Amparo Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:

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1 Amparo Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho horas con veintidós minutos del día diecinueve de agosto de dos mil quince. Analizada la demanda de amparo firmada por la señora María Magdalena Fernández Rodríguez, junto con la documentación anexa, se hacen las consideraciones siguientes: I. En síntesis, la actora manifiesta que reclama contra la omisión del Presidente del Órgano Ejecutivo como autoridad máxima de Organismo de Inteligencia de Estado OIE por haber negado los beneficios que le correspondían como viuda de uno de sus empleados. En ese orden, la señora Fernández Rodríguez manifiesta que es la viuda del señor José Nolberto Serrano Martínez, quien laboró para el OIE como Jefe de Grupo de Inteligencia de Campo IDC desde el año 1995 al 1-X-2011, fecha en la cual fue asesinado. Al respecto, señala que posterior al fallecimiento de su esposo acudió a las oficinas del OIE para pedir las constancias de trabajo respectivas e iniciar el trámite correspondiente en las instituciones previsionales para ejercer su derecho a la seguridad social que como viuda de un trabajador le correspondía. Sin embargo, sostiene que al llegar al OIE se le expuso que el señor Fernández Rodríguez nunca había trabajado para dicha institución y que por lo tanto, no había registros laborales del mismo. Ante dicha situación, la peticionaria se apersonó al Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS y a las Administradoras de Fondos de Pensiones AFPS en busca del registro de retenciones que se le habrían realizado a su esposo como trabajador del OIE y de esa forma dar inicio al trámite de pensión por sobrevivencia correspondiente, pero en ambas instituciones le manifestaron que no contaban con un número de afiliación de su fallecido esposo, por lo que tampoco habían registros de retenciones de cuotas previsionales a favor de este. Como consecuencia de lo anterior, la demandante acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, la que acumuló su denuncia junto con otras de varios empleados del OIE en situaciones parecidas referidas a la omisión de registros laborales y de cuotas previsionales de parte de dicho organismo. Al mismo tiempo, la actora sostiene que el referido funcionario habría lesionado su derecho de petición, puesto que, además, ha omitido contestar su petición de 16-III

2 en la cual le solicitó que admitiera el vínculo laboral que existió entre su esposo con el OIE, en la que también pidió la constancia de trabajo, servicio, además de los salarios devengados por su fallecido esposo. En definitiva, considera que dicha omisión y la actitud de la autoridad demandada de negar el vínculo laboral de su esposo con el OIE ha impedido que ella tenga los beneficios que como viuda de un trabajador de una institución estatal le corresponderían; así como sus derechos a la seguridad jurídica, petición e igualdad. II. Tomando en consideración los argumentos expuestos por el abogado del actor, resulta pertinente, en atención al principio iura novit curia el Derecho es conocido para el Tribunal y al art. 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales L.Pr.C., realizar ciertas consideraciones referidas a los términos en que ha sido planteada la queja del pretensor. La señora Fernández Rodríguez manifiesta que la autoridad demandada ha impedido que esta tenga los beneficios que le corresponden como viuda de un empleado del OIE, puesto que dicha autoridad niega el vínculo laboral que existió con el señor José Nolberto Serrano Martínez, así como además, no existe un número de afiliación del ISSS y AFP para que la mencionada señora inicie los trámites relativos para acceder a su derecho a la pensión por sobrevivencia. Con respecto a la seguridad social, en la sentencia de 3-XII-2010 pronunciada en el Amp , se estableció que esta como servicio público, está integrada por tres elementos básicos: i) la necesidad que debe satisfacerse; este presupuesto de carácter general, es entendido como la suma de necesidades o intereses individuales de los usuarios, por lo que la expresión "servicio público" no hace referencia al ente que realiza la actividad de satisfacción de esas necesidades e intereses, sino al destinatario del mismo; ii) la titularidad del sujeto que presta el servicio, para lo cual debe tenerse presente que la prestación del mismo puede adoptar varias modalidades, atendiendo a la participación más o menos directa de la Administración; de ahí que la gestión de la seguridad social como servicio público, basada en tal criterio, puede ser: directa, indirecta y mixta; y iii) el régimen jurídico del servicio público, que debe enmarcarse en el ámbito del derecho público, para evitar abusos de cualquier orden en que pudieran incurrir quienes presten o realicen el servicio. En ese orden de ideas, si partimos de la afirmación que el Estado se ha comprometido a apoyar el desarrollo de la personalidad humana frente a esas contingencias que se presentan en la vida, y ha creado para ello, un régimen jurídico y un sistema coordinado de mecanismos y entidades para brindar tal servicio; ese deber o compromiso adquirido frente a sus destinatarios, se convierte en un derecho fundamental de toda 2

