Actas del 11º Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2-3 de julio de 2015

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3 Regulating Smart Cities Actas del 11º Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2-3 de julio de 2015 Regulating Smart Cities Proceedings of the 11 th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2-3 July,

4 Colección Lex REGULATING SMART CITIES COORDINADORES Balcells Padullés, J., Delgado García, A.M., Fiori, M., Marsan Raventós, C., Peña-López, I., Pifarré de Moner, M.J. & Vilasau Solana, M. 2015, Los autores 2015, Huygens Editorial La Costa, 44-46, át. 1ª Barcelona Fotografía de portada: Xavier Gallego Morel ISBN: Editado en España Esta obra está bajo una licencia Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite

5 Índice General PRESENTACIÓN RETOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DE LAS SMART CITIES OPEN SMART CITIES: DE QUIÉN SON LOS DATOS?. Julián Valero Torrijos y Juan Ramón Robles Albero LAS CIUDADES DIGITALES, UN GUIÓN CON ACTORES MUY DIVERSOS PERSPECTIVA JURÍDICA DE LAS MÚLTIPLES RELACIONES SUBYACENTES OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES PARA UN CAMBIO DE PARADIGMA PLURALIDAD DE MARCOS NORMATIVOS: UNA DIFICULTAD AÑADIDA LA INTEROPERABILIDAD: UN CONCEPTO TECNOLÓGICO CUYO ALCANCE JURÍDICO HA DE SER REINTERPRETADO LOS CONFLICTOS LEGÍTIMOS DE INTERESES, UNA DIFICULTAD AÑADIDA A MODO DE CONCLUSIÓN BIBLIOGRAFÍA SMART MOBILITY, DATA PROTECTION AND SOCIAL SURVEILLANCE. Alessandro Mantelero INTRODUCTION SMART MOBILITY SYSTEMS SOLUTIONS AND DATA PROTECTION AN ITALIAN CASE STUDY OF SMART MOBILITY Data minimization and privacy by design solutions CONCLUSIONS BIBLIOGRAPHY GOBERNANZA URBANA Y SMART CITIES. EL CASO DE BARCELONA. Mariona Tomàs Fornés INTRODUCCIÓN MODELOS DE GOBERNANZA URBANA Y SMART CITIES DEL MODELO BARCELONA A LA ESTRATEGIA MESSI Barcelona Smart city Evolución del modelo de gobernanza urbana CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA... 58

6 6 Índice General DCCPP = PRIVACY BY DESIGN. DIRECT CURRENT COMMUNICATIONS & PRIVACY PROTOCOL (DCCPP) PROPOSED FOR A PRIVACY PROTECTIVE DC SMART GRID. E.M. Wesselingh, P. van Willigenburg and H. Stokman INTRODUCTION MODELLING ELECTRICITY NETWORKS PRIVACY CONCERNS AND SOLUTION MODELS A PROPOSED SOLUTION WITH TWO LAYERS Data lock in within the in-house system Energy management in the in-house system Data and power management in the low level voltage system DISCUSSION AND CONCLUSIONS BIBLIOGRAPHY DE-MEDIATION PROCESSES AND THEIR IMPACT ON LEGAL ORDERING LESSONS LEARNED FROM UBER CONFLICT. Mariona Rosell-Llorens INTRODUCTION CONTEXTUAL ACCOUNT: DE-MEDIATION PROCESSES AND UBERPOP Autonomy: empowerment, participants and community The UberPop case PHENOMENOLOGICAL ACCOUNT: LAW AND PARTICIPANTS Public-Private blurring borders: autonomy flourishing User-participants and rules: authority questioning LEGAL THEORY ACCOUNT: SOCIAL THEORY OF LAW AND LEGALITY CONCLUDING REMARKS BIBLIOGRAPHY EL PAPEL DE LA SMART CITY EN EL CONCEPTO DE PRIVACIDAD. Carlos Fernández Barbudo INTRODUCCIÓN EVOLUCIÓN DE LA IDEA DE «SMART CITY» LOS PRINCIPALES RIESGOS TECNOLÓGICOS A LA PRIVACIDAD Fugas de información personal Combinación de información Seguimiento Toma de decisiones sobre los usuarios EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PRIVACIDAD Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS La privacidad europea La privacidad estadounidense La nueva dimensión económica La nueva dimensión «seguridad» CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

