Cadereyta de Montes, Querétaro, 15 (quince) de julio del 2019 (dos mil diecinueve).

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1 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** Cadereyta de Montes, Querétaro, 15 (quince) de julio del 2019 (dos mil diecinueve). Encontrándose debidamente integrados los autos del mismo, la Juez Provisional Administrativo en Cadereyta, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, ante la Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado que da fe, con base en el artículo 54, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga, el 17 (diecisiete) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), dicta la presente sentencia, en base a los siguientes: R E S U L T A N D OS 1.- Mediante escrito ingresado en este Juzgado, el 26 (veintiséis) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), a través del cual *****, compareció por propio derecho a demandar la nulidad de los siguientes actos: a) La boleta certificada que contiene la calificación, determinación, cuantificación y cobro de la sanción administrativa consistente en multa administrativa por la cantidad de $*** pesos 00/100 moneda nacional), emitida por la C. ***** adscrita a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. b) La multa administrativa, tal como se desprende del recibo de pago emitido con número de operación ***, de fecha 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), que se derivó de la boleta de infracción, con número de folio *** de fecha 09 (nueve) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho). 2.- Por acuerdo dictado en fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), se admitió a trámite la demanda de nulidad únicamente respecto pág. 1

2 de la multa contenida en la boleta de certificada de folio *** con fecha de calificación 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), por la cantidad de $*** pesos 00/100 moneda nacional), sin perjuicio de que este Órgano Jurisdiccional, al momento de dictar sentencia se pronuncie respecto de los demás actos. Se ordenó emplazar a la autoridad demandada, para que formularan su contestación, así como también se le requirió para que exhibiera el expediente administrativo formado a la causa, apercibido que de no hacerlo se le tendrían por cierto los hechos relacionados con el expediente administrativo. Finalmente, se tuvo al demandante ejercitando su derecho de oposición a la publicación de sus datos personales, haciéndose del conocimiento de las autoridades demandadas, del derecho que les asiste para manifestar expresa o tácitamente, su voluntad de que se realice tratamiento de sus datos personales por esta autoridad y para oponerse a lo anterior, así como de acceso, rectificación y cancelación de datos personales en términos de la normatividad aplicable; en el entendido de que en caso de no realizar manifestación alguna al respecto, se entenderá como su consentimiento tácito para realizar todo tipo de tratamiento a sus datos personales. 3.- Mediante acuerdo dictado en fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve), se tuvo a la autoridad demandada rindiendo su contestación en tiempo al escrito inicial de demanda, la cual fuera admitida, de igual forma se tuvo por cumplido el requerimiento realizado con relación al expediente administrativo. Asimismo, quedaron desahogadas por su propia naturaleza todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, de igual manera con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se otorgó a las partes el término para que formularan sus alegatos por escrito. 4.- Mediante acuerdo dictado en fecha 14 (catorce) de junio de 2019 (dos mil diecinueve) se tuvo a la parte actora formulando los alegatos que a su parte corresponden, y de igual manera se le feneció dicho plazo a la autoridad demandada. Asimismo la Juez Instructora, al observar que no existía ninguna cuestión pendiente de resolver, en aplicación del artículo 52 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, declaró cerrada la 2

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** instrucción del juicio; y con fundamento en los numerales 52 y 54 de la Ley invocada, ordenó se dictara la sentencia definitiva que en derecho procediera. Una vez que se han sentado los resultandos del juicio de nulidad, se procede al dictado de la definitiva, conforme a los siguientes: C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Administrativo en Cadereyta, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es competente, para conocer del presente juicio de conformidad con los artículos 17, 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; artículo 34, apartado A, primer párrafo, de la Constitución Político del Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 3, fracción I, 4, fracción IV, 18, 19, 20, 22, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; y de conformidad con los numerales 1, 3, 4, 52, 54, 55, 56, 57 y 58, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Existencia de la resolución impugnada SEGUNDO.- Sobre la existencia de la resolución que se impugna consistente en la multa administrativa la cual derivo de la boleta de infracción de folio *** de fecha 09 (nueve) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), y la cual fue calificada en fecha 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), en la boleta certificada, y por ser la boleta certificada el resultado final de la boleta de infracción y la multa que se derivó de dicha boleta se estudiara la boleta certificada, la cual fue aportada por el demandante y con el expediente administrativo ofrecido por las autoridades demandadas visibles a fojas 07 (siete) y 21 (veintiuno) del presente expediente, en donde se otorgó valor probatorio pleno a los medios de prueba señalados, todo ello en relación con lo dispuesto por los artículos 45 párrafos primero, segundo y 51 de la Ley de Procedimiento pág. 3

