El derecho valor a la dignidad humana y el derecho a la protección de datos personales en la Constitución Europea

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1 El derecho valor a la dignidad humana y el derecho a la protección de datos personales en la Constitución Europea JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET * FERNANDO DE VICENTE PACHÉS ** 1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN EUROPEA. CONSAGRACIÓN DE LOS DERECHOS A LA DIGNIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Debemos partir de un precepto considerado esencial para abordar la materia que nos ocupa, el art. I-9 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 1, el cual, al referirse a los derechos fundamentales, lo hace en los siguientes términos: «1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de * Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Barcelona. ** Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad Jaume I de Castellón. 1 Conferencia de los Representantes de los Estados Miembros, Bruselas, 13 de octubre de 2004, CIG 87/1/04 REV 1. los Derechos Fundamentales que constituye la Parte II. 2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en la Constitución. 3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros forman parte del Derecho de la Unión como principios generales.» En consecuencia, este precepto de la Constitución Europea nos remite a la parte de la misma (la parte segunda), en donde se ubica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, lugar en el que se encuentran contemplados el conjunto de derechos y libertades fundamentales de la Unión Europea 2. 2 La Carta de Derechos Fundamentales enumera y desarrolla los derechos y libertades fundamentales reconocidos especialmente por las tradiciones constitucio- 137

2 ESTUDIOS La realidad es que mucho se ha dicho y comentado ya en los medios de comunicación, por analistas, políticos y estudiosos de la materia principalmente sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluso mucho antes de la incorporación o integración definitiva, con plena valor jurídico, en la Parte II del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (a la que también denominaremos, en aras a la concisión, «Constitución Europea» o «Tratado constitucional»). También se ha discutido y polemizado en exceso sobre la necesidad o no de integrar la Carta de Derechos Fundamentales en una Constitución Europea, porque, entre las opciones posibles expuestas por la doctrina, estaba «la de no hacer nada con ella», esto es, «dejarla en paz», mantenerla donde y como estaba, porque como la finalidad asignada a la Carta era la de hacer visibles los Derechos vigentes a nivel de la Unión, no la de crear nuevos Derechos, si su contenido responde fielmente a tal finalidad, «no es necesario hacer nada para mantener en vigor Derechos ya vigentes» 3. nales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros. En el proceso de elaboración de la Constitución Europea, la Convención Europea se pronunció rápidamente, casi por unanimidad, a favor del reconocimiento del pleno valor jurídico de la Carta y de su integración, en el entonces proyecto de Tratado constitucional. Además la Constitución Europea incluye, como podemos constatar, una cláusula que permitirá a la Unión como tal adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta decisión será adoptada por mayoría cualificada de los Estados miembros. Esta cuestión fue muy controvertida en el pasado puesto que podría someter el orden jurídico comunitario a un Tribunal ajeno formalmente al mismo como es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (http.//w.w.w. constitucioneuropea.es). 3 RUBIO LLORENTE, F., «Mostrar los derechos sin destruir la Unión (Consideraciones sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea)», en AAVV., La encrucijada constitucional de la Unión Europea, Madrid, (Cívitas), 2002, pág En la Constitución Europea se consagran un conjunto de derechos, libertades y principios 4, a modo de catálogo de Derechos Fundamentales de la Unión, basado en valores universales 5 o que pretenden serlo, que es el propio de cualquier Estado europeo que haya revisado recientemente su Constitución para acomodarla a las últimas tendencias. Pues no hay que olvidar que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye uno de los elementos en que se basa la Unión Europea. Y hoy en día, es inconcebible una Constitución sin una Declaración de Derechos fundamentales 6. 4 Se lamenta y se critica que la Carta no identifique cuáles son los derechos que deben ser considerados como «principios» dado que estamos frente a categorías distintas de derechos; además, como nos recuerda el profesor Rubio Llorente: «la contraposición entre derechos y principios no significa lo mismo para todos los integrantes de la amplia comunidad de intérpretes que, en su caso, ha de aplicar la Carta; que existe el riesgo de que unos entiendan como principios lo que para otros son derechos y viceversa, con todo cuanto ello implica respecto de las obligaciones, tan diversas, que derechos y principios imponen. Como hubiera sido fácil evitarlo, incluyendo en la Carta la definición de unos y otros, o mejor aún separándolos, como en la Constitución Española, en Capítulos o Títulos diferentes, hay que pensar que tal vez los autores de la Carta han visto alguna ventaja en el mantenimiento del equívoco», RUBIO LLORENTE, F. «Mostrar los derechos sin destruir la Unión» op. ult. cit., pág La Parte II del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, en la que se contiene la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea viene precedida de un Preámbulo en el que los Estados miembros reafirman que la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Igualmente, sostienen que para el logro de los objetivos de la Unión es necesario reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos. 6 Recordando que entendemos por derechos humanos «un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan la exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional», PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, (Tecnos), 1987, pág

3 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS Una peculiaridad de esta Constitución es que reúne en un mismo texto todos los derechos individuales: civiles, políticos, económicos y sociales, y los derechos de los ciudadanos de la Unión europea. De este modo, rompe con la distinción hasta ahora observada en los instrumentos jurídicos tanto universales como europeos entre derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos económicos y sociales, por otro (Pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos, en el plano de Naciones Unidas; Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales CEDH y Carta Social Europea, en el del Consejo de Europa). En consecuencia, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión es un instrumento equilibrado en el que, en un único texto, se recogen derechos que aparecían reconocidos en muy diversos instrumentos jurídicos (de protección internacional de derechos humanos) y que constituyen el acervo europeo común en materia de derechos fundamentales 7. El «Informe Simites» (de febrero de 1999) ya defendía la idea de «todos los derechos deberían figurar en un texto único» y que «sería conveniente abandonar tanto la actual dispersión de los Tratados como las amplias referencias a diversas fuentes internacionales y supranacionales, a fin de garantizar la claridad que exige el carácter fundamental de estos derechos» y «que el lugar elegido debería ilustrar claramente la importancia primordial de los derechos fundamentales e 7 En este sentido, en el Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión se precisa que: «La presente Carta reafirma ( ) los derechos que emanan en particular de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( )». indicar sin lugar a dudas que las actividades de la Unión Europea deben guiarse siempre, y en cualquier circunstancia, por el respeto a estos derechos». Otro aspecto a destacar de la nueva Constitución Europea es que, en la parte segunda en donde se ubica la Carta de Derechos Fundamentales, reconoce derechos que sin ser totalmente nuevos como la protección de datos personales (objeto de estudio pormenorizado en este trabajo) o derechos relacionados con la bioética aspiran a hacer frente a desafíos originados por el desarrollo actual y futuro de las tecnologías de la información o de la genética, con repercusiones significativas en el ámbito de las relaciones de trabajo 8. Además, es importante recordar, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha venido desarrollando una importante jurisprudencia en relación con el reconocimiento, de forma explícita, de los derechos fundamentales y su tutela judicial efectiva en el Derecho comunitario, llevando a cabo una «labor creativa y completiva del Derecho contenido en los Tratados constitutivos» 9. Como se desprende de la extensa y prolija jurisprudencia del TJCE, los derechos fundamentales forman parte del ordenamiento jurídico comunitario y el Tribunal de Justicia tiene competencia para asegurar su respeto FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ J. J., Pruebas genéticas en el Derecho del Trabajo, Madrid, (Cívitas), 1999; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J., El conocimiento del genoma humano: una nueva vía para la discriminación laboral. Es necesario un cambio en el paradigma jurídico?, Tesis doctoral inédita, Barcelona, (Universitat de Barcelona), 2004, págs. 62 y ss. 9 RODRÍGUEZ BEREIJO, A., «El valor jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea después del Tratado de Niza», en AAVV., La encrucijada constitucional de la Unión Europea, op.cit., pág «La necesidad de dar entrada al reconocimiento y protección de los derechos humanos en el Derecho comunitario se hizo sentir más intensamente a medida que la progresiva afirmación por el TJCE de la aplicabilidad directa del Derecho comunitario y su primacía 139

