LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA SINIESTRALIDAD LABORAL: COMPETENCIA JURISDICCIONAL! Madrid, 15 de noviembre de 2005 EL SECRETARIO GENERAL

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1 cm/mt Rgtº. Sª. nº.: DE C ONSEJO G ENERAL LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA SINIESTRALIDAD LABORAL: COMPETENCIA JURISDICCIONAL! Por la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo se ha dictado el 22 de junio del presente año una importante sentencia en recurso de casación para unificación de doctrina, por la que se resuelve a favor de la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios por accidente de trabajo, no solo contra la empresa a cuya plantilla pertenecía el trabajador sino también contra el promotor y la dirección técnica de las obras, y ello con independencia de la inexistencia de relación contractual laboral entre estos agentes y el trabajador asalariado, materia sobre la que existía discrepancia ya que en algunas sentencias se venía postulando por la competencia de la jurisdicción civil para entender de estas reclamaciones. Todo ello se explícita en el Fundamente de Derecho Noveno de la sentencia del Tribunal Supremo, que literalmente establece: Todo lo dicho lleva en el caso de autos a declarar que el órgano jurisdiccional social es el competente para el conocimiento íntegro de la demanda inclusive, en contra de lo que se resuelve en la sentencia recurrida, en el extremo de la misma en cuanto va dirigida contra el Promotor y Directores Técnicos de la obra en la que el actor sufrió un accidente de trabajo imputándose la falta de adopción de las necesarias medidas de seguridad en prevención de riesgos laborales, causa de los daños sufridos por el trabajador; en estos supuestos estamos ante una demanda de responsabilidad contra varios demandados en donde puede entrar en juego tanto la responsabilidad derivada de las previsiones contenidas en el artº del Código Civil como de las establecidas en el artº del mismo cuerpo legal; en suma se trata de casos de compleja autoría con independencia de quien sean los agentes, para cuyo conocimiento, pese a tratarse en el caso de los Promotores y Directores Técnicos de supuestos de culpa extracontractual, es competente, como ya hemos dicho el Órgano Jurisdiccional Social, siempre y cuando lo que se reproche a éstos últimos sea un ilícito laboral por la causa ya dicha. Madrid, 15 de noviembre de 2005 EL SECRETARIO GENERAL Anexo: Sentencia que se cita. Nota: Rogamos faciliten copia de este documento a los Servicios Jurídicos del Colegio. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos Paseo de la Castellana, 155, 1º MADRID Tel. (91) Fax (91)

2 Diario LA LEY Nº TRIBUNAL SUPREMO Página 1 COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN CONTRA EL PROMOTOR Y EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 1841 TS Sala Cuarta, de lo Social S 22 Jun Ponente: Fuentes López, Víctor Eladio. JURISDICCIÓN LABORAL.- Indemnización derivada de accidente de trabajo Supuesta omisión de medidas de seguridad.- Reclamación contra el promotor y el director técnico de la obra en la que el trabajador sufrió el percance. En relación con el problema planteado la determinación de qué orden jurisdiccional, el civil o el social, es el competente para el conocimiento de la pretensión de reclamación de daños y perjuicios contra el promotor y los directores técnicos de la obra en la que el trabajador sufrió un accidente de trabajo- debe tenerse en cuenta lo complejo de este tipo de accidente, que acoge e incluye toda la materia amplísima de la prevención de riesgos laborales como su muy extensa normativa tanto nacional como comunitaria e internacional, materia que encaja, sin discusión, en la rama social del Derecho y es manifiestamente ajena al Derecho civil, lo que conduce a que si cualquier persona causa por acción u omisión culpa o negligencia, que a su vez produce lesiones o daños a uno o varios trabajadores, la responsabilidad se inserta en el campo propio del Derecho Laboral, aunque no exista vinculación contractual alguna entre el responsable y el trabajador, de forma que esta especial responsabilidad extracontractual queda englobada e inmersa en la extensa y compleja materia de la prevención de riesgos laborales en el trabajo y de la seguridad en el mismo. Competencia del orden social. El orden jurisdiccional social es el competente para el conocimiento íntegro de la demanda reclamando daños y perjuicios, inclusive el extremo de la misma dirigido contra el promotor y los directores técnicos de la obra en la que el actor sufrió un accidente de trabajo, imputándose