La gestión del ciclo del agua en Zaragoza.- Formas de gestión

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1 FORO DE DEBATE LA DEPURACIÓN DEL AGUA EN ARAGÓN 22 de Octubre de Mesa de Debate 2. Situación del saneamiento en Zaragoza. Intervención de Enrique Gracia Ballarín, Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Aragón. La gestión del ciclo del agua en Zaragoza.- Formas de gestión Para acercarnos al análisis de la situación del saneamiento en Zaragoza y de las opciones que el Ayuntamiento se plantéa para el inmediato futuro, creo que es necesario previamente tener una visión global de los servicios que integran hoy el ciclo del agua y de sus diferentes formas de gestión. Servicios de gestión directa En primer lugar tendríamos un paquete nuclear de servicios de gestión directa prestados por el Ayuntamiento a través de sus funcionarios municipales. Buena parte de ellos trataron de ser privatizados hace diez años alegando su absoluta ineficiencia (la red de tuberías registraba pérdidas de caudal superiores al 50%), la obsolescencia de sus instalaciones y la imposibilidad de afrontar de otro modo inversiones que eran imprescindibles para la ciudad. Veamos a grandes rasgos cual es la situación a día de hoy. En la Planta Potabilizadora de Casablanca trabajan 54 personas. En estos diez años se ha producido una mejora en la calidad del suministro de agua que todo el mundo reconoce. Y no sólo porque hayan mejorado las fuentes de suministro. Se han aplicado toda una serie de mejoras tecnológicas que han contribuido a ello: Cubrimiento de los depósitos, instalación de paneles solares, mejoras en las estaciones de toma de muestras, cambios en el sistema de filtración y construcción de unos nuevos depósitos en la Academia General Militar. La explotación y gestión de las redes de abastecimiento es tarea desarrollada por las brigadas municipales de Vialidad y Aguas. A pesar de que su personal, como toda la plantilla municipal salvo la de policía, se ha renovado poco en los últimos años, lo que obliga a contar con personal temporal y funcionarios interinos, se ha hecho en los últimos años un importante esfuerzo. Se han reducido de manera muy sensible las pérdidas acometiendo el cambio de los tramos de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil. Además se ha conseguido estabilizar el servicio de prestación directa (hoy prestado de lunes a domingo) y reducir el sobrecoste que representaba la externalización de trabajos mediante contratos con empresas. La gestión del cobro de recibos la acometen 30 funcionarios adscritos a los servicios de Gestión Tributaria, Recaudación, Atención al Contribuyente e Inspección Tributaria. La tasa de saneamiento se cobra a los vecinos conjuntamente con la de abastecimiento y recogida y tratamiento de residuos. Por último, el control de la calidad del agua y de los vertidos la realizan funcionarios adscritos al Instituto Municipal de Salud Pública y la Agencia Municipal de Medio Ambiente. En los últimos 15 años se ha desarrollado un 1

2 trabajo constante de investigación que ha conducido a la práctica erradicación de los vertidos ilegales. Además se desarrolla una activa tarea de penalización de las actividades contaminantes y de incentivación tributaria a las industrias que reducen su carga contaminante. Todas estas actividades han contribuido decisivamente a mejorar la salud de nuestros ríos. Con los datos que tenemos podemos afirmar que estos servicios son los más eficientes del ciclo, gracias a que la movilización sindical y ciudadana evitó su privatización en el año Su coste es muy razonable, barato en relación a las fórmulas actuales de privatización, y eso ha hecho posible que, pese a lo que luego contaremos, en Zaragoza el precio del metro cúbico facturado continúe por debajo de la media española (informes FACUA, OCU). Además a nadie se le oculta que la gestión pública entraña valores económicos y sociales añadidos (condiciones de trabajo dignas, vigilancia de la salud de los trabajadores y de los ciudadanos, presencia y participación sindical ). Servicios de gestión indirecta. Mediante contratos convencionales de gestión de servicios públicos con diferentes empresas. Una serie de contratistas complementan los servicios anteriores. Se trata de los siguientes: o AQUAGEST. Instalación, mantenimiento y lectura de contadores; gestión de la Oficina Municipal del Agua. 60 personas. o AQUAGEST. Explotación de la Estación de Tratamiento de Fangos de la Planta Depuradora. o FCC. Limpieza y reparaciones en la red de alcantarillado. o UTE ALMOZARA. EDAR de Almozara y Alfocea y varios colectores y estaciones de bombeo. Nuestra impresión es que funcionan con un nivel de eficiencia muy razonable. Se trata de contratos de gestión de servicios públicos que, con sus prórrogas, tienen una duración máxima de 6 años. Esto permite adaptarse a los cambios tecnológicos que se producen, a la situación económica del Ayuntamiento en el momento en que se renuevan los contratos que puede graduar en cada momento las inversiones a efectuar. Este sistema incentiva además la eficiencia de los contratistas, interesados en dar un buen servicio para garantizarse tener opciones en el siguiente concurso. Estos contratos están bajo un control y supervisión municipal que sólo es comparable al que se produce en una empresa pública, ya que para que la empresa reciba la correspondiente contraprestación económica es necesario que los certificados de obra y los informes reciban el visto bueno del técnico municipal. El caso especial de la Depuradora de La Cartuja La Depuradora de La Cartuja es un caso especial. Como sabemos es una concesión obra pública con una UTE (UTEDEZA) formada por Omnium de Traitements et Valorisation OTV- y Depuradora de Zaragoza S.A., empresas instrumentales formadas por la empresa francesa Veolia. La concesión se 2