7 Índice General 7 PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS RETOS JURÍDICOS DEL BIG DATA: EL CASO DE JAPÓN. Albert Ruda González INTRODUCCIÓN IMPORTANCIA DEL BIG DATA PARA LA ECONOMÍA Y EL DERECHO. EL EJEM- PLO JAPONÉS El big data como impulsor de la economía Encaje del big data en el Derecho japonés relativo a la privacidad PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD VS. PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO CONCLUSIÓN BIBLIOGRAFÍA RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE DATOS GENÉTICOS. Natalia Wilson Aponte INTRODUCCIÓN NOCIONES BÁSICAS RELACIONADAS CON LOS DATOS GENÉTICOS El ADN como fuente de información Concepto jurídico de «datos genéticos» y sus características BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA Y RIESGOS GENERADOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL ADN Y DEL TRATAMIENTO INADECUADO DE DA- TOS GENÉTICOS RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS CAUSADOS A PARTIR DEL TRATA- MIENTO INADECUADO DE DATOS GENÉTICOS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA USO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE GOOGLE Y FACEBOOK Y PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS. Asunción Esteve Pardo INTRODUCCIÓN PROCESOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES POR GOOGLE Y FACE- BOOK TÉCNICAS EMPLEADAS POR GOOGLE Y FACEBOOK PARA FACILITAR PUBLICI- DAD SEGMENTADA CUESTIONES LEGALES RELATIVAS AL USO DE DATOS PERSONALES POR GOO- GLE Y FACEBOOK Falta de consentimiento válido de los usuarios Google y Facebook como responsables de tratamiento de datos personales Falta de consentimiento «inequívoco» Cesiones de datos personales a terceros Riesgo de re-identificación de los datos anónimos Limitaciones al acceso y control de los datos personales CONCLUSIÓN BIBLIOGRAFÍA

8 8 Índice General CERTAIN ASPECTS OF THE CJEU S GOOGLE SPAIN JUDGMENT RELATIVE TO LAWFULNESS OF DATA PROCESSING AND LIABILITY OF INTERNET SEARCH ENGINE OPERATORS. Ivana Kunda and Darja Lončar Dušanović INTRODUCTION DATA PROCESSING BY SEARCH ENGINE OPERATORS Legal grounds for lawful data processing Interpreting Article 7(f) Legitimate interest Balancing test LIABILITY OF INTERNET SEARCH ENGINE OPERATORS CONCLUSION BIBLIOGRAPHY EL ACTUAL DERECHO AL OLVIDO. UNA VISIÓN APROXIMADA A SU APARICIÓN Y CONSO- LIDACIÓN JURISPRUDENCIAL. Alejandro Villanueva Turnes LA CREACIÓN DE UN NUEVO DERECHO? STJUE DE 13 DE MAYO DE 2014 (CASO GOOGLE SPAIN SL, GOOGLE INC. VS AEPD Y MARIO COSTEJA) EL DERECHO AL OLVIDO Y SUS RELACIONES CON OTROS DERECHOS EL CÓDIGO DEL DERECHO AL OLVIDO CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA EL DERECHO AL OLVIDO UN AÑO DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Unai Aberasturi Gorriño INTRODUCCIÓN LAS REFERENCIAS EN EL ORDENAMIENTO AL DERECHO A SER OLVIDADO EN INTERNET. LA SENTENCIA DEL TJUE LA BASE JURÍDICA DEL DERECHO A SER OLVIDADO LOS SUJETOS RESPONSABLES DE HACER EFECTIVO EL DERECHO A SER OLVI- DADO La responsabilidad de quien publica la información en la Red. En especial los medios de comunicación El ejercicio del derecho a ser olvidado frente a los buscadores BIBLIOGRAFÍA INTERNET, POLÍTICA Y SOCIEDAD POLÍTICA ABIERTA Y PARTICIPACIÓN. EL CASO DE PODEMOS. Vicenta Tasa Fuster y Anselm Bodoque Arribas NOTAS INTRODUCTORIAS

