EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

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1 CERTIFICACION La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año dos mil diez, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual absolvió al señor A. J. A. O., mayor de edad, hondureño, y con domicilio en La Paz, Departamento de La Paz, del delito de USURPACION, en perjuicio de J. M. M..- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada L. V. M. M., actuando en su condición de Defensora Privada del señor A. J. A. O..- SON PARTES: La Abogada L. V. M. M., actuando en su condición de Defensora Privada del señor antes mencionado, como recurrente y el abogado R. M. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como recurrido. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Que el Señor A. J. A. O., adquirió de buena fe mediante Venta Forzosa, otorgada por José Luis Arévalo Sandoval en su condición de Juez de Letras Seccional de la Paz, Departamento de la Paz, mediante Escritura Pública numero uno de fecha dos de enero del año 2002, Inscrito en el Libro de Registros de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo en numero Tomo en fecha 22 de febrero del año 2002, bien inmueble cuyas medidas y colindancias AL NORTE: mide 30 (treinta) varas y colinda con Propiedad del Señor M. C. hoy J. E. C.; AL SUR: mide 30 (treinta) varas y colinda con propiedad del Señora C. M. V., hoy J. M. M. ; AL ESTE mide 6 (seis) con propiedad del Señor J. M. y calle de por medio; AL OESTE mide 6 (seis) varas y colinda 1

2 con Propiedad del Señor Domingo Padilla haciendo un total de extensión superficial según Escritura Publica, de varas cuadradas. SEGUNDO: Que según Plano Catastral emitido en fecha 6 de enero del año 2009, copia que obra en el expediente y que fue corroborado por el Tribunal y autenticados por la secretaria del despacho ser conformes a sus originales, el área es de varas cuadradas, existiendo una diferencia en varas cuadradas, que han sido medidas por Catastro y plasmadas documentalmente en otros Planos emitidos por el mismo Departamento de Catastro Municipal y que no son conforme al área referida en la Escritura de Propiedad obtenida a través de Venta Forzosa. III.- La recurrente, Abogada L. V. M. M., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: RELACIÓN DE LOS HECHOS CON EL MOTIVO EN QUE SE SUSTENTA LA CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTA. PRIMERO: Que el artículo 227 del Código Penal, regula el delito de Usurpación de la siguiente forma: Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real ; basándonos en este precepto jurídico comenzaremos expresando que la Usurpación como tipo penal, pretende asegurar la protección del Bien Tutelado como Propiedad; tipo penal que esta en íntima concordancia con lo establecido en el Artículo 103 de la constitución de la Republica; para la Usurpación de un bien se requiere gozar del Dominio o propiedad indubitada de un bien inmueble; entendido este Dominio o Propiedad de la forma en que lo establece el artículo 613 del Código Civil, cito literalmente Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario ; entre estas limitaciones establecidas por la Ley esta el hecho de las colindancias y las áreas o limitaciones de dicha propiedad en el sentido físico del inmueble. Así mismo es sabido que en materia de Propiedad existen requisitos de carácter registral que no pueden ni deben ser obviados; y que permiten acreditar los antecedentes tanto en propietarios como en áreas superficiales sobre bienes inmuebles; esto a fin de que puedan surtir efectos hacia terceros; tal como lo establece el párrafo segundo del artículo 713 del Código Civil. La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuará por medio de un instrumento público en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla. Este instrumento 2

3 podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. Situación ratificada en los artículos 2310 y 2311 del citado Código Civil. SEGUNDO: Que el Articulo 360 del Código Procesal Penal literalmente establece: Habrá lugar al recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo ; en consecuencia analicemos la Sentencia Recurrida con el precepto del recurso de Casación por Infracción de Ley. En este sentido habrá lugar al recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido u otra norma jurídica de carácter sustantivo: detengamos en esta parte del tipo por infracción de Ley; ya que en la Sentencia Recurrida, Honorable Tribunal de Sentencias; si bien es cierto estimasteis que no procede condenar al Ministerio Publico en costas procesales; ni en costas personales, ni gastos ocasionados por el juicio a mi Representado; ya que considerasteis que el Ministerio Público tenía las razones suficientes para suponer la existencia del ilícito con el medio de prueba documental que presentó que es una Constancia de Dominio Pleno otorgado por la Alcaldía Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; tal como corre a folio Quince (15) de la primera pieza del expediente que nos ocupa; y la cual no esta debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad; sin embargo analizando los hechos y las pruebas presentadas por el Actor; apreciamos que efectivamente existe la comisión de un ilícito lo que no compartimos es el hecho de que esa Acción Penal se haya orientado en contra de mi Representado; ya que al igual que la documentación sin valor legal alguna (de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 713 del Código Civil) documentación acreditada por el Ministerio Público para iniciar el Proceso Penal en contra de mi Representado; esta el hecho de que mi Representado señor A. J. A. O., también acreditó Documento Público verificable como fehaciente e indubitado respecto a la Propiedad de la cual ejerce dominio y al Área superficial de dicha propiedad (de acuerdo a lo establecido en el artículo 324 #3 del Código de 3

