AVANCE EXTRAORDINARIO Nº 17

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1 AVANCE EXTRAORDINARIO Nº 17 LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL INFORME PERICIAL DEL INPSASEL, ES UNA ESTIMACIÓN DINERARIA DE TIPO REFERENCIAL, NO VINCULANTE PARA EL JUEZ En fecha veintisiete (27) de octubre de, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, resolvió Recurso de Casación, mediante el cual se estableció que el Informe Pericial emanado del INPSASEL es un documento administrativo, en el que se establece la calificación del origen ocupacional del accidente o la enfermedad, careciendo éste de carácter vinculante en su contenido para la estimación del monto correspondiente a las indemnizaciones derivadas de accidentes o enfermedades ocupacionales, las cuales son competencia exclusiva de la jurisdicción laboral. A continuación resumimos la referida sentencia: ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD OCUPACIONAL. PRUEBA El INPSASEL solo posee competencia en cuanto a la calificación del carácter ocupacional del accidente o la enfermedad, por lo que la estimación monetaria que éste fija no constituye un parámetro determinante para las indemnizaciones derivadas de tales sucesos, toda vez que la facultad de establecer dicho cálculo corresponde al Juez Laboral y no al titular de dicha Dirección. TSJ - Sala de Casación Social (27-10-). Jurisprudencia en igual sentido: Juzgado Superior 1º del Trabajo de Carabobo de fecha (Usted puede ubicar la referida sentencia en nuestra página Web colocando en el buscador de la biblioteca on-line la palabra INPSASEL ). En el proceso de indemnización por enfermedad ocupacional instaurado por el ciudadano ( ), representado judicialmente por los abogados ( ), contra el ( ), representado judicialmente por los abogados ( ); el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, mediante sentencia de fecha 19 de diciembre de 2011, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandante y parcialmente con lugar la demanda, confirmando 1

2 la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial en fecha 11 de agosto de 2011, que declaró parcialmente con lugar la demanda. RECURSO DE CASACIÓN Manifiesta el formalizante que como trabajador del ente demandado estuvo sometido a condiciones disergonómicas durante sus 20 años de servicios, y que como consecuencia, padeció enfermedad profesional certificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Aunado a ello, explica que el informe emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el cual califica el origen de la enfermedad enfáticamente e indica que la misma se adquirió motivado a las CONDICIONES DISERGONÓMICAS a las que estuvo expuesto [el actor], tiene un carácter de documento público; sin embargo, la recurrida se contradice cuando entra a analizar la documental ( ) marcada con la letra H, relativa al informe pericial emanado del mismo Instituto, en el cual se ordenó a la demandada a pagar al actor una cantidad de dinero, en consideración de que éste había prestado sus servicios bajo condiciones disergonómicas que fueron las causas directas que le ocasionó (sic) la enfermedad ocupacional ( ) desestimándolo conforme a criterios jurisprudenciales, que lejos de servirle de sustento a su negativa de valoración, le dan más fuerza probatoria ( ). A decir del recurrente, la sentencia de alzada desechó una documental que, gozando de presunción legal, no fue valorada de forma positiva por el juzgador, favoreciendo con ello a la parte demandada, quien ciertamente goza de privilegios y prerrogativas legales propios de un ente público, entre los cuales figura la inaplicabilidad de la consecuencia jurídica del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pero dicha prerrogativa no puede extenderse a los ataques procesales que contra las pruebas aportadas establece la ley adjetiva ( ). 2

3 Para decidir, esta Sala observa: Ahora bien, en aras de brindar un abordaje más exacto de la delación formulada, se procederá a citar extractos de la recurrida concernientes a los puntos denunciados: ( ) el tribunal a quo, desestimó el informe pericial consignado por el actor, por cuanto el mismo se trata de una estimación dineraria de tipo referencial, no vinculante para el juzgador. De acuerdo a lo dispuesto en [los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo] el informe a través del cual el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales califica el origen de la enfermedad o del accidente de trabajo, tiene un carácter de documento público ( ). Aunado a ello, el artículo 18 eiusdem señala expresamente cuáles son las competencias que tiene el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales [dentro de las cuales dicho sea de paso no figura la estimación de la indemnización por infortunio laboral]. Asimismo, el artículo 129 ibídem establece ( ) de las acciones derivadas de lo regulado por este artículo [responsabilidad del empleador por accidente o enfermedad ocupacional] conocerán los tribunales de la jurisdicción especial del trabajo ( ). De acuerdo con esta norma, el órgano competente para conocer de las acciones relacionadas con la reclamación de las indemnizaciones en materia de seguridad social y salud laboral ( ) son los tribunales del trabajo. Aunado a ello, observa este tribunal que el informe pericial que solicita el actor que sea valorado por esta juzgadora, fue emitido por la Dra. ( ), en su carácter de ( ), órgano adscrito al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en este sentido, se trata de un documento administrativo ( ). ( ) conforme al criterio [jurisprudencial] antes transcrito los documentos administrativos en principio gozan de presunción de veracidad y legitimidad siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente ( ) si bien es cierto que el informe pericial es emitido por un funcionario adscrito a la administración pública, el mismo para esta juzgadora no es vinculante en su contenido, por cuanto de las normas antes citadas se desprende que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, es competente en materia de seguridad social y salud laboral sólo para calificar el origen de la enfermedad, el grado de peligrosidad de las empresas, investigar los accidentes y enfermedades ocupacionales, elaborar los 3

