades generen sinergias entre sí, y con las entidades territoriales y demás operadores de oferta programática en materia de Generación de Ingresos, de forma tal que a través de la erogación de ofertas y especialización de la oferta de acuerdo con sus competencias, se pueda potencializar los resultados y la generación de capacidades autónomas en los beneficiarios, en todo caso asegurando siempre la articulación y la integralidad en las intervenciones. De igual manera, atendiendo las orientaciones de la política de atención a la población desplazada el Incoder articulará su oferta a la ruta de atención integral, de forma tal que las personas y familias en situación de desplazamiento se beneficien de la totalidad de los programas de generación de ingresos. La ruta contempla: (i) identificación y caracterización del perfil socio-laboral; ii) formación y/o capacitación que incluyan un componente de atención psicosocial; (iii) desarrollo de una alternativa de generación de ingresos: intermediación laboral o asesoría y acompañamiento en la formulación de un proyecto

11 productivo de acuerdo con el perfil; y finalmente, (iv) acompañamiento al enganche laboral o a la puesta en marcha de la iniciativa productiva con disponibilidad de servicios de desarrollo empresarial, teniendo en cuenta que en ese momento se deben haber instalado las capacidades necesarias para la generación de ingresos de manera endógena, de forma tal que la persona beneficiaria pueda generar ingresos de una manera autónoma y sostenible. También se articulará la oferta de servicios del Incoder, con la oferta privada y de cooperación internacional. Esta articulación será realizada a través de una progresividad en la oferta que le permita a la población acceder a proyectos que mejoren sus capacidades, servicios de desarrollo empresarial, mecanismos de financiamiento y acceso a activos, entre otros de manera progresiva hasta cumplir la cesación de condición de vulnerabilidad. Es claro para el Incoder que el tema de la dotación de factores productivos, principalmente de la tierra, debe ser abordado hoy, desde un contexto de integralidad dentro de la política de desarrollo rural, puesto que el acceso a la tierra sigue siendo un factor productivo que debe estar articulado a los componentes de producción y comercialización, adecuación de tierras, infraestructura física para la producción, de servicios básicos, y al fortalecimiento de la capacidad de gestión de los actores rurales, como principal factor dinamizador. Es evidente entonces, la necesidad de articular la oferta del Incoder de manera que responda adecuadamente al desarrollo productivo y empresarial de la población desplazada, y que la oferta programática responda a las demás necesidades identificadas, como: a) necesidades de subsistencia inmediata; b) formas primarias de producción y de mercadeo; c) origen rural; d) niveles de educación y capacitación; y e) las características de la región en la cual se ubican los negocios, para que los bienes y servicios ofrecidos tengan salida en los mercados en condiciones que no les generen pérdidas y que por el contrario les permitan excedentes de acumulación simple. Para el logro del alcance de esta actividad, se realizarán convenios de cooperación interadministrativa con las entidades del nivel nacional y con los entes territoriales, buscando la integralidad de las acciones para la atención a la población desplazada. Con este propósito se desarrollarán las siguientes acciones: 1. Con el SENA: En cuanto a formación y capacitación el Instituto ha suscrito un convenio marco interadministrativo de cooperación para articular acciones, esfuerzos y capacidades y conocimientos, para la ejecución de programas de formación técnica y socioempresarial de la población rural y población vulnerable, para la creación y fortalecimiento de unidades productivas. Adicionalmente en la oferta rural, el SENA ofrece el programa Jóvenes Rurales Emprendedores. Este programa en la etapa inicial se integra con las entidades territoriales para desarrollar oferta pertinente de proyectos, donde se tiene en cuenta aspectos como las apuestas productivas, proyectos en realización, solicitudes por parte de Alcaldías y solicitudes por parte de la población.

