MANUEL DURÁN Y BAS LA SOBERANÍA

Transcripción

1 MANUEL DURÁN Y BAS LA SOBERANÍA Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011

2 Transcripción y revisión ortográfica de Miguel Andúgar Miñarro. Edición realizada a partir de: Durán y Bas, Manuel. En: Estudios políticos y económicos. Barcelona: Imprenta de Antonio Brusi,

3 LA SOBERANÍA. I. La cuestión de la soberanía es una cuestión fundamental. De ahí que sus soluciones sean teóricamente difíciles y prácticamente peligrosas. Y porque es una cuestión fundamental la tratan en sus libros todos los publicistas. Porque es una cuestión fundamental distingue, por sus diversas soluciones, a los partidos. Porque es una cuestión fundamental la escriben en su frontispicio algunas Constituciones modernas. Porque es una cuestión fundamental es madre de las dos grandes calamidades de los pueblos, las revoluciones y las reacciones. Penétrase en el estudio de esta cuestión con ánimo sereno, y la frente se inclina fatigada y necesitando reposo cuando después de consultadas las enseñanzas de la historia y de cruzados los espacios de la teoría se llega a esta interrogación: en dónde reside la soberanía originaria, en dónde la soberanía constituyente? Porque las dificultades que en esta cuestión abruman el entendimiento no tienen relación ni enlace con la soberanía constituida. El poder existente en un país vive en la forma y con las facultades de que las leyes fundamentales de este país lo han revestido. Tiene su origen en estas leyes, tiene en estas leyes sus limitaciones, de estas leyes deriva su legitimidad. Escritas a veces las leyes de que hablamos, no existiendo a veces sino en la conciencia común del pueblo, ora dispersas, ora codificadas, siempre en la vida normal y pacífica de las sociedades existe por ellas y por ellas vive sin contradicción el Poder. Ellas le señalan su forma y sus facultades; en ellas están su origen y su legitimidad. No; lo que es un escollo para la teoría, lo que es peligroso escribir en las Constituciones, es el origen del Poder o sea la soberanía originaria, y después descender 3

4 desde este origen a la determinación de los que están facultados para establecer las leyes fundamentales de un país, que es lo que se apellida soberanía constituyente. Dos cuestiones distintas, pero que están invisceradas una en otra; dos cuestiones que no tienen, que no pueden tener dos soluciones opuestas, ni en las teorías de los publicistas ni en los dogmas de los partidos. Y sin embargo, si no quisiesen justificarse ciertas doctrinas que se sustentan sobre la soberanía constituyente, no habría en verdad cuestión más ociosa para la vida práctica que la de la soberanía originaria. Si se reconoce, porque no puede contradecirse, la existencia de los gobiernos en cualquier parte en que existen sociedades; por qué buscar su origen, su causa, su principio, el fundamento y la razón de su existencia? Por qué preguntarse quién es el que ha creado esto que llamamos el Poder, esto que - prescindamos del nombre, - existe donde quiera que el hombre vive en relaciones con su semejante, esto que armoniza, que regula, que preside a estas relaciones, esto que es coetáneo siempre al comienzo de las grandes agregaciones de hombres viviendo en relaciones recíprocas y ordenadas? Por qué querer averiguar de dónde viene esto que es Justicia, que es Inteligencia, que es Autoridad, que es Fuerza, que es Previsión, que es Cooperación para todos los fines morales a que se encamina la sociedad en su marcha progresiva? Existe el Poder en todas las sociedades, aun en la que sirve de elemento primitivo de toda asociación política, la sociedad familiar. Existe en el pueblo inculto y en el pueblo civilizado. Existe en las sociedades desde su infancia, y no muere en las sociedades hasta que de su vida no quedan sino huellas en los anales del mundo. Existe, y el sentimiento de la dignidad humana no la rechaza como repugnante. Existe, y la conciencia lo reconoce como legítimo. Existe, y viven con él en lucha el criminal y el revolucionario; pero sin que el criminal y el revolucionario, en su resistencia, nieguen su legitimidad. Por qué, pues, preguntarse - aparte del interés que inspiran las especulaciones científicas-, cuál es el origen del Poder? Es que según como se explica este origen se justifican dos soberanías constituyentes: la de los Reyes y la del pueblo. Si el Poder es de origen humano, si lleva su origen de un contrato social, no porque sea tácito menos valedero, la soberanía constituyente pertenece al pueblo. Si el Poder es de origen divino, los Reyes cuya frente se unge con el óleo santo pretenden que solo a ellos corresponde la soberanía 4

