PROPUESTA DE BASES DEL REAL DECRETO REGULADOR DE LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE ABOGADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DESPACHOS DE ABOGADOS

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1 PROPUESTA DE BASES DEL REAL DECRETO REGULADOR DE LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE ABOGADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DESPACHOS DE ABOGADOS 1

2 BASE PRIMERA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 1. Ámbito objetivo: la prestación de servicios 1.1. La norma reglamentaria debe empezar con una definición del tipo de prestación de servicios que regula. Proponemos que sea análoga a la contenida en la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2005: El presente Real Decreto, de acuerdo con la Disposición Adicional 1ª de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, regula la relación laboral de carácter especial de los Abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de Abogados, individual o colectivo. 2. Ámbito subjetivo: el empleador 2.1. Consideramos necesario reiterar que el ámbito del Real Decreto se limita a las prestaciones de servicios efectuadas para despachos de abogados, individuales y colectivos. Resulta a su vez conveniente señalar que los despachos colectivos podrán organizarse bajo cualquiera de las formas admitidas en derecho y reconocidas por el Estatuto General de la Abogacía Española. 3. Ámbito subjetivo: el empleado 3.1. Deben incluirse en su ámbito de aplicación: Los Abogados Los licenciados en derecho que se estén formando para ser Abogados con el fin de obtener la práctica necesaria para superar la prueba de aptitud requerida para el acceso a la profesión. Nota: este supuesto debe ser contemplado e incluido ante la previsible promulgación de la Ley de Acceso a la profesión que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. Supone una ampliación respecto del ámbito subjetivo de la D.A. 1ª de la Ley 22/ En ambos supuestos será condición necesaria que dicho profesional tenga como función en el correspondiente despacho de Abogados el desarrollo de tareas propias de la profesión de Abogado, ya sea en plenitud de ejercicio, ya en formación. 4. Exclusiones 4.1. En relación con el ámbito objetivo: Los Abogados que trabajen por cuenta propia como profesionales autónomos: 2

3 Debe reconocerse expresamente la condición de profesionales por cuenta propia a los Abogados que tengan la condición de titulares o socios del despacho de abogados en el que presten sus servicios. Nota: esta exclusión se incorpora en aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional Septuagésima de la Ley 30/2005 sobre Presupuestos Generales del Estado para Debe presumirse idéntica condición, salvo prueba en contrario, cuando el pacto de retribución entre el Abogado y el despacho sea de tal naturaleza que los ingresos del Abogado estén enteramente vinculados a los ingresos que su trabajo genere para el despacho, o bien a los ingresos generales obtenidos por el despacho. Se exceptúa el supuesto en que el despacho de Abogados garantice unos ingresos mínimos anuales al Abogado. Nota: esta presunción dimana de la jurisprudencia que siempre ha considerado Abogado por cuenta propia a quien se vincula a un despacho mediante un pacto de retribución de esta índole, supuesto muy extendido en la profesión. Entendemos que se trata de un criterio objetivo fácilmente acreditable y que no da lugar a inseguridad jurídica. La última frase permite evitar que se utilice el pacto de retribución en fraude de Ley Los Abogados que no pertenezcan en régimen de dependencia al ámbito de organización y dirección del despacho de Abogados para el que regularmente presten servicios: Debe reconocerse expresamente dicha condición a los Abogados que concierten con los Despachos definidos en el Real Decreto contratos civiles, particularmente en forma de asociación profesional sin participación en el capital social, arrendamiento de servicios, arrendamiento de obra y mandato. Nota: Debe tenerse en cuenta que, por más que se suscriba un contrato civil o se formalice el mandato, la forma del contrato no determina su tipología, sino la naturaleza de sus pactos y de las recíprocas obligaciones Debe presumirse idéntica condición cuando el Abogado, con autorización del despacho, asesore o defienda habitualmente a sus propios clientes, y cobre directamente honorarios de ellos. Cuando tales actividades particulares sean meramente marginales, o se limiten al desempeño del turno de oficio, no se considerarán causa de exclusión de la relación laboral especial En relación con el ámbito subjetivo: Empleadores que no forman parte del ámbito de aplicación Sociedades de profesionales, gabinetes, firmas, consultorías u otras formas de organización que no tengan como objeto único o principal el desarrollo de las actividades propias de la Abogacía. Nota: quedarán fuera de la relación laboral especial los servicios prestados por Abogados a entidades que desarrollen actividades externas al ámbito de la Abogacía, aún cuando, teniendo pluralidad de actividades u objeto, constituyan a su vez despachos de Abogados. Lo anterior resulta coherente con el criterio expresado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en su Resolución de 21 de noviembre de 2001 (BOE de 23 de noviembre, pág , apartado primero párrafo segundo). 3