4 Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y por los artículos 289, fracciones I y II, 337 fracciones II y III, 416, 422, y 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro de aplicación supletoria a la ley de la materia. Estudio de causal de improcedencia, excepciones y defensas TERCERO.- Previo al estudio de la nulidad solicitada por el impetrante de justicia administrativa, es menester pronunciarse por cuanto ve a las causales de improcedencia y sobreseimiento, ya que la procedencia del juicio de nulidad es una cuestión de orden de público que debe establecerse por la Juzgadora que aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo el análisis del fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la ilegalidad planteada. Por cuanto ve a las excepciones que intenta la autoridad demandada, consistentes en: LA NON MUTATIS LIBELO. - Toda vez que la parte actora tuvo conocimiento preciso del acto que impugna no debiendo ser procedente que se le permita la ampliación de su demanda, resulta infundada porque esta Juzgadora en momento alguno proveyó que ampliara la demanda el accionante, ya que ese derecho se encuentra contemplado en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. OBSCURIDAD DE LA DEMANDA.- Ya que de la misma no se aprecia de manera clara y precisa los puntos por los que le causa agravio es decir no se precisa claramente porqué el acto administrativo que impugna no está debidamente fundado y motivado ( ) ; resulta improcedente entrar al estudio como excepciones, en virtud que la presunción de validez del acto y la necesidad de mantener en lo posible todo lo actuado por las autoridades responsables, es el estudio medular del presente litigio, ya que de acuerdo a la litis se estudiara si el acto impugnado se encuentra emitido legal o ilegal, es por ello que esta Juzgadora no puede realizar un estudio anticipado. Finalmente en relación a la causal que refiere como: LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, Consiste en el hecho de que, suponiendo sin conceder que las excepciones antes planteadas no se tengan por acreditadas, no puede declararse nula el acta motivo del presente asunto en su totalidad, ya que puede ser debidamente motivada en lo que corresponde al hecho de que consigna y consiste, en que el impugnante se encontraba conduciendo un vehículo sin casco de seguridad, reiterándose que la parte actora no acredita 4

5 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** que la boleta de infracción emitida por el personal operativo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, carezca de fundamentación y motivación, en base a lo dispuesto por el artículo 16, de la Constitución Federal y que por consecuencia, la multa impuesta en su contra deba dejarse sin efectos, al respecto se debe señalar que esta Juzgadora no puede anticipar dicho estudio, si se encuentra o no ajustado a derecho, fundada o motivada la emisión del acto aquí impugnado, siendo por tanto improcedente abordar su estudio como excepción, ya que ello conforma el fondo de la presente causa. Es por ello que a juicio esta Juzgadora no se actualiza ninguna casual de improcedencia y sobreseimiento que imposibilite el análisis de la Litis planteada. Expresión de conceptos de impugnación y determinación CUARTO. - Con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, esta juzgadora advierte que el actor señala 03 (tres) conceptos de impugnación los cuales atento a la metodología empleada se abordara el concepto de impugnación de mayor beneficio, siendo este el segundo al controvertir la fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad que determino la calificación de la multa administrativa, ya que resultar prosperaste conllevaría la nulidad plena del acto impugnado, haciéndose incensario el estudio de los demás conceptos de impugnación. Metodología de estudio que se robustece con el criterio de la Época: Novena Época Registro: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: VIII.3o. J/22 Página: 1377 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL CUYO ESTUDIO ES DE ORDEN PÚBLICO LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, SIN DISTINGUIR SI SE TRATA DE LA INDEBIDA, INSUFICIENTE O DE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE AQUÉLLA. De la interpretación de las tesis jurisprudenciales P./J. 10/94, 2a./J. 99/2006, 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, pág. 5

