DICTAMEN Nº. 296/2012 de 5 de diciembre.*

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1 DICTAMEN Nº. 296/2012 de 5 de diciembre.* Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial tramitado a instancia de D. Z, en nombre y representación de D. W y otros, por el fallecimiento de D. X, producido como consecuencia de las complicaciones surgidas de la intervención quirúrgica realizada en el Hospital H, centro adscrito al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). ANTECEDENTES Primero. Reclamación.- El día 8 de febrero de 2010 el abogado D. Z, en nombre y representación de D. W, D.ª M, D.ª T y D.ª S, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el SESCAM, en la que solicita una indemnización de ,17 euros por el fallecimiento de D. X, en su condición de padres, hermana y novia del fallecido. En su escrito de reclamación expone que el día 10 de agosto de 2007 D. X acudió al Hospital J aquejado de trastorno visual y cefalea, siendo remitido al Hospital H, donde ingresó el 11 de agosto y permaneció hasta el 16 del mismo mes y año, diagnosticándosele un tumor intraventricular. Posteriormente, volvió a ingresar el día 29 de agosto de 2007 para someterse a una intervención quirúrgica que consistía en la extirpación de un tumor intraventricular o tumor benigno, añadiendo que el paciente no fue informado de los riesgos de la intervención ni de sus posibles alternativas. Añade que, a raíz de la intervención, resultaron varias complicaciones médicas que retuvieron al paciente en el centro hospitalario hasta su fallecimiento el 10 de octubre de Así, dice, los médicos decidieron llevar a cabo una resección total del tumor y no plantearon al paciente la posibilidad de una resección parcial. Las complicaciones surgieron a raíz de los drenajes que le habían colocado, que no funcionaron adecuadamente y provocaron una sobrepresión intracraneal. Al salir del quirófano se constató que el paciente presentaba una hemiplejia de las extremidades derechas cuando ésta era negada a sus familiares. El 3 de octubre de 2007 se trasladó al enfermo a planta, donde presentó síndrome febril y empeoramiento respiratorio durante varios días. Por otro lado, el enfermo tenía instalado un catéter para drenaje del líquido cefalorraquideo a la altura del hombro izquierdo, el cual, según sus familiares, estaba anormalmente inflamado, dando cuenta de ello al equipo médico. El 9 de octubre, cuando el equipo médico iba a extraer una muestra de sangre a través de la vía instalada, se percataron de que estaba obstruida, por lo que la medicación, el tratamiento antibiótico y el suero no estaban siendo administrados correctamente, a pesar de tratarse de un paciente al que se le practicaron varios cultivos que evidenciaron que había contraído agentes microbianos en el quirófano del hospital. Ante ello, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde el día 10 de octubre de 2007 falleció a consecuencia de un fallo multiorgánico producido por una sepsis generalizada. Por estos hechos se presentó denuncia que dio lugar a la incoación de las diligencias previas 1361/2007 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ciudad Real, quien el 6 de noviembre de 2008 dictó auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa, en base al informe forense en el que se decía que el paciente había sufrido las complicaciones propias de una lesión localizada en una zona de alto riesgo y que no se había detectado ninguna anomalía en el tratamiento del paciente a la que se pudiera achacar su muerte. Contra este auto se presentó recurso de reforma, el cual fue admitido, dictando el 29 de mayo de 2009 un nuevo auto por el que también se decretaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. El reclamante fundamenta la responsabilidad patrimonial de la Administración en las siguientes circunstancias: a) La infección nosocomial de la que deriva la sepsis que ocasionó la muerte fue adquirida en el quirófano o durante el postoperatorio por las infecciones padecidas por el paciente en el hospital como consecuencia de la negligente actuación de sus servicios sanitarios al tener el drenaje obstruido, por lo que el paciente no recibía la medicación, los alimentos y el suero, sin que los médicos adoptaran ninguna medida hasta nueve días después de la intervención. b) Existe una total desproporción entre la situación original del paciente antes de la extirpación del tumor y el resultado final. c) Falta de consentimiento informado. En la evaluación indemnizatoria, el reclamante dice aplicar lo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, a lo que adiciona los daños morales, los gastos de los reclamantes durante el tiempo que el paciente estuvo en el Hospital, los gastos derivados de las actuaciones penales, así como los intereses legales y moratorios. Por todo ello solicita para cada uno de sus representados las siguientes cantidades: Para los padres ,83 euros. Para la hermana ,67 euros. * Ponente: Francisco Javier Díaz Revorio 1

2 2 Para la novia ,67 euros. A la reclamación adjunta la documentación referente a las diligencias previas; copia de las facturas de honorarios y gastos; libro de familia; informe pericial; copia de la declaración de herederos y diversa documentación clínica del Hospital H. Segundo. Admisión a trámite.- A la vista de la reclamación presentada, el Coordinador Provincial de Prestaciones del SESCAM en Ciudad Real, mediante escrito de 26 de febrero de 2010, comunicó al reclamante el acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, señalando en dicho escrito que había sido nombrado instructor del procedimiento el médico inspector D. K. Asimismo se informaba que la tramitación del expediente se sustanciaría según lo prevenido en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, comunicando que el plazo de resolución era de seis meses, transcurrido el cual se podría entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Posteriormente, y como consecuencia del traslado del instructor, el día 15 de julio de 2010 se nombró instructora a la también médica inspectora D.ª R. Tercero. Actuaciones judiciales.- Las actuaciones judiciales se iniciaron mediante denuncia interpuesta por D. D, tío del fallecido, en la que imputaba una presunta negligencia médica en el fallecimiento de su sobrino. Consta en el expediente el auto dictado el día 6 de noviembre de 2008 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ciudad Real, en el que, a la vista del informe médico forense de 3 de noviembre de 2008, donde se dice que no se ha detectado ninguna anomalía en el tratamiento del paciente D. X a la que se le pueda achacar su muerte, se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. Interpuesto recurso de reforma contra dicho auto, el mismo es admitido. Consta en el expediente la declaración como testigo de D.ª F, autora del informe de 3 de noviembre de 2008, quien se ratifica en su contenido y posteriormente responde a las preguntas que le formula el letrado D. G. Finalizadas las actuaciones previas, el día 29 de mayo de 2009, notificado el 3 de junio siguiente, el Juzgado dictó nuevo auto acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. En el curso de las actuaciones judiciales, el representante de los padres del fallecido aportó un dictamen médico suscrito por el Dr. L, que contiene las siguientes conclusiones: 1.- Se trata de un paciente que es intervenido el 30/8/2007, de exéresis de un tumor intraventricular más callosotomía, presentando hemorragia a posterior requiriendo la colocación de drenaje ventricular que, dada la evolución requiere varias revisiones. Durante el ingreso presenta cultivos en sangre y aspirado traqueal a varios gérmenes. El curso clínico empeora con complicaciones que derivan en el fallecimiento del paciente. 2.- De acuerdo a lo aducido previamente, las infecciones nosocomiales son aquéllas que se originan durante el ingreso hospitalario, o después del alta, siempre que se demuestre causalidad entre la infección desarrollada y el agente causante en función de la etiología, periodos de incubación, puertas de entradas y mecanismo de producción. En este caso, a los pocos días de intervención, los estudios de cultivo, tanto en sangre como del aspirado traqueal, daban positivo a patógenos infecciosos. 3.- Los agentes microbianos que han provocado la infección en este paciente, constituyen gérmenes habitualmente relacionados con cuadros de infecciones nosocomiales importantes. Las medidas antisépticas deben extremarse más allá de los meros protocolos de actuación cuando el paciente tiene que ser sometido a una intervención de gran envergadura. Suelen ser gérmenes que se transmiten por contaminación de material hospitalario, manipulación de instrumentales, directo a través del personal médico y paramédico, manipulación del paciente, etc. En este caso, además, el paciente tuvo que someterse a varias revisiones del catéter que se le había colocado a nivel ventricular, debido a la existencia de una evolución tórpida; estando por tanto, favorecido el acceso tanto a la zona quirúrgica como el resto del organismo, de agentes patógenos. Debiéndose valorar también la existencia de otras puertas de entrada, que favorecían el desarrollo de infecciones nosocomiales (catéter arterial, Traqueostomía); siendo un paciente expuesto a constantes manipulaciones instrumentadas. 4.- El paciente presentó numerosos cultivos positivos sin que en ningún caso hubiera abandonado las instalaciones hospitalarias y los cuidados médicos. Ello demuestra que la infección pudo desarrollarse como consecuencia de la ruptura de la cadena de asepsia, quedando demostrada la relación directa entre la infección padecida y el hecho causante (intervención quirúrgica, manipulación reiterada, ingreso prolongado). 5.- A consecuencia del déficit asistencial provocado por la persistencia de infecciones de origen hospitalario, lo cual queda acreditado por los gérmenes que resultaron positivos en los cultivos practicados, y que de acuerdo a lo expuesto previamente son causa frecuente de este tipo de infección, el paciente derivó en un cuadro clínico de complicaciones con shock séptico, fallo multiorgánico y éxitus. Por tanto, cabe plantear que los objetivos terapéuticos no se cumplieron, existiendo además una desproporción importante, tanto clínica como médico-legal entre estos y el resultado final. 6.- Por último, tanto en referencia al sangrado como a la tórpida evolución de los drenajes, es norma contemplar que cuanto más depurada es la técnica quirúrgica empleada, mayor la pericia y más cuidadosa la utilización del instrumental, menor es la posibilidad de que la evolución sea como la sufrida por el paciente cuyo resultado final ni era previsible ni se

