Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 22 Jun. 2004, rec.

Transcripción

1 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 22 Jun. 2004, rec. 14/2004 Ponente: Sospedra Navas, Francisco José N.º Sentencia: 721/2004 N.º Recurso: 14/2004 Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA LA LEY JURIS: /2004 Texto En la ciudad de Barcelona, a veintidos de junio de dos mil cuatro TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Rollo de apelación nº 14/2004 Parte apelante: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT y DEP. SANITAT I SEG. SOCIAL - GENERALITAT DE CATALUNYA Representante de la parte apelante: FRANCISCO TOLL MUSTEROS y LLETRAT DE LA GENERALITAT Parte apelada: Victor Manuel Representante de la parte apelada: IGNACIO CASTRODEZA VIA S E N T E N C I A Nº 721/2004 Ilmos. Sres.: PRESIDENTE D. ÁNGEL GARCÍA FONTANET MAGISTRADOS D. EDUARDO BARRACHINA JUAN Dª. Mª LUISA PÉREZ BORRAT D. FRANCISCO JOSE SOSPEDRA NAVAS D. EDUARDO HINOJOSA MARTINEZ VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUAR- TA), constituida para la resolución de este recurso, arriba reseñado, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente Sentencia. Ha sido Ponente D. FRANCISCO JOSE SOSPEDRA NAVAS Don FRAN- CISCO JOSE SOSPEDRA NAVAS, quien expresa el parecer de la SALA. LA LEY 1

2 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El día 27/10/2003 el Juzgado Contencioso Administrativo 9 de Barcelona, en el Procedimiento abreviado seguido con el número 208/2003, dictó Sentencia Estimatoria del recurso interpuesto contra la Resolución primero presunta y luego expresa de 14/7/03 del Conseller de Sanitat i S.S. que desestimó el Recurso de alzada contra la Resolución de 16/12/02 por la que se impuso una sanción por comisión de falta muy grave por dirigir a pacientes a despachos de abogados, por posibles indemnizaciones. Sin expresa imposición de costas. SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección. TERCERO.- Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que tuvo lugar el 15 de junio de CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se recurre en apelación la sentencia de fecha 27 de octubre de 2003, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Barcelona, que estimaba la demanda interpuesta por el demandante contra la resolución sancionadora dictada por el Departament de Sanitat i Seguretat Social con fecha 14 de julio de La sentencia recurrida estimaba la demanda en aplicación de lo dispuesto en el art del Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social, al haberse excedido el plazo de dos meses establecido en el referido precepto, puesto que el procedimiento disciplinario se incoa en fecha 22 de marzo de 2002, notificado al recurrente en fecha 25 de marzo de 2002, y la prórroga se concede en fecha 14 de junio de 2002, una vez ya se había rebasado el plazo establecido. Se recurre la sentencia por las demandadas alegando en síntesis que no se había rebasado el plazo y que, en cualquier caso, ello no supone una causa de nulidad o anulabilidad, sino un defecto de forma que no afecta a la validez de lo actuado (art Ley 30/1992), a lo que se opone el demandante, ahora apelado. SEGUNDO.- La cuestión planteada en este recurso ha sido y es objeto de una amplia controversia en la interpretación que viene sosteniéndose por los diferentes Tribunales, en orden a la aplicación del instituto de la caducidad en los procedimientos disciplinarios. Por el contrario, no se presentan dificultades en orden a la cuestión fáctica planteada, puesto que es evidente que se rebasó el plazo de dos meses, en tanto que el mismo ha de computarse desde que se procede a la incoación del expediente disciplinario y no desde el mo- LA LEY 2