9 Índice General 9 2. POLÍTICA 2.0 Y POLÍTICA ABIERTA PARCIPACIÓN, CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PARTIDOS Y CRISIS DE LA PARTI- TOCRACIA TRADICIONAL DE QUÉ HABLA PODEMOS CUANDO HABLA DE PARTICIPACIÓN? PERO, LLEGADO EL MOMENTO, EN PODEMOS VOTAN POCOS NOTAS FINALES BIBLIOGRAFÍA CITADA BRECHA DIGITAL Y GÉNERO. María José Senent Vidal BRECHA DIGITAL APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LA BRECHA DIGITAL Brecha digital de género Capacidad de acceso Capacidad y control del uso Usos avanzados; participación en los procesos de decisión y creación Propuestas frente a la brecha digital de género Derecho a la inclusión digital Superación de estereotipos digitales; educación igualitaria Empoderamiento tecnológico de las mujeres CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA E-GOBIERNO Y TRANSPARENCIA UN PARADIGMA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES DE TAMAÑO MEDIO: EL CASO DE QUART DE POBLET. Joaquín Martín Cubas, Laura Juan y Juan Medina Cobo LA REPOLITIZACIÓN DE LA ESCALA LOCAL Y EL ENFOQUE DEL DESARROLLO LA NUEVA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA EL GOBIERNO ABIERTO QUART DE POBLET Y SU POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA LA TRANSPARÈNCIA PER LA TRANSPARÈNCIA, O PER A LA CONSECUCIÓ D UN GOVERN OBERT? UNA OPORTUNITAT PER A LA INNOVACIÓ EN LA GOVERNANÇA UNIVERSITÀRIA. Dra. Gemma Geis Carreras, Sra. Annaïs Varo Barranco i Sr. Daniel Cantalosella Font L APOGEU DE LA TRANSPARÈNCIA I EL GOVERN OBERT Transparència i Govern obert: implicacions a l àmbit espanyol i català LA INCIDÈNCIA DE LA LLEI 19/2014 DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFOR- MACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES. 289

10 10 Índice General 2.1. La indefinició del govern obert en la Llei 19/ LA IDONEÏTAT DE L ESCENARI UNIVERSITARI PER A L IMPULS DEL GOVERN OBERT MESURES PER AL GOVERN OBERT A LA UNIVERSITAT DE GIRONA: MÉS ENLLÀ DE LA TRANSPARÈNCIA, AVANÇANT CAP AL GOVERN OBERT BIBLIOGRAFIA CIUDADES TRANSPARENTES, COMPRAS PÚBLICAS INTELIGENTES. ANÁLISIS DE LA INCI- DENCIA DE LAS TIC EN LA TRANSPARENCIA CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Jordi Romeu Granados, Gregorio Juárez Rodríguez y Carmen Pineda Nebot INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO La contratación pública: aspectos jurídicos El concepto de transparencia y su aplicación en la contratación pública Smart cities METODOLOGÍA ANÁLISIS DE LOS DATOS Valoración global Valoraciones parciales en las cuatro áreas de transparencia A) Área de transparencia en los procedimientos de contratación B) Área de transparencia relacional y estadística C) Área de transparencia en materia de obras públicas D) Área de transparencia en materia de convenios CONCLUSIONES REFERENCIAS COMERCIO ELECTRÓNICO NOVEDADES EN EL IVA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello INTRODUCCIÓN LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR VÍA ELECTRÓNICA LA REGULACIÓN DE LOS NUEVOS REGÍMENES ESPECIALES Disposiciones comunes a ambos regímenes especiales Régimen exterior a la Unión Régimen de la Unión Obligaciones de información y otras obligaciones formales CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

