Responsabilidad civil-laboral por daños y perjuicios provenientes de accidentes de trabajo

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1 Responsabilidad civil-laboral por daños y perjuicios provenientes de accidentes de trabajo 1. Introducción Joel CÁCERES PAREDES Una de las clásicas y principales diferencias entre el Derecho Civil y el Derecho del Trabajo es que el primero presupone la igualdad de las partes contratantes, mientras que el segundo habla de un desequilibrio material entre ellas 1. Se dirá que toda esta formulación es añeja: ya existe un andamiaje protector erigido en función a la especial caracterización de la relación de trabajo; pero es prioritariamente nueva si se trata del análisis y crítica a la actual regulación sobre la determinación de la responsabilidad resarcitoria del empleador en la producción de accidentes de trabajo. En efecto, para la determinación del juicio de responsabilidad civil-patronal por accidentes de trabajo la legislación laboral no ha ofrecido alcances claros y específicos para regular una relación jurídica distinta (la relación laboral) a la determinada por las normas civiles. Esto se debe, entre otros motivos, a que por mucho tiempo la responsabilidad civil del empleador por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales ha sido de competencia del fuero civil o, debido también a que comúnmente la legislación laboral ha optado por el seguro de accidentes como fórmula para regular y afrontar las contingencias producidas por los accidentes de los trabajadores. En el marco de esta problemática, el presente trabajo tiene por objetivo esencial mostrar algunos puntos críticos en la regulación jurídica de la responsabilidad civil aplicados a los supuestos de la obligación resarcitoria del empleador en los accidentes de trabajo, especialmente, en referencia a la determinación del criterio de imputación para la determinación de la responsabilidad laboral: responsabilidad objetiva, semiobjetiva o subjetiva? Para atender dicha interrogante, realizaremos previamente un recuento histórico de la normativa sobre accidentes de trabajo y, paralelamente, la regulación de la responsabilidad civil vigente; posteriormente analizaremos el sustento de la responsabilidad en materia laboral: contractual o extracontractual; y finalmente, desarrollaremos el criterio de imputación que es y puede ser aplicable en los casos de responsabilidad civil-patronal por accidentes de trabajo. 2. La responsabilidad civil del empleador por accidentes del trabajo Según León Hilario, en sentido jurídico, la responsabilidad puede definirse como la situación del sujeto al que le toca experimentar, concretamente, las consecuencias, para él 1 Frente al dogma liberal de la igualdad de los contratantes, la legislación de trabajo se apoya en la idea de la asimetría del contrato de servicios a causa de la desigualdad de poder económico de patronos y obreros (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRIGUEZ-SAÑUDO GUTIERREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín, Derecho del Trabajo, 6ta ed., Tecnos, Madrid, 1997, p. 67).

2 desventajosas, que una norma prevé y le impone atendiendo a la verificación de un determinado presupuesto 2. Estas consecuencias desventajosas, continúa señalando referido el autor, manifiesta la reacción del ordenamiento jurídico frente a un hecho que se considera legalmente reprobable, por atentar contra intereses ajenos o de la colectividad en general 3. En el caso específico de accidentes de trabajo (y también de enfermedades profesionales) es claro que nuestro Ordenamiento Jurídico repudia la ocurrencia de tales acciones. De hecho, trata de evitarlas con todo un andamiaje normativa de prevención del riesgo laboral materializada recientemente a través de la Ley N Esta situación obedece a que, de un tiempo a esta parte, se viene identificado cifras cuantiosas relacionadas con los accidentes de trabajo a nivel mundial. Así, la OIT ha documentado que cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, o 160 trabajadores sufren un accidente 4. Aunque el centro de la preocupación, como es lógico, se encuentra en la prevención de la siniestralidad laboral, la responsabilidad civil-patronal ocupa también un espacio importante en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Así pues, la función resarcitoria de la responsabilidad civil, a nuestro parecer, puede operar no solo cuando existe incumplimiento de parte del empleador respecto a las coberturas previsionales respectivas, sino también de forma complementaria cuando esta sea insuficiente para reparar un daño. Un típico ejemplo de este supuesto es el relativo al resarcimiento por daños moral ante un accidente de trabajo (o enfermedad profesional). De ahí que, resulta relevante para las relaciones laborales las reglas aplicables respecto al criterio de imputación en la determinación de la responsabilidad civil-patronal por accidentes de trabajo. 3. La evolución normativa de la responsabilidad por los accidentes de trabajo Una de las primeras manifestaciones de protección social, allá por los albores del Derecho del Trabajo de matriz obrero industrial, fue la preocupación por la siniestralidad de los trabajadores. En aquel entonces, la responsabilidad civil por daños y perjuicios, cuya influencia principal proveía de la regulación romanista del Código Civil de Napoleón, demostró la insuficiencia del sistema para asegurar una indemnización eficaz a los peligrosos accidentes derivados de la civilización industrial 5, en la medida que fijaba como criterio delimitador de responsabilidad la culpa del empleador. En efecto, los accidentes de trabajo no solo 2 LEÓN HILARIO, Leysser, La responsabilidad civil. Líneas Fundamentales y Nuevas Perspectivas, Jurista Editores, 2da, Ed., p Loc. Cit. 4 Al respecto, vide: 5 LENS, RICARDO, Responsabilidad civil: presente, futuro y distorsiones del sistema, en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Año X - N 7 - julio de 2008, Buenos Aires, p. 17