4 ESTUDIOS La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea venía a colmar un vacío, una laguna existente en los Tratados constitutivos, puesto que se carecía de una «Declaración de Derechos» propia, aplicable a las eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales por las instituciones y órganos comunitarios. La integración de la Carta en la Constitución Europea proporcionará mayor certeza y seguridad jurídica respecto de cuáles son los derechos fundamentales a que están vinculados, en sus normas y actos, las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros cuando aplican el Derecho comunitario. Como es conocido, y a modo de presentación, la Carta de Derechos Fundamentales consta de 54 artículos agrupados en 7 Títulos y estructurado en torno a seis conceptos básicos: Dignidad, Título I (artículos II-61 a II- 65); Libertades, Título II (artículos II-66 a II-79); Igualdad, Título III (artículos II-80 a II- 86); Solidaridad, Título IV (artículos II-87 a II-98); Ciudadanía, Título V (artículos II-99 a II-106); Justicia, Título VI (artículos II-107 a II- 110); y Disposiciones generales aplicables a la interpretación y la aplicación de la Carta, Título VII (artículos II-111 a 114), referidas al ámbito de aplicación de la Carta, el alcance e interpretación de los derechos y principios reconocidos, el nivel de protección y la prohibición del abuso de derecho. Como comprobaremos, al hacer un tratamiento detallado de ambos derechos (dignidad y protección de datos de carácter personal) la «dignidad humana» de la persona se configura con una triple naturaleza en esta nueva Constitución para Europa: 1) como bloque temático específico de derechos, pues el Título I lo dedica a la «Dignidad», en cuanto concepto básico en el que se integran otros derechos fundamentales 11 ; 2) como derecho concreto y explícito, al proclamar en el art. II- 61 que «la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida» y 3) como valor, al ser presupuesto sobre el que se fundamenta la Unión, dado que «conscientes de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho» (Preámbulo). Por lo que respecta al derecho a la protección de datos de carácter personal, indicar, que este derecho queda contemplado y reconocido bajo el bloque temático de las «Libertades» del Tratado Constitucional (art. II-68), pero, curiosamente, este mismo derecho se contempla y se ubica en otra parte del nuevo texto constitucional (art. I-51), si bien el reco- sobre los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros hizo más aguda la toma de conciencia de dos exigencias: por una parte, asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario; por otra, dar una respuesta adecuada al problema del reconocimiento y protección de los derechos humanos en las relaciones entre el Derecho comunitario y los sistemas constitucionales de los Estados miembros» CARRILLO SALCEDO, J.A., «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», en Diario La Ley, viernes 31 de diciembre En la ya clásica doble clasificación de los derechos humanos o derechos fundamentales; en primer lugar, los más básicos derechos inherentes a la persona humana, como la vida o la integridad física y moral y, en segundo lugar, el resto de los derechos humanos y libertades públicas propios del principio democrático y del Estado de Derecho, vid. FERNÁNDEZ TOMAS, A., La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Valencia, (Tirant lo Blanch), 2001, pág

5 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS nocimiento de este derecho en ambos preceptos está expresado en parecidos términos. Este doble reconocimiento es muestra palpable, sin duda, del claro y evidente interés de la norma suprema de la Unión en el reconocimiento y protección de este derecho fundamental. Pues, como ha puesto de relieve la doctrina «la rápida evolución de la ciencia y la tecnología hace que, en ocasiones, los textos constitucionales se queden atrasados y resulten incompletos para hacer frente a razonables exigencias de protección del individuo frente a los avances científicos y técnicos, y quizá el ejemplo más fácil venga proporcionado por la necesidad de custodiar debidamente los datos personales frente al desarrollo de la informática» 12. Para concluir estas breves consideraciones generales sobre los derechos fundamentales incorporados al Tratado Constitucional, consideramos significativo precisar y recoger unas ideas relevantes en relación con el ámbito de aplicación, alcance e interpretación y nivel de protección que tienen estos derechos y principios. 12 FERNÁNDEZ TOMÁS, A., La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, op. cit., pág. 22. Sin embargo, nuestra Constitución sí ha sido previsora en este sentido y en el art CE establece que «La ley limitará el uso de la informática parra garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos», precepto éste que tuvo su oportuno desarrollo en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que tendremos ocasión, posteriormente, de analizar. En primer lugar, que la Carta de Derechos Fundamentales está dirigida a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Esto significa, que la Carta se aplica sólo en materias incluidas entre las competencias y objetivos de la Unión Europea; en consecuencia, las instituciones, órganos, organismos de la Unión y los Estados miembros, cuando actúen en el marco del Derecho comunitario, respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que se atribuyen a la Unión en las demás Partes de la Constitución (art. II-111.1) 13. La Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia ni objetivo nuevo para la Unión Europea, ni tampoco modifica las competencias y objetivos definidos en las demás partes de la Constitución (art. II-111.2). En segundo lugar, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades; y en la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio; y ello no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa. Por otra parte, en la medida en que la presente Carta 13 En este sentido, «la Carta no exigirá ninguna modificación de las Constituciones de los Estados miembros. Por una parte, queda claro que la Carta no sustituye a las Constituciones nacionales, en su ámbito de aplicación, por lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales al nivel nacional. La Carta se aplica en el ordenamiento jurídico de la Unión, que ciertamente incide en la actividad de los Estados miembros cuando dan cumplimiento al Derecho de la Unión, pero evidentemente no se aplica en el ordenamiento jurídico nacional en lo relativo a las competencias propias de los Estados miembros. Por otra parte, la Carta recogerá fundamentalmente derechos ya existentes en diversos textos, en particular en las Constituciones nacionales, por lo que es poco probable que existan contradicciones entre los principios recogidos en las Constituciones nacionales y la Carta de la Unión», FONSECA MORILLO, J.J., «La gestación y contenido de la Carta de Niza», en AAVV., La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, Madrid, (Cívitas), 2002, pág

6 ESTUDIOS reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones y se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales. Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la Carta serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros (art. II-112). En tercer lugar, y por lo que respecta al nivel de protección de los derechos y principios de la Carta, ninguna de las disposiciones de la misma podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros (art. II-113) 14. En nuestro país, el Consejo de Estado, consultado sobre esta materia, constata que el significado de la Carta debe ponderarse a partir de la base de que las disposiciones de la Carta limitan su fuerza vinculante para los Estados miembros «únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión» (apartado 1 del artículo II-111), delimitación que se une a la declaración de que ni la Carta ni el Convenio Europeo implican ampliación alguna de las competencias atribuidas a la Unión. Además el artículo II-113 impide, en un sentido similar al del artículo 53 del Convenio Europeo, 14 Sobre el ámbito de aplicación, el alcance de los derechos garantizados y el nivel de protección de los mismos, vid. un estudio en profundidad de ALONSO GAR- CÍA, R., «Las cláusulas horizontales de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», en AAVV., La encrucijada constitucional de la Unión Europea, op. cit., pág. 152 y ss. que las disposiciones de la Carta puedan interpretarse como limitativas o lesivas de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros y, en particular, el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como por las Constituciones de los Estados miembros. Por su lado el artículo II-112 precisa, respecto de los derechos contenidos en la Carta que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo, que «su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio», sin que obste a «que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa» (apartado 3), y añade que los derechos reconocidos por la Carta resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros «se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones» (apartado 4). De lo anterior concluye el Consejo de Estado que parece quedar garantizado «suficientemente que las disposiciones de la Carta no van a producir colisiones o discordancias con la configuración que la Constitución Española hace de esos derechos y libertades». Ahora bien, la coexistencia de dos sistemas de garantías con el establecido en el Convenio Europeo, al que expresamente se refiere también la Carta, supone la coexistencia de tres regímenes o parámetros en la tutela de los derechos fundamentales (Constitución, Convenio Europeo y Carta) que determinará en el futuro, si el Tratado entra en vigor, un proceso de influencias mutuas no exento de problemas jurídicos que el Consejo de Estado considera corresponde aclarar al Tribunal Constitucional en lo que se refiere al sentido de la vinculación de las autoridades españolas por la Carta, las relaciones de ésta con nuestro sistema constitucional de derechos y libertades y el modo de depuración de las normas que la contradigan. Cuestiones todas ellas 142