11 Presentación Joan Balcells Padullés Ana María Delgado García Mirela Fiori Clara Marsan Raventós Ismael Peña-López María José Pifarré de Moner Mònica Vilasau Solana Profesores de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya El undécimo Congreso Internet Derecho y Política (IDP): Regulating smart cities trata como tema principal los aspectos legales, políticos y sociales relacionados con el fenómeno de las smart cities (ciudades inteligentes). Se ha vinculado las smart cities con la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hallar soluciones innovadoras a la complejidad y a los problemas y retos que tienen que afrontar las ciudades de hoy en día. El término tiene múltiples implicaciones, desde las infraestructuras y las comunicaciones, pasando por la gestión de residuos, la energía o la provisión de bienes y servicios públicos (educación, salud, seguridad, transporte, etc.). Aunque se ha asociado con objetivos como la sostenibilidad, la mejora y la calidad de los servicios públicos, la participación ciudadana, la eficiencia y la optimización de recursos, etc. existe un amplio debate sobre qué hace realmente «inteligentes» las ciudades y cuáles son los servicios, prioridades y finalidades que tiene que cumplir. La aplicación y el uso intensivo de las TIC en la gestión de las ciudades plantea varios retos más allá de su componente estrictamente técnico. La tecnología y el uso de datos masivos abren nuevas oportunidades de gestión y participación, pero también nuevos espacios que precisan de regulación y reglamentación (por ejemplo, los límites de la privacidad, la frontera entre lo público y lo privado, las desigualdades de acceso al mundo digital, etc.). Por otro lado, la tecnología representa una nueva interfaz entre los distintos actores urbanos, especialmente entre el ciudadano y la administración, que cuestiona los modelos de gestión y organización tradicionales y da lugar a nuevas formas de articular la vida social y política. En el presente libro de actas se recogen las comunicaciones que, tras un proceso de revisión por pares, han sido aceptadas para el Congreso. Las comunicaciones presen-

12 12 Presentación tadas tratan el fenómeno smart city desde la perspectiva jurídica o politológica, aunque también abordan otras cuestiones relacionadas con el impacto de las TIC en el mundo del derecho y la política. En concreto, las comunicaciones se distribuyen en cinco bloques temáticos: (1) Retos jurídicos y políticos de las smart cities, (2) Privacidad y protección de datos, (3) Internet, política y sociedad, (4) E-gobierno y transparencia, (5) Comercio electrónico. Las pasadas ediciones han consolidado el Congreso IDP como lugar de encuentro anual de investigadores, académicos y profesionales interesados en las consecuencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del derecho y la política. Agradecemos la colaboración de todos los investigadores que, con su aportación, han hecho posible esta nueva edición y reafirmamos nuestro compromiso de seguir en primera línea del debate académico internacional en este apasionante campo de investigación.