3 contempla como derivado de su patología, que en modo alguno comprometía ni podía comprometer la vida en el estadío (sic) en el que se encontraba. 7.- En consecuencia, cabe considerar que se ha producido médico-legalmente un incumplimiento de la prestación de servicios que engendra la obligación de medios, considerando que en el presente caso, no se han cumplido los necesarios requisitos para que la asistencia prestada pueda encuadrarse en criterios de normopraxis. Asimismo consta el informe emitido el día 3 de noviembre de 2008 por la médica forense D.ª F, en el que se contienen las siguientes consideraciones médico forenses definitivas: El estudio del amplio historial clínico relativo al paciente D. X, no se ha observado abandono por parte del equipo médico y demás sanitarios implicados. En todo momento se ha mantenido un estrecho control de las constantes vitales del paciente, adecuándose el tratamiento ante cada alteración o cambio en su estado. El paciente ha sufrido las complicaciones propias de una lesión localizada en una zona de alto riesgo, a pesar de haber recibido el tratamiento oportuno para este caso. En el estudio de esta documentación médica, no se ha detectado ninguna anomalía en el tratamiento del paciente, a la que se pueda achacar su muerte. Cuarto. Informes de los Servicios.- Se unen al expediente los informes emitidos por los Servicios de Neurocirugía, de Anestesia y Reanimación, de Medicina Intensiva y de Medicina Preventiva del Hospital H. En el primero, de 11 de abril de 2010, el Dr. B manifiesta lo siguiente: El paciente D. X fue intervenido en nuestro Servicio el de una Tumoración Intraventricular de tamaño intermedio (unos tres centímetros de diámetro máximo), que producía Hidrocefalia y de hecho su debut fue con clínica de Hipertensión Craneal (Cefalea, alteración visual y desorientación). La duración de la cirugía fue prolongada (diez horas), por cuanto la naturaleza propia del tumor y su localización profunda y nivel de dificultad así lo exigía. La evolución posterior cursó con la aparición de un hematoma en el lecho quirúrgico que originó un déficit motor completo en extremidades derechas y bajo nivel de conciencia. Durante su estancia en Reanimación, el paciente requirió inicialmente la colocación de un sensor de PIC (presión intracraneal), lo cual es mandatario (sic) para hacer un seguimiento de la evolución de un paciente sedado e intubado. Posteriormente, en los TACs de control realizados se constató la aparición de una Hidrocefalia Obstructiva con hipertensión craneal, que fue lo que nos obligó a la colocación de un Drenaje Ventricular Externo (procedimiento para drenar el flujo de líquido cefalorraquídeo y que tiene un carácter transitorio) y finalmente cuando el líquido dejó de ser hemorrágico a la colocación de un drenaje definitivo a una cavidad corporal como es el peritoneo (Shunt Ventrículo Peritoneal). Durante todo este tiempo, la información a los familiares por parte de Neurocirugía fue constante y diaria. El paciente permaneció muy similar con un nivel de conciencia bajo (con los ojos abiertos pero sin obedecer órdenes) y con la focalidad motora antes mencionada. Como indican los informes de Reanimación y UCI, el paciente se contaminó con gérmenes GRAM negativos en las Vías Respiratorias (lo cual es una complicación bastante habitual en estas situaciones) y por Acinetobacter Baumanni (germen poco patógeno que afecta a pacientes críticos). A las 48 horas de su estancia en planta, comienza con un Sdr. Febril de 38º que obliga a la toma de hemocultivos que muestran una infección por Cocos Gram Positivos (Stafilococo Aureus), siendo a partir de entonces la evolución mala, con aparición de signos de Sepsis con repercusión hemodinámica y respiratoria, que hace su aparición al sexto día de su traslado a planta, conllevando a su ingreso en UCI, donde fallece como consecuencia de una complicación infecciosa de origen respiratorio, como muestra un Informe Médico de esta Unidad. Pasando al texto de la reclamación presentada por el Letrado D. Z, en representación de los reclamantes, puntualizar lo siguiente: No es para nada cierto que el paciente no fuera informado de la dificultad de la intervención y de los riesgos que conllevaba, incluso para su vida, como refleja el Consentimiento Informado Específico de la cirugía acreditada por la Sociedad Española de Neurocirugía, firmado por él con fecha y que está presente en los documentos de la historia clínica. El decidir llevar a cabo una resección total del tumor, aun siendo benigno desde el punto de vista biológico, no es una decisión desacertada, por cuanto los tumores benignos en neurocirugía pueden comprometer la vida de los pacientes por otras causas diferentes a su capacidad de proliferación (Ej.: emplazamiento cercano a estructuras vitales como el tronco de encéfalo, hipotálamo, arteria carótida, vía visual y un largo etcétera. Otras causas de riesgo pueden ser la producción de hipertensión craneal, hidrocefalia aguda, etc.). Por último, la aparición de una trombosis venosa profunda del miembro superior es una complicación que puede ser derivada de un acceso venoso; es cierto que esto se constató en la planta y que la familia advirtió de un engrosamiento del perímetro del brazo, lo cual llevó a realizar las investigaciones pertinentes. Lo usual es que cuando se constata un mal funcionamiento de una vía, es su recambio por otra en una nueva localización. Al paciente, lo más probable (aunque de 3

