Los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol en Nuevo León. La falacia de su prevención mediante el derecho penal

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1 Los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol en Nuevo León. La falacia de su prevención mediante el derecho penal Leopoldo ÁNGELES GONZÁLEZ 1 Sumario: I. Consideraciones previas. II. Los mecanismos de control social. III. Mecanismos de control social formal relacionados con el alcohol. IV. Previene el derecho penal los accidentes viales relacionados con el alcohol? V. El fenómeno en estudio a la luz de las reformas al sistema de justicia penal. VI. Bibliografía I. Consideraciones previas El fenómeno del consumo de alcohol ha captado la atención de la sociedad en los últimos años a raíz del constante número de accidentes viales relacionados con este producto, ya sea por los daños causados al patrimonio e integridad física y psicológica de las personas involucradas, como por las vidas humanas que ha cobrado la fatal combinación que ejerce la mezcla del exceso en el consumo de alcohol y la conducción de un vehículo automotor. Los medios de comunicación apoyados por organizaciones no gubernamentales, y viceversa, han iniciado la concientización social del fenómeno antes aludido, siendo las voces de aquellas familias que se han visto afectadas por este tipo de accidentes, exigiendo a las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado un castigo ejemplar para los responsables, pugnando por la penalización de las conductas relacionadas con el fenómeno en cuestión con la intención, aluden ellos, de prevenirlo. Según los datos contenidos en el sitio oficial del Consejo Estatal del Transporte del Estado de Nuevo León, 2 en el año 2002 se registraron (69,779) sesenta y nueve mil setecientos setenta y nueve accidentes viales, de los cuales (2,611) dos mil seiscientos once estuvieron vinculados con el alcohol, y (4) cuatro con los efectos producidos por las drogas. En el año la totalidad de accidentes viales fue de (72,253) setenta y dos mil doscientos cincuenta y tres; (2,536) dos mil quinientos treinta y seis relacionados con el alcohol, y (9) nueve con las drogas. 1 Abogado postulante y profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. 2 Estadísticas de accidentes viales correspondientes al año 2002, por circunstancias del conductor y tipo de vehículo, 3 Estadísticas de accidentes viales correspondientes al año 2003, por circunstancias del conductor y tipo de vehículo, 211

2 En el año 2004, 4 los accidentes viales totales registrados en la dependencia en cuestión ascendieron a (71,043) setenta y un mil cuarenta y tres, de los cuales (2,294) dos mil doscientos noventa y cuatro estuvieron relacionados con alcohol, y (8) ocho con los efectos producidos por las drogas. Para el año 2005, 5 la totalidad de accidentes viales registrados en el estado fueron (69,260) sesenta y nueve mil doscientos sesenta, de los cuales relacionados con el alcohol tuvimos (1,248) mil doscientos cuarenta y ocho, y (10) diez vinculados con drogas. Por su parte, en el año , (hasta el 31 de agosto según el sitio oficial de referencia) se habían reportado en nuestra entidad (43,759) cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve accidentes viales, de los cuales (768) setecientos sesenta y ocho de ellos se relacionan con el alcohol, y (9) nueve con drogas. De las cifras antes mencionadas podemos concluir que en el año 2002 el porcentaje de accidentes viales relacionados con alcohol fue del 3.74 por ciento; en el 2003 de 3.50 por ciento; en el 2004 de 3.22 por ciento; en el 2005 el 1.80 por ciento y durante el 2006, de 1.75 por ciento; es decir, ocupan un mínimo porcentaje del universo de accidentes viales ocurridos en nuestra entidad por año. A qué debemos la disminución de accidentes viales relacionados con el consumo excesivo de alcohol? las autoridades municipales lo atribuyen a los operativos preventivos de detección de conductores ebrios instalados a lo largo y ancho de las principales avenidas de la zona metropolitana; los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y grupos civiles, a la penalización de conductas antijurídicas relacionadas con este fenómeno; nuestros políticos y gobernantes, a la creación de nuevas figuras delictivas, al aumento de las penas y al calificativo de graves de estos delitos que impiden gozar al responsable del beneficio de la libertad provisional bajo caución durante el procedimiento penal. Algunos grupos legislativos, 7 apoyados por organizaciones no gubernamentales, han promovido o intentado hacerlo, al menos, iniciativas de reformas al Código Penal vigente en el Estado para efectos de establecer como delito la conducción de un vehículo automotor en estado de ebriedad; previamente a esto, se reformó el citado ordenamiento legal para que fuera considerado como delito grave la privación de la vida de dos o más personas con motivo de un accidente vial cuyo responsable se encontrara en estado de ebriedad; tiempo después, lo anterior fue modificado para que el tipo penal en cuestión fuera grave desde que el sujeto privara de la vida a una persona. 4 Estadísticas de accidentes viales correspondientes al año 2004, por circunstancias del conductor y tipo de vehículo, 5 Estadísticas de accidentes viales correspondientes al año 2005, por circunstancias del conductor y tipo de vehículo, 6 Estadísticas de accidentes viales correspondientes al año 2006, por circunstancias del conductor y tipo de vehículo, 7 Véase el sitio oficial del Congreso del Estado de Nuevo León (http://www.congreso-nl.gob.mx), en donde por grupos legislativos es posible determinar las iniciativas que han presentado en esta materia. 212