la falta de adopción de las necesarias medidas de seguridad en prevención de riesgos laborales, causa de los daños sufridos por el trabajador. Se está ante una demanda de responsabilidad contra varios demandados en donde puede entrar en juego tanto la responsabilidad derivada de las previsiones contenidas en el artº como en el artº. 1902, ambos CC. Se trata, en suma, de casos de compleja autoría, con independencia de quiénes sean los agentes, para cuyo conocimiento, pese a tratarse en el caso de los promotores y directores técnicos en un supuesto de culpa extracontractual, es competente el orden jurisdiccional social, siempre y cuando lo que se reproche a éstos sea un ilícito laboral por la causa ya dicha. Normas aplicadas: artº. 9 LOE (LA LEY-LEG. 4217/1999), art. 9.5 LOPJ; arts y 1902 CC; arts.1 y 2 TR LPL (LA LEYleg 1444/1995). En la Villa de Madrid, a veintidós de junio de dos mil cinco. SENTENCIA Vistos los presentes autos pendientes, ante la Sala, en virtud del recurso de casación para la Unificación de Doctrina, interpuesto por el Letrado D Julio Ángel Martínez Gámez, en nombre y representación de D. Joaquín, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de fecha 15 de diciembre de 2003, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 4 de Jaén, de fecha 31 de marzo de 2003, en actuaciones seguidas por el ahora recurrente, contra Promivet, S.L., Recijaén, S.L., Don Eugenio, El Corte Inglés, S.A., y la Comunidad de Bienes formada por D. Juan Francisco, Dª. Gloria, Dª. Lina, D. Sebastián, D. Félix, D. Juan Alberto y Dª. Rosario, sobre accidentes de trabajo. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Víctor Fuentes López. (...) Fundamentos de Derecho Primero. La cuestión debatida en el presente recurso de casación para la Unificación de Doctrina interpuesto por el trabajador accidentado contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada en 15 de diciembre de 2003, es la determinación de qué orden jurisdiccional, el civil o social, es el competente para el conocimiento de la pretensión de reclamación de daños y perjuicios contra el Promotor y Directores Técnicos de la obra, en la que el trabajador sufrió un accidente de trabajo; no se discute aquí, la competencia para conocer del extremo de la demanda reclamando daños y perjuicios, contra la empresa que contrató al trabajador, propietario del terreno donde se ejecutaba la obra, empresa que ejecutaba la misma y el Corte Inglés, S.A. 14/11/2005

3 Página 2 Segundo. En la sentencia recurrida, con independencia de la descripción de la forma en que se produjo el accidente laboral en el que sufrió el actor lesiones, que determinaron el reconocimiento por el INSS el 22 de diciembre de 2001, de una prestación por I.P. Total, para su trabajo habitual de Oficial de primera soldador, cuando trabajaba por cuente ajena de la empresa Promivet, S.L. reparando la estructura metálica de un edificio propiedad de una Comunidad de bienes, también demandada, que se construía en una finca sita en Jaén, cuya obra ejecutaba la demandada Recijaén, S.L. y como subcontratista Promivet, S.L. bajo la dirección técnica de Don Romeo y Don Germán, edificio que iba a ser arrendado más tarde al Corte Inglés, S.A., en lo que aquí interesa, que es únicamente la determinación del orden judicial competente para el conocimiento de la pretensión enunciada en el primer fundamento jurídico de esta resolución, se resolvió, estimando en parte el recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado, que el orden jurisdiccional social era el competente respecto al empresario principal Promivet, S.L. devolviendo las actuaciones al Juzgado para que se pronunciase sobre el fondo, no siéndolo en cuanto a la pretensión deducida contra el Promotor y la Dirección de la obra, sin perjuicio de que la parte pueda hacer valer su pretensión, si le conviene, ante la jurisdicción civil. Tercero. En el presente recurso planteado por el actor se considera, que el orden social también es competente para conocer de la pretensión de reclamación de daños y perjuicios deducida contra el Promotor y Directores Técnicos de la obra. Se impone por tanto analizar si existe la contradicción exigida en el artículo 217 de la LPL contra la sentencia invocada de contraste, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Galicia, en 19 de mayo de 1998, sin la cual no se puede establecer entrar en el conocimiento del fondo litigioso. Cuarto. En dicha sentencia de contraste, el allí actor prestó servicios para la empresa constructora demandada como peón albañil; esta empresa fue contratada por el propietario de una finca, también