EDUCADORES (SITUACIONES ADMINISTRATIVAS)

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1 EDUCADORES (SITUACIONES ADMINISTRATIVAS) 2009EE Bogota D.C., Doctor Mario Hernán Colorado Fernández Santiago de Cali Ref. Concepto relativo a la compatibilidad entre la prima establecido por el decreto 216 de 1991, expedido por la Administración Municipal de Santiago de Cali, y aquella a la que se refiere el decreto nacional 1381 de Radicado 2009IE Apreciado Doctor, En atención a su consulta sobre la compatibilidad de las dos primas de vacaciones establecidas en los decretos citados en la referencia, esta oficina se permite realizar el siguiente análisis, dentro de los parámetros establecidos en el artículo 25 del código contenciosos administrativo. I. Objeto de consulta. A la consulta elevada ante esta oficina subyace la premisa según la cual un grupo de docentes y directivos docentes de la planta municipal de Santiago de Cali, ha efectuado algunas solicitudes tendientes a que en concurrencia con la prima de vacaciones establecida en el decreto municipal 216 de 1991, se les reconozca igualmente aquella de que trata el decreto 1381 de Lo anterior, según se manifiesta, teniendo en cuenta que ese grupo de docentes fue vinculado bajo el amparo del decreto municipal 216 de Dentro de este contexto, el interrogante formulado plantea una disyuntiva tendiente a dilucidar si la prima municipal es compatible con la establecida en el decreto 1381 de 1997, o si, por el contrario, esta última sustituye a aquella. Esto, para aquellos docentes vinculados al servicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 60 de II. Consideración Previa. En primer lugar, valga la pena aclarar que si bien tanto el legislador como la administración en su función reglamentaria han confundido sistemáticamente los conceptos de salarios y prestaciones sociales, incluyendo en este último elementos que que resultan ser declarados posteriormente como prestaciones sociales por la jurisdicción, y viceversa, para efectos de la presente consulta esta oficina abordará el análisis de la prima de vacaciones establecida por el decreto municipal 216 de 1991 cómo tratándose de una prestación social, al margen de cualquier juicio de valor sobre la legalidad de la misma. Esto se justifica, por cuanto el

2 objetivo de dicho decreto era fijar el régimen de prestaciones sociales y otros beneficios para los empleados públicos de la Administración Central del Santiago de Cali, y siendo ello así, mal podría dársele alcance distinto en sede administrativa por parte de esta institución. III. Análisis concreto de la consulta formulada. El decreto Municipal 216 de 1991estableció en su artículo 36 una prima de vacaciones para los empleados de la administración central, de valor equivalente a 33 días de salario para el año 1991 y 36 días para el año Por su parte, el decreto nacional 1381 de 1997 estableció una prima de vacaciones para los docentes de los Servicios Educativos Estatales, en una proporción del 40% del salario mensual para el año de 1997 y del 50% a partir del año El artículo 3º de la norma en comento dispuso que el reconocimiento y pago de la prima de vacaciones no sustituye ni modifica las demás prestaciones o bonificaciones que hoy viene percibiendo el docente. En este marco normativo, apelando al principio según el cual cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (Artículo 27, Código Civil), parecería deducirse, en abstracto, una aparente compatibilidad entre dichas primas. No obstante, el anterior análisis sería válido únicamente en abstracto, toda vez que resultaría necesario establecer el universo de docentes y directivos que eventualmente podría ser beneficiario de las mismas. Para ello, consideramos necesario incorporar en el presente análisis las normas del decreto 1919 de 2002, particularmente lo dispuesto por el artículo 1º, según el cual A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. (Resaltado fuera de texto) Dentro de esta perspectiva, se puede concluir que la norma transcrita no diferenció el régimen prestacional en función de la fecha de vinculación del empleado, fuera éste docente o no. Resulta entonces que como quiera que dicha disposición se expide en desarrollo del nuevo régimen de competencias que se desprendió de la Constitución de 1991 y la ley 4ª de 1992 ésta está llamada a prevalecer y a subrogar tácitamente las disposiciones anteriores de menor o igual jerarquía que le fuesen contrarias. Lo anterior resulta apenas lógico, como quiera que de conformidad con esta órbita de competencias, la Ley 4ª de 1992 prescribió que "Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte

3 el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos." (Art. 10, Ley 4ª de 1992.) 1 Lo hasta aquí expuesto pone de presente una aparente contradicción entre lo dispuesto por el decreto 1919 de 2002 y el decreto 1381 de Sin embargo, teniendo en cuenta que aquel no exceptúo al personal docente de su ámbito de aplicación, debe concluirse que el régimen prestacional para el personal docente es equivalente al señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, y en este sentido el decreto 1381 de 1997 debe entenderse derogado tácitamente. Luego, a partir de la entrada en vigencia del decreto 1919 de 2002, el interrogante planteado habría perdido el sustento normativo que le daba origen, como quiera que el decreto 1381 de 1997 habría perdido a la sazón su fuerza ejecutoria. Ahora bien, resulta pertinente detenerse en lo establecido en el artículo 5º del decreto 1919 de 2002, el cual establece: Los derechos adquiridos, considerados como las situaciones jurídicas consolidadas a favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales, que para efectos del presente decreto se entienden como aquellas prestaciones sociales causadas así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, no podrán ser afectados. Así, pues, para los efectos de esta norma, derecho adquirido debe entenderse como las prestaciones sociales causadas, esto es, aquellas que no han sido percibidas, pero para las que ya se cumplieron los supuestos fácticos requeridos por la Ley para acceder a ellas, y, adicionalmente, las prestaciones sociales que efectivamente ha recibido el empleado. Con el fin de precisar el alcance de este artículo, vale la pena recordar lo expuesto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de julio 17 de 1995, en donde precisó: "(...) Respecto de los derechos adquiridos de los servidores públicos ha dicho la sala que solamente pueden invocarse respecto de aquellos derechos laborales que el servidor ha consolidado durante su relación laboral, no sobre expectativas que dependan del mantenimiento de una legislación de derecho público, a cuya intangibilidad no se tiene ningún derecho". "La garantía de los derechos adquiridos protege aquellos derechos que se consideran han ingresado al patrimonio del titular, como podría predicarse del derecho a un salario causado, a una pensión cuando se ha adquirido el estatus según la ley, a unas vacaciones consolidadas, en fin, a todos los derechos que por el ejercicio del empleo hacen parte del patrimonio del servidor, es decir que tal garantía tiene que ver con las situaciones jurídicas particulares consolidadas, no con la regulación de tipo general y abstracto". 1 Adicionalmente, el artículo 12 de la ley 4ª de 1992 dispuso que: "El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad".

4 De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta oficina concluye que las prima establecida por el decreto municipal de 216 de 1991 es incompatible con lo dispuesto por el decreto 1919 de No obstante, como quiera que el decreto 1381 de 1997 establecía la compatibilidad entre dichas bonificaciones, es posible concluir que durante el lapso de vigencia del decreto 1381 de 1997, tal prima podría haberse recibido por parte de los docentes que fueron beneficiarios de aquella establecida por el decreto 216 de Sin embargo, tal análisis individualizado escapa al alcance de este concepto. Finalmente, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, cualquier prima, bonificación, sobresueldo o cualquier otro emolumento decretado por las corporaciones públicas territoriales mediante ordenanzas o acuerdos, o cualquier otro acto administrativo que no se halle dentro de los límites establecidos por la ley o el Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 1991, en la ley 4ª de 1992, 60 de 1993 y sus correspondientes modificaciones, no podrá pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones, puesto que no pertenecen al régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta. Cordialmente, JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO Jefe Oficina Asesora Jurídica JSC EE Bogotá, Señora GLORIA CECILIA MUÑOZ DELGADO Pasto Nariño REF: Su comunicación 2009ER1524 Funciones psicopedagoga. Respetada Señora: En atención a su comunicación de la referencia le manifiesto lo siguiente, no sin antes advertir que el presente concepto es emitido bajo los parámetros establecidos en el artículo 25 del C. C. A. OBJETO DE LA CONSULTA. Manifiesta en su comunicación ser docente regida por el decreto 2277 de 1979 con asignación de funciones directamente relacionadas con su perfil profesional de Psicóloga, por lo que solicita se le dé orientaciones en el sentido de si la entidad territorial puede ignorar dicha asignación de

5 funciones o si por el contrario puede solicitar se le respete el ejercicio profesional que desde el nombramiento ha venido ejerciendo. NORMATIVIDAD APLICABLE Y CONCEPTO. Con la ley 715 de 2001 se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias, se certifica en materia educativa a partir del año 2002, a los departamentos y distritos y a partir del año 2003 a todos los municipios mayores de cien mil habitantes, quienes deberán prestar el servicio público de la educación a través de las instituciones educativas oficiales; señalando la norma en sus artículos 34 y siguientes lo referente a la organización de la planta docente, directiva docente y administrativa paga con recursos del Sistema General de Participaciones y la incorporación de dicha planta a la respectiva entidad territorial. Norma que se encuentra reglamentada por el decreto 3020 de 2002 el cual señala en su artículo 12 que los orientadores que son profesionales universitarios graduados en orientación educativa, psicopedagogía o un área afín, vinculados en propiedad a la planta de personal como docentes o administrativos y que cumplen funciones de apoyo al servicio de orientación estudiantil, no serán tenidos en cuenta para la aplicación de los parámetros establecidos en la norma, relación alumno docente. A su vez el decreto 1850 de 2002 en su artículo 6º señala que todos los directivos y los docentes deben brindar orientación a sus estudiantes en forma grupal o individual, con el propósito de contribuir a su formación integral, sin que la dirección de grupo implique para el docente de educación básica secundaria y media una disminución de su asignación académica de 22 horas efectivas semanales. De otra parte el artículo 22 de la ley 715 de 2001 dispone que cuando para la debida prestación del servicio se requiera el traslado de un docente o directivo docente, el mismo se ejecuta discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado y cuando se trate de traslados entre entidades territoriales certificadas se requerirá adicionalmente convenio ínter administrativo. Las solicitudes de traslado y permutas proceden estrictamente de acuerdo con las necesidades del servicio y no se puede afectar la composición de planta de personal de la entidad. Norma que se encuentra reglamentada por el decreto 3222 de Por tanto, los orientadores con título profesional universitario graduados en orientación educativa, psicopedagogía o un área afín, vinculados en propiedad a la planta de personal como docentes o administrativos, que cumplen funciones de apoyo al servicio de orientación estudiantil, no son tenidos en cuenta en la organización de planta para la aplicación de la relación alumno docente. La administración del personal docente y administrativo es competencia que la ley le ha asignado con total independencia a la entidad territorial, entendiéndose que comporta la facultad de organizar el servicio y entre otras nombrar, remover, trasladar, sancionar el personal bajo su responsabilidad. 2 Finalmente, debe tenerse en cuenta que por principio constitucional, no puede haber empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere estar contemplados en la respectiva planta, queriendo ello decir que la ubicación y desempeño de funciones debe ser acorde con el cargo para el cual se ha nombrado. Atentamente 2 Artículos 6º y 7º ley 715 de 2001 en concordancia con el artículo 153 de la ley 115 de 1994.