3 Debemos preguntarnos si la función principal del derecho penal es la prevención de conductas antijurídicas que alteren el orden dentro de una determinada comunidad, al catalogarlas como delitos dentro del Código Penal, o ser utilizado por el Estado como última respuesta ante la presencia de eventos antisociales de parte de un sujeto. En esta tesitura, es en realidad el Derecho Penal el medio para lograr la prevención de este tipo de accidentes? La respuesta es precisamente el objeto de las subsecuentes líneas. II. Mecanismos de control social El nacimiento del ser humano trasciende del aspecto natural y biológico, pues simultáneamente a su separación del claustro materno ese nuevo individuo ingresa a un contexto de relaciones sociales ya predeterminadas por otras personas. La surge en el seno de una sociedad en la que rige previamente un conjunto de (jurídicas y no), costumbres, reglas de comportamiento, etc., que aseguran el orden y la convivencia social armónica para todos los integrantes de la misma; así, desde este momento, comienza un largo proceso de aprendizaje en el que asimilará, en sus debidos tiempos y formas, las normas que regulan su vida social. El proceso de aprendizaje social en el que el individuo adquiere los conocimientos indispensables para convivir adecuadamente en su ambiente se conoce comúnmente como proceso de socialización, término el anterior vinculado al de control social, esto es, al sistema de regulación destinado al equilibrado de la social. Al enseñar a este nuevo individuo a comportarse adecuadamente, este proceso de socialización se rige por los límites del comportamiento tolerado en un contexto muy particular, pues evidentemente los mismos no son idénticos a los que regían nuestra sociedad hace treinta o cincuenta años, de tal suerte que con ello se pretende garantizar la no violación del orden y la paz social; se asegura en última instancia que el individuo se comporte conforme a una determinada de control social. Si el individuo realiza conductas que traspasan los límites que le han sido enseñados en un momento y lugar determinados, tal situación activará, por decirlo de alguna forma, mecanismos correctivos de parte de los distintos agentes socializadores del entorno comunitario, y sólo en caso que estos últimos no logren su cometido, entonces se recurrirá a otras vías cuyo carácter principalmente es reactivo y coercitivo, conocidos tradicionalmente como mecanismos de resocialización. En este tenor, los mecanismos de control social son medios o instrumentos utilizados para determinar pautas de conducta al individuo para su adecuada subsistencia e interrelación en sociedad, ejercidos por los propios ciudadanos o la comunidad a través de mecanismos de participación. Este control social puede ser de dos tipos: Informal, cuyos medios no están establecidos jurídicamente y consisten, por mencionar algunos, en la familia, escuela, religión y los medios de comunicación, los cuales se desarrollan principalmente en el contexto de la comunidad, encaminándose a la interiorización de las normas y vigentes en la sociedad, de forma tal que su cumplimiento llega a convertirse en un imperativo interno de cada individuo, a partir de un acatamiento voluntario de esas normas. 213

4 Las características más relevantes de este tipo de control se ubican en la permanencia temporal de su acción, en que se ejerce sobre la totalidad de los individuos y en que se manifiesta de manera sutil accionando a través de instituciones comunitarias como la familia, la educación, la ética, la religión, los medios de comunicación, la opinión pública, etc. Los mecanismos rectificadores de posibles disonancias en la socialización y que garantizan el funcionamiento del control social informal poseen carácter difuso y multivariado, variando desde un simple gesto de desaprobación ante un comportamiento no adecuado, hasta el rechazo de la opinión pública, la indignación comunitaria o el aislamiento social. Este tipo de control conocido también como control extrapenal, posee mayor efectividad en la prevención de la desviación, pues un adecuado proceso socializador del individuo debe garantizar su a las normas de toda índole; ahora bien, desde que el control social informal no garantiza a través de sus distintos mecanismos que el individuo se comporte adecuadamente y cometa acciones antijurídicas, entra en la segunda variante del control social, el cual posee una esencia jurídica. Así pues, este segundo tipo de control, denominado formal, es ejercido sobre el grupo de sujetos que transgrede las normas de una entidad legal, demostrando con sus acciones antijurídicas la ineficacia de su socialización primaria; en este caso la reacción social controladora se traslada de la esfera informal al área formal, tomando un matiz de respuesta claramente coactiva. Dentro de estos mecanismos de control social formal situamos al Derecho en sus distintas ramas: el Derecho Civil entra en acción cuando una persona incumple con sus obligaciones alimentarias hacia sus hijos, de tal suerte que por conducto de un juez le será exigido el cumplimiento; el Derecho Mercantil hace lo propio cuando una persona incumple con el pago de un título de crédito a su acreedor, por lo que apoyado en un procedimiento jurídico y coactivo buscará el cobro de tal documento, aun en contra de la voluntad del sujeto; el Derecho Fiscal impone distintas obligaciones para los contribuyentes, y ante la ausencia de su cumplimiento se inician los procedimientos de ejecución de cobro de impuestos en favor del Estado; sin embargo, cuando a pesar de todos estos mecanismos el sujeto no comprende que las conductas que despliega atentan contra un orden jurídico y social e insiste en transgredir las mismas dañando bienes jurídicos que le son ajenos, el Derecho Penal hace su aparición y entonces las consecuencias para esta persona serán más severas, al considerarse la privación de su libertad como una de las penas a las que podrá hacerse acreedor. Entonces sí, la persona que insista en cometer conductas antijurídicas como consecuencia de una inadecuada socialización, deberá ser sujeto forzoso de resocialización a través del Derecho Penal y de sus mecanismos; por ende, será primeramente investigado por un Ministerio Público y juzgado posteriormente, en su caso, por una autoridad judicial de carácter penal que eventualmente lo condenará, dependiendo del delito y las circunstancias de comisión del mismo, a una pena de prisión además, durante todo este tiempo es posible que se encuentre privado de su libertad. 214