4 Procedimientos Civiles); es por este hecho de que la Acción Penal y la Investigación de la misma, debió orientarse a verificar los antecedentes de dominio de ambas propiedades para poder determinar si en los desmembramientos hechos de la misma, existió alguna medida alterada; y aun mas verificar con los antecedentes si la procedencia de la Certificación de Dominio Pleno presentada por la parte que instó la Acción Penal; esta otorgada conforme a derecho; ya que tal como se demostró con las pruebas de la Defensa con los antecedentes de Dominio presentados; se deduce y comprueba que no existe el inmueble del que el señor J. M. M., alega tener los derechos de dominio correspondientes; ya que tal como se probó con la investigación realizada por la Defensa la señora C. M. V. ; antecedente de la adquisición de mi Representado, es la que posee un derecho real sobre el remanente de la propiedad ahora de la señora A. M. por venta que le hiciera la señora C. M. V.; entonces cómo fue posible la existencia de un Dominio Pleno a favor del supuesto perjudicado en la causa señor J. M. M. ; Dominio Pleno otorgado en la misma fecha que el concedido como remanente a la antecesora del Bien Inmueble en la totalidad, otorgados ambos por la Alcaldía Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; y de los cuales sólo uno de esos Dominios esta garantizado por la normativa jurídica concerniente para asegurar el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad privada municipal y nacional (Artículo 3 # 3 de la Ley de Propiedad); así tenemos que aunque el señor J. M. M. ; al momento de propiciar la denuncia ante el Ministerio Público, presentó una Certificación de Dominio Pleno (año Dos Mil Tres) en la que consta que se le había otorgado por parte de la Alcaldía Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; Dominio Pleno sobre un bien inmueble, con características de ubicación similar a las del bien otorgado en Dominio Pleno en la misma fecha por la misma Alcaldía Municipal; a Doña C. M. V. (quien aún vive y no ha muerto); hecho que fue acreditado por la Defensa en el momento procesal oportuno como resultado de una investigación sobre los antecedentes de dominio; recalcando de este análisis de que pudo y debió el Ministerio Público investigar en su momento mediante tracto sucesivo la procedencia y la veracidad del Título de Propiedad acreditado por quien hizo la denuncia respectiva o en su defecto debió hacerlo al acreditar la parte Denunciada, es decir mi Representado señor A. J. A. O. (quien adquirió por venta 4

5 forzosa en el año Dos Mil Uno con un antecedente de Mil Novecientos Noventa y Nueve); documento de Escritura Pública de Dominio sobre un bien inmueble debidamente inscrito y con dos años de antelación al Dominio Pleno otorgado a favor del señor J. M. M., ya para ello existe lo que se conoce como Investigación para comprobación de hechos. Recordemos la premisa de derecho Primero en tiempo, primero en Derecho ; y que nadie puede vender mas derechos que los que le faculta la Ley; es claro que quien le vendió a mi Representado vendió el área que la Ley le facultó; no obstante quien le otorgó el dominio pleno a la parte Acusadora señor J. M. M. ; obviamente infringió el Derecho de Propiedad de alguien y en este caso es el de Doña C. M. V.. TERCERO: Resulta que del análisis expuesto sobre las pruebas propuestas y evacuadas durante el Proceso Penal, se desprende que el Documento de Certificación de Dominio Pleno otorgado y extendido por la Alcaldía Municipal de La Paz, Departamento de La Paz; y presentado por el Ministerio Público para sustentar la Acción Penal incoada; no era motivo suficiente para iniciar y someter a mi Representado a una serie de Medidas Cautelares que le restringieron y disminuyeron en sus derechos reales; en el sentido de que por mas de Cinco (5) años se ha visto privado inclusive de gozar a plenitud sus derechos reales sobre un bien inmueble de su Propiedad adquirido de buena fe y con justo título; partiendo de ello y de las pruebas acreditadas tanto por la Defensa como por el Ministerio Público; es que deducimos que en ningún momento existieron verdaderos indicios que consolidaran la Acción Penal a la que mi Representado fue sometida para poner en tela de juicio su moral y su derecho real de propiedad; y que le restringieran en su Derecho real de Propiedad y que lo llevaran a hacer gasto personales de Abogados para poder desvanecer las acusaciones señaladas a su persona. CUARTO: Que habiendo desarrollado el Proceso Penal por los hechos que la parte actora alegó; y que habiendo sido probado y comprobado la No participación, ni el dolo que exige el Tipo Penal sea cual sea; en el caso que nos ocupa de Delito de Usurpación por parte de mi Representado; es necesario que la Sentencia refleje el verdadero sentido de Justicia en la aplicación de la Ley dentro de un Estado de Derecho; ya no sólo por el hecho de que el Estado de Inocencia de mi Representado en ningún momento fue enervado por las pretensiones de la parte actora; sino que mi Representado en 5