5 constituyente. Tal vez no sea lógica esta pretensión de los Reyes; tal vez no sea verdadero el fundamento del derecho de los pueblos; pero lo que acabamos de decir nos explica por qué se ha planteado la cuestión de la soberanía originaria. Y es verdad, acaso, que esta soberanía emana del pueblo? No, porque el pueblo no puede haber creado el Poder por un contrato tácito ni expreso. Para que el pueblo hubiese podido crearlo, debería reconocerse en el pueblo poder para hacerlo dejar de existir, Para que el pueblo hubiese podido crearlo, debería ser contingente y no necesaria la existencia de esta entidad que llamamos Poder, gobierno. Para que el pueblo hubiese podido crearlo por un contrato social, sería necesario que un contrato pudiese engendrar y extinguir la primera de las cualidades que al Poder distinguen, la Justicia. Mientras todo esto no sea posible, mientras el Poder tenga una vida necesaria allí donde existan sociedades humanas, el origen del Poder no puede estar en el pueblo. A lo menos la teoría del origen divino del Poder es más satisfactoria, pues es más racional; pero esta teoría que nos dice una verdad evidentísima, no resuelve, como veremos luego, la cuestión de la soberanía constituyente con la solución que pretenden los que la invocan. Si el Poder existe como una cosa necesaria allí donde existen sociedades, si las sociedades no son creación de un acto libre de nuestra voluntad, si es Dios quien ha hecho la sociedad necesaria, el entendimiento no puede revocar en duda que también es Dios quien ha creado el Poder. Pero esta verdad evidentísima, como la de que Dios ha creado al hombre, ha encendido el sol, ha tachonado el firmamento de estrellas, ha puesto diques de menuda arena al mar, ha poblado de animales la tierra, es una verdad infecunda para demostrar el depósito del poder constituyente bajo el cetro de los Reyes. Y esto no es difícil elevarlo hasta la más evidente demostración, y hétenos ya en el examen de la filiación de la soberanía originaria a la constituyente. Los partidarios de la soberanía Real como soberanía de derecho divino, no han podido basta ahora, no podrán nunca señalar el momento ni el acto en que Dios haya aparecido sobre un nuevo Sinaí para delegar exclusivamente a los Reyes el derecho de gobernar las sociedades humanas. Y esto aparte, o debe sostenerse que todos los gobiernos que no son monárquicos tampoco son legítimos, sobre todo cuando ejercen la soberanía constituyente, lo que es absurdo; o debe reconocerse la legitimidad de estos gobiernos, a 5

6 lo menos donde nunca ha existido monarquía, y entonces Dios no ha delegado exclusivamente a los Reyes la soberanía constituyente de las sociedades. En qué se funda pues, la ambiciosa pretensión de la soberanía Real como de derecho divino? Como ella, es ilegítima la pretensión de los pueblos. Hubo una época en que su soberanía constituyente se quiso defender como emanación de la soberanía originaria que se suponía estar en el pueblo; pero la teoría del pacto social ha caído ya en el descrédito más profundo. Después se ha dado otro nombre y otra base a la teoría. La soberanía nacional, como se dice en los días que corremos, se funda en que derecho e interés de todos el gobierno, solo la universalidad de los asociados tiene el poder la facultad de darse las leyes que mas convengan al derecho y al interés común. Pero descansando sobre este fundamento, es el dogma de la soberanía nacional mas verdadero? No. Nosotros comprendemos que en las sociedades privadas que se forman convencionalmente, puedan los asociados concertar el modo de ejercer la dirección de lo que es derecho e interés común a todos; pero hemos dicho ya que las sociedades políticas no derivan su existencia de un pacto, sino que esta existencia es necesaria, que esta existencia no es creación de un acto libre de nuestra voluntad. Nosotros consultamos la historia y no vemos que jamás sociedad alguna haya fiado a la universalidad de los asociados la dirección de sus intereses comunes; y la historia nos explica este fenómeno diciendo que el buen sentido ha enseñado a los pueblos que acto de inteligencia el gobierno, éste no puede confiarse sino a los que son inteligentes y previsores. Nosotros ahondando en el estudio la naturaleza y del fin de la sociedad, buscamos el objeto y el fin del gobierno; y no encontramos en la universalidad de los asociados el derecho de darse leyes fundamentales contrarias a la consecución de aquel fin. Nosotros pedimos a la lógica las consecuencias que se deducen de esta teoría, y la lógica nos dice que derecho e interés común el gobierno, este derecho y este interés son personalísimos en cada asociado; nos dice que no hay uno solo, varón o mujer, joven o anciano, prudente o necio, adulto o niño, que no deba concurrir a la formación del gobierno; nos dice que el derecho de cada uno no puede ser vencido por el de la mayoría, y que si lo es en nombre del deber o del interés común, hay algo ya que es superior a la soberanía, hay algo más soberano que ella; nos dice, por último, que si el derecho de gobernar está en la universalidad, porque el gobierno es de derecho e interés 6