5 Es por ello que uno de los principios del Derecho Penal es la mínina intervención, esto es, el empleo del ius puniendi sólo debe reservarse para los más graves ataques a los intereses de la sociedad y cuando no puedan resolverse los conflictos con medidas distintas y menos lesivas para el ciudadano". 8 Así las cosas, desde este punto de vista el Derecho Penal, como última instancia de control social formal del Estado, debe ser empleado únicamente cuando se han agotado todos los mecanismos con un sujeto y éste insiste en su actuar antisocial, de tal suerte que para resocializarlo sea indispensable el empleo de instituciones como el Ministerio Público y la policía a su mando, los cuerpos de Seguridad Pública y el Poder Judicial, a través de procedimientos previamente establecidos que podrán tener como consecuencia jurídica la pérdida temporal de la libertad de una persona, y por tal motivo el Estado debe emplear esta sanción como el último de sus recursos para aquellas conductas que así lo ameriten. Quienes se hayan inmiscuido en el ambiente del Derecho Penal y su práctica profesional no me dejarán mentir al afirmar que en los últimos diez o quince años se ha aumentado considerablemente el catálogo de conductas antisociales consideradas como delitos y que las penas han variado, incluso hasta el extremo de aumentar la máxima en prisión, lo que ha generado una mayor clasificación de este tipo de conductas como graves; lo anterior se ve reflejado, evidentemente, en el endurecimiento de las legislaciones penales y en el crecimiento muy acentuado de la población encarcelada. 9 Lamentablemente lo anterior se debe a una deficiente política criminal en el control del delito y el trato al delincuente, es decir, se ha pasado de la resocialización del delincuente a un modelo que persigue únicamente su incapacitación; dicho en otras palabras, somos víctimas del populismo punitivo porque el uso que nuestros gobernantes hacen del Derecho Penal atiende a la creencia, errónea por cierto, que mayores penas pueden reducir el delito y que ayudan a reforzar el consenso moral existente en la sociedad, además de que electoralmente es provechoso obtener votos con reformas penales simplistas. 10 El mejor ejemplo del populismo punitivo del que venimos hablando consiste, precisamente, en el hecho de que se pretenda prevenir accidentes viales relacionados con el consumo excesivo del alcohol, tipificando conductas como conducir un vehículo automotor en estado de ebriedad, o considerar como delito grave el privar de la vida a una persona cuando el responsable lo hace bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, cuando en realidad la forma de evitar este tipo de fenómenos es buscar su prevención mediante los mecanismos de control social informales y formales, siendo materia del siguiente apartado precisamente éstos últimos. 8 Orellana Wiarco, Octavio Alberto. Curso de Derecho Penal, Parte General, 3ª ed. México, Porrúa, 2005, pág Larrauri, Elena, Cómo resistir el populismo punitivo, Iter Criminis, México, noviembre diciembre 2006, número 8, tercera época, pág Íbidem, p

6 III. Mecanismos de control social formal relacionados con el alcohol La idea que hasta el momento se sostiene es que nuestro sistema jurídico contempla diversas obligaciones para la autoridad relacionadas con el alcohol, las cuales no son cumplidas por distintos fenómenos, principalmente la corrupción, y que de no ser así se lograría prevenir, entre otras cosas, los accidentes viales relacionados con el consumo excesivo de alcohol. 1. Contemplados en Leyes A. Ley General de Salud Su artículo primero nos indica que su objeto es establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades en materia de salubridad general, siendo sus disposiciones de orden público, interés social y de aplicación en toda la República Mexicana, indicando posteriormente en el numeral 3 fracción XXI que los programas contra el alcoholismo son materia de salubridad general. En su capítulo II denominado Programa Contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, se señala, entre otras cosas, que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el consejo de salubridad general, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución de este programa realizando la prevención y tratamiento del alcoholismo, así como la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y las relaciones sociales; así mismo, se establecen diversas actividades de investigación para efectos de determinar las causas del alcoholismo, los efectos de la publicidad en la incidencia del mismo, los hábitos de consumo de los distintos grupos sociales y la repercusión de este fenómeno en el entorno familiar, social, deportivo, laboral y educativo. Además, en la Ley en comento encontramos en los artículos 217 y 218 la definición de bebida alcohólica, que es aquella que contenga alcohol etílico en una proporción de 2% hasta 55% en volumen, y que cualquiera que sobrepase este nivel no podrá comercializarse como tal, debiendo ostentar las primeramente mencionadas la leyenda el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud escrito con letra fácilmente legible. Veamos: cuándo hemos escuchado, al menos en nuestro Estado, que la Secretaría de Salud Federal, en coordinación con la Estatal, ha implementado permanentemente el programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, o que ha realizado campañas de educación sobre sus efectos en las distintas instituciones educativas, mucho menos estudios para determinar las causas del alcoholismo y los efectos de la publicidad en el mismo?; cuándo se ha realizado un estudio para determinar por qué los jóvenes consumen tanto alcohol?; cuándo se ha realizado una investigación para conocer cuáles son los días de la semana en que más alcohol se consume? Con estos resultados se podría implementar la vigilancia y/o campañas preventivas en estos días para efectos de evitar accidentes viales; no se tiene información respecto a los hábitos de consumo de alcohol de parte de los jóvenes, ni tampoco de qué edad a qué edad consumen más o menos, cuántos de los asistentes a lugares de entretenimiento lo hacen conduciendo un vehículo, cuánta gente llega en cada automóvil, de qué zonas provienen los asistentes a estos lugares, por cuáles vías de acceso circulan para regresar a sus domicilios, etc., pues con esta información debidamente recopilada en coordinación con las autoridades de tránsito y del transporte, se podría duplicar la vigilancia policiaca en ciertas avenidas o zonas de la ciudad, o implementar por las noches ciertas rutas del transporte público para que las personas que han consumido alcohol no manejen de regreso a sus domicilios. 216