4 Administraciones públicas y empresas públicas o privadas que contraten Abogados para su propio asesoramiento o defensa Profesionales que no quedan incluidos en el ámbito de aplicación: Empleados de despachos que no sean licenciados en derecho, o que siéndolo, no desarrollen en el mismo actividades propias de Abogado, ya sea en formación, ya en plenitud de ejercicio. Nota: la última parte se refiere a supuestos en que un despacho de Abogados contrata a un licenciado en derecho como administrativo, como contable, como responsable de marketing o como gerente, BASE SEGUNDA FUNDAMENTO DE LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL 1. Principio general de confianza recíproca La relación laboral especial de los Abogados que prestan servicios en despachos de Abogados se basa en la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe. Nota: en la medida en que el prestigio de un despacho de Abogados, que constituye su principal activo, se construye y consolida a través de la actuación de los profesionales que lo integran, la contratación de cualquiera de ellos para prestar servicios a los clientes de la firma presupone depositar un elevado nivel de confianza en dicho profesional. 2. Otros principios esenciales a contemplar Independencia y libertad: la independencia y libertad del abogado excluye las actuaciones por autocomplacencia, las basadas en intereses personales, las sometidas a la influencia de presiones exteriores y todas aquellas, lucrativas o no, esencialmente incompatibles con el desempeño de la profesión de abogado a tenor del Estatuto General de la Abogacía Española. El atentado a la independencia del abogado, por parte del Despacho empleador, constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las responsabilidades legales de cualquier otro orden en las que pueda incurrir. Nota: la independencia profesional y de criterio definida en este apartado no debe claudicar a pesar de la pertenencia del Abogado al ámbito de organización y dirección de un despacho de Abogados, ni ante el regular y legítimo ejercicio de las facultades de organización y dirección que pertenecen al titular de dicho despacho Integridad y lealtad: la integridad y lealtad del abogado exige someter toda su actividad a comportamientos de honradez, buena fe, diligencia, competencia técnica y evitación de conflictos de intereses. La vulneración de cualquiera de las manifestaciones de los principios de integridad y lealtad determina la trasgresión de la buena fe contractual por parte del abogado que preste servicios para los Despachos empleadores, sin prejuicio de las responsabilidades legales de cualquier otro orden en las que pueda incurrir. 4