6 JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO Jefe Oficina Jurídica Rdo: 2009ER1524 ERU/Mis documentos/men/conceptos IE Bogota D.C., Doctora Gloria Mercedes Álvarez Ref. Orientaciones jurídicas relativas a la posibilidad de asignar recursos para la cancelación de primas extralegales a los docentes vinculados con posterioridad de la ley 60 de Apreciada Doctora, Teniendo en cuenta las reiteradas consultas elevadas ante este Ministerio por parte de las entidades territoriales, en las cuales solicitan conceptuar sobre la viabilidad jurídica para reconocer prestaciones y primas extralegales de diversa naturaleza, a los docentes y directivos docentes vinculados al servicio estatal con posteridad a la entrada en vigencia de la ley 60 de 1993, consideramos útil realizar las siguientes precisiones generales, las cuales esperamos sean de utilidad al momento de evaluar sobre la posibilidad o no de acceder a tales solicitudes. Si bien el siguiente análisis no pretende ser aplicable por analogía a todas las situaciones particulares que puedan presentarse sobre el particular, consideramos que por medio del presente razonamiento se expone una línea jurídica que en líneas generales está llamada a ser aplicada, tratándose del reconocimiento de primas o prestaciones extralegales para aquellos servidores públicos docentes y directivos docente vinculados con posterioridad a la adopción del marco de competencias en materia de fijación salarial y prestacional que se derivó a partir de la expedición de la Constitución de 1991, desarrollado particularmente por la ley 4ª de 1992 y la ley 60 de Valga la pena aclarar que las siguientes reflexiones hacen abstracción del proceso de nacionalización de la educación establecido por la ley 43 de 1975, como quiera que este estableció precisamente el régimen prestacional que estaría llamado a aplicarse al personal docente en función de la características de su vinculación al servicio.

7 Por expresa disposición del constitucional artículo 150 C.P. 3 la competencia para expedir las normas y señalar en ellas los criterios generales para establecer el régimen prestacional y salarial de los servidores públicos corresponde al Congreso de la República. Dentro de esta órbita de competencias, y reiterando lo expresado por el Ministerio de Educación en diversas oportunidades, resulta apropiado traer a colación lo consignado en la directiva No. 14 de En dicha oportunidad el MEN recordó que la Ley 4ª de 1992 prescribió que "Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos." (Artículo 10 de la ley 4ª de 1992.) Adicionalmente, el artículo 12 de la misma ley dispuso: "El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad". Por su parte, la ley 60 de 1993 señaló en su artículo 6º que ( ) el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. ( ) El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la ley 4a. de Finalmente, en este mismo sentido normativo, la ley 115 de 1994 dispuso que el régimen prestacional de los educadores estatales sería el establecido en la ley 91 de 1989 y en la ley 60 de 1993, y el salarial el fijado de conformidad con la ley 4ª de (arts. 115 y 175) Dentro de este marco conceptual, es posible entonces afirmar que las anteriores normas desarrollaron de manera general el mandato constitucional plasmado en la carta de 1991 en lo referente a la distribución de competencias para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos docentes y directivos docentes. Por consiguiente, las disposiciones vigentes a la luz de la constitución de 1886 que permitían un mayor margen de regulación por parte de las entidades territoriales para efectos de determinar el régimen salarial de sus servidores públicos fueron modificadas con la expedición de las normas referidas. Siendo ello así, es necesario concluir la imposibilidad de aplicar las normas salariales o prestacionales territoriales contrarias al nuevo régimen que se establecía de conformidad con lo dispuesto en la Carta de 1991, máxime si se tiene presente que la ley 4ª previó expresamente una sanción de ineficacia para los regímenes que a futuro se establecieran en contravía de lo dispuesto en ella. 3 Constitución Política. Art. 150 No. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: ( ) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: ( ) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública ( )