7 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS que justifican la duda de constitucionalidad que ahora plantea el Gobierno 15. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha precisado sobre esta cuestión de fondo que no existe contradicción entre la Constitución Española y los arts II-111 y II-112 del Tratado Constitucional pues: «los concretos problemas de articulación que pudieran suscitarse con la integración del Tratado no pueden ser objeto de un pronunciamiento anticipado y abstracto; su solución sólo puede perseguirse ponderando para cada concreto derecho y en sus específicas circunstancias las fórmulas de articulación y definición más pertinentes, en diálogo constante con las instancias jurisdiccionales autorizadas, en su caso, para la interpretación auténtica de los convenios internacionales que contienen enunciados de derechos coincidentes con los proclamados por la Constitución española». 15 Extraído de la Declaración del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre de 2003 (DTC 1/2004, de 13 de diciembre) Ponente: Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas. La duda, por tanto, es si la inevitable extensión de los criterios de interpretación de la Carta más allá de los contornos definidos por el artículo II-111 es o no compatible con el régimen de derechos y libertades garantizados por la Constitución. En otras palabras, «si los criterios establecidos por el Tratado para los órganos de la Unión y para los Estados miembros cuando apliquen Derecho europeo son o no conciliables con los derechos fundamentales de la Constitución y, en esa medida, pueden también imponerse a los poderes públicos españoles cuando actúen al margen del Derecho de la Unión, es decir, también en circunstancias que no ofrezcan conexión alguna con dicho ordenamiento». En este sentido, el Tribunal Constitucional puntualiza que : «es doctrina reiterada de este Tribunal que los tratados y acuerdos internacionales a los que se remite el art de la Constitución» constituyen valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce», de suerte que habrán de tomarse en consideración «para corroborar el sentido y alcance del específico derecho fundamental que... ha reconocido nuestra Constitución» [STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 8, con referencia, precisamente, a la propia Carta de Niza; también STC 53/2002, de 27 de febrero, FJ 3 b)]. El valor interpretativo que, con este alcance, tendría la Carta en materia de derechos fundamentales no causaría en nuestro ordenamiento mayores dificultades que las que ya origina en la actualidad el Convenio de Roma de 1950, sencillamente porque tanto nuestra propia doctrina constitucional (sobre la base del art CE) como el mismo artículo II-112 (como muestran las «explicaciones» que, como vía interpretativa se incorporan al Tratado a través del párrafo 7 del mismo artículo) operan con un juego de referencias al Convenio europeo que terminan por erigir a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en denominador común para el establecimiento de elementos de interpretación compartidos en su contenido mínimo. Más aún cuando el art. I-9.2 determina en términos imperativos que «la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales». Por lo demás, no puede dejar de subrayarse que el artículo II-113 del Tratado establece que ninguna de las disposiciones de la Carta «podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las Constituciones de los Estados miembros», con lo que, además de la fundamentación de la Carta de derechos fundamentales en una comunidad de valores 143

8 ESTUDIOS con las constituciones de los Estados miembros, claramente se advierte que la Carta se concibe, en todo caso, como una garantía de mínimos, sobre los cuales puede desarrollarse el contenido de cada derecho y libertad hasta alcanzar la densidad de contenido asegurada en cada caso por el Derecho interno LA PROCLAMACIÓN DEL DERECHO VALOR A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN LA CONSTITUCIÓN EUROPEA Constantemente se habla del derecho a la dignidad humana, de la importancia de este derecho, de la imperiosa necesidad de respetarlo y protegerlo; pero a ciencia cierta no se sabe con exactitud en qué consiste éste y que derechos comprende, cuál es su completo significado y contenido. Se le ha llegado a definir como «concepto jurídico indeterminado». De preguntar a cada persona qué entiende por este derecho nos encontraríamos con respuestas de lo más dispares porque el mismo abarca diversidad de sentidos, y, en realidad, no se ha conseguido precisar del todo lo que es la dignidad y lo que este derecho comporta. 16 Fundamento Jurídico 6º de la DTC 1/2004, de 13 de diciembre. En relación con esta cuestión es también interesante por sus consideraciones el estudio de RUBIO LLORENTE, F., «Una Carta de dudosa utilidad», en AAVV., La protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea, op. cit., págs. 169 y ss. Se ha insistido en que la noción de dignidad lleva consigo una carga emotiva que la hace equívoca, ambigua, dificultando la precisión de su significado. Las numerosas definiciones legales, así como el conjunto de decisiones jurisprudenciales que intentan tutelar este derecho, no contienen una definición unívoca y precisa del mismo; es más, en la mayor parte de las ocasiones, no intentan establecer ningún concepto, limitándose a tipificar los supuestos atentatorios o a establecer la existencia de conductas y amplitud de las circunstancias que pueden afectar al ejercicio de este derecho. En nuestra Constitución Española de 1978 se consagra que «la dignidad de la persona humana, a tenor de los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (art CE)». La dignidad se convierte en el derecho que legitima y fundamenta a todos los demás derechos fundamentales. Como se ha puesto de manifiesto con acierto: «El reconocimiento de unos derechos fundamentales no es sino la manifestación obligada de la primacía del valor constitucional último, la dignidad de la persona humana. Todos los derechos que la Constitución proclama, de una u otra forma, se encaminan a posibilitar el desarrollo integral de la persona por la propia dignidad de la misma» 17. El valor axiomático de la dignidad humana determina que los derechos y libertades fundamentales han de ser satisfechos también en el ámbito de la relación de trabajo. En nuestro Estatuto de los Trabajadores, la dignidad del trabajador como en nuestra norma fundamental es génesis y fundamento de los demás derechos a él reconocidos [art. 4.2 e) ET], si bien, la norma laboral se referirá a la dignidad en su aspecto autónomo, como bien jurídico individualizado, concretando el legislador en diversos preceptos estatutarios, determinadas situaciones que pueden entrañar riesgo para la integridad de dicho bien jurídico [art. 18, 20.3, y 50 a) ET] 18. En definitiva, se constata la «doble 17 FERNÁNDEZ SEGADO, F., «Filosofía política de la Constitución española», Revista de Ciencias Sociales, nº 4, 1991, pág En este sentido, la dignidad del trabajador juega tanto «como fundamento y punto de partida de otros derechos de la personalidad, especialmente del derecho a la vida e integridad física, el derecho a la no discriminación, la libertad ideológica y de creencias, y la libertad 144

