El ABOGADO COMO AGENTE DE PACIFICACIÓN SOCIAL.

Transcripción

1 El ABOGADO COMO AGENTE DE PACIFICACIÓN SOCIAL. Cándido Conde Pumpido. Magistrado del Tribunal Supremo Que nuestros puntos de vista como Magistrados, nuestro análisis colectivo de la realidad, nuestro compromiso institucional marcado por el artículo 117 de la Constitución, puedan ser expuestos a quienes se preparan para el ejercicio de la profesión de abogado, permite a la Institución a la que pertenezco insistir, desde una tribuna privilegiada, en una idea clave para la comprensión de lo que debe ser la Administración de Justicia, la Justicia en fin, en un Estado de Derecho. He dicho en repetidas ocasiones que todo jurista, cualquiera que sea su lugar físico o institucional en la Sala de Vistas de los Tribunales, o fuera de ellos, converge en un mismo objetivo, que es el de la paz social. La paz social entendida como finalidad inherente al concepto mismo de Derecho. Porque el Derecho como todo jurista aprende, en los primeros pasos de su carrera, no es más que la herramienta ideada por el ser humano para excluir la violencia en la resolución de los conflictos. Toda la historia de la Humanidad es una larga marcha para sustituir la fuerza por el derecho, como modo pacífico de resolución de los conflictos. Y en esta larga marcha el más importante descubrimiento de la civilización es el Juez, como tercero imparcial que hace posible que mediante la aplicación de unas reglas de juego democráticamente aprobadas, que constituyen el Derecho, los conflictos puedan resolverse de forma justa, imparcial y pacífica evitando su resolución violenta a través de la ley del más fuerte Tenemos necesariamente que insistir en que las mujeres y los hombres del Derecho debemos seguir hablando de paz social para referirnos, como lo hace el artículo 10 de la Constitución, al resultado de combinar el respeto pleno a la dignidad de la personal y a sus derechos inviolables con la observancia de la Ley y la preservación de los derechos de los demás. De los derechos de todos, cualquiera que sea su condición social, su modo de vida, o su historial personal. Alguna vez me he referido, para explicar cómo entiendo esta labor primaria del jurista, al valor metafórico de ese guiño cómplice que, exento desde luego de cesión alguna en el cumplimiento de sus deberes respectivos, a veces cruza fugaz los estrados de los Tribunales, cuando el viejo abogado y el fiscal veterano, entrañables adversarios, toman asiento frente a frente para tratar de hacer realidad su ideal compartido de Justicia. Quizá pueda parecer paradójico, con todo, que la también metafóricamente denominada batalla procesal, cuyo grado de virulencia verbal en ocasiones puede hacer dudar al profano de esa determinación pacificadora, constituya justamente la clave de ese avance hacia una sociedad plenamente civilizada. El papel del abogado en el desarrollo de ese proyecto de sociedad avanzada es cada vez más estimable, y creo que cada vez más necesario, cualquiera que sea la especialidad en la que trabaje. 1

2 De hecho, una visión atenta al desarrollo de nuestro sistema jurídico en las últimas décadas conduce, paradójicamente, a confirmar una vieja idea de la tradición procesalista clásica: aquélla que señala al abogado como colaborador de la Administración de Justicia, concibiendo su función, por pura lógica consecutiva, como una aportación trascendental a ese efecto pacificador. No en vano Piero Calamadrei afirmaría que la defensa (o sea, el abogado que ejerce) cumple un fin de derecho público en tres direcciones: auxilio de las partes, garantía del principio de igualdad y colaboración con el Tribunal para realizar el orden jurídico. Y digo que el concepto es añejo, lo que pone aún más en valor su pervivencia y su vigencia en nuestra realidad presente. Me gusta citar el Título VI de la Partida III de Alfonso X el sabio, tan ligado a Galicia, cuando dice que el oficio de los abogados es muy provechoso para ser mejor librados los pleitos, y mas es cierto cuando ellos (los abogados) son buenos y andan ahí lealmente, porque ellos aperciben a los juzgadores y les dan carrera para librar más fácilmente los pleitos. Pero quiero llamar su atención sobre algo muy significativo: la invocación de la lealtad, que aparece ya en ese texto histórico como eje de la misión provechosa del abogado en la solución del conflicto sometido a la Jurisdicción. Lealtad que no se confunde con la restricción del pleno y aun riguroso ejercicio de lo que hoy, siglos después, acertamos a definir como derecho a la defensa. El abogado no se subordina al juez en el mero encargo de ilustrarle acerca de su tesis jurídica. La primera acepción que facilita del vocablo lealtad nuestro Diccionario de la Real Academia es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. La lealtad del abogado es, pues, doble, y en realidad la misma: lealtad a su patrocinado, y a los intereses que éste le encomienda; y lealtad procesal, entendida como compromiso con el objetivo, ya descrito, del proceso mismo: la solución pacífica y conforme a Derecho de la controversia planteada. Se cierra así un círculo conceptual que sienta las bases, en realidad, en la visión moderna del ejercicio de la postulación procesal. El regreso a la terminología jurídica actual nos permite descubrir categorías significativamente emparentadas con las que acabo de extraer de las Partidas. El artículo 11 del Código Deontológico de la Abogacía Española, un texto normativo que cobra vida en el año 2001, proclama como las dos primeras obligaciones del Abogado en su relación con los Tribunales las de actuar ante ellos con buena fe, lealtad y respeto y colaborar en el cumplimiento de los fines de la Administración de Justicia. Se mantiene invariable en lo sustancial, así pues, por sorprendente que pueda parecer en la perspectiva histórica de nada menos que ocho siglos, la percepción que una sociedad tan cambiante y necesariamente tan cambiada obtiene de la figura del abogado. Ahora bien, esta concepción tradicional no agota, en mi opinión, el significado de la presencia del abogado en el proceso, y de la función de éste, tal y como se concibe y se desenvuelve en nuestros días. Algún especialista ha designado, con apreciable ironía, teorías ferroviarias del proceso a aquellas clásicas explicaciones que, a través de la imagen de la vía por la que pretendidamente 2