4 esto no tengo datos para confirmarlo) se le podría estar administrando hidratación y medicación a través de otra vía (periférica de más o menos grosor). El informe emitido el día 25 de octubre de 2007 por el Dr. V, adscrito al Servicio de Anestesia, es del siguiente tenor: En relación al escrito de Reclamación n.º 2560/07, presentado por M, tengo que manifestar: 1º) En relación al punto primero de su reclamación, tengo que aclarar que la vía central se cambió el día 22 de septiembre; todos los días se cura e inspecciona la piel por donde entra el catéter, y en ningún momento el personal de enfermería advirtió nada anormal (enrojecimiento, pus, edema, hinchazón, etc.), dando de alta al paciente de la reanimación el día 3 de octubre y continuaba estando en perfectas condiciones la piel. Así mismo, todo este tiempo se le suministró por dicha vía medicación, así como infusiones de líquidos, y funcionando a la perfección sin ningún tipo de obstrucción. 2º) La información que hemos transmitido los médicos, miembros del Servicio de Anestesia, siempre ha sido idéntica, manifestando que el paciente cuanto más tardara en despertar, peores serían los resultados neurológicos, y en ningún momento manifestamos que hubiera habido una mejoría desde el punto de vista neurológico. 3º) En relación al punto tercero, adjunto informe de Alta, donde exponemos todas las situaciones y tratamientos por lo que pasó el paciente durante su estancia en reanimación (33 días). En el informe de Medicina Intensiva, emitido el día 14 de febrero de 2008, en el apartado de evolución del paciente dice que durante su estancia en la planta de Neurocirugía se Presentó fiebre y se tomaron hemocultivos que se informaron con crecimiento de cocos grampositivos en racimos que fueron cubiertos con Vancomicina Iv. El día del ingreso en UCI avisan por deterioro respiratorio y situación séptica. Tras detallar la evolución del paciente se emite el siguiente diagnóstico clínico: - Shock séptico por Cocos grampositivos y/o bacilos gramnegativos. - Fracaso multiorgánico (hemodinámico, respiratorio, renal, hematológico). - Trombosis Venosa de las venas subclavia y yugular izquierda. - Hemorragia digestiva con anemización secundaria ulcus de stress. - Postoperatorio tumor cerebral. Complicaciones postoperatorias: Hemorragia intracraneal, Hidrocefalia obstructiva, Hipertensión intracraneal. Drenaje ventricular. - EXITUS letales. Asimismo constan en el expediente dos informes emitidos por la Dra. N, del Servicio de Medicina Preventiva, así como una ampliación al segundo, que fue solicitada por la instructora del expediente. El primero, de fecha 14 de abril de 2010, referido al control higiénico ambiental en el área quirúrgica y controles de esterilización de material quirúrgico utilizado con el paciente D. X, dice: Las medidas que habitualmente se realizan para el control higiénico ambiental el área quirúrgica (2 muestras de aire para cultivo en cada quirófano por impacto y sedimentación, con una frecuencia mensual en los quirófanos de alto riesgo, quirófanos, 1, 2, 3, 4, 5 y 10, y trimestral en el resto de los quirófanos, quirófanos 6, 7, 8, 9, 11 y 12), resultaron negativas (0 UFC/ m3) en cada una de las realizadas en el periodo que nos ocupa (previas a la intervención: 24 y 31 de julio y 21 de agosto de 2007, y posteriores: 18 de septiembre y 23 de octubre). [ ] El instrumental utilizado en la intervención corresponde a un contenedor para craneotomía que se esteriliza en nuestra central el día 27 de agosto, habiéndose realizado en el esterilizador a vapor 1, carga 4, lote 3072, proceso 3735, con un ciclo a alta temperatura, máx º C, mín º C), durante una hora, no mostrando dicho proceso de esterilización ninguna incidencia respecto de los test de Bowie-Dick, controles biológicos, químicos o físicos. [ ] De todo lo cual concluimos un nivel de bioseguridad adecuado. Posteriormente, el día 8 de abril de 2011, el Servicio de Medicina Preventiva, a instancia de la Comisión de Seguimiento del Seguro de Responsabilidad Civil, emitió un nuevo informe respecto de los episodios de infección sufridos por el paciente durante su ingreso en el Hospital, según los registros de vigilancia del Servicio de Medicina Preventiva y la historia clínica del paciente. El informe es del siguiente tenor: I. Durante su ingreso en el Servicio de Reanimación ( a ): En los screenings periódicos para la detección y vigilancia del germen Acinetobacter Baumanni/haemolyticus (patógeno oportunista), los resultados de los cultivos realizados fueron: : el paciente resultó positivo en cultivo de exudado rectal, siendo negativo en exudados faríngeo y axilar : resultó positivo en cultivo de exudados axilar y rectal, manteniéndose negativo en exudado faríngeo : resultado positivo en exudado faríngeo, resultando negativo en exudaos axilar y rectal. Todo ello nos indicaba su situación de colonización (presencia de la bacteria sin evidencia de infección) por dicho germen gramnegativo oportunista desde el inicio de su estancia hospitalaria; cabe referir que el antibiograma revelaba 4

5 una amplia sensibilidad de este germen a los antibióticos de uso habitual. Se administró vancomicina como profilaxis preoperatoria, que se mantuvo tras la intervención, añadiéndose tobramicina el 2º día postoperatorio. Durante el seguimiento del paciente y ante la aparición episódica y discontinua de clínica sugestiva de infección, como presencia sucesiva de mucosidad en tubo endotraqueal, hipoventilación en bases y posterior infiltrado en base derecha, derrame pleural, fiebre discontinua y leucocitosis, se pidieron cultivos de aspirado traqueal, líquido cefalorraquídeo, cultivo de punta de catéter y hemocultivos, con los siguientes resultados y actuaciones: : aspirado traqueal positivo a Escherichia Coli (y flora saprofita), con un amplio perfil de sensibilidad a antibióticos administrados. Cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo. Cultivo de catéter negativo : aspirado traqueal positivo a E. Coli, a pesar de tratamiento : hemocultivos negativos (x2). Diagnóstico clínico de Neumonía asociada a ventilación mecánica. Se suspende el antibiótico vancomicina y se añade ceftazidima : aspirado traqueal positiva Acinetobacter Baumani/haemolyticus, E. Coli y Cándida cruzei. Se modifica tratamiento y se instaura piperacilina/tazobactan, al que se mostraban sensibles dichos gérmenes, según antibiograma : cultivo de orina negativo y hemocultivos positivos (x2) a Acinetobacter Baumanni/haemolyticus, con amplio espectro de sensibilidad antibiótica y sensible a tratamiento administrado, lo que en su día valoramos como una Bacteriemia asociada a catéter causada por los gérmenes implicados : aspirado traqueal positivo a Acinetobacter Baumanni/haemolyticus y E. Coli, a pesar del tratamiento instaurado, persistiendo, por tanto, el diagnóstico de Neumonía asociada a ventilación mecánica causada probablemente por estos gérmenes gramnegativos. Cultivos de catéter y líquido cefalorraquídeo negativos. Se añade al tratamiento, amikacina : se recoge muestra de aspirado traqueal que resulta positiva a Acinetobacter Baumanni/haemolyticus y a cepa de E. Coli, con un espectro de resistencia extendido, pero sensible a carbapenémicos. Se modifica tratamiento y se instaura imipenem, según antibiograma. Se produce a continuación la mejoría clínica y radiológica del cuadro nemónico. II. Durante su estancia en el Servicio de Neurocirugía ( a ): a) En los screenings periódicos para la detección de la colonización y vigilancia del germen Acinetobacter Baumani/haemolyticus, los resultados fueron: : resultados negativos de repetición en los tres cultivos periféricos realizados (axilar, faringeo y rectal). De donde se deduce que el paciente estaba en proceso de descolonización por dicho germen oportunista. b) Al ingreso y durante su seguimiento en planta aparecen signos y síntomas de infección severa, principalmente picos febriles (38-40º C) y secreciones purulentas en cánula respiratoria, a pesar de tratamiento y se realizan las siguientes actuaciones con los siguientes resultados: : hemocultivo positivo a SAMR [staphylococcus aureus resistente a la meticilina] (patógeno grampositivo multirresistente a antibióticos). Cultivo de orina negativo. Tratamiento con tazocel y vancomicina, antibiótico éste al que se muestra sensible dicho germen, según el antibiograma : aspirado traqueal positivo a SAMR, hemocultivo positivo a SAMR, estafilococo coagulasa negativo y Cándida glabrata de cultivo de catéter positivo a SAMR y Cándida glabrata. Lo que indicaba la persistencia del diagnóstico de Neumonía y Bacteriemia asociada a catéter, ambas debidas a SAMR, como principal germen causal implicado en los procesos infecciosos que sucedieron durante su estancia en dicho servicio, a pesar del tratamiento. III. Durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos ( ): : persiste aspirado traqueal positivo a SAMR en la muestra recogida el mismo día en que se produce el éxitus del paciente. La corta estancia en esta Unidad no modifica el diagnóstico del paciente. El día 18 de abril de 2011, la Dra. N, en contestación a la petición efectuada por la médico inspectora e instructora del procedimiento, emite una ampliación del informe en relación con la existencia de picos de incidencia de infección en los Servicios en que fue asistido el paciente, en el que se dice lo siguiente: I Durante su ingreso en el Servicio de Reanimación ( a ): Coincide su estancia en esta Unidad, desde su ingreso hasta el , con la de una paciente (NH 49841) a la que el le fue diagnosticada una neumonía por SAMR (estafilococo aureus meticilina resistente), con un perfil 5