5 Confidencialidad y secreto profesional: El secreto profesional garantiza la confidencialidad y reserva de los Abogados en relación con todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de su actividad profesional. El abogado tiene el derecho y el deber de observarla a lo largo de su vida y la revelación de los secretos profesionales supone una trasgresión de la buena fe contractual en el seno de la relación laboral especial regulada en este Real Decreto, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole en que pudiera incurrir el Abogado Formación: por razón de la naturaleza de la profesión de Abogado, el desarrollo de la actividad profesional del Abogado en régimen laboral debe orientarse a la consecución de la práctica, experiencia, calidad, formación, prestigio e independencia para un mejor ejercicio de la profesión. BASE TERCERA.- FUENTES Y CRITERIOS REGULADORES 1. Fuentes: Criterio primero: el Real Decreto debe establecer que los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral de los Abogados y los despachos de Abogados se regularán por la voluntad de las partes, con sujeción a las normas del propio Real Decreto y a las demás que sean de aplicación. Nota: el principio de libertad de pactos, en cuanto éstos no contravengan a las Leyes o Reglamentos, debe predominar en un contrato basado en la confianza. La libertad de pactos ha sido y es una constante en las relaciones entre Abogados y despachos, y es lo único cauce para albergar en la norma reglamentaria una inacabable pluralidad de situaciones y vínculos Criterio segundo: las demás normas de la legislación laboral común, incluido el Estatuto de los Trabajadores, sólo deberían resultar aplicables en los casos en que se produzca remisión expresa en el propio Real Decreto, o cuando así se haga constar específicamente en el contrato Criterio tercero: en lo relativo a Seguridad Social, a Prevención de Riesgos Laborales y a Procedimiento Laboral se debería aplicar, con carácter imperativo, la normativa específica que regula dichas materias, siendo nulo todo pacto en contrario. 2. Derecho supletorio: en lo no regulado por pacto entre las partes o por el Real Decreto debe reconocerse el carácter supletorio de la legislación civil o mercantil y de sus principios generales. BASE CUARTA.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES 5

6 1. Derechos del Abogado empleado: Remisión a los derechos básicos de toda relación laboral, p. ej.: Los Abogados a los que se refiere el art. 1 del Real Decreto tendrán los derechos laborales establecidos en el art. 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y todos aquellos que se establezcan a través de pacto individual o colectivo con los Despachos para los que trabajen Remisión a los derechos y deberes establecidos en las normas reguladoras de la profesión, y especialmente en el Estatuto General de la Abogacía Reconocimiento del derecho a la formación: Con el fin de posibilitar la consecución del objetivo de alcanzar el normal grado de experiencia, oficio, independencia y criterio que en su día le permitan actuar como profesional libre (base primera, exclusiones), al Abogado que preste servicios en un despacho de Abogados se le deben reconocer los siguientes derechos: Obtener la formación continua necesaria, acordando con el titular del despacho y según las posibilidades existentes, el empleo de tiempo dedicado al estudio, el desarrollo de sesiones de formación internas si la estructura del despacho lo permite, o la asistencia a sesiones formativas organizadas por los Colegios de Abogados u otras entidades que desarrollen docencia en el campo de la Abogacía A emplear su tiempo de ejercicio profesional para el despacho de Abogados en actividades de asesoramiento o defensa de los clientes del despacho que le permitan obtener la práctica, experiencia, calidad, formación, prestigio e independencia previamente aludidas. 2. Deberes del Abogado empleado: El Real Decreto debe establecer que los abogados contratados en régimen laboral especial tendrán, además de los que sean objeto de pacto individual o colectivo, los deberes básicos siguientes: Cumplir con las obligaciones de prestación de los servicios profesionales contratados, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia, con el Estatuto General de la Abogacía Española y con los Códigos deontológicos aplicables a la profesión Observar las medidas de seguridad y salud que se adopten en el ámbito funcional del Despacho empleador Cumplir con las órdenes e instrucciones que el Despacho empleador dicte en el ejercicio regular de sus facultades directivas, en 6

7 cuanto que no contravengan los principios propios del ejercicio de la abogacía No concurrir profesionalmente con la actividad del despacho empleador en los términos establecidos en el Real Decreto Contribuir a la consolidación y mejora del prestigio y de la clientela del Despacho Facilitar al Despacho empleador los datos e informaciones exigidos por las normas legales o reglamentarias No incurrir en prácticas de competencia desleal o cualesquiera actos de promoción destinados a la captación de clientes del despacho para el que se presten o se hubieran prestado servicios No incurrir en situaciones de conflicto de intereses y salvaguardar las obligaciones propias del secreto profesional también una vez terminada la relación laboral. BASE QUINTA.- FORMA Y CONTENIDO 1. Forma: El Real Decreto establecerá que el contrato especial del trabajo de los Abogados que presten servicios en despachos de Abogados deba formalizarse por escrito, en ejemplar duplicado, uno para cada parte contratante. En ausencia de pacto escrito, se entenderá que el Abogado tiene relación laboral especial cuando la prestación profesional se corresponda con la que define el ámbito de aplicación propuesto en la base segunda que corresponde al artículo 1 del Real Decreto. 2. Contenido: El contrato debería contener como mínimo: 1. La identificación de las partes. 2. El objeto del contrato. 3. La retribución convenida, con especificación, en su caso, de sus distintas partidas, en metálico o en especie. 4. La duración del contrato. 5. Las demás cláusulas que se exijan en el Real Decreto. BASE SEXTA.- DURACIÓN Y MODALIDADES 1. Duración: 1.1. Debe establecerse que el contrato especial de trabajo tendrá la duración que las partes acuerden. A falta de pacto escrito cabe la presunción de que el contrato se entiende celebrado por tiempo indefinido Debe permitirse un período de prueba, que en ningún caso podrá exceder de seis meses. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del Abogado empleado. 2. Modalidades: el Real Decreto permitirá que el contrato se suscriba bajo cualquiera de las siguientes modalidades: 7

