En consecuencia, solicita se revoque la sentencia apelada y en su lugar, se condene a Carlos Alberto V. por el delito imputado.

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1 ACUERDO nro. 197 T. VII F. 329 En la ciudad de Rosario, a los 25 días del mes de junio del año dos mil nueve, se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal, a efectos de dictar sentencia definitiva en la causa seguida a V., CARLOS ALBERTO, titular de la L.E.: , nacido el día 14/12/1939 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, hijo de Santiago y de María Velatti, domiciliado en calle... de San Lorenzo, instruido, casado, de profesión médico Obstetra, Matrícula 6596 de la 2da. circunscripción, Prio. N I.G. de la UR XVII, por el delito de Homicidio Culposo por mala praxis médica, Expte. nro. 1606/07 del Juzgado de origen, registrado por ante la Mesa General de Entradas y Movimiento de la Cámara de Apelación en lo Penal bajo el nro. 84/09 y en trámite por ante esta Sala Primera; y estudiados los autos, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver: Practicado el sorteo dispuesto por la ley, resultó el siguiente orden de votación: Jueces de Cámara, Dres. Ernesto Atilio Pangia, Dr. Juvencio Liberal Mestres y Dr. Ramón Teodoro Ríos. VOTO DR. PANGIA: I.- La sentencia nro de fecha 16/11/08, dictada por el Sr. Juez Correccional de San Lorenzo, absuelve de culpa y cargo a V. Carlos Alberto del delito de Homicidio culposo por mala praxis médica por insuficiencia de pruebas acreditantes de su responsabilidad penal (art. 5 y 84 del C.P.). Contra dicho pronunciamiento, el fiscal interpone recurso de apelación y, concedido que fuera el mismo, queda abierta la instancia de alzada y se expresa agravios. Se imputa a Carlos Alberto V., que en fecha 27/05/02, habiendo tenido a su cargo la atención médica de Claudia Bernarda P. con motivo del embarazo del cual nació un bebé de sexo femenino, y teniendo conocimiento que dicha paciente había tenido cuatro hijos anteriores, todos con cesárea, y asistiéndola en el parto y con posterioridad al mismo, no haber adoptado las medidas que prudentemente el caso indicaba, por las cesáreas anteriores, y que por no haberse adoptado, derivaron en un proceso hemorrágico que fue negligentemente atendido, no habiéndose adoptado las medidas de urgencias que el caso requería, no obstante tener el control permanente de la paciente P. después del parto, y en los momentos en que no lo tuvo, haber actuado imprudentemente al no transmitir a quien suplía, sobre la gravedad de la situación que finalmente derivó en la muerte de Claudia Bernarda P.. II.- Corrido traslado pertinente, la Sta. Fiscal de Cámara se agravia porque el a-quo no ha evaluado apropiadamente las constancias probatorias agregadas a la causa. Sostiene que ante una cirugía de riesgo tal como surge de los mismos dichos del imputado y del dictamen médico forense- el cirujano no tomó los recaudos necesarios. Alega que la ginecorragia era una complicación más que posible en el caso de la Sra. P., sin embargo, no consta que se hayan tomado a tiempo los recaudos necesarios como para poder primero compensarla y, luego, practicar en su caso la histerectomía; tampoco consta que se haya previsto un posible sangrado y descompensación durante la operación y, si bien es cierto que el médico no puede hacerse responsable de que exista en el Sanatorio el grupo y factor sanguíneo igual al de la paciente, no lo es menos que ante el caso concreto, debió proceder a requerir la sangre previo a comenzar la cirugía ya que, se trataba de una paciente riesgosa, pero de una cirugía programada, lo cual le daba el tiempo necesario como para prepararse para contrarrestar apropiadamente las consecuencias más que posibles- de la misma. Aún cuando el sentenciante interpreta que la Junta Médico Forense evaluó que el tratamiento brindado a la paciente estuvo acorde con el cuadro que presentó, aún cuando no se le realzó la transfusión de sangre, estima que no asiste razón al magistrado de baja instancia pues, justamente la causa de la muerte se debió a shock hipovolémico, es decir, el acto quirúrgico necesario para hacer cesar el sangrado, no se pudo realizar por la descompensación a la cual llegó la paciente sin que se le haya practicado transfusión de sangre alguna.