8 Esto, naturalmente, sería aplicable para aquellos servidores que se vincularon con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 60 de 1993, puesto que el régimen salarial o prestacional de aquellos con vinculación anterior debe analizarse bajo la premisa del respeto a los derechos adquiridos. Dentro de este contexto, resulta particularmente ilustrativo recordar lo expresado por la sección segunda del Consejo de Estado en sentencia de febrero 16 de 2006, en la cual afirmó: ( ) no sobra advertir que si la ley puede derogar otra ley, con mayor razón puede derogar disposiciones generales que tengan un rango inferior, como es el caso de las ordenanzas. Y no se puede exigir que la Constitución, ni la ley general, al regular una materia y disponer sobre la derogación tácita de las normas que le sean contrarias, tenga que enunciarlas una a una para que sea efectiva dicha derogación, pues así no lo tiene establecido nuestro régimen jurídico. Así las cosas, ni la derogación, ni la vigencia de una norma resultan de la certificación que expida una determinada autoridad sobre la misma, ni de la existencia de una norma o de una sentencia que así lo disponga. La derogación, indiscutiblemente, surge de la contrariedad de una norma con otra de superior rango a la cual esté sujeta en una determinada materia y que sea aplicable en un campo o ámbito preciso. (Resaltado fuera de texto) Lo anterior, claro está, debe enmarcarse en el respeto de las situaciones consolidadas bajo la normatividad vigente. En consecuencia, los derechos salariales y prestacionales adquiridos legalmente se mantienen. Y ello es así, como quiera que el mismo artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 ordenó que no se podrán desmejorar los salarios y prestaciones. Se trata por lo general de la protección de los derechos adquiridos de aquellos docentes que venían vinculados al servicio educativo con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 60 de 1993, y cuyo régimen salarial y prestacional debe ser, en consecuencia, abordado a la luz de las disposiciones territoriales que se encontraban vigentes para la fecha, en el evento en que la naturaleza determine que pueden ser beneficiarios de éstas. En este orden de ideas, lo hasta aquí expresado nos permite desagregar las siguientes conclusiones. 1. La expedición de la Constitución Política de 1991 implicó una nueva distribución de competencias para fijar el régimen salarial y prestacional en los diferentes niveles de la administración pública. Ello no se traduce necesariamente en la ilegalidad sobreviniente de los reconocimientos efectuados por las entidades territoriales bajo el amparo de normas anteriores que hubiesen sido expedidas en legal forma por aquellas, de conformidad con la competencia que les fuera atribuida por la anterior constitución y legislación. Esto, por cuanto negar los reconocimientos correspondientes al personal vinculado al amparo del mismo se traduciría en la negación de los derechos adquiridos, situación expresamente prohibida por el artículo 2 de la ley 4ª de No obstante, de conformidad con las normas analizadas, la variación de dichas competencias implicaba la imposibilidad para la administración de efectuar reconocimientos ulteriores por fuera del marco legal, como quiera que las competencias territoriales que autorizaban a determinar el régimen prestacional y salarial dentro de la respectiva circunscripción no podían proyectar su vigencia después de los cambios introducidos por la Constitución de 1991, la ley 4ª de 1992 y 60 de Esta situación sería predicable para el personal vinculado con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última norma. 3. Con base en lo anterior, esta oficina concluye que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, cualquier prima, bonificación, sobresueldo o cualquier otro emolumento decretado por las corporaciones públicas territoriales mediante

9 ordenanzas o acuerdos, o cualquier otro acto administrativo que no se halle dentro de los límites establecidos por la ley o el Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 1991, en la ley 4ª de 1992, 60 de 1993 y sus correspondientes modificaciones, no podrá pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones, puesto que no pertenecen al régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta. Cordialmente, JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO Jefe Oficina Asesora Jurídica JSC Bogota D.C., Doctora Gloria Mercedes Álvarez Ref. Concepto relativo a la posibilidad de asignar recursos al Municipio de Cali para la cancelación de primas extralegales a los docentes vinculados con posterioridad de la ley 60 de 1993, con base en lo dispuesto por el decreto 216 de 1991, expedido por el Municipio de Cali. Radicado 2009IE3744. Apreciada Doctora, En atención a su consulta en la que informa que la administración del municipio de Cali solicitó certificación y aprobación de la deuda de primas extralegales con base en lo dispuesto en el decreto municipal 216 de 1991, respecto del personal vinculado a su planta de servidores docentes y directivos docentes después de la entrada en vigencia de la ley 60 de 1993, encuentro pertinente efectuar las siguientes observaciones. IV. Consideración previa. Mediante oficio radicado bajo el número 2007IE19841 del 12 de diciembre de 2007, esta Oficina Asesora emitió concepto conforme al cual la disposición del decreto 216 de 1991 no debía amparar al personal vinculado al municipio de Cali con posterioridad a la fecha en la que entró a regir la ley 60 de 1993.

10 No obstante, y con el ánimo de aportar mayor claridad sobre el particular, me permito reiterar algunos aspectos interpretativos sobre las normas en la materia, en el marco de los parámetros establecidos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. V. Sobre la regulación en materia salarial y prestacional aplicable a los educadores al servicios del Estado. Por expresa disposición constitucional, artículo 150 C.P., la competencia para expedir las normas y señalar en ellas los criterios generales para establecer el régimen prestacional y salarial de los servidores públicos corresponde al Congreso de la República. Dentro de esta órbita de competencias, y reiterando lo expresado por el Ministerio de Educación en diversas oportunidades, resulta apropiado traer a colación lo consignado en la directiva No. 14 de En dicha oportunidad el MEN recordó que la Ley 4ª de 1992 prescribió que "Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos." (Art. 10, Ley 4ª de 1992.) (Resaltado fuera de texto.) Adicionalmente, el artículo 12 de la ley en comento dispuso: "El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad". Por su parte, la ley 60 de 1993 señaló en su artículo 6º que ( )El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. ( ) El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la ley 4a. de Finalmente, en este mismo sentido normativo, la ley 115 de 1994 dispuso que el régimen prestacional de los educadores estatales sería el establecido en la ley 91 de 1989 y en la ley 60 de 1993, y el salarial el fijado de conformidad con la ley 4ª de (arts. 115 y 175) Dentro de este marco conceptual, es posible entonces afirmar que las anteriores normas desarrollaron de manera general el mandato constitucional plasmado en la carta de 1991 en lo referente a la distribución de competencias para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos docentes y directivos docentes. Por consiguiente, las disposiciones vigentes a la luz de la constitución de 1886 que permitían un mayor margen de regulación por parte de las entidades territoriales para efectos de determinar el régimen salarial de sus servidores públicos fueron modificadas con la expedición de las normas referidas. Siendo ello así, es necesario concluir la imposibilidad de aplicar las normas salariales o prestacionales territoriales contrarias al nuevo régimen que se establecía de conformidad con lo dispuesto en la Carta de 1991, máxime si se tiene presente que la ley 4ª previó expresamente una