demandado, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la misma; igualmente dicho propietario contrató para dirigir la ejecución material de la obra al Arquitecto y Aparejador, también demandados, el día 16 de diciembre de 1994, cuando el actor prestaba servicios para la empresa constructora en dicha obra sufrió un accidente, por el que fue declarado en I.P. Total, en el proceso penal abierto en el que recayó sentencia absolutoria se reservaron las acciones civiles, la dirección técnica de la obra tenía seguro con la Compañía Musaat, por el trabajador se presentó demanda en reclamación de daños y perjuicios contra todos los citados, el Juzgado de lo Social nº. 2 de Orense dictó sentencia estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia absolviendo a los demandados. Presentado recurso de suplicación, fue estimado por la sentencia de contraste dictada en 19 de mayo de 1998, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Coruña (sic), que declaró la competencia del orden social, contra todos los demandados, con apoyo en el artículo 2 a) del TRLP Laboral y la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo que citaba, con fundamento en el artículo 1902 del C. Civil, razonando, que el daño producido por un accidente de trabajo puede dar lugar a diversos mecanismos de reparación generando obligaciones para sujetos también distintos, añadiendo que el término civil que utiliza el art LGSS, hoy artículo del TRLSS hay que entenderlo en sentido amplio frente a lo penal, comprendiendo, tanto la responsabilidad estrictamente civil como la que surge de un incumplimiento laboral, por lo que cuando se está ante un daño, cuya producción se imputa a un ilícito laboral, entendido como infracción de una norma estatal o colectiva, o de las comprendidas en el art. 3 del ET, la responsabilidad ya no es civil sino laboral, por lo que se llegaba a la conclusión en el caso allí debatido, de que el orden jurisdiccional social era el competente para el conocimiento de la demanda, contra todos los demandados, por concurrir los presupuestos antes relacionados. Quinto. Existe contradicción entre una y otra sentencia en cuanto al órgano Jurisdiccional competente para conocer de la pretensión de autos, tanto respecto al Promotor como de los Directores Técnicos, pues ante supuestos similares los fallos han sido distintos. No es relevante el que en la contradictoria no haya referencia alguna al Promotor de la obra, y si únicamente al propietario de la finca donde se construía la vivienda, empresa contratista que ejecutaba la obra arquitecto y aparejador, mientras que en la recurrida se aluda a dos de los demandados en su calidad de arrendadores promotores, lo trascendente es que en ambos casos el petitum y la cuasa petendi son idénticas por cuanto en ambos supuestos se pide una indemnización de daños y perjuicios, por la misma causa, un accidente laboral sufrido por un trabajador por omisión de medidas de seguridad; por último, no puede olvidarse que en el artículo 9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación se considera Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros, bajo cualquier título, condición que por lo tanto tienen no solo los propietarios del terreno donde se edifica, sino quien también realiza alguna de dichas actividades. No afecta a la existencia de contradicción, la alegación en su escrito de impugnación por parte de la representación de la dirección técnica de la obra, de que siendo los hechos y pretensiones de una y otra sentencia substancialmente iguales no lo eran los fundamentos de una y otra, ya que las pretendidas diferencias, en cuanto a los argumentos de cada una de las sentencias no son sino meros razonamientos para llegar a sus conclusiones, no afectando a la causa petendi que en uno y en otro caso son las mismas. Sexto. En cuanto al fondo en el recurso de denuncia infracción de los artículos 9.5 LOPJ y 1.1 y 2 a) LPL en relación con la jurisprudencia de esta Sala que cita (Sta. 10 Dic Sala General (LA LEY JURIS. 1204/1999). En síntesis en el recurso, en relación a las infracciones denunciadas se sostiene la competencia del orden jurisdiccional social, para el conocimiento íntegro de la demanda y partiendo de la doctrina de esta Sala en los supuestos de reclamación de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, personas responsables y órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de conocimiento de demandas, en casos similares, razonando que dicha doctrina es de aplicación, a cuantas personas han intervenido en la obra donde se produjo el daño, de ahí que en la demanda se dirigiera contra una pluralidad de personas.