3 persona a la seguridad social, el cual se encuentra integrado en la esfera jurídica de tales sujetos, esto es, a gozar de una protección de índole social por parte del Estado. Asimismo, en la sentencia del 10-VIII-2015 pronunciada en la Inc , se afirmó que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio (art. 50 Cn.), la Constitución considera como beneficiarios de tal prestación a hombres y mujeres. Esta es una de las formas en que el Estado debe garantizar a los salvadoreños los medios y recursos necesarios para enfrentar las contingencias de la vida. Y, para ello, prevé prestaciones económicas dignas, tal como indican los Considerandos III y V de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. En razón de lo anterior, en el presente caso, se advierte que los alegatos expuestos por la actora para fundamentar la presunta lesión a su derecho a la seguridad jurídica e igualdad se refieren mas bien a la aparente lesión de su derecho a la seguridad social, específicamente, a su derecho a la pensión por sobrevivencia a raíz del fallecimiento de su esposo, quien trabajaba para el OIE, con relación a su derecho petición, el cual ha sido alegado como vulnerado en su demanda. III. Por otra parte, resulta pertinente hacer ciertas consideraciones respecto de la actualidad del agravio de trascendencia constitucional planteado por la demandante. 1. En la resolución de fecha 27-I-2009, pronunciada en el Amp , esta Sala ha precisado que el proceso de amparo persigue que se imparta a las personas protección jurisdiccional contra cualquier acto u omisión de autoridad que estimen inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de sus derechos fundamentales. En ese sentido, para la procedencia de la pretensión de amparo es necesario que el actor se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica, derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión, lo que en términos generales se denomina "agravio", el cual, a su vez, debe producirse con relación a disposiciones de rango constitucional -elemento jurídico- y generar una afectación difusa o personal en el ámbito jurídico del justiciable -elemento material-. Asimismo, se ha sostenido -v.gr., en la resolución de fecha 19-XI-2002, pronunciada en el Amp que el ámbito temporal en el que puede aparecer o enmarcarse el agravio en cuestión se divide en dos rubros, a saber: el actual y el futuro. En cuanto al agravio de tipo actual, en la sentencia de fecha 16-XI-2012, Amp , la Sala señaló la importancia de establecer los parámetros en virtud de los cuales pueda determinarse la actualidad del agravio para salvaguardar la seguridad jurídica. Al respecto, se dijo que, en términos generales, es posible afirmar que el agravio es de tipo actual cuando, no obstante el tiempo transcurrido entre el momento en que ocurrió la vulneración de derechos fundamentales que se alega y el de la presentación de la 3

4 demanda de amparo, no hayan desaparecido -es decir, permanezcan en el tiempo- los efectos jurídicos directos de dicha transgresión en la esfera particular de la persona que solicita el amparo, entendidos estos últimos como la dificultad o imposibilidad para continuar ejerciendo materialmente las facultades subjetivas derivadas de un derecho del cual se tiene o se ha tenido su titularidad. Entonces, partiendo de la anterior definición, para determinar si un agravio posee actualidad se deberá analizar -atendiendo a las circunstancias fácticas de cada caso concreto y, en especial, a la naturaleza de los derechos cuya transgresión se alega- si el lapso transcurrido entre el momento en que ocurrió la vulneración a los derechos fundamentales y el de la presentación de la demanda no sea consecuencia de la mera inactividad de quien se encontraba legitimado para promover el respectivo proceso de amparo, pues en el caso de no encontrarse objetivamente imposibilitado para requerir la tutela de sus derechos y haber dejado transcurrir un plazo razonable sin solicitar su protección jurisdiccional -volviendo con ello improbable el restablecimiento material de dichos derechos- se entendería que ya no soporta en su esfera jurídica, al menos de manera directa e inmediata, los efectos negativos que la actuación impugnada le ha causado y, consecuentemente, que el elemento material del agravio que aparentemente se le ha ocasionado ha perdido vigencia. 2. A. En el caso concreto, se advierte que el acto reclamado en la presente demanda se materializó en 2011, puesto que inmediatamente después del deceso de su esposo (1-X- 2011) la actora acudió al OIE para iniciar el trámite de pensión por sobrevivencia, y que la demanda mediante la cual se ha dado inicio al presente proceso de amparo fue presentada a la Secretaría de este Tribunal el 17-IV B. Sin embargo, atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de esta Sala, se observa en primer lugar, que el derecho que se considera vulnerado en este caso, es el derecho a la seguridad social específicamente el derecho a la pensión por sobrevivencia de la actora. En ese sentido, debe advertirse que el art. 50 inc. 1 Cn. determina que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y que corresponde al Legislador regular sus alcances, extensión y forma. Su inciso 2 indica que [d]icho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de los recursos. En tanto servicio público, dicho derecho responde entonces a una necesidad general o pública, entendida como la suma de las necesidades de seguridad social de todos los miembros de la sociedad. Por tanto, comporta la garantía de una provisión de medios 4