12 Una vez la solicitud a la cofinanciación del proyecto productivo sea aprobada a la persona desplazada, ésta, de manera voluntaria podrá acceder a la formación ofrecida por el SENA. Este convenio con el SENA, se mantendrá vigente en vigencias sucesivas en la medida en que la solución de las necesidades de la población desplazada lo amerite. 2. Con las entidades territoriales: La articulación se realizará a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural-CMDR, en donde en mesas de trabajo se podrán priorizar acciones para potenciar la intervención pública, en procura de llevar a cabo la ejecución de proyectos con mayores impactos en la población más necesitada. Para este propósito el Incoder promoverá que dicho Consejo sesione por lo menos cada dos meses, en los municipios que tengan influencia en las zonas de mayor desplazamiento. A través de estos Consejos se promoverán proyectos que vinculen a otras entidades públicas, que permitan desarrollar acciones complementarias de manera coordinada. 3. Con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: Se celebrará un convenio de cooperación interadministrativo mediante el cual se buscará conformar un Comité de Coordinación de acciones comunes de las dos entidades, para la atención de la población desplazada, de acuerdo a las acciones que se tomen en los CMDR. 4. Con la oferta programática para el Financiamiento: Se realizarán brigadas de crédito, con el fin de facilitar que la población desplazada que adelante un proyecto productivo, pueda complementar la financiación del mismo con recursos de crédito de la banca comercial. Para este propósito el Incoder promoverá y convocará a las distintas entidades financieras para que estas brigadas sean realizadas de manera permanente. 5. Con la cooperación Internacional: Se realizará una convocatoria de diferentes entidades de cooperación internacional, para buscar su vinculación a este programa en pro de la atención a la población desplazada para la superación de la pobreza extrema y apoyar la generación de ingresos. Se promoverá la firma de convenios de cooperación. Justificación de la alternativa La generación de ingresos es uno de los vehículos más importantes de la promoción social, pues sus beneficios, además de conducir al ejercicio pleno de los derechos sociales y económicos de la población desplazada, le brindan a esta población la oportunidad de acceder a los frutos del crecimiento económico. En otras palabras, la generación de ingresos se convierte en una de las principales puertas de salida de la situación de pobreza extrema y vulnerabilidad de la población desplazada. Por tal motivo, con la iniciativa de implementar proyectos de desarrollo rural en los predios entregados a la población desplazada, a través de los diferentes mecanismos de acceso a tierras del Gobierno Nacional, esperamos responder, en parte, a los retos que implica la restitución de los derechos fundamentales de dicha población y a la superación del estado de cosas inconstitucional, logrando la estabilización socioeconómica y ofreciendo a las familias la posibilidad de restablecimiento.

13 Beneficios económicos y sociales, impactos esperados El proyecto se formuló teniendo en cuenta los siguientes datos: - Universo de familias a atender: familias desplazadas que debieron abandonar o fueron despojadas de sus tierras. - Recurso total para el proyecto de inversión $45.000,0 millones, de los cuales $25.500,0 millones se invertirán en 657 proyectos (cifra que resulta de tomar $25.500,0 millones y dividirlos en $38,8 millones por proyecto a apoyar) y $15.000,0 millones se utilizaran para temas de restitución de tierras. - Horizonte: 18 años (Tiempo máximo de la MGA). En los 18 años se atenderán familias (657*18) Beneficios Valorados - Incremento en la generación de ingresos (2 SMMLV*12 meses) por familia. - Incremento del 10% en el valor de la tierra atribuido a la formalización de la propiedad, a la restitución y a la implementación del proyecto productivo. Se calcula de promedio nacional de hectáreas abandonadas (15,3 Has), por el promedio del costo de la hectárea en el país ($2 millones Ha). - Ahorro de un salario mínimo (1 SMMLV) por seguridad alimentaria. Descripción y cuantificación de las actividades y metas físicas de la alternativa. Nombre y Descripción de la actividad Unidad de medida Cantidad Familias beneficiadas Número 657 Proyectos cofinanciados Número 657 Proyectos formulados Número 657 Convenios firmados (Sena, Acción social, otros) Número 2 Personas capacitadas por el Sena Número 657 Descripción de los principales beneficios del proyecto. 1. Población sujeto de programas de reforma agraria con capacidad de autogestión y con conocimiento sobre los mecanismos de acceso a los instrumentos de política sectorial. 2. Población sujeto de programas de reforma agraria, beneficiada con proyectos productivos y de seguridad alimentaria. 3. Población sujeto de programas de reforma agraria, con ingresos sostenibles. 4. Población sujeto de programas de reforma agraria fortalecida asociativamente. 5. Población sujeto de programas de reforma agraria con capacidad financiera y técnica para la implementación de los proyectos productivos.