3 estableció inicialmente en 1993 con un plazo de amortización de 20 años hasta 2013 y de explotación de 25 que finalizará en Se trata de un modelo pionero de Colaboración Público-Privado similar al que ahora se trata de extender al conjunto de la red aragonesa de saneamiento y depuración a través del Plan desarrollado por el Instituto Aragonés del Agua. Es, a nuestro modo de ver, el modelo más pernicioso para los intereses generales de privatización de un servicio público, similar al que se pretendió con el Plan Red de carreteras autonómicas o al que se está llevando a cabo con los nuevos hospitales de Madrid o de la Comunidad Valenciana. La Depuradora de La Cartuja es el punto más negro de la red de municipal de saneamiento en cuanto a su falta de eficiencia. Pero es mucho más que eso. Es el disparate más grande que el Ayuntamiento de Zaragoza ha cometido en democracia, que ha tenido graves repercusiones en la vida social y económica de la ciudad. Y ahora, la falta de convicción o de capacidad política para rectificarlo es, en nuestra opinión, como a continuación analizaré, la fuente principal de buena parte de los problemas que abordamos en estas jornadas. Lo que pagamos por la Depuradora de La Cartuja En el informe que os facilitaremos veréis en términos técnicos todos los datos que nos llevan a establecer esta conclusión. Voy a tratar de explicarlo de forma más clara. El proyecto de obras para la puesta en marcha de la Depuradora, sus colectores e instalaciones anejas se valoró en su momento en millones de ptas., pero las sucesivas reformas y ampliaciones (algunas a mi modo de ver absolutamente innecesarias sobredimensionando la instalación, que nunca ha funcionado al 100%) hizo que al final el coste real de las obras autorizadas ascendieran a millones de pesetas. Ese dinero no computó como déficit inversor del Ayuntamiento abordando directamente su financiación, sino este es el truco de la CPP- aparece en las cuentas de la empresa concesionaria que ha de buscar socios financieros para abordar la operación. Así el gasto de la inversión a pagar por los ciudadanos se incrementa notablemente, pero aumentan en el mismo porcentaje los beneficios empresariales de sus socios financieros y, además, al hacer que el balance de la empresa sea negativo, la multinacional Veolia, pese a tener beneficios millonarios, liquida con resultados negativos su impuesto de sociedades en España. Cada año el Ayuntamiento paga una cuantía en concepto de amortización de la planta. Cuando en mayo del año próximo acabemos de pagar los zaragozanos le habremos dado a la multinacional Veolia 237 millones de euros, por una planta cuyo coste inicial estaba valorado en 36 millones. Es decir, habremos enterrado en la vega de La Cartuja el coste de dos aeropuertos internacionales, de cuatro grandes hospitales, de dos universidades o de cuarente institutos de enseñanza secundaria. Este dinero no ha computado como déficit inversor municipal (lo que lo hubieran impedido las irracionales normas de estabilidad 3