11 sanción de ineficacia para los regímenes que a futuro se establecieran en contravía de lo dispuesto en ella. Esto, naturalmente, para aquellos servidores que se vincularon con posterioridad a la vigencia de la ley 60 de 1993, puesto que el régimen salarial o prestacional de aquellos con vinculación anterior debe analizarse bajo la premisa del respeto a los derechos adquiridos. Dentro de este contexto, resulta particularmente ilustrativo recordar lo expresado por la sección segunda del Consejo de Estado en sentencia de febrero 16 de 2006, en la cual afirmó: ( ) no sobra advertir que si la ley puede derogar otra ley, con mayor razón puede derogar disposiciones generales que tengan un rango inferior, como es el caso de las ordenanzas. Y no se puede exigir que la Constitución, ni la ley general, al regular una materia y disponer sobre la derogación tácita de las normas que le sean contrarias, tenga que enunciarlas una a una para que sea efectiva dicha derogación, pues así no lo tiene establecido nuestro régimen jurídico. Así las cosas, ni la derogación, ni la vigencia de una norma resultan de la certificación que expida una determinada autoridad sobre la misma, ni de la existencia de una norma o de una sentencia que así lo disponga. La derogación, indiscutiblemente, surge de la contrariedad de una norma con otra de superior rango a la cual esté sujeta en una determinada materia y que sea aplicable en un campo o ámbito preciso. (Resaltado fuera de texto) Lo anterior, claro está, debe enmarcarse en el respeto de las situaciones consolidadas bajo la normatividad vigente. En consecuencia, los derechos salariales y prestacionales adquiridos legalmente se mantienen. Y ello es así, como quiera que el mismo artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 ordenó que no se podrán desmejorar los salarios y prestaciones. Se trata de la protección de los derechos adquiridos de aquellos docentes que venían vinculados al servicio educativo con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 60 de VI. Análisis concreto de consulta formulada. Si bien la consulta formulada ante esta oficina pareciera estar dirigida hacia un análisis de vigencia del decreto 216 de 1991, a la luz de los decretos 731 y 745 de 1999, expedidos por la administración municipal de Cali, consideramos pertinente realizar las siguientes aclaraciones circunscritas a la consulta concreta. Prima facie, valga la pena señalar que si bien realizar un análisis de vigencia en el tiempo sobre la normatividad municipal en la materia es un asunto que escapa a las competencias de esta oficina, no obstante, observamos que los decretos 731 y 745 de 1999, expedidos por el municipio de Cali, reproducen por lo esencial el contenido normativo del decreto 1321 de En efecto, este último establece que Todo servidor público que sea vinculado a la Administración Central Municipal a partir del 1º de octubre de 1993 percibirá únicamente las prestaciones sociales establecidas en la ley. Por su parte, el decreto 731 de 1999, Por medio del cual se observan disposiciones constitucionales y legales en materia de prestaciones sociales para l municipio de Santiago de Cali, el cual a su vez fue modificado por el decreto 745 del mismo año, establece que el El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos vinculados al municipio de Cali, es el que establece la ley.

12 La comparación de las normas transcritas permite observar que a partir de 1993, el municipio de Cali ya había expedido normas tendientes a armonizar las disposiciones municipales con el nuevo marco de competencias en materia de regulación salarial y prestacional derivado del desarrollo normativo de la Carta de Lo anterior encuentra, a fortiori, un sustento más sólido al analizar los considerandos del decreto 1321 de 1993, de los cuales se desprende que, al igual que los decretos 731 y 745 de 1999, aquel también apuntaba al mismo propósito, es decir, a ajustar las disposiciones municipales a lo prescrito por las normas de superior jerarquía citadas anteriormente. Ahora bien, al margen de un análisis exhaustivo sobre la vigencia en el tiempo de las disposiciones citadas, y focalizándonos en el decreto 216 de 1991 expedido por la administración municipal, lo hasta aquí expresado nos permite sintetizar las siguientes conclusiones. 4. La expedición de la Constitución Política de 1991 implicó una nueva distribución de competencias para fijar el régimen salarial y prestacional en los diferentes niveles de la administración pública. Ello no se traduce necesariamente en la ilegalidad sobreviniente de los reconocimientos efectuados por la administración municipal bajo el amparo del decreto 216 de 1991, expedido por el Alcalde del Municipio de Cali, por el cual se fijan las prestaciones sociales y otros beneficios para empleados públicos de la administración central de Santiago de Cali. Esto, por cuanto negar los reconocimientos correspondientes al personal vinculado al amparo del mismo se traduciría en la negación de los derechos adquiridos, situación expresamente prohibida por el artículo 2 de la ley 4ª de No obstante, de conformidad con las normas citadas, la variación de dichas competencias implicaba la imposibilidad para la administración de efectuar reconocimientos ulteriores por fuera del marco legal, como quiera que las competencias municipales que autorizaban expedir el decreto 216 de 1991 no podían proyectar su vigencia después de los cambios introducidos por la Constitución de 1991, la ley 4ª de 1992 y 60 de Esta situación sería predicable para el personal vinculado con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última norma. 6. La Administración Municipal de Cali expidió el decreto 731 de 1999, por medio del cual se observan disposiciones Constitucionales y Legales en Materia de Prestaciones Sociales para el Municipio de Santiago de Cali. Dicha norma, modificada por el decreto 745 de 1999, establece que el régimen de prestaciones sociales de los Empleados Públicos Vinculados al Municipio de Santiago de Cali, será el que establece la Ley ( ). Al margen de la aparente unidad normativa que dichas normas guardan con el decreto 1321 de 1993, la consulta formulada no puede zanjarse en la determinación de una eventual derogatoria del decreto 216 de 1991 por parte de los decretos 731 y 745 de 1999, o incluso por el 1321 de Esta debe ser abordada desde la esfera de distribución de competencias que se desprendió a partir de la Constitución de Con base en lo anterior, esta oficina concluye que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, cualquier prima, bonificación, sobresueldo o cualquier otro emolumento decretado por las corporaciones públicas territoriales mediante ordenanzas o acuerdos, o cualquier otro acto administrativo que no se halle dentro de los límites establecidos por la ley o el Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 1991, en la ley 4ª de 1992, 60 de 1993 y sus correspondientes modificaciones, no podrá pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones, puesto que no pertenecen al régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta.