6 ningún momento debió ser sometido a este proceso, pues desde un inicio existe una clara comprobación de que no habían motivos reales, ni indicios que avalaran la Instrucción Penal seguida en contra del Señor A. O. ; es por ello que consideramos que la Sentencia hoy Recurrida parcialmente debe ser un muestra en su totalidad de Justicia condenando en Costas Personales a la Parte actora. NORMAS SUSTANTIVAS QUE DEBIERON OBSERVARSE PARA PODER SEGUIR CON LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL Que de la relación de motivos expuesta, es claro que la otra norma jurídica de carácter sustantivo (como lo expresa el Artículo 360 del Código Procesal Penal), que debió ser observada para la aplicación de la ley penal; es la siguiente: PRIMERO: El artículo 103 de la Constitución de la República; Derecho de Propiedad; entendiendo no solo al acto o potestad de dominio sino sobre que se tiene dominio en este caso al área superficial sobre la que se ejerce dominio. SEGUNDO: Artículo 613 del Código Civil Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin mas limitaciones que las establecidas por la Ley o por la voluntad del propietario TERCERO: Párrafo segundo del artículo 713 del Código Civil Artículo La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, se efectuará por medio de un instrumento público en que el tridente exprese verificarla y el adquirente recibirla. Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. CUARTO: Artículo 2310 del Código Civil y cito Los títulos sujetos a registro no perjudican a terceros, sino desde la fecha de su inscripción. Se considera como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. El heredero se considera como una sola persona con su causante. QUINTO: Artículo 2311 del Código Civil y cito La inscripción es el asiento que se hace en los libros del Registro, de los títulos sujetos a este requisito, con el objeto de que consten públicamente los actos y contratos consignados en dichos títulos, para los efectos que este Título determina. Es de dos clases: inscripción definitiva, que es la que produce efectos permanentes, e inscripción provisional, llamada también anotación preventiva. SEXTO: Artículo Nº 2316 del Código Civil De toda inscripción que se haga en los otros registros, relativa a un inmueble, se extenderá nota marginal 6

7 en la inscripción del Registro de la Propiedad. SÉPTIMO: Artículo 2321 del Código Civil Artículo Ninguna inscripción se hará en el Registro sin que conste por instrumento fehaciente inscrito, o por el mismo Registro, que la persona que constituye o transfiere un derecho tiene facultad para ello; exceptuándose las ventas judiciales forzadas y las adjudicaciones en juicio ejecutivo. Los títulos de actos o contratos anteriores al 1o. de enero de 1881, se inscribirán sin necesidad de antecedentes. OCTAVO: Artículo 108 de la Ley de Municipalidades Son imprescriptibles los derechos sobre los bienes inmuebles municipales. La certificación del acuerdo municipal será equivalente al Título de propiedad y el mismo deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad sin necesidad de Escritura Pública;, sin embargo deberán cumplir con los demás requisitos regístrales. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL MOTIVO UNICO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I.- La recurrente plantea su Recurso de Casación por Infracción de Ley, y de manera totalmente confusa arguye que se debió condenar a costas al Ministerio Público en la sentencia en la que el A-quo, absuelve a su defendido por un delito de usurpación, discurriendo la recurrente en un planteamiento difuso en el cual relaciona aspectos propios de la naturaleza del caso procesal referido al delito de usurpación, exponiendo que discrepa de la no imposición de costas, ya que debió observarse previa la instrucción penal la Normativa Jurídica vigente en relación al derecho civil, al registro de Documentos Públicos; pues solo así se determina si hay razón o no de proceder por la vía penal, de igual forma expone argumentaciones referidas al derecho de propiedad y de la documentación referida a los terrenos en litigio aduciendo que el Ministerio Público debió investigar en su momento mediante tracto sucesivo la procedencia y veracidad del título de propiedad acreditado por quien hizo la denuncia respectiva.- II.- Claramente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, de acuerdo a la normativa procesal penal procede; cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma de carácter sustantivo, que deba ser observado para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. La Sala de lo Penal, ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la 7