7 B. Ley Estatal de Salud En su artículo 4º se establece que en materia de salubridad general corresponde al Estado participar con las autoridades federales en el desarrollo de los programas contra el alcoholismo y tabaquismo, y en salubridad local normar y controlar los aspectos sanitarios relativos a la prevención al abuso del consumo de bebidas alcohólicas y el tratamiento del alcoholismo, así como la educación sobre los efectos del alcohol. Igualmente se contempla la obligación para el Estado de coordinarse con las autoridades sanitarias federales para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, la prevención y el tratamiento del alcoholismo y en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos; la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes y adultos de zonas marginadas y rurales, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva. Así mismo, se establece que el Estado deberá realizar actividades de investigación para determinar las causas de alcoholismo y las acciones para controlarlas, los efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados con el consumo de bebidas de esta naturaleza; los hábitos de consumo de los diferentes grupos de población y los efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar, social, deportivo, de espectáculos, laboral y educativo; es decir, se reproduce lo ordenado por la Ley General de Salud vigente en el país. En materia de prevención al abuso del consumo de bebidas alcohólicas se establecen en el artículo 67 del ordenamiento en comento las siguientes medidas: llevar a cabo el control sanitario de los establecimientos en los que se vendan o consuman bebidas alcohólicas y llevar a cabo un control de la publicidad que por medio de sistemas de venta, consumo o expendio con descuento en precio induzca al consumo excesivo de bebidas alcohólicas; la aplicación, operación, control y vigilancia del cumplimiento de las anteriores medidas estará a cargo de la Secretaría de Salud, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones y facultades que en materia de prevención del abuso del consumo de bebidas alcohólicas establezcan las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas. Por último, se expresa en el artículo 104 que las autoridades sanitarias competentes tomarán en cuenta, para determinar la ubicación, funcionamiento y horario de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, la distancia entre éstos y los centros educativos, fabriles, de recreo, culturales, religiosos y demás similares; lo anterior es una obligación que tienen que tomar en consideración las autoridades municipales al momento de determinar si se autoriza o no una licencia para la venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, cuántos establecimientos clandestinos operan actualmente en nuestra ciudad; cuántos de los lugares con venta de bebidas alcohólicas se encuentran cercanos a escuelas, centros de trabajo e iglesias; pero quién hace algo al respecto? 217

8 C. Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 10 de septiembre del 2003, tiene por objeto, como su nombre lo indica, prevenir y combatir el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, inhibir la comisión de infracciones y delitos relacionados con dicho abuso, proteger la salud y promover campañas permanentes que combatan el abuso del consumo del alcohol. Como cuestión relevante establece lo siguiente: Define lo que debe entenderse por estado de ebriedad, al establecer que es la condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol etílico que se presenta en una persona cuando su organismo contiene 1.5 o más gramos de alcohol por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de medición; Define el estado de ineptitud para conducir, al indicarse que es la condición física mental ocasionada por la ingesta de alcohol etílico que se presenta en una persona cuando su organismo contiene 0.8 o más gramos de alcohol por litro de sangre y de más de 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre tratándose de conductores de servicio público de transporte; o en ambos casos, su equivalente en algún otro sistema de medición; Define el evidente estado de ebriedad, cuando a través de los sentidos por las manifestaciones externas aparentes, razonablemente se puede apreciar que la conducta o la condición física de una persona presenta alteraciones en la coordinación, en la respuesta de reflejos, en el equilibrio o en el lenguaje, con motivo del consumo de alcohol etílico. Para efectos de acreditar la mayoría de edad en relación con la venta, la compra, el expendio o el consumo de bebidas alcohólicas, se considera por el artículo 3º como documentos válidos la credencial para votar con fotografía o el pasaporte; y además deberán solicitar la acreditación de la mayoría de edad a aquellas personas que pretendan ingerir o adquirir bebidas alcohólicas, de tal suerte que únicamente alguno de estos documentos justificará el extremo antes aludido. La pregunta es: realmente esto acontece en la vida nocturna de nuestra ciudad? Establece que únicamente podrán realizar actividades de venta o expendio de bebidas alcohólicas aquellas personas o establecimientos que cuenten con la debida licencia o permiso expedido por la autoridad competente; sin embargo, cuántos establecimientos que operan en forma clandestina existen en nuestra ciudad? no lo sabemos porque las autoridades municipales ni siquiera tienen definido y depurado el padrón de lugares con este tipo de permisos, lo que evidentemente facilita la proliferación de negociaciones sin cumplir este requisito. Se imponen distintas obligaciones para la Secretaría de Educación, en relación a la implementación y operación de programas tendientes a la educación, información y abuso de bebidas alcohólicas; y me pregunto si esta dependencia efectivamente realiza lo anterior en las instituciones de su incumbencia, desde la educación primaria hasta la preparatoria. 218