9 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS operatividad» que el derecho a la dignidad posee en nuestro ordenamiento jurídico laboral 19. El Título I de la Carta, integrada en la nueva Constitución Europea, se rubrica con la expresión «DIGNIDAD» (arts. II-61 a II- 65). Título en el que se comprenden los derechos: A la inviolabilidad de la dignidad humana y su respeto y protección El derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte El derecho a la integridad (física y mental) de la persona humana, respetándose el : a) consentimiento libre e informado de la persona, b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas, c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan en objeto de lucro y d) la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos. La prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado u obligatorio, así como la prohibición de la trata de seres humanos. de expresión», como, en un sentido autónomo y genérico, «exigencia de trato y consideración adecuados hacia la persona», vid. MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑU- DO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, Madrid, (Tecnos), 2003, pág. 612 y ss. 19 GARCÍA NINET, J. I. y VICENTE PALACIO, A., Manual de Derecho del Trabajo, Pamplona, (Aranzadi), 2001, pág Como vemos, en este primer Título, se agrupa el núcleo duro de los derechos fundamentales: dignidad, vida, integridad de la persona, prohibición de la tortura, de la esclavitud y del trabajo forzado, todos ellos inherentes a la propia persona humana como tal, presentes en el CEDH y en las constituciones de los Estados miembros de la Unión. Existe la opinión que hubiera sido suficiente un sencillo ejercicio de integración de los contenidos expresos en este Título para constatar que los cinco artículos dedicados a la «Dignidad» bien podrían haberse «reducido» o «reconducido» a uno, o dos, a modo de pórtico o umbral de los restantes derechos declarados en la Carta 20. Como se puede comprobar, este Título contiene importantes disposiciones, unas inspiradas en el CEDH y otras claramente innovadoras con respecto a ese texto. El art. II-61 exige el respeto y la protección de la dignidad humana, que en cierto modo, al igual que ocurre en nuestra Constitución española, constituye el fundamento en el que se basan todos los demás derechos y libertades comprendidos en el nuevo Tratado Constitucional. La innovación de la Carta, actualmente integrada en el Tratado Constitucional, radica en la mención de la dignidad como derecho fundamental en sí. La consagración de este derecho de esta forma permitirá una evolución positiva de la protección de los derechos fundamentales 21. El derecho a la vida, así como la prohibición de la pena de muerte 22 (art. II-62), en vir- 20 Llevando el extremo a la concisión podría pensarse en dos artículos del siguiente tenor: 1) «El ser humano es inviolable e irrepetible. Se prohíbe su clonación: La dignidad que le es propia excluye toda forma de instrumentalización y cosificación del ser humano»; y 2) «Toda persona tiene derecho a la vida y a la salvaguarda de su integridad física y psíquica», vid. LÓPEZ CASTILLO, A., «Algunas consideraciones sumarias en torno a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE», en Revista de Estudios Políticos, nún 113, julio-septiembre 2001, pág FONSECA MORILLO, F. J., «La gestación y el contenido de la Carta de Niza», en AAVV., La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, op. cit., pág Este reconocimiento tiene una significación política en el espacio público europeo, pues la totalidad de los actuales Estados miembros de la Unión tienen ratificado el 6º Protocolo CEDH (vid. arts. 1 y 2 del 6º Proto- 145

10 ESTUDIOS tud de los arts. 1 y 2 del Protocolo Adicional núm. 6 del CEDH, la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes (art. II-64) y la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. II-65) se inspiran en las disposiciones correspondientes del CEDH y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por su parte, la prohibición de la trata de seres humanos (art. II-65.3) es resultado directo del principio de la dignidad humana. El derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE), como es conocido, presenta, en el Derecho español, una problemática peculiar en torno a los sujetos titulares del mismo (polémica sobre la expresión «todos» del art. 15 CE que no incluye al nasciturus). El Tribunal Constitucional, en su STC 53/85, de 11 de abril 23, abrió la puerta a la legalización de la interrupción del embarazo en determinados supuestos (actualmente contemplados en el Código Penal español), a la vez que entendió que la vida era un valor constitucionalmente protegido por el propio art. 15 CE, por lo que el feto, como embrión de vida humana, quedaba incluido en dicha protección. En el otro extremo de la protección constitucional de la vida y en estrecha relación con el derecho a la integridad física y moral, se plantea el tema de la muerte o el final de la vida, que presenta cuestiones delicadas y polémicas como la eutanasia o el derecho a una muerte digna, cuestión ésta de enorme trascendencia en la actual sociedad española. La mención expresa del derecho a la integridad de la persona que se hace en el art. II- 63 de la Constitución Europea constituye, asimismo, una innovación frente al CEDH. colo adicional al CEDH, suscrito por España con fecha 26 de abril de 1983 y ratificado mediante instrumento de 20 de diciembre de 1984 BOE, 17/4/1985 ). 23 (RTC 1985,53) Ponente: D. Rafael Gómez-Ferrer Morant. Se enuncian manifestaciones concretas de este derecho en el marco de la Medicina y la Biología, tal y como se ha indicado: el respeto del consentimiento libre e informado de la persona 24, la prohibición de las prácticas eugenésicas 25, la prohibición de convertir el cuerpo humano o partes del mismo en objeto de lucro, y la prohibición de la clonación reproductora de los seres humanos. Estas disposiciones se basan en particular en el Convenio internacional relativo a los derechos humanos y la biomedicina, de 4 de julio de 1991, adoptado en el marco del Consejo de Europa. La constitucionalización de estos derechos representa una de las mejores pruebas de la modernidad de la Carta y de la propia Constitución Europea. En definitiva, se constata que la redacción de estos derechos reviste asimismo un carácter muy polémico en nuestra sociedad actual, en particular por lo que se refiere a la prohibición de la clonación. Llegados a este punto, querríamos detenernos en «la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas», prohibición ésta, que, como hemos visto, queda contemplada en el art. II-63 del Tratado Constitucional (dentro del derecho a la integridad de la persona), y que nos reconduce al tema de la información sobre la identidad genética. Los nuevos avances de la ciencia, a la vez que extienden las posibilidades de mejorar la existencia humana, suponen para la persona 24 Vid. ALONSO OLEA, M., «El consentimiento informado, derecho humano fundamental, en La encrucijada constitucional de la Unión Europea, op. cit., pág. 221 y ss. 25 El documento CONVENT 49, de 11 de octubre de 2000, (que tiene por objeto clarificar las disposiciones de la Carta, precisando la fuente u origen de cada precepto de la misma) señala que estas prácticas incluyen los programas de selección de personas, como, por ejemplo, las campañas de esterilización, embarazo forzado o matrimonios étnicos obligatorios (pág. 6). 146