4 criterios de evaluación de discapacidad a consecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades ocupacionales y dictaminar el grado de discapacidad del trabajador ( ). El juez tiene la facultad de valorar las pruebas promovidas por las partes conforme a las reglas del correcto entendimiento humano y siempre que la prueba que se someta a su conocimiento no se encuentre tarifada legalmente en la materia que nos ocupa los jueces deben apreciar las pruebas según las reglas de la sana crítica ( ) en este sentido, esta juzgadora considera que la indemnización por enfermedad ocupacional calculada por la Directora de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Distrito Capital y Estado Vargas ( ) conforme a lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo es una estimación referencial sobre el monto mínimo que podría corresponderle al trabajador ( ) el cual fue calculado por dicho organismo en virtud de la solicitud del trabajador, con la finalidad de celebrar una posible transacción laboral entre las partes ( ). En consecuencia, a criterio de esta sentenciadora el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales es el órgano competente para calificar el origen de la enfermedad ocupacional padecida por el trabajador, así como para dictaminar el grado de peligrosidad de las empresas, el grado de incapacidad de un trabajador ( ) tal como lo disponen los artículos 76 y 18 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, ahora bien ( ) de las acciones que interponga el trabajador por incumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral, así como las indemnizaciones por daños materiales y por daño moral, corresponde el conocimiento a los Tribunales de la Jurisdicción del Trabajo, conforme lo dispone el artículo 129 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. En este sentido, conforme a lo previsto en la norma antes mencionada esta juzgadora es del criterio que el órgano competente para determinar la procedencia o improcedencia de las indemnizaciones derivadas del incumplimiento de las normas de seguridad social a los fines de determinar la responsabilidad subjetiva del patrono ( ) y estimar dichas indemnizaciones corresponde a esta Jurisdicción Laboral bajo los parámetros establecidos en la ley especial que rige la materia, por estas razones esta juzgadora desestima el informe pericial contentivo del cálculo de indemnización por enfermedad ocupacional agravada del ciudadano ( )(Subrayado añadido). Es menester esclarecer a priori que esta Sala de Casación Social encuentra ciertas inconsistencias en los términos de la denuncia. 4

5 En primer término, el impugnante alega que el juzgador de la recurrida no aplicó el artículo 77 de la ley procesal laboral, concerniente al valor probatorio del documento público constituido como queda explanado por el informe pericial emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Distrito Capital y Estado Vargas adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales; al tiempo que desdice su argumento al plantear simultáneamente que existe contradicción en la sentencia de alzada cuando le confiere el valor probatorio a dicho instrumento (es decir, reconoce que sí fue valorado por la juzgadora) mas no toma en cuenta su contenido específicamente, la estimación pecuniaria de la indemnización prevista en el artículo 130 de la ley especial de seguridad e higiene en el trabajo. No obstante, como lo discriminó el ad quem, tal determinación no es vinculante para el juez laboral, a quien corresponde en virtud del principio de la legalidad la competencia para determinar la procedencia de la responsabilidad subjetiva del patrono y, una vez establecida aquella, estimar la indemnización pecuniaria del caso de autos, facultad conferida por mandato expreso del parágrafo primero del artículo 129 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Por tanto, resulta injustificada la denuncia del actor que pretende atacar el hecho de que el administrador de justicia no haya ceñido su decisión a tal referencia, la cual, a saber, no le era vinculante, toda vez que es dicho funcionario el investido por el poder de la ley para determinar el quantum de la indemnización solicitada, en el supuesto de su procedencia. En resumidas cuentas, el juez ad quem no desaplicó el artículo denunciado, toda vez que valoró el documento en referencia, pero no extrajo la información aportada por el mismo, dado que no se considera vinculante. En consecuencia, si bien el medio probatorio delatado como desconocido se trata de un documento público, hecho que no se encuentra en tela de juicio, la estimación monetaria que éste fija no constituye un parámetro determinante, toda vez que la facultad de establecer dicho cálculo corresponde al juez laboral y no al titular de 5

6 dicha Dirección, y por ende, el juez de la causa se encuentra plenamente facultado en la construcción de su decisión, a la luz del principio de la legalidad, estandarte de cabecera de nuestro ordenamiento jurídico, para valorarlo y como en efecto lo hizo determinar el alcance de su utilidad en el proceso. -II- Con base en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se delata la falta de aplicación del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en los términos siguientes: Por otra parte, es consabido que, como se indicó para decidir la denuncia previa, a fin de pretender la procedencia de la responsabilidad subjetiva de su patrono, está sujeto el trabajador a acreditar el incumplimiento por parte de aquel de la normativa que lo protege en materia de seguridad y salud laboral, no pudiendo eludir dicha carga con una interpretación excesiva del acto de certificación administrativa del padecimiento ocupacional que desvirtúa su sentido que es claro y enfático: la enfermedad fue agravada por las condiciones de trabajo, concretamente por la bipedestación y ambulación prolongada, y no fue causada por el incumplimiento de la patronal de las normas jurídicas de higiene y salud en el trabajo. Así pues, dicho incumplimiento es presupuesto de procedencia de la pretendida indemnización y, al no haberse materializado su debida prueba, fue descartada su condena, naturalmente, y con ello no se hace patente que el juzgador de alzada haya incurrido en el vicio que se le imputa, cual es la falta de aplicación de la pretendida indemnización contemplada en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, toda vez que la misma resulta improcedente, ya que no se materializaron los presupuestos indispensables, conforme ha sido expresado. En síntesis, la pretendida indemnización no se le condenó al demandado, no por una falta de aplicación de la norma que la consagra; sino dada la inexistencia en autos de elementos que den crédito de la configuración de la reclamada responsabilidad subjetiva del patrono. 6

7 Por todo lo antes expuesto, se declara sin lugar la actual denuncia, y así también el recurso de casación formalizado. Así se establece. Magistrado Ponente: Dr. Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez 7