6 de resistencia antibiótica similar al que presentó el paciente objeto de este informe, y Acinetobacter Baumanni de características diferentes al que colonizó al paciente Sr. X. 6 II. Durante su estancia en el Servicio de Neurocirugía ( a ): No hemos detectado ningún otro paciente con infecciones por los gérmenes implicados. III. Durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos ( ): No hay indicios de adquisición de enfermedad infecciosa por este paciente en esta Unidad. Quinto. Historia clínica.- Al expediente se ha incorporado la historia clínica del paciente, en la que constan, entre otros, los siguientes documentos: - Consentimiento informado para ser intervenido de un tumor intracraneal mediante la técnica de craneotomía firmado el día 16 de agosto de 2007 por el paciente. En el mismo se dice que El objetivo de la operación es tratar de extirpar completamente la lesión, obtener material para estudio anatomopatológico que nos permita confirmar la naturaleza de la lesión y emitir un pronóstico, así como la necesidad de tratamientos adicionales y mejorar la sintomatología clínica. Estos objetivos pueden lograrse total o parcialmente dependiendo de muchos factores, entre otros, la localización, tamaño y naturaleza de la lesión y el estado del paciente. Se describe la intervención quirúrgica que se va a realizar, la cual consiste en una APERTURA DEL CRÁNEO (CRANEOTOMÍA), a través de la que se accede al tumor de la forma más directa. Posteriormente, se extirpa la lesión, tratando de respetar el tejido nervioso sano. En la mayor parte de los tumores cerebrales, la extirpación completa del tumor no asegura que éste no vuelva a crecer de nuevo, con independencia de que sea benigno o maligno. Respecto de los riesgos, se informe que esta intervención es extremadamente compleja y delicada. También la anestesia y los cuidados en la UCI son muy complejos. Puede haber complicaciones relacionadas con la cirugía (HEMORRAGIA, INFECCIÓN, FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO), con la manipulación de las arterias (ISQUEMIA CEREBRAL), del cerebro (CONTUSIÓN CEREBRAL, EDEMA CEREBRAL, ATAQUES EPILÉPTICOS) o de los nervios craneales (PARÁLISIS FACIAL, PARÁLISIS DE OTROS NERVIOS CRANEALES). Cualquiera de estas complicaciones pueden llevar a un empeoramiento neurológico transitorio o permanente de los síntomas del paciente o a la aparición de otros síntomas nuevos (HEMIPLEJIA, AFASIA, TRASTORNOS VISUALES, TRASTORNO DE FUNCIONES SUPERIORES, COMA, ETC.). Más frecuentemente, aparecen complicaciones no relacionadas directamente con la intervención (INFECCIÓN PULMONAR, TROMBOSIS VENOSA, EMBOLISMO, HIPONATREMIA, ANEMIA, HEMORRAGIA DIGESTIVA, ETC.). Aunque el resultado final y las complicaciones dependen del estado del paciente y de la agresividad de la cirugía realizada, sea por una causa o por otra, la mortalidad postoperatoria llega al 5 %. A continuación se describen las complicaciones más frecuentes que, según la Sociedad Española de Neurología, pueden darse respecto de la cirugía de los tumores cerebrales. - Consentimiento informado para la anestesia. - Diversos informes radiológicos. En el informe correspondiente a la resonancia magnética (RM) del día 14 de agosto de 2008, el Dr. P informa que Se objetiva una masa intraventricular localizada junto al agujero de Monroe del ventrículo lateral izquierdo que provoca obliteración de éste y desplazamiento del septum pellucidum a la derecha, lo que provoca hidrocefalia de ambos ventrículos laterales, pero principalmente el izquierdo. [ ] Su tamaño es de unos 3,5 cm de diámetro aproximadamente, y su contorno es polilobulado. Su contenido presenta múltiples áreas quísticas en su interior aunque en la zona central es de una zona sólida que es la que principalmente capta contraste. [ ] No impresiona que provoque invasión de las estructuras vecinas por lo que es sugerente de corresponder como primera posibilidad a un papiloma del plexo cofoideo del ventrículo lateral izquierdo. En la tomografía axial computarizada (TAC) correspondiente al día 3 de septiembre de 2007, se informa presencia de neumoencéfalo [acumulación de aire en el interior de la cavidad craneal], añadiendo que Existe una lesión hemorrágica en núcleos de la base izdos. que mide aprox. 3 cm. de diámetro. [ ] Se observa presencia de sangre intraventricular. - Protocolo quirúrgico, en el que consta como diagnóstico Tumor intraventricular y como tipo de intervención craneotomía, callostomía y exéresis. Asimismo figura que la intervención efectuada el día 30 de agosto de 2007 duró 11 horas, efectuándose Exéresis completa de la lesión, que inicialmente es de consistencia mucoide y poco vascularizada. [ ] Sangrado importante del lecho tumoral sin repercusión hemodinámica. - Hojas de evolución. - Diversos informes del laboratorio. Sexto. Informe de la Inspección Médica.- Obra en el expediente informe suscrito el día 10 de diciembre de 2010 por la inspectora médica encargada de su instrucción en el que, después de una descripción de los hechos y de efectuar las consideraciones médicas que estimó oportunas, concluye diciendo que D. X, [ ] falleció a consecuencia de las complicaciones sobrevenidas tras la cirugía el 30/08/07, del neurocitoma central y la falta de respuesta a las medidas terapéuticas aplicadas, que entiendo se corresponden con las indicadas en cada momento a la vista del estudio de su historia y de la bibliografía consultada, con una actuación del personal sanitario interviniente ajustada a la lex artis y no habiendo apreciado por mi parte lo manifestado por los reclamantes en su escrito.

7 Séptimo. Dictamen médico.- Posteriormente se ha incorporado al expediente el dictamen médico emitido el día 22 de enero de 2011 por los Dres. A; E y O, todos ellos especialistas en neurocirugía, referente a la reclamación objeto del presente dictamen, el cual fue aportado por la Compañía aseguradora del SESCAM. En este dictamen, después de realizar las consideraciones médicas correspondientes, se contienen las siguientes conclusiones: 1. Todas las actuaciones médicas, diagnósticas y terapéuticas han sido totalmente correctas. 2. El paciente fue intervenido de un tumor intraventricular de alta complejidad, con un riesgo estimado de mortalidad mayor del 5 % y con riesgos de complicaciones postquirúrgica por lesión neurológica grave o irreversibles superior al 25%, según la literatura científica. 3. El paciente firmó el documento de consentimiento informado correspondiente a esta patología. 4. Sufrió complicaciones postquirúrgicas por hemorragia con hidrocefalia asociada, que requirió implantación de drenajes externos múltiples. 5. La aparición de infecciones en estos pacientes, con necesidad de estancia prolongada en la UCI, es habitual, a pesar del tratamiento antibiótico. 6. Las complicaciones infecciosas que causaron el fallecimiento del paciente no tienen ninguna relación con una mala praxis médica. Muchas infecciones derivadas en sepsis son intratables y causan un fallo multiorgánico. 7- Por todo lo anterior, no consideramos justificada la reclamación. Posteriormente, la compañía aseguradora aportaría nuevo informe de fecha 19 de julio de 2011, suscrito por los mismos doctores ampliatorio del anterior en virtud de los nuevos documentos aportados al expediente. Octavo. Trámite de audiencia.- Instruido el expediente, con fecha 30 de septiembre de 2011, se notifica al representante de los reclamantes la apertura del trámite de audiencia por un plazo de 15 días, indicando en la comunicación los documentos obrantes en el expediente. Con fecha 25 de octubre, el representante de los reclamantes presenta un escrito de alegaciones en el que concluye que D. X falleció debido a una infección nosocomial, la cual se produjo a causa de los malos cuidados sanitarios administrados con posterioridad a la intervención quirúrgica. Asimismo alega que los informes médicos aportados incurren en contradicción con el resto de la documentación obrante en el expediente y que se debía haber trasladado al paciente a la UCI con anterioridad. Por todo ello, reitera la petición de indemnización efectuada en el escrito de reclamación. Noveno. Propuesta de resolución.- A la vista de lo actuado, el Secretario General del SESCAM efectuó, el 1 de marzo de 2012, propuesta de resolución, en sentido desestimatorio de la reclamación planteada al estimar que no concurría el requisito de antijuridicidad del daño ni hallarse acreditado el nexo causal entre el fallecimiento y la actuación del Servicio Público de Salud. Décimo. Informe del Gabinete Jurídico.- Finalmente consta en el expediente el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que se informa desfavorablemente la reclamación presentada. Por otra parte, considera que no está acreditada la legitimación activa de D.ª S, que interviene como novia del fallecido. En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo entrada con fecha 10 de abril de Con fecha 25 de abril de 2012, el Pleno del Consejo acordó solicitar de la Consejería consultante que se completase el expediente mediante un informe complementario de la médica inspectora e instructora del expediente, que contemplase, al menos, los aspectos indicados en dicho acuerdo. El día 13 de noviembre de 2012 ha tenido entrada en este Consejo la documentación solicitada, integrada por un nuevo informe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital H; el informe complementario de la médico inspectora y las alegaciones efectuadas en el nuevo trámite de audiencia conferido a los reclamantes. El informe del Servicio de Medicina Preventiva, de fecha 20 de junio de 2012 dice lo siguiente 1º. Que a todo paciente al que se detecta en el H una Neumonía por SARM se aplica el protocolo establecido para dichos casos, es decir la indicación de Precauciones de Contacto, por ser éste un germen que se transmite por esa vía, no requiriéndose ningún otro tipo de aislamiento físico, solo indicado en los casos de gérmenes transmitidos por vía aérea, como la tuberculosis, por ejemplo. [ ] 2º Que el germen detectado en el cultivo de catéter positivo a SARM pudo tener su origen en la transmisión cruzada desde otro paciente, pero que no podemos descartar su origen endógeno, al igual que la Cándida glabrata, debido a la alta presión antibiótica a que hubo de someter al paciente, dada su gravedad clínica. [ ] 3º Que la infección por ambos gérmenes pudo contribuir en buena media al fallecimiento del paciente. En el informe complementario, la médico inspectora, después de efectuar diversas consideraciones médicas respecto a la neumonía nosocomial, expresa las siguientes conclusiones: 1.- El cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de la infección asociada a dispositivos intravasculares aprobada por la Comisión de Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política Antibiótica del H, se realiza sin 7

