Grupo Málaga Ahora Diputación de Málaga

Transcripción

1 A la atención del Presidente de la Diputación MOCIÓN URGENTE AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA MOCIÓN RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. María Rosa Galindo González, Portavoz del Grupo Málaga Ahora de la, presenta la siguiente Moción para ser debatida y votada en el Pleno: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De acuerdo con la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en vigor, las cláusulas sociales son mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social. Es decir, que esta posibilidad está expresamente reconocida por el legislador en la norma y consta justificada. La importancia de la contratación pública se refleja tanto desde un punto de vista cuantitativo (supone alrededor del 16% del P.I.B. español) como cualitativo (se realizan a través de esta fórmula las principales obras, servicios y suministro del país) lo que la convierte en un instrumento a través del cual poder orientar la política social y económica hacia la redistribución de la riqueza. La orientación de la política es competencia exclusiva de los Gobiernos y por tanto, tales decisiones no corresponden a los técnicos de la administración. Actualmente la contratación pública se basa en unos criterios objetivos (condiciones técnicas y precio) y la aplicación de unos principios (libre concurrencia y publicidad), no teniendo en cuenta otros principios quizá bastante más importantes de carácter ético, social y solidario-, como el fomento del empleo de personas y colectivos desfavorecidos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el empleo de calidad y con derechos, la protección medioambiental, el comercio justo, en definitiva la compra ética y responsable.

2 La contratación pública es una herramienta en manos de las Administraciones Públicas que genera un impacto económico, de creación de empleo, social y medioambiental. Por ello, introducir cláusulas sociales en la contratación pública contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, la creación de empleo para personas en riesgo de exclusión social, el mantenimiento del volumen de empleo financiado con fondos públicos y la conservación del medio ambiente. Los artículos 134 y 150 de esa ley reguladora de los contratos públicos señalan claramente que en la fase de valoración de ofertas deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, citando expresamente entre ellos no solo los tradicionales como calidad, precio o plazo de ejecución sino, al mismo nivel, "las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico u otros semejantes", con el único requisito de ser detallados en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento descriptivo. De igual forma, el art. 102 permite establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, concretando que podrán ser "consideraciones de tipo medioambiental o de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo". Hay todo un amplio abanico de marco normativo de la UE que lo contempla: :: Comunicación interpretativa de la Comisión de las Comunidades Europeas de 15 de octubre de 2001 sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y la posibilidad de integrar aspectos sociales en dichos contratos. :: Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. :: Libro Verde de la Comisión sobre la modernización de la política de contratación pública de la Unión Europea. :: Dictamen INT/570-Mercado Europeo de los Contratos Públicos.

3 :: Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema La modernización de la política de contratación pública de la UE. :: Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. De obligado cumplimiento desde 18 de abril del :: Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. :: Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema La modernización de la política de contratación pública de la UE. :: Comunicación de la Comisión "Europa :: Comunicación "Acta del Mercado Único. :: «Adquisiciones Sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas», Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. La propia Junta de Andalucía promueve desde 2011 esta nueva política de contratación pública a través de la publicación de la guía técnica "Cláusulas sociales. Dossier para la contratación pública sostenible" editada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Así mismo son múltiples las Instituciones que vienen trabajando para la aplicación de Clausulas Sociales y Medioambientales. Algunos con criterios ya definidos como el Ayuntamiento de Madrid, Sevilla, Córdoba y Granada. Otras trabajando a partir de dichas experiencias como el propio Ayuntamiento de Málaga, o la Diputación Provincial de Cádiz. Es de desear que nuestra institución la Diputación Provincial de Málaga se sume a ellas, estableciendo un conjunto de clausulas sociales y medioambientales aplicables a los distintos tipos de contratos que se realizan, y que sean de obligada inclusión en todos los procesos de contratación, superando así las actuales y genéricas recomendaciones que recientemente se han hecho circular. Por todo ello desde Málaga Ahora proponemos a Pleno los siguientes:

4 ACUERDOS: 1.- Incorporar criterios sociales y ambientales en todas las fases del proceso de contratación ( determinación del objeto del contrato, redacción del pliego, adjudicación y ejecución), en los contratos de obras, de servicios, de gestión de servicios públicos y de suministros. De manera que los criterios de mejora del empleo y respeto de los derechos laborales, sostenibilidad ambiental, comercio justo, apoyo a las empresas pequeñas y a la producción local, y a los colectivos desfavorecidos, sean considerados en la baremación de las ofertas y en las condiciones de ejecución del contrato. Dicha incorporación y su correspondiente aplicación se harán en virtud de lo dispuesto en los art. 102, 134 y 150 de la LCSP y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 2.- Los criterios a incluir serán entre otros: inserción laboral de colectivos desfavorecidos, igualdad de oportunidades; mantenimiento y calidad del empleo; empresa de economía social (cooperativas) y solidaria (entidades sin ánimo de lucro); ahorro y eficiencia energética y uso de energías renovables; certificados y sellos verdes oficiales (agricultura ecológica, etiqueta ecológica de la UE, explotación forestal sostenible, etc); gestión sostenible de residuos; seguimiento de recomendaciones de la Agenda 21 Provincial; cumplimiento de la normativa laboral, de igualdad de género y ambiental; respeto a los convenios internacionales, en especial los de derechos humanos, del trabajo, igualdad de género, sostenibilidad, medio ambiente y cambio climático. 3.- Extender dicha incorporación de criterios sociales de adjudicación a las contrataciones públicas que se realicen desde los distintos Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles adscritos a la Diputación Provincial de Málaga.

5 4.- Para ello se abrirá una Mesa de Trabajo Técnica con representantes de Secretaría General, Asesoría Jurídica, Servicio de Contratación, y de distintos Servicios, tanto del Área de Servicio a la Ciudadanía como del Área de Desarrollo Económico y Productivo. 5.- Posteriormente se abrirá una Mesa de Trabajo con presencia de todos los grupos políticos con representación, y de los sectores de la sociedad civil organizada para a partir de sus conclusiones, dar forma a una propuesta de clausulas. Málaga a 3 de Junio del 2016 Fdo. María Rosa Galindo González Diputada y Portavoz de Málaga Ahora