9 Se establecen los horarios permitidos para venta de bebidas alcohólicas, siendo éstos los lunes de las 9:00 a las 24:00 horas; de martes a viernes, de las 0:00 a la 1:00 y de las 9:00 a las 24:00 horas; los sábados, de las 0:00 a las 2:00 horas y de las 9:00 a las 24:00 horas; y los domingos, de las 0:00 a las 2:00 horas y de las 9:00 a las 18:00 horas, con excepción de los establecimientos cuya actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta y consumo de alimentos, que podrán dar el servicio hasta las 24:00 horas; en relación a este punto cabría preguntarnos si las autoridades municipales cuentan con el personal suficiente para vigilar todos y cada uno de los establecimientos que operan en su demarcación territorial, y detectar, en consecuencia, si alguno de ellos violenta esta disposición para efectos de imponerle la sanción administrativa correspondiente, esto, por supuesto, asumiendo que el personal encargado no sea corrompible y a cambio de una módica cantidad de dinero, o de algún servicio, no reporte infracción alguna. Considera como conductas violatorias o infracciones servir o vender bebidas alcohólicas a menores de edad o incapaces, independientemente de que sean para consumirse en el lugar o para llevarse, en envase abierto o cerrado; servir o vender bebidas alcohólicas a personas que se encuentren en evidente estado de ebriedad, o estén ostensiblemente armadas y conducir en estado de ineptitud o de ebriedad; proporcionar datos falsos sobre su edad para obtener bebidas alcohólicas, en el caso de ser menor de edad. Aunque la intención de evitar estas conductas es buena y legítima, qué autoridad es la que tiene a su cargo la vigilancia y el cumplimiento de lo anterior, para efectos de evitar, precisamente, que una persona que ya se encuentra en estado de ebriedad siga consumiendo bebidas alcohólicas, si a final de cuentas mientras cubra el importe de la bebida el establecimiento le seguirá expendiendo las mismas, puramente por actividad comercial. Por conducir en estado de ineptitud o de ebriedad se impone una multa de 50 a 200 cuotas, tratamiento, suspensión de la vigencia de la licencia hasta por tres meses y arresto administrativo de ocho a doce horas; por conducir en estado de ineptitud o de ebriedad y cometer cualquier infracción administrativa se impone una multa de 100 a 300 cuotas, tratamiento, suspensión de la vigencia de la licencia hasta por seis meses y arresto administrativo de doce a veinticuatro horas; y por conducir en estado de ineptitud o de ebriedad en forma reincidente procederá multa de 200 a 600 cuotas, tratamiento, cancelación de la licencia para conducir e inhabilitación para obtenerla hasta por doce meses y arresto administrativo de veinticuatro a treinta y seis horas; lo anterior es una excelente propuesta para inhibir a las personas en estado de ebriedad a conducir un vehículo automotor, sin embargo, es siempre noticia en los medios locales de comunicación los focos de corrupción que se generan en los denominados operativos antialcohol instalados a lo largo y ancho de las principales avenidas de nuestra ciudad, de tal suerte que los oficiales de tránsito, al recibir cantidades de dinero exhorbitantes a cambio de no imponer la sanción administrativa correspondiente, evitan que a una persona le sea recogida su licencia en los términos antes precisado. En todos los casos anteriores se deberá comprometer al infractor a asistir a tratamiento o cursos de rehabilitación y acreditar su cumplimiento ante la autoridad competente. 219

10 Tratándose de menores infractores no emancipados se les cancelará la licencia para conducir o estarán inhabilitados para obtenerla hasta por doce meses y el tratamiento o curso se acordará con quienes ejerzan la patria potestad o custodia, quienes deberán acompañar al infractor a dicho tratamiento o curso y tendrán a su cargo las responsabilidades patrimoniales correspondientes. Como se desprende de lo anterior, la Ley en comento contiene diversos mecanismos de control social formal que efectivamente aplicados ayudarían a prevenir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como la conducción de vehículos en estado de ebriedad; sin embargo, aunque las propuestas son buenas si el factor humano es el que falla, principalmente por la corrupción que opera hacia el interior de las dependencias encargadas de la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones señaladas en el ordenamiento en comento, tales mecanismos jamás podrán ser implementados en su totalidad, y por ende no sabremos si son o no efectivos en la prevención del fenómeno en estudio. 2. Contemplados en Reglamentos Es obligación de los municipios del Estado homologar sus reglamentos en materia de alcoholes y de circulación de vehículos, de conformidad con la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol: el primero que regula el consumo de actividades de los establecimientos de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, y el segundo el Reglamento de Tránsito y Vialidad. Por cuanto hace al segundo, en todos los reglamentos de referencia se establecen como obligaciones para la autoridad municipal el realizar campañas de difusión para concientizar a los conductores sobre los riesgos que se presentan al manejar en estado de ebriedad o de ineptitud para conducir, sobre los efectos del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como de las infracciones y sanciones que se establecen en dicho ordenamiento. La pregunta sería en dónde están esas campañas, con qué frecuencia son realizadas por las autoridades municipales, en qué puntos del territorio municipal, hacia quién van dirigidas, etc. Así mismo, establecen las sanciones por faltas o violaciones a dicho reglamento, encontrando entre ellas la suspensión de la licencia de conducir por manejar en estado de ebriedad, o en ineptitud para conducir; la cancelación de la licencia para conducir, por manejar en estado de ineptitud para conducir, de ebriedad o bajo el influjo de drogas o sustancias tóxicas, en tres ocasiones en un período de seis meses; la detención del vehículo cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad o de ineptitud para conducir; inhabilitación para obtener la licencia de conducir, cuando el conductor reincida en manejar en estado de ineptitud para conducir o de ebriedad, esto hasta por doce meses; estas actuaciones son precisamente preventivas, pero como en la práctica distan mucho de ser ejecutadas cabalmente las voces que liderean la sociedad y los medios de comunicación exigen sanciones más severas para los responsables de la comisión de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena con motivo de un hecho de tránsito terrestre relacionado con el consumo de alcohol. Además, contemplan como atribuciones de la autoridad municipal la implementación de operativos de vigilancia para la prevención de accidentes, comúnmente denominados como operativos antialcohol, así como la facultad de impedir la conducción de vehículos cuando se detecte que el conductor del mismo ha ingerido bebidas alcohólicas, está en estado de ebriedad o en ineptitud para conducir. Sin embargo, es plenamente sabido que tales puntos de vigilancia son focos de corrupción de los oficiales de Tránsito, quienes a cambio de ciertas cantidades de dinero evitan que una persona sea detenida, 220