8 excepción en todos los pacientes que portan dispositivos intravasculares, y no se requiere al personal interviniente que realice un registro de cómo ha realizado cada actuación. La valoración de los detallados registros a los que hago referencia en el punto 6 de la relación de hechos de este informe, y en general de toda la historia del paciente, me hacen considerar que los diferentes profesionales que intervinieron en esta asistencia, actuaron siguiendo no sólo esas recomendaciones de prevención de infección, sino todas las recomendaciones exigidas (por necesarias), para todos los procedimientos realizados a D. X, instrumentales o no instrumentales (recolocación de drenajes, cura de heridas quirúrgicas, cambios de catéteres, sondajes, extracción de sangre para analíticas, movilización del paciente, etc.). 2.- El Servicio de Medicina Preventiva, informa que no pueden descartar que el aislamiento de SAMR en D. X, un mes después que a la paciente con la que coincidió en el Servicio de Reanimación, tuviese un origen endógeno, pero que preventivamente se adoptaron las medidas recomendadas (precauciones por contacto), por ser la transmisión cruzada por contacto, también una vía posible de infección. Fuera uno u otro el mecanismo por el que el paciente origina la positividad al SAMR en el hemocultivo el 05/10/07, lo que está fuera de toda duda es que la infección es un riesgo contemplado en CI de la cirugía a la que fue sometido, y que no han informado hubiera otro paciente de la planta de Neurocirugía infectado por este estafilococo y por lo tanto tampoco picos de incidencia. 3.- Como informa el Servicio de Medicina Preventiva, la infección por el SAMR y la Cándida glabrata, pudo contribuir en gran medida al fallecimiento de D. X, opinión que comparto y a la que no tengo nada que añadir. 4.- No comparto lo manifestado por el D. Z, de que las anotaciones recogidas en la HC, como el no funcionamiento de la SNG el 03/10/07 o la obstrucción de drenajes el 07/10/07, justifiquen su calificación como malos cuidados y claras negligencias. En una asistencia tan prolongada, complicada y con tantas diferentes actuaciones sanitarias pueden ocurrir incidentes y a veces hasta accidentes, sin que los mismos hayan de calificarse de negligentes. 5.- Reitero y coincido con lo manifestado por el médico forense en su informe (folios 98 a 101 del expediente), de no haber detectado en la documentación médica ninguna anomalía en el tratamiento del paciente a la que se pueda achacar su muerte. En el trámite de audiencia, el representante de los reclamantes ha presentado un escrito de alegaciones en el que manifiesta que este trámite es extemporáneo, ya que se ha producido una pérdida de la jurisdicción por parte del SESCAM a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real, donde ya fue presentada demanda contra la presunta resolución desestimatoria y que la causa fundamental de la muerte de X es el contagio de una infección nosocomial, que tuvo lugar al producirse la ruptura de la asepsia, lo que ya por sí supone que el daño debe ser calificado de antijurídico e imputable a la responsabilidad de la Administración sanitaria. A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes CONSIDERACIONES 8 I Carácter del dictamen.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 54.9.a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, este último deberá ser consultado en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que versen sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial por cuantía superior a seiscientos un euros. Por su parte, el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. En el presente caso, la reclamación presentada asciende a la cantidad de ,17 euros, por lo que procede la emisión del presente informe con carácter preceptivo. II Examen del procedimiento tramitado.- Las normas aplicables a los procedimientos tramitados como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas a la Administración se encuentran recogidas en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, disposición mediante la que se produjo el desarrollo reglamentario expresamente previsto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

9 Del examen del expediente se desprende que el procedimiento llevado a cabo se ha ajustado, en lo esencial, a lo establecido en las normas que resultan de aplicación. En el trámite de audiencia, el representante de los reclamantes alega que se ha producido la pérdida de jurisdicción por parte del SESCAM a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real al haberse presentado ante el mismo un recurso contencioso-administrativo el día 28 de marzo de Con independencia de que el reclamante no adjunta la documentación acreditativa dicha actuación, es lo cierto que la alegación del representante del demandante se encuentra carente de justificación. Al contrario, el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, obligación que reitera en el apartado 1 del artículo 43, respecto de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, como es el presente, si bien el sentido de la resolución es diferente en función del sentido del silencio, ya que si el silencio administrativo fuese positivo, la resolución debe ser confirmatoria del mismo, pero en el caso de que el silencio sea negativo, como sucede en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial -artículo la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 43.3.b). No debe olvidarse que, como ha recordado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones (entre otras en sus Sentencias 171 y 175/2008, de 15 y 22 de diciembre respectivamente), el silencio administrativo negativo no es un verdadero acto administrativo, sino una presunción de acto, que tiene como finalidad permitir a los ciudadanos solicitar el amparo judicial cuando la Administración incumple su obligación de dictar resolución en el plazo establecido, pero que esta presunción en nada afecta a la obligación de dictar resolución expresa. III Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional, con reflejo en los artículos 9.3 y de la Constitución, el último de los cuales establece que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen su principal formulación legal en los apartados 1 y 2 del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley -Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004\83545, FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006, entre otras muchas, o, en parecidos términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989\1986, FJ 3º)-. A la relación de requisitos precitados cabría agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido. El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras Administraciones Públicas ha sido calificado por la doctrina como de carácter objetivo. Este rasgo ha sido perfilado por nuestra jurisprudencia señalando que al afirmar que es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del artículo 40 [de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, hoy 139 de la Ley 30/1992], pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad -Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 (Ar. RJ 1998\6836) o de 28 de noviembre de 1998 (Ar. RJ 1998\9967)-. 9

10 Sin embargo, como dijo el Consejo de Estado en su dictamen de 3 de junio de 1999, este carácter objetivo, tal y como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado, no implica que todos los daños producidos en los servicios públicos sanitarios sean indemnizables, pues ello llevaría a configurar la responsabilidad administrativa en estos casos, de forma tan amplia y contraria a los principios que la sustentan, que supondría una desnaturalización de la institución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan solo en el caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular, sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización. En idéntica línea el Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de abril de 2000 declaró que el criterio fundamental para determinar si concurre responsabilidad patrimonial en materia de asistencia sanitaria es la de la adecuación objetiva del servicio prestado, independientemente de que existan o no conductas irregulares por parte de los agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos terapéuticos, cuyo buen fin no siempre puede quedar asegurado, añadiendo en otra Sentencia de 25 de abril de 2002 que prestada la asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la enfermedad o padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas. Así mismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en el criterio objetivo o concepto técnico de lesión, entendida ésta como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar. Dicho deber existe cuando la medida impuesta por la Administración constituye una carga general que todos los administrados afectados por su esfera de actuación están obligados a cumplir, y puede venir determinado por la concurrencia de una concreta imposición legal o por otros factores vinculados ordinariamente a la propia situación o actitud del perjudicado, con incidencia sobre la entidad del riesgo generado por el actuar de la Administración. La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de responsabilidad patrimonial recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia, que encuentra ahora su principal apoyo en los artículos 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de las obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los artículos 78.1 y 80.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios. De otro lado, recae sobre la Administración imputada la carga de la prueba cuando ésta verse sobre la eventual concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción -v. gr. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999\4440) y de 21 de marzo de 2000 (Ar. RJ 2000\4049)-. También debe de ser objeto de consideración el tiempo que haya mediado entre la producción del evento lesivo y el ejercicio de la acción tendente a su reparación, pues, conforme a lo dispuesto en los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos. El análisis de la relación de causalidad existente entre el actuar administrativo y los efectos lesivos producidos aparece de ordinario como elemento esencial en el examen de los procedimientos seguidos en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ante la falta de referencias legales respecto de sus notas caracterizadoras, se dispone de una amplía creación jurisprudencial al respecto, que vino tradicionalmente considerando como rasgos definitorios de dicho vínculo teleológico su carácter directo, su inmediatez y su exclusividad respecto de los perjuicios generadores de la reclamación -así, Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1987 (Ar. RJ 1987\426) o de 4 de junio de 1994 (Ar. RJ 1994\4783)-. Sin embargo, dicha tendencia doctrinal ha sido matizada y corregida, admitiéndose también formas de producción mediatas, indirectas y concurrentes que plantean la posibilidad de una moderación de la responsabilidad cuando intervengan otras causas, lo que deberá tenerse en cuenta en el momento de fijar la indemnización -Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2001 (Ar. RJ 2001\10061), de 15 de abril de 2000 (Ar. RJ 2000\6255) o de 4 de mayo de 1999 (Ar. RJ 1999\4911)-. Este planteamiento conduce en cada supuesto al examen de las circunstancias concretas concurrentes y a la búsqueda de referentes en la abundante casuística que ofrece la jurisprudencia existente. Finalmente, la intervención de este Consejo Consultivo en los procedimientos seguidos como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial debe centrarse esencialmente en el examen de los elementos aludidos en el artículo 12.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en el que se dispone: Se solicitará que el dictamen se pronuncie sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización [...]. IV 10