3 circulaban los procedimientos, insistían en una visión exclusiva o primordialmente instrumental. La estación término era, en suma, cerrar el conflicto. Frente a esa idea, es claro que hoy el Derecho Procesal y el proceso mismo constituyen, por esencia, la manifestación más trascendental de un sistema de garantías que a partir del pasado siglo, han ido avanzando y terminaron por conformar, tarde pero con visos de solidez, la espina dorsal de nuestro propio sistema procesal, gracias a la Constitución española de La inmediación, la contradicción, la igualdad de armas o, en general, el derecho a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión, en cierto modo antesala y compendio de todos los demás, tejen esa red de garantías. Sin embargo, la consagración constitucional expresa, junta a ellas, del derecho fundamental a la defensa, ofrece una visión aún más esclarecedora de la verdadera dimensión constitucional del ejercicio profesional del abogado. Su ubicación material y formal junto al titular de los derechos o intereses en conflicto en realidad se instituye, en general y más si cabe en el proceso penal, en garantía de garantías; es y se concibe como el reaseguro de la constitucionalidad del proceso. De este modo, el Juez es garante de la legalidad y de los derechos fundamentales del ciudadano, el Fiscal se caracteriza como promotor de la Justicia en su más amplia acepción, y al abogado corresponde, mediante su presencia y su actividad también propiamente procesal, la trascendente tarea transversal de vigilar y procurar, en pro de interés de su patrocinado, que aquellos cumplen ajustadamente su cometido. Aquel abogado doblemente leal a su patrocinado y a la ley que nos describían los textos medievales y la doctrina clásica se nos revela, en el vigente marco constitucional, no como mero colaborador de la Justicia, sino como pieza clave, originariamente esencial, del sistema. Sin posibilidad de abogado en el proceso no hay garantía efectiva, y sin garantía efectiva no hay proceso, pues el proceso es garantía. La conclusión es clara: la función del abogado no es ni más ni menos que la de contribuir, no como colaborador, sino como artífice directo y garante de su correcto funcionamiento, a la pacificación social que se obtiene a través del proceso. Su función no es salvar el trámite previo al cierre formal de la controversia, asumiendo una visión fatalista de la acción de la Justicia, sino contribuir activamente a generar un marco de convicción, que depende exclusivamente de la calidad y la sinceridad de su trabajo como jurista. Obviamente el resultado del juicio favorecerá a una parte o a otra; pero la intervención técnica del Letrado asegurará así debería ser, al menos que la resolución judicial constituye una decisión razonada a partir de la mejor defensa posible de los intereses contrapuestos en juego. Su doble lealtad es, en realidad triple: lealtad al interés de la posición procesal que postula, lealtad con la ley, y, sobre todo, la lealtad constitucional que compendia ambas y que se presenta, en fin, como la razón de ser misma de su función. Una defensa leal, efectiva y de calidad legitima el resultado del proceso. No se llegó a una mera salida, sino que se obtuvo la solución jurídica que, con arreglo a la Ley, era posible obtener. Se hizo la Justicia que la Ley exige, la Justicia que la Ley permite hacer. 3

