EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL. ALGUNAS PRECISIONES PROCEDIMENTALES Y JUSRISPRUDENCIALES

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1 EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL. ALGUNAS PRECISIONES PROCEDIMENTALES Y JUSRISPRUDENCIALES AUTOR: FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO CARBONERO SECRETARIO JUDICIAL JUZGADO DE LO SOCIAL Y DECANATO- CEUTA 1

2 EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL. I.- INTRODUCCION No es mi intención ni sería lógica en un artículo que no debe comprender un breviario jurídico- tratar de manera profusa el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que instaura con tal categoría el art. 24 de nuestro Texto Constitucional. El propósito de este artículo es aclarar ciertas dudas sobre supuestos muy concretos que se puedan dar en el procedimiento laboral. Me limitaré sólo a la instancia, dejando para otra ocasión (espero que haya oportunidad) para los recursos y la ejecución de sentencias. No olvidar desde un primer momento que el derecho a la defensa se incardina de forma global en aquel artículo de la Carta Magna antes referenciado pero con la adición que, a su vez, incluyen otros que conforman un todo inseparable del derecho fundamental al que estamos haciendo alusión. Debemos principiar, no cabe otra solución (evitando un estudio excesivamente pormenorizado de los principios básicos del derecho fundamental a la defensa), con la alusión directa al artículo 18 del texto de la Ley de Procedimiento Laboral donde se estipula la posibilidad de comparecer las partes por sí misma u otorgando su representación a Procurador, Graduado Social o a cualquier otra persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. He evitado el copiado literal pues al exponer el precepto textualmente: Graduado Social colegiado debe entenderse una errata de contenido semántico pues en idéntico supuesto debe hallarse el Procurador; aunque la redacción no haya sido del todo afortunada con el uso de una coma gramatical en un lugar donde correspondía una conjunción copulativa. Expresamente el apartado 2 del artículo en cuestión recoge el otorgamiento de la representación a Abogado con remisión directa al apartado 3 del artículo 21 del mismo Cuerpo Legal, con ello no ha hecho otra cosa que ampliar la representación a la defensa. Indudablemente no quedaba otro modo de hacerlo (dada la especialización de la jurisdicción social) porque el último precepto establece un trámite procedimental que en ningún caso se debe obviar, cual es: la defensa por Abogado tendrá carácter facultativo en la instancia, debiendo hacerse constar en la demanda por parte del litigante demandante a fin de que el demandado tenga conocimiento de tal situación jurídica y acceder a la dirección técnica de profesional del Derecho que le garantice una igualdad de armas en el pleito entablado. Se complementa y cierra el círculo procesal obligando al demandado a que, en caso de ser éste quien pretenda acudir al acto de juicio asistido de Letrado, se ponga en conocimiento del Juzgado este hecho para que, mediante el traslado al demandante, pueda hacer uso legal de tal derecho a la defensa si conviniere a sus intereses. La representación y defensa sindical y del Estado y otros organismos se regulan en el texto de la ley; en el último caso, con transposición de la normativa que a tal efecto ya preveía la LOPJ en su art