11 sancionada y que por ende le sea suspendida su licencia para conducir un vehículo automotor, por lo que es claro que tales reglamentos no son debidamente aplicados por las autoridades correspondientes. 3. Últimas consideraciones Como se aprecia de los distintos ordenamientos jurídicos precisados con anterioridad, existen diversas obligaciones para las autoridades federales, estatales y municipales tendientes a controlar el consumo de bebidas alcohólicas dirigidas a: (i) público en general, a través de información de sus efectos, implementación de campañas informativas e investigaciones al respecto; (ii) establecimientos, mediante el control de los horarios y días de venta, ubicación de negociaciones con este giro, autorizaciones, sanciones administrativas, revocación de licencias, acceso de menores de edad; y (iii) conductores de vehículos, al imponer sanciones por conducir uno de ellos en estado de ebriedad, que comprende, entre otras cosas, la suspensión temporal o revocación de la licencia para conducir, prohibición de realizar esta actividad, multas económicas y arresto administrativo. El problema radica en que las autoridades involucradas en todo lo anterior prefieren no realizar adecuadamente su trabajo y cumplir cabalmente con las obligaciones que en materia de prevención al consumo abusivo de bebidas alcohólicas mantienen, de tal suerte que ello genera un sentimiento de desamparo y desprotección de algunos integrantes de la sociedad al creer, válidamente, que el fenómeno de la conducción de vehículos automotores en estado de ebriedad se salió de control, cuando en realidad la maquinaria de prevención formal jamás ha funcionado correctamente, no porque los destinatarios se nieguen a entender que lo que están haciendo es incorrecto, sino porque este problema no ha sido atacado correcta, conjunta y frontalmente, siendo en consecuencia el siguiente paso el empleo desmedido del Derecho Penal, pugnando porque todos aquellos responsables de este tipo de conductas antisociales sea sancionado con la pérdida temporal de su libertad ambulatoria, cuando en realidad tal situación pudo haber sido evitada con estos medios. IV. Previene el Derecho Penal los accidentes viales relacionados con el alcohol? Hemos hablado de los mecanismos de control social -informal y formal- dejando bien claro que los primeros tienen como función primordial la labor de socialización del nuevo individuo para su vida dentro de una comunidad, y los segundos la de resocializar aquellas conductas negativas o no aprendidas por esta persona a través de mecanismos contemplados en el orden jurídico de un Estado, encontrándose dentro de estos últimos el Derecho Penal. También dijimos que el Derecho Penal debe ser empleado única y exclusivamente cuando los mecanismos antes mencionados no cumplieron su cometido, y un sujeto atenta contra el orden de la comunidad y daña o pone en peligro diversos bienes jurídicos; mientras, debe estar al tanto de lo que acontece como un simple observador, por ser uno de sus principios el de mínima intervención, recordemos, además, que las sanciones penales son más rigurosas y éstas pueden influir desfavorablemente de manera considerable en la vida de quien las sufre De la Barreda Solórzano, Luis, El dramatismo del derecho penal, Iter Criminis, México, agosto septiembre 2005, número 1, tercera época, pág

12 Tradicionalmente también, hay que decirlo, dentro del marco de la teoría del Derecho Penal se ha hablado siempre de la función preventiva de la pena en dos niveles: prevención general y prevención especial, concebida la primera como el efecto que tiene en todos los individuos integrantes de un grupo social el establecimiento de determinadas sanciones, generalmente graves, como consecuencia de la verificación de ciertas conductas; y la segunda, como la ejecución de la punición determinada como aplicable individualmente al caso concreto por la autoridad judicial, lo que motivará la prevención de que el sujeto que previamente delinquió no lo haga nuevamente. 12 En este orden de ideas, siendo en nuestro Estado un fenómeno reciente los accidentes viales que relacionados con el consumo excesivo del alcohol generan la pérdida de invaluables vidas humanas y cuantiosos daños materiales, los cuales, a pesar del impacto social que generan, estadísticamente reflejan un pequeño porcentaje de la totalidad de los accidentes viales registrados por año en las calles, carreteras y autopistas de Nuevo León, es válido preguntarnos si este fenómeno puede prevenirse a través del Derecho Penal -la respuesta es no. Veamos lo que establece el Código Penal vigente en el Estado a este respecto en los siguientes preceptos: Artículo 66.- Cuando se trate de conductores de vehículos del servicio público de pasajeros o de transporte escolar, si hubo culpa grave que produzca lesiones graves u homicidio, se impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión. Tratándose de cualquier otro conductor de vehículos, se impondrá una pena de tres a nueve años de prisión en los casos y condiciones señalados en el párrafo anterior. Artículo 66 bis.- A quien conduzca un vehículo en estado de voluntaria intoxicación y cause un daño en propiedad ajena, lesiones u homicidio, sin contar con licencia para conducir vigente, se le impondrá además de la sanción correspondiente al delito cometido, una pena de dos a cuatro años de prisión. Artículo 67.- Para los efectos de los artículos 65 y 66, se presume culpa grave conducir en estado de voluntaria intoxicación. Artículo 68.- En caso de delitos derivados de la conducción de vehículos en los que el sujeto activo se encuentre en estado de voluntaria intoxicación, se aplicará como medida de vigilancia la prohibición para conducir vehículos automotores que requieran licencia para su conducción por un término de un año a seis años, independientemente de las sanciones que correspondan por el delito cometido. A quien haya sido sentenciado por ilícitos derivados de la conducción de vehículos por más de dos veces en un lapso de tres años, se le impondrá, como medida de vigilancia, la prohibición de conducir vehículos hasta por tres años. 12 Mendoza Bremauntz, Emma, La comunidad en la prevención del delito, Criminalia, México, Porrúa, año LVIII, mayo agosto 1992, número 2, pág