6 publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 77, mayo de 1994, página 12 y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXIV, julio de 2006; XIV, noviembre de 2001; y, XXII, septiembre de 2005, páginas 345, 31 y 310, respectivamente, de rubros: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD."; "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."; "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO."; y "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."; se colige que cuando se analiza la competencia material, por grado o territorio de cualquier autoridad administrativa, entre las que se incluye a la fiscal, no cabe distinguir entre su falta o ausencia o una indebida o incompleta fundamentación, para que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estén obligadas a examinarla en forma oficiosa, toda vez que, como presupuesto procesal que atañe a la correcta integración de un procedimiento, es una cuestión de orden público, mayor aún en un procedimiento que concluye con una resolución definitiva que establece cargas fiscales a un particular. Lo anterior es así, ya que por imperativo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la autoridad que lleva a cabo un acto de molestia, tiene la ineludible obligación de justificar a plenitud que está facultada para hacerlo, lo cual implica necesariamente que cuenta con competencia para ello en los tres ámbitos mencionados, es decir, por razón de materia, grado o territorio, expresando en el documento respectivo el carácter con el que suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue dicha legitimación, aun en el supuesto de que la norma legal no contemple apartados, fracción o fracciones, inciso y subincisos, pues en tal caso, debe llegar incluso al extremo de hacer la transcripción correspondiente del precepto en que funde debidamente su competencia, toda vez que la garantía de fundamentación consagrada en el citado artículo 16, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, ya que sólo así podrá justificar si su actuación se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo; de tal manera que si en un acto de molestia no se citan con exactitud y precisión las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para afectar al gobernado, ese acto concreto de autoridad carece de eficacia y validez, en tanto que aquélla no proporcionó los elementos esenciales que permitan conocer si tiene competencia para incursionar en la esfera jurídica del particular, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión, toda vez que ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la 6

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana y en ese sentido, aun cuando la indebida, insuficiente o falta de fundamentación de la competencia de la autoridad generan la ilegalidad de la resolución administrativa en términos de la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, cuyo contenido sustancial se reproduce en la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativa a la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes; conforme al contenido y alcance del penúltimo párrafo de ese numeral, coincidente con el penúltimo párrafo del invocado artículo 51, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están obligadas a examinarla de oficio, al resultar ilegal el acto combatido, precisamente por la actuación o intervención de una autoridad que no acreditó tener competencia. Época: Novena Época, Registro: , Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: VIII.1o.86 A, Página: 1828 SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos. pág. 7

8 Bajo las consideraciones expuestas el concepto de impugnación señalado por el actor en juicio se hace consistir en lo siguiente: SEGUNDO. Causa agravio la multa administrativa impuesta, así como su calificación, determinación y cuantificación, ya que actualizan las hipótesis de nulidad contenidas en las fracciones II, III y IV del artículo 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en virtud de que la autoridad no fundo ni motivo las mismas y como consecuencia de esta omisión no otorga seguridad jurídica para apreciar la certeza de sus argumentos y fundamentos que tomo en consideración para la imposición de la multa, transgrediendo con sus actuar lo dispuesto en los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 107 de la Ley de tránsito para el Estado de Querétaro, numerales que exigen que todo acto debe estar debidamente fundado y motivado sin excepción alguna, tomando en cuenta los aspectos previstos en el último precepto invocado y que conduce a establecer que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado, debe contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía y acreditar que la multa impuesta no es excesiva. Ahora, para que una multa administrativa impuesta se considera fundada y motivada la autoridad deberá citar el precepto legal que obliga a tomar en cuenta determinados aspectos y debe justificar realmente la multa impuesta, es decir, para que sea determinante en forma acorde y congruente debe ponderar los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del infractor y atenuantes que pudieran favorecerlo) Ahora bien, la calificación de la multa obra en la boleta certificada en donde únicamente se observa el fundamento jurídico como base para su calificación y para aplicar la multa, sin que la autoridad invoca el fundamento jurídico que le otorga competencia para llevar a cabo la determinación de dicha multa, permitiéndole cuantificarla en la forma en que lo hace Por su parte, la autoridad demandada al contestar la demanda sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada, sin que sea necesaria la trascripción de sus manifestaciones. Precisado lo anterior, a juicio de este Órgano Jurisdiccional es fundado el concepto de impugnación segundo en estudio por las siguientes consideraciones: Lo anterior es así, toda vez que del análisis realizado a la boleta certificada de folio *** con fecha de calificación 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), la cual obra a foja 07 (siete) se desprende que cita una serie de artículos de los que en su parte conducente los vincula a lo siguiente: 4.- De las facultades para infraccionar 8