7 común, solo a los que en un momento dado forman la universalidad -y esta no es igual en dos momentos siquiera, merced a los incesantes renuevos que encadenan unas con otras a las generaciones-, pueden obligar sus mandatos. Y este rigor lógico que condena la soberanía nacional como constituyente, en balde se intenta combatirlo con una aplicación más filosófica que hoy día empieza a darse de la teoría. Ser moral el hombre, se dice, tiene el deber de realizar el fin moral para que ha sido criado: luego el hombre debe tener el derecho de escoger los medios de realizar su fin moral, pues de lo contrario no sería responsable; luego teniendo igual deber todos los hombres, y todos igual derecho de buscar los medios para cumplirlo, en todos, en la universalidad reside la soberanía, suprema condensación del derecho de todos. Pero este raciocinio no es lógico tampoco, y mal se defiende con él la soberanía nacional. Como es el deber de realizar el fin moral para que ha sido criado el hombre; derecho de cada uno es la elección de los medios para conseguirlo; pero precisamente porque es derecho de cada uno, no reside en todos juntos el de imponer su elección como ley común. Para sí y no más que para sí debe cada uno escoger estos medios; pero libre en esta elección cada uno, de dónde la universalidad o lo que es lo mismo la mayoría -pues el acuerdo unánime es imposible- puede derivar el derecho de imponer a la minoría los medios escogidos por un acto de libérrima voluntad? Se rechaza la responsabilidad cuando no puede cada uno hacer la elección de estos medios, y no se observa que para dejar intacta la de cada uno, nadie, aun en el cumplimiento de su deber, puede llevar menoscabo a la libertad ajena. Una observación, por último, que es común a la soberanía Real como de derecho divino y a la soberanía nacional. Ambas se proclaman absolutas, omnipotentes, sin limitaciones: el pueblo en nombre de su soberanía reivindica para sí el sic volo, ic jubeo que tan insensatamente han proclamado los Reyes. Pues bien: toda soberanía que se proclama omnipotente es esencialmente falsa en teoría y en la práctica altamente peligrosa. Es falsa en teoría, porque cualquiera que sea aquel en quien resida la soberanía constituyente, nunca la ejerce en provecho propio, sino siempre con sujeción al deber de realizar el altísimo fin encomendado a las sociedades. Es en la práctica peligrosísima, porque donde quiera que no existen frenos, hay ocasión a descarríos y 7

8 atentados: y de la omnipotente soberanía de los Reyes nacen esas revoluciones del Poder que se llaman golpes de Estado, y de la omnipotente soberanía de los pueblos se ha engendrado el derecho de insurrección. II. Después de lo que acabamos de decir, podrá dirigírsenos esta pregunta: dónde reside la soberanía constituyente si no está en el seno de los pueblos, si los Reyes no la poseen por derecho divino? Vamos a contestar a esta pregunta; pero adviértase y esto nos importa mucho considerarlo- que no vamos a formular jactanciosamente una teoría, sino a exponer sencillamente una opinión. Nuestras palabras no son, no deben considerarse sino como la exposición de una serie de raciocinios para llegar imparcialmente a la averiguación de la verdad; como la explanación de doctrinas, para nosotros de verdad inconcusa, a cuya luz puede la verdad aparecer clara ante los ojos; y por lo mismo nada más ajeno de nuestro propósito que el formular una nueva teoría para lo que nos falta la autoridad del saber. Pero queda hecha en las anteriores líneas una pregunta y debemos contestarla. Nosotros convenimos en que la soberanía reside en la nación si con esto se entiende, como expresa un eminente publicista, Rossi, que toda nación es independiente, dueña de sí misma, no tiene superior legal en la tierra, no tiene otro juez que la razón; que toda nación es por lo mismo su único legislador. Cómo no admitir que toda nación constituye una individualidad política? Cómo no reconocer que toda nación tiene una personalidad y que, como toda personalidad legal, tiene el derecho de gobernarse por sí misma? Cómo no reconocer la autonomía del Estado, el que no es otra cosa que la sociedad en su vida pública? Pero admitido esto, no precipitemos las consecuencias. La primera que por de pronto se deduce de lo que acabamos de decir es que la sociedad, como todo ser dotado de existencia con un destino moral, tiene el deber de 8

9 realizar este destino. Donde existe un deber, debe existir un derecho que proteja la libertad necesaria para cumplirlo. La sociedad tiene este derecho; y su extensión es la conservación de sí misma, su independencia, su dignidad moral, su engrandecimiento por el desarrollo de sus fuerzas, y por último su libertad de dirigirse, de gobernarse, aunque con entera sumisión á las reglas eternas del Derecho y de la moral. Pero este derecho reside en la unidad social, en lo que llamamos pueblo o nación, no en las individualidades; porque cuando de sociedad, de pueblo, de nación hablamos, entendemos el conjunto de individualidades y la serie no interrumpida de generaciones que forman las unidades políticas cuya realidad nos demuestra la historia. En esa unidad, pues, reside el derecho de gobernarse: mas adviértase, primero, que en ella reside porque esta unidad es una personalidad, y toda personalidad tiene este derecho; segundo, que esta unidad llamada sociedad, nación o pueblo, tiene un fin moral que cumplir, no como suma de los fines individuales, sino como fin propio, aunque enlazado con el del individuo; y tercero, que la sociedad deriva el derecho de gobernarse a sí misma, no de la agregación de derechos individuales, sino del que corresponde a toda entidad con vida necesaria y propia. La segunda consecuencia es complemento de la anterior. La sociedad para la realización de su derecho organiza el Estado; y este no es propiamente una institución, sino una forma de existir que toma la sociedad, espontánea y no deliberadamente, desde el momento en que comienza su vida. Allí donde encontramos una sociedad, es decir una agregación ordenada y armónica de seres inteligentes y libres, encontramos relaciones privadas y relaciones públicas; y estas últimas relaciones, en las que consiste la vida pública de la sociedad, son las que constituyen el Estado. Por su medio, por él de estas relaciones, cumple principalmente la sociedad su destino moral, realiza y desenvuelve su derecho; y para conseguirlo crea las instituciones políticas, así como, en lo que pudiéramos llamar su vida privada, crea las instituciones sociales que viene al fin la ley civil a regularizar y proteger. Pero a qué regla se conforma la sociedad en la creación de estas instituciones, de qué manera les da nacimiento? Aquí debemos suspender por un momento nuestras deducciones, para recordar lo que acaece en la realidad de los hechos. En la creación de sus instituciones se conforman las sociedades a una regla preexistente, al Derecho tal como en cada época se concibe; porque ni para el individuo ni para la sociedad corre un 9