5 materiales y de otra índole (verbigracia, el suministro de una pensión periódica) para hacer frente a los riesgos, contingencias o necesidades sociales. En razón de lo anterior, el Estado debe diseñar los medios, mecanismos y políticas públicas adecuados para facilitar a los individuos los recursos necesarios a fin de enfrentar las consecuencias derivadas de una enfermedad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez o, incluso, la muerte de un familiar asegurado a una de las instituciones del sistema de previsión social. Por lo tanto, cualquier transgresión a este derecho deriva en una afectación que permanece en la esfera subjetiva de derechos de la persona a lo largo del tiempo, independientemente de espaciamiento temporal entre el acto reclamado y la búsqueda de tutela jurisdiccional por parte del mismo. Es decir que, en atención a la naturaleza del derecho sujeto de protección jurisdiccional en el presente caso el derecho a la seguridad social, el agravio de transcendencia constitucional alegado goza de actualidad, sin importar el plazo transcurrido entre el acto del cual deriva el agravio, y la presentación de la demanda de amparo. C. En definitiva, con arreglo a las circunstancias expuestas, se concluye que este Tribunal se encuentra habilitado para controlar la constitucionalidad de la actuación cuestionada, debido a que se observa actualidad en el agravio respecto de la esfera jurídica de la peticionaria con relación al acto reclamado. Asimismo, por la omisión de la autoridad demandada de contestar la petición realizada por la actora del 16-III IV. Expuestas las consideraciones que anteceden y habiéndose constatado que la demanda cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la legislación procesal y la jurisprudencia aplicable, su admisión se circunscribirá estrictamente al control de constitucionalidad de la actuación del Presidente del Órgano Ejecutivo, como titular de Organismo de Inteligencia del Estado OIE, por haber negado los beneficios que le correspondían a la actora como viuda de uno de sus empleados señor José Nolberto Serrano García, quien laboró para el OIE como Jefe de Grupo de Inteligencia de Campo IDC desde el año 1995 al 1-X-2011, fecha en la cual fue asesinado. Y lo anterior, no obstante, la actora acudió a las oficinas de la OIE en donde le manifestaron que aquel nunca había laborado para dicha institución y que por lo tanto, no había registros laborales del mismo. Asimismo, porque afirma que dicha autoridad también ha omitido contestar su petición del 16-III-2015, en la que le requirió las constancias de trabajo, servicio y salario de su esposo. 5