13 Artículo 69.- No se impondrá pena alguna a quien por culpa cause lesiones o la muerte a su cónyuge, pupilos, familiares, concubina, concubinario o personas con las que esté ligada por afecto o respeto, excepto cuando se encuentre bajo los efectos de bebidas embriagantes o de enervantes. En este caso, la sanción no excederá de las tres cuartas partes de la señalada en el artículo 65. La hipótesis contemplada en el segundo párrafo del artículo 66 antes indicado es considerada como grave por el artículo 16 Bis del mismo ordenamiento legal, es decir, no amerita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, al establecer en la fracción II lo siguiente: ARTÍCULO 16 BIS.- Para todos los efectos legales se califican como delitos graves consignados en este código: II.- El caso previsto en el segundo párrafo del Artículo 66, cuando se produzcan una o más muertes y el responsable condujera un vehículo de motor en estado de voluntaria intoxicación por alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares o se ausente del lugar de los hechos sin causa justificada y no se presente ante la autoridad. Se entenderá que un conductor se encuentra en estado de voluntaria intoxicación provocado por el consumo de alcohol, cuando tenga en su organismo 0.8 o más gramos de alcohol por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de medición, facultándose al Ministerio Público para la obtención de la prueba respectiva. Para efectos de determinar si existe causa justificada, se estará a lo dispuesto por el artículo 30 de este Código; De lo anterior se colige que la persona que cometa un hecho delictuoso de esta naturaleza y con las características antes indicadas, primeramente no gozará del beneficio de la libertad provisional bajo caución durante el tiempo que dure el proceso en su contra; y en segundo lugar, no operará en su beneficio el inejercicio de la acción penal ante el Ministerio Público, ni el sobreseimiento ante el Juez, ello a pesar de no haber huido del lugar de los hechos, no haber sido condenado por sentencia ejecutoria por la comisión de la misma clase de delitos, y haber reparado el daño; es decir, será sujeto de prisión preventiva y eventualmente condenado a una pena de prisión. Nótese para el caso de que una persona que en estado de voluntaria intoxicación prive de la vida a otra con motivo de un accidente vial, la pena a imponérsele será de tres a nueve años de prisión, por lo que si una de las esencias del Derecho Penal es precisamente readaptar al sujeto que comete un delito y rehabilitar los procesos psicológicos que lo orillaron a la comisión del mismo, no serán excesivos los tiempos que dicha persona tendrá que estar privado de su libertad por la comisión de un delito culposo? - comparten la pena máxima los delitos dolosos de corrupción de menores, lenocinio, abuso de autoridad, intimidación, falsificación de documentos relativos al crédito, lesiones a menores de doce años de edad que pongan en peligro su vida, hacer abortar a una mujer por medio de violencia física o moral, abandono de personas que generan lesiones y robo de vehículo en la vía pública o en propiedad privada. 223

14 En síntesis, nuestro legislador asume que privando de su libertad a un sujeto que cometió un homicidio culposo con motivo de un accidente vial, encontrándose en voluntario estado de ebriedad, durante el plazo máximo de nueve años se rehabilitará, reintegrará y volverá, después de este tiempo, a su vida plena en sociedad, cuando en realidad lo que sucederá es que saldrá convertido, ahora sí, en un delincuente profesional. A este respecto hay que tomar en consideración lo manifestado por la Dra. Olga Islas de González Mariscal, 13 al indicar que el legislador, al elaborar las normas penales generales y abstractas, debe regirse por los principios de legitimación, racionalidad, ponderación y legalidad. El primero alude a que una norma de esta naturaleza es legítima cuando constituye una respuesta del legislador a una específica necesidad social originada por la reiterada comisión de acciones u omisiones antisociales pertenecientes a una determinada clase de antisocialidad; una norma será racional (segundo principio), cuando se encuentre precedida del diseño e instrumentación de una política de prevención no penal de la antisocialidad, tendiente a inhibir la comisión de conductas antisociales; se cumple con el principio de ponderación sólo cuando, previamente a la elaboración de una norma jurídica, se evalúan los beneficios y los contras de la creación de la misma, para determinar si no traerá consecuencias contraproducentes a la realidad social; y se cumple el principio de legalidad cuando la norma es creada por el órgano con competencia constitucional y se satisfacen las formalidades exigidas para ello durante su proceso legislativo. Entonces, si el legislador local realiza las normas penales relacionadas con la comisión de delitos cuando el sujeto se encuentra en estado de voluntaria intoxicación (ebriedad), sin tomar en consideración si tales preceptos responden o no a una necesidad social originada por la reiterada comisión de acciones antisociales, así como sin preceder las mismas con adecuadas políticas de prevención de naturaleza no penal que tiendan a inhibir el fenómeno en estudio, y sin evaluar, además, si su creación y posterior aplicación será contraproducente al efecto que con ellas se busca, claro es que tales normas jurídicas no satisfacen los principios que se aluden en el párrafo que antecede. Es importante precisar que aunque se estima que el Derecho Penal no es el instrumento adecuado para la prevención de este fenómeno (independientemente de la prevención general y especial que teóricamente se le atribuye), ello no implica que la pérdida de una vida humana, el daño a la integridad física o psicológica de las personas, o de su propiedad, no sea importante o suficiente para actuar en contra de los responsables; lo que se propone es que este tipo de conductas antisociales se pretendan evitar empleando en forma correcta por todos los actores involucrados, los mecanismos de control social indicados en el apartado anterior, tanto informales como formales, y no que quienes tienen esa responsabilidad la hagan a un lado para que cómodamente para ellos el Derecho Penal entre en juego. No es materia de estas líneas ni de la exposición que nos ocupa, pero no me dejarán mentir los profesionistas involucrados en las ciencias penales que el hecho de tipificar nuevas conductas delictuosas en los catálogos penales, así como elevar las penas máximas de las mismas, no previene la comisión de delitos; por tal motivo, elevar al rango de delictivo la conducción de un vehículo automotor en estado de ebriedad, o considerar como delito grave la privación de la vida de una persona en forma culposa, aun y cuando 13 Durante su ponencia relativa al Modelo Lógico del Derecho Penal en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentada el día 31 de mayo del