14 6. Alianzas estratégicas y acuerdos con entidades público privadas vinculadas al proyecto. Política nacional y/o sectorial que respalda el proyecto de inversión Plan Nacional de Desarrollo En el capítulo III, Crecimiento sostenible y competitividad Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos se anota: El sector agropecuario refleja nuestro deseo y compromiso de aprovechar la riqueza y el enorme potencial del campo colombiano para dar un verdadero salto económico y social en las zonas rurales del país a través de la generación de empleo formal y el desarrollo de emprendimientos exitosos. En el capítulo 2. Agropecuaria y desarrollo rural, se resaltan los siguientes apartes: - Enfoque de política: Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural Locomotora de crecimiento: Adicionalmente, es necesario involucrar a los pequeños productores en esquemas asociativos y de economía solidaria que faciliten su incorporación en procesos de empresarización y articulación con inversionistas privados (negocios inclusivos), que mejoren su productividad y capacidad de negociación, y de esta manera faciliten su inserción en los mercados En esa medida, la política se debe orientar a garantizar el acceso a activos físicos (tierra y agua) y financieros, y al mejoramiento de capacidades para aprovechar dichos activos a través del acceso a servicios de asistencia técnica integral y a mecanismos que favorezcan el establecimiento de formas asociativas, así como a la provisión de bienes públicos. Todo lo anterior permitirá a la población rural avanzar hacia esquemas productivos con un enfoque empresarial, insertándola al mercado y ofreciendo alternativas dignas y atractivas de vida que favorezcan el relevo generacional del campo colombiano Considerando lo anterior, esta política se organiza en siete grandes líneas estratégicas: (1) incrementar la competitividad de la producción agropecuaria; (2) promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor; (3) ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos; (4) promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en el campo; (5) mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural; (6) promover la equidad en el desarrollo regional rural; y (7) adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad. Lineamientos estratégicos: Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural Locomotora de crecimiento: - Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural:

15 La población rural, particularmente los campesinos y pequeños productores pobres, requiere mejorar el acceso a los activos físicos (tierra, agua) y financieros, así como desarrollar la capacidad de aprovechamiento de éstos a través del impulso a la asociatividad y a la asistencia técnica integral. De modo complementario, se fortalecerán los programas que promuevan el autoconsumo como una estrategia para aumentar el ingreso disponible, reducir la vulnerabilidad de la población frente a choques externos y facilitar su participación en proyectos de gran escala. En últimas, se buscará generar una ruta de creación de capacidades para la generación de ingresos para la población rural, que garantice que el apoyo transitorio del estado a las poblaciones más vulnerables culmine con la formación de productores en capacidad de producir competitivamente y articularse a los mercados. Política Pública violencia para la población víctima del desplazamiento forzado por la Según documento elaborado por el SNAIP Pronunciamiento del gobierno nacional sobre la política pública para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia de marzo de 2011, al realizar la evaluación sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional concluyó en el Auto 008 de 2009, que -no obstante que con las políticas públicas adoptadas e implementadas por los anteriores administraciones se habían presentado algunos avances importantes hacia la superación del Estado de Cosas Inconstitucional-, ellas no habían producido el impacto requerido y por ello constató que dicho estado de cosas inconstitucional no se había superado. En tal virtud, impartió nuevas órdenes, todas ellas relacionadas con la necesidad de reformular o ajustar las políticas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia. En el marco de la nueva política para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia, el Gobierno Nacional pretende incorporar al ordenamiento jurídico los siguientes cambios o ajustes en la política existente en relación con la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia. - Política De Generación De Ingresos Para La Población Víctima Del Desplazamiento Forzado Por La Violencia La sección de generación de ingresos para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia del informe entregado a la Corte Constitucional el pasado 1 de julio de 2010 se enmarcó en las estrategias y plan de acción de los lineamientos de la política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento (Conpes 3616). El actual Gobierno Nacional considera que, en efecto, el Conpes 3616 brinda lineamientos claros acerca de las estrategias que deben ser emprendidas en lo referente a la política de generación de ingresos para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia (PVDFV), el cual también cuenta con un plan de acción para la implementación de esta política. Sin embargo, se entiende actualmente la necesidad de poner en marcha estrategias adicionales y fortalecer las ya existentes para responder de manera adecuada y eficaz al problema de generación de ingresos de la PVDFV. En el diseño y desarrollo de una oferta programática que responda a las características productivas, sociales y culturales de la PVDFV y de los territorios donde ésta se encuentra, así