10 solo instante de su vida, sin que aparezcan en su conciencia las reglas del Derecho y de la moral. Esta noción no es perfecta, no es acabada, no es analítica; pero esta noción existe, y la conciencia se siente empujada a darle una realidad práctica. Así que a estas reglas conforman las sociedades sus instituciones; mas adviértase el modo cómo estas instituciones nacen. No de otra suerte, en verdad, que como todas las manifestaciones de la vida desde su edad primera. Nacen por la propia fuerza del organismo social; nacen espontáneamente; nacen a menudo sin poder señalarse el primer instante de su existencia. Con frecuencia son ante-históricas estas instituciones; y cuando la historia las recoge para memoria de los venideros, es frecuente también encontrarlas en cierto grado de desarrollo que supone que ya han traspuesto el primer período de su vida. Además de estos hechos: hay otros que consignar. En el seno de toda sociedad y desde sus primeros albores, se forma un espíritu propio, peculiar, exclusivamente suyo que la anima, que la mueve, que la caracteriza, que la acompaña en todas las manifestaciones de su vida, que distingue su idioma, sus leyes, sus costumbres, su filosofía, su literatura y sus artes. Este espíritu es el que da fisonomía a los pueblos. Este espíritu se importa a veces a otras sociedades, y modificado entonces deja sentir algo o mucho de su vigor todavía, según la naturaleza de su transformación; pero rasgos de su hermandad muestran, cuando esto acontece, unas y otras sociedades. Este espíritu, cuando es robusto por su virginidad o porque se ha fortalecido llevando la sociedad a su grandeza, es la fuerza más irresistible de las naciones. Cuando este espíritu se adultera o languidece, cuando no circula por las venas de la sociedad, cuando no la conmueve en sus horas de adormecimiento, cuando, al hacerse befa de este espíritu, la sociedad no sacude su letargo, seguro es que la nación se encuentra en el período de su decadencia. Ya se habrá comprendido que aludimos al espíritu de nacionalidad. Desde.la infancia de las sociedades, este espíritu se infiltra en las instituciones políticas lo mismo que en todas las demás instituciones sociales. Él les atribuye su carácter nacional. Él forma su estructura. Él dibuja su fisonomía. Él las identifica con la existencia de la sociedad. Él les atrae los sentimientos populares. Pasada la primera edad de los pueblos, este espíritu que caracteriza las civilizaciones, vive en las instituciones también a despecho del elemento destructor del tiempo; porque, f1exible y dócil, alía su influencia con la que las épocas van ejerciendo en su sucesión incesante. Curiosísimo espectáculo es en la historia ver el maridaje de estas dos influencias: 10

11 contemplar como el espíritu de la época toma en cada pueblo una faz distinta porque con ella le ha sellado el espíritu de nacionalidad, y después contemplar en cada institución las sucesivas modificaciones que le ha llevado el tiempo, sin borrar de ellas los rasgos de su nacionalidad, sin arrancar de su vitalidad el espíritu que las anima y fortalece. Una observación más, para poner término a las que sobre ciertos hechos venimos consignando. Al infiltrarse el espíritu nacional en las instituciones políticas, no destruye el elemento del Derecho que debe estar en sus entrañas; pero en toda institución de derecho, lea este público, sea privado, se encuentran siempre, como hace observar uno de los primeros jurisconsultos de nuestra época, Savigny, dos elementos; uno individual y particular a cada pueblo, otro general y fundado en la naturaleza común del linaje humano. Y es, como advierte el mismo jurisconsulto, que el Derecho tiene un fin general que cada pueblo está llamado a realizar históricamente. Pero el espíritu nacional no destruye el elemento moral de lo bello en la literatura y las artes; no extingue el elemento moral de lo verdadero en la filosofía de cada pueblo; no se contrapone al elemento de lo bueno en las costumbres de rada país. Por qué pues, habría de destruir el elemento general del Derecho en las instituciones políticas? No creemos que se nos quiera hacer observar que de esta suerte parece que se justifican las grandes aberraciones de los pueblos; si esto se nos dijese, deberíamos recordar que nunca estas aberraciones son hijas del espíritu nacional. Es en el de la época dónde se han engendrado; véase sino la historia de todos los pueblos que alientan en la misma atmósfera y se desenvuelven bajo las mismas influencias. Podemos ahora volver a reanudar nuestras deducciones? Ciertamente, y en ello nos han de auxiliar los hechos que hemos consignado. Habíamos establecido, como primera consecuencia, que la nación, la sociedad, es decir la unidad, no la suma de las individualidades que agregan sus derechos propios, tiene, entre otros, el de gobernarse libremente. Habíamos sentado como segunda consecuencia, que la sociedad realiza este derecho, convertida en lo que llamamos Estado y creando las instituciones políticas que lo desenvuelven. Ahora podemos añadir como tercera consecuencia, que las sociedades realizan su derecho en la forma que comunica a las instituciones el espíritu nacional. Nada hay en esto de repugnante ni extraño. La razón nos dice que cada personalidad -y ya hemos dicho que la tienen las naciones-, debe desenvolver sus fuerzas de un modo 11