3 14/2004 mento en que se nombra instructor, una vez que el expediente ya ha sido incoado. TERCERO.- Entrando en la cuestión controvertida, de naturaleza jurídica, debe subrayarse que se han manejado diferentes argumentos a favor y en contra de la aplicación del instituto de la caducidad en sede de procedimiento disciplinario, sobre todo a raíz de la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo operada por Ley 4/1999, que dio nueva redacción al art. 44.2, estableciendo que "en los procedimientos que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad..". La redacción del precepto presentaba claras similitudes con la del art de la Ley 30/1992, si bien especificaba el efecto en relación a los procedimientos sancionadores, prescindiendo además del término "ciudadanos", que había motivado que se excluyera la aplicación de la caducidad a los procedimientos disciplinarios, en tanto que la potestad se ejercitaba en el marco de una relación de sujeción especial. Ello ha determinado una mayor aplicación en sede jurisprudencial del instituto de la caducidad, sobre todo a raíz de la redacción del art. 69 de la Ley 24/2001, que establece que en el procedimiento disciplinario de los funcionarios de la Administración General del Estado el plazo para notificación y resolución es el de doce meses, lo cual refrenda los argumentos favorables a la existencia de un plazo de caducidad en los procedimientos disciplinarios. La aplicación del instituto de la caducidad a los procedimientos disciplinarios la encontramos en diferentes sentencias, tales como las SSTSJ Andalucía de 10 de marzo de 2003 (Recurso 475/2002) y 19 diciembre 2003 (R. 3668/2003), La Rioja 21 mayo 2003 (Recurso 570/2001), o la de la Audiencia Nacional de 3 de octubre de 2002 (Recurso 26/2002), entre otras). En el ámbito del personal estatutario, el art. 70 del Estatuto, establece en el apartado 3 que el expediente se tramitará en el plazo máximo de dos meses, salvo que circunstancias justificadas impidieran concluirlo, en cuyo caso el Instructor solicitará de la Jefatura de los Servicios sanitarios la ampliación del mismo. La aplicación de este plazo específico para el personal estatutario ha llevado a apreciar la terminación del expediente por caducidad, cuando ha sido rebasado dicho plazo, en la sentencia de esta Sala de 12 de mayo de 1999, a la que se hace referencia en la sentencia de instancia, así como en las sentencias del TSJ de Galicia de 17 de julio de 2003 (R. 1312/2002) y de Andalucía de 27 de enero de 2003 (Recurso 5284/1997). CUARTO.- Los fundamentos que determinan la aplicación de la caducidad una vez se ha rebasado el plazo de tramitación de los expedientes sancionadores en materia disciplinaria son los siguientes: LA LEY 3

4 a) en primer lugar, la D.A. tercera de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, estableció que "los procedimientos para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración General del Estado se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las normas contenidas en los títulos preliminar, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley 30/1992..", lo que determina la aplicación del art. 44 de la Ley 30/1992, redactado por Ley 4/1999. b) en segundo lugar, el art. 44 de la Ley establece que se producirá la caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras. El hecho que la caducidad no esté regulada específicamente en las normas de Derecho disciplinario no impide la aplicación de la regulación general, teniendo en cuenta lo que supone de garantía de los derechos del interesado y su proyección sobre el procedimiento, y ello está al margen de las causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria, puesto que la caducidad no impide que pervivan las acciones correspondientes, iniciándose nuevo procedimiento, siempre, claro está, que no se haya producido la prescripción de la falta. c) La evolución normativa en la materia, de la que se desprende la aplicación del la caducidad en los procedimientos disciplinarios, tal como se expresa en el art. 44 de la Ley 30/1992, antes citado, y del art. 69 de la Ley 24/2001, que establece un plazo de doce meses para la notificación y resolución de los procedimientos disciplinarios de los funcionarios de la Administración General del Estado, reforzándose de esta forma los argumentos anteriores sobre la aplicación del instituto de la caducidad. QUINTO.- La sentencia recurrida aplica el instituto de la caducidad en el caso del personal estatutario, al haberse excedido el plazo establecido en el art. 70 del Estatuto, tal como se constata de lo actuado. Ello no infringe la doctrina sentada en interés de ley por esta Sala en sentencia 1/2000, de 10 de octubre, puesto que la misma se refería a la aplicación del Decret Llegislatiu 1/1997, y no al Estatuto Jurídico del Personal Médico, además que desde entonces se han sucedido las modificaciones expuestas en el marco normativo. Por este mismo motivo, también se ha modificado el marco normativo contemplado en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1999, dictada sobre esta cuestión. Finalmente, debe subrayarse que en esta sentencia modificamos el criterio sostenido en alguna resolución anterior, como la dictada en fecha 28 de mayo de 2003, sentencia número 172/2003, entendiendo más acertado el sostenido en otras, como la ya citada de 12 de mayo de 1999, o el de la sentencia de 17 de septiembre de 2002, dictada por la Sección quinta, sentencia número 668/2002, pues el actual marco normativo y razones de seguridad jurídica determinan la terminación del procedimiento por caducidad cuando se rebasan los plazos establecidos para su tramitación. LA LEY 4

5 14/2004 SEXTO.- De ello resulta que debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto, sin que proceda hacer imposición de costas, conforme al art. 139 de la LJCA, al estar justificada la interposición de la apelación por la controversia jurídica existente, expuesta en los anteriores fundamentos. FALLAMOS Desestimamos el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2003 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Barcelona, la cual confirmamos, sin hacer imposición de costas de esta alzada. Notifíquese la presente resolución en legal forma, y verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución. Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICA- CIÓN Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente estando la Sala celebrando audiencia pública el día 1 de julio de 2.004, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma. Doy fe. LA LEY 5