2 En consecuencia, solicita se revoque la sentencia apelada y en su lugar, se condene a Carlos Alberto V. por el delito imputado. III.- A su turno, la defensa contesta los agravios manifestando que, de la simple lectura de la sentencia recurrida puede advertirse la correcta valoración efectuada por el a-quo del plexo probatorio colectado y los sólidos fundamentos doctrinarios y de derecho que lo llevan a su conclusión absolutoria. Expresa que se ha verificado en autos el requerimiento a la paciente por parte del médico de los dadores de sangre conforme surge de la Historia Clínica. Destaca que del informe expedido por la Junta Médica Forense se desprende que, el tratamiento realizado por el galeno estuvo acorde con el cuadro que presentó la paciente, y que por más que se hubiera o hubiese efectuado la transfusión de sangre en el momento oportuno en que fue ordenado por el médico tratante, luego de la respuesta favorable que había tenido en un primer momento la paciente, y la respuesta a la medicación suministrada, dicho margen de tiempo hasta que se produce el desenlace fatal, habría sido por demás de exiguo como para poder compensarla hemodinámicamente por más que se contara con la sangre para transfundirla. En definitiva, la expresión de agravios no es más que una simple repetición de los argumentos acusatorios vertidos en baja instancia que atacan en forma generalizada la sentencia recurrida. Formula expresa reserva constitucional. En consecuencia, solicita se confirme la sentencia apelada. IV.- Expuesto los agravios de la señorita Fiscal contra el fallo y evaluado con el responde del la Defensa y las constancias de autos, entiendo que aquellos no logran conmover los fundamentos del pronunciamiento. Cierto es que la señora Claudia Bernarda P. fue internada para dar a luz a un nuevo hijo; la atención de su estado estuvo a cargo del medico Carlos Alberto V.o y luego del parto por una complicación de salud que derivó en un proceso hemorrágico, la paciente pierde la vida, lo que motivó este juicio penal por mala praxis medica. Si bien los elementos fueron idóneos para procesar al profesional que la atendió, agotadas las instancias del juicio no se lograron las pruebas que permitan tener por acreditado una conducta culposa del médico. No puede decirse que ante el inconveniente de salud el Dr. V. obrara negligentemente. Estuvo siempre al lado de la paciente, lo que surge no solo de los dichos de las enfermeras y personal que lo asistió, sino fundamentalmente de los testimonios de los familiares de la paciente, circunscribiéndose la investigación y el juicio a si el médico equivocó la terapia o los caminos para revertir el cuadro de salud de la paciente. En ese sentido el informe de la Junta Medica Forense de fs. 111 es clara en cuanto a que era una paciente de riesgo porque ya tenía cuatro cesáreas anteriores y aunque el informe alude a que es una "complicación previsible", por hemorragia vaginal. ante la descompensación se le suministró suero fisiológico, glucosas, espansores, plasma -aunque se expresa no surge que se le haya efectuado transfusiones de sangre- la Junta concluye que "de acuerdo a la documental examinada se estima que el tratamiento estuvo acorde con el cuadro que se presentó". Esta última alusión, no logra explicitar la adjudicada errónea o negligente actuación del médico o la falencia profesional que motivo esta investigación. Los estudios indican que fue acertada la indicación de una cesárea y en cuanto a la duda surgida del informe técnico de si se le efectuó transfusión o no, a fs. 31 el informe de hemoterapia da cuenta que se cumplió con lo ordenado por

3 el profesional a fs. 23, lo que se corrobora con la testimonio de la enfermera Graciela Yolanda Ríos que expone que se le pasó la sangre en terapia (fs. 55). Es decir, el informe de Hemoterapia no deja margen de duda: indica que la transfusión de sangre se hizo. Asimismo, ya en el inicio de la atención medica a la Sra. P., la recomendación del galeno había sido contar con dos dadores de sangre como surge de la historia clínica de control externo, independientemente de que también se había sugerido a la paciente una ligadura tubaria que no fue aceptada, no desmereciéndose la versión medica de que esa sugerencia se habría reiterado en visitas en el consultorio. Con ello, los imponderable de la medicina parecen haber jugado su papel en este caso perjudicando decisivamente a la paciente que lamentablemente no pudo sobreponerse a la descompensación padecida. Pero ello no implica o por lo menos no logra acreditarse, desatención médica que pueda adjudicarse al médico. La historia clínica y atención con documental de autos así lo certifica, no habiéndose logrado enervar que el médico no haya previsto la ginecorragia posible que pudiera acontecer. En consecuencia, no puede afirmarse con certeza que no se hayan tomado los recaudos adecuados, conforme al estado de la mujer, independientemente de que los resultados fracasaron. Ni la carencia de sangre para transfusión, ni el desconocimiento atribuido del grupo sanguíneo de la mujer está acreditado. Tal desconocimiento se desmerece con el dato de fecha 27/2/02 donde se hace notar en la primera consulta, que la paciente poseía grupo de sangre (0) y factor (-), con lo que no puede decirse que el profesional ignoraba el grupo y factor de sangre de la mujer. Tal desconocimiento profesional o la negligencia en la atención atribuida se diluye, lo que permite deducir que la complicación que llevó al fallecimiento de la paciente fue una circunstancia imprevisible. Al parecer la Sra. P. había respondido bien a la medicación o atención post parto. La complicación surge después, siendo llevada a terapia intensiva donde fallece. En ese marco, nada se llega a probar en cuanto a que el medico no haya estado en todo momento con la paciente suministrándole la medicación pertinente. Las constancias acompañadas y los testimonios de la enfermera Graciela Yolanda Ríos (fs. 55)), de la cardióloga Dra. Maria Vanesa Marcarian (fs. 20) y del Dr. Alberto Prez (fs. 24), son elocuentes al respecto. La causa de la muerte, según la autopsia "shock hipovolémico provocado por tromboembolismo pulmonar multifocal", (fs. 33) resultaría ajena con la insuficiencia de sangre y aún con una transfusión, apareciendo un tanto simple inferir que el deceso se produce por tal falencia. No escapa a la consideración el muy singular grupo y factor de sangre de la occisa de difícil obtención, sin perjuicio de que la causal de la muerte es sumamente mas compleja y está motivada en múltiples causas. Repárese que existió la posibilidad de histerectomizar a la paciente (fs. 23), aunque se consideró prioritario compensarla y no hubo tiempo, con las salvedad además, que se trataba de una parturienta con cuatro cesáreas antes y por ende de riesgo, incluso por su edad, 38 años. De todas maneras, lo que aparecería como controvertido, la transfusión de sangre, tal practica fue ordenada por el médico (fs. 23), a las hs. del 27/5/02 --antes, a las 15 hs. no era necesaria porque aparentemente respondía aceptablemente al tratamiento-- y la misma se efectuó: "prestación "T. Sangre entera 2 ud". Es decir, se le practicó efectivamente la transfusión de una unidad de sangre entera, como surge con la constancia de fs. 31. No está demás, referenciar que a los médicos debe exigírsele la idoneidad para atender la dolencia del paciente teniendo en cuenta el estado de la ciencia y la adecuación del caso en concreto. De allí