13 Finalmente vale la pena señalar que este ministerio a través de las Directivas 14 de agosto 14 de 2003 y 21 de noviembre 30 de 2005, ha dado claras orientaciones a las entidades territoriales respecto de las competencias de la nación y de las entidades territoriales para el pago de primas extralegales. Cordialmente, JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO Jefe Oficina Asesora Jurídica JSC EE Bogotá D.C., Doctor ENRIQUE VARGAS LEIVA Neiva Huila Ref. Consulta sobre aplicación sentencia de nulidad de la ordenanza 027 de 1977 Secretaría de Educación del Huila. Rad. 2009ER81892 Respetado Doctor, En atención a la comunicación radicada bajo el número citado en referencia, por medio de las cual solicita orientaciones sobre el reconocimiento y pago de las primas extralegales quinquenal y de junio, en el marco de la sentencia de nulidad de la ordenanza departamental No. 027 de 1977, decretada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Contencioso del Huila, esta oficina se permite realizar las siguientes consideraciones, en el marco de los parámetros establecidos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. La consulta formulada tiene como objeto establecer la viabilidad jurídica de continuar reconociendo y pagando la prima de servicios, la prima de junio y el quinquenio, creados por la citada ordenanza. Pues bien, como quiera que la norma que autorizaba e efectuar dichos reconocimientos fue declarada nula, resulta pertinente hacer referencia a los efectos en el tiempo de la nulidad de los actos administrativos.

14 Por regla general, los efectos de la declaración de nulidad son ex-tunc, es decir, hacia el pasado. Luego, la sentencia que declara la nulidad implica la invalidación del acto, desde el mismo momento que fue expedido. No obstante, si en principio las sentencias de nulidad de los actos administrativos producen efecto retroactivo, la jurisprudencia ha aceptado que éstas no pueden desconocer los derechos adquiridos. En el caso concreto del departamento del Huila pueden presentarse dos escenarios. (i) Que los empleados fueran beneficiarios de las primas anuladas con base en actos administrativos individuales. (ii) Que el reconocimiento se efectuara simplemente con base en una operación administrativa, esto es, un reconocimiento en nómina sin mediar acto administrativo individual. En el primer caso, la jurisprudencia ha sido clara en que los actos administrativos individuales expedidos con base en una norma declarada nula, subsisten hasta tanto no sean revocados con consentimiento del interesado o decretados, a su vez, nulos por la jurisdicción competente. En reiteradas oportunidades, el Consejo de Estado ha insistido en la necesidad de preservar los actos individuales, frente a la desaparición con ocasión de una declaratoria de nulidad de la norma general que le sirvió de fundamento. "Si bien el juzgamiento de la legalidad del acto administrativo general se realiza respecto de la observancia o no de las normas legales a las cuales debía sujetarse su expedición, esta situación Jurídica debe distinguirse de la intangibilidad de los actos individuales producidos durante su vigencia, pues en aras de la seguridad jurídica de las relaciones del Estado con sus administrados, la decisión no debe afectar la existencia, fuerza ejecutoria y validez de dichos actos administrativos de carácter particular." 4 En el segundo caso cuando no media un acto administrativo individual reconociendo la prestación respectiva consideramos que la administración no puede continuar realizando operaciones administrativas con base en una norma inexistente, como quiera que el acto administrativo general declarado nulo constituía el fundamento jurídico con base en el cual la administración efectuaba las operaciones de nómina. Así, habiendo desaparecido el acto administrativo del ordenamiento jurídico, las operaciones administrativas autorizadas por este deben correr la misma suerte. Cordialmente, JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO Jefe Oficina Asesora Jurídica JSC SAC Bogotá, 4 Ver. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1551 de 2004.