9 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** Para efectos de la presente infracción y devolución de la (s) garantía (s) retenida (s), es aplicable lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro. El pago de la multa se puede realizar en: I.- Oficinas recaudadoras de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; II. Centros autorizados para este fin, incluyendo medios electrónicos de pago Las placas de circulación o documentación retenida le será devuelta al conductor en las oficinas de la Secretaria de Seguridad Ciudadana una vez realizado el pago. El infractor tendrá un plazo de 90 noventa días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de infracción para realizar el pago. Si el pago se realiza dentro de los 10 diez hábiles siguientes al de la imposición de la multa, le será aplicable un descuento del 50% cincuenta por ciento del monto de la misma, con las excepciones previstas en el Reglamento; vencido el plazo señalado sin que se realice el pago, deberá cubrir ante la Secretaria de Planeación y Finanzas los demás créditos fiscales que establece el código Fiscal del Estado de Querétaro. El infractor podrá solicitar la devolución de su garantía al día hábil siguiente al d su imposición. Para efectos del artículo 4 fracción XII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Querétaro, la presente boleta de infracción admite recurso de revisión, así como el juicio de nulidad que se contempla en el numeral 4 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. En efecto el artículo antes mencionado a la letra establece: LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE Artículo 4. Son elementos y requisitos del acto administrativo: XII. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan; y LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE Artículo 4. El juicio contencioso administrativo estatal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las pág. 9

10 autoridades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Querétaro y de sus municipios, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la Ley. De las transcripciones anteriores, se advierte, que como efectivamente lo aduce la parte actora, el acto impugnado no contiene el fundamento legal a través del cual, se le diera conocer al infraccionado la facultad que la Ley le confiere a la C. *** *** *** en cuanto a su competencia material, de la autoridad para emitir el acto, consistente la calificación de la multa por la cantidad de $*** pesos 00/100 moneda nacional), entendida como aquella referida al conjunto de atribuciones o facultades que le incumben, y delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica; ésta deriva, en un primer plano, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del otorgamiento de atribuciones que se hace a la administración pública y, de forma secundaria, procede de la ley (atento a que es en ésta donde se prevé "la naturaleza del acto" y las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de un órgano de Estado), aspectos que al no haber sido ponderados en el acto administrativo impugnado lo tornan ilegal. Por lo que, la multa contenida en la boleta certificada combatida, fue emitida por una autoridad que no fundó su competencia material, toda vez que de los preceptos contenidos en la boleta de infracción no se desprende el ordenamiento legal que le otorgue facultad para calificar la infracción que resulte de conformidad con la gravedad de la falta y de acuerdo con el tabulador de infracciones, derivado de lo cual al no hacerlo resulta por demás evidente que no se respetó la garantía de legalidad tutelada por los diversos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 fracciones I y V de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, ya que era necesario que en la precitada boleta certificada, se citara el dispositivo expreso que en su caso le otorgaba competencia la C. ***** para cuantificar la infracción contenida en la boleta certificada de fecha 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), e imponer la sanción por la cantidad de $*** pesos 00/100 moneda nacional), así como el cargo que tiene a fin de estar en oportunidad de verificar sus facultades. Lo anterior en razón de, que la competencia es un elemento esencial de validez de todo acto de autoridad, por lo que ésta tiene la obligación de fundar y fijar la misma, pues la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen, no basta que 10