12 individual y distinto de las demás personalidades. La historia nos lo confirma con el cuadro de las diversas civilizaciones. Vengamos ahora a hacer aplicación de estos principios a la cuestión de la soberanía constituyente. La nación tiene una personalidad legal; luego debe proveer a su conservación, debe proteger su independencia, debe mantener ilesa su dignidad moral, debe desarrollar sin descanso las fuerzas de que esté dotada, debe cumplir el fin moral para que existe. La nación, por lo mismo, debe dirigirse por sí misma, tiene este derecho. Pero cómo lo realizará? Se ha dicho y con razón que no es el Derecho una entidad abstracta, sino que tiene una realidad que ha de traducirse en caracteres visibles, para que penetre en todas las relaciones sociales; luego a este derecho de la sociedad o de la nación para gobernarse por sí misma, debe dársele una forma para que, de mera abstracción, pase a ser una realidad. Y esta forma será la que le atribuya el espíritu nacional. En los tiempos ordinarios, normales, las instituciones existentes serán ésta en forma; los tiempos en que los sacudimientos sociales hayan destruido más o menos totalmente la estructura del Estado, esta forma será la que el espíritu nacional le atribuya en esos días. Porque este espíritu lo mismo existe y es vigoroso cuando las leyes han constituido ya, con esta o aquella forma, la soberanía, que cuando la nación ejerce lo que se llama la soberanía constituyente. Qué hace en estos días la sociedad? Ejerce su derecho en lo que tiene de más elevado, de más supremo, de trascendencia más inmensa. Organiza el Estado, da forma al Poder; esto es, regulariza las relaciones, la vida pública de la sociedad; da una realidad formal, porque bien se nos permitirá esta frase, a esta entidad Poder, gobierno, que en toda sociedad existe. No es otra cosa que esto la soberanía constituyente. No es la creación del Poder, porque éste no puede crearse como no puede suprimirse; es la creación de las formas con que el Poder vive y ejerce su acción en el seno de toda sociedad. Y el espíritu nacional influye en esta forma de existencia y en este modo de desenvolverse el Poder, de aplicarse a las necesidades sociales; y la sociedad al crear estas formas, obra por la fuerza del espíritu nacional, o si se quiere, por la fuerza del altísimo principio del Derecho, cuando las necesidades sociales lo reclaman, pero apareciéndose entonces este principio a la conciencia común del pueblo, envuelto en lo que de peculiar e indígena le atribuye el espíritu nacional. 12

13 Queremos decir con esto que la sociedad al ejercer la soberanía constituyente tomará para ello formas suyas, nacionales. Para aclarar mejor nuestras ideas, hagamos un paralelo entre nuestra opinión y la teoría de la soberanía nacional cual comúnmente se entiende, que es con la que más se asemeja. Nosotros convenimos con los partidarios de esta teoría en que la nación tiene el derecho de gobernarse por sí misma: pero estos lo fundan en que es un derecho que pertenece a la universalidad de los asociados, con lo que vienen a dar a entender que el derecho de la nación no es más que la agregación de los derechos de cada individuo, y nosotros sostenemos que es un derecho de la entidad moral que llamamos sociedad, nación o pueblo, porque tiene una personalidad legal y porque tiene un destino moral que cumplir. Los partidarios de aquella teoría y nosotros convenimos en que nadie, aunque ciña la diadema real puede pretender que es el exclusivo poseedor de la soberanía constituyente, y que tiene el derecho de cambiar la Constitución de un país, cuando no se le atribuyen sus leyes fundamentales; pero aquellos sostienen que el pueblo, que la universalidad de los asociados, son los únicos que en todo tiempo pueden formar estas leyes cuando nosotros creemos que en cada época deberán formarlas aquellos que según las instituciones del país, si son normales los tiempos, tengan confiada esta misión importante, o aquellos que, en tiempos anormales la reciban, por medio de cualquiera de estas manifestaciones en que, revueltos en vertiginoso torbellino, estallan el espíritu nacional y el de la época, la conciencia del derecho y el sentimiento de las necesidades sociales. Nosotros y los partidarios de esta teoría convenimos en que el gobierno existe para la sociedad; pero los últimos, fundando en esto la soberanía del pueblo, la declaran omnipotente, y nosotros creemos que cualquiera que tenga confiado el ejercicio de la soberanía, aunque sea la constituyente, está sujeto a las eternas reglas del Derecho y de la moral. Y en otro punto, por último, disentimos nosotros de los partidarios de aquella teoría. Ellos sostienen que no hay más que una forma legítima de manifestarse la soberanía constituyente, que es la elección popular y mejor todavía el sufragio universal, y nosotros creemos que no hay un tipo absoluto para la legítima manifestación de este poder soberano, y que en cada país y en cada época es legítima su forma de manifestarse, mientras tenga su raíz en el espíritu nacional. Pudiendo añadir ahora que la opinión que estamos de exponiendo es más popular que la teoría con que acabamos de compararla. Sus partidarios solo creen que es 13