15 Señora KARINA JOHANNA BUITRAGO RESTREPO REF: Retiro forzoso Respetada señora: En atención a su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita orientaciones en relación con el retiro forzoso del servicio, ésta oficina se pronuncia en los siguientes términos no sin antes advertir que el presente concepto es emitido bajo los parámetros establecidos en el artículo 25 del C. C. A. Establece el artículo 31 del decreto 2400 de 1968 que todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. Los empelados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad se harán acreedores a una pensión de vejez de acuerdo con el régimen de prestaciones sociales de los empelados públicos. Pensión de vejez que fue subrogada con la expedición de la ley 100 de 1993, manteniendo su vigencia para los regímenes exceptuados como es el caso de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según lo dispone el artículo 279 de la ley 100 de Ahora bien, para los docentes regidos por el decreto 2277 de 1979 el artículo 68 determina que el retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de las funciones del docente y se produce entre otros circunstancias por edad, norma que al ser declarada exequible por la Corte Constitucional, dicha corporación se pronuncio en los siguientes términos: La consagración legal de una edad de retiro forzoso del servicio público afecta el derecho al trabajo, pues el servidor público no puede seguir desempeñándose en su cargo. No obstante, si la fijación responde a criterios objetivos y razonables, debe afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales cuyo logro se persigue. La posibilidad de retirar a un servidor público de su empleo, una vez ha alcanzado una determinada edad fijada en la ley, es un instrumento de que disponen el legislador y la administración para lograr el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos y el derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 6º de la Constitución Política determina que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Atentamente JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO Jefe Oficina Jurídica Rdo: SAC ER80917 ERU/Mis documentos/men/conceptos SAC Bogotá,

16 Señor JOSE ANTONIO HERRERA ESTRADA REF: Derechos docentes Respetado Señor: En atención a su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita orientaciones en relación con los derechos de los docentes tales como salario y pensión, retiro voluntario compensado, mesada 14 y descuentos pensionales, le manifiesto lo siguiente no sin antes advertir que el presente concepto es emitido bajo los términos del artículo 25 del C. C. A. NORMATIVIDAD APLICABLE Y CONCEPTO. Teniendo en cuenta que son varios los temas a tratar, se evacuarán en el mismo orden planteado. Salario y pensión. El Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política, no hace referencia a inhabilidades o incompatibilidades ni a régimen salarial alguno, toda vez que la norma del Ordenamiento Mayor hace alusión al derecho a la Seguridad Social. Determina la norma que a partir de la vigencia de dicho Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República, y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo, siendo así que el parágrafo transitorio primero establece que el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 Retiro voluntario compensado. De acuerdo con lo señalado en el artículo 26 de la ley 715 de 2001 el gobierno podrá establecer una bonificación para los docentes y directivos docentes pensionados que se retiren voluntariamente y que en la ley del plan (ley 1151 de 2007) se determina que el Gobierno Nacional podrá establecer una partida anual del Presupuesto para el pago de la bonificación para los docentes y directivos docentes pensionados que se retiren voluntariamente del servicio, sin que hasta la fecha se haya reglamentado la materia. Mesada 14. El acto legislativo 01 de de 2005, que adiciona el artículo 48 de la Constitución, sin establecer excepción alguna, determinó que a partir de su vigencia, todo aquel que cause derecho a pensión, no podrá recibir más de 13 mesadas pensionales al año. El Consejo de Estado en concepto 1857 del 22 de noviembre de 2007 se pronunció en los siguientes términos: Los docentes del sector oficial, nacionales, nacionalizados y territoriales, que causen el derecho a la pensión de jubilación o vejez a partir del 25 de julio del 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 1 del 2005, no tienen derecho a la mesada pensional adicional del mes de junio de que tratan el artículo 142 de la ley 100 de 1993 y la ley 238 de Se exceptúan los docentes que causen el derecho a la pensión antes del 31 de julio del 2011, si su mesada pensional es igual o inferior a tres salarios mínimos legales vigentes, según lo establece el parágrafo transitorio 6' del artículo l' del Acto Legislativo en mención.

17 En consecuencia, a partir de la vigencia del acto legislativo 01 de 2005 sólo se recibirán 13 mesadas pensionales al año; salvo docentes que causen el derecho a pensión antes del 31 de julio de 2011, si su mesada pensional es igual o inferior a tres salarios mínimos legales vigentes. Descuentos pensionales. De acuerdo con la ley 91 de 1989 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio está constituido entre otros recursos por el aporte de los pensionados representado en el porcentaje que se descuenta de cada mesada pensional que paga el fondo incluidas las adicionales, que si bien es cierto inicialmente era del 5%, no es menos cierto que con la expedición de la ley 812 de 2003 se estableció que valor de la cotización de los afiliados al Fondo del Magisterio para salud y pensiones es el correspondiente al establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, debiendo advertirse que al pensionado sólo se le realiza el descuento para salud. De otra parte, el decreto 1703 de 2002 aplicable incluso a los regímenes excepcionados y especiales, establece que cuando el afiliado como cotizante a un régimen de excepción tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales está obligado a cotizar, ésta debe efectuarse al FOSYGA Así las cosas, a los docentes pensionados debe descontársele el porcentaje establecido para el sistema general en salud regulado por la ley 100 de 1993, 797 de 2003 y normas que las modifiquen, adicionen o complementen, porcentaje que es a cargo exclusivo del pensionado Atentamente JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO Jefe Oficina Jurídica Rdo: SAC ER15927 ERU/Mis documentos/men/conceptos SAC Bogotá, Señor GABRIEL ANTONIO ESCOBAR MORALES REF: Inhabilidades e incompatibilidades docentes Respetado señor: En atención a su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita orientaciones en el sentido de establecer si un docente puede ser miembro y tesorero de una asociación sin ánimo de lucro que contrata con entidades estatales y cuyos programas beneficia inclusive al plantel donde