3 II.- SUPUESTOS EXCEPCIONALES EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL. Ya hemos analizado que la propia Ley Rituaria Laboral establece un trámite para que las partes litigantes pongan en conocimiento de las contrarias, en cada caso y con unos plazos concretos, la asistencia de Abogados que asuman su defensa o dirección jurídica en la instancia. Cualquier Abogado (en ejercicio o no) debe saber no pongo en duda- los distintos supuestos de suspensión del acto de juicio en el ordenamiento laboral cuando no asiste el Letrado de alguna de las partes por causa justificada (vienen estipulada en la propia Ley de Procedimiento Laboral ora en su remisión tácita al art. 188 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Haciendo salvedad de supuestos específicamente contemplados en la normativa vamos a aludir a aquellos otros que suponen cierta problemática en el momento mismo en que se producen: 1. Renuncia del Abogado en el mismo acto del juicio o con un plazo tal que impida el conocimiento de contrario o de su propio cliente especialmente esto último- para poder ejercitar el derecho a la defensa que ya tenía programada. Este supuesto, ciertamente anómalo, se nos dio hace relativamente poco espacio temporal en el Juzgado del que soy Secretario Judicial, esto es, el Juzgado de lo Social. Tuve ocasión de leer y escribir en su día sobre tal situación y la solución que siguiendo la ley y, por extensión, la jurisprudencia de interpretación se debía adoptar. Incidiendo nuevamente en la remisión procedimiental laboral a la civil, el art. 118 enumera como una de las causas de suspensión de las vistas la ordinal nº 5 que prescribe: por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta del Abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificada suficientemente, a juicio del Tribunal, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el art Esta última alusión no nos interesa porque no contempla supuestos procesales laborales sino adjetivos civiles. Este autor entiende que un supuesto de imposibilidad absoluta es el hecho de la renuncia del Abogado defensor de cualquiera de las partes, no sólo ya en el acto del juicio (donde aún es más imprevisible el desconocimiento por aquel litigante al que afecta) sino en un plazo donde no se dé el suficiente tiempo para asumir una defensa con garantías (en lo laboral podíamos discutir sí el plazo a dilucidar es el de dos, cuatro o quince días, respectivamente, según qué parte fuese y qué criterio quisiésemos contemplar, pero no puedo extenderme en ello). Lo cierto es que la parte se ha podido enterar el mismo día de una renuncia en la defensa que ignoraba. Si el Abogado por motivos personales o profesionales adopta esa decisión (estimo que ésta tendrá una fundamentación más que justificada salvo excepciones- y puede ser de diversa índole, al fin y al cabo es un ser humano y un profesional) lo obvio es que el principio de igualdad de armas (como parte del más amplio del derecho a la defensa) ha quedado mermado. Una renuncia significa la no asistencia del letrado por imposibilidad absoluta del mismo (bien por mor de su crédito profesional ya por su dignidad personal que ha visto burlados por su cliente). No podemos esperar que quien tiene razones más que suficientes para no defendernos sea obligado a ello. Sería la paradoja del absurdo y contra legem. Además no me gustaría estar en la posición jurídica del cliente que en cierta manera ha extorsionado los deberes contractuales con su Abogado compiliendo un ataque a cualquiera de las facetas (profesionales o privadas) que han quedado en entredicho. No quedaría más remedio que suspender el acto del juicio señalado y proceder a su nuevo señalamiento en el más breve plazo posible, en aras a evitar mayor dilación y la función del juez de garantizar la efectiva aplicación de los principios ya señalados. 3

4 EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL. Cabe la suposición de una argucia legal aunque nada ética- con fines dilatorios del procedimiento. Siempre se podría demostrar y adicionar a la facultad sancionatoria del Juzgado o Tribunal la del Colegio de Abogados al que pertenezca el susodicho, sumando aquellas vías civiles y penales abiertas a la contraparte para ejercitar si conviniere a sus derechos. Me merece mucho respeto la labor de un profesional del Derecho, de la categoría de Abogado, que se valga de este tipo de actitudes a fin de provocar una suspensión procedimental máxime cuando se coloca en una incomodidad de futuro que le puede acarrear graves perjuicios tanto en su profesión como, aún más trascendental, en su dignidad personal. 2.- Facultad de que una de las partes, sin seguirse el trámite, del art de la LPL quiere ejercitar este derecho en el acto de juicio a la vista de que la contraria asista con un profesional del derecho. Como quiera que la falta del trámite procesal ha provocado ex professo una situación no permitida por la ley ni la jurisprudencia, el buen criterio del Juez debe acordar la suspensión en idéntica forma de la que ya viene siendo estudiada. 3.- Asistencia de un tercero en pleno uso de sus derechos civiles que sea un profesional del derecho (no ejerciente, de incompatibilidad profesional con la defensa letrada, etc). La Ley de Procedimiento Laboral ha previsto un supuesto excepcional, en amplitud de sus vistas de miras a favor de una justicia rápida, eficaz y eficiente, pero no ha contemplado el extraño fenómeno de que ese tercero tenga los suficientes conocimientos legales que, puestos en conocimiento del Juzgador, en el acto de juicio o en plazo anterior a no poder acordar la suspensión, vislumbre un incumplimiento taxativo y real de la igualdad de armas en el litigio. No hay pronunciamiento legal al respecto. El jurisprudencial tampoco lo he encontrado, más dada una visión y extensión acorde con de aquellos casos sobre los que ha tenido que resolver los Tribunales de Justicia,, estimo que es aplicable, sin discusión, las decisiones en el sentido que ya constan en los números precedentes. 4