11 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** sólo cite la norma que le otorga la competencia por razón de materia, grado o territorio, para considerar que cumple con la debida fundamentación, sino que es necesario que se precise de forma exhaustiva con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo, cuando aquél contenga apartados, fracción o fracciones, incisos y sub-incisos, esto es, en caso de que se trate de normas complejas; la autoridad debe llegar incluso al extremo de transcribir la parte correspondiente al precepto que le otorgue su competencia. Lo anterior, con la finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden; considerar lo contrario, significaría que el particular es quien tendría la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia para fundar su competencia, si la autoridad tiene competencia de grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en un completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría en cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del Órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio, teniendo en cuenta que la competencia es una sola. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis jurisprudencia Registro No Localización: Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 77, Mayo de Página: 12. Tesis: P./J. 10/94 Materia(s): Común, que establece: COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo pág. 11

12 emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. Por tanto, si quien emitió la multa contenida en la boleta certificada calificada en fecha 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), con número de folio***, lo fue la C. *****, quien no citó el cargo que tiene ni el precepto legal que le otorgara competencia para calificar las infracciones por violaciones al Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro, queda de manifiesto la violación a los numerales 16 de la Constitución Federal y 4º fracciones I y V de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, por lo cual se confirma que efectivamente dicha boleta certificada fue emitida y calificada por una autoridad que no fundó su competencia. Acorde al artículo 217 de la Ley de Amparo, tiene aplicación la jurisprudencia No. 2a/J. 57/2001, sustentada por la H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las hojas 31 y 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.- De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P. /J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario, Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD., así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo 12

13 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, tiene aplicación la jurisprudencia No. P. /J. 10/94, sustentada por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 77, Mayo de 1994, visible en la Pág. 12, que a la letra dice: COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.- Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien pág. 13

14 puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. Atenta a lo expuesto y al haber quedado acreditado que la multa contenida en la boleta certificada de folio *** con fecha de calificación 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), elaborada por la C. ***** adscrita a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, se encuentra viciada de ilegalidad, lo procedente en el presente asunto, es declarar la nulidad lisa y llana de la misma, de conformidad con lo establecido por los artículos 57, fracciones II y IV, y 58, fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Por lo que ve a las pretensiones de la parte actora consistentes en se eliminen los 3 (tres) puntos de penalización y la inscripción de la boleta de infracción de folio *** de fecha 09 (nueve) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), del registro Estatal de infracciones, así como del registro Estatal de conductores, resultan procedentes, toda vez que fue declarado nulo el acto que dio origen a la penalización y a la inscripción de la boleta de infracción como lo es la multa contenida en la boleta certificada, razón por la cual se debe de considerar por igual la nulidad de los actos accesorios, siendo aplicable en este caso el principio jurídico que reza: lo accesorio sigue la suerte de lo principal En virtud de lo anterior, esta Juzgadora estima innecesario ocuparse del estudio de los restantes conceptos de impugnación que hace valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, ya que de hacerlo y resultar fundados, no traerían mayor beneficio a la actora, toda vez que en ellos sólo se atacan cuestiones formales, por lo que no se alteraría el sentido del presente fallo dada la nulidad lisa y llana decretada; máxime que en términos del artículo 55 párrafo, segundo, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se examinó primeramente el agravio que llevó a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado. De acuerdo al artículo 217 de la Ley de Amparo, tiene aplicación la jurisprudencia No. 99/2007, sustentada por la H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio del 2007, Pleno y Salas, que a la letra dice: 14

15 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En congruencia con la jurisprudencia 2a. /J. 52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, con el rubro: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO., se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente fundamentación legal. Asimismo, se ordena al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, para que en el plazo de cuatro meses contados a partir de que la presente sentencia haya quedado firme, deje sin efectos los 3 (tres) puntos de penalización y la inscripción de la boleta de infracción de folio *** de fecha 09 (nueve) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), del registro Estatal de infracciones, así como del registro Estatal de conductores, debiendo hacer del conocimiento de este Juzgado las eliminaciones antes mencionada. pág. 15