8 2.1. Contrato de jornada completa 2.2. Contrato a tiempo parcial 2.3. Contrato indefinido 2.4. Contrato por tiempo cierto Contrato para la formación o contrato de pasantía 2.6. Contrato en prácticas 3. Requisitos: en lo no previsto, para cada modalidad de contrato el Real Decreto se remitirá a lo dispuesto en las Leyes y reglamentos que regulan dicha modalidad. Más específicamente: 3.1. Contrato para la formación o pasantía: esta modalidad se podrá concertar con los licenciados en derecho referidos en el punto de la Base Primera antes de superar la prueba de acceso a la profesión de Abogado. Para ello resultará necesario que se concierten acuerdos o convenios entre los despachos de abogados y las escuelas de práctica jurídica de los Colegios de Abogados a fin de que éstas actúen como escuelas taller, casas de oficios o talleres de empleo, en los términos del art del Estatuto de los Trabajadores. Sin perjuicio de las restantes causas de extinción previstas en el presente Real Decreto, el contrato llegará a su término una vez que el licenciado en derecho supere la prueba de acceso y se incorpore como Abogado al Colegio correspondiente. Superado el término máximo de dos años previsto para el contrato de formación, si el licenciado en derecho no hubiera superado la prueba de acceso, podrá concertarse cualquier otra de las modalidades previstas en el Real Decreto Contrato en prácticas: esta modalidad se podrá concertar con los Abogados que hubieran superado la prueba de acceso a la profesión de Abogado de acuerdo con la legislación vigente. El contrato se podrá formalizar dentro del plazo y con los demás requisitos previstos en el art del Estatuto de los Trabajadores. BASE SÉPTIMA.- TIEMPO DE TRABAJO Habida cuenta de las características de la profesión de Abogado, sujeta a la perentoriedades y exigencias derivadas de la necesidad de asistir debidamente a los ciudadanos con ocasión de cualesquiera problemas legales, la regulación del tiempo de trabajo en cuanto a jornada, horarios, fiestas y permisos, así como para vacaciones, se remitirá a las cláusulas del contrato, en cuanto no configuren prestaciones a cargo del empleado que excedan notoriamente de las que sean usuales en el ámbito profesional correspondiente. BASE OCTAVA.- CONCURRENCIA Y EXCLUSIVIDAD 1. Exclusividad y pluriactividad 1.1. El Real Decreto debe contemplar que el Abogado que preste servicios en un despacho de Abogados no puede celebrar otros contratos de trabajo con otros 8