18 presta sus servicios como docente, ésta oficina se pronuncia en los siguientes términos no sin antes advertir que el presente concepto es emitido bajo los parámetros establecidos en el artículo 25 del C. C. A. NORMATIVIDAD APLICABLE Ésta oficina, en solicitud que en tal sentido se realizara mediante comunicación 2009ER2401, se pronuncio en los siguientes términos: El artículo 105 de la Ley 115 de 1994 señala que los docentes de establecimientos educativos estatales son servidores públicos de régimen especial. Los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002 son las normas que han establecido el estatuto decente y de profesionalización docente; aplicables dependiendo la fecha de vinculación al servicio educativo estatal; sin que en ellas se establezcan o señalen prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades específicas para dicha clase de servidores por lo que en dicha materia se rigen por las normas generales de todos los servidores públicos. Establece la Constitución Política en su artículo 127 las incompatibilidades genéricas de los servidores públicos, en tanto que los artículos 36 y siguientes de la ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único señalan las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés. En materia contractual dispone el artículo 8º de la ley 80 de 1993 las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, determinando la norma en su literal f) que son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales los servidores públicos. Los docentes estatales no tienen régimen especial de prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades por lo que se rigen por las normas generales de todos los servidores públicos... Las prohibiciones e inhabilidades no pueden extenderse por vía de interpretación, por cuanto las excepciones son de naturaleza restrictiva no susceptibles de aplicarse por analogía o en virtud de interpretación administrativa o jurisprudencial. En este orden de ideas, considera esta oficina que al no existir disposición alguna que prohíba a un servidor público pertenecer a una asociación sin ánimo de lucro, puede un docente hacer parte de dicha organización. Atentamente JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO Jefe Oficina Jurídica Rdo: 2009ER ERU/Mis documentos/men/conceptos SAC Bogotá,

19 Señor JAIRO ANTONIO TEJADA OLIVERO REF: Pensión Gracia Respetado señor: En atención a su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita orientaciones para el derecho de la pensión gracia, esta oficina se pronuncia en los siguientes, teniendo en cuenta que los pronunciamientos que realiza este despacho son en derecho y no resolviendo la casuística de cada caso en particulares, no sin antes advertir que el presente concepto es emitido bajo los parámetros establecidos en el artículo 25 del C. C. A. NORMATIVIDAD APLICABLE Y CONCEPTO. De acuerdo con la ley 114 de 1913, los maestros de escuela primaria oficial que hayan servido en el magisterio por un tiempo no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia al llegar a la edad de cincuenta años de edad. Prestación que en los mismos términos y por vía jurisprudencial se hace extensiva a los maestros que hayan prestado sus servicios en las escuelas normales o completado sus servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, en virtud de las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 respectivamente 5. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, para tener derecho a la denominada pensión gracia, debe el docente haber laborado durante los 20 años de servicio, en instituciones educativas del orden territorial, sin que pueda computarse para su reconocimiento tiempo de servicios en instituciones educativas del orden nacional. 6 La ley 91 de 1989 crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estableciendo en el literal B del numeral 2º del artículo 15 que los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados y aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación. Norma que a su vez define en su artículo primero personal nacional, nacionalizado y territorial. El Consejo de Estado Sección segunda en fallo del 29 de agosto de 1997 al decidir la consulta de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 28 de octubre de 1993, en el proceso promovido por Wilberto Therán Mogollón contra la Caja Nacional de Previsión Social, en unificación de jurisprudencia, se pronuncia en los siguientes términos: Debe advertir la Sala que dado el carácter excepcional con que fue instituida la pensión gracia, para su reconocimiento y pago es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, Para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después del 31 de diciembre de 1980, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal b) del mismo precepto, o sea la "...pensión de jubilación equivalente al 75 del salario mensual promedio del último año", que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal b) No. 2, art. 15 ibídem) 5 Sentencia del 22 de octubre de Consejo de Estado Sección segunda, radicación C. P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda 6 Fallo del 8 de septiembre de 2005 expediente , Sección segunda C. P. Dra. Margarita Olaya. Sentencia de septiembre 7 de 2006 radicado M. P. Dr. Alejandro Ordóñez, sección segunda.

20 hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente los docentes nacionalizados que, como dice la ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 "tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia...siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos" Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal a), numeral 2, de su art. 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. En este orden de ideas, para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia debe el docente haber laborado en instituciones educativas del orden territorial y haber sido vinculado antes del primero de enero de En el caso en particular, corresponde a la entidad de previsión competente de acuerdo con la documentación que se aporte, el determinar si se cumplen los requisitos establecidos en la norma para tener derecho a la prestación solicitada. Atentamente JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO Jefe Oficina Jurídica Rdo: SAC ER79726 ERU/Mis documentos/men/conceptos EE58600 DEL Bogotá, Doctora DEFANY SILVA MENESES Popayán Cauca REF: Su comunicación 2009ER80149 I ABANDONO DE CARGO Respetada Señora Secretaria: En atención a sus comunicaciones de la referencia, por medio de las cuales solicita orientaciones relacionadas con el abandono de cargo de los docentes, ésta oficina se pronuncia en los siguientes términos no sin antes advertir que el presente pronunciamiento se realiza bajo los términos establecidos en el artículo 25 del C. C. A. OBJETO DE LA CONSULTA.

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