13 Retos jurídicos y políticos de las smart cities

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15 OPEN SMART CITIES: DE QUIÉN SON LOS DATOS? 1 Julián Valero Torrijos Juan Ramón Robles Albero idertec-grupo de investigación «Innovación, Derecho y Tecnología» Facultad de Derecho. Universidad de Murcia Resumen: Las iniciativas de ciudades inteligentes sólo pueden concebirse actualmente desde la perspectiva de la apertura de los datos que se generan con ocasión de la prestación de los servicios (open & smart). Sin embargo, el régimen jurídico aplicable se encuentra disperso en varios bloques normativos, cuyo análisis conjunto resulta imprescindible para determinar las posibilidades de acceso a los datos y su reutilización conforme a criterios de open data. En concreto, en esta comunicación se intentará dar respuesta a este desafío a partir de la clarificación de una premisa elemental, es decir, a quién corresponde la titularidad de los datos. Para ello resulta imprescindible clarificar el ámbito de aplicación subjetiva de las normas sobre Administración electrónica Ley 11/2007, de 22 de junio, en adelante LAE, transparencia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en adelante LTBG y reutilización de la información del sector público Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en adelante LRISP desde el prisma de la regulación sobre contratación pública. En particular, será imprescindible concretar hasta qué punto los intereses propios de las empresas y entidades que participen en la prestación de los servicios vinculados a las ciudades inteligentes pueden suponer una barrera por lo que se refiere al acceso y la reutilización de los datos generados como consecuencia de dicha actividad. En definitiva, la respuesta a la pregunta relativa a la titularidad de los datos que se generan en las smart cities tiene importantes consecuencias jurídicas que se abordan en esta comunicación. Palabras clave: Open data, smart cities, servicios públicos, reutilización de la información del sector público, transparencia. 1. LAS CIUDADES DIGITALES, UN GUIÓN CON ACTORES MUY DIVERSOS Los proyectos de ciudades digitales se caracterizan desde el punto de vista tecnológico por la existencia de una tupida red de comunicaciones que integra tanto a usuarios pertenecientes a la propia organización administrativa como a los ciudadanos, así como múltiples objetos y sensores interconectados que, de manera automatizada y continuada, proporcionan innumerables datos con un potencial interés para la mejor y más eficiente prestación de los servicios 1. A este respecto, la creciente popularidad de la tecnología 1 Como se ha destacado, resulta evidente el papel que corresponde a las tecnologías de la información y la comunicación en orden a facilitar el intercambio de información entre los diversos

16 16 Regulating Smart Cities de comunicación sin cables popularmente conocida como wi-fi facilita indiscutiblemente no sólo la comunicación de los datos sino, además y sobre todo, que las fuentes de alimentación se multipliquen exponencialmente, ya que la movilidad de las mismas no supondrá ya un obstáculo debido a la falta de conectividad. En última instancia, nos encontramos ante una concreta manifestación de lo que se ha venido a denominar Internet de las Cosas, esto es, la accesibilidad a las redes de comunicaciones de equipos y usuarios que proporcionan información relativa a los más diversos ámbitos, de manera que al integrarse y someterse a un tratamiento avanzado puedan obtenerse resultados inimaginables en un contexto de gestión basada en el papel y las comunicaciones presenciales, telefónicas o, incluso, telemáticas, pero a partir de una realidad fragmentada y carente en gran medida de conexiones automatizadas e inmediatas que, en definitiva, no permitan la continua actualización de los datos. Nos encontramos, por tanto, ante una realidad compleja en la que existen protagonistas diversos y ciertamente dispares, lo que supone una dificultad añadida desde la perspectiva jurídica, tal y como tratará de analizarse en el epígrafe siguiente. Así, por una parte, aun cuando el papel principal corresponda a la Administración municipal, en ocasiones resultará imprescindible llevar a cabo una importante inversión en infraestructuras que permita la obtención y la transmisión de los datos en tiempo real y, por tanto, su interconexión con los que generan otros agentes, de manera que en ocasiones la explotación cuando no la titularidad de esa red corresponde a entidades privadas que podrían pretender reservarse el acceso a dicha información como parte de la retribución por las inversiones realizadas, ya sea directamente o, lo que resulta más frecuente, a través de la concesión de servicios y/o de obras cuya prestación o realización permita generar las condiciones tecnológicas que faciliten la gestión y el uso de la información asociada. Por otra parte, junto al responsable de la infraestructura por la que circulan los datos, resulta imprescindible tener en cuenta a quienes prestan los servicios que los generan, ya sea la propia Administración municipal o, en su caso, otra entidad de ámbito territorial inferior o superior, ya local o incluso autonómica; sujetos que ocupan una posición de gran trascendencia en la medida que en su mano está la fijación de la condiciones de acceso al servicio y, por tanto, del uso de los datos que se generen con ocasión de su prestación. Asimismo, normalmente son estas entidades públicas las responsables de los sistemas de información y de las aplicaciones utilizadas para dar soporte a los servicios, de manera que a ellas corresponde garantizar las condiciones de interoperabilidad que faciliten la gestión avanzada de los datos pues, de lo contrario, el potencial actores que participan en las redes de gobernanza así como la interacción entre ellos entre ellos en orden a la definición del interés general, así como a la transparencia en el funcionamiento de dichas redes (Olmedo, 2014: 381 y 382).