8 descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del Recurso por Infracción de Ley, lo es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa. Debiéndose respetar los hechos probados, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. La impetrante en Casación por Infracción de Ley, debe precisamente manifestar el vicio iudicando que se considera cometido por el Tribunal sentenciador al momento de adecuar los hechos con el derecho en la infracción de normas sustantivas penales o doctrina legal, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.- III.- En el caso examiné, la recurrente no plantea sus alegatos con la debida técnica, propia del recurso invocado y, si bien se deduce, que es considerar que existe infracción de ley por no haberse condenado en costas en la sentencia absolutoria dictada a favor de su defendido; sin embargo, omite indicar concretamente en cual de las tres categorías o causes recursivos antes enunciados, se enmarca la infracción al precepto penal referido a las costas que sería el que se debería estar señalando como infringido en relación al cuadro descrito en los hechos probados que se considerara concurre la infracción, habiendo el recurrente citado varias disposiciones del Código Civil, para razonar sobre la titularidad de la propiedad, lo cual no es el objeto del Recurso presentado, sin argumentar en relación directa con el artículo 56 del Código Penal, porqué debió condenarse en costas, el artículo 360 del Código Penal, es claro al establecer que se debe haber infringido un precepto penal u otra norma de carácter sustantivo, que deba ser observado para la aplicación de la ley penal, no exponiéndose en el planteamiento de manera concreta la vinculación de las normas de carácter sustantivo en relación al precepto penal que se aduciría infringido, que serian propiamente las que imponen obligaciones de actuar con objetividad al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal que el Estado le ha 8

9 delegado.- IV.- No obstante, lo antes expuesto la Sala estima oportuno reiterar lo que se ha venido sosteniendo en los precedentes jurisprudenciales sobre la posibilidad de condenar en costas al Ministerio Público; en los cuales se ha considerado que, aunque el Ministerio Público, es una entidad estatal o de derecho público, y que por regla general, actúa a favor de los intereses generales de la sociedad, no está en manera exento de que en casos muy concretos, pueda ser condenado en costas, en la parte dispositiva de la sentencia en que se absuelve a un acusado. Esta posibilidad procesal de la condena en costas personales y procesales al Ministerio Público a favor de los acusados, solo tendría lugar, cuando se haya puesto de manifiesto, una limitación o grave restricción de derechos fundamentales de un acusado, a instancia de un Fiscal del Ministerio Público, como resultado de una acusación infundada, continuada al margen de la legalidad, o ajena a los principios reguladores de la función del Ministerio Público de: objetividad, dependencia jerárquica y unidad de actuaciones. Tal caso podría hipotéticamente suceder al presentarse una acción penal pública, con prueba espuria, falsa, ilícita, presentada ante el órgano judicial, con el solo fin de perjudicar a un acusado. Se debe de entender que el Ministerio Público, es parte procesal de buena fe, que actúa en términos de igualdad de partes, responsable de la dirección técnica de la investigación, del ejercicio de la acción penal pública y de la presentación de la prueba incriminatoria o de cargo, y de la que resulte a favor del acusado, para el descubrimiento de la verdad, en tanto no es un acusador a ultranza. (Véase sentencia penal , del veintinueve de abril de dos mil nueve).- En el presente caso dadas las falencias en el recurso invocado. Es procedente declarar sin lugar el Recurso de Infracción de Ley interpuesto por la recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360,363 del Código Procesal Penal; 56 del Código Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, invocado por la abogada L. V. M. M., en su condición de 9

10 apoderada defensora del señor A. J. A. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las diligencias al Tribunal de origen, para los fines legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- RAUL HENRIQUEZ INTERIANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil diez.- Certificación de la sentencia de fecha diez de junio de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.189=2009. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ SECRETARIA GENERAL 10

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