16 como la adaptación de la oferta ya existente el Gobierno nacional reconoce que el perfil productivo y económico de la PVDFV tiene unas particularidades que hacen necesarias intervenciones diferenciadas que respondan a esas características en términos de flexibilidad del acceso, difusión, seguimiento y fortalecimiento. La oferta programática pública debe incluir un enfoque diferencial que tenga en cuenta las características étnicas, físicas, culturales, sociales y económicas de los grupos más vulnerables dentro de la PVDFV. En este sentido no sólo se trabajará en herramientas, sino además se contemplará una serie de variables que hacen que la oferta para la PVDFV sea diferenciada. Como se menciona en este documento, correspondiente a la flexibilización de la oferta. De otra parte, la política de generación de ingresos para la PVDFV establece los criterios para la graduación hacia la generación de ingresos autónoma: Los programas de generación de ingresos para la PVDFV implementados por las entidades gubernamentales irán más allá de un apoyo inicial para la generación de ingresos. Este enfoque implica apostarle a generar emprendimientos de oportunidad, por encima de emprendimientos de subsistencia. Esta apuesta se llevará a cabo a través de una gradualidad en el desarrollo de las capacidades. En este sentido, se tendrá en cuenta el tiempo de intervención pertinente en cada una de las fases de atención dentro de la ruta de generación de ingresos, superando las inflexibilidades fiscales de la ejecución de los recursos. No obstante, los programas implementados por el Gobierno se centrarán en la generación de capacidades y activos, contando con criterios de salida claros, generando empoderamientos en la población beneficiaria y la generación de capacidades para su estabilización económica. Análisis de la oferta programática: Para lograr que la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia alcance un nivel de desarrollo de capacidades y/o pueda acceder a activos que le permitan generar ingresos de manera autónoma y sostenible es preciso que la oferta de las entidades nacionales sea pertinente, o sea que se adecué a sus características productivas, lo cual implica la adaptación de alguna de la oferta existente y/o el diseño de nuevos programas que se ajusten a las particularidades productivas de la PVDFV, con el objetivo de lograr su estabilización socioeconómica y la sostenibilidad en el largo plazo Localización. La localización del proyecto es a nivel nacional. Con el avance en el diagnóstico de la población a atender, el estado organizacional y el establecimiento de la vocación del suelo en los predios donde fueron reubicados, será posible hacer una regionalización de los proyectos productivos a implementar. Localización del Proyecto Región Departamento Municipio AMAZONÍA AMAZONÍA AMAZONÍA AMAZONAS CAQUETA PUTUMAYO