17 Open smart cities: de quién son los datos? 17 innovador que permiten los proyectos de ciudades inteligentes quedaría en gran medida desvirtuado. Finalmente, los destinatarios de los servicios prestados y/o usuarios de los bienes demaniales objeto de la actividad administrativa, es decir, los ciudadanos, adquieren una especial trascendencia puesto que, junto con las conexiones que tienen lugar de manera automatizada en función de ciertos parámetros, son quienes con su comportamiento generan una parte importante de los datos que posteriormente serán utilizados. En consecuencia, como puede advertirse, la multiplicidad de protagonistas conlleva una complejidad añadida para la gestión avanzada de la información y, en última instancia, para aprovechar el potencial que ofrece la tecnología en orden a la prestación más eficientes de los servicios públicos municipales y, por tanto, para la adopción de decisiones generales relativas al diseño, la adopción y la ejecución de políticas públicas enderezadas al mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Nos encontramos, por tanto, ante un complejo escenario de innovación tecnológica desde el punto de vista de la gestión de la información a partir de las TICs, de manera que la superación de los planteamientos y la forma en que tradicionalmente se han venido prestando los servicios nos aboca a un contexto distinto en el que aquellas pueden ofrecer un valor añadido incuestionable, ya que permiten obtener información agregada y plenamente actualizada que, anteriormente, era imposible de generar o, al menos, se requería tal inversión que resultaba antieconómica. Y, como no podría ser de otra manera, la transformación en la gestión de los datos conlleva importantes desafíos desde la perspectiva jurídica ya que, por una parte, la información que inicialmente se ha generado en un determinado contexto es decir, en el marco de una concreta relación jurídica se va a utilizar para finalidades que pueden ser distintas y con sujetos implicados que pueden ser también distintos; pudiendo aparecer entonces dificultades jurídicas afecten al normal desenvolvimiento de este tipo de proyectos. Más aún, los sujetos cuyo comportamiento o cuyas actuaciones vayan a generar la información que se transmita con la finalidad de integrarse en otras bases de datos o, en su caso, cotejarse en base a ciertos parámetros predefinidos pueden ver afectada su posición jurídica, lo que obligaría a redefinir las garantías propias de la posición jurídica que ocupan. En última instancia, el objeto de las relaciones contractuales subyacentes en los proyectos de ciudades inteligentes puede verse afectado por la complejidad antes aludida, de manera que resultará preciso ajustar las condiciones jurídicas relativas a la relaciones contractuales diversas que, hasta ahora, habían permanecido ajenas a una potencial vinculación que, en el caso de las ciudades inteligentes, resulta no sólo incuestionable sino incluso imprescindible; todo ello a pesar de la dificultad añadida que puede suponer el hecho de que, por un lado, muchas veces se trate de relaciones jurídicas de una duración considerable que, por tanto, precisarán de una cierta actualización y, de otro, puede suceder que las entidades adjudicatarias de unos servicios no tengan el más mínimo interés en colaborar en definitiva, en compartir información con otras que pueden ser