3 afectaban a las terceras personas, sino también a los propios trabajadores de la industria naciente 6. Como consecuencia de esta nueva realidad, las primeras leyes de accidentes de trabajo que se emiten en los principales países industrializados de Europa recogen disposiciones sobre prevención y cobertura de los riesgos laborales. Así, por ejemplo, la primera Ley de Seguro de Accidentes de Trabajo dada en Alemania de 1884 estableció lo siguiente: Los patronos debían cotizar obligatoriamente a las cajas para cubrir la invalidez permanente provocada por los accidentes de trabajo. En caso de incapacidad total, el trabajador percibiría una renta equivalente al 66% de su salario y en el supuesto de que falleciera, la viuda cobraría un 20% más el 15% por cada hijo menor de quince años. Las cotizaciones estaban a cargo de empleador, el seguro funcionaba según el principio de repartición, de conformidad con la propuesta de Bismarck, que se oponía a un sistema fundado en la capitalización. Las prestaciones incluían el otorgamiento de una renta de acuerdo con la incapacidad del trabajo. Ley preveía inspecciones en las fábricas, con el fin de prevenir los accidentes que pudieran resultar por los peligros inherentes al lugar de trabajo. Los costos de este seguros eran sufragados totalmente por el empresario 7. En España la Ley de Accidentes de Trabajo se dio en 1900 y establecía dos clases de reglas 8 : i) sobre la seguridad e higiene en el trabajo y ii) sobre la responsabilidad del empresario por las lesiones producidas por accidente. En relación a este último aspecto, Martín Valverde, Et. Al. apuntan: A diferencia de la responsabilidad civil por daños, la establecida en la Ley de 1900 para los accidentes de trabajo no requería intervención doloso o culposa del empresario: era, por tanto, una responsabilidad objetiva, inspirada en el principio de riesgo, en virtud del cual quien pone en marcha fábricas o medios mecánicos potencialmente peligroso debe hacer frente a los siniestros producidos por los mismos, aunque no medie culpa o negligencia En nuestro país, a partir de la Ley Nº 1378, de 1911 se crea el seguro de accidentes de trabajo, el cual considera que los daños por dichos accidentes están sujetos a 6 Como señala Umberto Romagnoli, los Códigos mercantiles (como el italiano de 1882 o el Civil de 1865) estuvo pensado y aplicado para aquellos que especulan con el trabajo como una mercancía, no tomándose en cuenta la industria que acaba de nacer. (ROMALGNOLI, UMBERTO, El Derecho, el Trabajo y la Historia, Consejo Económico Social, Madrid, 1997, p. 55). 7 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo, La seguridad y la Protección Social en México. Su necesaria Reorganización, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F., 2012, p MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRIGUEZ-SAÑUDO GUTIERREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín, Derecho del Trabajo, cit., p. 70.