4 presupuestaria europea, previstas para fomentar la liberalización de los servicios de interés general ), pero lo hemos desviado durante veinte años del gasto corriente municipal, es decir de sus servicios sociales y culturales, de la promoción del empleo y la cohesión social, de la defensa del medio ambiente, etc. Si el gasto inversor se hubiera efectuado a través de una empresa pública o de un contrato de obras convencional calculo que nos hubiéramos ahorrado al menos un 70 % del mismo. Pero además de la inversión pagamos cada año a la empresa gestora una cantidad abusiva en concepto de explotación y mantenimiento de sus instalaciones. Los pliegos técnicos de la contratación, sugeridos en su momento por un socio de Veolia, son absolutamente contrarios a los intereses de la ciudad y favorables a la empresa, y explican por sí mismos la ineficiencia de una planta cuyos costes de depuración por metro cúbico duplican los de la modesta depuradora de La Almozara obteniendo La Cartuja resultados de depuración sensiblemente peores. La fórmula para el pago de la contraprestación a la empresa en concepto de explotación y mantenimiento de la depuradora está en los pliegos de condiciones técnicas de la contratatación establecida de tal modo que la empresa no asume ningún riesgo por la explotación independientemente de sus resultados. Es decir, que tiene siempre asegurados beneficios importantes haga las cosas bien o mal y, lo que es peor, que su beneficio se incrementa de manera importante si disminuye los costes de explotación. Esto último es la madre del cordero. Si la dirección de la planta decide reducir su plantilla sobre lo comprometido su beneficio aumenta. Si no garantiza la adecuada formación y cualificación de sus trabajadores, su beneficio aumenta. Si no invierte en la vigilancia de la salud de sus trabajadores, su beneficio aumenta. Si no gasta lo necesario en productos químicos, reactivos, sosa cáustica para garantizar la calidad del proceso de depuración, su beneficio aumenta. Si no repone los componentes deteriorados, su beneficio aumenta. Si no ejecuta el gasto de mantenimiento asegurando mantener la instalación en perfectas condiciones de uso y evitar la contaminación difusa, su beneficio aumenta. No estoy hablando de los resultados en calidad del agua depurada, que no los conozco. Pero sí me consta desde nuestra presencia sindical en la planta que todas estas situaciones se han dado sistemáticamente durante largos años, aunque probablemente nuestras denuncias al Ayuntamiento y a Inspección de Trabajo hayan contribuido a reducir algo el desastre. Y además es lógico que así sea, porque Veolia no es una ONG que haya venido a prestar un servicio a la ciudad, es una empresa, y su único objetivo es ganar mucho dinero. Pero además porque el único control que prevén los pliegos es un control de resultados a través de análisis de muestras del agua depurada (lo que, desde luego, los servicios municipales hacen rigurosamente), pero no una intervención, que sería imprescindible, sobre el conjunto del proceso. 4