11 Requisitos para el ejercicio de la acción.- Expuestos los presupuestos jurídicos exigidos legalmente para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial, procede examinar si concurren en el supuesto objeto de consulta. En relación con la legitimación activa vinculada a la reclamación formulada, queda acreditada por lo que se refiere a D. W y a D.ª M, ya que en el expediente queda probado que son los padres del fallecido, a la vez que herederos abintestato del mismo según acta notarial que obra en el expediente, así como respecto de D.ª T, por ser su hermana. En cambio, como manifiesta el letrado del Gabinete Jurídico, no ha quedado suficientemente acreditada la legitimación de D.ª S, de quien se afirma en la reclamación que era la novia de D. X, cuestión que solo puede presumirse del informe emitido el 14 de abril de 2010 por el Psicólogo Clínico de la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría en Tomelloso del SESCAM en donde se indica que el motivo inicial de consulta por el que acudió a esta Unidad fue un cuadro de malestar caracterizado por sintomatología ansioso-depresiva, con posible diagnóstico de Trastorno Adaptativo Mixto, (según información previa contenida en la historia clínica), en relación a una pérdida afectiva (fallecimiento de su pareja en Agosto de 2007 tras siete años de relación). Respecto de la representación en el presente procedimiento por parte del letrado compareciente, solo ha quedado acreditada respecto de los padres del fallecido, mediante la oportuna escritura de apoderamiento. En el plano opuesto, el de la legitimación pasiva, la misma ha quedado acreditada por cuando la atención sanitaria calificada como inadecuada ha sido prestada en un centro dependiente de la Administración regional. Por lo que al plazo del ejercicio de la acción se refiere, los artículos de la Ley 30/1992 y 4.2 del Real Decreto 429/1993 establecen que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En el presente supuesto, el fallecimiento del paciente se produjo el día 30 de agosto de 2007, pero la prescripción se vio interrumpida por la presentación de la denuncia penal que dio lugar a las diligencias previas 1361/2007, las cuales finalizaron con el auto dictado el día 29 de mayo de 2009 y notificado el 3 de junio siguiente, por el que se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Por ello, el dies a quo se inició cuando tal resolución judicial gano firmeza, lo que supone que al presentarse la reclamación el 2 de febrero de 2010, la acción para reclamar no había prescrito. V Requisitos sustantivos: daño, relación de causalidad y antijuridicidad de aquél.- La efectividad del daño por el que se reclama está acreditada, al haberse producido el fallecimiento del familiar -hijo, hermano y novio de los reclamantes- acaecido en el Hospital H. Determinada la existencia de daño, procede analizar si concurren los requisitos de causalidad y, en su caso, de antijuridicidad del mismo que puedan dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración. Según el informe radiológico del Dr. P efectuado el día 14 de agosto de 2007, D. X presentaba una masa intraventricular izquierda de 3,5 centímetros, localizada junto al agujero de Monroe del ventrículo lateral izquierdo que provoca obliteración de éste, es decir, desaparición de la luz de un conducto a causa de la adherencia de sus paredes o la obstrucción del mismo, y desplazamiento del septum pellucidum (membrana que separa las astas anteriores de los ventrículos) a la derecha, lo que promueve hidrocefalia. Con esta sintomatología de hipertensión endocraneana secundaria a hidrocefalia obstructiva y sospecha de ependinoma o meningioma o papiloma del plexo coroideo del ventrículo lateral izquierdo, se opta por el tratamiento quirúrgico, previa firma del consentimiento informado por el paciente para la intervención de tumor intracraneal, por padecer un neurocitoma central del tercer ventrículo. El neurocitoma central, según dice la médica forense, es un tumor raro de origen neuronal, cuyo diagnóstico definitivo se establece por el estudio inmunohistoquímico y ultraestructural debido a su semejanza con el oligondendroglioma y el ependimoma al microscopio óptico. Su tratamiento es la resección quirúrgica, siendo la hemorragia intraventricular el mayor riesgo que se produce en este tipo de intervenciones. A juicio de la forense el paciente fue tratado por Neurocirugía empleando el método habitual [ ] Como complicación propia de esta resección el paciente presentó una hemorragia intraventricular que es controlada mediante un drenaje ventricular externo, método apropiado para tratar las hemorragias intraventriculares. En la declaración testifical que consta en las diligencias previas 1361/2007, la médica forense afirma que la intervención de neurocitoma central es una intervención difícil, en una zona vital y prolongada en el tiempo que tiene un riesgo altísimo de que se produzcan hemorragias, pero que no existe un tratamiento alternativo. Asimismo manifiesta que es preferible efectuar una resección total, pues al hacerla parcial el tumor vuelve a crecer con el paso del tiempo, tesis coincidente con la que manifiesta la médica inspectora en su informe. Igualmente afirma la médica inspectora que la producción de un importante sangrado del lecho tumoral precisaba la colocación de un sensor de PIC y de un drenaje intraventricular, los cuales cumplían los criterios de indicación establecidos en la bibliografía médica, al igual que la posterior derivación ventrículo-peritoneal. También manifiesta la médica inspectora que Debido a la evolución tórpida, con picos de aumento de la PIC, X tuvo que permanecer en coma inducido, precisó la realización de traqueotomía (12/09/07), recolocación de drenajes (05 y 26/09/07) y colocación de derivación ventrículo peritoneal el 14/09/07, que se cambia el 22/09/07. El Dr. V, Coordinador de REA informa a 25/10/07, que no hubo problemas en el funcionamiento de las vías de administración de medicamentos y 11