4 Pero el valor añadido de esa función legitimadora del sistema de Justicia que asumen los abogados llega mucho más allá. El estudio sociológico sobre La imagen de la Abogacía en la sociedad española encargado por el Consejo General de la Abogacía en 2003 colocaba a estos profesionales en el octavo puesto de la lista de grupos o instituciones que más confianza inspiran a los ciudadanos. Quedaban así por encima de los fiscales (en decimocuarto lugar), los Tribunales (en decimoquinto) y los jueces, que ocupaban el decimosexto puesto. El propio estudio advertía de que la percepción de la figura del Abogado presenta en nuestro país una curiosa faz dual. Los ciudadanos valoran extraordinariamente bien a su abogado, y algo peor a los abogados genéricamente considerados. Lo que inducía a pensar que en este grupo genérico se incluye al abogado defensor de un interés adverso al propio. Sin embargo, este matiz corrobora la idea que trato de transmitir. El justiciable confía enormemente en su Abogado, y su recelo frente al de la parte contraria no es más que el reflejo de la misma percepción del rigor y dedicación profesional que igualmente le supone. Estas apreciaciones bastan para calcular la medida en que esa confianza pueda transmitirse al propio sistema judicial. El abogado dispone de un capital de credibilidad social que no puede ser malgastado. Una sociedad democrática no debe renunciar a rentabilizar en lo posible, en beneficio de la solidez del propio sistema, un activo tan valioso. Si el ciudadano cree en su Abogado, y por tanto acude a él para resolver sus conflictos, y si el sistema es capaz de ofrecer respuestas, la solución pacífica y reglada de dichos conflictos se le presenta como la mejor opción, frente a tentaciones vindicativas o individuales o al primario recurso a la violencia. La contribución del Letrado a esa cadena de confianza en cuyo extremo se vislumbra el ideal de la paz social resulta, en conclusión, determinante. Así lo expresa la Carta de Turín sobre el Ejercicio de la Abogacía en el siglo XXI, proclamada por la Unión Internacional de Abogados: la función del Abogado debe considerarse como un instrumento esencial para la Administración de Justicia y la organización de la sociedad. Pero aún hay más. El aumento de la litigiosidad que ha corrido parejo al espectacular desarrollo político, social y económico de nuestro país desde la recuperación de las libertades, a veces parece amenazar con el colapso el sistema. El retraso en la resolución de los conflictos, peligroso enemigo de la confianza insitucional que antes identificaba con la espina dorsal del sistema mismo, lleva incluso a algunos a sugerir y otros a temer la eventual necesidad de optar entre una Justicia rápida y una Justicia de calidad. Esa opción no es aceptable. Se trata de buscar soluciones capaces de cohonestar, de un lado, la pervivencia de un sistema público de resolución de controversias; y de otro, la satisfacción razonable de la legítima aspiración ciudadana de obtener una respuesta jurídica solvente, rápida y eficaz. La especialización, el incremento de los medios y la intensificación del esfuerzo profesional de Jueces, Fiscales y Abogados, son objetivos primordiales e irrenunciables en ese campo, en el que todo esfuerzo parece insuficiente. 4