4 Página 3 Séptimo. Tres son las clases de responsabilidad generada por un accidente laboral, la contractual del art del Código Civil, la extracontractual del art del mismo cuerpo legal y la derivada de un ilícito penal; prescindiendo de ésta última, el deslinde de competencia entre los órganos judiciales civil y laboral a la hora de asumir el conocimiento de los otros tipos o clases de responsabilidad patrimonial derivada de accidente de trabajo presenta dificultades, y es materia de controversia tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia de la Sala Primera y Cuarta del Tribunal Supremo, pues cada una de ellas viene proclamando su competencia para conocer de los procesos en los que se reclame la pertinente indemnización de daños derivados de esa responsabilidad patrimonial; a estos efectos conviene señalar, que la Sala de lo Social, ha proclamado su competencia para el conocimiento de las acciones de responsabilidad patrimonial, en varias sentencias; así en la sentencia de 24 de mayo de 1994 (Rec. 2249/93) (LA LEY JURIS /1994), entendió como la infracción de una norma estatal o colectiva o de una regla de la autonomía privada o de la costumbre (art. 3 del ET), cuya producción origina un daño constitutivo de un ilícito laboral la responsabilidad, ya no es civil sino laboral estando comprendida en el apartado a (del art. 2 de la LPL), que atribuye al orden social las cuestiones litigiosas que se promueven entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, siendo irrelevante que la responsabilidad controvertida pueda calificarse como extracontractual, cuando el acto causante se presenta con entera abstracción de la obligación preexistente, o como contractual, lo decisivo es que el daño se impute a un incumplimiento laboral y no civil. En igual sentido se pronuncia la sentencia de 2 de febrero de 1998 y las que allí se citan. Por último, en la sentencia de 1 de diciembre de 2003 (Rec.- 239/2003) (LA LEY JURIS. 961/2004) se contienen las siguientes afirmaciones: 1) El empleador, asume la obligación den el contrato de trabajo de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo (art LPRL), deber de seguridad en el trabajo que es calificado de básico en los arts. 4.2 d) y 19.1 ET. Esta obligación, impuesta ex lege, debe implicar que la no observancia de las normas garantizadoras de la seguridad en el trabajo, por el empleador, constituye un incumplimiento del contrato de trabajo, contrato que constituye el parámetro esencial para determinar y delimitar la competencia del orden jurisdiccional aboral, conforme prescriben los artículos 9.2 de la Ley Órgánica del Poder Judicial (LOPE) y 2 LPL. Así pues, si el incumplimiento de la norma de seguridad se produce en la esfera de influencia del contrato de trabajo, en cuyo campo el empleador es deudor de tal seguridad, no parece aventurado concluir que el conocimiento de las consecuencias, que derivan de aquel incumplimiento, debe corresponder al orden social, reservándose al orden jurisdiccional civil aquellos otros supuestos que se produzcan fuera del campo delimitado por el contrato de trabajo. Octavo. De acuerdo con dicha doctrina, y en relación al problema planteado de determinar cual es el órgano jurisdiccional competente para conocer de las acciones de la responsabilidad civil o patrimonial derivada de un accidente de trabajo, tendente a obtener la indemnización de daños y perjuicios causada por culpa de una negligencia, debe tenerse en cuenta lo complejo de este tipo de accidente, que acoge e incluye toda la materia amplísima de la prevención de riesgos laborales como su muy extensa normativa tanto nacional como comunitaria e