4 responsabilidad objetiva 9. Así pues, la Ley Nº 1378 regulaba dos tipos de indemnizaciones: la renta vitalicia para las incapacidades permanentes (totales o parciales), y los subsidios durante las incapacidades temporales (absolutas o parciales). Por aquel periodo, la codificación civil vigente de 1852, cuya influencia provenía del Código de Napoleón, recogía el carácter subjetivo de la responsabilidad civil. Así pues, clasificaba la fuente de las obligaciones provenientes de los contratos, delitos 10 y cuasidelitos 11. En cuanto a la responsabilidad civil de las obligaciones no contractuales disponía que cualquiera que por sus hechos, descuido o imprudencia cause un perjuicio a otro, está obligado a subsanarlo (artículo 2191º), y respecto a la responsabilidad contractual, señalaba que el que celebra un contrato, no solo está obligado a cumplirlo, sino también a resarcir los daños que resulten directamente de la inejecución o contravención por culpa o dolo de la parte obligada (artículos 1265). El otro antecedente importante en materia de aseguramiento contra accidentes de trabajo es el Decreto Ley Nº 18846, de 1971, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº TR, de Esta norma se aplicaba a los obreros para coberturar las contingencias no solo de accidentes de trabajo, sino también de enfermedades profesionales y también se sustentaba en la responsabilidad objetiva del riesgo creado en la producción de accidentes de trabajo. El seguro contra accidentes de trabajo, en ese sentido, era de carácter público y cubría también las prestaciones de salud como la renta vitalicia proveniente de la contingencia producida (accidente o enfermedad profesional). Según las disposiciones reglamentarias del Decreto Ley Nº , era posible demandar una indemnización por daños y perjuicios en el fuero común en el caso que el accidente de trabajo o enfermedad profesional se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del empleador. Así, la Primera Disposición General del Reglamento del Decreto Ley Nº establecía que: El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente Reglamento por parte de la Caja Nacional de Seguro Social exonera al empleador de toda otra indemnización por causa del mismo accidente o 9 DE TRAZEGNIES, Fernando, La responsabilidad Extracontractual, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, p Señala, en ese sentido, este Los accidentes ocurridos a los trabajadores con motivo de la actividad laboral, han sido los primeros en ser sometidos al régimen de la responsabilidad objetiva como consecuencia de que la actividad empresarial ha sido considerando riesgosa en sí misma. 10 El artículo 2189º del Código Civil de 1852 establecía que Delitos de los hechos perjudicados intencionalmente contra la ley 11 El artículo 2190º del Código Civil de 1852 establecía que Cuasidelitos son unos hechos ilícitos cometidos solo por culpa y sin dolo 12 La Primera Disposición General del Reglamento citado, estableció lo siguiente: el otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente Reglamento por parte de la Caja Nacional de Seguro Social exonera al empleador de toda otra indemnización por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del empleador o sus representantes, o de un tercero, la Caja Nacional de Seguro Social procederá a demandar el pago del monto de las prestaciones otorgadas. Asimismo, la víctima o sus causa-habientes podrán instaurar las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización por perjuicios.

5 enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del empleador o sus representantes, o de un tercero, la Caja Nacional de Seguro Social procederá a demandar el pago del monto de las prestaciones otorgadas. Asimismo, la víctima o sus causa-habientes podrán instaurar las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización por perjuicios. De dicho precepto se podía desprender que la regla general era la incompatibilidad del seguro de accidentes de trabajo con la demanda de la indemnización por daños y perjuicios en el fuero común; salvo que (regla excepcional) el empleador estuviera actuando por dolo o culpa. En este último caso se disponía la habilitación expresa de que el trabajador pueda demandar la indemnización por daños y perjuicio en el fuero común. Como apunta Herrera Gonzales-Pratto comentando dicha disposición: Quizá de alguna manera se consideraba que, por existir ya una protección de responsabilidad civil objetiva a través del Seguro Social, el mismo que estaba instaurado sobre bases de seguridad y equidad, no se cabía la responsabilidad civil. Solo en caso de dolo o culpa del empleador, sobrevenían para este las consecuencias de tener que restituir al Seguro Social el monto de las prestaciones y además asumir responsabilidad civil bajo las normas del derecho común. Por su parte, el Código Civil de 1936 continuó la tradición legislativa de su antecesor estableciendo un artículo similar respecto a la responsabilidad extracontractual: Cualquiera que por sus hechos, descuido o imprudencia, cause un daño a otro, está obligado a indemnizarlo (artículo 1136). Como apunta De Trazegnies comentando dicho artículo: La trilogía hechos-descuido-imprudencia del artículo 1136 del Código de al igual que sus antecedentes del S. XIX- se refería al dolo y a las dos formas de la culpa (descuido e imprudencia), no a una responsabilidad objetiva por el mero hecho, pese que existieron interpretaciones que intentaron ver un supuesto de responsabilidad objetiva en la regla mediante la cual alguien debía responder por sus hechos 13. Cabe precisar que si bien la codificación de 1936 establecía algunos supuestos de responsabilidad objetiva, no reguló un criterio sobre responsabilidad por riesgo, la cual se pudiese aplicar a los supuestos de accidentes de trabajo DE TRAZEGNIES, La responsabilidad Extracontractual, Cit. 14 Entonces, en los casos en que el Decreto Ley Nº habilitaba al trabajador a demandar por daños y perjuicios la indemnización en el fuero común, tendría que acreditar el dolo o culpa del empleador para obtener el correspondiente resarcimiento por los daños y perjuicios.