11 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS nuevos riegos 26. Esto es lo que está sucediendo en el campo de la genética, pues en virtud de un análisis del código genético, de los genes de la persona, podemos llegar a tener un conocimiento extremadamente preciso de las características de la misma, por lo que el ser humano debe contar con los mecanismos jurídicos de protección, para estar a salvo frente a las agresiones que pueda sufrir como consecuencia de una utilización indebida de los avances tecnológicos en este campo La violación de la «privacidad genética» puede suponer muchos peligros. Ha escrito al respecto RODO- TA, S., «Test genetici per lavorare», La Repubblica, 18 de julio de 1992., (citado por BERLINGUER, G., «Conflictos y orientaciones éticas en la relación entre salud y trabajo», Cuadernos de Relaciones Laborales, Madrid, nº 3, 1993., pág. 207): «Vivimos en una época en la que, en todo momento, parece que se traben los mecanismos de aceptación de quienes parezcan distintos. Sin embargo, las viejas formas de discriminación y estigmatización, las que impulsaban a arremeter contra drogadictos, homosexuales, comunistas, corren el riesgo de hacer cosas de poca monta frente al énfasis que recobra la diversidad genética. A quien recibía aquellas odiosas acusaciones, sin embargo, se le concedía una oportunidad de redención: en la desintoxicación, la abstinencia sexual, la abjuración ideológica. Esta oportunidad se ha perdido frente a una diversidad genética que rehuye el dominio de la voluntad individual, que constituye la estructura profunda de la persona, que marca un destino, no una elección. La condena, así, corre el riesgo de ser definitiva». 27 Piénsese en las posibilidades de manipulación de los genes de una persona. La manipulación puede operarse para curar ciertas enfermedades (cáncer, hemofilia) ahora bien, también se puede llevar a cabo con una finalidad totalmente contraria, y así en una persona sana se le realiza un cambio de genes para que pase a padecer esas enfermedades. «En realidad, este progreso de las ciencias, obliga al sistema jurídico a resolver un innegable conflicto entre diversos y múltiples intereses en juego. Así, de una parte, se ha de ofrecer cobertura al derecho fundamental a la producción, creación y desarrollo científicos, a la protección de la familia, e indirectamente, a la mejora de la salud, que el uso de estas nuevas técnicas puede comportar. Pero de otra parte, no es menos cierto que su uso ha de acotarse, fijándose límites ciertos e infranqueables, pues de otro modo pueden resultar gravemente lesionados bienes jurídicos personales como la vida, la salud, la intimidad o la libertad», Cfr. VIVES Entendemos que el instrumento jurídico más adecuado para la tutela de la identidad genética de la persona es el derecho a la intimidad, derecho también consagrado en el art. II-67 de la nueva Constitución para Europa. Trasladando esta cuestión al ámbito de las relaciones de trabajo, podemos apuntar que, las exigencias derivadas de la protección de la identidad genética deberían tener consecuencias en el ámbito de la contratación laboral. Por medio del análisis del genoma se pueden obtener datos acerca de cuál es la capacidad física, mental o estado de salud de los aspirantes a un empleo o del colectivo de trabajadores de una determinada empresa. Además se puede llegar a tener conocimiento de cuáles son las enfermedades futuras que va a sufrir el trabajador o el solicitante de empleo. Con toda esta información tan específica y pormenorizada de la persona que nos aportan los genes, el empleador, a la hora de contratar, cuenta en sus manos con un instrumento idóneo para discernir (discriminar) en la fase de acceso al empleo, seleccionando únicamente a los que se ha comprobado que reúnen unas cualidades genéticas «tolerables» para su contratación, (por ejemplo, contar con menos probabilidades de padecer futuras enfermedades), y descartando o despreciando a todos aquellos candidatos al puesto de trabajo a los que se les han detectado posibles «taras» en sus rasgos genéticos. La libertad contractual empresarial no puede llegar hasta el extremo de tener la potestad de discernir entre «elegidos» y «excluidos» en virtud de algo tan aleatorio como son los rasgos genéticos de la persona. Los genes no son determinantes de la capacidad profesional requerida por el empleador para la prestación de trabajo. Es cierto que existen rasgos genéticos relacionados con ANTON, T.S., BOIX REIG, J., ORTS BERENGUER, E, CARBONEL MATEU, J. C. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, (Tirant lo Blanch), 2ª ed., 1996, pág

12 ESTUDIOS determinadas enfermedades en el trabajo y que el empresario tiene la obligación de velar por la seguridad y salud en la empresa, pero ello no es argumento válido para justificar una utilización arbitraria del análisis genético. Será admisible la investigación genética para vigilar el grado de afectación del trabajador que estuvo expuesto a sustancias químicas y tóxicas, al ser la principal pretensión de la investigación determinar el alcance del daño producido como consecuencia de la exposición a esas sustancias en el trabajo. Sin embargo, la cuestión es más controvertida cuando la prueba genética se hace para investigar la salud de los trabajadores o potenciales trabajadores y determinar su grado de susceptibilidad tóxica 28. Los genes nos informan de prácticamente la totalidad de nuestras características físicas y psíquicas, de futuras enfermedades que puede contraer el trabajador; si el empleador conoce los resultados de una prueba genética practicada sobre un candidato donde se constatan las futuras enfermedades que pudiera llegar a sufrir el mismo, estamos poniendo una condición insuperable a su contratación. Obviamente no estamos haciendo referencia en este momento a un examen médico que constatara aquellas enfermedades contagiosas o las que puedan incapacitarle para el ejercicio de una determinada actividad DIAMOND, ANNA L., «Genetic Testing in Employment Situations: A question of Worker Rights», Journal Legal Medicine, Vol. 4, nº 2, June 1983, pág. 231., distingue entre estos dos tipos de prueba genética, la «cytogenetic testing» de la más polémica «genetic screening». 29 El desempeño de particulares actividades laborales puede acarrear la necesidad de la prueba genética, en aras a la protección de la salud individual del trabajador, con la finalidad de comprobar y vigilar la adaptabilidad al concreto puesto de trabajo. Aun en estos casos, sería preceptivo, en consonancia con el contenido esencial del derecho a la intimidad genética, la conformidad del aspirante o el trabajador a que le sea practicada la prueba genética, lo que supone tener un conocimiento exacto de la finalidad de la realización del análisis. Vid., GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J., El conocimiento del genoma humano: una nueva vía para la discriminación laboral. En Estados Unidos, la investigación genética trae su polémica por el hecho de que hay ciertos rasgos genéticos que guardan relación con concretas enfermedades laborales y que además estas enfermedades se concentran en particulares grupos étnicos 30. Se argumenta a favor de la utilización necesaria de pruebas genéticas sobre la persona en el hecho de evitar riesgos y asegurar la seguridad y salud en el trabajo. Por el contrario, la Administración Americana para la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA 31 ), se pronunció señalando que excluir a trabajadores como consecuencia de los resultados de una prueba genética sería contrario al espíritu y la intención de la Ley de seguridad y salud en el trabajo (Occupational Safety and Health Act de 1970) 32. En cualquier caso, aspirantes a un empleo y trabajadores han tenido que mostrar su conformidad a que se les practique este tipo de prueba, ya que su rechazo a la misma, les ha Es necesario un cambio en el paradigma jurídico?, op. cit, págs. 67 y ss. 30 Por ejemplo, la que denominan «sickle cell trait», que se encuentra en los africanos, mediterráneos, o descendientes orientales, y en un 8% aproximadamente de negros americanos, o la deficiencia de «G-6-PD» que se encuentra en los judíos y negros americanos y que están relacionadas con enfermedades causadas por el benzeno y otras sustancias, o por la carencia del suero «antitrypgin», heredada entre la gente del norte y centro de Europa, hipersensibles a enfermedades respiratorias., BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS, Workplace privacy: Employee Testing, Surveillance, Wrongful Discharge, and Other Areas of Vulnerability,Washington DC, (BNA), 1987., pág Las siglas se corresponden con la Occupational Safety and Health Administration. 32 La OSHT sí ha regulado que, respecto a 14 sustancias nocivas, el empresario debe prevenir la realización a sus trabajadores de un examen físico por un médico, antes de que ellos sean designados a desempeñar su actividad en aquellas áreas tóxicas determinadas. Este examen debe incluir, el historial personal del trabajador, familiar, antecedentes ocupacionales, genéticos y factores ambientales. El examen médico considerará si existen condiciones de incrementar riesgos, comprendiendo la disminución de la capacidad inmunológica., vid., BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS, Workplace pryvacy, op. cit., pág