16 Finalmente, con fundamento en los artículos 55, párrafo quinto y 58, párrafo cuarto de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se ordena al Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que en el plazo de cuatro meses contados a partir de que la presente sentencia haya quedado firme, restituya en el goce de sus derechos a la parte actora a saber: ****** y al efecto le reintegre la cantidad $*** pesos 00/100 moneda nacional), misma que quedó acreditado su pago mediante el recibo de pago con número de operación *** de fecha 28 (veintiocho) de febrero del 2019 (dos mil diecinueve), para lo cual deberá hacer entrega de la cantidad referida al actor absteniéndose en todo momento de remitir a este Juzgado el cheque con el que se dé cumplimiento a la presente sentencia, debiendo remitir en el plazo señalado en líneas superiores copias de las constancias que acredite el cumplimiento del presente fallo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que el Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro no tengan la calidad de autoridades demandadas en el presente juicio contencioso administrativo, toda vez que ello no constituye un obstáculo para que las autoridades de referencia proceda a dar cabal cumplimiento a la presente sentencia dentro de los límites de su competencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 183, del Tomo XIX, Febrero de 2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VII, VIII, XIII incisos a) y d) y XX; 4, 6 inciso d), 8, 69 fracción II, 108, 109, 110, 111 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se ordena poner a disposición general, la 16

17 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO ÚNICO EXPEDIENTE: 106/2019/C ESTADO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO EN CADEREYTA ACTOR: ***** versión pública de la presente resolución salvaguardando sus datos identificados e identificables. Se ordena la notificación personal y por oficio, respectivamente, de conformidad con la facultad conferida en el artículo 72, párrafo quinto, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en razón de que se trata de la sentencia; debiendo ser preciso en señalar que de conformidad con el artículo 78, de la multicitada Ley, dichas notificaciones surtirán efectos el día hábil siguiente a aquél que fueron hechas. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: R E S O L U T I V O S PRIMERO.- Este Juzgado Administrativo en Cadereyta, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver el presente juicio de nulidad promovido por la parte actora, de conformidad a lo expuesto en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO.- El actor acreditó los hechos constitutivos de su acción. TERCERO.- Se declara nula la multa contenida en la boleta certificada calificada en fecha 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), elaborada por la C. ****** adscrita a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado De Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. CUARTO.- Se ordena al Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que en el plazo de cuatro meses contados a partir de que la presente sentencia haya quedado firme, restituya en pág. 17

18 el goce de sus derechos a la parte actora a saber: ***** reintegrándole la cantidad de $*** pesos 00/100 moneda nacional)), para lo cual deberá hacer entrega de la cantidad referida al actor absteniéndose en todo momento de remitir a este Juzgado el cheque con el que se dé cumplimiento a la presente sentencia, debiendo remitir en el plazo señalado en líneas superiores copias de las constancias que acredite el cumplimiento del presente fallo. QUINTO.- Se ordena al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, realice las anotaciones pertinentes a efecto de dejar sin registro los 3 (tres) puntos de penalización y la boleta de infracción de folio *** de fecha 09 (nueve) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), para lo cual se le concede a la autoridad demandada el plazo de cuatro meses contados a partir de que la presente sentencia haya quedado firme, restituya en el goce de sus derechos a la parte actora del presente juicio, debiendo remitir en el plazo señalado líneas superiores constancia del cumplimiento del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte actora, por OFICIO a las autoridades 1) SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE, 2) AUXILIAR DE SERVICIOS AL PÚBLICO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE, y como autoridad recaudadora al 3) SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE.- Publíquese y Cúmplase.- Así en definitiva lo sentenció y firmó la Licenciada *** ******, Juez Administrativo Provisional de Cadereyta, Querétaro, quien actúa ante la presencia de la Licenciada *****, Secretaria de Acuerdos adscrita a este Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe. DOY FE. Licenciada ****** PUBLICA EN LISTAS EL DÍA 16 (DIECISÉIS) DE JULIO DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE). CONSTE. - *** 18

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