12 de líquidos en los 33 días que el paciente permaneció allí ingresado. La valoración realizada por dermatólogo el 18/09/07 recoge que presenta edema en brazo derecho pero no signos inflamatorios. En la historia clínica consta un detallado registro de cada día de ingreso en REA, de las constantes, la medicación, controles analíticos, pruebas realizadas, incidencias de enfermería, etc. que demuestran que las atenciones sanitarias al Sr. X fueron las que correspondía a su situación en cada momento, e iguales a las que hubiese recibido si su ingreso se hubiese realizado en UCI en un primer momento. La normalidad a la que se refiere la médica inspectora no supone que durante los días que estuvo ingresado en el drenaje se presentaran las incidencias a las que se refiere el reclamante en su escrito de alegaciones, con cita de las observaciones efectuadas por el personal de enfermería adscrito al Servicio de Medicina Intensiva. Basta con consultar las anotaciones allí efectuadas para comprobar cómo las incidencias que surgían eran resueltas por la correspondiente enfermera o eran puestas en conocimiento del médico si precisaban su atención. De lo manifestado por la médica forense, que coincide en lo esencial con la médica inspectora, se desprende que la intervención quirúrgica efectuada al paciente era la procedente en función de la sintomatología que presentaba, constituyendo la hemorragia intraventricular el riesgo más típico de estas intervenciones, y ello con independencia de que el tumor fuera benigno, puesto que, a pesar de su benignidad, los tumores intracraneales comprometen seriamente la vida de las personas. También fue necesaria la colocación de un PIC y de un drenaje intraventricular, en cuyo funcionamiento no ha existido ningún tipo de negligencia por parte del personal sanitario, quien en cada caso dio respuesta a las incidencias que surgieron. Alega el reclamante en su escrito de alegaciones que ante la situación crítica del paciente debió haber sido trasladado con anterioridad a la UCI, pero como al respecto dice la médica forense en su declaración, lo importante es la dotación del servicio, por lo que el hecho de no haber sido trasladado antes no significa que no estuviera bien atendido. En consecuencia, el tratamiento médico recibido por el paciente se ajustó a la lex artis que era de aplicación, que como tiene dicho la jurisprudencia por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2007 (Arz. 2009/2094)- constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, mas en ningún caso garantizador de resultados. Efectuadas las anteriores consideraciones generales respecto al tratamiento médico que se confirió al paciente, procede a continuación analizar de forma más pormenorizada las imputaciones referentes a la infección nosocomial, a la desproporción entre la situación original del paciente y el daño producido y al consentimiento informado. Comenzando por la última imputación, afirma el reclamante que el paciente no fue en ningún momento informado del pronóstico, del tratamiento, de sus posibles alternativas ni de los riesgos que acarreaba la intervención, por lo que no existió consentimiento informado, lo cual ya da lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración. Esta imputación carece de rigor, puesto que, como se ha expuesto en los antecedentes de este dictamen, en el expediente constan los consentimientos informados para la anestesia y para la intervención del tumor intracraneal, en el que se contiene la técnica que se va a seguir de craneotomía ; se informa detalladamente al paciente de los objetivos de la intervención, los cuales se dice, pueden lograrse total o parcialmente, y se efectúa una descripción bastante completa de la técnica a utilizar. Igualmente se expresa en el documento de consentimiento informado que la intervención es extremadamente compleja y delicada, como también lo son los cuidados que debe recibir en la UCI. Asimismo se informa de las complicaciones relacionadas con la intervención, hemorragia, infección, fístula de líquido cefalorraquídeo ; con la manipulación de las arterias del cerebro, esquemia cerebral, entre otras; con los nervios craneales, parálisis facial, parálisis de otros nervios craneales. También se expresa que con mayor frecuencia se pueden producir complicaciones no relacionadas directamente con la intervención, como son la infección pulmonar, trombosis venosa, anemia, hemorragia digestiva, etc., pudiendo llegar la mortalidad postoperatoria al 5 por 100. Del examen del documento de consentimiento se concluye que se ajusta a las determinaciones exigidas tanto en el Capítulo IV de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, como en la Sección 2ª del Capítulo III de la Ley autonómica 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. También alega el reclamante que la infección nosocomial que dio resultado a la sepsis que ocasionó la muerte de X fue adquirida en el quirófano o durante el postoperatorio, añadiendo que dicha infección derivó de la negligente actuación de los servicios sanitarios del Hospital H, especialmente en la colocación y mantenimiento del drenaje intraventricular. La existencia en este caso de una infección nosocomial es una cuestión que resulta admitida por los médicos del referido Hospital. Ahora bien, la cuestión a determinar es si dicha infección se produjo por falta de los adecuados controles higiénicos previos tanto del quirófano en que se intervino al paciente como del instrumental utilizado en la cirugía que se le practicó, o por negligencia en su seguimiento asistencial, o si, por el contrario, el paciente adquirió la infección a pesar de que se cumplieran los estándares adecuados, tanto preventivos como terapéuticos, pues como ya dijo este Consejo en sus dictámenes 160/2010, de 29 de julio, y 231/2010, de 20 de octubre, siguiendo la línea jurisprudencial que últimamente viene siendo mayoritaria (Sentencias de la Audiencia Nacional de 10 de febrero de 2004, Jur 2004,184790, de 19 de mayo, Jur 2004,183873, y de 3 de diciembre de2008, Jur 2009,3257; del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de marzo de 2007, Jur 2007,234074; del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de abril de 12

13 2007, Jur 2007,280882; del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de febrero de 2008, Jur 2008,130249, y de 28 de diciembre de 2008, Jur 2008,139329; del Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de Toledo de 30 de junio de 2008; y del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2004, RJ 2004,6005, y de 19 de noviembre de 2008, RJ 2008,5969 ), según la cual también en el caso de la existencia de infecciones nosocomiales debe jugar el respeto a la lex artis y establecer la existencia o no de relación de causalidad entre el servicio público sanitario y el daño en función de las actuaciones realizadas por la Administración sanitaria para prevenir la infección nosocomial, su posibilidad de combatirla según el estado de la ciencia y el concreto tratamiento terapéutico seguido con el paciente una vez detectada dicho tipo de infección; extremos cuya acreditación corresponde a la Administración sanitaria, probando que se han cumplido los estándares de prevención y asepsia adecuados en función de los conocimientos de la ciencia. El criterio que expresó este Consejo en los dictámenes citados, sigue siendo de plena aplicación, y así lo dicho el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 6 de julio de 2011 (Arz. RJ 2012,629) y de 9 de octubre de 2012 (RJ 2012,9798), quien afirma que no es suficiente con constatar el origen intrahospitalario de una infección para de ello concluir la responsabilidad de la sepsis al funcionamiento del servicio médico, sino que, para que pueda nacer la responsabilidad patrimonial de la Administración, es necesario acreditar el incumplimiento del estándar de rendimiento, que permite el estado del conocimiento, para detectar la presencia del elemento causante de la infección. Ello supone que no puede ser acogido a última alegación que efectúa la representante de los reclamantes en su escrito de alegaciones de 4 de octubre de 2102, en el que manifiesta que por el hecho de haberse producido una infección nosocomial ya se origina la responsabilidad sanitaria. En el expediente obran cuatro informes de la Dra. N, del Servicio de Medicina Preventiva relacionados con esta cuestión. En el primero, emitido el día 14 de abril de 2010, se afirma que Las medidas que habitualmente se realizan para el control higiénico ambiental del área quirúrgico -descritas en su informe y que se reproducen en el antecedente cuartoresultaron negativas (0 UFC m3) en cada una de las realizadas en el periodo que nos ocupa (previas a la intervención: 24 y 31 de julio y 21 de agosto de 2007, y posteriores: 18 de septiembre y 23 de octubre). Igualmente se afirma que el instrumental utilizado en la intervención fue esterilizado no mostrando el proceso de esterilización ninguna incidencia, por lo que concluye que existió un nivel de bioseguridad adecuado. Posteriormente, el día 8 de abril de 2011se emitió un nuevo informe en el que se analizan los resultados microbiológicos producidos durante la estancia del paciente en el Servicio de Reanimación, en el de Neurocirugía y en la UCI. De los screenings periódicos efectuados en el Servicio de Reanimación ( a ), los resultados fueron los siguientes: el efectuado el día 3 de septiembre de 2007, el paciente resultó positivo en cultivo exudado rectal, siendo negativo en exudados faríngeo y axilar; el realizado el día 10 del mismo mes, resultó positivo en exudados axilar y rectal, manteniéndose negativo en exudado faríngeo; y el llevado a cabo el día 24 de septiembre, resultó positivo en exudado faríngeo y negativo en exudados axilar y rectal. Añade que durante el seguimiento del paciente y ante la aparición episódica y discontinua de clínica sugestiva de infección, se pidieron cultivos de aspirado traqueal, líquido cefalorraquídeo, cultivo de punta de catéter y hemocultivos, con los siguientes resultados: el 4 de septiembre de 2007, aspirado traqueal positivo a Escherichia Coli y negativo de líquido cefalorraquídeo y de catéter. El 10 de septiembre, aspirado traqueal positivo a E. Coli, a pesar del tratamiento. El 18 del mismo mes, aspirado traqueal positivo a Acinetobacter Baumanni/haemolyticus, E. Coli y Cándida cruzei. El 24 aspirado traqueal positivo a Acinetobacter Baumani/haemolyticus y a E. Coli, a pesar del tratamiento instaurado, lo mismo que el día 27. Respecto de los resultados durante la estancia del paciente en el Servicio de Neurocirugía ( a ), manifiesta que a Al ingreso y durante su seguimiento en planta aparecen signos y síntomas de infección severa, principalmente picos febriles (38-40º C) y secreciones purulentas en cánula respiratoria, a pesar del tratamiento. Se obtienen los siguientes resultados de las actuaciones llevadas a cabo: el 5 de octubre, hemocultivo positivo a SAMR (Staphylococcus aureus meticilina-resistente), que es un patógeno grampositivo multirresistente a antibióticos. El 9 de octubre, aspirado traqueal positivo a SAMR, hemocultivo positivo a SAMR, estafilococo coagulasa negativo y Cándida glabrata de cultivo de catéter positivo a SAMR y Cándida glabrata. A juicio de la doctora, estos resultados indican la persistencia del diagnóstico de neumonía y bacteriana asociada a catéter, ambas debidas a SAMR, como principal germen causal implicado en los procesos infecciosos que sucedieron durante su estancia en dicho servicio, a pesar del tratamiento. Durante la estancia del paciente en la UCI, el día 10 de octubre, fecha de su fallecimiento, persiste el aspirado traqueal positivo a SAMR. En la ampliación del informe efectuado el día 18 de abril de 2011, la Dra. N dice que durante el ingreso del paciente en el Servicio de Reanimación coincidió desde su ingreso hasta el 21 de septiembre de 2007, con una paciente a la que el 3 de septiembre le fue diagnosticada una neumonía por SAMR, con un perfil de resistencia similar al que presentó D. X y Acinetobacter Baumanni de características diferentes al que colonizó al Sr. X. Respecto a las infecciones que tuvo el paciente, la médica inspectora manifiesta que A los 5 días de la cirugía, presenta el Sr. X microorganismos patógenos en el recto (Acinetobacter) y a los 6 días, en el aspirado bronquial (E. Coli y S. Viridans), estando con tratamiento antibiótico (vancomicina, tobramicina), que es cambiado el 16/09/07 (ceftazidima, tobramicina) por presentar neumonía en base derecha. La neumonía nosocomial tiene como origen más frecuente la microaspiración de bacterias que colonizan la orofaringe y entre los microorganismos causales más frecuentes están el E. Coli (presente en flora intestinal) y el Acinetobacter Baumanni (presente en flora cutánea). El tratamiento antibiótico que le fue administrado a X, empírico al principio, se fue cambiando en base a los resultados de los cultivos y la sensibilidad de los microorganismos detectados. 13