5 III.- SOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL. La solución legal, arts. 18 y 21 de la LPL en relación con el art. 188 de la LEC ya la hemos analizado. Complementemos con las resoluciones dictadas por Máximo Garante Constitucional. El Tribunal Constitucional defiende la intervención procedimental con igualdad de armas y de medios de defensa como integrantes del derecho a un proceso con las garantías del art. 24 de la vigente Constitución Española (SSTC 226/1988 y 125/1995, entre otras). Sigamos profundizando: incluso comprendiendo que el empresario pueda ser (de hecho así lo será en la inmensa mayoría de las ocasiones) la partes más fuerte de la situación laboral que ha iniciado el procedimiento que corresponda) no por ello esto es obstáculo para que se garantice este derecho a la defensa y a la igualdad de armas que tan reiteradamente defiende y acepta el Alto Tribunal (SSTC 3/1983 y 125/1985) sin perjuicio del carácter tuitivo del proceso laboral propio del derecho del que deriva- con objeto de favorecer al trabajador pero sin desdeñar el equilibrio procesal (advertencia: el principio in dubio pro operario ya no es de aplicación directa y con la extensión con la que todos lo estudiamos en nuestros tiempos de Facultad). Es más, los principios procesales de igualdad de armas y contradicción, imponen un deber ab iudice con propósito de evitar desequilibrios inter partes en el proceso y atajar cualquier limitación en la defensa de que se puede provocar a alguna de ellas con resultado de indefensión: estas garantías permanecen incluso cuando la intervención letrada es facultativa (STC 208/1992). Transcribiendo literalmente el Fundamento Jurídico Primero de la resolución entre paréntesis: Este Tribunal ya ha declarado en reiterada jurisprudencia que el derecho a la defensa y a la asistencia letrada consagrado en el art de la C.E. tiene por finalidad asegurarla efectiva realización de los principios procesales de igualdad y de contradicción, que imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición de las partes en el proceso o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión constitucionalmente prohibido por el art de la C.E., sin que el hecho de poder comparecer personalmente ante un Juez o Tribunal sea causa que haga decaer el derecho a la asistencia letrada, pues el carácter no preceptivo de la intervención del Abogado en ciertos procedimientos no obliga a las partes a actuar personalmente sino que les facultas para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, quedando por consiguiente incólume en tales casos el mencionado derecho cuyo ejercicio se deja a la libre disposición de las partes. Estos derechos y principios constitucionales se regulan, igualmente, en el Derecho Europeo (Carta de Roma) y ha sido resuelto, en idénticos contornos jurídicos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 5