6 Nuestra actual regulación en materia de aseguramiento por accidentes de trabajo se encuentra establecida en la Ley Nº 26790, Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud, que regula el supuesto de invalidez como contingencia de cobertura seguridad social y, de manera más específica, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº TR, concordado con el Decreto Supremo Nº SA, que regulan las prestaciones previsionales de las contingencias en enfermedad profesional o accidentes de trabajo de los trabajadores de aquellas empresas que realizan labores de alto riesgo. En cuanto a la posibilidad del trabajador de demandar daños y perjuicios por responsabilidad civil por accidentes de trabajo, el artículo 88º del Reglamento de la Ley Nº establece que en los casos que una empresa, que realiza actividades de riesgo, no se inscribe en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o no contrata el SCTR para la totalidad de trabajadores o contrate coberturas insuficientes, asumirá el costo de las prestaciones que las entidades estatales (Essalud y ONP) brindarán al trabajador independientemente de la responsabilidad civil frente al trabajador y sus beneficiarios, por los daños y perjuicios irrogados. Como se aprecia, no se plantea entonces el incumplimiento de la normativa de seguridad social como el único y exclusivo caso de responsabilidad civil, sino que también es posible demandar la indemnización cuando exista cobertura insuficiente del seguro de accidentes de trabajo. Asimismo, tratándose de empleadores que no desarrollan actividades de riesgo, se establece que si los mismos incumplen con abonar las cotizaciones del Seguro Social de Salud (que en este caso cubre los accidentes de trabajo), el EsSalud otorgará las prestaciones y repetirá el pago contra el empleador 15. Paralelamente, en materia del derecho común, nuestro actual Código Civil de 1984 establece, de forma general, dos criterios de responsabilidad, según sea esta de carácter contractual y extracontractual. En la responsabilidad contractual el artículo 1321º establece que el criterio de imputación es subjetivo indicando que: queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. Mientras que en la responsabilidad extracontractual, además de imputación subjetiva, establece, por vez primera y positiva, la responsabilidad por riesgo, estableciendo en el artículo 1970º que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Finalmente, debe destacarse la regulación actual que existe en materia de seguridad y salud en el trabajo de forma general para todos los trabajadores, la cual se encuentra recogida en la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST). Así, uno de los principios que inspiran las disposiciones de la LSST es el de responsabilidad, mediante el cual El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra 15 Artículo 10º de la Ley 26790, artículo 36º del Decreto Supremo Nº SA y Acuerdo Nº ESSALUD-99: Si el empleador incumple con pagar el aporte y ocurre el siniestro, EsSalud exigirá al empleador el reembolso de las prestaciones.

7 índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. En cuanto al pago de la indemnización por la responsabilidad patronal, el artículo 53º de la LSST establece lo siguiente: El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. De modo complementario, el artículo 94º del Reglamento de la LSST, aprobado por Decreto Supremo Nº TR precisa que para afrontar la indemnización señalada en el precepto antes citado, debe existir una relación de causalidad entre el daño producido y el incumplimiento del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Así, dicho precepto especifica lo siguiente: Para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. De los preceptos citados, se desprenden con claridad la posibilidad que el empleador asuma el pago de una indemnización por daños y perjuicios por la producción de accidentes de trabajo. En tal sentido, la norma sugiere que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determine la indemnización cuando éste compruebe el daño acaecido; de lo cual se desprende que en los casos en que el MTPE no realice dicha comprobación (y determinación del pago de la indemnización), es posible que la indemnización por responsabilidad patronal se determine en la vía judicial a través de una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Ahora bien, debido a que en la actualidad no se está aplicando la determinación administrativa (por parte del MTPE) de las indemnizaciones por daños y perjuicios a los trabajadores, actualmente estos tienen la prerrogativa de acudir a la vía judicial para demandar la indemnización correspondiente ante el empleador por la concurrencia. 4. Responsabilidad por accidentes de trabajo de tipo contractual: los deberes de protección del empleador