18 18 Regulating Smart Cities competidoras en un eventual proceso de licitación, bien en el mismo ámbito territorial o, incluso, en otros distinto. Así pues, el desafío consiste en convertir los cuantiosos datos que la tecnología permite obtener para transformarlos, precisamente a partir de la innovación que permite la tecnología, en información relevante para la mejor prestación de los servicios municipales, tanto por lo que respecta a la eficacia como, sobre todo, a la eficiencia desde la perspectiva de la gestión de los recursos naturales y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y todo ello a partir de una ineludible intensificación de la colaboración público-privada, tanto por lo que se refiere a los contratistas que prestan dichos servicios como, asimismo, por lo que respecta al papel protagonista que ha de corresponder necesariamente a los ciudadanos en su doble condición de usuarios de los servicios y los bienes, es decir actores destacados de las decisiones político-administrativas en la esfera municipal. 2. PERSPECTIVA JURÍDICA DE LAS MÚLTIPLES RELACIONES SUBYACENTES Más allá de la problemática relativa a los servicios de redes, en el trasfondo de los proyectos sobre ciudades inteligentes nos encontramos con una pluralidad de servicios de diversa naturaleza que se prestan por sujetos distintos y, lo que resulta incluso más relevante desde la perspectiva jurídica, con arreglo a normas dispares. En efecto, por una parte confluyen servicios de carácter privado, en ocasiones procedentes de sectores liberalizados, tal y como puede suceder singularmente con el abastecimiento de energía eléctrica, lo que conlleva que al menos potencialmente una pluralidad de prestadores ofrezcan dicho servicio y, en consecuencia, los datos que puedan proporcionar sean necesariamente fragmentarios en la medida que afecten sólo a una parte de la población ubicada en un determinado espacio, circunstancia que podría convertirse en una dificultad desde la perspectiva del valor agregado que tendrían los datos. Dada la naturaleza privada de las relaciones jurídicas subyacentes, la libre competencia existente en este ámbito, así como la ausencia de título competencial adecuado por parte de la Administración municipal, las principales dificultades en cuanto a la explotación integrada de los datos derivarán en gran medida de los intereses contrarios que pueden tener varias empresas privadas que operan en el mismo ámbito territorial en un mercado liberalizado, de manera que las reticencias a compartir información entre ellas y con terceros se encontrarían más que justificadas 2 ; sin que, por su parte, la Administración municipal tenga posibilidad de alguna de obligarles a integrar los datos correspondientes a dichos servicios en la medida que escapan de su ámbito regulador propio. 2 En todo caso, debe tenerse en cuenta que en este ámbito existen importantes obligaciones de transparencia. A este respecto, cfr. Blanes, 2014: 538 a 542.

19 Open smart cities: de quién son los datos? 19 No sucede lo mismo, en cambio, por lo que respecta a los servicios públicos cuya titularidad corresponde a los municipios. En efecto, al margen de aquellos supuestos en que la propia entidad local los preste a través de algunos de los medios directos a que se refiere el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los que la capacidad de control municipal sobre la gestión de los datos que se generen resulta incuestionable con los matices que luego se ofrecerán respecto a la posición jurídica de los ciudadanos, en el caso de que la gestión se lleve a cabo bajo alguna de las modalidades indirectas nos encontraríamos ante un supuesto que se incardinaría en la categoría de los contratos del sector público. En consecuencia, será necesario identificar el concreto objeto de las prestaciones inherentes a la relación contractual para, de este modo, determinar el régimen jurídico aplicable y, en concreto a los efectos de nuestro trabajo, precisar de qué manera la gestión de la información asociada podría permanecer bajo el control de la empresa contratista; es decir, a menos que el objeto de la relación contractual exija que esta última gestione los datos que se generen con exclusión de terceros, no cabría admitir que una empresa privada pueda manejar libremente y en condiciones preferenciales la información vinculada a prestaciones de naturaleza jurídico-administrativa, ya que en última instancia se estarían excediendo los límites impuestos por la normativa sobre contratación del sector público. A este respecto resulta imprescindible diferenciar con claridad todos aquellos datos que resultan imprescindibles para la ejecución del contrato de aquellos otros que, por el contrario, quedarían al margen de su objeto, tal y como sucedería con aquellas prestaciones que el contratista podría ofrecer a los usuarios de los bienes y/o servicios a título particular y, por tanto, desprovistos de la naturaleza jurídico-administrativa. Por lo que se refiere a estos últimos, podrían plantearse serias dudas acerca de su licitud, sobre todo cuando se aproveche indirectamente por la entidad su condición de contratista de las Administraciones Públicas, ya que en última instancia no podría admitirse que se beneficiase de la misma frente a otras empresas con las que deba concurrir en el mercado en condiciones de igualdad. En todo caso, más allá de estas implicaciones, por lo que se refiere estrictamente al objeto de la relación contractual con la Administración, como trataremos de justificar más adelante por lo que se refiere específicamente a la transparencia y el acceso a la información, la titularidad del servicio corresponde en todo caso a la Administración municipal, lo que le otorga un título competencial indiscutible a la hora de de garantizar sus competencias de control en el manejo de los datos que se generen; pero también una obligación de garantizar el acceso y la utilización de los datos por parte de terceros que, por tanto, excedería su capacidad de disponibilidad a favor de una concreta entidad en base a la disciplina reguladora de los contratos en el ámbito del sector público. Más allá de la actividades que formalmente se encuentren configuradas como servicios públicos de titularidad municipal en un sentido estricto, los anteriores argumentos se refuerzan incluso por lo que se refiere a los datos que se puedan generar en relación al