13 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS supuesto, en ocasiones, la negativa a la admisión a un empleo o ser merecedores de sanción disciplinaria. Debemos entender como una lesión al derecho a la intimidad genética el hecho de querer justificar, en favor, bien de la salud pública, o los intereses de terceras personas (entorno familiar o laboral), la licitud de las pruebas genéticas para «descartar» a trabajadores de sectores productivos concretos (pilotos de avión, maquinistas de ferrocarril o conductores de transportes públicos, entre otros) con predisposición hereditaria a sufrir un infarto o un ataque epiléptico. Que exista una remota posibilidad de padecer determinadas enfermedades no legitima, en absoluto, el desvelar los rasgos genéticos de una persona, con el agravante de que podemos estar abriendo una puerta a la generalización en la puesta en práctica de este tipo de indagaciones genéticas, y que a la postre pueda derivar en un tratamiento discriminatorio (selectivo de las personas) tanto en la fase precontractual como extintiva de las relaciones de trabajo. La revelación de estos datos la consideramos una cuestión delicadísima, pues se están poniendo en grave peligro derechos de los considerados fundamentales (integridad de la persona, respeto a la esfera privada), por lo que se hará necesario en nuestro ordenamiento, en un futuro inmediato, el adoptar aún más medidas precautorias, que las ya penales de por sí existentes, acordes a la eficaz salvaguarda de este tipo de derechos Un estudio desde un enfoque penal vid., GONZÁ- LEZ CUSSAC, J. L., «Reproducción asistida y manipulación genética en la reforma penal española», en Revista de Derecho y Genoma Humano, nº 3, 1995; HIGUERA GIME- RÁ, J. F.,«Consideraciones jurídico penales sobre las conductas de clonación en los embriones humanos», en Revista de Derecho y Genoma Humano, nº 1, 1994 y nº 2, 1995; VALLE-MUÑIZ, J. M. y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M., «Utilización abusiva de técnicas genéticas y Derecho Penal», PJ, nº 26, junio 1992., págs ; ROMERO CASABONA, C. M., «La utilización de embriones y fetos El derecho a la intimidad genética tiene como contenido esencial, el derecho absoluto de la persona al control sobre la propia información genética. En este sentido, en la Declaración de Valencia, se adoptó una resolución en la cual se ponía de manifiesto que: «como principio general, la información genética sobre un individuo debería ser obtenida o revelada sólo con la autorización de dicho individuo o de su representante legal. Cualquier excepción a este principio requiere una fuerte justificación legal o ética» 34. Por el momento, este derecho al control de la propia información genética no tiene una protección jurídica-constitucional expresa, si bien, creemos que es posible deducirlo directamente del derecho a la intimidad (art CE) entendida la intimidad como autodeterminación informativa. Por lo tanto, la obtención y revelación de los datos relativos a los rasgos genéticos de un aspirante o un trabajador, sin que éste manifieste su consentimiento expreso, habrá que interpretarlo como una violación del derecho fundamental a la intimidad. La misma excepción al principio general de respeto al derecho a la intimidad (genética) entendida como autodeterminación informativa, que en la Declaración de Valencia se hace, pensamos que pueda llevar consigo múltiples peligros, difíciles de reparar. En definitiva, la información genética sólo debe ser utilizada para aumentar la dignidad humana, y no para menoscabarla 35. humanos con fines de investigación genética u otros fines no terapéuticos», Eguzkilore,nº 5, 1992, págs Esta Declaración se adoptó en una reunión del Centro de Estudios Avanzados que dirige Santiago Grisolía en Valencia los días de octubre de 1988, de ahí su denominación. En una posterior reunión, el 14 de noviembre de 1990, se incluyó (punto 7) la resolución transcrita., vid., SÁNCHEZ OCAÑA, R., Los hijos del frío, Madrid, (Ed. Temas de Hoy), 1991, págs El Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio de Oviedo/Asturias de 1997) fue un hito internacional en la defensa de los valores y derechos de la persona frente a 149

14 ESTUDIOS Por otra parte, si el derecho a la dignidad humana constituye, como acabamos de indicar, el fundamento de los demás derechos y libertades; dentro del concepto dignidad debemos entender comprendido el conjunto de derechos, libertades y principios que aparecen rubricados con las expresiones «libertades», «igualdad», «solidaridad» «ciudadanía» y «justicia» en la nueva Constitución Europea. En este sentido, al mencionar la dignidad humana, habría que entender que deberán respetarse y protegerse también los derechos y libertades recogidos en la Constitución Europea pero incardinados en otros conceptos distintos del de «dignidad» 36, tales como los del: Título II. «LIBERTADES» (arts. II-66 a II- 79). Título II en el que quedan encuadrados: El derecho a la libertad y seguridad personal. El derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y al secreto de las comunicaciones. El derecho a la protección de datos de carácter personal (objeto de estudio específico en el presente trabajo). los avances de la ciencia y la tecnología. El documento consta de 38 artículos comprendidos en 14 capítulos. En el mismo, se instaura la prioridad de la dignidad humana sobre cualquier otra consideración y antepone los intereses del ser humano a los de la ciencia y la sociedad. Se prohíbe cualquier discriminación en virtud del patrimonio genético del individuo, así como la modificación del patrimonio genético de la descendencia. Se proscribe la creación de embriones humanos con fines de investigación y se exige proteger los mismos en aquellos países que admiten la investigación en técnicas de reproducción asistida. 36 «Pero tampoco está clara la frontera entre aquellos derechos fundamentales que están en la base de la dignidad humana y que, por tanto, deben ser reconocidos a cualquier persona física y el resto de los derechos humanos cuyo disfrute puede ser objeto de diversas limitaciones sin caer en la inconstitucionalidad, ni en la contravención de los principios generales del derecho comunitario», vid. FERNÁNDEZ TOMÁS, A., La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, op. cit., pág. 20. El derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El derecho a la libertad de expresión e información y el respeto al pluralismo a la transparencia de los medios de información. Libertad de reunión y de asociación. Libertad de las artes y la investigación científica. El respeto a la libertad de cátedra. El derecho a la educación y a la formación profesional, que comprende la libertad de creación de centros de enseñanza conforme a los principios democráticos y el derecho de los padres a garantizar la educación y enseñanza de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. El derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. La libertad de empresa. Derecho a la propiedad. Derecho de asilo y a la protección en caso de devolución, expulsión y extradición. Título III. «IGUALDAD» (arts. II-80 A II- 86). En el que se comprenden los derechos: A la igualdad ante la ley y prohibición de toda discriminación. El respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Igualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. Derechos del niño. Derechos de las personas mayores. Integración de las personas con discapacidad. 150

15 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS Título IV «SOLIDARIDAD» (arts. II-87 a II-98) Entre los que se incluyen derechos con un marcado carácter social: Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa. Derecho de negociación y acción colectiva y a la huelga. Derecho de acceso a los servicios de colocación. Derecho a protección en caso de despido injustificado. Derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo. Conciliación de la vida familiar y vida profesional. Seguridad Social y ayuda social. Protección de la salud. Acceso a los servicios de interés económico general. Protección del medio ambiente. Protección de los consumidores. Título V. «CIUDADANÍA» (arts. II-99 a II- 106): Derecho de voto y elegibilidad del Parlamento Europeo y a las elecciones municipales. Derecho a una buena administración. Derecho de acceso a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Derecho de petición y de acceder al Defensor del Pueblo. Libertad de circulación y de residencia. Derecho a la protección diplomática y consular. Título VII. 110): «JUSTICIA» (arts. II-107 a II- Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial Derecho a la presunción de inocencia y a la defensa. Principios de legalidad y de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción. Pero de la dignidad de la persona también se hace expresa referencia en otras partes concretas de la Constitución Europea, como es el caso del Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales (Parte II de la nueva Constitución para Europa), en donde se pone de relieve que: «la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Además, «al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación». En este sentido, habrá que concebir a la dignidad de la persona como derecho y como «valor» o presupuesto indiscutible en el que se fundamenta la Unión Europea. En la Parte I de la nueva Constitución Europea, en su Título I (intitulado «De la definición y los objetivos de la Unión»), existe una mención expresa de la dignidad humana al hacerse, en el art. I-2, referencia de los valores de la Unión, estableciéndose que «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos ( ) y que «estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». En consecuencia, la dignidad humana constituye uno de los valores esenciales en los que se fundamenta la Unión Europea, siendo finalidad de la misma la de «promover la paz, sus valores (entre los que 151