8 Uno de los cuestionamientos más relevantes en materia de responsabilidad del empleador en los accidentes de trabajo es el relativo a la naturaleza de la responsabilidad: responsabilidad contractual o extracontractual? 16 Determinar la diferencia entre una y otra no es bizantina. Por ejemplo, según nuestro actual Código Civil, en la responsabilidad contractual se aplica los supuestos de responsabilidad subjetiva, es decir, aquella que se determina en función a la conducta dolosa o culposa del empleador; mientras que la responsabilidad extracontractual permite evaluar la conducta dañosa sobre la base del criterio de imputación objetiva o cuasiobjetiva, es decir, cuando existe, por ejemplo, actividad riesgosa que pueda ocasionar el daño resarcible. La diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual, clásicamente, se ha sustentado en que en el primer caso, nos encontraremos ante la existencia de un vínculo contractual, mientras que en el segundo supuesto no existe tal presupuesto 17. En tal sentido, en materia laboral, a la responsabilidad resarcitoria proveniente de la ocurrencia de accidentes de trabajo se le aplica, en principio, las reglas de la responsabilidad contractual, debido a que la relación jurídica que se erige entre las partes no se agotan en el cumplimiento de sus prestaciones principales: realizar la actividad trabajo por parte del trabajador y contraprestar el salario por parte del empleador. En efecto, en virtud del especial vínculo de subordinación jurídica que existe entre el trabajador (quien dispone de su fuerza de trabajo) y el empleador (que se encarga de direccionarla a su actividad empresarial), existen otro tipo de obligaciones adicionales a las que se encuentra obligado este último al ser la parte que inserta dentro de su ámbito de organización al trabajador. Se trata pues de un deber de protección-seguridad del empleador o también llamado de prevención de seguridad en el marco de un contrato de trabajo. Así pues, los deberes de protección: se traducen, en el plano dogmático, a la imposición de las partes del contrato, la adopción de medidas (de diligencia) necesarias para evitar que los intereses de integridad susceptibles de ser alcanzados por la ejecución del contrato sean de hecho afectados 18. Los deberes de protección (la instauración de aquellas obligaciones adicionales y/o distintas a la obligación principal en el desenvolvimiento del contrato de trabajo), en materia laboral ha tenido como principal antecedente histórico la contemporánea afirmación del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica. Así, por ejemplo, se puede considerar como uno de sus principales puntos de partida la entrada en vigencia del Código Civil alemán (BGB) en cuyo artículo 618º estableció que: 16 Si bien es cierto nuestro actual ordenamiento jurídico-laboral es claro en determinar que la responsabilidad civil proveniente de un vínculo de carácter laboral tiene naturaleza contractual, sin embargo, como lo veremos más adelante, el tema no siempre ha sido claro en la concurrencia de accidentes de trabajo. 17 Sin embargo, existe doctrina nacional que ha cuestionado dicha diferenciación y que señala que la responsabilidad civil es una sola, y que en materia laboral estaríamos en una zona gris, pudiendo configurarse un derecho de opción del dañado (ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Derecho de la responsabilidad civil, Gaceta Jurídica, Lima, p. 222). 18 CABANILLA SANCHEZ, Antonio, Los Deberes de Protección del Deudor en el Derecho Civil, en el Mercantil y en el Laboral, Civitas, Madrid, 2000, p.167.