14 soberano el pueblo cuando se congrega una Asamblea que con el nombre de constituyente organiza a su albedrío el Estado; y nosotros creemos que bajo cualquier forma en que ejerza la nación su soberanía constituyente, debe siempre inspirarse en el espíritu nacional para que el pueblo se reconozca hasta en sus leyes fundamentales, traducido en ellas su sentimiento, reflejada en ellas su fisonomía. Y esto es seguramente lo que se ha querido significar al decir que el gran legislador es el tiempo. 1 Sí: porque éste lleva la tradición en sus alas y con ella el espíritu nacional se transmite a las generaciones; porque las instituciones que tienen la sanción del tiempo, llevan incrustado aquel espíritu en su barniz de antigüedad. Oh! si queréis levantar el edificio social sobre la movediza voluntad del pueblo no resistirá los vendavales ni el paso de los siglos: estad seguros de ello. Las instituciones que parece que contemplan orgullosas la admiración de las gentes porque han llegado incólumes a través de las edades, son las instituciones que tienen sus raíces en el mismo corazón de la sociedad. He aquí por qué a los crujidos de estas instituciones, responde siempre el pueblo con sus estremecimientos. III. El dogma de la soberanía nacional, defendido en la forma que acabamos de combatirlo, filosófica e históricamente es falso, políticamente es peligroso. Por eso actualmente casi todos los que lo defienden, temerosos de los consecuencias de admitir que sea absoluta, omnipotente la soberanía, le señalan limitaciones, aunque siempre vagas; unos la de la razón y la justicia, otros la de las costumbres y tradiciones del país, Y por eso también todos rechazan que como consecuencia lógica se deduzca de su teoría el derecho de insurrección. Sin embargo, como es desgraciadamente en los días en que las revoluciones agitan a las sociedades cuando la soberanía nacional más se invoca, como en estos días se tiende a consignar semejante principio político en la ley 1 El Sr. Nocedal en la discusión sobre la sanción regia, en las Cortes de

15 fundamental del país, confúndanlo con el derecho de insurrección los pueblos, y esto es lo que hace peligroso verlo escrito en el frontispicio de las Constituciones. Un elocuente orador 2 ha dicho: «las Constituciones políticas se hacen comúnmente el día después de las revoluciones; y en este día aún no se ha desprendido la sociedad de los gérmenes anárquicos que cada revolución deposita en su seno». Y esto es verdad. Aún no se ha aplacado entonces el furor de las pasiones populares. Aún está irritado entonces el rencor de los partidos; el odio de los vencidos, el insolente orgullo de los vencedores se encandecen recíprocamente en estos días. Aún se vive entonces bajo la impresión de las influencias de actualidad; queremos decir, de las causas que han excitado el sentimiento público, que han sublevado la conciencia pública, que han empujado a la revolución y han conducido sus promovedores al triunfo. Así que si no preside la moderación en las aspiraciones, si se abandonan las admoniciones de la prudencia en estos días, las Constituciones políticas no son duraderas, porque es deleznable todo lo que se amasa por las pasiones y efímero todo lo que se intenta bajo la impresión de intereses e ideas pasajeras o transitorias. Y si faltan esta moderación, esta prudencia, la previsión de lo futuro en estos días, los hechos vienen pronto a añadir una nueva confirmación a la verdad de que la obra menos llana y fácil en la gobernación de las naciones es la de las formas con que el Poder ha de vivir y ejercerse, y de que solo hay gloria para los legisladores que, despojados de toda preocupación del momento, se arrojan a su imponente tarea, fijos sus ojos en las enseñanzas de la historia, sondeando con su inteligencia lo que está envuelto entre las nieblas de lo porvenir. De esto se deduce que las leyes políticas deben ser escasas en la proclamación de principios abstractos, como el de la soberanía nacional. Porque entonces se hace necesario buscar una idea que, esplendente de luz, guíe en la aplicación de estos principios; y al paso que conviene que todos sean fecundos para regularizar la gobernación del Estado, lo que sucede es que se hace difícil la uniformidad de su comentario y por lo mismo la de la creencia política del país. No obstante, esto último es una de las primeras necesidades de los pueblos; debiendo comprenderse que cuando de la uniformidad de la creencia política hablamos, no queremos dar a entender que nos repugne la diversidad de opiniones, que tengamos por ilegítima la controversia, que 2 El Sr. D. Antonio de los Ríos Rosas 15