4 que el médico satisface su actividad técnico científica cuando es adecuada conforme al desarrollo progresivo de la medicina y cuando se actúan normal y ordinariamente para un resultado exitoso o previsible, aunque éste no pueda garantizarse. En muchos casos, al margen de la diligencia del profesional el resultado dañoso es consecuencia de la evolución natural del proceso patológico al que el paciente está sometido desde el inicio o bien puede también obedecer al riesgo propio o álea que el tratamiento aplicado conlleva, aún con el adecuado empleo de los recursos que la ciencia brinda. Así, si el obrar del médico se encuadra dentro de la discrecionalidad científico terapéutica ello impide considerar a su conducta como causante del daño y el rol del facultativo es el de observar una conducta científica adecuada. Es decir, no todos los daños son reparables y generan responsabilidad. Siempre que el profesional actúe dentro de las técnicas médicas aceptadas científicamente, es decir, obre discrecionalmente, cualquier daño que pudiera acaecer cae dentro de la esfera de riesgo del paciente, pues no deviene de conducta antijurídica alguna.."los seres humanos se encuentran en el mundo social en condición de portadores de un rol, esto es, como personas que han de administrar determinados segmento del acontecer social conforme a un determinado standard. Entre autor, víctima o terceros, según los roles que desempeñen, ha de determinarse a quien compete, por sí solos, o junto con otros, el acontecer relevante, es decir, quien por haber quebrantado su rol administrándolo de modo deficiente responde jurídico-penalmente, o si fue la víctima quien quebrantó su rol, debe asumir el daño por sí misma. Si todos se comportan conforme al rol, sólo queda la posibilidad de explicar lo acaecido como desgracia" (Conf. "Gunther, Jacoks en "La imputación objetiva en Derecho Penal", pag. 102, Ed. Civitas, 1996). En definitiva, aún demostrada la causalidad que enlaza el resultado muerte con la conducta del imputado, las constancias obrantes en la atención en consultorio, historia clínica y fundamentalmente con la terminante conclusión de la Junta Medica Forense (fs. 111) en cuanto expone que "De acuerdo a la documental examinada se estima que el tratamiento estuvo acorde con el cuadro que se presentó", no se ha acreditado la culpabilidad del médico al no surgir prueba legal que debite la presunción de inocencia que descarte la ulterior regla del favor rei a menos de que se incurra en la peligrosa confusión de presumir la culpa a partir de la comprobación de un resultado típico. Independiente de la congoja que aún como jugador produce un suceso como el de autos, en modo alguno para paliar ese malestar debe recurrirse al facilismo de condenar penalmente a quien no se demostró acabadamente que haya obviado sus deberes como médico. En consecuencia, al no acreditarse fehacientemente el accionar típico de una mala praxis medica, encuadrable en la norma 84 de la ley sustantiva, campea en favor del imputado el principio "In dubio pro reo" que impone su absolución, de conformidad con el art. 5 del Cód. Proc. Penal. Por lo tanto, voto para que se confirme el fallo apelado. VOTO DE LOS DRES. MESTRES Y RIOS: Compartimos lo expuesto por el vocal preopinante y por iguales fundamentos, a fin de evitar inútiles repeticiones, votamos en el mismo sentido. Por lo expuesto, la Sala Primera integrada de la Cámara de apelación en lo penal dicta el siguiente

5 F A L L O: CONFIRMANDO la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia de recurso.- Regulando los honorarios profesionales del Dr. Delis Anibal Gutiérrez, por su actuación en esta Alzada, en el 50% de lo que en definitiva se establezca en primera instancia, cumplimentado que fuere lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. Estableciendo un interés equivalente a la tasa promedio pasiva mensual sumada que el N.B.S.F. aplica a sus operaciones a plazo fijo, desde la fecha de la regulación y hasta el momento de su efectivo pago.- Insértese, agréguese copia en autos y hágase saber.-

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