9 Quién recibe los servicios viene obligado a organizar y mantener los locales, instalaciones y herramientas de los que debe proveer para la ejecución de los servicios y a regular la prestación de los trabajos que deben ser realizados bajo sus órdenes o dirección, de tal manera que el trabajador quede protegido contra los peligros que afecten a su vida o a su salud, en la medida en que el propio trabajo lo permita. Como enfatiza Manuel Álvarez de la Rosa comentando dicho precepto, Acababa de nacer la deuda de seguridad y salud laboral y muchos años pasarán para que ese mandato se convierta en un auténtico derecho subjetivo incorporado al nuevo contrato de trabajo 19. En efecto, la evolución normativa de la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo ha incorporado en el trabajador el derecho, no solo a recibir un salario o los beneficios laborales complementarios que le corresponden como trabajador, sino también a gozar de un ambiente adecuado de trabajo. Como afirma Rendón Vásquez en ese sentido, la prestación de trabajo debe efectuarse en forma tal que no dañe la salud del trabajador. Esto supone, que en el centro de trabajo y en la realización de la labor deben existir determinadas condiciones que impidan o atenúen, hasta donde sea posible, el acaecimiento de las enfermedades profesionales 20. El derecho a un ambiente seguro y saludable en el trabajo ha sido reconocido, inclusive, por las normas internacionales de derechos humanos. Así, el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece la obligación de los Estados miembros de reconocer el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, en la seguridad y la higiene en el trabajo. En nuestro país, el deber de seguridad (llamado por nosotros deber de prevención) se encuentra regulado de forma general en las disposiciones de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo en su artículo 1º que: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel, Responsabilidad Civil en la prevención de riesgos laborales, Texto Mimeografiado. 20 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho del Trabajo Individual, 5ª ed., Lima, 2000, p Apréciese, el ámbito de aplicación de dicho precepto involucra no solo trabajadores que se encuentran vinculados mediante un contrato de trabajo, sino también a cualquier otra persona que se inserte en el ámbito organizacional del empleador. Entonces, el deber de protección del empleador tiene como centro de gravedad el hecho fáctico de incorporarse en el ámbito de organización de la actividad empresarial.

10 De lo dicho hasta aquí, queda claro entonces que la responsabilidad que debe asumir el empleador por accidentes de trabajos ocurridos en el marco de una relación laboral, es una responsabilidad contractual. Así lo ha entendido también, en el ámbito adjetivo, la Ley Nº 29749, Nueva Ley Procesal del Trabajo, la cual regula la competencia judicial en los casos de resarcimiento patronal producido por los accidentes de trabajos. Según el artículo 2º de dicha ley, los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos [ ]: b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. Entonces, en la actualidad está ya difundida el criterio mediante el cual la responsabilidad por accidentes de trabajo es de carácter contractual. Sin embargo, dicha conclusión deja en el aire una duda sobre las consecuencias de su aplicación (y que será materia de análisis en el apartado siguiente): Basta la diligencia ordinaria en la obligación de prevención del empleador en los accidentes de trabajo para que se liberé de responsabilidad civil-laboral? Cuál es el criterio de imputación en la responsabilidad por accidentes de trabajo? 5. Criterios de imputación de la responsabilidad del empleador en los accidentes de trabajo Para la determinación del resarcimiento en el juicio de responsabilidad del empleador por accidentes de trabajo es necesario determinar el título mediante el cual se le imputa responsabilidad. Clásicamente, se ha establecido como criterio de imputación (factores de atribución) los de carácter subjetivo, objetivo y semiobjetivo. El primero, está relacionado al grado de culpa o dolo del agente en la producción del daño. La responsabilidad subjetiva hunde sus raíces históricas en el viejo aforismo no hay responsabilidad sin culpa, la cual se utiliza como criterio delimitador del sujeto responsable, de tal manera que, por ejemplo, se debe acreditar la existencia de una conducta dolosa o culposa en la producción del accidente para imputar la responsabilidad. En la responsabilidad objetiva, en cambio, la imputación del responsable alcanza con prescindencia de la conducta del agente. Así, esta responsabilidad es una fórmula descriptiva de una serie de hipótesis en las cuales la imputación no se funda (cuando menos directamente) en la culpabilidad del comportamiento dañoso 22. En efecto, en la responsabilidad objetiva, únicamente se realiza la verificación material de la relación causal entre el agente dañoso y la existencia del daño, para que, a partir de allí, sea suficiente la imputación de la responsabilidad. Finalmente, en la responsabilidad semiobjetiva se produce el traslado de la carga de la prueba para la acreditación de la producción daño. Se ha denominado a esta postura culpa 22 SALVI, Cesare, Responsabilitá extracontracttuale (diritto vigente), citado por FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón y LEÓN HILARIO, Leysser, La reedificación conceptual de la responsabilidad extracontractual, en Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005, p. 17.

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