17 CENTRO ORIENTE CENTRO ORIENTE CENTRO ORIENTE CENTRO ORIENTE CENTRO ORIENTE CENTRO ORIENTE NACIONAL OCCIDENTE OCCIDENTE OCCIDENTE OCCIDENTE OCCIDENTE OCCIDENTE OCCIDENTE OCCIDENTE ORINOQUÍA ORINOQUÍA ORINOQUÍA ORINOQUÍA ORINOQUÍA ORINOQUÍA ORINOQUÍA REGION CARIBE REGION CARIBE REGION CARIBE REGION CARIBE REGION CARIBE REGION CARIBE REGION CARIBE BOYACA CUNDINAMARCA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER TOLIMA NACIONAL ANTIOQUIA CALDAS CAUCA CHOCO NARIÑO QUINDIO RISARALDA VALLE ARAUCA CASANARE GUAINIA GUAVIARE META VAUPES VICHADA ATLANTICO BOLIVAR CESAR CORDOBA GUAJIRA MAGDALENA SUCRE 1.2. BENEFICIARIOS Cuantificación y localización.

18 Año: 2012 Total Beneficiarios del tipo Familias: _657_ Localización de los beneficiarios. Región Departamento Beneficiarios AMAZONÍA AMAZONAS 0 AMAZONÍA CAQUETA 0 AMAZONÍA PUTUMAYO 0 CENTRO ORIENTE BOYACA 0 CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA 0 CENTRO ORIENTE HUILA 0 CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 0 CENTRO ORIENTE SANTANDER 0 CENTRO ORIENTE TOLIMA 0 POR REGIONALIZAR POR REGIONALIZAR 657 OCCIDENTE ANTIOQUIA 0 OCCIDENTE CALDAS 0 OCCIDENTE CAUCA 0 OCCIDENTE CHOCO 0 OCCIDENTE NARIÑO 0 OCCIDENTE QUINDIO 0 OCCIDENTE RISARALDA 0 OCCIDENTE VALLE 0 ORINOQUÍA ARAUCA 0 ORINOQUÍA CASANARE 0 ORINOQUÍA GUAINIA 0 ORINOQUÍA GUAVIARE 0 ORINOQUÍA META 0 ORINOQUÍA VAUPES 0 ORINOQUÍA VICHADA 0 REGION CARIBE ATLANTICO 0 REGION CARIBE BOLIVAR 0 REGION CARIBE CESAR 0 REGION CARIBE CORDOBA 0

19 REGION CARIBE GUAJIRA 0 REGION CARIBE MAGDALENA 0 REGION CARIBE SUCRE 0 TOTAL Criterios de focalización. En la concepción de este proyecto se incorporan criterios de priorización, orientando recursos hacia la población desplazada o despojada que será objeto de especial atención y constituyen el propósito fundamental del trabajo que realiza el instituto con este proyecto en el nivel rural COMPONENTES Y ACTIVIDADES Actividades y cronograma. Etapa Componente Actividad Inversión Inversión Inversión Administración Capacitación y Asistencia Técnica Estudios Obra física Otros Administración Capacitación y Asistencia Técnica Estudios Obra física Otros Administración Capacitación y Asistencia Técnica Estudios Obra física Otros x x x Implementación proyectos productivos (Capital de trabajo Caracterización socioproductiva Apoyo a la articulación institucional Fecha inicial Fecha final Ruta Crítica 01/01/ /12/2012 si 01/01/ /12/2012 si 01/01/ /12/2012 si

20 Inversión Administración Capacitación y Asistencia Técnica Estudios x Gastos operativos 01/01/ /12/2012 si Obra física Otros 1.4. INDICADORES Indicadores de producto. Nombre Unidad de medida Meta (2012) 0900P039 -Proyectos Productivos Sostenibles Número P089-Familias Unidos beneficiadas con los proyectos financiados 2100P016 - Familias Desplazadas Beneficiadas En Programas De Generación De Ingresos (proceso De Estabilización Socioeconómica) Número 657 Número 657 Proyectos cofinanciados Número 657 Proyectos formulados Número Indicadores de gestión. Indicador Unidad Medida Meta (2012) 1100G078-Visitas realizadas a predios Número G021 -Diagnósticos Generados Número G014 -Convenios Firmados Con Entes Públicos Nacionales Y Privados (Sena, Acción social, otros) Número Ponderación de Indicadores. Indicadores de Producto