6 IV. A MODO DE CONCLUSIÓN EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL. Utilizando como propio el dictado del Libro Blanco de la Justicia, en su última aparición, el Abogado ocupa un lugar esencial en la Administración de Justicia, en cuanto tiene encomendadas tareas de tanta trascendencia como la dirección, asesoramiento y defensa de las partes en toda clase de procesos, con lo que se liga y estrecha íntimamente con los derechos fundamentales relacionados en el artículo 24 de la Constitución Española. Esta vinculación al fin supremo de la Justicia es reiterada en el artículo 27 del Estatuto General de la Abogacía (Real Decreto 2090/1982, de 24 de Julio). Pese a que criterios de racionalización, en determinados procedimientos, y evitando el uso obligatorio de Letrado, ha acudido a las demandas formulario que, en multiplicidad de ocasiones, retrasa más que adelanta la temporalidad del procedimiento para cuya creación había sido prevista. Al igual que se ha considerado que en determinados procedimientos de menor entidad se evite, asimismo, la intervención del profesional del Derecho Abogadobuscando la finalidad de que los ciudadanos no asuman unos costes de defensa superiores a los beneficios que pudieran reportarles la legítima satisfacción de sus pretensiones. Este autor, no puede, por menos que disentir de la opinión del Consejo General del Poder Judicial enunciada en los dos apartados que preceden argumentando dos razones que, asimismo, considero de peso, por las causas que aduzco, de mayor entidad que las de aquel órgano: - En el primero de los supuestos, demandas formularios, porque la redacción de un escrito modelo de demanda por parte de un neófito en los avatares judiciales y procedimentales provocan unas constantes aclaraciones de sus pedimientos así como requerimientos que pueden llegar a recopilarse (por la numerosidad de su práctica) que conlleva un retraso de los procedimientos para los que se han previsto, terminando en no pocas ocasiones con una sensación en el justiciable de hallarse perdido en un laberinto del que culpa al funcionario que administra la justicia, y este último con una desazón porque no hay forma de entenderse con el justiciable dados sus escasos (cuando no inexistentes conocimientos) de una terminología y unos tecnicismos que no entiende y del que cree que le están tomando el pelo. No tenemos bastante con la mala prensa con la que generalmente se nos acusa que debemos calmar y apaciguar los sofocos de estos nuevos desafíos. Además la situación procesal que el mismo provoca por su desconocimiento le pueden llevar a perder un litigio que tendría ganado de acudir con un técnico en la materia. A mayor abundamiento, siempre se podría prever la condena en costas aún valiéndose del derecho a la justicia gratuita. 6

7 EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL. - En los supuestos de menor entidad, creo que se hace referencia especialmente a los juicios verbales civiles de determinada cuantía y a los juicios verbales de faltas, mi discrepancia aún es de mayor calado lógico con respecto a las razones del Consejo General del Poder Judicial. Después de mi experiencia de más de 24 años en esta Administración de Justicia y habiendo vivido de cerca su desarrollo en el ámbito territorial rural (donde es más patente) para lo que a cierta instituciones es de menor entidad supone un problema de índole mayúscula en la persona que se ve conducida a uno de estos procedimientos. Un insulto no es lo mismo en Andalucía que en el País Vasco, ni la rotura de una linde es lo mismo en Castilla-La Mancha que en Galicia (por poner ciertos ejemplos, generalizados, pero sin menosprecio a ninguno de los territorios nacionales a los que me refiero). No será la primera vez que llega a nuestros oídos que por culpa de una falta o de un juicio verbal de ínfima cuantía se llegan a infracciones penales de enorme entidad. No podemos establecer conceptos económicos para asuntos personales que provocan situaciones estresantes en las partes que se someten a ellas, al igual que para cada cual el dinero no tiene la misma significación y hay otros valores humanos más importantes que los meramente economicistas. A salvo de estas dos excepciones de lex data y finalizando este artículo, en todo caso, debería configurarse como una potestad del Juez la posibilidad de advertir o, incluso, exigir a las partes la defensa por letrado, cuando así lo considerara necesario a la vista de la complejidad del asunto (no de su entidad o de su iniciación vía formulario), para garantizar el principio de igualdad en el proceso, aunque no fuere preceptiva su intervención, siempre que uno de los litigantes compareciera asistido de Abogado. Con ello se daría cumplida acogida a la doctrina del Tribunal Constitucional, cuyos principios ex art. 24.s C.E. tiene por finalidad asegurar la efectiva realización de los principios procesales de igualdad y de contradicción, e impone a los órganos judiciales el deber dispositivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición de las partes en el proceso o limitaciones en la defensa que puedan inferir a algunas de ellas un resultado de indefensión constitucionalmente prohibido. Un último inciso: tengo la suerte de trabajar con un Magistrado al que su profesionalidad, conocimientos, buen hacer y excelente lógica jurídica siempre le han iluminado por los caminos legales y jurisprudenciales objeto de este escueto estudio doctrinal. 7

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