16 creamos que no debe haber tolerancia en el sostén de opuestas doctrinas. No: nos referimos a la creencia política emanada del derecho positivo; hablamos de la creencia en la verdad legal escrita en los Códigos, hablamos de la creencia en el precepto legal, en su naturaleza, en sus aplicaciones, en sus límites, en su combinación con otros preceptos legales. Porque preceptivos también los artículos de las Constituciones, preceptivos en cuanto a la legitimidad, a la organización, a las funciones, a la independencia de las instituciones que crean, preceptivos en cuanto a la inviolabilidad de los derechos que consignan, entran en la categoría del derecho positivo las Constituciones, y en este sentido creemos conveniente que sea fija, uniforme la creencia política del país. Lo que no sucede, lo que no puede suceder escribiendo en ellas el principio de la soberanía nacional. Y no sucede, no puede suceder, porque los mismos que intentan explicarlo para defenderlo lo exponen de un modo distinto cada uno. Dicen 3 unos que la soberanía nacional es el supremo poder de que los otros emanan; añadiendo que este poder está encima del poder electoral, así como éste sobre el de las Cortes constituyentes. Sustentan otros 4 que no es más el principio de la soberanía nacional que la proclamación de la existencia de los pueblos, que su instinto de conservación y su instinto de progreso. Otros 5 se expresan de esta suerte: «el Autor Supremo de la sociedad dándonos el libre albedrío, nos ha dejado en libertad para seguir los preceptos de la razón o los impulsos de nuestras pasiones. Pero Dios mismo nos ha dicho, por ventura, de qué modo se habían de hacer las leyes? No: Dios ha querido que el hombre discuta, experimente y escoja después. Este es el fundamento principal y filosófico de la soberanía nacional.». Mientras que algunos 6 la explican en estos términos: «cuando hay conflictos en la sociedad, alguien ha de ser el juez de este conflicto entre esa misma sociedad y los que lo han provocado, y en este caso es justo y necesario que ella tenga el poder supremo para restablecer la calma: por donde se ve que no hay fundamento alguno para negar la soberanía de la nación». He aquí cuatro explicaciones que no tienen punto alguno de semejanza y que han salido sin embargo de autorizadísimos labios: he aquí cuatro explicaciones discordes, sin que sea una más que otra verdadera. 3 El Sr. D. Vicente Sancho en la sesión de 27 de Enero de El Sr. D. Salustiano de Olózaga en la del 29 del mismo mes. 5 El Sr. D. Patricio de la Escosura en la del El Sr. D. Juan Bautista Alonso en la del

17 Cómo pues ha de ser posible, si este principio se escribe en las Constituciones de los Estados, si quiere de él hacerse un precepto, que sea uniforme la creencia política del país? Y si no es uniforme esta creencia, si el principio no puede llegar a tener una realidad práctica, si no se desenvuelve en variadas aplicaciones, legitimadas en la misma Constitución del Estado, por qué escribirlo en su primera página, y en esta página en su primera línea? La razón de esto héla aquí. Se escribe este principio para recordar a los poderes constituidos que se hallan en una condición de inferioridad, de dependencia, de sumisión al poder supremo del pueblo, poder bautizado con el nombre de soberanía nacional. Se escribe este principio para que sea un amenaza perenne a los poderes constituidos de que hay otro poder supremo que puede aniquilarlos, pues a esto equivale decir que la nación tiene exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales como a continuación suele decirse. Se escribe este principio porque se quiere sentar un dogma defensivo para las sociedades: insiguiendo la explicación que da Benjamín Constant a la teoría que nos viene ocupando, se quiere proclamar que nadie tiene, por derecho personal, la facultad de dar a un país sus leyes fundamentales. Se escribe por último este principio, porque se quiere tener santificado en todos tiempos el derecho del pueblo para reformar sus leyes. Olvidándose al obrar así, que siempre en la conciencia del pueblo quedará debilitada con la proclamación de este principio, la autoridad, la fuerza, la dignidad de los poderes constituidos! Y es justamente en los pueblos regidos por instituciones monárquicas en los que con más insistencia se proclama la soberanía nacional, sobre todo cuando después de una revolución se reforma su Constitución política. Y esto confirma lo que acabamos de escribir. Porque entonces se proclama este principio para excluir al Trono de toda participación en el establecimiento de las leyes fundamentales, para advertirle que si existe es por la gracia de la voluntad popular, para recordarle sin descanso que su vida tocará a su última hora el día que la nación, poniendo en ejercicio su derecho, quiera suprimir la monarquía; entonces se consigna porque se supone que la nación no pudiendo ejercer por sí misma el derecho de gobernarse, debe hacer una delegación de este derecho, y que nadie más que la nación, representada por sus elegidos, tiene el de crear los poderes en quienes lo deposite; más claro: se proclama entonces porque se supone que en los tiempos normales el Poder vive representado y ejercido por las 17

18 instituciones o como ahora se llaman poderes políticos, pero que en el acto de la creación de estas instituciones, de estos poderes de las formas y atributos con que la entidad Poder debe aparecer y hacerse sentir en la sociedad, nadie tiene derecho de intervenir sino la misma nación. Pero recuérdese lo que dijimos sobre la soberanía constituyente, y en nuestras palabras se encontrará la condenación de esta teoría. Tan falso es el dogma de la soberanía nacional, como que este modo sea el único legítimo de ejercerla. La soberanía constituyente y la soberanía constituida tienen la misma raíz, se desarrollan bajo las mismas condiciones históricas, se encaminan al propio fin social, lo realizan nacionalizándolo idénticamente: la soberanía constituyente, lo hemos dicho antes de ahora, no tiene un tipo absoluto de manifestación, como no tiene tipo absoluto para sus formas la soberanía constituida. Hay monarquías absolutas y monarquías limitadas; hay monarquías limitadas por leyes y monarquías limitadas por la influencia y el espíritu de ciertas clases ó ciertas instituciones sociales; hay repúblicas democráticas y repúblicas aristocráticas; hay repúblicas con Presidente y repúblicas dirigidas por un Consejo. Y la soberanía constituida es legítima en cada una de estas formas de gobierno a pesar de su diversidad en cada pueblo, si estas formas están acomodadas al espíritu de la época y al espíritu de nacionalidad. Pues bien: la diversidad de formas con que puede aparecer la soberanía constituyente no es ilegítima tampoco. Sabéis el absurdo histórico y el absurdo legal a que sostenerlo así nos conduciría? Nos conduciría al absurdo legal de que todas las leyes fundamentales promulgadas hasta ahora en las naciones son en su origen ilegítimas: nos conduciría al absurdo histórico de que las sociedades no han comprendido, desde el comienzo de los siglos, una de las leyes indeclinables de su existencia. Suposición insostenible, porque las leyes eternas que son los ejes de las sociedades humanas las han comprendido todos los pueblos desde los albores de su civilización, aunque las haya cada uno revestido de formas diversas, pero selladas en su fisonomía con el carácter nacional. No son éstas la verdad histórica ni la verdad legal; la verdad legal y la verdad histórica son otras. Toda nación, según lo dejamos dicho, tiene personalidad legal y como toda personalidad legal tiene el derecho de gobernarse; pero lo dejamos dicho 18