5 Nos rendimos a la evidencia de que, además de la modernización de los procedimientos y de los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia, es necesario explorar otras salidas distintas y diversas. La intervención conciliadora al margen del proceso, pero sobre bases jurídicas, la mediación dirigida a evitar la judicialización del conflicto o a poner fin o simplificar la controversia, se presentan como respuestas cada vez más sólidas frente esa necesidad. Los Jueces y Magistrados sabemos, porque lo hemos vivido cotidianamente, aunque tal vez con menor frecuencia de la que desearíamos, que es en el asunto difícil, ante el Abogado preparado y dispuesto a obtener un pronunciamiento favorable a los intereses que defiende, donde nuestra verdadera capacidad de esfuerzo profesional se pone a prueba, donde el oficio y la experiencia exigen inexcusablemente el auxilio del estudio, de la preparación jurídica y de una especial atención al tratamiento cuidadoso del caso. Sabemos que entonces nuestro trabajo rinde en la plenitud de nuestras capacidades, y vemos cómo nuestro esfuerzo responde realmente a las exigencias de la sociedad que nos retribuye por hacerlo. En el polo opuesto, hemos de rendirnos con indeseable frecuencia a la frustración que como servidores públicos nos produce el contemplar la inoperancia, a veces clamorosa, de nuestro esfuerzo. Nos sentimos perdidos y hastiados en complicados, largos y carísimos procesos judiciales, que, en el mejor de los casos, están abocados desde su inicio a una solución tardía y, sólo por el hecho de serlo, insatisfactoria; o, en otros supuestos, generadora, llegue tarde o pronto, de más y más graves conflictos que el que se trataba de solucionar. De ahí que tengamos un especial interés en explorar esas vías alternativas al proceso convencional. Y, por ello, en promocionar, amparar y acoger, aun dentro del propio procedimiento judicial, la intervención activa y la iniciativa componedora de quienes, en su calidad de defensores de las partes, conocen mejor que nadie cuales son los verdaderos intereses particulares en juego, se hallan en condiciones de sopesarlos jurídicamente, y se encuentran por tanto en posición óptima para poder defenderlos, siempre que la sociedad democrática considere que se trata de bienes o intereses individualmente disponibles. Pues bien, creo que esas modalidades de composición extrajudicial también constituyen y creo que así debemos empezar a entenderlo formas de Administración de Justicia, en cuanto que sean socialmente aceptadas y convalidadas como vías de solución de conflictos acordes con la Constitución y los principios fundamentales de nuestro sistema de garantías. Y ahí es donde, de nuevo, el abogado se erige en soporte del sistema, ahora en su faceta de consejero legal, de asesor extraprocesal, de depositario y traductor de la voluntad de su patrocinado. Puede contribuir a evitar el proceso cuando sea evitable, puede contribuir a facilitar su buen fin cuando sea inevitable, y en todo caso puede contribuir a atemperar su resultado a los verdaderos intereses en juego. El peso de la negociación, el recurso a las medidas de reparación extrajudicial, la ampliación de las soluciones alternativas a las penas clásicas socialmente ineficaces, han de ser materia que nos ocupe y nos preocupe, y se sitúa en el núcleo mismo de ese perfil del abogado pacificador que vengo tratando de poner en pie desde el comienzo de mi intervención. 5

6 En esa misma línea, creo que incluso en el ámbito penal, al que personalmente me dedico como Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la negociación reflexiva y atemperada, con intervención de la víctima, en el ámbito extrajudicial, y el ulterior sometimiento de los términos del acuerdo, ya cerrado a satisfacción de todas las partes, a una convalidación judicial entendida esencialmente como filtro de legalidad, para dar lugar a una sentencia de conformidad, debería ser un primer objetivo que, además de rendir valiosos resultados en términos de celeridad y eficacia permitiría, con un mínimo esfuerzo, un mucho mayor grado de aceptación de los fallos judiciales, y por tanto una menor conflictividad en la fase de ejecución. O sea, la pacificación convencida a la que me vengo refiriendo. El elenco de reglas de conducta aparejadas a la suspensión condicional de las penas privativas de libertad, o las medidas sustitutivas como los trabajos en beneficio de la comunidad, pueden aportar nuevas e importantísimas posibilidades de satisfacción conjunta del interés social, el de la víctima y el derecho del delincuente a una oportunidad real de reinserción social. A eso es a lo que insisto en llamar función propiamente pacificadora. De cara a ese esfuerzo esencial para la consolidación y la mejora del Estado de Derecho son muchas, como puede verse, las puertas que permanecen abiertas a la exploración y a la innovación. Apenas alcanzamos a ver, a través de ellas, los caminos que permitan dejar atrás el complejo de inferioridad y el rastro de ineficacia que secularmente ha oscurecido la labor de la Justicia en España. Se trata, pues, de una labor de futuro. De una labor en la que los Abogados tienen asignado, por la Constitución y por la Ley, pero sobre todo por los propios ciudadanos, un papel protagonista. Y ya he dicho que estos Licenciados que hoy inician, con justificada alegría, su preparación específica para el acceso a la Carrera profesional, tienen, sobre todo, futuro. Así que la consecuencia es clara: sois los mejor situados para convertirse en artífices de esa transformación. Os deseamos lo mejor. A vosotros, y a quienes disfrutan con vosotros la emoción y la ilusión de este paso trascendental hacia ese futuro. Y sobre todo os deseo que, cuando algún día, andando los años, volvais a la Universidad, a dirigiros como yo lo hago ahora a una generación más joven, con la nostalgia que produce ver cómo han crecido las raíces, cambiando la juventud por experiencia, podais entregar a esa otra generación, que serán los artífices de otro futuro, el testigo de una sociedad más justa gracias a vuestro trabajo; pero, sobre todo, la vocación y la ilusión de seguir ideando cada día el modo de contribuir mejor a la paz social. 6