6 Tal admisión se debe a que, a juicio de la parte actora, ambas situaciones habrían ocasionado un obstáculo para que la demandante en su calidad de viuda tuviera acceso a su derecho a la seguridad social, específicamente, al derecho a la pensión por sobrevivencia, así como a su derecho de petición, consagrados en los artículos 18 y 50 de la Constitución, ya que debido a la actitud tomada por la autoridad demandada se le ha impedido el beneficio de la pensión a causa del fallecimiento de su esposo. V. Expuesto lo anterior, corresponde en este apartado examinar la posibilidad de decretar una medida precautoria en el presente amparo, para lo cual, resulta necesario señalar que la suspensión de los efectos del acto impugnado se enmarca dentro de la categoría de las medidas cautelares, cuya función es impedir la realización de actos que, de alguna manera, impidan o dificulten la efectiva satisfacción de la pretensión, la cual se lleva a cabo mediante una incidencia en la esfera jurídica del demandado o, incluso, de quien resulte beneficiado con el acto reclamado. Con relación a ello, es necesario indicar que para la adopción de una medida cautelar deben concurrir al menos dos presupuestos básicos, a saber: la probable existencia de un derecho amenazado fumus boni iuris y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso periculum in mora. En el presente caso, se puede advertir que existe apariencia de buen derecho en virtud, por una parte, de la invocación de una presunta vulneración de los derechos constitucionales del pretensor y, por otra parte, de la exposición de circunstancias fácticas y jurídicas en las que se hace descansar aquella, específicamente por señalar que en el año 2011 la autoridad demandada ha negado su vínculo laboral con el señor Serrano Martínez ha ocasionado que se le nieguen los beneficios que como viuda de un trabajador del OIE le corresponde. Sin embargo, en vista del tiempo transcurrido desde la omisión reclamada, posterior a la defunción del señor José Nolberto Serrano Martínez (21-X-2011) y la presentación de la demanda de amparo, no se observa que exista un efectivo peligro en la demora, ya que se advierte que la afectación alegada en la esfera jurídica de la actora se ha consumado. VI. Por otra parte, con relación a la tramitación del proceso de amparo y, en particular, respecto a la forma en que deben realizarse los actos de comunicación procesal a la Fiscal de la Corte como sujeto interviniente en el proceso, es procedente requerirle, tal como este Tribunal ha ordenado en su jurisprudencia verbigracia en las resoluciones de fechas 5-VII-2013 y 19-VII-2013, pronunciadas en los Amp y , respectivamente que al contestar la audiencia que se le confiere conforme al artículo 23 de la L.Pr.C., señale un lugar para oír notificaciones dentro de esta ciudad o un medio 6

7 técnico para recibir los actos procesales de comunicación, caso contrario, las notificaciones deberán efectuarse en el tablero del tribunal. Por todo lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artículos 19, 21, 22, 23, 79 inciso 2º y 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala RESUELVE: 1. Admítese la demanda planteada por la señora María Magdalena Fernández Rodríguez contra la actuación del Presidente del Órgano Ejecutivo, como titular del OIE por haber negado los beneficios que le correspondían como viuda de uno de sus empleados señor José Nolberto Serrano García, quien laboró para el OIE como Jefe de Grupo de Inteligencia de Campo IDC desde el año 1995 al 1-X-2011, fecha en la cual fue asesinado. Y lo anterior, no obstante, la actora acudió a las oficinas de la OIE en donde le manifestaron que aquel nunca había laborado para dicha institución y que por lo tanto, no había registros laborales del mismo. Asimismo, porque afirma que dicha autoridad también ha omitido contestar su petición del 16-III-2015, en la que le requirió las constancias de trabajo, servicio y salario de su esposo. Dichas situaciones, a juicio de la parte actora, habrían ocasionado un obstáculo para en su calidad de viuda tuviera acceso a su derecho a la seguridad social, específicamente, al derecho a la pensión por sobrevivencia, así como a su derecho de petición, consagrados en los artículos 18 y 50 de la Constitución, ya que debido a la actitud tomada por la autoridad demandada se le ha impedido el beneficio de la pensión a causa del fallecimiento de su esposo. 2. Sin lugar la suspensión del acto reclamado, ya que desde la emisión del acto reclamado (2011) y la presentación de la demanda de amparo, no se observa que exista un efectivo peligro en la demora, ya que se advierte que la afectación alegada en la esfera jurídica de la actora se ha consumado. 3. Informe dentro de veinticuatro horas el Presidente de Órgano Ejecutivo, quien deberá expresar si es cierta o no la actuación que se le atribuye. 4. Ordénese a la Secretaría de este Tribunal que, habiéndose recibido el informe requerido a la autoridad demandada o transcurrido el plazo sin que esta lo rindiere, notifique el presente auto al Fiscal de la Corte, a efecto de oírlo en la siguiente audiencia. 5. Previénese al Fiscal de la Corte que, al contestar la audiencia que se le confiere conforme al art. 23 de la L.Pr.C., señale un lugar para oír notificaciones dentro de esta ciudad o un medio técnico para recibir los actos procesales de comunicación, caso contrario, las notificaciones deberán efectuarse en el tablero de este tribunal, en virtud de lo dispuesto en los arts. 170 y 171 C.Pr.C.M. de aplicación supletoria en los procesos de amparo. 7

8 6. Identifique la autoridad demandada el medio técnico por el que desea recibir los actos de comunicación. 7. Tome nota la Secretaría de este Tribunal del lugar señalado por la actora para recibir los actos procesales de comunicación. 8. Notifíquese. 8

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