internacional, materia que encaja, sin discusión, en la rama social del derecho, siendo manifiestamente ajena al derecho civil lo que conduce, a que si cualquier persona causa por acción y omisión interviniendo culpa o negligencia, que a su vez produce lesiones o daños a uno o varios trabajadores, la responsabilidad se inserta en el campo propio del derecho laboral, aunque no exista vinculación contractual alguna entre el responsable y el trabajador, de forma que esta especial responsabilidad extracontractual queda englobada e inmersa en la extensa y compleja materia de la prevención de riesgos laborales en el trabajo y de la seguridad en el mismo. Noveno. Todo lo dicho lleva en el caso de autos a declarar que el órgano jurisdiccional social es el competente para el conocimiento íntegro de la demanda inclusive, en contra de lo que se resuelve en la sentencia recurrida, en el extremo de la misma en cuanto va dirigida contra el Promotor y Directores Técnicos de la obra en la que el actor sufrió un accidente de trabajo imputándose la falta de adopción de las necesarias medidas de seguridad en prevención de riesgos laborales, causa de los daños sufridos por el trabajador, en estos supuestos estamos ante una demanda de responsabilidad contra varios demandados en donde puede entrar en juego tanto la responsabilidad derivada de las previsiones contenidas en el artº del Código Civil como de las establecidas en el art del mismo cuerpo legal; en suma se trata de casos de compleja autoría con independencia de quien sean los agentes, para cuyo conocimiento, es competente, como ya hemos dicho el Órgano Jurisdiccional Social, siempre y cuando lo que se reproche a éstos sea un ilícito laboral por la causa ya dicha. Décimo. En conclusión el recurso del actor contra la sentencia dictada en 15 de diciembre de 2003 por la Sala de lo Social de Granada, debe estimarse, lo que conlleva a la casación y anulación de la misma, y a que al resolver el debate de suplicación se estime el recurso de igual clase del ahora recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social declarando que el conocimiento de la demanda en su totalidad, corresponde al orden jurisdiccional social, devolviendo las actuaciones a la Sala de suplicación para que a su vez las remita al Juzgado para que resuelva sobre el fondo del asunto. Sin costas. Por lo expuesto, en nombre de S.M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. Fallo Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Joaquín contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de fecha 15 de diciembre de 2003; la casamos y anulamos y resolviendo el debate de suplicación, estimamos el recurso de igual clase del ahora recurrente contra la sentencia

5 Página 4 dictada por el Juzgado de lo Social nº. 4 de Jaén de fecha 31 de marzo de 2003, en actuaciones seguidas por el ahora recurrente contra Promivet, S.L., Recijaén, S.L., Don Eugenio El Corte Inglés, S.A., y la Comunidad de Bienes formada por D. Juan Francisco, Dª. Gloria, Dª. Lina, D. Sebastián, D. Félix, D. Juan Alberto y Dª. Rosario, sobre accidente de trabajo, que revocamos declarando la competencia del orden jurisdiccional social para conocimiento íntegro de la demanda, devolviendo las actuaciones a la Sala de procedencia para que a su vez las remita al Juzgado de lo Social nº. 4 de Jaén para que resuelva el fondo del asunto. Sin costas. Devuélvase las actuaciones al Órgano Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Publicación En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Víctor Fuentes López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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