20 20 Regulating Smart Cities uso de los bienes demaniales y de los servicios municipales en general, por cuanto ambos se encontrarían vinculados a la actividad desempañada por la Administración municipal y, en consecuencia, serían los órganos pertenecientes a la misma quienes ostentarían todo el control sobre la gestión de la información generada. En este sentido, la modernización tecnológica de la actividad administrativa impulsada con la puesta en marcha de la Administración electrónica constituye, sin duda alguna, un elemento de gran trascendencia a la hora de permitir el uso avanzado de la información puesto que, en última instancia, ha supuesto la generalización del uso de medios electrónicos y telemáticos en la gestión ordinaria municipal 3. En todo caso, el gran desafío consistiría en que las entidades municipales fuesen capaces de integrar el ingente volumen de datos generados en la actividad estrictamente administrativa con los que provienen de las fuentes a que nos hemos referido en los párrafos anteriores, de manera que pudiesen reconducirse a una elemental unidad tanto la gestión de la misma como su análisis, facilitando de esta manera la adopción de decisiones municipales estratégicas en cuanto a la planificación, gestión y ejecución de las políticas públicas. 3. OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES PARA UN CAMBIO DE PARADIGMA A pesar del sugerente planteamiento que subyace en los proyectos de ciudades inteligentes, lo cierto es que hasta el momento parece que la madurez de este tipo de iniciativas no ha alcanzado el nivel que en principio permitiría el uso avanzado de la tecnología. Ciertamente, las barreras internas en las organizaciones administrativas constituyen un inhibidor de gran alcance, en particular por lo que se refiere al modelo de gestión de la información presente en la mayor parte de los municipios españoles. Aun cuando es necesario constatar que se ha avanzado notablemente en la modernización tecnológica de la actividad administrativa y sus relaciones con los ciudadanos, no puede obviarse que se ha tratado de un proceso basado en gran medida en una concepción formalista de las garantías jurídicas que, sin embargo, no ha aprovechado el potencial innovador de las tecnologías de la información y la comunicación 4. Más allá de la dimensión procedimental referida, uno de los principales obstáculos que han de solventar las iniciativas de ciudades digitales desde la perspectiva jurídica se refiere a las implicaciones en materia de contratación. A este respecto, aun cuando el contrato de colaboración público-privado podría constituir una figura adecuada a las 3 No obstante, como ha destacado certeramente, se trata de un proceso en gran medida inacabado como consecuencia de la falta de ambición del legislador, que ha condicionado la aplicación plena de la normativa sobre Administración electrónica en el ámbito municipal a la existencia de disponibilidades presupuestarias. A este respecto, véase Martín, Con carácter general sobre esta idea, véase Valero, 2013: 397.

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