16 ESTUDIOS se encuentra la dignidad humana) y el bienestar de sus pueblos» (art. I-3); valores que «en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá» (art. I-3 apartado 4). Por consiguiente, observamos que la dignidad se constitucionaliza como valor y derecho (explícito) de la Unión a un mismo tiempo, lo que no deja también de ser una importante novedad con posibles y trascendentes consecuencias jurídicas. Pero el concepto de dignidad impregna toda la Constitución Europea. Si llevamos a cabo un «recorrido» por el articulado constitucional, en el Título III (sobre la «igualdad»), de la Carta de Derechos Fundamentales, al hacer referencia a los derechos de las personas mayores, se menciona expresamente el «reconocimiento y respeto de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente», así como «a participar en la vida social y cultural» (art. II-85). En el art. II-91 del Título IV (sobre la «solidaridad»), se reconoce el derecho de todo trabajador a trabajar en condiciones que «respeten su salud, seguridad y dignidad»; y en el art. II-94 se proclama que «con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a un ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes ( )» haciéndose de esta forma un reconocimiento expreso de los derechos a la asistencia social y servicios sociales de todas las personas carentes de recursos suficientes, sean ciudadanos o no de los Estados miembros de la Unión 37. Lo cierto es que, en el estudio sobre este Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, nos hemos encontrado posturas de todo tipo y color, precursores y 37 Sobre los derechos de Asistencia Social y Servicios Sociales en el Estado español, vid. in extenso, VICENTE PACHÉS, F. de, Asistencia Social y Servicios Sociales. Régimen de distribución de competencias, Madrid, (Secretaría General del Senado), detractores, posiciones a favor y en contra, con análisis de sus ventajas e inconvenientes, de su eficacia e ineficacia al respecto pero con independencia de tomarlas en consideración, porque muchas de ellas tienen su fundamento jurídico que cuestiona aspectos sustanciales de la misma; creemos que lo verdaderamente importante es consolidar el proyecto europeo, construir una Europa de los ciudadanos más integrada y vertebrada, como espacio de paz, de progreso, justicia y seguridad en la defensa de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos que constituyen sus pilares fundamentales. Lo relevante, en definitiva, es que la Unión Europea sea capaz de jugar un papel protagonista y decisivo en el nuevo orden mundial que comienza a definirse. Tenemos que conseguir una Unión Europea de ciudadanos y ciudadanas que compartan la creencia en ciertos valores y principios universales como la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y la solidaridad dentro del respeto a la diversidad de culturas y de tradiciones de los pueblos europeos, así como a la identidad nacional de los Estados miembros. 3. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 3.1. El derecho a la protección de datos de carácter personal en la nueva Constitución para Europa El derecho a la protección de datos de carácter personal se ubica en la Constitución Europea en dos concretas sedes: en el art. I- 51, dentro del Título VI («De la vida democrática de la Unión») y en el art. II-68, dentro del Título II («Libertades»), integrado éste en la Carta de los Derechos Fundamentales, en la parte II del Tratado Constitucional. Ambos preceptos protegen, en similares términos pero con contenidos diferentes, el derecho de la persona a la protección de los datos de carácter personal «que le conciernen». 152

17 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS El art. I-51 del Tratado Constitucional establece que: «1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernen. 2. La ley o ley marco europea establecerá las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control de autoridades independientes.» En parecidos términos, el art. II-68 de la Constitución Europea reconoce el mismo derecho, si bien introduciendo algún aspecto o garantía en mejor defensa y protección del mismo, disponiendo que: «1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernen; 2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación. 3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente». Como se observa, lo preceptuado en uno y otro artículo, aunque parecidos en su redacción, no poseen exactamente el mismo contenido, dado que el mismo derecho presenta objetivos y finalidades diferentes en ambos casos. En el art. I-51 el derecho a la protección de datos personales se establece como presupuesto necesario de la vida democrática de la Unión, junto a otros derechos fundamentales como el principio de igualdad democrática, el principio de democracia representativa y participativa, el reconocimiento y promoción del papel de los interlocutores sociales, sobre la transparencia de los trabajos de las instituciones y órganos de la Unión, entre otros. Reconociéndose el mismo derecho en ambos preceptos, el art. I-51, determina, fundamentalmente, la categoría de la norma que tiene que regularlo, esto es, a través de una «ley europea» o por medio de una «ley marco», entendiendo por las mismas, «un acto legislativo de alcance general» «obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro» (ley europea); y «acto legislativo que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la competencia de elegir la forma y los medios» (ley marco). La norma constitucional deja abierta la puerta a que de una u otra forma se regule este derecho fundamental. En el art. I-51 del Tratado constitucional de la Unión también se define quiénes son los titulares de este derecho, informando que únicamente serán las personas físicas las que tienen reconocida la titularidad del derecho a la protección de sus datos, excluyendo, por tanto, a las personas jurídicas. También nos informa este precepto, sobre qué entidades o sujetos que realicen el tratamiento de datos son objeto de protección, indicando que será el llevado a cabo por «las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros» pero única y exclusivamente «en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión». La norma expresa su preocupación por la libre circulación de estos datos personales, entendiendo que la ley europea o ley marco deberá tomar en consideración este aspecto. Finalmente, el art. I-51 señala que el respeto de las normas que regulen el derecho a la protección de datos personales «estará sometido al control de autoridades independien- 153

18 ESTUDIOS tes», solución administrativa que se plasma porque se cree en su significado desde una perspectiva de control, de eficacia y de garantía de este derecho. De esta forma se lleva a la Constitución Europea la fórmula organizativa concreta pensada para mejor garantizar el buen funcionamiento del sistema normativo previsto 38. Puede, a primera vista, sorprender esta concreción, solución que ha ido consagrándose en los diversos Estados. Lo recogido en este precepto era previsión expresa de los Tratados, en concreto del art. 286 TCE 39, desde que fue introducido en 1997 por el Tratado de Ámsterdam, de forma que era ya norma superior en el sistema comunitario. Esta fórmula de autoridad independiente se halla representada para el Derecho interno español, como es sabido, por la Agencia de Protección de Datos, autoridad responsable del control de los ficheros automatizados y de la normativa legal existente, configurada como ente de derecho público, que actúa con independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones 40. Por otra parte, el derecho a la protección de datos de carácter personal se consagra en el art. II-68. Este precepto regula este derecho desde otra perspectiva, en tanto en cuanto queda ubicado en el conjunto de derechos y 38 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., «Dos notas sobre la Carta», en AA.VV., La encrucijada constitucional de la Unión Europea, op. cit., pág En cuyo apartado segundo se conminaba al Consejo a que estableciera «un organismo de vigilancia independiente, responsable de controlar la aplicación» 40 La Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) atribuye a las Comunidades autónomas el control de los ficheros de datos creados o gestionados por ellas y por la Administración Local de su territorio, lo que trae como consecuencia la necesaria creación de agencias autonómicas de protección de datos. En este sentido, las propias Comunidades autónomas han comenzado a aprobar legislaciones en materia de protección de datos, lo que se ha traducido en la aparición de las nuevas autoridades de control autonómicas, que en el ámbito de sus competencias deberán desarrollar una actividad coordinada con la Agencia estatal de protección de datos. libertades fundamentales del Tratado Constitucional. En este art II-68, el legislador hace especial hincapié en la forma y modo del tratamiento de los datos de carácter personal, plasmando principios contenidos con anterioridad en la normativa europea, pues cabe recordar, que este derecho ya había sido introducido por el Tratado de Ámsterdam, de modo que era ya norma superior en el sistema comunitario, siendo objeto de notable desarrollo por el derecho derivado, con rigurosas exigencias, transpuestas en su momento a los Derechos nacionales. Esta norma (art. II-68) preceptúa que los datos de carácter personal «se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley». Y, posteriormente, consagra, especialmente, el derecho de acceso y rectificación de datos personales señalando que «toda persona tiene derecho a acceder a todos los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación». En síntesis, la norma somete a los ficheros automatizados a una serie de requisitos y garantías para las personas afectadas. Los ficheros únicamente pueden emplearse para la finalidad que los justifica y estarán sometidos a la obligación de reserva, veracidad, actualización y rectificación de sus datos. Otro aspecto de interés, y que se subraya en la norma, es que los afectados han de tener conocimiento del destino de los datos y han de dar su consentimiento para el tratamiento automatizado de los mismos cuando se les soliciten, pues no es posible la cesión de los datos sin consentimiento de la persona afectada, salvo determinados supuestos expresamente previstos en la ley. Al referirse a «toda persona» el art. II-68 del Tratado está incluyendo como sujetos titulares de este derecho, no sólo a los ciudadanos de los Estados miembros, sino también, a los extranjeros de terceros países fuera de la Unión. A nivel internacional, la normativa más significativa hasta el momento había sido el 154