19 también, este derecho no lo deriva de la agregación de las individualidades, sino de la vida y de la causa de ser propias que tiene la sociedad. Ahora bien; este derecho cómo debe ejercerse? Esta es la gran cuestión, porque es la de la organización del Poder. Sin embargo no es difícil señalar las leyes constantes, fijas, invariables para regular esta organización. En el Poder debe haber la fuerza de su acción y las formas que la envuelvan. La fuerza de la acción del Poder es la inteligencia; las formas que la envuelvan son esa cristalización que los hábitos, los sentimientos, las tradiciones nacionales forman en torno suyo. Esto lo siente la sociedad en cada instante de su vida. Cuando no ve en el Poder la inspiración de una alta inteligencia, cuando no encuentra en las formas con que el Poder se le aparece el reflejo de su fisonomía, mal hallada entonces y descontenta anhela su reforma. y se encuentra inclinada a lanzarse a la revolución o a ampararse en la dictadura, llega la hora de las revoluciones y la hora de las dictadoras, -no de las dictadoras de los pigmeos, ni de las revoluciones de los traficantes políticos, sino de las revelaciones y las dictaduras que los pueblos bendicen y saluda la historia-, cuando el Poder provoca uno de estos estallidos en que, como lo hemos dicho más arriba, andan revueltos el espíritu nacional y el de la época, la conciencia del derecho y el sentimiento de las necesidades sociales. Y adviertan -y sea esto dicho de paso- los revolucionarios de profesión, que a veces este estallido, eminentemente popular, troncha con la fuerza de los huracanes las mismas Constituciones que se han hecho en nombre de la soberanía nacional. Sí: en cada instante de su vida siente la sociedad que el Poder debe ser una inteligencia, en cada instante de su vida busca la sociedad su fisonomía en el Poder. He aquí por qué cuando llega la hora de constituirse por primera o la de reformar su Constitución, la sociedad no va en busca de un tipo absoluto para acomodarse a él y obrar contornada por su molde, sino que el poder constituyente se ejerce en tiempos normales, no es legítima otra forma que la de los poderes ordinarios, la de los poderes constituidos, porque en ellos hay la inteligencia y en su forma el sello nacional; si la sociedad ha derrocado estos poderes, si ha quebrado, en el vértigo revolucionario, todas sus instituciones, en cada caso deberá buscarse la legitimidad del poder constituyente en la conformidad de su organización con las condiciones que venimos señalando. 19

20 Los que sostienen la doctrina que combatimos no comprenden la falta de lógica de su teoría. La nación, ese ser moral, no delega su poder soberano para establecer la ley fundamental del país? Pues si esto es así, lo que debemos buscar es la forma de su delegación. Decís vosotros, sostenedores de esta teoría: solo lo delega en los elegidos del pueblo. Y nosotros preguntamos: cuando el pueblo reconoce y acata y encarna en sus propios sentimientos una institución salvada de las borrascas revolucionarias, no es tan elegida del pueblo esta institución como lo son los hombres votados en los comicios? Si esta institución es la Monarquía, el Trono lo mismo que los diputados que se sientan en los escaños de las Cortes no son más que la representación virtual, pero no unos delegados directos de la nación. Si la nación no ejerce la soberanía por medio de una delegación verdadera; si hay, si debe haber, si no puede dejar de haber una ficción legal para que esta soberanía pueda ser ejercida; si aun dando toda la latitud imaginable al sufragio universal, forma genuina de la soberanía nacional para sus sostenedores, nunca los elegidos en los comicios son delegados directos de la nación, sino de los electores -y electores y elegibles no son más que representantes virtuales de la nación, compuesta además de ellos de las mujeres, de los niños, de los domésticos, de los privados de derechos politices por razón de su delito, de los locos y de los mentecatos, no favorecidos con el derecho electoral ninguno de e1los-, no comprendemos como puede negarse que las instituciones que no vienen al suelo al empuje de las revoluciones, que sobreviven a los grandes cataclismos de los sociedades, que son respetadas por los pueblos como la representación viva del Poder, intervengan legítimamente en la reforma de las leyes fundamentales por un derecho de delegación, sino directa, virtual como la de los que jactanciosamente se llaman representantes del pueblo. La consecuencia lógica de esta teoría es la soberanía individual como las escuelas democráticas la invocan; acéptese pues valerosamente esta consecuencia o no se sienten principios de los que emanen tan tremendos corolarios. 20