9 despachos de Abogados, o desarrollar otras actividades profesionales, salvo autorización del empresario o pacto escrito en contrario Como excepciones a la regla anterior el Real Decreto puede establecer las siguientes: Desempeño del turno de oficio Desarrollo de actividades legalmente compatibles con la Abogacía y complementarias de ésta, tales como las docentes, las representativas, u otras de similar naturaleza. 2. Pacto de permanencia 2.1. En la regulación de los posibles pactos de permanencia se propone que se efectúe expresa remisión a los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 21.4 del Estatuto de los Trabajadores. 3. Pacto de no concurrencia posterior al contrato 3.1. En la regulación de los posibles pactos de no concurrencia posteriores al contrato se propone que se efectúe expresa remisión a los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, con las únicas salvedades siguientes: La prohibición de concurrencia no puede actuar como limitación al ejercicio de la profesión, ni siquiera en los mismos campos del derecho, especialidades o subespecialidades. En consecuencia, el pacto sólo podrá consistir en una limitación a la libertad de prestar servicios para los clientes del despacho de origen Salvo pacto en contrario, se exceptúan de dicha prohibición aquellos clientes que el Abogado hubiera aportado por su cuenta al despacho de origen. BASE NOVENA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 1. Por voluntad del Abogado empleado 1.1. El Real Decreto debería contemplar que el contrato especial de trabajo se pueda extinguir por voluntad del Abogado empleado, debiendo mediar un preaviso mínimo de tres meses. No obstante dicho período podrá ser de hasta seis meses, si así se establece por escrito en los contratos celebrados por tiempo indefinido o de duración superior a cinco años. No será preciso respetar el preaviso en el supuesto de incumplimiento contractual grave del empresario Debe establecerse que el despacho de Abogados tendrá derecho, en caso de incumplimiento total o parcial del deber de preaviso, a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido Además, tiene que preverse que el Abogado empleado podrá extinguir el contrato especial de trabajo con derecho a las indemnizaciones pactadas, y en su defecto fijadas en esta norma para el caso de extinción por desistimiento del empresario, fundándose en las causas siguientes: 9

10 Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden notoriamente en perjuicio de su formación profesional, en menoscabo de su dignidad, o sean decididas con grave transgresión de la buena fe por parte del despacho de Abogados empleador La falta de pago o retraso continuado en el abono de la retribución pactada Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales por parte del despacho de Abogados empleador, salvo los supuestos de fuerza mayor. 2. Por voluntad del despacho de Abogados empleador 2.1. Debe preverse que el contrato de trabajo podrá extinguirse por desistimiento del despacho de Abogados empleador, comunicado por escrito, debiendo mediar un preaviso en los términos fijados en el punto 1.1. de esta Base. El Abogado empleado tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones pactadas en el contrato; a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días del salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades. En los supuestos de incumplimiento total o parcial del preaviso, el Abogado emnpleado tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido Debe establecerse que el contrato podrá extinguirse por decisión del despacho de Abogados empleador mediante despido basado en el incumplimiento grave y culpable del Abogado empleado, en la forma y con los efectos establecidos en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores; respecto a las indemnizaciones, en el supuesto de despido declarado improcedente se estará a las cuantías que se hubiesen pactado en el contrato, siendo en su defecto de veinte días de salario en metálico por año de servicio y hasta un máximo de doce mensualidades, salvo en los supuestos en que el despido fuera declarado nulo por apreciarse la vulneración de un derecho fundamental del Título I de la Constitución Española. En tales supuestos el Real Decreto habilitará al Juez o Magistrado para fijar discrecionalmente la indemnización que corresponda al caso, con el límite del duplo de la que correspondería por despido improcedente. En atención a la relación de confianza que caracteriza la Relación Laboral Especial, la readmisión sólo procederá en caso de mutuo acuerdo. 3. Otras causas de extinción Dejando a salvo las especialidades consignadas en los apartados anteriores, el Real Decreto debe contemplar que esta relación laboral especial podrá extinguirse por las causas y mediante los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. El contrato también se extinguirá cuando una novación de las condiciones y circunstancias de la prestación de servicios sitúe la relación fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto. 4. Efectos derivados de la extinción del contrato 10