19 JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET y FERNANDO DE VICENTE PACHÉS Convenio nº 108 para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, firmado en Estrasburgo, por los Estados miembros del Consejo de Europa, el 28 de enero de 1981 y ratificado por España por instrumento de 27 de enero de Es el primer tratado internacional dirigido a garantizar el derecho a la libertad informática. Pero la importancia de esta materia, y como respuesta a la exigencia de los Estados miembros de adoptar un texto común de carácter vinculante, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión aprobaron la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 42. En el art. 1.1 de esta Directiva se dispone que los Estados miembros garantizarán «la protección de las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales» 43. De esta 41 BOE de 15 de noviembre de Entre los instrumentos internacionales más importantes sobre el tema, se encuentran: las directrices para la regulación de ficheros automáticos de datos personales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de 29 de enero de 1991; la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) relativa a las líneas directrices que regulan la protección de la privacidad y los flujos transfronteras de datos personales, de 23 de septiembre de 1980; el mencionado Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, Convenio nº 108, 1981, BOE, de 15 de noviembre de 1985, y, anterior a la Directiva 95/46/CE actual, la propuesta de directiva comunitaria, una inicial (DOCE, nº C277, de 5 de abril de 1990) y después modificada (DOCE, nº C311, de 27 de noviembre de 1992) relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 43 «La aprobación de la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos personales, además de establecer un nuevo marco comunitario para la protección de las personas frente al tratamiento de sus datos, significó para el legislador español una nueva oportunidad para proclamación hay que subrayar, en primer lugar, que la Directiva no reduce su objeto a la tutela de la intimidad, sino que se refiere a la protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, en consecuencia, su protección, de conformidad con la Constitución Europea, no ampara a las personas jurídicas. Otro segundo aspecto a significar es, que la protección de las personas tiene lugar no sólo frente a tratamientos automatizados, sino frente a cualquier tratamiento, automatizado o no. Esta Directiva ha de concebirse como norma de mínimos, lo que viene a significar que «nada impedía al legislador haber reforzado algunos aspectos de la protección de datos en el ámbito de la legislación española» 44. Esta nueva Directiva va a exigir, como tendremos ocasión de ver, modificaciones de la normativa española, algunas de las cuales adquieren gran significado en el ámbito del Derecho del Trabajo. En nuestro ordenamiento jurídico, y por lo que se refiere a nuestra Constitución, el art establece la necesidad de que legalmente se limite el uso de la informática con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, y muy especialmente el derecho a la intimidad. Expresamente se dispone que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». De esta manera, nuestro texto constitucional abordar la regulación de la protección de datos personales; sin embargo, pronto se frustraron las expectativas que la transposición de la Directiva había generado, y fueron muchas las cuestiones que en la nueva regulación no han encontrado una respuesta satisfactoria; así, entre otros pueden citarse la regulación de las fuentes de acceso público, el tratamiento de las categorías especiales de datos, la excepcional regulación de los ficheros públicos o el régimen sancionador», vid., HERRÁN ORTIZ, A. I., El derecho a la protección de datos personales en la sociedad de la información, Bilbao, (Universidad de Deusto), 2003., pág HERRÁN ORTIZ. A.I., El derecho a la intimidad en la nueva Ley Orgánica de protección de datos personales, Madrid, (Dykinson), 2002, pág

20 ESTUDIOS recoge la preocupación por los posibles efectos negativos, que para los derechos y libertades puede tener el uso de la informática. Si se observa la expresión utilizada en la redacción del precepto, en el art no se dice que la ley «regulará» el uso de la informática, como en otras ocasiones, dentro del articulado constitucional, se expresa en cuanto a la exigencia de una ley de desarrollo de un derecho fundamental; sino, que por el contrario, se utiliza el término «limitará», prueba evidente de que el legislador ha tomado plena conciencia de que la utilización de medios informáticos para el tratamiento de datos personales, en algún momento puede o está siendo usada con fines ilícitos, pudiendo lesionar derechos o libertades fundamentales de la persona. En el desarrollo del mandato constitucional consagrado en el art CE, se aprobó, en un primer momento, la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre 45, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD). Ley que vino a resolver y a cubrir el vacío legislativo existente hasta el momento, en tanto que hasta su aparición venía aplicándose, como mecanismo de protección frente a las intromisiones ilegítimas protagonizadas por la informática, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que en su disposición transitoria primera, actualmente derogada, establecía la aplicación de esta ley frente las injerencias de la informática en la intimidad personal y familiar. 45 (BOE de 31 de octubre de 1992). 46 (BOE de ). Con posterioridad, y tras un «tortuoso» camino por las Cámaras legislativas españolas, se aprobó la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD) 46. De esta actual Ley de protección de datos personales cabe destacar: por un lado, la extensión de su ámbito de aplicación a todo tipo de tratamientos de datos personales, automatizados o no; y, por otra parte, la incorporación de nuevos derechos del interesado, como el de oposición al tratamiento, o el de indemnización por los daños que ocasione el tratamiento 47. Un aspecto criticable tanto de la LOPD como de la Directiva comunitaria es que no recogen la especial incidencia que toda esta materia tiene en el ámbito de las relaciones laborales, y «que haría sumamente aconsejable el establecimiento de prescripciones adicionales específicas para salvaguardar la libertad informática de los trabajadores», en cuanto norma genérica, en la LOPD hay que «desgranar el régimen jurídico específicamente aplicable al tratamiento de datos en el seno de las relaciones de trabajo» 48. También es aquí obligada la referencia a la Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 49, y que tiene por objeto armonizar las disposiciones nacionales para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales, y en especial, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al trata- 47 Sin embargo, se ha criticado «las numerosas y significativas carencias de la Ley, que ha insistido en errores que ya habían sido objeto de crítica en la anterior regulación, y que merecieron en algunos casos la interposición de recursos de inconstitucionalidad [resuelto en STC 292/2000, de 30 de noviembre (RTC 2000,292)], Ponente: D. Julio Diego González Campos]. Así, el excepcional régimen regulador de los ficheros de datos en el sector público que permitía sin el consentimiento del interesado la cesión de datos entre Administraciones públicas, cuando la disposición de creación del fichero u otra de igual rango lo autorice, constituyó uno de los aspectos más controvertidos de la nueva Ley», vid. HERRÁN ORTIZ, A. I., El derecho a la protección de datos personales en la sociedad de la información, op. cit.., pág SEMPERE NAVARRO, A.V., y SAN MARTIN MAZZUCCONI, C., Nuevas tecnologías y relaciones laborales, op. cit., pág DOCE núm. L 201, de 31 de julio de

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