5 Qué hace el Ayuntamiento frente a este desastre? Pues en primer lugar lo que hace es premiar a la empresa con una prórroga en el periodo de la concesión. Pero además, como parece estar contento con este modelo de gestión, se plantéa extenderlo a la parte de la red de saneamiento que funciona razonablemente con contratos convencionales y a algunos de los servicios más señeros de gestión directa e indirecta asociados al sistema de potabilización. En mayo 2013 acaba la amortización de la inversión. El Ayuntamiento debiera argumentar la ineficiencia del sistema, inferior a la prevista, para promover la rescisión del contrato que acabaría en Pero en lugar de eso el 28 de marzo de 2011 el Ayuntamiento, sin someter la decisión al Pleno Municipal, aprobó un acuerdo por el que retrasa el pago de la cuantía de explotación y mantenimiento de los ejercicios 2011 y 2012, que se efectuará en el 2013 con el pago de esta última anualidad. Pero además, prorroga en las mismas condiciones la concesión 6 años, hasta mayo de A cambio, UTEDEZA se compromete a realizar en 2013 obras de mejora energética y mediambientales por un importe de Es decir, en lugar de sacudirse a un acreedor incómodo y quedar liberado para definir libremente el modelo de saneamiento más adecuado a los intereses de la ciudad, el Ayuntamiento, acuciado por sus problemas económicos, no ha destinado las tarifas de saneamiento pagadas por los ciudadanos en los dos últimos años a sus fines, sino a tapar otros agujeros, ha acumulado una deuda a corto plazo con UTEDEZA que ha de pagar en 2013 y no tiene con qué (23 millones), y además ha de continuar con el contrato vigente hasta 2018 (37,5 millones) y ha comprometido el pago de seis anualidades más a la depuradora hasta 2024 (unos 45 millones). La situación es, desde luego, acuciante. Más si tenemos en cuenta que lo mismo pasa con las grandes contratas de basuras, transporte urbano, o parques y jardines a las que debe cantidades muy importantes. Y que empieza a haber verdaderas dificultades incluso para responder a las obligaciones del Ayuntamiento más elementales. Pero no pasa nada, porque en estas situaciones siempre aparecen empresarios y políticos sagaces dispuestos a echar una mano a la ciudad. Y así nace el proyecto de privatización. A través de él, una empresa privada asociada al Ayuntamiento, a cambio de una concesión por 40 años en condiciones escandalosamente favorables a sus intereses para la gestión de gran parte del ciclo del agua, se haría cargo de las deudas con las empresas y acometería las inversiones futuras con un sistema de financiación privada similar al llevado a cabo en La Cartuja. Al mismo tiempo, saldada en mayo de 2013 la deuda derivada de las inversiones realizadas, la tasa municipal de agua y vertido convertida ahora en tarifa privada cobrada por una empresa mixta tendría margen para que los zaragozanos (en lugar de abordar otras necesidades hoy mucho más prioritarias para la ciudad) paguemos con ella el canon del agua, condición 5

6 imprescindible para que sea viable la privatización de la gestión de todas las aguas residuales en Aragón. Una jugada redonda para las empresas constructoras y para el Gobierno de Aragón, que es de suponer habrá ofrecido al Ayuntamiento algunas compensaciones por ello. La privatización del saneamiento La argumentación básica que sostiene el proyecto de privatización del saneamiento y la depuración en Zaragoza se basa en un malentendido muy común para quien no conoce el paño. En las empresas mixtas (se llamen Ecociudad Zaragoza, Tranvía de Zaragoza o Aramón) nunca hay una relación entre iguales. Si fuera así, ningún empresario tendría interés en participar en ellas. En la práctica, todas las decisiones de gestión están en manos del socio privado, que no está sometido a un control público riguroso, incluso aunque nominalmente la participación accionarial pública, como es este caso, aparezca como mayoritaria. La única diferencia con una empresa convencional es que no existe ningún riesgo para el empresario pues su beneficio está garantizado por los ciudadanos a través de sus tasas e impuestos. Lo que el Ayuntamiento ha pretendido, hasta ahora sin éxito, es encontrar un socio inversor privado que se apunte en su contabilidad sus deudas y que se haga cargo de todos los servicios de saneamiento y además de la estación de fangos de Casablanca, de la dirección y ejecución de todas las obras e inversiones de mejora y de la gestión de los recibos a través de una concesión de su explotación en condiciones abusivas durante 40 años. Afortunadamente, creemos que este proyecto no es viable jurídicamente por las siguientes razones: - Porque todo el sistema se apoya en la transformación de la actual Tasa Municipal de saneamiento en una Tarifa o precio privado que ya no gestionaría el Ayuntamiento sino la nueva sociedad de economía mixta, en la práctica el empresario privado. Y hay jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que imposibilita este abuso de ley. - Pero además, porque no se dan las condiciones previstas en la normativa contable europea (SEC 95) para que el déficit derivado de esta operación compute en las cuentas de la empresa instrumental montada por el inversor privado (empresa mixta Ecociudad Zaragoza) y no en las del Ayuntamiento de Zaragoza. El despropósito del modelo de concesión que se pretendía Lo único que prueba el pliego de contenidos técnicos del concurso que quedó vacante o el informe previo encargado a Deloitte es que el Gobierno Municipal no ha aprendido nada de los errores en la gestión del saneamiento en los últimos quince años, que leen poco, que no escuchan a nadie (ni siquiera a sus propios técnicos), y en una huída hacia delante para desplazar en el tiempo los 6