15 el sujeto se encuentre en estado de intoxicación, no disminuirá este fenómeno en nuestra entidad, sobre todo si tales reformas no vienen acompañadas de una adecuada política criminal hacia el delincuente, pues lamentablemente es notorio que nuestras prisiones lejos de readaptar y rehabilitar realizan exactamente lo opuesto, y aquella persona que con motivo de alguno de estos hechos ingrese en prisión preventiva mientras dura el juicio en su contra, y posteriormente purgue una pena de esta naturaleza, será más delincuente después de este tiempo de lo que era antes de su ingreso; recordemos que conforme al artículo 18 de la Constitución Política Mexicana el sistema penal será organizado sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Actualmente, dentro de una sociedad moderna, global, desigual, multitudinaria y de contrastes sociales como en la que vivimos, es impensable que la obligación de prevenir el delito le corresponda íntegramente al aparato estatal, y precisamente de los estudios que en materia preventiva han desarrollado los criminólogos y los organismos especializados en todo el mundo, se ha llegado a la conclusión de que una sana política criminal preventiva no puede ser fundamentalmente institucional, por lo que se hace necesario buscar alternativas realistas que proporcionen posibilidad de evitar, mediante medidas sociales muy concretas, la proliferación de actividades delictivas. 14 Es por todo lo anterior que podemos concluir que (i) es necesario implementar correctamente los mecanismos de control social formal contemplados en leyes y reglamentos aplicables, para frenar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas, así como para inhibir que sujetos en estado de voluntaria intoxicación conduzcan vehículos automotores; (ii) es necesario difundir y enseñar desde los programas de educación básica la importancia del consumo responsable de este producto, para que padres de familia, iglesia, amigos y demás grupos inherentes a los mecanismos de control social informal realicen adecuadamente este proceso de socialización y familiarización con las obligaciones y responsabilidades inherentes a consumir bebidas alcohólicas; y (iii) el Derecho Penal es protector de bienes jurídicos, pero su empleo debe ser el último recurso del Estado para efectos de resocializar a un individuo carente de las adecuadas pautas de conducta en sociedad, y no debe ser utilizado a diestra y siniestra ante cualquier conducta delictuosa, principalmente porque actualmente la prisión preventiva resulta más dañina para el sujeto que beneficiosa para la sociedad. V. El fenómeno en estudio a la luz de las últimas reformas al sistema de justicia penal El pasado mes de febrero del 2008 se aprobó por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estando actualmente tales modificaciones pendientes de aprobación por parte de las Legislaturas de los Estados de la Federación para proceder, entonces, a la modificación definitiva de nuestra Carta Magna. 14 Op.cit. 10, p

16 La intención de estas reformas es introducir un proceso penal acusatorio oral, en sustitución de un sistema inquisitorio escrito, reconociendo constitucionalmente, entre otras cosas, la presunción de inocencia de todo imputado, es decir, que una persona es inocente hasta que se demuestre su plena culpabilidad en un juicio seguido con todas las formalidades de ley, modificándose en consecuencia los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión y de lo que actualmente conocemos como el auto de formal prisión. En efecto, se propone modificar el artículo 19 Constitucional para sustituir el término Auto de Formal Prisión por el de Auto de Vinculación a Proceso, pues a partir de tales reformas la regla general es enfrentar el procedimiento penal en libertad, y la excepción consiste en la prisión preventiva que el Ministerio Público podrá solicitar cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por su parte, el Juez Penal ordenará de oficio la prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud; en esta tesitura, los homicidios culposos cometidos con motivo de la conducción de vehículos en estado de ebriedad perderán el calificativo de graves por no encuadrar en ninguno de estos supuestos. Vemos, entonces, que ahora los sujetos responsables de homicidio o lesiones culposas ocasionadas con motivo de la conducción de vehículos en estado de voluntaria intoxicación, no serán ingresados a la prisión preventiva durante el trámite del juicio en su contra, debiéndose lo anterior a que tal medida, por tratarse de la más estricta de las sanciones a imponer por parte del Derecho Penal, debe ser utilizada únicamente en algunos casos como excepción, y no como regla general, de tal forma que este nuevo procedimiento permitirá, en primer lugar, la rehabilitación del sujeto que comete este tipo de conductas; en segundo término, que tal persona al encontrarse en libertad se haga de los medios económicos suficientes para reparar el daño causado (ya sea por homicidio, lesiones o daño en propiedad ajena), no desamparando así al afectado o a su familia; en tercer lugar, que la persona que cometa esta conducta ilícita no saldrá de prisión como un delincuente profesional, lo que en lugar de representar un beneficio para la comunidad implica, evidentemente, un riesgo mayor. 226

17 Bibliografía De la Barreda Solórzano, Luis, El dramatismo del derecho penal, Iter Criminis, México, número 1, tercera época, agosto-septiembre González de la Vega, René, Política criminal legislativa vs. legisprudencia penal racionalista, Iter Criminis, México, núm. 9, tercera época, enero - febrero Larrauri, Elena, Cómo resistir el populismo punitivo, Iter Criminis, México, núm. 8, tercera época, noviembre - diciembre Mendoza Bremauntz, Emma, La comunidad en la prevención del delito, Criminalia, México, Porrúa, año LVIII, mayo agosto 1992, número 2. Oropeza Barbosa, Ana Luisa, Cómo suplir la prisión preventiva, Iter Criminis, México, núm. 10, tercera época, marzo - abril Vizcaíno Zamora, Álvaro, Reflexiones en torno a los accidentes de tránsito. Primera causa de muerte en México, Criminogénesis, México, núm. 0, año 1, febrero

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