11 4.1. La extinción del contrato, independientemente de su causa, no puede liberar al abogado empleado de sus obligaciones de confidencialidad y secreto profesional, en los términos regulados contractual o colegialmente. Asimismo, el abogado empleado tendrá la obligación de facilitar al despacho de Abogados empleador toda la información necesaria para que el Despacho pueda cobrar los trabajos en curso realizados por el Abogado empleado hasta la fecha de su cese, así como encauzar los asuntos hacia otros profesionales para la mejor defensa o asesoramiento hacia el cliente sin que en ningún caso se precise la solicitud de venia Al causar baja en el despacho de Abogados empleador, el Abogado empleado deberá poner a disposición del Despacho todos los documentos, registros, información y materiales que se le hubieren facilitado, así como todos los demás bienes y derechos pertenecientes al Despacho o a sus clientes, pudiendo solicitar copia de los escritos que hubiera firmado relativos a los asuntos que hubiera dirigido El incumplimiento por el Abogado empleado o por el despacho de Abogados empleador de las obligaciones derivada de la relación laboral especial consagrada en este Real Decreto dará lugar a la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios irrogados, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden que, en su caso, procedan. BASE DECIMA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Hay que efectuar previsión para que este contrato pueda suspenderse, con los efectos y para los casos previstos en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, con exclusión de la excedencia voluntaria. BASE UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y EJERCICIO DE ACCIONES 1. Resulta necesario efectuar previsión de que todos los conflictos, individuales o colectivos que surjan entre los Abogados empleados y los despachos de Abogados empleadores, en el ámbito de la relación laboral especial regulada en el futuro Real Decreto, serán de la competencia del orden jurisdiccional social. Respecto a las cuestiones relativas a la Seguridad Social, se aplicará la delimitación competencial contenida en los artículos 2 y 3 de la Ley de Procedimiento Laboral. 2. Antes de plantear reclamaciones formales ante el orden jurisdiccional social, tanto los Despachos de Abogados empleadores como los Abogados empleados que en ellos presten sus servicios podrán someterse a los procedimientos de transacción, mediación o arbitraje ofrecidos por los Colegios de Abogados en sus respectivos ámbitos territoriales. 3. El sometimiento voluntario a cualquiera de estos tres procedimientos de resolución de conflictos interrumpirá o suspenderá, respectivamente, los plazos de prescripción o de caducidad de la acción ejercitada. 11

12 4.- A efectos de prescripción de acciones derivadas del contrato especial, así como en cuanto a la caducidad de la acción por despido, se aplicará, en cuanto proceda, el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores. BASE DUODÉCIMA.- SEGURIDAD SOCIAL El Real Decreto deberá regular la opción individual de los Abogados para, de forma voluntaria, incorporar el importe de la capitalización de sus aportaciones a la Mutualidad General de la Abogacía al sistema de la Seguridad Social a efectos de su traducción en períodos de cotización en orden a causar derecho a futuras prestaciones. Téngase en cuenta que muchos abogados no conseguirán los periodos mínimos de cotización. Y muchos otros no alcanzarán el porcentaje total. Cabe añadir que, con el nuevo Plan Universal de la Mutualidad de Previsión de la Abogacía, muchos abogados se acogerán a la llamativa posibilidad de rescatar a los 65 años la totalidad de los fondos mutuales capitalizados ya individualmente, quedando desde ese momento en situación de absoluta falta de cobertura social. NUEVA BASE DECIMOTERCERA.- NORMA TRANSITORIA 1. El Real Decreto debería aclarar que, a partir de su entrada en vigor, la relación laboral especial regulada en el mismo será de inmediata aplicación a toda prestación de servicios de abogacía realizada por los Abogados empleados en favor de los Despachos de Abogados empleadores cuando concurran las notas de laboralidad definidas en el artículo 1.1. del Estatuto de los Trabajadores, independientemente del régimen jurídico preexistente al amparo del cual hayan sido concertadas. 2. Asimismo, para evitar situaciones de vacío normativo y sin perjuicio de lo anterior, debe aclarar que continuarán siendo de aplicación transitoriamente las cláusulas de los contratos celebrados por escrito entre las partes que no se opongan a aquellas, hasta que no sean sustituidas por un contrato escrito celebrado al amparo del Real Decreto, salvo que resulten incompatibles con las disposiciones establecidas en el mismo. Madrid, a 18 de mayo de

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