7 efectos de los problemas económicos más acuciantes estaban dispuestos a generar otros mucho mayores. Por ejemplo: - En vez de reforzarse el control sobre la EDAR de La Cartuja se debilita todavía más ya que se transfiere al socio privado su supervisión. - El socio privado tiene plena libertad para realizar las tareas derivadas de la gestión del servicio y las inversiones necesarias sin ningún control municipal. Puede contar para ello con las empresas, del propio grupo o ajenas, que estime convenientes sin mediar ningún procedimiento de contratación pública. Lo normal en estas condiciones es que internalice los beneficios contratando con empresas del propio grupo y que incremente los costes de prestación que repercutirá al ciudadano en la tarifa de saneamiento. Esta sería una fuente importante de beneficios para el socio inversor. - El socio privado, además de compartir los beneficios de Ecociudad Zaragoza (previstos en un 12 %) y de contratarse a sí mismo los servicios al precio que quiera, percibe una retribución de otro 12 % en concepto de know how, posibilidad que Deloitte justifica en su informe porque las administraciones no pueden por sí mismas acceder a tecnologías de saneamiento que sólo poseen las grandes empresas. Lo cual es absolutamente falso. - La supervisión municipal sobre los actuales contratos parciales de gestión de servicios públicos por técnicos municipales especializados desaparece en la práctica pues es realizada por la nueva empresa mixta Ecociudad Zaragoza y su personal, y es de suponer que buena parte de él sea aportado por el socio privado. Aún más grave, porque todos los contratos expirarán en breve y podrán ser asumidos por empresas del propio concesionario sin mediar contratación pública. Y perro no muerde perro. - Los costes del agua en la ciudad se disparan porque a los beneficios abusivos antes señalados hay que sumar un canon anual que Ecociudad Zaragoza pagará al Ayuntamiento (1,5 millones), el establecimiento de una nueva oficina de atención al público y otra oficina técnica (1 millón anual), o la previsión de unos gastos de contingencia por el 5 % de los gastos anuales de explotación. Y además, nos tenemos que por un principio de mal entendida solidaridad se pretenderá que, con cargo a la tarifa privada, paguemos el canon autonómico de depuración, ya que sin este requisito es inviable el actual plan aragonés de depuración basado en el sobredimensionamiento de necesidades para hacer atractivo el negocio a las empresas. Conclusiones y alternativas Nos gustaría que el Ayuntamiento pusiera en marcha un nuevo modelo de gestión del ciclo del agua público y sostenible. Lo ideal sería que todos los servicios del ciclo integral del agua dependieran de una única entidad gestora, sea una entidad pública (Instituto Municipal del Agua) o pública de derecho privado (empresa pública). 7

8 Si no lo va a hacer, y entendemos que así sea en la actual situación, al menos que no haga nada, que no estropee todavía más las cosas hipotecando durante cuarenta años a la ciudad en un modelo sometido a intereses privados y contrario a los intereses de los ciudadanos y de los trabajadores del sector. Nos conformaríamos con que deje las puertas abiertas al futuro. Para ello tiene que liberarse de los compromisos con sus acreedores pagando sus deudas y destinando a este fin y no a otros, como es preceptivo, la tasa de saneamiento que pagamos los ciudadanos. El Ayuntamiento tiene margen económico suficiente para afrontar sus deudas, pues en mayo de 2013 deja de pagar la amortización de la inversión de la depuradora de La Cartuja, siempre y cuando el Ayuntamiento se mantenga en su actual criterio y no participe en el canon del agua. No hay ninguna razón para ello pues debe acometer nuevas inversiones en su propia red y hacer frente a las deudas con sus principales concesionarios. No se puede exigir a los zaragozanos que paguen su propio saneamiento y depuración y además el del resto de los municipios aragoneses a quienes el Gobierno de Aragón ha impuesto un modelo irracional de depuradoras de gestión privada cuyos costes no pueden asumir. Eso no es solidaridad sino abuso. Y si no fuera así, tiene otros mecanismos a los que recurrir como el IBI. Es mejor, y cualquiera lo entiende si se le explica, pagar hoy un poco más que seguir engordando la burbuja del endeudamiento comprometiendo el futuro de toda una generación. Lo que no tiene ningún sentido es que, ante las dificultades para pagar la deuda de hoy, pongan la ciudad en manos privadas y asuman obligaciones de gasto durante cuarenta años muy superiores a las que tenemos hoy a cambio, además, de un peor servicio. 8

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