14 Por su parte, en el informe aportado por la aseguradora de la Administración se dice que en las intervenciones de tumores cerebrales, con independencia de su resultado, el paciente precisa la colocación de 1 o 2 drenajes ventriculares externos y un periodo prolongado en la UCI o Reanimación. En esta situación y a pesar de la administración de antibióticos profilácticos es muy frecuente la aparición de infecciones, bien pulmonares, sanguíneas, urinarias o de LCR [liquido cefalorraquideo]. La aparición de estas infecciones no significa ninguna negligencia médica, sino la consecuencia natural de un postoperatorio inmovilizado con drenajes intracraneales externos, con múltiples vías y ventilación mecánica. Todas las complicaciones del paciente fueron tratadas con todos los medios científicos, técnicos y humanos apropiados. Una vez que la infección se disemina por la sangre (situación de sepsis), la mortalidad a causa de la infección es superior al 50 % por fallo multiorgánico. Los doctores autores del anterior informe, emitieron otro complementario, en el que se tuvo en cuenta el emitido el día 18 de abril de 2011, donde, después de ratificarse en su informe anterior, añaden que El fallecimiento del paciente fue consecuencia fundamental y directa de la hemorragia cerebral e hidrocefalia asociada posterior a la intervención quirúrgica y que Las complicaciones referidas producen un estado de coma que requiere mantener al paciente con ventilación mecánica un tiempo prolongado. La mayoría de los pacientes en situación de ventilación mecánica crónica presentan infecciones pulmonares de repetición. Estas infecciones no se deben a la presencia de gérmenes anómalos sino a la alteración de los mecanismos defensivos frente a la infección, que al no actuar en la situación de ventilación mecánica (en la que el aire es introducido a presión en el árbol bronquial) hacen que gérmenes habituales en la flora respiratoria proliferen y causen la infección respiratoria. A pesar de que, a juicio de este Consejo, en el expediente había quedado acreditado que el tratamiento seguido con el paciente se había adecuado, en principio, a la lex artis, surgía la duda de si el cultivo a SAMR y Cándida glabrata pudo ser debido a la coincidencia en la Unidad de Reanimación con una paciente a quien el 3 de septiembre se detectó que tenía neumonía por SAMR. Sin embargo, esta duda ha sido despejada con el informe emitido por la Dra. N el día 20 de junio de 2012, en el que después de asegurar que a los pacientes que en el Hospital H se detecta una neumonía por SARM se les aplica el protocolo de contacto, por ser éste un germen que se transmite por esa vía, se añade que no se requiere ningún otro tipo de aislamiento físico, sólo indicado en los casos de gérmenes transmitidos por vía aérea. En el último escrito de alegaciones se afirma que se produjo una ruptura de la asepsia al compartir X la unidad con otra paciente contagiada, pero, a pesar de obrar en su poder el informe referido, no aporta ninguna otra opinión médica que avale su alegación. En consecuencia, aunque es posible que la infección por el SAMR y la Cándida Glabrata haya contribuido al fallecimiento del paciente, ello no supone que el daño sea antijurídico, toda vez que los profesionales sanitarios actuaron ajustándose a la lex artis ad hoc. Finalmente, por lo que se refiere a la imputación de que existe una total desproporción entre la situación del paciente a su ingreso y el resultado final, como se deriva tanto de los informes médicos del Hospital, como del informe médico forense, la intervención realizada al Sr. X presentaba múltiples complicaciones tanto durante la intervención como durante el postoperatorio, por lo que, en este caso, el fallecimiento del paciente no puede considerarse daño desproporcionado, al constituir un riesgo inherente a la grave dolencia padecida y al complejo tratamiento que comportaba. Por todo lo anterior, procede desestimar la reclamación, al no tener el carácter de antijurídico el daño por el que se reclama. 14 VI Sobre la indemnización solicitada.- En la reclamación se solicita una indemnización de ,17 euros, por los siguientes conceptos: 1.- En aplicación del baremo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, solicita para los padres y la hermana ,05 euros, en aplicación de la Tabla I, más 9.610,10 euros en base al factor de corrección previsto en la Tabla Por los daños económicos a los familiares derivados de la baja hospitalaria del paciente euros, que resultan de multiplicar por 61,98 euros los 43 días que el paciente estuvo hospitalizado por cada una de sus representados. 3.- Por los daños morales sufridos por los reclamantes, ,80 euros. 4.- Por los honorarios profesionales devengados durante el proceso penal, 9.495,34 euros. 5.- Por intereses legales y moratorios, ,64 euros. Empleando como método de valoración el previsto en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, con la actualización de las cantidades efectuadas mediante la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 7 de enero de 2007, año en el que se produjo el fallecimiento, que es el criterio generalmente utilizado con carácter orientativo por este Consejo para la valoración de los daños, las circunstancias familiares que concurren en los reclamantes tienen su encaje en el Grupo IV de la Tabla I del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de diciembre, Víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes. En este caso, tanto el citado Real Decreto Legislativo, como la Resolución de 7 de enero de 2007, prevén para los padres una cantidad indemnizatoria diferente en función de que exista o no convivencia con la víctima. De existir, la indemnización que correspondería a los padres es de ,14 euros. En el

15 caso de no convivencia, la indemnización se reduce a ,47. Aunque el reclamante dice que D. X convivía con sus padres, en el expediente no está acreditada esta circunstancia, por lo que la indemnización que correspondería a los padres en aplicación de lo previsto en la Tabla I de las disposiciones citadas es de ,47 euros. No resulta de aplicación ninguna indemnización a la hermana de la víctima, al ser mayor de edad en la fecha del fallecimiento de su hermano salvo la que pudiese derivar del daño moral derivado del fallecimiento de éste. Lo mismo habría que decir respecto de D.ª S, si se hubiese acreditado su relación de largo noviazgo con el fallecido. A dicha cantidad, y en aplicación de lo previsto en la Tabla II, se debe aplicar un factor de corrección del 10 por 100, toda vez que no están acreditados los ingresos netos de la víctima por trabajo personales, y tampoco concurre ninguna otra circunstancia de las allí previstas. Ello supone 6.614,85 euros. En cuanto a la indemnización por los daños económicos a los familiares de la víctima durante el tiempo que estuvo ingresados, es de señalar que no existe acreditación de que se haya producido algún gasto necesario por esta circunstancia y, por lo que se refiere a los gastos derivados del proceso penal, los mismos no guardan relación con la presente reclamación, ya que dicho proceso no constituía un requisito necesario para su interposición. Finalmente, tampoco procede en este caso la aplicación de los intereses legales y moratorios ex artículo 20.4 de la Ley del contrato de seguro, toda vez que el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece, para la responsabilidad patrimonial de la Administración, un específico sistema de actualización vinculado al índice de precios al consumo, al disponer que La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen: Que no revistiendo carácter antijurídico el daño causado a D. W y otros por el fallecimiento de D. X, producido como consecuencia de las complicaciones surgidas de la intervención quirúrgica realizada en el Hospital H, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 15

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